Tania Kiriaco
Silvia Aramayo era una docente universitaria cesanteada en 1975 durante una etapa de "depuración ideológica" en la Unsa. No era militante armada ni había pasado a la clandestinidad; por eso pudo ser secuestrada en su propia casa el 24 de setiembre de 1976, por la Policía de la Provincia, según el fallo condenatorio, con la complicidad de quien se hacía pasar por un amigo, Juan Manuel Ovalle denunciado por su madre por más de 37 años, medio hermano de uno de los principales represores de Salta.
El perfil de Silvia Aramayo no es el de una insurgente. Aunque lo fuera, esa condición no la privaba de los derechos elementales que debe garantizar el Estado en una nación civilizada: derecho a la vida, a un juicio justo, a un juez imparcial y a un defensor.
Hasta hoy sigue en la inhumana calidad de desaparecida; sufrió una condena no contemplada en la ley: la desaparición forzada, y a su familia se la privó de darle cristiana sepultura.
Todo eso se hizo en nombre del orden occidental, en una extraña interpretación según los valores de quienes asaltaron el poder y actuaron al margen de la ley, siguiendo los lineamientos de la doctrina de la Seguridad Nacional propiciada por EE. UU.
Todavía hay defensores de ese orden impuesto y de sus ejecutores que sostienen que todo se justificaba por una supuesta guerra.
La relación de fuerzas entre la "banda de comisarios", armados para un combate, y Silvia Aramayo, arrastrada de los pelos, en camisón, y sin poder defenderse, muestra la desproporción de fuerzas en esa hipotética guerra. Quienes hoy invocan esa "guerra" saben que nunca fue declarada y que, de haberlo sido, hubieran debido aplicar los pactos de Ginebra, que hubieran impedido las aberraciones que cometieron los represores.
Nada justifica la inhumanidad del robo de bebés nacidos en los campos de exterminio, el cambio de identidad, o que tantos niños se hayan criado huérfanos sin la contención de sus madres, como es el caso de Laura Vuistaz, Elia Fernández, Mariana Gamboa, hijas de universitarias muertas y desaparecidas en Salta.
Fueron crímenes contra la humanidad.
El plan sistemático criminal instaurado en nuestro país consistió en la eliminación física de personas consideradas como enemigos peligrosos para el régimen autoritario impuesto.
Para el aparato represivo, el enemigo principal era todo aquel que cuestionaba el status quo establecido y el plan criminal de exterminio y sus objetivos económicos y culturales.
Para ello ejecutaron un "saneamiento físico", consistente en asesinatos y en la desaparición de miles de ciudadanos argentinos, como así también un "saneamiento moral" que consistió en el disciplinamiento social, por la imposición del terror.
Para ello ejecutaron un "saneamiento físico", consistente en asesinatos y en la desaparición de miles de ciudadanos argentinos, como así también un "saneamiento moral" que consistió en el disciplinamiento social, por la imposición del terror.
La violencia atroz fue sistemática y con determinadas características operativas en común: la nocturnidad, el empleo desproporcionado de la violencia, la remisión de la víctima a centros clandestinos en condiciones de cautiverio inhumano, los tormentos y abusos sexuales, ejecución y desaparición.
Esta es la descripción del terrorismo de Estado en la Argentina en la que coinciden miles de testimonios reunidos por la CONADEP y corroborados por sentencias firmes de Tribunales a lo largo de todo el país.
Lo que se definía en los reglamentos como la obtención de información, se tradujo en los hechos en violentos y reiterados interrogatorios acerca de la militancia de los detenidos.
Se aplicó una metodología perversa a fin de borrar todo vestigio que pudiera servir para identificar a las víctimas, y eludir responsabilidades, accionando en la más absoluta clandestinidad.
A partir del año 1974, se implementó ese sistema criminal en nuestro país, dejando en evidencia que los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales no fueron respetados y se aniquilaron los derechos humanos fundamentales.
Es más, se abdicó de la Constitución Nacional, se implementaron prácticas de tortura, abusos sexuales, asesinatos, detenciones ilegales y desaparición de personas, como parte de un plan criminal de violaciones masivas y sistemáticas, impuestas, ordenadas y ejecutadas desde el más alto nivel del Estado.
No hubo otro propósito que el exterminio.
Tratándose de crímenes de lesa humanidad, deben ser analizados a la luz del derecho penal internacional
Esta más que probado y con sentencia de cosa juzgada, como ha quedado demostrado en la causa 13/84, que durante la vigencia del terrorismo de Estado en Argentina su población civil sufrió un ataque generalizado y sistemático.
A Silvia Aramayo la secuestraron y permanece en calidad de detenida desaparecida. Fue privada de los derechos fundamentales por un régimen inconstitucional que se apoderó del Estado.
Su caso, repetido por miles en esos años, es un paradigma del terrorismo de Estado.
Dos jefes del Ejército reconocieron la violación de los derechos humanos en ese período negro: Jorge Videla, que se jactó de la desaparición de personas, y Martín Balza, en un discurso autocrítico.
No hacen falta más pruebas.
Como dijo el general José de San Martín: "La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta, cuanto es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los criminales. La Patria no es abrigadora de crímenes".
Esa es la diferencia entre un militar que honra a su Patria y un terrorista de Estado.
Fuente:ElTribuno
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