Protestaron contra el beneficio otorgado a
Genocidas.
Genocidas.
Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y políticas repudiaron la decisión de la Justicia.
Esta mañana, organismos de Derechos Humanos y miembros de organizaciones sociales y políticas se concentraron en la esquina del Tribunal Oral Federal (TOF) en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco para expresar su indignación ante la resolución adoptada por la Sala III de la Cámara de Casación Penal que benefició a los genocidas condenados el año pasado en la megacausa Arsenales II Jefatura II.
Desde temprano, los manifestantes pegaron carteles con las rostros de los genocidas condenados y que fueron devueltos a la situación procesal que tenían antes del comienzo del juicio. Es decir que, tanto para el TOF como para los miembros de Casación, aquí "no pasó nada".
Julia Vitar quien fue una de las abogadas querellantes en el juicio que culminó el año pasado y que manifestó su indignación por la decisión de que 34 de los 37 genocidas condenados vayan a sus casas algunos y estén excarcelados la mayoría. "No se tuvieron en cuenta ni los peligros que sufren los testigos víctimas o los familiares que declararon en su contra, ni tampoco el riesgo evidente de fuga. Además, en Tucumán no existen fuerzas federales suficientes para controlar esas prisiones domiciliarias, ni tampoco para controlar la forma en que se cumplan esas excarcelaciones", evaluó.
Justamente, una de los problemas que acarrea esta vergonzosa decisión está ligado al proceso que aún se lleva a cabo, que es la denominada causa "Villa Urquiza", o en la otra megacausa, que será "Operativo Independencia". Al respecto, Vitar refirió que la perspectiva es nefasta. "Estamos viendo que la mayoría de este Tribunal, con la excepción del Doctor Carlos Reynaga, está teniendo una posición en favor de la impunidad y a favor de que estas condenas sean lo más leves posibles para los genocidas", opinó.
A su vez, Gerardo Van Mameren, de Hijos Tucumán, manifestó que "si la Justicia no cumple, entonces tenemos que ir por la condena social, o sea volver a los escraches. Buscamos que el enojo y la bronca se puedan trasladar al resto de la sociedad y que haya un rechazo a esta medida".
Fuente:LV12.online
Desde temprano, los manifestantes pegaron carteles con las rostros de los genocidas condenados y que fueron devueltos a la situación procesal que tenían antes del comienzo del juicio. Es decir que, tanto para el TOF como para los miembros de Casación, aquí "no pasó nada".
Julia Vitar quien fue una de las abogadas querellantes en el juicio que culminó el año pasado y que manifestó su indignación por la decisión de que 34 de los 37 genocidas condenados vayan a sus casas algunos y estén excarcelados la mayoría. "No se tuvieron en cuenta ni los peligros que sufren los testigos víctimas o los familiares que declararon en su contra, ni tampoco el riesgo evidente de fuga. Además, en Tucumán no existen fuerzas federales suficientes para controlar esas prisiones domiciliarias, ni tampoco para controlar la forma en que se cumplan esas excarcelaciones", evaluó.
Justamente, una de los problemas que acarrea esta vergonzosa decisión está ligado al proceso que aún se lleva a cabo, que es la denominada causa "Villa Urquiza", o en la otra megacausa, que será "Operativo Independencia". Al respecto, Vitar refirió que la perspectiva es nefasta. "Estamos viendo que la mayoría de este Tribunal, con la excepción del Doctor Carlos Reynaga, está teniendo una posición en favor de la impunidad y a favor de que estas condenas sean lo más leves posibles para los genocidas", opinó.
A su vez, Gerardo Van Mameren, de Hijos Tucumán, manifestó que "si la Justicia no cumple, entonces tenemos que ir por la condena social, o sea volver a los escraches. Buscamos que el enojo y la bronca se puedan trasladar al resto de la sociedad y que haya un rechazo a esta medida".
