22 de Febrero de 2015
Análisis
Abrir el paraguas
Si algunos creían que 2015 es el año de los expertos en marketing político, el miércoles pasado fue una muestra clara de que la política circula por múltiples senderos y se realimenta cada vez que el pueblo, o una parte de él, se expresa de modo colectivo. Quedan atrás ahora los análisis, válidos, de cómo el oficialismo podía tirar puentes para distender la jornada con mensajes de condolencias hacia la familia de Alberto Nisman o cómo algunos referentes políticos y mediáticos de la oposición podían dejar de alimentar la hipótesis del homicidio para fogonear la marcha.
Pasado el homenaje al fiscal, lo más estimulante, resulta descifrar los silencios y tratar de entender dos cosas. La primera es cómo serán los comportamientos de esta enorme marea humana que parece ser algo más que una expresión del antiperonismo en el siglo XXI y que no se manifestó como la base de sustentación de un golpe de Estado. Algunos analistas recordaron la marcha de Corpus Christi de junio de 1955, en las vísperas del violentísimo derrocamiento de Juan Perón, con la idea de alimentar la hipótesis de que el 18F era una expresión destituyente y que ponía en riesgo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La realidad es que quienes llevaron carteles para agraviar a la Presidenta fueron controlados por otros participantes. Una muestra clara de que hay, en esa base social opositora al Gobierno, un reclamo de salir de la lógica binaria de amigos o enemigos. En segundo lugar, esta marcha es una invitación a la amplia base de sustentación del Gobierno en el sentido de que el kirchnerismo pueda levantar banderas de valor universal en sus próximas marchas masivas. Es decir, asentar su estrecho vínculo a la lucha contra los crímenes de lesa humanidad y a las potentes políticas de inclusión social que vencieron las viejas políticas clientelares.
Si hubiera que graficar dos escenas del miércoles pasado, una sería el bajo perfil mediático de los precandidatos opositores en la marcha mientras que la otra es la foto de Cristina con Daniel Scioli al terminar el acto en Atucha II. Allí, la Presidenta dijo, entre otras cosas, que en estos años no mandó el poder económico en la Argentina y que las decisiones se tomaron desde el poder político. Es, a todas luces, una virtud del kirchnerismo que no puede limitarse al enunciado ni tampoco alcanza con esgrimirlo como una consigna. Lo que en estos últimos meses queda a la vista es la relación oscura entre distintos sectores a los cuales el kirchnerismo suele llamar corporaciones para desacreditarlos: la corporación de inteligencia con la corporación judicial. La pregunta que se hace buena parte de la sociedad –y no sólo los que fueron a la marcha– es si la política no tiene también rasgos corporativos. La capilaridad entre factores de poder es tan grande que resulta necesario pensar en cambios o reformas integrales. El gran problema es que para esas reformas se precisa una voluntad política de sectores diversos capaces de crear mayorías que exceden las parcialidades tanto de partidos políticos como de los poderes constitucionales.
Clases, buitres y Boudou. Así como el 18F fue un test importante para los unos y los otros, falta apenas una semana para otro examen significativo: el domingo próximo la Presidenta dejará inauguradas las sesiones ordinarias. Importará mucho el tono de Cristina tras este momento inusual de serenidad de la escena política. Pero nunca la forma alcanza a tapar el fondo. Al día siguiente, lunes 2, deberían empezar las clases en todos los distritos y ése es un flanco sensible. Como todos los años, se demoró el diálogo tanto en las provincias como en la paritaria nacional. Quedan apenas cinco días hábiles para el inicio de clases y el viernes 27 es el congreso nacional de la Ctera al cual concurrirán los delegados de todas las provincias. La representación nacional del gremio docente ya entregó el pliego de demandas al Ministerio de Educación de la Nación. Reclama un 38,6%. Este número está tomado al aumento de los jubilados, calculado por la ley de movilidad provisional y que sumará los aumentos de septiembre de 2014 con el que los trabajadores pasivos recibirán en marzo próximo. Ctera además pone el acento en la necesidad de reformar las escalas de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que sin duda afectará no sólo a muchos más trabajadores de la educación, sino al resto de los gremios que discutan paritarias en los próximos meses. En la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% de la matrícula educativa y de los docentes, hay diálogo desde enero, pero todavía hay incertidumbre. El jueves pasado, en la reunión de la paritaria nacional, el Ministerio de Educación de la Nación ofreció un magro 22%, incluso dos puntos por debajo de la cuestionada cifra del Indec sobre la inflación de 2014. Los gremios docentes evitan hablar de conflicto y de huelgas, pero las experiencias de los últimos años están presentes.
A su vez, la Argentina reclamó ante el juzgado de Thomas Griesa que el lunes 2 venza el plazo para que los tenedores de títulos en default presenten sus reclamos en el tribunal y quienes no lo hagan en fecha queden fuera de la eventual negociación pendiente. Para el martes 3, Griesa fijó una audiencia, la primera tras el vencimiento de la cláusula RUFO, donde concurrirá una docena de fondos especulativos que se sumaron a NML Capital y Aurelius. Los abogados de la Argentina seguramente estarán en la reunión, pero es difícil pensar en una negociación rápida, a pesar de que no está la espada de Damocles que era la RUFO. El monto que significa la deuda de quienes no entraron en los canjes de 2005 y 2010 es de algo más de 8.000 mil millones de dólares. El cálculo de los intereses es más complicado y podría elevar la deuda a un total que vaya entre 15 mil y 24 mil millones de dólares. El gobierno argentino ya advirtió que no está dispuesto a someterse y, a la vez, se trata de una magnitud de dinero inaccesible para las reservas del país. Basta pensar que los vencimientos de deuda –reestructurada– de 2015 entre capital e intereses suman 13 mil millones. La Argentina, con la ley de pago soberano, depositará en Nación Fideicomisos los montos de estos compromisos, más allá de quiénes acepten o no cambiar el domicilio de pago. Es decir, el frente externo implica compromisos de pago inevitables –los 13 mil millones– y un escenario de continuación del diálogo con los fondos buitre.
El Gobierno deberá maniobrar estos dos frentes –paritarias y negociaciones en el juzgado de Griesa– sin que se vislumbren puentes con la oposición. El panorama económico muestra algunas variables tranquilas –dólar retrasado pero estable, baja del blue, pocas reservas pero sin tendencia a la baja, buenas expectativas bursátiles– mientras que otros frentes muestran tensiones, básicamente saldo comercial cero o negativo y el riesgo de que las negociaciones salariales empujen a los precios en los próximos meses. Si bien el peso de los temas conflictivos recae sobre los hombros de Cristina, quienes aspiran a ocupar su lugar dentro de pocos meses deberían asumir que existe una delgada línea que separa esta gestión de la próxima.
Con fecha 19 de febrero, un día después de la marcha, se conoció el durísimo fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña en la causa “Amado Boudou y otros sobre procesamiento y embargo” que confirma “el procesamiento sin prisión preventiva” del vicepresidente “como autor del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el de negociaciones incompatibles con la función pública (artículos 256 y 265 del Código Penal)”.
La misma suerte corrieron otras cinco personas, entre ellas su amigo y socio José María Núñez Carmona y Alejandro Vanderbroele, quien según el tribunal fungió como la cara visible de la sociedad por la cual Boudou se habría quedado con el 70% de Ciccone Calcográfica. El fallo tiene 81 páginas y lleva la firma de Jorge Ballestero –presidente del tribunal–, de Eduardo Freiler y de Eduardo Farah, quien estuvo “en disidencia parcial”. Quienes siguen los temas tribunalicios aseguran que esta sala no puede ser catalogada como “opositora”. No bien se conoció el fallo, el fiscal Jorge Di Lello, que llevó la acusación, en diálogo con Radio Vorterix, fue muy duro: “Si es el vicepresidente y cometió delito, lo más sano es que no sea más vicepresidente. Si es el vicepresidente y no cometió delito, ayudaría a terminar con el manoseo”. Di Lello fue de los fiscales que no fue a la marcha, no sólo por ser fiscal electoral sino porque sostuvo que quienes tienen que hacer justicia no tienen que salir a la calle a reclamar justicia. Esta sentencia muestra dos cosas. La primera es que tras la marcha, los procesos contra funcionarios del Gobierno van a acelerarse. La segunda es que las causas por supuestos delitos de corrupción no sólo son impulsadas por magistrados que puedan ser furiosamente opositores al Gobierno.
Nisman, ¿suicidio o asesinato?
La muerte del fiscal, más allá de la saturación mediática, es el vértice de varios asuntos públicos de primera magnitud. Las pericias toxicológicas indicaron que el cuerpo del fiscal tenía baja dosis de alcohol y psicofármacos, lo cual abona la hipótesis del suicidio. Sin embargo, son muchas las personas que siguen de cerca la investigación que se inclinan por la teoría del homicidio. Sin duda, entre una y otra, hay un abismo de distancia. No ayuda en nada que existan tantas sospechas de que la escena no fue cuidada. Quedó un enorme vacío respecto de por qué resultaron tan ineptos los agentes que estaban a cargo de la custodia el fin de semana del 16 y el 17 de enero. Tampoco se supo si las nuevas autoridades de la Secretaría de Inteligencia o del Ministerio de Seguridad tomaron –o no– recaudos para cuidar la vida de Nisman. A las desprolijidades y falta de información, se suman todas las novelas que giran alrededor del papel de los espías en esta historia.
Finalmente, como era de prever, la testimonial a Antonio Stiuso no aporta nada nuevo. Él mismo dijo que el teléfono a quien Nisman había llamado en la tarde del sábado 16 había quedado en manos de otro agente. Stiuso, tras declarar como testigo, fue autorizado a viajar fuera del país. Esto es, salvo que aparezca alguna pericia que dé un giro copernicano a la investigación, a un mes, sigue vigente la idea de que no intervino una tercera persona en esta muerte. Sin embargo, muchos referentes del ámbito de la política y el mundo de la investigación criminal, dicen por lo bajo o en voz alta que fue un crimen.
Otra arista importante es que el juez Daniel Rafecas ya está en su juzgado y decidirá si le da o no lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita. También puede decidir dar lugar parcialmente a los pedidos del fiscal. Y éste, a su vez, puede apelar al tribunal de alzada, en caso de no sentirse plenamente conforme con la decisión de Rafecas. Con el clima que dejó la marcha, es difícil pensar en que el legado de Nisman duerma el sueño de los justos.
En ese sentido, hubiera sido interesante la comparencia de Pollicita en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, tal como le solicitó el oficialismo. Sin embargo, el fiscal desistió de ir y en consecuencia la sociedad no podrá escuchar dónde se asienta esta teoría absurda que es el centro de la acusación de Nisman en el sentido de que el Memorando con Irán fue una maniobra para dar impunidad a los imputados de origen iraní.
Sin perjuicio de la investigación criminal, parece imposible entender esta polémica al margen del clima y de los intereses de sectores poderosos. Estados Unidos, por un lado, organizó el jueves pasado la llamada Cumbre contra el Terrorismo Violento en la Casa Blanca y que pone de relieve la cantidad de focos de tensión existente. Sin perjuicio de esa puesta en escena, los republicanos aliados con la industria bélica y el presidente israelí Benjamín Netanyahu, se oponen a los diálogos sobre el tema nuclear que tienen como interlocutores, por un lado, a Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China, Francia y Alemania, y, por el otro, a Irán. Quien lidera ese proceso de diálogo es Barack Obama y tiene como interlocutor a Hasan Rohani, presidente de Irán. Esta distensión de la primera potencia del mundo con Irán es una versión muy distinta de aquella en la que Estados Unidos ponía a ese país como parte del eje del mal al tiempo que el presidente anterior, Mahmoud Ahmadinejad, negador de la Shoa. Alguien debería explicar por qué el gobierno argentino decidió firmar el memorando con Irán con un Ahmadinejad en el final de su gobierno, febrero de 2013, apenas tres meses antes de las elecciones que consagraran a Rohani, quien buscaba distender el conflicto con Estados Unidos. La política internacional tiene seguramente muchas pistas para tratar de entender por qué tanta efervescencia a la hora de la pista iraní y tan poca decisión de indagar a fondo la escena concreta de la calle Pasteur aquel 18 de julio de 1994. La buena noticia es que a mediados de este año comenzará el juicio por el encubrimiento, donde saldrán a luz muchas de las cosas que algunos jueces, algunos espías, algunos fiscales y algunos gobernantes desviaron de la mano de su propia incapacidad y de la dependencia de los intereses de dos países poderosos, Estados Unidos e Israel.
22 de Febrero de 2015
Marcha, discursos y esa cosa blanda
En su masividad, la marcha del miércoles pasado estuvo poblada de diversidades. La convocatoria de unos pocos fiscales –desconocidos para la inmensa mayoría de los argentinos– motorizada por los medios hegemónicos y desde las redes sociales sirvió de recipiente para la expresión de variopintos descontentos. Hubo, claro, quienes quisieron expresar su solidaridad con los familiares del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte se convirtió en el gran paraguas de la movilización. Pero junto a ellos marcharon muchos otros. Estuvieron los enemigos viscerales del kirchnerismo, los típicos caceroleros –por una vez silenciosos– que fueron con la clara intención de limar al Gobierno; también hubo quienes marcharon para hacer notar que se sienten inseguros, que no confían en las fuerzas de seguridad ni en la Justicia, dos elementos que meten en la misma bolsa y cuyo mal o buen funcionamiento atribuyen, en una simplificación falaz, al Gobierno. Y también quienes quisieron quejarse de supuestas corrupciones, crispaciones y otras ones varias.
Muy pocos jóvenes, mayoría de mayores de cuarenta, mayoría de clase media, mayoría de debutantes en este tipo de movilizaciones. En fin, una marcha de eso que suele llamarse “la gente”.
Pero también hubo otras presencias. Una de ellas fue la de los políticos de la oposición, haciendo el acting de ciudadanos comunes autoconvocados para rendir “homenaje” a un fiscal que mantuvo inmovilizada la causa AMIA durante una década, autor de una acusación judicialmente insostenible y asiduo concurrente a la Embajada de los Estados Unidos, todos hechos olvidados por la alquimia de una muerte dudosa que les permitió devenirlo héroe. La otra presencia fue la de las cámaras de televisión y sus extensiones: los periodistas de estudio y los movileros.
