Sin embargo, la Justicia ha logrado congelar los bienes y fideicomisos de varios de ellos, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que actualmente hay 54 represores prófugos, al tiempo que un juez federal de Mar del Plata congeló los bienes de dos de ellos que se encuentran investigados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Base Naval de esa ciudad costera.
Además de los 54 prófugos, hay dos represores en proceso de extradición; tres con el pedido de extradición denegada; otros dos que fueron localizados pero aún no extraditados; y seis que cumplen condena en Uruguay, quienes serán extraditados una vez que hayan cumplido con las condenas impuestas por la Justicia.
Los datos surgen del informe trimestral que realiza la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en base a los reportes que envían los fiscales. Algunos de los prófugos son Mario Alfredo Sandoval, Juan Carlos Linares, Gustavo Ramón Demarchi y Jorge Antonio Olivera, entre otros.
Tanto Demarchi como Olivera se fugaron a fines de julio de 2013 cuando eran trasladados al Hospital Militar Cosme Argerich, tras lo cual la Unidad de Información Fiscal (UIF) decidió suspender cuentas y fideicomisos vinculados a ellos.
Una medida similar tomó el juez federal Santiago Inchausti este viernes contra los represores Luis Esteban Kyburg y Horacio González Llanos, quienes eran jefes de la Agrupación de Buzos Tácticos durante la última dictadura cívico-militar y se encuentran prófugos desde mediados del año pasado. Ambos ex integrantes de la Armada están siendo investigados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 154 personas en la Base Naval de Mar del Plata.
En el marco de la causa que involucra a los represores, el juez Inchausti había librado el pasado 9 de octubre una orden a la UIF para que dictara el congelamiento administrativo de los bienes de Kyburg y González Llanos por seis meses.
"Su fuga obliga al Estado a abstenerse de juzgarlos" y muestra que sigue "vigente la metodología y forma de operar de las organizaciones criminales que ejercieron el terrorismo de Estado", señaló el organismo presidido por José Sbatella.
El decreto 918/12 faculta a la UIF a disponer el congelamiento administrativo de activos toda vez que exista un Reporte de Financiación del Terrorismo (RFT) y se identifique que un patrimonio podría estar financiando a una persona o actividad de índole terrorista, como es el caso de los militares considerados "terroristas de Estado".
Fuente:MDzol
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