07 de Noviembre de 2014
Opinión
Dictadura y condicionalidades económicas en la actualidad
Aquellos hechos de medidas económicas preocupadas por atender las demandas e intereses del mercado concentrado pueden registrarse en documentos de la etapa dictatorial donde se observa a los gobernantes cívico-militares interviniendo a favor de determinados grupos y sectores. Los materiales que refrendan estas acciones a favor de capitales nacionales y extranjeros emergen de los archivos encontrados y abiertos al público, tanto del Ministerio de Defensa (en los que se trabajó hasta su presentación en marzo de este año, disponibles en: www.archivosabiertos.com), como en los archivos recientemente desclasificados y dados a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina.
Así, se puede ver que el 27 de abril de 1976, a tan sólo un mes de iniciado el golpe de facto, el “Poder Ejecutivo Nacional”, desde el Ministerio de Economía en manos de Martínez de Hoz, propone una estrategia de política pública que cruza a varios ministerios estatales. Con el fin de dar “solución” a “diferendos planteados entre el Estado Nacional y diversas empresas privadas, nacionales y extranjeras, algunos de larga data que subsisten sin haber encontrado un encauzamiento satisfactorio”, se decreta la creación de Comisiones Asesoras honorarias destinadas a saldar de inmediato dichos diferendos.
Asimismo, se deja explícita aclaración de que también se tendrán en cuenta “los diferendos existentes o que pudieran surgir”. Este decreto será retomado en diversos memorándums que girarán por los ministerios de Trabajo, de Relaciones Exteriores y Culto y cada una de las tres Fuerzas (junto a la Procuración del Tesoro de la Nación). Juntos, estos aparatos del Estado integrarán dichas Comisiones Asesoras, sumando a cinco miembros para abordar los casos empresarios nacionales y uno más, con expresa participación de Cancillería, cuando “existan inversores del exterior” en cuestión.
Estas notas asentadas en el Decreto N. 223 se dirigieron hacia Cancillería el 29 de abril desde el Ministerio de Economía, con la firma del viceministro Guillermo Walter Klein, quien, en el marco de una “tramitación urgente” señalaba la “conveniencia de proceder en el más breve plazo a la designación de los respectivos representantes”. Resulta así de sumo interés observar las áreas y empresas que las Comisiones Asesoras tendrían que intervenir y resolver:
I. ÁREA COMUNICACIONES / Comisión Asesora Honoraria Nº 1: a cargo de los diferendos con las empresas Siemens Aktiengesellschaafts de Alemania Occidental y Siemens Argentina S.A.I,C,F.I y de M.; junto a Compañía Standard Electric Argentina S.A.I.yC.
II. ÁREA INDUSTRIA / Comisión Asesora honoraria Nº 2: a cargo de la empresa I.A.F.A. PEUGEOT. SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores.
/ Comisión Asesora Nº 3: para abordar los casos de Siam Di Tella Ltda S.A. y Editorial Codex S.A.
III. ÁREA ENERGÍA Y COMBUSTIBLE / Comisión Asesora Honoraria Nº 4: sólo para la empresa Esso S.A.P.A.;
/Comisión Asesora Honoraria Nº 5: sólo para tratar a Shell C.A.P.S.A.
/Comisión Asesora Honoraria Nº 6: para abordar el famoso caso de Compañía Ítalo Argentina de Electricidad S.A.
IV. ÁREA COMERCIO / Comisión Asesora Honoraria Nº 7: para seguir el caso Hilanderías Olmos S.A.
/Comisión Asesora Honoraria Nº 8: ligada a Compañía Azucarera Tucumana S.A.
V. ÁREA BANCOS / Comisión Asesora Honoraria Nº 9”: para resolver los diferendos e los Bancos: Argentino de Comercio S.A.; Francés y Río de la Plata S.A.; Popular Argentina S.A.; Argentino del Atlántico S.A.; Santander S.A.