Fueron esas otras presencias –sobre todo la última, la de las cámaras de los medios hegemónicos y sus apéndices zocaleros– las encargadas de subsumir la diversidad en un solo discurso que, elaborado desde una clara intencionalidad política, hicieron que, devuelto a la calle y los paraguas, fuera el discurso de todos. Lo que transmitieron fue muy claro: la gente marchó indignada porque Nisman había denunciado a la Presidenta y (a raíz de eso) terminó muerto. Por lo tanto, a los responsables de la muerte de Nisman –sin importar si se trató de un suicidio o de un homicidio– hay que buscarlos en el Gobierno.
En definitiva, volviendo a Marcuse, lo que lograron fue la autovalidación de una hipótesis que, mediante una repetición incesante y monopólica, convirtieron en un hecho. Y eso fue lo que le hicieron decir al sentido común de “la gente”.
En medio de las discusiones de estos días sobre si hay o no una movida desestabilizadora o destituyente, y si en ese marco la marcha pudo o no ser utilizada en ese sentido, para este cronista no hay dudas: más allá de las diversas intencionalidades de los concurrentes, la marcha (su utilización política y mediática) debe leerse como un eslabón más –pero muy grueso– en la cadena de hechos y discursos con que se intenta provocar un golpe blando.
Por estos días, desde la oposición y los medios hegemónicos también se dijo que esa hipótesis –la del golpe blando– no tiene asidero. Que es ridícula cuando se sabe que el Gobierno cumplirá su mandato en diciembre y que incluso antes, apenas realizadas las elecciones, perderá casi toda su capacidad de maniobra. Que a nadie, se insistió, le conviene destituir al Gobierno.
Es evidente que a la oposición –y a sus presidenciables– no le conviene tal cosa. Nada le daría mayor legitimidad al próximo presidente que asumir el cargo luego de ganar unas elecciones limpias y pacíficas, sin ruidos institucionales que las empañen.
Tampoco les convendría tal cosa a ciertos sectores del poder económico. En sus cálculos electorales, el kirchnerismo puro no tiene continuador con posibilidades de mantener el rumbo de este gobierno. Para ellos, gane quien gane –se trate de Scioli, de Massa, de Macri o de cualquiera de los presidenciables del Unen–, el próximo gobierno volverá, con matices según quien sea el triunfador, al redil del neoliberalismo, aunque más atenuado si se lo compara con el salvajismo de los ’90.
Entonces, ¿para qué promover un golpe blando? La respuesta también es clara: para dar una lección, para dejar sentada una advertencia al próximo ocupante de la Casa Rosada. Para decirle que todo va andar bien, en tanto y en cuanto no saque los pies ese plato cuya circunferencia está delineada por los grupos económicos más concentrados y los medios que les son funcionales, porque les pertenecen.
No hay que remontarse muy atrás para encontrar un antecedente. ¿Qué otro sentido tuvo la movida económica destituyente contra Alfonsín que marcarle la cancha a Menem? Con la caída de Alfonsín, a Menem le dijeron lo que tenía que hacer. Y Menem lo hizo.
22 de Febrero de 2015
Análisis
Catalizador
El 18 fue un miércoles de ceniza pasado por agua en la Ciudad de Buenos Aires. También fue una jornada en la que una multitud decidió participar de una marcha convocada desde la consigna “Homenaje al fiscal Nisman. Marcha de Silencio”. Contra las previsiones de gorilismo extremo, insultos a la Presidenta y reclamos golpistas, que caracterizaron cacerolazos y adhesiones a las patronales del campo durante el conflicto por las retenciones a las exportaciones al poroto de soja, la movilización respetó los pedidos antipartidistas surgidos desde la familia Nisman, más que del pequeño grupo de fiscales convocantes.
En el mar de gente, se diluyeron las figuras. Apenas bajo los focos televisivos posteriores los aspirantes a candidatos se animaron a hacerse ver. No sirve entrar en la descripción de los acontecimientos realizados por el periodismo que convierte en “histórico” cualquier hecho que se oponga al Gobierno con la misma liviandad con que usan ese adjetivo tras el resultado de una noche de verano futbolístico. Tampoco es útil la comparación, con parámetros de verdulería, de una plaza con otra, una marcha con otra. Ya vendrán las movilizaciones kirchneristas y lo que sí sucederá es que ante la misma cantidad o el doble de gente, quienes ayer aventuraban la cifra de 400.000 personas, la reducirán a 80.000.
La crisis del 2001 al 2003 licuó la organicidad de los partidos políticos; la dictadura ya había cambiado los comportamientos de los simpatizantes, dando por tierra, por ejemplo, con aquel famoso “voto cautivo” de las expresiones mayoritarias; sucesivas elecciones mostraron corrimientos de los electorados, hasta caer en el pozo del desencanto. El 25 de mayo de 2003, aquel auto negro que llevó a un pingüino y su esposa hasta el Congreso de la Nación y de allí a la Casa Rosada, también transportó el renacer de la política en la Argentina.
Aunque la política es de todos, solo el Gobierno, su frente partidario y sus organizaciones sociales lograron consolidarse, darse organicidad, acumular capacidad de convocatoria y movilización y sostenerse en el tiempo. Los partidos opositores se mantuvieron desdibujados. Un escenario político sin partidos sólidos que puedan discutirle propuestas al Gobierno es un escenario sin intermediaciones entre los intereses de las franjas disconformes con el oficialismo y las autoridades. Sobre todo, es un espacio vacío disponible para el asalto directo de los sectores económicos que no están dispuestos a tolerar procesos de redistribución de la riqueza.
Esa es la cancha, lo fue antes de fin de año, lo será a lo largo de todos los meses preelectorales y, también, en el momento exacto del disparo que produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman. El silencio como herramienta de presión, tras objetivos pertinentes, es un arma efectiva. Reclamar justicia siempre lo es, aunque, claro, los cinco que primero la pidieron antes la trabaron, distrajeron, impidieron, en la causa AMIA o en otras.
El silencio muestra por ausencia. Del mismo modo que desmintió muchos de los preconceptos descalificadores previos, sólo en el relato de los constructores de la realidad mediática la marcha del miércoles 18 se convirtió en un acto masivo de repudio a las políticas del gobierno de Cristina Kirchner y de acusación directa hacia esa cima por la muerte del responsable de la Causa AMIA y denunciante presidencial.
Los jefes políticos de las oposiciones se movieron con cuidado; fueron, pero se mantuvieron en un segundo plano. Ya habían recibido un sablazo de la ex mujer de Nisman cuando la llevaron a su audiencia parlamentaria y los incluyó en la bolsa de los que no deben entorpecer las investigaciones; el día anterior, la jueza Sandra Arroyo Salgado volvió a pedir la abstinencia de las banderías. Sabían que, igual, tenían asegurada la foto. Los canales que los impulsan, después de la marcha, pondrían los reflectores sobre sus propias interpretaciones de lo sucedido.
Catálisis es el proceso por el cual se aumenta o disminuye la velocidad de una reacción química, producto de una sustancia llamada catalizador. Sin partidos políticos capaces de representar y organizar demandas concretas de distintos sectores sociales que quieren diferenciarse del Gobierno, oponerse, cambiar su signo en el siguiente turno electoral, hechos como los de inseguridad, demandas sectoriales como las de las patronales del campo o la muerte de un fiscal que acababa de denunciar a la Presidenta se convierten en la vía que canaliza descontentos, a veces con precisión o con consignas variadas y hasta contradictorias; a veces en silencio.
Algo importante de este proceso químico es que el catalizador no se modifica durante la reacción química y una vez producida seguirá siendo el mismo. Pasó el 18F. La muerte de un fiscal, manipulada con descaro, utilizada y convertida en acusación antigubernamental, habrá facilitado la expresión respetuosa de un sector de la población que está indignado con lo sucedido y que, además, encontró en ese repudio la forma de expresar su rechazo a un gobierno, a todas o algunas de sus políticas.
El día después, los distintos componentes vuelven a ser exactamente lo que eran la jornada anterior, como en el proceso de catálisis. La operación de los sectores económicos más poderosos de la geopolítica continental –con la CIA incluida– y sus socios locales seguirá en marcha, para tratar de evitar que el modelo kirchnerista, de redistribución con inclusión, continúe después del 10 de diciembre, con una etapa de profundización de lo actuado.
Esas caras opositoras perdidas bajo los paraguas de la prudencia seguirán su danza de acuerdos y desacuerdos, y el aparato de comunicación de los grupos económicos mantendrá su lucha por lograr que todos sean uno y junten los votos para reemplazar aquella bandera negra con letras blancas, por un programa económico de retorno al modelo de endeudamiento y exportaciones básicas, con empobrecimiento y exclusión de grandes sectores populares. Buscarán alcanzar el imposible que solo logró el silencio. La propuesta, que es la forma de hacer política –y no química–, necesita palabras, consignas, cánticos, gritos que la expresen, además de dirigentes, organización y movilización.
22 de Febrero de 2015
MemorÁndum y geopolÍtica
Nisman y la conspiración que no fue
Si a Pollicita no le llamó la atención que Khalil, más que como un “embajador en las sombras” actúa como un agente provocador, es más que seguro que al juez Daniel Rafecas esto no se le pasará por alto. Si Nisman –tal como él mismo afirmó– llevaba más de dos años investigando un presunto delito de una inusual gravedad institucional, ¿por qué nunca informó a su juez natural, Rodolfo Canicoba Corral, ni a ningún otro magistrado, y por qué nunca pidió la intervención de otras líneas telefónicas de los sospechosos? Ninguna investigación seria, por pequeña que sea, puede basarse exclusivamente en la pinchadura de las líneas de un solo sospechoso.
Amén de que las escuchas sólo son indiciarias, la explicación sobre la ausencia de otras grabaciones entre los presuntos miembros de la conjura –sin pasar por el auricular de Khalil–, es que si existen, son ilegales. Tal vez, la ausencia de esas pruebas –que seguramente le fueron prometidas a Nisman y luego denegadas– sea una de las causas para explicar la muerte del fiscal.
Si Nisman hubiese tenido más pruebas, sus colaboradores hubieran conocido su existencia, habría copias en algún lugar. Alguien las hubiese hecho llegar a un medio de comunicación después de su muerte. Nada de eso ocurrió. La falta de evidencias fue reemplazada en este caso por la muerte violenta del denunciante.
Al igual que Nisman, Pollicita sabe perfectamente que no hay acusación seria para llevar a juicio político a la Presidenta, porque a la hora de la denuncia el Memorándum –aprobado por el Parlamento argentino– era letra muerta debido a que ese documento que supuestamente garantizaba la impunidad de los iraníes no fue ratificado por el Parlamento de los presuntos beneficiarios de la conspiración. Está más que claro que la precipitada denuncia de Nisman durante la feria, ante un juez equivocado y por un delito que –de haber existido– nunca llegó a concretarse, obedeció a sus fundados temores que tras el desplazamiento de Jaime Stiuso en la Secretaría de Inteligencia, él sería apartado de la causa AMIA, entre otras cosas, por no haber investigado un ápice de la conexión local ni la pista siria, tal como lo pedían el juez de la causa y los familiares de las víctimas.
Tanto Stiuso, un espía que estuvo al servicio de 17 presidentes (cuatro de ellos encabezando dictaduras militares): Lanusse, Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel Martínez, Videla, Galtieri, Bignone, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Puerta, Rodríguez Saá, Camaño, Duhalde, Kirchner y Fernández de Kirchner, como Nisman tenían razones más que fundadas para oponerse al Memorándum: una eventual declaración del clérigo Mohsen Rabbani, sobre quien pesa una de las órdenes de captura de Interpol, hubiese resultado más inculpatoria para la SIDE, por el papel jugado por ésta antes y después del atentado, que para los iraníes. Rabbani, quien permaneció en Argentina tres años después del atentado sin ser molestado, podría revelar que la verdadera conexión local del atentado fueron los propios espías que tenían infiltrada a la célula iraní desde cuatro meses antes de la voladura de la mutual judía.
- No sería sencillo para la SIDE explicar por qué el agente de inteligencia Isaac Eduardo García ofició de chofer de Rabbani hasta 1996, es decir dos años después del atentado, y terminó haciendo negocios con el clérigo.
Existe una coincidencia temporal en el silencioso viraje de la política norteamericana hacia Irán y la iniciativa argentina del Memorándum de Entendimiento. Estados Unidos e Irán sostuvieron secretamente una serie de conversaciones directas de alto nivel durante parte de 2011 y 2012, una riesgosa apuesta diplomática por parte del gobierno de Barack Obama, que preparó el terreno para el histórico acuerdo alcanzado en Ginebra en noviembre de 2013 encaminado a disminuir el programa nuclear de Teherán, según reveló una investigación de la agencia Associated Press.
Las conversaciones fueron mantenidas en secreto incluso para los amigos más cercanos de Estados Unidos, entre ellos sus socios en las negociaciones e Israel, y eso podría explicar cómo el acuerdo sobre el programa nuclear iraní pareció destrabarsee con tanta rapidez tras años de estancamiento e intensa hostilidad entre Irán y Occidente.
Pero el hecho de que el diálogo haya sido mantenido en secreto también podría explicar algunas de las tensiones entre Estados Unidos y Francia, que más tarde se retractó de un acuerdo propuesto, y con Israel, que está furioso por el acuerdo y ha denunciado con gran molestia los contactos diplomáticos con Teherán.
Obama autorizó personalmente las conversaciones como parte de su esfuerzo –prometido en el discurso inaugural de su primer período– de acercarse a un país que el Departamento de Estado considera el Estado más activo en el mundo en el patrocinio del terrorismo.
El diálogo se llevó a cabo en Omán, una nación de Oriente Medio, y sólo un pequeño círculo de personas estaba al tanto: desde marzo de 2013, el subsecretario de Estado William Burns y Jake Sullivan, el principal asesor de política exterior para el vicepresidente
Joe Biden, se reunieron al menos en cinco ocasiones con funcionarios iraníes.
