Caballero Residual: 11 represores serán juzgados por delitos de lesa humanidad
03/11/2014
El juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, elevó a juicio una parte de la megacausa "Caballero II" o Residual. Se trata de hechos que afectaron a nueve víctimas, entre ellas un matrimonio de las Ligas Agrarias de Corrientes, quienes están desaparecidos. Será la primera vez que se juzgue un delito sexual como crimen de Lesa Humanidad.
El juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, decretó el viernes pasado la elevación a juicio de una parte de lo que se conoce como la mega causa "Caballero II", al considerar concluida la instrucción con respecto a los hechos por los que fueran victimas nueve detenidos políticos en el centro clandestino conocido como la Brigada de Investigaciones.
Entre las víctimas se encuentra el matrimonio de Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel quienes hasta hoy continúan desaparecidos. Ambos militaban en las Ligas Agrarias de la zona de Goya, Corrientes, y fueron vistos con vida por última vez en la Brigada de Investigaciones, a mediados de 1977 y con un estado de salud precario a consecuencia de los tormentos sufridos.
Las otras víctimas que serán parte del próximo debate oral son tres militantes de la JUP de la Facultad de Arquitectura que fueran secuestrados en noviembre de 1976 , tres casos de militantes de la Juventud Peronista detenidos en abril de 1976 y el último caso de un campesino integrante de las Ligas Agrarias del Chaco.
En todos los casos fueron secuestrados en operativos de fuerzas conjuntas, encabezados por oficiales del ejército y con participación de la patota de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. En todos los casos fueron salvajemente torturados en la tenebrosa Brigada de Investigaciones.
Nuevas imputaciones
En este nuevo juicio se solicitó para los autores la imputación por privación ilegítima de la Libertad ante las condiciones de detención infrahumanas, en un Centro Clandestino y sin las condiciones mínimas de un estado de derecho, lo que se consideró para determinar que fueron detenciones ilegítima e ilegales.
Por otra parte, se juzgará por primera vez en el nordeste la comisión de un delito sexual como un crimen de Lesa Humanidad. Esto al haber considerado la Fiscalía al momento de requerir la imputación como un delito independiente de los tormentos y que formara parte de la metodología de vejaciones impuestas como parte de la sistemática del Terrorismo de Estado donde los represores eran dueño de la vida y la muerte de los detenidos.
Incluso se planteó la legitimidad del impulso de oficio de la acción por parte del Ministerio Publico, cuando la víctima no pudiera realizar la denuncia. Criterio incluso que fuera compartido por el Juzgado Federal y la Cámara Federal en instancia de apelación, sentándose un precedente a nivel nacional.
Los imputados
Son 11 los imputados por los delitos de “tormentos agravados, Privación Ilegítima de la Libertad y desaparición forzada de personas” en dos casos, entre los que se encuentran Oficiales del Ejército Argentino, Oficiales y agentes de la Policía de la Provincia del Chaco. Muchos de ellos, incluso, ya fueron condenados en la primera parte de Caballero y la Masacre de Margarita Belén.
Entre los oficiales del Ejército están el capitán, Tadeo Bettoli y el Teniente, Luis Alberto Patetta. Los miembros de la policía provincial y oficiales de la Dirección de Investigaciones que están procesados son: comisario, Ramón Esteban Meza; sargento, Gabino Manader; el oficial principal, Francisco Rodriguez Valiente y los agentes Enzo Breard, Hector Rubén Roldan, José Marín, Albino Luis Borda , Ángel Jorge Ibarra y Miguel Pelozo. Cabe aclarar que en todos los casos su grado en la fuerza a la que pertenecen se refiere a la época de los hechos .
Juicio por la Complicidad Judicial demorado.
Por otra parte el juicio por la complicidad judicial con el Terrorismo de Estado en el chaco , donde se encuentran imputados y detenidos el ex Juez Federal Ángel Córdoba y el ex Fiscal Federal Roberto Mazzoni, se encuentra demorado ante un recurso presentado por sus defensas contra el auto de elevación a juicio.
Los Familiares, ex detenidos y los organismos de DD HH, esperan con expectativas que la Cámara Federal rechace dicho planteo por improcedente y se pueda comenzar el juicio en los próximos meses.
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