JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN MENDOZA
Crímenes en San Rafael
Con diez militares y dieciséis policías acusados, el juicio oral que comenzó ayer abarca secuestros, torturas y homicidios sufridos por 72 personas bajo la dictadura, entre 1976 y 1978.
Por Ailín Bullentini
El ex intendente de la dictadura Luis Stuhldreher es uno de los acusados.
Los secuestros, las torturas, las violaciones y los homicidios cometidos contra 72 hombres y mujeres durante la última dictadura cívico-militar en la Municipalidad de San Rafael, la sede local de Tribunales, la oficina de Bomberos y las bodegas Garbín y Pico de Oro, entre una decena de lugares de esa ciudad y sus alrededores, comenzaron ayer a ser juzgados en Mendoza. El juicio por delitos de lesa humanidad cuenta con diez militares y dieciséis policías acusados, y continuará en febrero de 2015, tras la feria judicial.
Con la lectura de la elevación fiscal a juicio de la megacausa que reúne la mayoría de los crímenes del terrorismo de Estado sucedidos en San Rafael, el Tribunal Oral Federal Nº 2 inauguró ayer el segundo debate oral en esa localidad mendocina por violaciones a los derechos humanos. Aunque las audiencias de declaraciones tendrán lugar a partir de febrero próximo, la decisión de comenzar el juicio en esta, la última semana de actividades judiciales del año antes de la feria estival, radicó en que ayer mismo vencían los plazos para mantener en prisión preventiva a los imputados que están detenidos.
La megacausa contiene 45 expedientes acumulados que recorren los delitos que sufrieron 72 hombres y mujeres entre principios de 1976 y finales de 1978 en San Rafael y alrededores. De esas personas, 14 permanecen desaparecidas.
“Será el juicio más grande de la jurisdicción de la zona sur mendocina y abarcará a la mayoría de los responsables, tanto de la policía como del Ejército, en sus roles dentro del aparato terrorista en el marco de una fuerza de seguridad del sur de la provincia”, explicó el fiscal Pablo Garciarena, que acompañará, en su rol de ad hoc a su par Dante Vega, fiscal general. La representación de las víctimas se reparte en tres querellas: la encabezada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que trabaja con la mayoría; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y una querella particular.
La gran cantidad de sobrevivientes y su activa participación en la búsqueda de justicia son rasgos que caracterizan marcadamente los hechos que comenzaron a juzgarse ayer. Sobre todo porque los imputados fueron reconocidos por las víctimas. De los 26 acusados, 15 permanecen en cárcel común y 7 cumplen encierro en sus domicilios. El resto está libre. Su participación en el plan sistemático de represión diagramado y llevado a la práctica en el país por la última dictadura cívico-militar quedó en evidencia, en casi todos los casos, tras el primer juicio por delitos de lesa humanidad llevado a cabo en el distrito en 2010. Todos están acusados por la Fiscalía de formar parte de una asociación ilícita desde la que cometieron diferentes clases de delitos: las responsabilidades varían desde secuestros y torturas, pasando por robos, hasta violaciones y homicidios.
Según informó la Procuración General, los 16 policías de la nómina de acusados integraron diferentes dependencias de la fuerza durante los años de terrorismo estatal. Juan Labarta fue identificado como uno de los integrantes del grupo de tareas de San Rafael; junto a Daniel Martínez y Oscar Pérez Fernández, integró el Departamento de Informaciones de la fuerza, conocido como el D-2. Completan la lista Pierino Massaccesi, Raúl Ruiz Soppe, Tomás Rojas García –quien era comisario de la Delegación Bomberos de San Rafael–, Hugo Trentini, Luis Graín Farina, Daniel Navarro Farías, Orlando Gutiérrez Alvarez, Ciro Maza Correa, Norberto Mercado Laconi, Emilio Castro, Argentino Villafañe, Miguel Angel Megetto y Osvaldo Domínguez.
