DERECHOS HUMANOS
“Si abrazan el catolicismo, que digan dónde están los desaparecidos”
Así se manifestó el abogado de la familia Ragone sobre los acusados, luego del inicio del juicio que reúne 10 causas vinculadas a los delitos de la dictadura en Salta.
“Si abrazan el catolicismo, que digan dónde están los desaparecidos”
Así se manifestó el abogado de la familia Ragone sobre los acusados, luego del inicio del juicio que reúne 10 causas vinculadas a los delitos de la dictadura en Salta.
ARCHIVO. Sentencia de la Causa Metán. FOTO LA GACETA
En diálogo con LA GACETA, el abogado querellante por parte de la familia Ragone, Matías Duarte, se refirió a las expectativas que tienen en torno al nuevo proceso que enfrentarán quienes son señalados como autores y responsables de la desaparición del ex mandatario peronista, Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro: “siempre hay esperanza”, dijo y agregó: “la esposa de Ragone viene esperando hace tantísimos años Justicia y todavía no puede despedirlo correctamente”.
En tanto, celebró la apertura de un nuevo juicio por los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura en Salta: “en cada caso se van desprendiendo nuevos escenarios que permiten descubrir e imputar a responsables y asesinos que siguen dando vueltas y que lograron eludir el accionar judicial”.
Que digan dónde están
Para el querellante Duarte, cada juicio que se abre en este sentido genera oportunidades para indagar nuevos elementos que permitan dar con los restos de desaparecidos.
“Tenemos la expectativa de que una vez que estén sometidos a proceso y condenados, los represores dejen la información a sus familiares, la hagan llegar de alguna manera a organismos del Estado o a las familias de las víctimas”, señaló el letrado.
“Sabemos que muchos represores profesan la religión cristiana, si lograsen abrazar un poco los valores que ellos tanto sostienen deberían dar la información para que las familias de las víctimas puedan darles una despedida adecuada. Si abrazan el catolicismo, que en sus últimos días digan dónde están los desaparecidos”, pidió.
Una muerte y muchos silencios
Sobre la reciente muerte de Carlos Alberto Mulhall, jefe del Ejército en Salta durante los años de plomo, la querella de la familia Ragone lamentó que no haya brindado mayor información que permita dar con el paradero de los restos de los desaparecidos.
Mulhall tuvo un rol preponderante en el terrorismo de estado tanto en Salta como en Jujuy y otras provincias: “genera impotencia que no haya contado ni haya hablado del destino de los restos de tantos desaparecidos. Por su rol y su jerarquía, él tenía esa información”, afirmó Duarte.
“Lamentablemente nos están acostumbrando a esto todos los represores. Fallecen y no dejan información sobre los crímenes que cometieron”, concluyó.
Durante la primera audiencia se leyeron los fundamentos de la requisitoria de elevación a juicio de los expedientes en trámite. Quedó pendiente para el inicio del debate justamente la causa Ragone II, dado que uno de los procesados cambió de abogado a último momento y la nueva defensa pidió extender los plazos probatorios.
Fuente:La Gaceta
2-12-2014
Lesa Humanidad
Salta
Por crímenes cometidos contra 18 personas
Empezó en Salta la causa Ragone II, el séptimo juicio provincial de lesa
Lesa Humanidad
Salta
Por crímenes cometidos contra 18 personas
Empezó en Salta la causa Ragone II, el séptimo juicio provincial de lesa
El Tribunal Oral en lo Criminal de la provincia decidió hacer dos aperturas del juicio, luego del reclamo de un abogado defensor. Nueve de los diez expedientes que se tratarán en el juicio se comenzaron a debatir hoy. El restante, sobre la segunda parte de la causa Ragone, se realizará en la próxima audiencia, el 16 de este mes. Hay seis represores acusados.