En las últimas cuatro reuniones secretas, efectuadas desde que el presidente iraní reformista Hasán Rouhani inauguró su período presidencial en agosto de 2014, se generó gran parte del acuerdo consolidado formalmente después en negociaciones en Ginebra entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China, Alemania e Irán.
Ahora las negociaciones están estancadas y el secretario de Estado, John Kerry, planteó que el 1º de marzo sea la fecha límite para alcanzar un “arreglo político”. La perspectiva de un no-arreglo debilita al presidente Hasán Rouhani –quien ató su credibilidad al éxito de las negociaciones–, en beneficio del ala nacionalista más dura.
En el caso del Memorándum, la Procuración del Tesoro de la Nación, que representa al Estado, aportó documentos probatorios de que no hubo conductas inadecuadas ni delictivas por parte del Gobierno Nacional. Pero eso parece tenerlo sin cuidado a Pollicita.
La decisión de aceptar o rechazar la denuncia estará en manos del juez Daniel Rafecas,quien si descarta este absurdo, será despedazado por la corporación mediatico-judicial.
22 de Febrero de 2015
El silencio de la Corte
Es de destacar, también, que su actual presidente, Ricardo Lorenzetti, en diversas declaraciones y discursos de carácter institucional, remarcó insistentemente la necesidad de contar con un Poder Judicial independiente de las presiones del poder político, y también del económico, con jueces probos y conductas que estén a la altura de las altas responsabilidades que desempeñan. Si bien en otros tiempos existía una máxima dentro del Poder Judicial que dictaba que los jueces debían hablar sólo a través de sus sentencias, lo cierto es que, desde hace muchos años, los magistrados gozan de una permanente atención mediática a la que se prestan ramplonamente en carácter de comentaristas de sus propios expedientes, cuando no de comentaristas de causas ajenas a su competencia.
La denuncia del fiscal Alberto Nisman y su posterior muerte terminaron de blanquear el accionar de un importante sector del Poder Judicial, al constituirse frontalmente como un actor coadyuvante de las fuerzas opositoras, políticas y mediáticas. Sin la utilización del Poder Judicial, o “la Justicia”, la convocatoria a la marcha no hubiera tenido la masividad obtenida. Las reiteradas apariciones en los medios hegemónicos, sus irresponsables opiniones vertidas sin el más mínimo apego a las formas que dicen defender en nombre de la independencia del propio Poder Judicial, las instituciones y la república, ni siquiera tienen la seriedad jurídica que al menos como comentaristas debieran cuidar.
La prédica de Lorenzetti es desoída por magistrados, jueces y fiscales. Hasta ahora, transcurrido más de un mes desde la muerte de Nisman, y de su notable impacto mediático y opositor, la Corte tomó una llamativa distancia y un silencio que excede a la prudencia. La clara interferencia del Grupo Clarin y el diario La Nación, arrojando falacias sobre el curso de la investigación, y el reiterado accionar del conjunto de magistrados que se sumaron a intervenir vertiendo opiniones livianas y temerarias en el desenvolvimiento de la causa que investiga la muerte de Nisman en nada se condicen con el comportamiento adecuado que deberían tener los magistrados, de acuerdo con lo que demanda Lorenzetti.
El pasado miércoles, en el acto que encabezó en la ciudad de Zárate por la puesta en marcha de la central nuclear Atucha II, la Presidenta, en un tramo de su discurso, se refirió directamente al papel de los magistrados y al de la Corte Suprema de Justicia: “¿No están contrariando la debida imparcialidad frente a las partes del proceso y la ciudadanía toda, los fiscales que convocan a una marcha antigubernamental y junto a dirigentes de la oposición? ¿Por qué la Corte Suprema no dice nada al respecto, ni siquiera un gesto críptico, una foto cifrada, como suele hacer Ricardo Lorenzetti?”.
El próximo 3 de marzo, Lorenzetti brindará el habitual discurso de apertura del año judicial.
Es deseable y necesario que la Corte haga un firme llamamiento a la responsabilidad de los magistrados que conforman la gran familia judicial, a su intervención mediática y a la obstaculización y condicionamientos que ejercen sobre quienes tienen la enorme tarea de dilucidar la muerte de Nisman. La palabra de la Corte es imprescindible para que el accionar de magistrados independientes, respetuosos de la independencia de poderes y del orden republicano, no continúe extraviada por sus principales responsables de impartir Justicia.
Fuente:MiradasalSur
conclusiones políticas del 18F
los ruidos del silencio
19.02.2015
Por Pablo Galan
En un ensayo publicado en 2013 y titulado “De la dictadura a la democracia”, el politólogo estadounidense Gene Sharp plantea que ante la irrupción de gobiernos que enfrentan al establishment económico la reacción se da a través de “golpes suaves”, sin tener que recurrir a los mecanismos tradicionales como es la acción de las fuerzas armadas. Sharp marca cinco pasos para desgastar a este tipo de gobiernos que comienza con “denuncias de corrupción y la promoción de intrigas”, el desarrollo de campañas de acusación de totalitarismo contra el gobierno en el poder, la promoción de manifestaciones y protestas violentas, la puesta en marcha de una guerra psicológica para crear un clima de “ingobernabilidad” y finalmente forzar la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras.
Los nueve fiscales que convocaron a la marcha del silencio, a un mes de la muerte de su colega Alberto Nisman, cumplieron con algunos de estos principios desestabilizadores.
Pero sería temerario afirmar que todos los que nutrieron la masiva manifestación lo hicieron con intenciones destituyentes. En esa marcha había de todo: desde antiperonistas rabiosos hasta personas dolidas porque la Presidenta no ofreció sus condolencias a la familia del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte reeditó un escenario político de polarización con puntos de contacto con la puja por la 125. Como en aquella oportunidad, el Gobierno y la oposición se dividieron entre “nosotros y ellos”, en un duelo que, además de escenificarse en las calles, copó las redes sociales. De hecho, mientras decenas de miles marchaban por el centro porteño –y en otros puntos urbanos del país– en Twitter el hashtag #TodosconCristina trepaba al primer puesto global, disputando un ciber mano a mano con el #18F promocionado por el sitio Infobae de Daniel Hadad.
Esas postales anticipan que la movilización no sólo marcará la agenda de las próximas semanas por su masividad, sino también porque buscó darle legitimidad a una escalada que comenzó mucho antes de la muerte del fiscal y que apunta a desgastar un proceso político que osó afectar los intereses del poder más concentrado. Resulta paradójico que los que encabezaron el reclamo de justicia sean funcionarios del poder del Estado que justamente tienen que cumplir ese rol. Pero que además, en muchas de las causas en las que debieron investigar, su labor estuvo muy lejos de arrojar justicia.
La abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, es una ferviente defensora de la teoría de Gene Sharp y entiende que en el caso argentino se está llevando adelante un terrorismo judicial, incentivado desde las corporaciones, que apunta a que las políticas económicas y sociales impulsadas por el kirchnerismo sean discontinuadas por cualquiera de los candidatos con posibilidades concretas de suceder a Cristina Fernández. “Algunos miembros del Poder Judicial están usando el monopolio de la justicia que poseen no a favor de la resolución de los conflictos que surgen en la sociedad, sino que, por el contrario, se dedican a incentivar los conflictos. La consecuencia que esto trae es que el equilibrio de los poderes se ha alterado”. El efecto concreto de esta situación que observa Peñafort es que el Poder Judicial terminó bloqueando al Legislativo. “Cada ley aprobada cae en la amenaza de quedar sometida por una medida cautelar y por lo tanto la acción del Congreso queda paralizada porque las leyes no entran en acción”.
Si bien para Peñafort este avance de un sector del Poder Judicial se dio a partir de las leyes judiciales que impulsó el oficialismo y que afectaron algunas situaciones de privilegio de sus miembros, entiende que el proceso se aceleró desde el momento en que el país decidió no acatar el fallo del juez Thomas Griesa en el conflicto con los fondos buitre. “Hay que tener en cuenta que la Argentina ha generado un caso escuela como es resolver un desendeudamiento sin favorecer a los sectores financieros acostumbrados a enriquecerse.
A esto se suma la decisión de no someterse a lo que quieren los fondos buitre. El poder económico apostaba a que como consecuencia directa de no acatar el fallo se desatara una crisis económica y social. Sin embargo, la política económica del Gobierno, a través de mecanismos no tradicionales como pueden ser los acuerdos con China, generó que la tan anunciada catástrofe económica no llegara. Esto hizo que los operadores actuaran de manera más desembozada. En ese sentido, creo que ese fue el detonante que puso definitivamente en marcha este terrorismo judicial”.
Peñafort observa que la oposición política quedó presa de esta acción conjunta del poder económico y una parte del Poder Judicial al entrar en el juego que estos le imponen. “En un ámbito como el Congreso que es el ágora de la democracia y por lo tanto el lugar institucional en el que la oposición se expresa, ellos deciden no ir, tal como está sucediendo con el debate por la nueva Agencia Federal de Inteligencia. En el momento en que tendrían que estar en sesión del Congreso, los dirigentes de la oposición prefieren salir por la televisión. Por lo tanto están privatizando el debate. La consecuencia es que no son capaces de ofrecer un proyecto alternativo. Yo lo viví en carne propia cuando se debatió la Ley de Medios y era funcionaria del Comfer: los proyectos que presentaba la oposición eran una copia del oficialista, sólo cambiaban dos o tres artículos”.
Fiscales lejos de la justicia. Permeables al poder económico, los fiscales que convocaron a la marcha del miércoles poco han contribuido a que el Poder Judicial fuera más eficaz y transparente. Germán Moldes y Raúl Pleé son dos de los fiscales que tuvieron un rol central en la convocatoria del miércoles y a su vez son cuestionados por las asociaciones de víctimas de familiares por haber entorpecido el avance de la causa por encubrimiento al atentado de la AMIA.
Desde las tantas entrevistas radiales que concedió los días previos a la marcha, Moldes buscó instalar un clima de miedo a partir de la muerte de Nisman, traspolando la actual situación con anteriores etapas de la vida argentina que tienen poco en común. “A mí sí me tocó vivir una época de miedo, y veo que algunas características de esa época donde la gente se tiraba muertos por la cabeza todos los días lamentablemente están volviendo”. “A mediados de los ’70 se vivía con miedo, y yo noto que en sectores de la población ese miedo está volviendo”, añadió el fiscal.
Sin embargo, desde su función poco hizo para echar luz a la causa AMIA, justamente a la que estaba vinculado el fiscal muerto. En la causa que investiga la responsabilidad penal del ex juez Juan José Galeano por encubrimiento del caso, ante la decisión del juez Ariel Lijo de sobreseer a un grupo de imputados, Memoria Activa como querellante apeló la decisión pero como fiscal de Cámara, Moldes dio la orden de no apelar porque compartía los fundamentos del juez.
Durante el gobierno de Carlos Menem fue el viceministro del Interior de José Luis Manzano y desde ese cargo tuvo vinculación con el otorgamiento de la ciudadanía y el pasaporte argentinos a Monzer Al Kassar, el traficante de armas sirio.
Así como encabezó la iniciativa para la movilización del 18F, Moldes fue uno de los fiscales que lideró la rebelión desde Comodoro Py para resistir la designación de los fiscales subrogantes dispuesta por la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Moldes interpretó que la resolución de la jefa de los fiscales, establecida a partir de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, de fijar la creación de dos fiscalías de Cámara adicionales, buscaba licuar su poder. El fiscal arremetió a través de la Asociación de Magistrados, que presentó una medida cautelar y logró que la medida fuera detenida. De esta manera, Moldes consiguió ser actualmente el único representante del Ministerio Público con la facultad de sostener o no un recurso de apelación.
Raúl Pleé también aportó su cuota para que la causa por encubrimiento no avance. En junio de 2013, la directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky, señaló que la decisión de la Corte Suprema de que la Sala II de la Cámara de Casación tome el caso luego de seis años de demora demostró “la desidia de algunos funcionarios judiciales y los intereses subterráneos de otros” y concretamente aseguró que “sin explicación, el fiscal de casación Raúl Pleé dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia”.
Otro de los fiscales a los que les resulta difícil explicar que sus acciones no tienen un contenido político es Guillermo Marijuan, cercano a Sergio Massa y aspirante a ocupar la Procuraduría General de la Nación en caso de que el tigrense llegue a la presidencia. De hecho, viene manteniendo un sórdido enfrentamiento con Gils Carbó al punto de imputarla y pedir su indagatoria por las designaciones que hizo la procuradora para cubrir puestos en el Ministerio Público. Su desempeño en las investigaciones no suele ser ecuánime: así como se mostró muy resolutivo en la causa por presunto lavado contra Lázaro Báez, no logró ningún avance en el caso en el que está involucrado el JP Morgan. Apenas si realizó algunas acciones de rigor en una causa en la que están involucrados por lavado centenares de empresarios del país, entre los que figuran varios ejecutivos del Grupo Clarín.
Carlos Stornelli, otro de los fiscales que clama por justicia, tiene estrechos vínculos con el ex jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, aunque paradójicamente es jefe de Estadio y Seguridad Deportiva del club. En el año 2005 asistió al casamiento de Di Zeo y cuando asumió como ministro de Seguridad bonaerense nombró a su esposa, Soledad Spinetto, como asesora. Anteriormente, Spinetto se había desempeñado como secretaria privada del entonces gobernador Felipe Solá.
En definitiva, fiscales que gracias al enorme soporte mediático convocaron a una multitud, pero poco dispuestos a vivir en una Argentina más justa y equitativa.
Una causa lenta
Lentamente. La causa a cargo de la fiscal Viviana Fein, que intenta dilucidar si el fiscal Alberto Natalio Nisman se suicidó, fue instigado a hacerlo o fue asesinado, avanza lentamente. En el más estricto secreto, durante el fin de semana largo, Antonio Stiuso declaró como testigo en la causa que desde hace un mes concentra el interés de la opinión pública. Según el portal Infonews, luego de la declaración, el ex agente habría salido del país hacia Uruguay.
El miércoles por la tarde la fiscalía emitió un comunicado en el que difundió esta información, además de señalar que recibió los resultados de los peritajes toxicológico e histopatológico, con resultados que no se difundieron.
La fiscal Fein señaló a través de ese comunicado que “para preservar el curso de la investigación” no se difundiría el contenido de la declaración del ex espía.
Stiuso declaró en calidad de testigo a raíz de la estrecha relación que tenía con el fallecido fiscal, y porque la investigación arrojó que el día sábado 17 Nisman habló con Stiuso por teléfono al menos en tres oportunidades. El propio Diego Lagomarsino –la última persona que habría visto con vida al fiscal– señaló en declaraciones periodísticas que Stiuso le había advertido a Nisman que su vida corría peligro. De todo esto, presuntamente, habló la fiscal Fein con el ex hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia.
Según reveló el sitio Infonews, respecto de los dos peritajes cuyo resultado se conoció el miércoles, fuentes vinculadas a la investigación dejaron saber que en el cuerpo del fiscal se hallaron bajas cantidades de alcohol y del ansiolítico clonazepam, pero una cantidad significativa de cafeína.
El comunicado también reveló que quedaba pendiente “la prueba de cotejo del ADN obtenido de las uñas” de Alberto Nisman. Lentamente, la causa avanza. La verdad, todavía lejos.
Un mensaje desde roma
El papa Francisco, como todo líder político, es un experto emisor de mensajes gestuales. Todo aquello que el recato o su rol como jefe espiritual de la Iglesia le impide verbalizar, lo manifiesta con acciones, con imágenes, con gestos.
En el mañana del 18 de febrero, en la víspera de la marcha convocada por un grupo de fiscales y buena parte del arco opositor, Francisco recibió en el Vaticano a un grupo de familiares y víctimas del atentado a la AMIA. “De mí esperen todo, que haga todo lo posible”, les dijo el Pontífice argentino a Sergio Burstein y otros tres integrantes de la Asociación 18J durante el encuentro en Roma. La foto y esas pocas palabras no se hubiesen destacado en la rutina noticiosa si no fuera por un detalle: Burstein, como todas las asociaciones de víctimas y familiares del atentado, rechazó la manifestación organizada por una porción de la familia judicial. Ese dato alimentó las suspicacias respecto de que Francisco no habría visto con buenos ojos la convocatoria, y habría utilizado ese gesto para expresar su oposición. La ausencia de otras palabras o gestos de aliento a la marcha abonó la especulación, aunque en Buenos Aires se destacó que una comisión del Episcopado sí se manifestó a favor de la manifestación.
En sus días de cardenal, Bergoglio fue un eficaz emisor de mensajes cifrados para destinatarios diversos. Como Papa, parece, mantiene la costumbre.
"ES LA APARICIÓN PÚBLICA DEL PARTIDO JUDICIAL"En un ensayo publicado en 2013 y titulado “De la dictadura a la democracia”, el politólogo estadounidense Gene Sharp plantea que ante la irrupción de gobiernos que enfrentan al establishment económico la reacción se da a través de “golpes suaves”, sin tener que recurrir a los mecanismos tradicionales como es la acción de las fuerzas armadas. Sharp marca cinco pasos para desgastar a este tipo de gobiernos que comienza con “denuncias de corrupción y la promoción de intrigas”, el desarrollo de campañas de acusación de totalitarismo contra el gobierno en el poder, la promoción de manifestaciones y protestas violentas, la puesta en marcha de una guerra psicológica para crear un clima de “ingobernabilidad” y finalmente forzar la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras.
Los nueve fiscales que convocaron a la marcha del silencio, a un mes de la muerte de su colega Alberto Nisman, cumplieron con algunos de estos principios desestabilizadores.
Pero sería temerario afirmar que todos los que nutrieron la masiva manifestación lo hicieron con intenciones destituyentes. En esa marcha había de todo: desde antiperonistas rabiosos hasta personas dolidas porque la Presidenta no ofreció sus condolencias a la familia del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte reeditó un escenario político de polarización con puntos de contacto con la puja por la 125. Como en aquella oportunidad, el Gobierno y la oposición se dividieron entre “nosotros y ellos”, en un duelo que, además de escenificarse en las calles, copó las redes sociales. De hecho, mientras decenas de miles marchaban por el centro porteño –y en otros puntos urbanos del país– en Twitter el hashtag #TodosconCristina trepaba al primer puesto global, disputando un ciber mano a mano con el #18F promocionado por el sitio Infobae de Daniel Hadad.
Esas postales anticipan que la movilización no sólo marcará la agenda de las próximas semanas por su masividad, sino también porque buscó darle legitimidad a una escalada que comenzó mucho antes de la muerte del fiscal y que apunta a desgastar un proceso político que osó afectar los intereses del poder más concentrado. Resulta paradójico que los que encabezaron el reclamo de justicia sean funcionarios del poder del Estado que justamente tienen que cumplir ese rol. Pero que además, en muchas de las causas en las que debieron investigar, su labor estuvo muy lejos de arrojar justicia.
La abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, es una ferviente defensora de la teoría de Gene Sharp y entiende que en el caso argentino se está llevando adelante un terrorismo judicial, incentivado desde las corporaciones, que apunta a que las políticas económicas y sociales impulsadas por el kirchnerismo sean discontinuadas por cualquiera de los candidatos con posibilidades concretas de suceder a Cristina Fernández. “Algunos miembros del Poder Judicial están usando el monopolio de la justicia que poseen no a favor de la resolución de los conflictos que surgen en la sociedad, sino que, por el contrario, se dedican a incentivar los conflictos. La consecuencia que esto trae es que el equilibrio de los poderes se ha alterado”. El efecto concreto de esta situación que observa Peñafort es que el Poder Judicial terminó bloqueando al Legislativo. “Cada ley aprobada cae en la amenaza de quedar sometida por una medida cautelar y por lo tanto la acción del Congreso queda paralizada porque las leyes no entran en acción”.
Si bien para Peñafort este avance de un sector del Poder Judicial se dio a partir de las leyes judiciales que impulsó el oficialismo y que afectaron algunas situaciones de privilegio de sus miembros, entiende que el proceso se aceleró desde el momento en que el país decidió no acatar el fallo del juez Thomas Griesa en el conflicto con los fondos buitre. “Hay que tener en cuenta que la Argentina ha generado un caso escuela como es resolver un desendeudamiento sin favorecer a los sectores financieros acostumbrados a enriquecerse.
A esto se suma la decisión de no someterse a lo que quieren los fondos buitre. El poder económico apostaba a que como consecuencia directa de no acatar el fallo se desatara una crisis económica y social. Sin embargo, la política económica del Gobierno, a través de mecanismos no tradicionales como pueden ser los acuerdos con China, generó que la tan anunciada catástrofe económica no llegara. Esto hizo que los operadores actuaran de manera más desembozada. En ese sentido, creo que ese fue el detonante que puso definitivamente en marcha este terrorismo judicial”.
Peñafort observa que la oposición política quedó presa de esta acción conjunta del poder económico y una parte del Poder Judicial al entrar en el juego que estos le imponen. “En un ámbito como el Congreso que es el ágora de la democracia y por lo tanto el lugar institucional en el que la oposición se expresa, ellos deciden no ir, tal como está sucediendo con el debate por la nueva Agencia Federal de Inteligencia. En el momento en que tendrían que estar en sesión del Congreso, los dirigentes de la oposición prefieren salir por la televisión. Por lo tanto están privatizando el debate. La consecuencia es que no son capaces de ofrecer un proyecto alternativo. Yo lo viví en carne propia cuando se debatió la Ley de Medios y era funcionaria del Comfer: los proyectos que presentaba la oposición eran una copia del oficialista, sólo cambiaban dos o tres artículos”.
Fiscales lejos de la justicia. Permeables al poder económico, los fiscales que convocaron a la marcha del miércoles poco han contribuido a que el Poder Judicial fuera más eficaz y transparente. Germán Moldes y Raúl Pleé son dos de los fiscales que tuvieron un rol central en la convocatoria del miércoles y a su vez son cuestionados por las asociaciones de víctimas de familiares por haber entorpecido el avance de la causa por encubrimiento al atentado de la AMIA.
Desde las tantas entrevistas radiales que concedió los días previos a la marcha, Moldes buscó instalar un clima de miedo a partir de la muerte de Nisman, traspolando la actual situación con anteriores etapas de la vida argentina que tienen poco en común. “A mí sí me tocó vivir una época de miedo, y veo que algunas características de esa época donde la gente se tiraba muertos por la cabeza todos los días lamentablemente están volviendo”. “A mediados de los ’70 se vivía con miedo, y yo noto que en sectores de la población ese miedo está volviendo”, añadió el fiscal.
Sin embargo, desde su función poco hizo para echar luz a la causa AMIA, justamente a la que estaba vinculado el fiscal muerto. En la causa que investiga la responsabilidad penal del ex juez Juan José Galeano por encubrimiento del caso, ante la decisión del juez Ariel Lijo de sobreseer a un grupo de imputados, Memoria Activa como querellante apeló la decisión pero como fiscal de Cámara, Moldes dio la orden de no apelar porque compartía los fundamentos del juez.
Durante el gobierno de Carlos Menem fue el viceministro del Interior de José Luis Manzano y desde ese cargo tuvo vinculación con el otorgamiento de la ciudadanía y el pasaporte argentinos a Monzer Al Kassar, el traficante de armas sirio.
Así como encabezó la iniciativa para la movilización del 18F, Moldes fue uno de los fiscales que lideró la rebelión desde Comodoro Py para resistir la designación de los fiscales subrogantes dispuesta por la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Moldes interpretó que la resolución de la jefa de los fiscales, establecida a partir de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, de fijar la creación de dos fiscalías de Cámara adicionales, buscaba licuar su poder. El fiscal arremetió a través de la Asociación de Magistrados, que presentó una medida cautelar y logró que la medida fuera detenida. De esta manera, Moldes consiguió ser actualmente el único representante del Ministerio Público con la facultad de sostener o no un recurso de apelación.
Raúl Pleé también aportó su cuota para que la causa por encubrimiento no avance. En junio de 2013, la directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky, señaló que la decisión de la Corte Suprema de que la Sala II de la Cámara de Casación tome el caso luego de seis años de demora demostró “la desidia de algunos funcionarios judiciales y los intereses subterráneos de otros” y concretamente aseguró que “sin explicación, el fiscal de casación Raúl Pleé dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia”.
Otro de los fiscales a los que les resulta difícil explicar que sus acciones no tienen un contenido político es Guillermo Marijuan, cercano a Sergio Massa y aspirante a ocupar la Procuraduría General de la Nación en caso de que el tigrense llegue a la presidencia. De hecho, viene manteniendo un sórdido enfrentamiento con Gils Carbó al punto de imputarla y pedir su indagatoria por las designaciones que hizo la procuradora para cubrir puestos en el Ministerio Público. Su desempeño en las investigaciones no suele ser ecuánime: así como se mostró muy resolutivo en la causa por presunto lavado contra Lázaro Báez, no logró ningún avance en el caso en el que está involucrado el JP Morgan. Apenas si realizó algunas acciones de rigor en una causa en la que están involucrados por lavado centenares de empresarios del país, entre los que figuran varios ejecutivos del Grupo Clarín.
Carlos Stornelli, otro de los fiscales que clama por justicia, tiene estrechos vínculos con el ex jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, aunque paradójicamente es jefe de Estadio y Seguridad Deportiva del club. En el año 2005 asistió al casamiento de Di Zeo y cuando asumió como ministro de Seguridad bonaerense nombró a su esposa, Soledad Spinetto, como asesora. Anteriormente, Spinetto se había desempeñado como secretaria privada del entonces gobernador Felipe Solá.
En definitiva, fiscales que gracias al enorme soporte mediático convocaron a una multitud, pero poco dispuestos a vivir en una Argentina más justa y equitativa.
Una causa lenta
Lentamente. La causa a cargo de la fiscal Viviana Fein, que intenta dilucidar si el fiscal Alberto Natalio Nisman se suicidó, fue instigado a hacerlo o fue asesinado, avanza lentamente. En el más estricto secreto, durante el fin de semana largo, Antonio Stiuso declaró como testigo en la causa que desde hace un mes concentra el interés de la opinión pública. Según el portal Infonews, luego de la declaración, el ex agente habría salido del país hacia Uruguay.
El miércoles por la tarde la fiscalía emitió un comunicado en el que difundió esta información, además de señalar que recibió los resultados de los peritajes toxicológico e histopatológico, con resultados que no se difundieron.
La fiscal Fein señaló a través de ese comunicado que “para preservar el curso de la investigación” no se difundiría el contenido de la declaración del ex espía.
Stiuso declaró en calidad de testigo a raíz de la estrecha relación que tenía con el fallecido fiscal, y porque la investigación arrojó que el día sábado 17 Nisman habló con Stiuso por teléfono al menos en tres oportunidades. El propio Diego Lagomarsino –la última persona que habría visto con vida al fiscal– señaló en declaraciones periodísticas que Stiuso le había advertido a Nisman que su vida corría peligro. De todo esto, presuntamente, habló la fiscal Fein con el ex hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia.
Según reveló el sitio Infonews, respecto de los dos peritajes cuyo resultado se conoció el miércoles, fuentes vinculadas a la investigación dejaron saber que en el cuerpo del fiscal se hallaron bajas cantidades de alcohol y del ansiolítico clonazepam, pero una cantidad significativa de cafeína.
El comunicado también reveló que quedaba pendiente “la prueba de cotejo del ADN obtenido de las uñas” de Alberto Nisman. Lentamente, la causa avanza. La verdad, todavía lejos.
Un mensaje desde roma
El papa Francisco, como todo líder político, es un experto emisor de mensajes gestuales. Todo aquello que el recato o su rol como jefe espiritual de la Iglesia le impide verbalizar, lo manifiesta con acciones, con imágenes, con gestos.
En el mañana del 18 de febrero, en la víspera de la marcha convocada por un grupo de fiscales y buena parte del arco opositor, Francisco recibió en el Vaticano a un grupo de familiares y víctimas del atentado a la AMIA. “De mí esperen todo, que haga todo lo posible”, les dijo el Pontífice argentino a Sergio Burstein y otros tres integrantes de la Asociación 18J durante el encuentro en Roma. La foto y esas pocas palabras no se hubiesen destacado en la rutina noticiosa si no fuera por un detalle: Burstein, como todas las asociaciones de víctimas y familiares del atentado, rechazó la manifestación organizada por una porción de la familia judicial. Ese dato alimentó las suspicacias respecto de que Francisco no habría visto con buenos ojos la convocatoria, y habría utilizado ese gesto para expresar su oposición. La ausencia de otras palabras o gestos de aliento a la marcha abonó la especulación, aunque en Buenos Aires se destacó que una comisión del Episcopado sí se manifestó a favor de la manifestación.
En sus días de cardenal, Bergoglio fue un eficaz emisor de mensajes cifrados para destinatarios diversos. Como Papa, parece, mantiene la costumbre.
Por Nicolás Lantos
CFK consideró que el 18F fue el “bautismo de fuego del Partido Judicial, que articula con los poderes económicos y mediáticos concentrados”, constituye un “superpoder por encima” de los surgidos del voto popular y es “opositor y destituyente de este gobierno”
CFK CRITICO A LOS JUECES Y FISCALES QUE CONVOCARON AL 18F
“Son opositores y destituyentes”
Cristina Fernández de Kirchner dijo que la movilización del miércoles pasado fue “el bautismo de fuego del Partido Judicial”, que cuenta con la promoción de “los grandes medios y grupos económicos”. También criticó al fiscal Gerardo Pollicita.
Por Nicolás Lantos
La Presidenta se refirió a la marcha del 18F y al debut del “Partido Judicial” en una extensa carta que publicó en las redes sociales.
”El verdadero hecho político e institucional de la marcha del 18F” fue “la aparición pública y ya inocultable del Partido Judicial” que “es opositor y destituyente del Gobierno” y busca constituirse en “un superpoder por encima de las instituciones surgidas del voto popular”, aseguró ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una nueva carta publicada a través de las redes sociales. Allí también aseguró que la movilización fue “lisa y llanamente opositora” y apuntó nuevamente contra los medios de comunicación que modificaron sus estimaciones de asistencia de la manifestación para darle mayor relevancia política. Por último también criticó al fiscal federal Gerardo Pollicita por su negativa a explicar en el Congreso su decisión de impulsar una investigación a partir de la denuncia que realizó Nisman por presunto encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA.
Una marcha opositora
La marcha del miércoles pasado tuvo un “objetivo oculto e implícito”, aseguró Fernández de Kirchner: “El 18F no es el homenaje a un fiscal, ni siquiera un reclamo insólito de justicia, sino el bautismo de fuego del Partido Judicial” que “debe aparecer con ‘respaldo masivo’ (no popular, concepto impensable para los que concurrieron al evento) que avale y dé aires de legalidad a cualquier mamarracho judicial, independientemente de lo que digan las leyes, los códigos de fondo y de forma y hasta la mismísima Constitución”, dijo, haciendo referencia a la andanada de decisiones procesales contrarias al Gobierno y a figuras del oficialismo que se sucedieron desde el jueves.
El 18F, al que “asistió todo el arco de partidos opositores y sus candidatos presidenciales, salvo las agrupaciones de izquierda, no fue para nada un acto de homenaje a una persona trágicamente fallecida, con la obvia excepción de sus familiares directos”, sostuvo la mandataria en otro pasaje del texto. A continuación, destacó la importancia de que “en la Argentina se puede disentir, se puede insultar al Gobierno y a la Presidenta y se puede marchar libremente”, lo que “no siempre fue así”. En ese sentido, trajo a colación “lo que les pasó a los que se les ocurrió disentir el 19 y 20 de diciembre del 2001, en la Plaza de Mayo”, en una movilización que acabó con “represión, más de 30 muertos, disparos sobre la multitud y estado de sitio”, sin que “a más de 13 años” haya “detenidos ni condenas por esos hechos” ejecutados durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
CFK señaló que el miércoles pasado, por el contrario, “se pudo ver en vivo y en directo a dirigentes políticos riéndose a carcajadas y también a manifestantes llevando carteles con leyendas ofensivas e insultantes contra el Gobierno. Tampoco fue una marcha del ‘silencio’, porque el mismo fue sonoramente roto por un orador sindical integrante de una central obrera ferozmente opositora al Gobierno –agregó–. En definitiva: tanto en lo gestual como en las palabras y en lo ostensiblemente visible, el 18F fue decididamente una marcha opositora, convocada por fiscales y apoyada por jueces y todo el arco político opositor”.
Y remarcó que para cumplir ese objetivo de dotar de legitimidad al sector del Poder Judicial que pretende restringir mediante decisiones procesales la potestad de legislar y de gobernar del Ejecutivo y el Legislativo, era necesario mostrar un “respaldo masivo” a la convocatoria de los fiscales: eso se vio reflejado en las coberturas de los medios de comunicación opositores, que inflaron las estimaciones de asistencia hacia arriba (ver aparte): “La última marcha de protesta contra el Gobierno siempre va a ser la más numerosa. El problema es que ya van por 400.000, así que me juego que la próxima es un millón”, se permitió una ironía la jefa de Estado.
El nuevo ariete
El Partido Judicial cumple la función de un “nuevo ariete contra los gobiernos populares, que suplanta al partido militar en el rol que, en el trágico pasado, asumiera respecto de gobiernos con legalidad y legitimidad democrática”, continuó la Presidenta. “Ya no se trata de golpes violentos que interrumpen el funcionamiento de las instituciones y de la Constitución” sino que, en una “modalidad más sofisticada” los jueces “articulan con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato mediático monopólico, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo” hasta constituirse en lo que llamó “un superpoder por encima de las instituciones surgidas del voto popular”.
Este espacio está “integrado por grupos de jueces y fiscales vinculados y promocionados por los grandes medios y grupos económicos” entre los que hay “defensores de las leyes de la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado durante la última dictadura, otros ex funcionarios políticos de la década del noventa y casi todos de aceitada articulación con las conducciones subterráneas desplazadas de los organismos de Inteligencia”, agregó CFK. Lo que hacen es funcionar “como armadero de causas”, al mismo tiempo que “cajonean otras”, explicó, poniendo una larga serie de ejemplos de ese modus operandi, en el que lo político prima sobre lo jurídico.
“Es el que llama a indagatoria al ministro de Justicia media hora antes de que la Cámara de Diputados comience el tratamiento del nuevo Código de Procedimiento Penal”; pide “indagatoria a la procuradora del Tesoro cuatro días después de que se presenta en el expediente donde se tramita la descabellada denuncia del fiscal Nisman, con un escrito de 60 páginas y prueba documental que da por tierra” con esa denuncia; “cajonea causas de lesa humanidad como la de Papel Prensa, con increíble cantidad de prueba documental y testimonial” contra los dueños de Clarín y La Nación. “¿Será cierto que el juez de la causa, Dr. Ercolini, asistió a la marcha, tal como informan algunos diarios? Pienso que no. Ya sería demasiado”, agregó.
También denunció que “el Partido Judicial no toma ninguna determinación y ‘duerme’ la causa sobre lavado de dinero denunciada por Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan en la Argentina”, que también alcanza al Grupo Clarín; “que aún no permite que se aplique la ley de medios, declarada constitucional por la Corte Suprema, a través de una sucesión infinita de medidas cautelares”; que “ha generado el ‘derecho cautelar delivery’ o el ‘forum shopping’; que “pide la indagatoria del fiscal Dr. Gonella, que investiga lavado de dinero y narcotráfico, haciendo lugar a una denuncia hecha por una jueza que es pareja del narcotraficante Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por contrabando de tres toneladas de cocaína”.
Por último, criticó la denuncia sobre la firma Hotesur, vinculada con la familia Kirchner, investigada por el juez Claudio Bonadio (al que no mencionó directamente), que es accionista de empresas que “tienen las mismas faltas administrativas que las acusadas”; el acoso “en forma nunca vista” sobre el Ministerio Público Fiscal; y la decisión que “por primera vez en la historia” declaró inconstitucional “un tratado internacional firmado por el gobierno nacional y ratificado por el Parlamento, en ejercicio de facultades constitucionales que son exclusivas y excluyentes de ambos Poderes”.
Ese Partido Judicial, agregó la mandataria, que “no va a elecciones”, cuyos miembros “no pagan impuestos” y “tienen sus funciones y prerrogativas de por vida (y “en algún caso están por cumplir un siglo”, agregó, refiriéndose al juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt) es el que está detrás de la “inédita convocatoria” del 18F, “algo realmente tan insólito como sería una convocatoria de ministros del Poder Ejecutivo reclamando una mejor ‘gestión de gobierno’”. Además, agregó, dos de los organizadores de la marcha “fueron acusados por familiares de las víctimas de obstaculizar la causa AMIA y la tarea del propio Nisman”, mientras que otros dos fueron denunciados por un medio español en torno de “su vinculación con barras bravas y ‘sus negocios’” en Boca Juniors, club “que en los hechos comanda” el candidato presidencial del PRO, Mauricio Macri. Los primeros aludidos son los fiscales Germán Moldes y Raúl Pleé, a quien corresponde junto a su colega Carlos Stornelli la segunda de las referencias.
“No cualquier gobierno”
Por último, la Presidenta hizo énfasis en la decisión del fiscal Pollicita de negarse a concurrir al Congreso a explicar la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA contra ella y el canciller Héctor Timerman. “En efecto, los titulares de las comisiones de Justicia, Relaciones Exteriores y Asuntos Constitucionales habían invitado al fiscal en virtud de que el nudo central de la denuncia es el Memorándum de Cooperación Judicial entre Argentina y la República Islámica de Irán con motivo del atentado de la AMIA, firmado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, por tratarse de un Acto Federal Complejo, que requiere para su perfeccionamiento la intervención de los dos Poderes”, recordó.
Para CFK, “resultan realmente sorprendentes, y una muestra más de cómo funciona el Partido Judicial, los motivos que alega el fiscal Pollicita para no concurrir al Congreso de la Nación a explicar una denuncia tan importante”, ya que “sostiene la necesidad del ‘secreto de sumario’” debido a que la investigación que lleva a cabo podría frustrarse en caso de que algunos detalles tomaran estado público. “¿Dónde estaba el fiscal Pollicita cuando el fiscal Nisman hizo un verdadero raid periodístico por TV, radio y diarios, dando pelos y señales de su denuncia? ¿O cuando decidió ir al Congreso invitado por la oposición? ¿Qué pasa con los fiscales del Partido Judicial? ¿Cuando los invita la oposición aceptan y cuando los invita el oficialismo lo rechazan?”, señaló.
Por eso, concluyó Fernández de Kirchner, “el Partido Judicial, además de ser partido, es opositor y destituyente del Gobierno”, pero “no de cualquier gobierno” sino del que ella encabeza, y enumeró los motivos por los que un sector de ese poder se opone a su gestión: es “el Gobierno de la Memoria, la Verdad y la Justicia” y el “de la derogación de la leyes de impunidad”; es “el gobierno que abrió todos los archivos y relevó a todos los agentes de Inteligencia para que hablaran sobre el caso AMIA” y “el único gobierno argentino que le reclamó en la ONU cooperación judicial a la República Islámica de Irán para el esclarecimiento de la causa”; además es “el gobierno que más recursos dio, económicos y humanos, a quienes investigan el atentado terrorista de la AMIA ocurrido hace 21 años, sin que haya un solo detenido, ni un solo condenado”.
Pero además de esas cuestiones, la Presidenta aseguró que la resistencia de los sectores de poder concentrado se deben a “la AUH”; la recuperación de “los recursos de los trabajadores de las AFJP”; “la mayor inclusión en materia previsional” y “la movilidad jubilatoria”; “los planes Pro.Cre.Ar, Progresar, Conectar Igualdad”; “la mayor inversión de los últimos 50 años en materia ferroviaria”. Tampoco le perdonan, aseguró, ser “el gobierno que desendeudó al país”, que “les pagó al FMI, al Club de París y se niega a pagar a los fondos buitre tasas usurarias”; ni ser “el gobierno que creó más de 5 millones de puestos de trabajo”, “reinstaló los convenios colectivos” y “volvió a hacer funcionar el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.
Además, continuó, este gobierno llevó a cabo todos esos logros al mismo tiempo que lograba la reindustrialización del país con “los salarios más altos de América latina, nominalmente y en paridad de poder adquisitivo”; construyendo “las obras de infraestructura más importantes de los últimos 50 años”, entre las que están Yacyretá y Atucha II, eternamente postergadas. También destacó la construcción y el lanzamiento al espacio del primer satélite argentino; la renovación del Plan Estratégico Nuclear “con inversiones superiores a los 11.000 millones de dólares”; la repatriación de “más de 1000 científicos” con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología; la apertura de “nueve universidades nacionales nuevas” en paralelo al “sistema nacional de becas con mayor inclusión de toda la historia”.
Finalmente, destacó la ampliación de derechos “con el matrimonio igualitario, con la igualdad e identidad de género”; el restablecimiento del Estatuto del Peón Rural y la inclusión del personal de casas de familia con todos sus derechos laborales y de seguridad social; la integración regional a partir del “NO al ALCA y SI a Mercosur, Unasur y la Celac”. Y por último destacó un dato que, a diferencia de los anteriores, no suele repetirse en sus discursos: “Aunque no lo creas –concluye la carta–, el gobierno que mayor presupuesto le ha dado al Poder Judicial”.
EN EL OFICIALISMO COINCIDIERON CON CFK
Voces de respaldo
El oficialismo respaldó la denuncia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el “Partido Judicial”, al que acusó de “destituyente”. Dirigentes, funcionarios y legisladores de primera línea, entre ellos cuatro precandidatos presidenciales, tomaron la posta luego de que la mandataria publicara su carta en las redes sociales y coincidieron en su diagnóstico, al tiempo que ratificaron su respaldo al gobierno que ella conduce.