De la decena de militares imputados, el caso más emblemático es el de Luis Stuhldreher, quien ejerció como intendente de la ciudad durante la dictadura y comandó el centro clandestino de detención que funcionó entonces en el propio edificio municipal. Lo acompañan los tenientes Aníbal Guevara, Miguel Angel Báez y Carlos Ochoa; el sargento Raúl Olguín y el subteniente, Rafael Francisco Bitti; más cuatro ex integrantes de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, el organismo castrense de espionaje en la zona: su jefe Luis Rizo Avellaneda, Cecilio Oseas Martínez, Juan Giovarruscio y Edgar Ferreyra.
Fuente:Pagina12
- Martes, 30 de diciembre de 2014
Algunos de los acusados en este juicio ingresan ayer a la sala de debates en San Rafael. |@ (Roberto Salvadores / Los Andes)
Carlos Simón - csimon@losandes.com.ar
Pasadas las 10 de la mañana de ayer dio comienzo en San Rafael el más grande juicio (hay 26 acusados) que por delitos de lesa humanidad ocurridos desde los últimos meses de democracia en 1976 y durante toda la dictadura militar, se sustancia en ese departamento.
Este es el cuarto proceso de estas características en Mendoza y segundo en el Sur provincial. En el primero de ellos desarrollado en San Rafael en 2010 fueron condenados cuatro ex militares y ex policías que actualmente cumplen sus condenas y algunos ahora afrontan también acusaciones en este juicio. Los cargos van desde desapariciones forzadas de personas, torturas físicas y psíquicas, detenciones ilegales, etcétera.
Tras dar formal inicio al proceso, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el 10 de febrero de 2015.
El proceso
En este juicio que comenzó a ventilarse hay 26 acusados de por lo menos 61 hechos que perjudicaron a 73 personas, varias de ellas aún hoy desaparecidas y otras con secuelas de lo padecido durante sus detenciones, según consta en la acusación que se escuchó durante una larga jornada que se prolongó casi hasta la noche con un cuarto intermedio desde las 15 hasta las 16.
De esas 26 personas, 15 están detenidas, 7 con prisión domiciliaria y 4 en libertad. Varios de ellos, 18 en total, estuvieron presentes mientras que el resto presenció la sesión por teleconferencia desde sus lugares de detención en el penal de Ezeiza en Buenos Aires y San Felipe, Mendoza, como ha sido habitual en estos juicios.
Ayer el ministerio fiscal a cargo de Pablo Garcíarena y Dante Vega leyó ante el Tribunal presidido por la doctora Fátima Ruiz López (de Buenos Aires) e integrado también por los doctores Pablo Lacaba (La Pampa) y Héctor Cortez (Mendoza) un resumen de las acusaciones e hizo, al igual que la defensa, la presentación de “ajustes de apreciaciones
legales”.
La Fiscalía también pidió la revocación de la prisión domiciliaria de uno de los procesados, Pierino David Masaccessi, por lo que considera “gravedad de los hechos que se le adjudican” y su encuadramiento en la figura de “criminis causa”.
En la continuidad del juicio en febrero del año próximo se prevé declaren más de 200 testigos por lo que se estima durará alrededor de 6 meses teniendo en cuenta que sólo habrá debates dos días a la semana.
Sin incidentes
Al amplio salón del Centro de Congresos de San Rafael ubicado en el Parque Perón (conocido también como Norte) accedieron más de 300 personas entre familiares de los procesados y de víctimas de los delitos que se les adjudica.
Desde muy temprano se concentraron en las inmediaciones de la sala de debates una gran cantidad de militantes de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos de izquierda, organizaciones políticas juveniles como la JP y La Cámpora y de la organización Hijos.
También se observó un gran despliegue de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza. El ingreso de las personas al recinto de debate fue estrictamente controlado a través de documento personal por la Policía Federal que asentó en un registro uno por uno a los asistentes.