Telam
Los jueces Federico Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y María Alejandra Cataldi tomaron esta decisión tras un planteo del defensor oficial Oscar Tomás del Campo, quien se negó a que se leyera la acusación fiscal en relación a los delitos vinculados al secuestro del ex gobernador porque todavía no concluyó el periodo legal de presentación de pruebas. “(Esto) implica poner el carro delante del caballo”, se quejó el abogado; advirtió que se está ante la posibilidad de violar derechos constitucionales de sus defendidos, como la garantía de un debido proceso.
Inicialmente la causa Ragone II, como se la conoce, no iba a ser parte de este proceso, pero el Tribunal accedió a incluirlo luego de un pedido de los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila y la querella de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia. La decisión se fundó en la necesidad de agilizar estos procesos de investigación de violaciones a los derechos humanos, pero se llegó a la audiencia sin que las defensas y la querella de la familia Ragone hicieran sus respectivos ofrecimientos de pruebas.
Estas formalidades no alcanzaron a apagar la expectativa esperanzada de los familiares que llenaron la sala de audiencias del TOF salteño y tomaron fotografías y estudiaron los detalles de los acusados, que pocas veces se cruzan con los querellantes y ni bien empezó la audiencia pidieron que se prohibiera la toma de fotografías. Joaquín Guil, ex hombre fuerte de la Policía de Salta y que extendió su poder desde tiempos de la dictadura de Onganía hasta la de Videla, se acomodó al lado de los comisarios retirados Antonio Saravia, Néstor Liendro y Abel Guaymás. Los represores deben responder por el secuestro de Ragone, cometido el 11 de marzo de 1976. En el hecho fue asesinado el testigo Antonio Arredes y se intentó hacer lo mismo con Margarita Martínez de Leal.
Guil ya fue condenado por Ragone, y carga otras condenas por delitos de lesa humanidad, pero está en prisión domiciliaria, por decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal. Ahora será juzgado por siete hechos de homicidios doblemente calificados y tiene también imputaciones por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos.
Los otros dos acusados, que completan el total de seis, son los ex militares Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, que fueron jefes de la Policía de Salta. Entre otros delitos, a Gentil se le imputan cuatro homicidios agravados, y a Mendíaz, tres. Ambos siguieron la audiencia por videoconferencia, el primero desde Buenos Aires y el segundo desde Rosario. Ninguno accedió a hablar.
“De él no han sacado un solo nombre”
En este proceso se acumularon diez expedientes, sobre crímenes en perjuicio de 18 personas, cinco de las cuales fueron asesinadas y otras cuatro están desaparecidas, en hechos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976, en plena vigencia del plan sistemático de eliminación de personas que en Salta comenzó a ejecutarse en noviembre de 1974, tras la caída del gobierno de Ragone.
Entre los delitos anteriores al golpe se cuenta el caso del sindicalista y militante del peronismo revolucionario Rubén Yáñez Velarde, secuestrado el 8 de noviembre de 1975, y cuyos restos fueron identificados en el cementerio de Yala, Jujuy, en 2012, poco después de que sus compañeros en el Sindicato de Luz y Fuerza comenzaran a recuperar su memoria y a impulsar la investigación de este hecho. “Éramos muy unidos”, lo recordó Germán Lozano, compañero de trabajo y militancia.
Yáñez fue secuestrado cuando iba a comprar un boleto de tómbola, estuvo desaparecido hasta que su cuerpo apareció en el camino de cornisa que une a Salta con Jujuy, y luego fue enterrado como anónimo en el cementerio de Yala. “Yo creo que de él no han sacado un nombre. Era un hombre muy leal”, lo recordó Lozano, quien se mostró optimista respecto de la continuidad de este proceso.
En este juicio también se investigará el homicidio de los jóvenes Ramón Antonio Díaz Romero y René Esteban Locascio Terán, oriundos de Tucumán, cometido por policías en abril de 1975 en la villa turística de San Lorenzo.
Aunque muy nerviosa, y prefiriendo el silencio por ahora, también acompañó la apertura del debate la viuda del policía Carlos César “Topo Gigio” Martínez, secuestrado el 18 de marzo del 76 y cuyos restos, sometidos a una explosión, fueron encontrados en El Gallinato, paraje que fue usado por la represión como campo de exterminio. Este hecho, por el que están imputados Gentil y Guil, será el primero que se tratará en este proceso.
