04 de Noviembre de 2014
Tras el Golpe de 1976, en la empresa yerbatera hubo dos desapariciones forzadas y cinco secuestros de trabajadores
Nueva demora en el juicio por los crímenes en Las MaríasSu propietario, Adolfo Navajas Artaza, fue parte de la dictadura y sobreseído de modo sospechoso en 2008. Desde mañana iban a ser juzgados dos represores. Repudio al tribunal.
La pata civil - Navajas Artaza (centro) prohibió en persona a sus trabajadores la militancia gremial a partir de 1976.
Por ahora, la represión desatada por la última dictadura cívico-militar en el Establecimiento Las Marías, en Corrientes, contra trabajadores y delegados sindicales no será sometida a juicio oral. Su inicio, previsto para mañana, fue suspendido por pedido del último de los acusados que quedaba imputado. Organismos de derechos humanos denunciaron que las demoras intentan evitar que se ventile el rol de la empresa yerbatera en el terrorismo de Estado.
Tras el Golpe de 1976, fueron desaparecidos y secuestrados un grupo de trabajadores y referentes sindicales de la empresa Las Marías, una de las mayoras productoras de yerba mate y té, dueña de una marca emblemática, Taragüí.
La causa lleva varios años de idas y vueltas. En 2008, la justicia imputó a Adolfo Navajas Artaza, propietario en tiempos del horror del yerbatal –en la actualidad es "presidente honorario"–, pero al poco tiempo el juez federal Antonio Chalup lo sobreyó, en un expediente donde se inhibieron 18 magistrados que se negaron a investigar al empresario. Con la suspensión sin fecha del inicio del debate, se extiende la impunidad sobre esos hechos silenciados durante muchos años.
Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el entonces teniente Carlos Sacco, a cargo de la comisaría de Virasoro, y Navajas Artaza anunciaron dentro de la fábrica que a partir de ese día estaban prohibidas las actividades sindicales.
El 10 de abril de 1976 fue detenido Marcelo Acuña, secretario general de Sindicato de Trabajadores de la Industria y Alimentación (STIA), creado por los peones rurales en 1973 para organizarse frente a la explotación en Las Marías. Tras la conformación de STIA, Acuña participó al año siguiente en la organización de un gremio hermano, la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y estibadores (FATRE).
Al igual que Acuña, en abril de 1976 también fueron detenidos Ramón Aguirre, secretario general de FATRE, y Pablo Franco, tesorero de STIA. Los tres eran los gremialistas con mayor visibilidad y mantenían una disputa con la empresa en reclamo de medidas básicas de seguridad y salubridad para los trabajadores. El precio de sus reclamos fue la detención durante varios años en diferentes cárceles y las torturas que sufrieron hasta que fueron liberados entre 1980 y 1982.
Al año siguiente, la misma suerte corrieron los delegados de base de FATRE Neris Pérez y Marcelo Peralta, quienes permanecen desaparecidos, y les siguieron Carlos Escobar Solano, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Álvez.
Por varios de esos delitos, Navajas Artaza fue sobreseído en 2008. A esa altura ya habían pasado 14 magistrados que se negaron a intervenir en la investigación. Apenas asumió en el expediente el juez Víctor Alonso, la primera medida que tomó fue dictar el sobreseimiento del empresario sin siquiera tomarle declaración.
IMPUTACIONES. En el juicio suspendido estaban imputados el general retirado Llamil Reston, quien se desempeñó como Comandante de la Brigada III de Infantería de Curuzú Cuatiá y estaba a cargo de la Jefatura de la Subzona 24; y el capitán retirado Juan Carlos Sacco, quien estaba a cargo de la comisaría de Virasoro.
El pasado 21 de octubre, el tribunal, integrado por Lucrecia Rojas de Badaro, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni, apartó a los dos acusados del debate por problemas de salud, por lo que sólo quedó imputado Héctor Torres Queirel, interventor municipal en Virasoro durante la dictadura y administrador de una de las estancias vinculadas a Las Marías.
Queriel iba a ser juzgado por privación ilegal de la libertad en perjuicio de Marcelo Peralta.
Sin embargo el miércoles llegó la sorpresiva comunicación del tribunal en la que suspendió nuevamente el inicio del juicio por tiempo indeterminado tras un pedido de la defensa de Queriel.
“Las víctimas y los familiares haremos uso de todas la herramientas que nos da la democracia para evitar que otorgue este beneficio a los imputados y que estos genocidas sean al fin enjuiciados y juzgados", señaló un comunicado firmado por Noemi Acuña, hija de Marcelo, quien murió, y el sobreviviente Ramón Aguirre.
Cuestionaron una "investigación paupérrima y con empuje casi exclusivo de las organizaciones de derechos humanos". Sostuvieron que demoras como esta buscan mantener oculta la responsabilidad de Las Marías con la represión ilegal desatada contra sus trabajadores. "Al escuchar los testimonio previstos, (el tribunal) estaría obligado iniciar una investigación sobre la responsabilidad de la empresa", denunciaron. Es por eso que
ambos pidieron que "se revise el accionar de los jueces".
"Todo este tiempo hubo y hay una gran lucha de las víctimas, sus familiares y amigos para lograr juicio y castigo a los responsables", agregaron. Y cargaron contra los tres magistrados por dar, con esta dilación, "garantía plena" a Navajas Artaza de que no será investigado por los crímenes en su yerbatal.
Navajas Artaza
Don Toco, como se lo conoce a Navajas Artaza, es un viejo colaboracionista de las dictaduras. Fue interventor federal de Corrientes entre 1969 y 1973, intendente de Gobernador Virasoro y ministro de Acción Social del dictador Reynaldo Benito Bignone.
Fuente:TiempoArgentino
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