En el local se estableció un sector de sillas destinadas a familiares de los acusados y otro para los parientes de desaparecidos o detenidos y torturados durante las detenciones.
También ahí, cada dos cabeceras de fila, fue dispuesto un gendarme al igual que en los accesos a la sala.
En el interior no se produjeron situaciones que tensaran el ambiente aunque en las afueras se realizaron algunas manifestaciones de ambos sectores que “el ministerio fiscal” consideró, durante su exposición, como “inadecuadas”. Estas expresiones, aunque vistas desde el otro extremo, también fueron rechazadas por la defensa.
Fuente:LosAndes
Este es el cuarto proceso de estas características en Mendoza y segundo en el Sur provincial. En el primero de ellos desarrollado en San Rafael en 2010 fueron condenados cuatro ex militares y ex policías que actualmente cumplen sus condenas y algunos ahora afrontan también acusaciones en este juicio. Los cargos van desde desapariciones forzadas de personas, torturas físicas y psíquicas, detenciones ilegales, etcétera.
Tras dar formal inicio al proceso, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el 10 de febrero de 2015.
El proceso
En este juicio que comenzó a ventilarse hay 26 acusados de por lo menos 61 hechos que perjudicaron a 73 personas, varias de ellas aún hoy desaparecidas y otras con secuelas de lo padecido durante sus detenciones, según consta en la acusación que se escuchó durante una larga jornada que se prolongó casi hasta la noche con un cuarto intermedio desde las 15 hasta las 16.
De esas 26 personas, 15 están detenidas, 7 con prisión domiciliaria y 4 en libertad. Varios de ellos, 18 en total, estuvieron presentes mientras que el resto presenció la sesión por teleconferencia desde sus lugares de detención en el penal de Ezeiza en Buenos Aires y San Felipe, Mendoza, como ha sido habitual en estos juicios.
Ayer el ministerio fiscal a cargo de Pablo Garcíarena y Dante Vega leyó ante el Tribunal presidido por la doctora Fátima Ruiz López (de Buenos Aires) e integrado también por los doctores Pablo Lacaba (La Pampa) y Héctor Cortez (Mendoza) un resumen de las acusaciones e hizo, al igual que la defensa, la presentación de “ajustes de apreciaciones
legales”.
La Fiscalía también pidió la revocación de la prisión domiciliaria de uno de los procesados, Pierino David Masaccessi, por lo que considera “gravedad de los hechos que se le adjudican” y su encuadramiento en la figura de “criminis causa”.
En la continuidad del juicio en febrero del año próximo se prevé declaren más de 200 testigos por lo que se estima durará alrededor de 6 meses teniendo en cuenta que sólo habrá debates dos días a la semana.
Sin incidentes
Al amplio salón del Centro de Congresos de San Rafael ubicado en el Parque Perón (conocido también como Norte) accedieron más de 300 personas entre familiares de los procesados y de víctimas de los delitos que se les adjudica.
Desde muy temprano se concentraron en las inmediaciones de la sala de debates una gran cantidad de militantes de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos de izquierda, organizaciones políticas juveniles como la JP y La Cámpora y de la organización Hijos.
También se observó un gran despliegue de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza. El ingreso de las personas al recinto de debate fue estrictamente controlado a través de documento personal por la Policía Federal que asentó en un registro uno por uno a los asistentes.
En el local se estableció un sector de sillas destinadas a familiares de los acusados y otro para los parientes de desaparecidos o detenidos y torturados durante las detenciones.
También ahí, cada dos cabeceras de fila, fue dispuesto un gendarme al igual que en los accesos a la sala.
En el interior no se produjeron situaciones que tensaran el ambiente aunque en las afueras se realizaron algunas manifestaciones de ambos sectores que “el ministerio fiscal” consideró, durante su exposición, como “inadecuadas”. Estas expresiones, aunque vistas desde el otro extremo, también fueron rechazadas por la defensa.
Fuente:LosAndes
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