También se juzgarán las detenciones ilegales y tormentos sufridos por Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Hugo Maza, Alfinio Elido Oroño, Lucrecia Barquet y Ricardo Falú. Y tratarán las desapariciones de tres miembros de la familia Gómez - Colqui: Rolando Gómez, su sobrino Alfredo Colqui y la madre de éste y hermana de Rolando, Lidia Telésfora Gómez.
Los ausentes
En este juicio se iba a indagar sobre el destino corrido por Graciela Beatriz Juárez y Gerardo David Giménez Bravo, desaparecidos desde 1976. Pero eso no será posible debido a la muerte del único acusado por estos hechos, Carlos Alberto Mulhall, quien fue jefe del Ejército en Salta y falleció el 21 de noviembre.
Graciela cursaba 3° año en el Colegio Comercial N° 2 y alfabetizaba adultos; fue secuestrada al salir de clases, en agosto de 1976. Al día siguiente su casa fue allanada por el Ejército y su madre fue detenida. En el expediente consta que, señalando una fotografía de Graciela, el oficial a cargo les dijo a los soldados que lo acompañaban: “Ven, ésta es una montonera enemiga de la patria”. Gerardo fue secuestrado por un grupo de cinco o seis hombres, algunos de civil, otros uniformados, el 9 de octubre, a la madrugada, desde su casa.
Militantes de organismos también lamentaron que en otras causas se esté llegando a los juicios tras el fallecimiento de sus denunciantes. Es el caso de la histórica dirigente de derechos humanos Lucrecia Barquet, del ex juez de Corte Ricardo Munir Falú y del sindicalista del vino Pedro Salomón.
Fuente:Infojus
Salta
Comenzó ayer un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra 18 víctimas durante la década del setenta. Los seis acusados guardaron silencio.
A Luis Obrero Destello Iñíguez Vázquez le aplicaban la picana eléctrica en las encías, le clavaban alfileres en las uñas y lo sometían a simulacros de fusilamiento. A Pablo Salomón Ríos lo quemaban con cigarrillos. A Alfinio Oroño lo colgaban de los pies y lo sumergían en un tanque de agua. A Mario Amelunge Vargas le ponían una bolsa de plástico en la cabeza para ahogarlo. Son algunas de las 18 víctimas del terrorismo de Estado que están contempladas en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad de Salta, que comenzó ayer en el Tribunal Oral Federal.
Los exmilitares Miguel Raúl Gentil y Vírtom Modesto Mendíaz y el exdirector de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, están acusados por los secuestros, vejaciones y homicidios acumulados en nueve causas.
En el proceso que empezó ayer se juzga también a los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro por la desaparición del exgobernador de Salta, Miguel Ragone, en 1976. Los seis imputados optaron por callar y se abstuvieron de declarar en la primera jornada del juicio.
Gentil siguió la audiencia por teleconferencia desde de Buenos Aires, donde está detenido por otras causas de lesa humanidad, al igual que Mendíaz, que permanece en Santa Fe.
En el juicio se consideran raptos y torturas a salteños que tenían participación política o social. También el caso de Miguel Ragone, que incluye la muerte del almacenero que presenció su secuestro, Catalino Aredes, y las heridas a Margarita Martínez, que estaba en la misma cuadra. Además, se juzgan otros cuatro asesinatos y la desaparición de tres miembros de una familia.
Las vejaciones que sufrieron las víctimas del terrorismo se reconstruyeron en base a testimonios y se describieron ayer, en la lectura del requerimiento de elevación a juicio.
Alfinio Oroño fue privado ilegítimamente de la libertad entre el 26 y 28 de marzo de 1976.
Para interrogarlo, lo colgaban cabeza abajo y lo sumergían en un tanque de agua, técnica de tortura conocida como "submarino".