- Daniel Scioli, gobernador bonaerense: “Algunos buscaron la oportunidad de un golpe político, tanto en la desgracia como en la marcha. Han querido aprovechar una situación para sembrar zozobra, desesperanza. Se han puesto muy en evidencia. Seguramente que muchas personas se movilizaron de buena fe y de manera espontánea para manifestar su sentimiento y recordar a Nisman, pero también es evidente que se metió una fuerte impronta política. Lo importante es que no se politice la Justicia y que no se judicialice la política. Es necesario defender la gobernabilidad, la institucionalidad del país y la independencia de poderes ante aquellos que se ensañan y embisten permanentemente”.
- Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte: “Ni el ‘Partido Judicial’, ni los medios opositores encabezados por el Grupo Clarín, ni los buitres de afuera, ni los rapiñeros de adentro podrán detener este proyecto que conduce Cristina y ha transformado a la Argentina. Aquellos que creemos en la independencia de la política de esos sectores, como condición fundamental de transformación, sabemos que esa libertad es la que permite gobernar para las mayorías, como lo hizo Néstor y lo hace Cristina. Y eso es lo que les molesta”.
- Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos: “Los medios de comunicación y los partidos opositores quieren inventar candidatos y apuntan a algunos miembros del Poder Judicial ante la falta de figuras convocantes en el sector opositor. Es desesperación, es la utilización de la población para llevar a cabo el dictado de las corporaciones. Son la clara expresión de la dictadura de las minorías que intentan imponer sus ideas mediante la manipulación constante. Llevan casi 12 años de críticas, de operaciones y mentiras, y nunca lograron imponer sus candidatos”.
- Jorge Taiana, legislador porteño: “Los intentos de los grupos concentrados de utilizar al Poder Judicial para detener el modelo puesto en marcha en 2003, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, están condenados al fracaso porque el pueblo no se engaña y mayoritariamente apoya y defiende este proyecto”.
- Julio De Vido, ministro de Planificación Federal: “Comparto firme y solidariamente lo expresado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
- Martín Sabbatella, titular de la Afsca: “Cristina expresa con claridad lo que está pasando en el país: una parte del Poder Judicial ha decidido liderar la lucha de las corporaciones por la defensa de sus privilegios. En las últimas semanas, la corporación judicial decidió avanzar aún más fuertemente sobre los otros dos poderes del Estado, enfrentando numerosas decisiones tomadas por los representantes del pueblo, en la Casa Rosada y en el Congreso de la Nación; y lo está haciendo en alianza con corporaciones económicas y mediáticas”.
- Patricio Mussi, intendente de Berazategui: “Claramente hay dos modelos de país y no veinte. Como la mayoría en las urnas elige este modelo, nos quieren imponer el de ellos. Antes con balas disparadas por militares y civiles. Ahora, con denuncias al Gobierno presentadas por fiscales con la complicidad de jueces vitalicios. Siempre la misma obediencia debida”.
- Leonargo Grosso, diputado nacional: “Los que hoy golpean las puertas de los tribunales son los que en otros tiempos golpeaban las puertas de los cuarteles. La aparición del ‘Partido Judicial’ es la novedad política en Argentina y, como dice Cristina, el 18F fue su bautismo de fuego, pero esto se venía orquestando de antemano”.
SOBRE EL CALCULO DE LA CONVOCATORIA
“De marchas y números”
“El objetivo oculto e implícito de la marcha” es “el bautismo de fuego del Partido Judicial”, que “debe aparecer con ‘respaldo masivo’”; de allí “ese evidente empecinamiento en agregarle ceros a una marcha”. Eso sostuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto de la cobertura de la manifestación del 18F que hicieron los principales medios opositores, duplicando las estimaciones de asistencia con respecto a otras movilizaciones antikirchneristas que se realizaron en el pasado.
“La polémica sobre la marcha y el número de la concurrencia merece un análisis especial”, escribió CFK. “Para evitar subjetividades –continuó–, resulta conveniente recurrir, como fuente, a los propios medios opositores.” En ese sentido, citó las coberturas de Clarín y La Nación de “las marchas opositoras más grandes” en contra de su gobierno y del de Néstor Kirchner: “Una convocada por el ‘ingeniero’ Blumberg en la plaza del Congreso el 1º de abril del 2004” y “la otra organizada en el Monumento a los Españoles, sobre la Avenida del Libertador, por las patronales rurales el 15 de julio del 2008, luego de 127 días de lock out”.
Según consigna la mandataria en su texto, la tapa de Clarín del día posterior a la marcha convocada por Blumberg decía que “hubo 150.000 personas frente al Congreso” y que “fue una de las mayores concentraciones desde la vuelta de la democracia”; mientras que La Nación informaba que “en la más impresionante manifestación popular en muchos años” participaron “unas 150.000 personas”. Para CFK, “impresiona cómo ambos diarios cuentan con tanta exactitud la misma cantidad de gente”.
En cuanto a la movilización ruralista en Palermo, que se hizo en oposición a una convocatoria del oficialismo a la plaza del Congreso, a la Presidenta le “llama la atención la precisión del diario La Nación comparando los dos actos”. En esa ocasión acusaron “237.000 personas en el acto sobre la Avenida del Libertador y 103.000 personas en el Congreso, en el acto que presidía Néstor Kirchner”.
Finalmente, la jefa de Estado mencionó la cobertura del cacerolazo del 18 de abril de 2012: “Prestá atención al título y al subtítulo. Dice que es la mayor protesta contra el Gobierno. La protesta de la foto fue por la reforma de la Justicia, que luego de aprobada por el Congreso fue rechazada por el Poder Judicial. La crónica dice que a esa manifestación fueron ‘cientos de miles’”. Por eso, “basta mirar las tapas de ambos diarios del día 19 de febrero” de este año, luego de la marcha de silencio, junto a las fotos de los diferentes actos “para que la cifra mencionada de ¡400.000 personas!, resulte patéticamente absurda y políticamente armada”.
Para Fernández de Kirchner “las fotos y sus perspectivas, sus propios textos, los lugares físicos comunes ocupados y su capacidad tornan demasiado grosera la mentira”, en la que reside “el objetivo oculto e implícito de la marcha” de darle fuerza y “respaldo masivo” al Partido Judicial. “Por si no te queda claro –concluyó la Presidenta–, el tema es que la última marcha de protesta contra el Gobierno siempre va a ser la más numerosa. El problema es que ya van por 400.000, así que me juego que la próxima es un millón.”
OPINION
Lo que pasó después de la lluvia
La Marcha del Silencio avivó el activismo opositor. Comodoro Py y su ofensiva política. Macri suma a Reutemann, el escenario nacional y el santafesino. La interna entre el líder del PRO y Massa, dos movidas de diversa intensidad. Los cálculos opositores y las presiones para la unidad. La lógica corporativa y la política, difíciles de compatibilizar.
Por Mario Wainfeld
Serás lo que debas ser... El 18F se concibió como movida opositora y lo fue. El formato se eligió con astucia, el estandarte fue el fiscal Alberto Nisman. No está determinado si su muerte violenta y dudosa fue suicidio u homicidio. Las pruebas acumuladas tienden a convalidar la primera hipótesis aunque la instrucción va lenta y no concluyó. Una resolución en ese sentido hubiera vaciado de fundamento al 18F, que parte de (y necesita) otros presupuestos.
La jornada empezó y concluyó pacífica, a despecho de contados desbordes o ataques de sinceridad. Fue muy masiva.
Pecaron de falaces o cuanto menos descolocadas las disquisiciones que pretendían que el oficialismo se sumara a la manifestación. Figuras conocidas se hubieran expuesto a insultos o algo peor, su presencia hubiera alterado el tono sereno de la jornada. Un episodio previo, poco rememorado después, es lo que le sucedió a Alejandra Gils Carbó semanas atrás. La Procuración General emitió un correcto comunicado comunicando consternación por la muerte del fiscal y dando condolencias. Gils Carbó fue al velatorio y envió una corona. La vituperaron, algunos guapos de cartón amenazaron agredirla y la corona fue hecha trizas. Se condujo con corrección y respeto... no fue tratada en consonancia. La frondosa producción escrita y verbal “republicana” no computó el episodio y mucho menos señaló su inconveniencia.
Es cierto que el Gobierno, en general y el PJ debieron honrar más el duelo familiar. Pero el contexto no permite ser necio, el 18F fue lo que debía ser: monopolio y recurso de la oposición, en varias vertientes. Un conjunto en que conviven protagonistas políticos con poderes fácticos. Entre éstos, la horda de jueces y fiscales que buscaron blanquearse en un rapto de habilidad sorpresivo.
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Actuar en caliente. Un hecho político exitoso incita a sacar rédito. El ala conservadora del Poder Judicial y los partidos de la oposición se movieron con velocidad. Varias jugadas se produjeron de volea, actuando en caliente.
La población mayoritaria de Comodoro Py se leyó robustecida y hasta blindada, ergo se activó. Varias decisiones adversas al Gobierno se difundieron ya el 19F, mientras seguían las repercusiones de la marcha. La más importante no ocupó la primera plana de los diarios: se trata de la ratificación de una cautelar que suspende la adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Otra Cámara federal, en este caso penal, ratificó el procesamiento al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. El veredicto se sabía de antemano, también que la fecha de la sentencia estaba prefijada para más adelante. Pero los magistrados percibieron el momentum.
Hasta los formadores de opinión de los medios dominantes escribieron que la fecha fue elegida adrede, para generar otro hecho adverso al oficialismo, en plan de seguidilla. La carta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ayer (ver páginas 2 y 3 de esta edición) los llama “partido judicial”. No hay duda de que actúan como tal, desplegando una ofensiva que todo tiene de acción política.
Entre los presidenciables que alardearon del perfil bajo, dos movieron ficha: el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el diputado Sergio Massa. La potencia de sus anuncios luce, a primera vista, muy diferente. Hablamos ya de la política electoral, una de las variables en las que aspiró a influir el 18F.
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Lluvias y olvidos: Con contadas y honrosas excepciones, el atentado a la AMIA fue uno de los temas ausentes en la Marcha del 18F. Poco o nada se reclamó sobre el único encubrimiento comprobado, filmado y que está llegando a juicio oral. Ese punto descalifica a los fiscales convocantes Raúl Plée y Germán Moldes, que participaron en el desquicio. Sus cofrades y compañeros de ruta callaron.
Las organizaciones de familiares de víctimas los denunciaron. Su fundada y sentida ausencia vale como un clamor, escamoteado por la frondosa literatura “republicana”. Se aduce que el fiscal Alberto Nisman es la víctima 86 de la AMIA, pero medió desinterés por la parentela de los 85 que fueron masacrados.
No era ése, al fin, el motivo central, la sed, que congregó a los manifestantes. Nisman fue un común denominador, que sirvió para unir al archipiélago de votantes opositores.
Se exaltó que “la gente” saliera de su letargo, que ocupara la calle después de años de atonía. “La gente...” hummm. La parte reivindica ser el todo, un criterio chocante en democracia.
Además, la memoria es corta, de nuevo: la movilización fue un factor constante e intenso en los años del kirchnerismo (ver recuadro aparte).
La marcha “no politizada” dista de ser algo novedoso, aún para la autorreferencialidad opositora. En su imaginario, es el promisorio esbozo de una oposición política unida.
Lo que no se ha conseguido, ni en 2007 ni en 2011 es que “la oposición” superara la fragmentación electoral.
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Lole conducción: Tal como anticipó ayer Página/12, Macri divulgó a través de las redes sociales que “el Lole se suma y cada vez somos más”. El senador Carlos Reutemann fortifica al PRO en Santa Fe, donde cuenta con un taquillero candidato a gobernador, el diputado Miguel del Sel. Este estuvo a milímetros de ganarle al socialismo en 2011 y va por la revancha.
Según los baqueanos locales (y los consultores nacionales), Del Sel siempre atrajo votos del peronismo de derecha santafesino. Unos cuantos dirigentes reutemistas lo venían acompañando con mayor o menor visibilidad.
Desde 1991, cuando el entonces presidente Carlos Menem lo convenció de lanzarse a la actividad política, Reutemann es un referente provincial y un candidato convocante.
Las Primarias para la gobernación son en abril, las elecciones en junio, con régimen de vuelta única. El macrismo aspira a ir por una redoblona en ese mes, cuando también se elige jefe de Gobierno en la Ciudad Autónoma. No corresponde afirmar nada rotundo hasta que hablen las urnas, pero PRO es competitivo en Santa Fe y favorito en la Capital.
La jugada de Macri lo muestra vivaz. Incorpora a un peronista, cuyo pase “vale doble” porque podía haberle sido disputado por Massa.
El PRO se transversaliza un poco, no se conforma con ser la referencia no peronista, antiperonista o gorila, elija usted. No hay contradicción ideológica entre Lole y Mauricio pero sí procedencias diferentes.
Pocos días atrás se había anunciado la curiosa coalición con la diputada Elisa Carrió para competir en las Primarias Abiertas. La proclividad del radicalismo “oficial” a ir detrás del PRO, consolida un cuadro de avances de esta fuerza respecto del Frente Renovador (FR), su rival más fuerte en la interna de “la opo”.
Es la segunda vez que Macri elige un sábado para hacer un anuncio político en medio de la primacía del caso Nisman en la agenda pública. Estará en las tapas de los diarios de hoy, en mayor o menor nivel. Repite una táctica mediática, ocupa espacio.
Comparativamente, luce flojo el eventual aporte del senador Fernando Solanas al massismo. Criticarle inconsecuencia ideológica al FR es redundante u ocioso. El veletismo vedettista de Pino es más chocante, ya que contradice muchas virtudes de su trayectoria personal. Ni el pragmatismo lo ampara: posiblemente vaya a disputar la Jefatura de Gobierno porteña donde tiene toda la pinta de salir cuarto. Remarcamos por segunda y última vez que los vaticinios son mirando el mapa de hoy. Pueden fallar y el escenario puede cambiar.
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Cuentas claras o no tanto: La Presidenta arrasó a sus adversarios en las dos elecciones que la llevaron y la dejaron permanecer en la Casa Rosada. No es candidata ahora, la competencia de por sí es más pareja. El FpV imagina poder prevalecer en primera vuelta superando el cuarenta por ciento y que ningún contrincante llegue al treinta por ciento.
Hagamos cuentas rústicas, como abundan en las mesas de arena. Hablemos en porcentajes, que es más sencillo. Hay en disputa un ciento por ciento de votos. El FpV es el de caudal (en apariencia) más previsible: podría tasársele hoy día un piso de treinta por ciento y un techo de cuarenta. Queda para la opo dividirse entre un sesenta y un setenta.
No todo será para los más convocantes.
La izquierda radical no aspira a ganar, pero sí a mejorar su buen desempeño de dos años atrás.
Si los radicales, como todo lo indica, van con el PRO (sumados en fórmula o participando en las Primarias Abiertas) es bien factible que haya alguna fórmula de los integrantes del FA-Unen que queden afuera.
Y está por verse qué hacen los hermanos Rodríguez Saá que en general optan por buscar su lugarcito bajo el sol en primera vuelta.
Ninguno de esos espacios es una topadora, pero entre todos algo juntarán, restándolo al FR y al PRO.
Si Massa y Macri contienden, uno debe sacar buena diferencia sobre el otro para superar el 30 por ciento y complicar un triunfo en primera vuelta del FpV. O sea, en cualquier caso al espacio opositor le conviene que haya polarización en primera vuelta. Es, ya que estamos, el cuadro que se dio en Brasil y en Uruguay.
He ahí el sentido de las presiones del establishment económico y del Grupo Clarín en especial para que sus paladines “se junten”. En ese afán cualquier bondi (o metrobús) los deja bien. Para los candidatos y sus partidos la cuestión tiene más aristas. La bandera es sencilla: desalojar al kirchnerismo. El intríngulis es cómo conjugar las aspiraciones de los integrantes de cada fuerza o sea cómo repartir los porotos.
Hay otro problema potencial en danza: no está escrito que la unidad de todos los partidos grandes garantizaría que sus votantes los acompañarían sin deserciones. Los habrá (puede haberlos) con remilgos para unirse a cualquiera, con pertenencias o historias que le hagan intragable una entente. El recuerdo de la Alianza puede gravitar en el imaginario ciudadano, en cierta medida.
Como fuera, crecerá la presión corporativa sobre Macri y Massa o para ir a las Primarias Abiertas “todos contra todos” o para que uno “se baje”. O, mucho más difícil de concretar, para una fórmula conjunta. La de Macri con el senador radical Ernesto Sanz es más viable, con las coordenadas de hoy.
Las encuestas son indigestas, de ordinario poco creíbles. Si se repasan las acciones y la sensación térmica parece que Macri le sacó ventaja a Massa desde octubre de 2013.
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La calle y los retos: Las interpretaciones “del palo” sobre la Marcha le atribuyeron una cantidad de virtudes. Ejemplar, fundacional, jamás vista. Son más expresivas del sentimiento opositor que precisas. Primó un esfuerzo de los manifestantes para autolimitar tópicos que le son caros: los acarreos de personas, el chori, los insultos. A alguno se le chispoteó pero se deseaba esa presentación, previniendo posibles críticas de sus adversarios. No está mal, en un sistema democrático.
La diputada Patricia Bullrich no pudo con su idiosincrasia. Al toque habló de “un golpe duro en el culo” del kirchnerismo. Su poética fue parecida aunque menos ingeniosa que las bromas motivadas por la medicación elegida por River para combatir los efectos de la altura.
La marcha cumplió su cometido aunque no dejó de ser un ejercicio para ciudadanos definidos de antemano. A la oposición le queda el reto de persuadir a los no convencidos. También le atañe al oficialismo.
La transigencia, la serenidad y hasta el mutismo pueden ser una carta de presentación atendible para sectores ciudadanos incómodos por la polarización o la crispación. Pero no es fácil hacer proselitismo sin palabras... menos cuando dirigentes como Bullrich se zarpan con velocidad.
La movilización es intensa en la Argentina y paga bien en términos políticos. La oposición lo paladea y mejora su posición relativa. Debería reparar en un mensaje a mediano plazo: es difícil mantener la gobernabilidad si no se satisfacen intereses populares masivos. La capacidad reactiva de la sociedad civil es alta. El kirchnerismo combinó gobernabilidad de largo plazo con participación intensa, a menudo en su contra. Sus adversarios deberían poner las barbas en remojo, si llegan a relevarlo.
Internalizarlo es un desafío para los dirigentes políticos, aunque es algo que no atribula a la furibunda oposición corporativa. Un enigma es si los candidatos más competitivos piensan en esos términos. Si no lo hicieran y llegaran a vencer, estarán en apuros.
El domingo próximo se abren las sesiones ordinarias del Congreso. Hablará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por última vez. Sus militantes y partidarios suelen acompañarla en la Plaza del Congreso. Ahora tienen motivos redoblados para repetir la costumbre.
Gente con calle
Por Mario Wainfeld
Uno de los lugares comunes más socorridos de los apologistas del 18F es la irrupción de la ciudadanía, tras años de pasividad. Los llaman “gente”, dejan picando qué son “los otros”.
Si un politólogo noruego recién llegado a la Argentina los escuchara pensaría que en la Argentina de los años recientes flaqueó la acción directa.
Si el mismo académico hubiera escuchado las polémicas de ese tiempo, se sorprendería porque proliferaron quejas por lo contrario: los paros, los cortes de calles y rutas, los piquetes.
En verdad, la apatía (relativa) o mejor la falta de potencia de “la calle” tuvo su cenit en los ’90, epilogó en diciembre de 2001 y desde entonces se mantuvo in crescendo.
La protesta social fue una constante desde principios de siglo. La herramienta, funcional para interpelar a los gobiernos o llamar la atención, fue usada por todos los estamentos sociales. Piquetes de pobres o de propietarios, cacerolas de clase media, paros activos, cortes de la Panamericana en las horas pico por un conflicto de empresa... Los ejemplos sobran y por algo existen. Recordemos algunos picos.
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Una protesta ciudadana por la tragedia de Cromañón llevó a derrocar mediante juicio político al jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, aliado del oficialismo en el segundo distrito electoral del país. No hay muchos ejemplos en la experiencia internacional comparada, si es que hay alguno.
Los vecinalistas de Gualeguaychú cortaron un puente internacional durante un lapso prolongadísimo. Atizaron un conflicto con Uruguay, condicionaron la política internacional argentina. Tampoco es sencillo encontrar precedentes similares.
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Hubo, antes del miércoles, fuertes movidas estrictamente antikirchneristas. (O) ponerle el cuerpo es una gimnasia practicada desde abril de 2004, de la mano de Juan Carlos Blumberg, quien congregó una muchedumbre. Fue una estrella fugaz que ascendió prematuramente y cayó en consonancia.
En 2008, la revuelta de las patronales agropecuarias concentró más adhesiones, fue perdurable. Se embanderó como federal, usó de la acción directa con picardía y enorme lesividad. Organizó dos actos con gran asistencia: en el Monumento de la Bandera en Rosario y frente al Zoológico porteño. Impactó en las elecciones de 2009, las más flojas del kirchnerismo desde 2003. En sus trances más exaltados, tuvo un marcado tinte destituyente. Avivó ilusiones, democráticas y de las otras de la oposición. Tampoco bastó, de cualquier manera es el precedente más similar al 18F.
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El ansia fundacional es una constante en la historia argentina. Nadie está exento, como se ha contado en una reseña que se podría extender muuuucho.
La defensa del canciller
”Hicimos más que cualquier otro gobierno para saber quién cometió el terrible crimen contra la AMIA.” La declaración corresponde al canciller Héctor Timerman, quien en una entrevista concedida a la cadena de noticias británica BBC dialogó sobre la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman presentó contra él, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo, por considerarlos culpables de encubrir el atentado en el que murieron 85 personas. Timerman sostuvo que está preparado para defenderse ante los tribunales porque no hizo “nada malo”: “Al contrario”, remató. “Estoy listo, puedo ir mañana, a la hora que me llamen”, mencionó en el diálogo con la prensa británica que fue reproducido ayer en el sitio en español de la cadena. En la entrevista dijo saber que Nisman había preparado un escrito en el que pedía su detención: “Yo sé que Nisman preparó un borrador pidiendo mi arresto, yo sé que lo que él denunció no es cierto y me defenderé en los tribunales”, sostuvo. “No tengo nada que esconder. Ni la Presidenta ni yo hicimos nada malo, al contrario, hicimos más que cualquier otro gobierno para saber quién cometió el terrible crimen contra la AMIA”, dijo el canciller en relación con el atentado a la mutual judía. Y agregó: “Estoy orgulloso de lo que hice, porque fue en el nombre de las víctimas, mi compromiso es sólo con ellas. No hago política con las víctimas”. En esa línea, defendió el memorando firmado entre Argentina e Irán, cuyo objetivo era lograr que los imputados iraníes prestaran declaración indagatoria por el hecho. “Nosotros tuvimos negociaciones secretas con Irán, igual que si tuviéramos que negociar sobre la devolución de las islas Malvinas por parte de Reino Unido, negociaríamos con los británicos. Fueron secretas por la importancia del asunto”, dijo. En la entrevista, también lo consultaron por la marcha del último 18 de febrero, convocada por fiscales a un mes de la muerte de Nisman y a la cual asistieron cientos de miles de personas. “Tenemos que reconocer que la gente que fue estaba enojada, pero yo estoy en política desde hace mucho y he estado en marchas mucho más grandes que ésta, muchas veces. Argentina es un país donde a la gente le gusta manifestarse, y eso me gusta”, dijo. En ese sentido, aconsejó al entrevistador: “Recuerde las marchas que se organizaron contra el presidente chileno Salvador Allende ¿fueron democráticas? La gente a veces sale a la calle, pero no significa que eso sea democrático”. Y continuó: “Fue una marcha muy importante de gente que estaba enojada con el gobierno. Tengo que respetar y tengo que escuchar”, mencionó. Según lo publicado por la BBC, Timerman acusó al grupo Clarín de estar “usando el caso, no nosotros. Yo no conozco al juez, nunca lo conocí, tampoco al fiscal. Yo no me entrometo en la Justicia”.
Reacción opositora
Al mismo tiempo, hay un intento por desalojar al kirchnerismo de posiciones simbólicas desde las que se ha movido con comodidad en la última década. “No nos perdonan la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida”, dijo CFK horas antes desde Atucha. Esa es una reflexión de fondo que requeriría un intenso trabajo político por parte de la militancia para que fuera más claro el nexo entre esa decisión que liberó al sistema político del chantaje de los guardaespaldas del capitalismo, como llamó a las Fuerzas Armadas el poeta salvadoreño Roque Dalton, y los episodios de estos días.
Sin partido
Las clases sociales que organizaron la Nación e insertaron su economía en el mercado mundial como proveedora de bienes primarios e importadora de productos industriales y excedentes de población no fueron capaces de construir un partido político que expresara sus intereses en la competencia electoral, a diferencia de lo que ocurrió en otros países. Desde 1916 en adelante esa oligarquía liberal que importó su modelo económico de Gran Bretaña y tuvo su faro cultural en Francia, fue una y otra vez derrotada en las urnas por fuerzas plebeyas que expresaron el ascenso social de la inmigración extranjera y de los migrantes internos en la generación siguiente. Las políticas regulatorias y distributivas del yrigoyenismo y del peronismo enardecieron a esos sectores propietarios, que no compartían la visión de la izquierda marxista para la que esos movimientos eran tibios reformistas que propugnaban una imposible conciliación de clases e incluso portaban elementos autoritarios y fascistizantes. El remedio a su impotencia electoral fue la conversión de las Fuerzas Armadas en Partido Militar, que entre 1930 y 1990 dieron entre uno y tres golpes por década. A ello colaboró la Iglesia Católica, que les proveyó de munición conceptual para tomar una y otra vez el gobierno en defensa de la salvación y la unidad nacional. Este ciclo recién concluyó en 1983, fecha fundacional de la democracia argentina, que puede dividirse en dos períodos bien diferenciados. El primero, de cooptación de los partidos de origen y tradición popular por los poderes fácticos, que intentaron gobernar a través de ellos, con fuertes contradicciones durante la gestión de Raúl Alfonsín, y en armonía durante la década de Carlos Menem, quien hizo propias con entusiasmo las políticas que le impusieron, una vez que vio cómo afeitaban en seco a su predecesor. Pero esa conformidad entre poder económico y gobierno electo fue excluyendo cada vez a más personas hasta estallar con la crisis de fin de siglo. Esto dio lugar a una segunda etapa, que dura hasta hoy, en la que uno de los partidos históricos volvió a las fuentes y expresó desde el gobierno los intereses que lo sustentan, lo cual lo puso en conflicto con lo que Eduardo Basualdo caracterizó como la oligarquía diversificada, que con actividades tanto agropecuarias como industriales y financieras, conduce a la burguesía en su conjunto y enfrenta a la alianza populista. La participación en la marcha de la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales, el Foro de Convergencia Empresaria, la Asociación Empresaria y la Unión Industrial es elocuente sobre su nivel de involucramiento.
Durante el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados por la reforma a la ley de Inteligencia Nacional, el Secretario Oscar Parrilli recordó la marcha del Corpus Christi de junio de 1955 y los bombardeos que asesinaron a 300 personas en la Plaza de Mayo. La composición social de ambas manifestaciones es la misma, así como de otras previas y posteriores. Pero el sentido de cada una es muy distinto. Las velas que iluminaban los reclamos punitivistas del ex ingeniero Blumberg se encendieron cuando Néstor Kirchner no había cumplido un año en el gobierno, al que accedió con menos votos que Arturo Illia cuarenta años antes. El intento de la Sociedad Rural por desabastecer las ciudades y forzar una capitulación del gobierno y la sugerencia risueña de su presidente de entonces, Hugo Biolcati, de que el vicepresidente Julio Cobos debía asumir la presidencia, se produjeron en el primer año de gobierno de CFK. Esta marcha, en cambio, ocurre en su último año, cuando se discute en plena competencia electoral quién la sucederá. Desde Atucha, la presidente dijo ese mismo día que “tenemos que garantizar que quien conduzca este Estado argentino tenga las mismas ideas sobre autonomía, sobre soberanía, sobre ingreso popular, sobre el trabajo de los argentinos, sobre la ciencia y tecnología”. Los indignados del jueves que son los resfriados del fin de semana piensan lo contrario. Si el final apocalíptico del gobierno de Raúl Alfonsín fue parte de la educación presidencial, para que Carlos Menem entendiera los límites de lo que le estaría permitido, los pujos judiciales y económicos contra el gobierno de Cristina van dirigidos a impedir la continuidad programática que ella reivindicó o en todo caso a ilustrar a todos los interesados sobre los costos del atrevimiento. Maurizio Macrì es el único precandidato que no necesita de esa advertencia: él proviene del otro lado del mostrador. En sus seis años de gobierno ya cuadruplicó la deuda externa de su municipio. Esta semana incurrió en un notable acto fallido: “Gobernar es escuchar, lo contrario a lo que piensa la presidente”, dijo el alcalde porteño, aún bajo proceso por escuchas ilegales a una víctima del atentado a la DAIA.