Fuente:LV12.online
Miércoles 19 de noviembre de 2014
Concentración contra los privilegios a los genocidas condenados en la Megacausa
En la mañana del día de ayer, frente al Tribunal Oral Federal, se concentraron distintas organizaciones de DDHH y partidos políticos para repudiar la resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco del juicio Megacausa Arsenales II. Dicha resolución otorga a 8 genocidas la libertad y a otros 32 el privilegio de cárcel domiciliaria.
En este juicio, que fue el más grande del NOA, los propios magistrados compararon el Arsenal con los campos de concentración nazis. En el cual también hicieron hincapié en diversos pasajes a los crímenes contra la familia y a los actos de violencia sexual que sufrieron víctimas, aunque también fueron muy cuestionados al declarar absueltos a 4 imputados, entre ellos al cura Mijalkchik.
La situación en que quedarían los genocidas condenados:
EN LIBERTAD: Ramón Ojeda Fuente (condena de 20 años) EN LIBERTAD: Ernesto Rivero (condena de 18 años) EN LIBERTAD: Alberto Montes de Oca (condena de 18 años) EN LIBERTAD: José Sowinski (condena de 17 años) EN LIBERTAD: Fernando Torres (condena de 16 años) EN LIBERTAD: Hugo Soto (condena de 15 años) EN LIBERTAD: Pedro Caballero (condena de 15 años) EN LIBERTAD: Miguel Chuchuy Linares (condena de 14 años) DOMICILIARIA: Luis Varela (condena a perpetua) DOMICILIARIA: Luis De Cándido (condena a perpetua) DOMICILIARIA: Orcar Sánchez (condena a perpetua) DOMICILIARIA: Adolfo Moore (condena de 20 años) DOMICILIARIA: Marcelo Godoy (condena de 18 años) DOMICILIARIA: Benito Palomo (condena de 18 años) DOMICILIARIA: Tomás Güemes (condena de 18 años) DOMICILIARIA: Ramón Cooke (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Camilo Colotti (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Ángel Moreno (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Juan Abraham (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Rolando Reyes Quintana (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Hugo Figueroa (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Oscar Gómez (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Félix Insaurralde (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Antonio Vercellone (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Augusto Neme (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Guillermo Ugarte (condena de 15 años) DOMICILIARIA: Mario D’Ursi (condena de 12 años) DOMICILIARIA: Luis Ocaranza (condena de 10 años) DOMICILIARIA: María Luisa Acosta de Barraza (condena de 10 años) DOMICILIARIA: Pedro Joaquín Pasteris (condena de 10 años) DOMICILIARIA: Ramón Jodar (condena de 4 años) DOMICILIARIA: María Elena Guerra (condena de 2 años)Fuente:LaIzquierdaDiario
Manifestarán contra excarcelación a represores y querellantes exigieron revocación de la medida
Los organismos de Derechos Humanos emitieron, días atrás, un duro comunicado en el que denunciaron la complicidad de la Justicia para con los responsables del genocidio quienes, luego de haber sido condenados y enviados a distintas cárceles comunes, por una decisión de la Sala de Casación se dispuso que muchos puedan cumplir sus condenas, pero en sus domicilios.
Precisamente, para repudiar este hecho, hoy, a las 9 se realizará una concentración en las puertas del Tribunal Oral Federal (Chacabuco y Crisóstomo Álvarez). Una de las consignas es “Si no hay Justicia, hay escrache popular”.
Los represores beneficiados son Ramón Ojeda Fuentes, Ernesto Rivero, Fernando Torres, Alberto Montes de Oca, José Sowinski, Hugo Soto, Pedro Osvaldo Caballero, Luis Varela, Camilo Ángel Colotti, Adolfo Moore, Marcelo Godoy, Benito Palomo, Tomás Guemes, Ramón Cooke, Luis Armando De Cándido, Miguel Chuchuy Linares, Ricardo Oscar Sánchez, Ángel Moreno, Juan Abraham, Rlando Reyes Quintana, Hugo Figueroa, Oscar Gómez, Félix Insaurralde, Antonio Vercellone, Augusto Neme, Guillermo Ugarte, Mario Dursi, Luis Ocaranza, María Luisa Acosta de Barraza, Pedro J. Pasteris, Ramón Jodar y María Elena Guerra
Querellantes pidieron revocación de excarcelaciones
En la mañana de ayer los abogados por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Bernadrdo Lobo Bugeau; por Diana Oesterheld y Fernando Araldi (Pablo Gargiolo y Daniel Mendivil) solicitaron ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán que se revoquen las excarcelaciones a los represores arriba mencionados, adhiriendo a la presentación realizada el viernes por el Ministerio Público Fiscal. La intención es que pueda retrotraer a situación de prisión preventiva.