Mario Amelunge Vargas fue detenido en marzo de 1976 en su casa y trasladado a los cuarteles militares, donde le ponían una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y lo picaneaban. Después lo mantuvieron incomunicado durante un año en el penal de Villa Las Rosas.
A Luis Obrero Destello Iñíguez Vázquez lo privaron ilegalmente de la libertad durante más de un año a partir de 1974 y lo torturaron para sacarle información.
Rubén Yáñez Velarde, militante justicialista y trabajador del sindicato de Luz y Fuerza, desapareció el 8 de noviembre de 1975. Su cuerpo fue hallado como NN en 2012, en una tumba del cementerio de Yala, en Jujuy. Tenía un disparo en la cabeza.
"Era muy amigo de Miguel Ragone. Cuando fuimos a buscarlo a la Central de Policía, nos dijeron que tenían pruebas de que se dedicaba a actividades subversivas. Esa era la acusación en su contra", relató a El Tribuno Ariel Pastor Yañez, sobrino y compañero de trabajo de la víctima.
En el proceso también se incluye el caso de Lidia Gómez de Colqui, raptada el 9 de septiembre de 1976 de su casa de la calle Coronel Vidt junto a su hijo Isidro Colqui, militante de la Juventud Peronista. En la misma semana secuestraron al hermano de la mujer, Rolando Gómez, en un taller metalúrgico de la calle San Luis. Los tres continúan desaparecidos.
Algunas de las 18 víctimas
Lucrecia Barquet Detenida por su militancia política el 2 de abril de 1976 en una vivienda del monoblock Salta. La llevaron al penal de Villa las Rosas. Una vez liberada, denunció los crímenes de la dictadura.
René Locasio Terán Fue asesinado, junto con Ramón Antonio Díaz Romero, el 20 de abril de 1975, por un grupo de policías en San Lorenzo. En este caso, se trató de fraguar un enfrentamiento.
César Martínez Fue secuestrado el 18 de marzo de 1976 en una camioneta verde. Su cuerpo fue dinamitado y arrojado en el paraje El Gallinato. Fue chofer del exgobernador Ragone
Pablo Salomón Ríos Fue detenido ilegalmente el 24 de marzo de 1976 en Cafayate, al igual que Nital Díaz. Tras privarlo de la libertad, lo sometieron a torturas. Estuvo alojado en la cárcel de Villa las Rosas.
Ricardo Munir Falú: fue privado de la libertad ilegítimamente el 17 de mayo de 1976 en un departamento del monoblock Salta. Permaneció alojado en el penal de Villa las Rosas. Se desempeñó como juez.
02-12-2014 - El juicio es por la desaparición y muerte de 18 víctimas del terrorismo de Estado en Salta.
Los seis acusados por la desaparición y muerte de 18 víctimas del terrorismo de Estado en Salta se abstuvieron de declarar hoy, en la primera jornada del juicio en su contra que se inició en el Tribunal Oral Federal de Salta.
Los exmilitares Miguel Raúl Gentil y Víctor Modesto Mendíaz, el exencargado del área de Seguridad de esa fuerza, Joaquín Guil y los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro optaron por el silencio.
Gentil siguió la audiencia por teleconferencia desde de Buenos Aires, donde está detenido por otras causas de lesa humanidad, al igual que Modesto Mendíaz, que permanece en Santa Fe.
"Este juicio es un paso adelante. Vale la pena seguir luchando por nuestros compañeros", dijo a El Tribuno Nora Leonard, titular de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet.
Leonard destacó que en esta causa se juzga el caso de Lidia Gómez Colqui, secuestrada en septiembre de 1976 junto a dos de sus hijos. Los tres continúan desaparecidos hasta hoy.
En el juicio también se determinará la responsabilidad de tres comisarios en el secuestro del exgobernador de Salta Miguel Ragone, si bien la defensa de los imputados requirió no leer hoy la acusación formal por este caso porque no se habían cumplido los plazos legales para la presentación de pruebas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario