El juicio en Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el "Plan Cóndor", sistema coordinado de las dictaduras suramericanas para reprimir disidentes en los años 70 y 80, entró hoy en una nueva fase con la declaración de una testigo en nombre de las víctimas paraguayas.
Buenos Aires, 7 nov (EFE).- El juicio en Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el "Plan Cóndor", sistema coordinado de las dictaduras suramericanas para reprimir disidentes en los años 70 y 80, entró hoy en una nueva fase con la declaración de una testigo en nombre de las víctimas paraguayas.
Rosa Palau, directora del "Archivo del Terror", ubicado en el Museo de la Memoria de Asunción, declaró hoy durante tres horas ante el Tribunal Oral Federal número 1 de Buenos Aires, que juzga al exdictador argentino Reynaldo Bignone, entre otros 21 imputados, informó a Efe el fiscal general Pablo Ouviña.
Palau fue llamada a declarar por su relación con este archivo, que contiene documentos policiales sobre la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
"Pedí que el tribunal requiriera la totalidad del 'Archivo del Terror' para nuestra investigación y el tribunal se constituyera en Paraguay a los efectos de diligenciar la remisión y la entrega de los documentos", especificó Ouviña.
El fiscal argentino destacó la importancia del juicio para las víctimas paraguayas debido a que en el país vecino "no existe ninguna investigación global ni de todos los crímenes cometidos en la época stroessnerista ni específicamente de la participación de Paraguay en la operación Cóndor".
En el juicio en Argentina, que comenzó en marzo de 2013, han declarado hasta el momento 188 testigos, con relación a víctimas argentinas, uruguayas y chilenas, y se prevé que cerca de un centenar ofrezcan su testimonio por los crímenes cometidos contra ciudadanos paraguayos.
Además de Bignone, el tribunal también juzga al exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, que acumula siete condenas por cadena perpetua, y a los exoficiales Eduardo Samuel de Lío, Santiago Riveros, Ramón Díaz Bessone, Miguel Ángel Furci y Antonio Vañek.
Están acusados de asociación ilícita con las distintas dictaduras suramericanas para detener y hacer desaparecer a opositores políticos.
El único extranjero entre los 25 imputados es el militar uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado desde Brasil y está acusado de privación ilegítima de libertad.
Respecto a las víctimas, los argentinos son una minoría entre los 106 desaparecidos por las fuerzas de seguridad en el país o en el extranjero durante la última dictadura (1976-1983), que forman parte de las tres causas agrupadas en este juicio.
A 48 víctimas uruguayas se le suman también paraguayas, chilenas, bolivianas, argentinas y un caso en Perú.
La Fiscalía sospecha que muchos de los desaparecidos fueron secuestrados, detenidos y torturados en el centro de detención clandestino Automotores Orletti, ubicado en la capital argentina y que es considerado la principal base de operaciones del "Plan Cóndor" en el país.
El "Plan Cóndor"fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay a partir de mitad de la década de los setenta para compartir información, perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a disidentes fuera de sus países.
Las primeras pruebas concretas de la "Operación Cóndor" aparecieron en 1992, cuando se descubrieron informes secretos en dependencias del Gobierno paraguayo.
En los conocidos como "Archivos del terror" constaba la autorización a miembros de las fuerzas armadas y a paramilitares a cruzar sus fronteras nacionales para secuestrar, torturar o asesinar a sus conciudadanos refugiados en los países vecinos.
Documentos desclasificados por Estados Unidos en 2010 demostraron también que el FBI conocía desde 1976 la existencia de un plan común de las dictaduras del Cono Sur destinado a recopilar e intercambiar información sobre disidentes con el objetivo de ejecutarlos o trasladarlos a cualquiera de los países firmantes del pacto.
La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay documentó, en un informe hecho público en 2008, 425 personas ejecutadas o desaparecidas y casi 20.000 detenidos durante el régimen de Stroessner, la gran mayoría víctimas de tortura.
Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio por motivos políticos durante esa dictadura, según el mismo informe. EFE
Fuente:CaracolRadio
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