Entre los fundamentos consideran que “un extremo de esencial importancia reside en la posible responsabilidad internacional que puede acarrear para el Estado argentino la resolución que cuestionamos”. También es preocupante, dijeron, “el peligro de fuga. Riesgo de presión sobre testigos”.
Los abogados solicitan revocación de las excarcelaciones concedidas y de la modalidad de cumplimiento domiciliaria de la prisión preventiva, ordenando la prisión preventiva para los imputados condenados, estableciendo su modalidad de cumplimiento ordinaria en una unidad penitenciaria.
La abogada querellante Julia Vitar también solicitó mediante escrito la adhesión a la revocación de excarcelación y prisión domiciliaria.
La protesta se realizará en el marco de la megacausa Villa Urquiza. Hoy continuarán los testimonios que intentan armar la historia de lo ocurrido en Villa Urquiza, que funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD). El miércoles, el juicio se trasladará al penal de Villa Urquiza ya que se realizará una visita ocular.
Están imputados Jorge Lazarte, Roberto “El Tuerto” Albornoz, Daniel Alvarez, Héctor Valenzuela, Angel Audes, Augusto Montenegro, Juan Carlos Medrano, Francisco Ledesma, Pedro García, Santos González y José Gerez.
El Tribunal estará integrado por los jueces de Cámara Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subrogante,titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca).
Fuente:SecEstadoDDHH
18/11/2014
El juicio oral en curso debate delitos cometidos en el "Pabellón de la Muerte"
Tucumán: El TOF se trasladará al penal de Villa Urquiza para realizar una inspección
El penal de Villa Urquiza -actualmente en obras de ampliación- alojó un CCD durante la dictadura
El Tribunal Oral Federal que atiende el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Penal de Villa Urquiza, Tucumán, se trasladará mañana a ese lugar, que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura cívico militar, donde se realizará una inspección. En este juicio oral, que comenzó el 17 de septiembre, están imputados Jorge Lazarte, Roberto “El Tuerto” Albornoz, Daniel Álvarez, Héctor Valenzuela, Angel Audes, Augusto Montenegro, Juan Carlos Medrano, Francisco Ledesma, Pedro García, Santos González y José Gerez. Es el décimo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la citada provincia y en el se juzgan los hechos delictivos cometidos en el llamado "pabellón de la muerte", del mencionado penal de Villa Urquiza.En esta ocasión se debaten los delitos cometidos contra 39 pérsonas que sufrieron violaciones de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, delitos sexuales y homicidios. La causa se sustancia ante el TOF que integran los jueces Gabriel Eduardo Casas (Presidente), Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga (subrogante).
El núcleo de la acusación es la existencia de un sector de detención específico dentro de la unidad penitenciaria de Villa Urquiza (el llamado "Pabellón de la Muerte") destinado a recluir a hombres y mujeres etiquetados como "subversivos" y a utilizarse como centro de derivación y traslado a otros CCD.
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Algunas mujeres detenidas en Villa Urquiza padecieron el cautiverio junto a sus hijos menores de edad, registrándose incluso nacimientos dentro de los muros del penal. Varias de las detenidas fueron sometidas a conductas aberrantes de violencia sexual por parte de los captores mientras permanecieron en el pabellón, según las denuncias presentadas y los testimonios volcados en el juicio. Las víctimas fueron enviadas al penal de Villa Urquiza luego de pasar por distintos centros clandestinos de detención ubicados a lo largo de todo el territorio de la provincia: Escuelita de Famaillá, Jefatura de Policía, Arsenal Miguel de Azcuénaga, entre otros.
Fuente:Telam
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