Cabe mencionar que entre los considerandos del Decreto mencionado, se sostiene que “los integrantes de las Comisiones deberán tomar en cuenta la tradición jurídica nacional de respeto por el derecho y la seguridad jurídica”, cuestión que desvela a un poder de facto que recién acaba de asumir derribando el orden democrático de sanción de leyes.
Asimismo, recuerda que todas estas tareas deberán realizarse “sin declinar el principio de que el Estado mantenga el control sobre las áreas de su competencia y con ajuste a las reales posibilidades económico-financieras del país”... Pareciera que de más está pensar lo que sucedió realmente con el devenir de estas intervenciones estatales de facto y tantísimas otras a favor de grandes grupos económicos, tanto de origen nacional como extranjero. Sólo la mención de la Ley de Inversiones Extranjeras sancionadas ese mismo año de 1976, sumada a la Ley de Entidades Financieras de 1977, junto a decretos de revisión de leyes aduaneras destinadas a abrir la economía al flujo internacional de bienes y divisas (con numerosos planteos de privatizaciones de empresas del estado), permiten poner en foco argumental y reflexivo con base documental, todo lo sucedido con un plan de transformación profunda de la economía mercado-internista y de industrialización sustitutiva hacia una centrada en la valorización financiera.
Quedan en evidencia una vez más el registro del cruce de actores ligados a intereses concretos, que operaron en su beneficio, haciendo uso del aparato estatal en su puja con otros grupos económicos y sectores sociales. Una economía enmarcada en una democracia conflictiva, con tensiones distributivas pero más igualitaria en sus aspiraciones, tras “los años del golpe” daría lugar a una reorientación de la riqueza como nunca antes se había visto hasta ese entonces, dejando un saldo de deuda externa asentada en fuga de capitales de esos mismos grupos (y por esas acciones, ahora más concentrados y centralizados) en contra de sectores de clase media y baja de trabajadores y pequeños- medianos industriales que no lograrían recomponerse en los años ochenta y verían nuevamente un embate reorganizador y desestructurante más profundo en las políticas económicas de los noventa, en clara continuidad con los planteos y ejes iniciados en el marco de cambios de patrones de acumulación internacionales y globalizantes.
Algunas de las empresas mencionadas en estos documentos fueron eliminadas del juego económico, siendo absorbidas, y otras lograron consolidarse y seguir creciendo a partir de las medidas económicas proteccionistas y promotoras de estos intereses. Los actores que cubrían el rol de funcionarios estatales en ese entonces venían de empresas afines y/o terminaron operando para ellas luego de finalizada la dictadura militar corporativa concentrada. Una “puerta giratoria” de un circuito empresas-estado, entre mostradores de un lado y el otro del sistema económico y financiero, parece haber sido la marca de esa historia reciente, que ha seguido y continúa muchas veces replicándose en la lógica de “articulación público-privado” que varios sectores reclaman como vía legítima del accionar de “modernas sociedades” en su relación con los Estados.
Una reflexión crítica nos llama una vez más a estar atentos con los juegos que emiten actores, gurúes y voceros del mercado y ex agentes del Estado –representantes de elites y alianzas nacionales-extranjeras– apelando a una “racionalidad” que apueste una vez más por la “seguridad jurídica”, dado que el “actual clima” no los alienta a invertir y apostar por un desarrollo más productivo e integrador. Las tramas cívico-militares del ayer que habilitaron la conformación y/o consolidación de numerosos grupos económicos, son las que se continúan metamorfoseadas en las disputas y controversias del hoy. Las pujas distributivas actuales no hacen entonces más que mirarse en ese espejo del pasado reciente para habilitar y potenciar mayor imaginación y compromiso en pos de transformar legislaciones y prácticas institucionales y valores socioculturales que apuesten por otra economía posible, más alejada de las lógicas financieras especulativas locales-globales, que termine posibilitando la concreción de ampliación de derechos para mayorías que aún siguen luchando y aguardando un mundo con mayor justicia y democracia plena.
Fuente:MiradasalSur
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