Cuestión de tamaño
Cada policía midió lo que le convenía a su respectivo gobierno, lo cual no es un signo de madurez institucional. Un cálculo alternativo fue realizado por La izquierda Diario, la publicación electrónica del Partido de los Trabajadores Socialistas que integra el Frente de Izquierda y los Trabajadores: desestimó tanto los 400 mil manifestantes que vio la Metropolitana (“Clarín y la Policía de Macri desafían las leyes de la física. En la pelea por la opinión pública, el ridículo no tiene límites”), como los 50.000 de la Federal. Con métodos para el cálculo de multitudes desarrollados por la Universidad de California hace medio siglo, tomando en cuenta las dimensiones del lugar donde ocurren los hechos y la fluidez o densidad de la multitud, y perfeccionados luego con nuevas tecnologías, concluye que si se toma en cuenta la superficie de la Plaza de Mayo que fue ocupada por la marcha (con los canteros vacíos), las nueve cuadras desde el escenario hasta el punto de inicio en Plaza Lorea, por Avenida de Mayo y las laterales Yrigoyen y Alsina, y se tiene en cuenta que el uso de paraguas aleja cualquier posibilidad de agolpar cuatro personas por metro cuadrado, “el número arrojado por la Policía Metropolitana y publicitado por Clarín es absolutamente ridículo. Un cálculo que desafía no sólo los métodos científicos más actuales, sino principios básicos de la física, desde Pitágoras a Newton”. Para LID el número real de asistentes fue de entre 70 y 90.000. Esta es una cifra nada desdeñable si se piensa que las movilizaciones conmemorativas de cada 24 de marzo atraen a un número que según los años oscila entre 50 y 100.000 personas. Según el diario de la izquierda, quienes participaron eran “básicamente de la clase media capitalina, votantes de Macri, de promedio de cuarenta y cincuenta años para arriba”. Incluían “parejas y grupos familiares, cincuentones, a veces del brazo de sus hijas (sólo allí se vio la mayor participación juvenil)”. LID también señaló “la notoria ausencia de contingentes juveniles, que sí había mostrado la oposición en el conflicto del campo del 2008, donde sectores universitarios marchaban en ciudades como Rosario o Córdoba. Pareciera que, generacionalmente, la derecha no tuviera futuro”. Al cotejar distintas situaciones también indica que los fiscales de Comodoro Py no son “nuevas figuras convocantes de la oposición”, reconocidas por la multitud, como Alfredo De Angelis durante el lock out agrario o Blumberg en 2004. Advierte también la ausencia de “sectores de la clase media ‘progresista’ del tipo de los viejos votantes de Pino Solanas. Distinto que en el 2008 en Palermo o en el Monumento a la Bandera rosarino, esta vez la clase media tuvo una expresión más acotada, casi exclusivamente de los sectores más pudientes”. Con comprensible pudor trotskysta omite cualquier referencia a las banderas rojas que en 2008 acompañaron a la Sociedad Rural y que esta vez se abstuvieron, lo mismo que el grupo político y sindical de Víctor De Gennaro y Claudio Lozano. Añade que la marcha tuvo réplicas menores en Córdoba, Tucumán, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y otras ciudades “que expresaron el mismo y acotado sector social”. Este nuevo episodio en la guerra de desgaste contra el Gobierno no le parece que se acerque a definiciones, pese al salto de intensidad de la imputación a la presidente por parte de Nisman. En una columna de análisis, La Izquierda Diario explica que si en las jornadas de fin de siglo “la clase media actuaba como uno de los motores de un cuestionamiento profundo al régimen político y social imperante, el fin de ciclo kirchnerista la encuentra motorizando la construcción de una oposición patronal gorila y reaccionaria. Un giro copernicano que viene a (re)demostrar la volatilidad de una clase social fragmentada a la que la ideología ‘ciudadana’ –que expresó esta movilización– calza como anillo al dedo. La relativa estabilidad económica, aún con elementos recesivos, juega su papel. La atadura de las finanzas provinciales al estado nacional actúa como una suerte de látigo para quienes quieran sacar los pies del plato. Por ahora, parece que todo seguirá igual, aunque las tensiones internas sigan creciendo en cuotas. La ausencia de la perspectiva ‘golpista’ implica, necesariamente, la guerra de desgaste, lo que supone imponer condicionamientos al gobierno y, a largo plazo, liquidar al kirchnerismo como factor político. Pero sin una recuperación de figuras políticas fuertes en la oposición, el plan renguea”. Revivida después de la muerte de Nisman, la oposición levantó su moral. “Pero los paraguas no pudieron ocultar los límites del contenido social y político de esa multitud. Las clases medias altas que hegemonizaron la jornada no parecen tener ningún efecto expansivo, como en alguna medida habían logrado el ingeniero Blumberg en 2004 y los empresarios rurales en 2008. Quienes llevaban los paraguas hace tiempo eran antikirchneristas. Los fiscales ‘silenciosos’, por su parte, tienen prontuarios que complican cualquier plan de convertirlos en héroes populares. Y además, la oposición que fue parte del 18F tiene la contradicción de que la marcha era una, pero son siete los pre-candidatos a presidente que intentan capitalizarla. Es mucho”, se cierra otro de los artículos de LID. El diario también realizó una encuesta entre sus lectores. El 10 por ciento se pronunció “a favor del 18F”; el 36 por ciento “en defensa del gobierno” y el 54 por ciento ni con uno ni con los otros.
Políticos y antipolítica
El hijo del historiador José Luis Romero escribió que los políticos asistieron a la marcha “vestidos de ciudadanos y mezclados con el resto”. Al hacerse cargo con su disimulo del discurso de la antipolítica ponen límites a la movida impulsada por Comodoro Py con generoso apoyo empresarial, del sindicalismo opositor y del Grupo Clarín, que el viernes consiguió un nuevo fallo para seguir sin adecuarse a la ley audiovisual. Así, el rol político que asume la justicia coincide con la despolitización de los políticos. Esto funciona para la exaltación emocional ante una muerte que se intenta presentar como un asesinato y endilgarselo al gobierno. El problema es que ni en las PASO ni en las elecciones generales los conmovidos manifestantes encontrarán boletas de TN ni de la exposa del fiscal Nisman, sino de esos políticos que no osan decir su nombre y que se disimulan entre el gentío. Sus alternativas pasan por perder, una vez más dispersos, o ganar con la unión que les reclama desde hace años el Grupo Clarín, y reproducir la catástrofe de la Alianza, que a duras penas alcanzó los dos años de gobierno. El escritor Marcelo Birmajer calificó la muerte de Nisman como “el suceso más luctuoso de la democracia, desde 1983”, con el único precedente del loperreguismo, y la atribuyó a la “tradición peronista”. El guionista de Lanata tal vez estuvo distraído durante los 24 meses que alcanzó a durar el último gobierno ajeno a esa tradición abominada: comenzó con dos muertos y 40 heridos por la Gendarmería en el puente que une Chaco con Corrientes el 17 de diciembre de 1999, y terminó con otras tres docenas de muertos en todo el país durante la caza al hombre del 19 y 20 de diciembre de 2001.
La carta de la presidenta Cristina Fernández cosechó críticas en la oposición. “La carta de la Presidenta es la prueba de lo que dije el miércoles en el Congreso: mostrar un intento destituyente que no existe para generar un autogolpe junto a Milani, situación que ya advertí ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)”, alertó la diputada nacional por la Coalición Cívica y precandidata presidencial Elisa Carrió. La diputada y flamante competidora de Mauricio Macri en las elecciones primarias presidenciales evaluó el texto de Fernández de Kirchner a través de un comunicado en el que también alertó que “esta es una sociedad desarmada que marchó en silencio y en paz frente a un gobierno armado que encubre el robo de armas en los cuarteles del Ejército y que tiene a un oscuro oficial de Inteligencia al mando de las Fuerzas Armadas”, en referencia a Milani. El compañero de bloque de Carrió Fernando Sánchez acusó en el mismo sentido: “Inventan golpes de Estado que nunca llegan y no tienen ningún asidero”. El ex vicepresidente Julio Cobos criticó el análisis de la Presidenta por considerar que “confunde, equivoca y ofende” a “la familia del fiscal” Nisman como también a “los cientos de miles que marcharon en distintos lugares del país” que “son parte de la sociedad, del pueblo”. Desde su cuenta de la red social Twitter, el diputado mendocino advirtió: “Pensar distinto no es excluyente”. El ex socio de Carrió dentro del Frente Amplio Unen y precandidato presidencial de ese espacio advirtió que “el 18F no fue el inicio de un nuevo partido, fue el homenaje multitudinario al fiscal Nisman”, mientras que intentó retrucarle a Fernández de Kirchner su argumento: “Politización es Justicia Legítima, es esconder detrás de una supuesta democratización de la Justicia la injerencia del Poder Ejecutivo”. La diputada nacional Patricia Bullrich comparó a la Presidenta con el primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro: “La Presidenta se acerca peligrosamente al discurso de Maduro en Venezuela, donde terminan metiendo presos a opositores, acusándolos de golpistas”, apuntó. Para su compañera de bloque en la Cámara baja, la diputada por el PRO Laura Alonso, “lamentablemente, Cristina Fernández no está a la altura de las circunstancias del cargo que ocupa”.
LA LARGA MARCHA DESDE EL 18F HASTA LAS ELECCIONES DE OCTUBRE
Es la política, estúpido
La marcha encabezada por un grupo de fiscales mostró a una nueva derecha con capacidad electoral y de movilización callejera. Podría soldarse así la profunda fisura del sistema político fundado por una oligarquía incapaz de llegar al poder por medios democráticos y que ha debido colonizar para ello a los partidos populares. Esta nueva derecha constituiría un saludable estabilizador, al margen de los propósitos de los organizadores, como suele ocurrir en los grandes acontecimientos colectivos.
Por Horacio Verbitsky
Macri, Massa, Binner con Donda, Bullrich. Una jornada de tristeza y compunción en defensa de la República.
La marcha que un grupo de fiscales de Comodoro Py encabezó bajo el temporal del jueves 18, constituyó la presentación de una nueva derecha política que además de capacidad electoral en algunos distritos, comienza a desarrollar aptitud para la movilización callejera, un rasgo distintivo del centro hacia la izquierda de la política argentina. Esta es una novedad significativa que podría poner remedio a la fisura más profunda del sistema político, que el año próximo cumplirá un siglo y constituiría un saludable elemento estabilizador, al margen de los propósitos de los organizadores de la marcha, como suele ocurrir en los grandes acontecimientos colectivos.
Al mismo tiempo, hay un intento por desalojar al kirchnerismo de posiciones simbólicas desde las que se ha movido con comodidad en la última década. “No nos perdonan la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida”, dijo CFK horas antes desde Atucha. Esa es una reflexión de fondo que requeriría un intenso trabajo político por parte de la militancia para que fuera más claro el nexo entre esa decisión que liberó al sistema político del chantaje de los guardaespaldas del capitalismo, como llamó a las Fuerzas Armadas el poeta salvadoreño Roque Dalton, y los episodios de estos días.
Sin partido
Las clases sociales que organizaron la Nación e insertaron su economía en el mercado mundial como proveedora de bienes primarios e importadora de productos industriales y excedentes de población no fueron capaces de construir un partido político que expresara sus intereses en la competencia electoral, a diferencia de lo que ocurrió en otros países. Desde 1916 en adelante esa oligarquía liberal que importó su modelo económico de Gran Bretaña y tuvo su faro cultural en Francia, fue una y otra vez derrotada en las urnas por fuerzas plebeyas que expresaron el ascenso social de la inmigración extranjera y de los migrantes internos en la generación siguiente. Las políticas regulatorias y distributivas del yrigoyenismo y del peronismo enardecieron a esos sectores propietarios, que no compartían la visión de la izquierda marxista para la que esos movimientos eran tibios reformistas que propugnaban una imposible conciliación de clases e incluso portaban elementos autoritarios y fascistizantes. El remedio a su impotencia electoral fue la conversión de las Fuerzas Armadas en Partido Militar, que entre 1930 y 1990 dieron entre uno y tres golpes por década. A ello colaboró la Iglesia Católica, que les proveyó de munición conceptual para tomar una y otra vez el gobierno en defensa de la salvación y la unidad nacional. Este ciclo recién concluyó en 1983, fecha fundacional de la democracia argentina, que puede dividirse en dos períodos bien diferenciados. El primero, de cooptación de los partidos de origen y tradición popular por los poderes fácticos, que intentaron gobernar a través de ellos, con fuertes contradicciones durante la gestión de Raúl Alfonsín, y en armonía durante la década de Carlos Menem, quien hizo propias con entusiasmo las políticas que le impusieron, una vez que vio cómo afeitaban en seco a su predecesor. Pero esa conformidad entre poder económico y gobierno electo fue excluyendo cada vez a más personas hasta estallar con la crisis de fin de siglo. Esto dio lugar a una segunda etapa, que dura hasta hoy, en la que uno de los partidos históricos volvió a las fuentes y expresó desde el gobierno los intereses que lo sustentan, lo cual lo puso en conflicto con lo que Eduardo Basualdo caracterizó como la oligarquía diversificada, que con actividades tanto agropecuarias como industriales y financieras, conduce a la burguesía en su conjunto y enfrenta a la alianza populista. La participación en la marcha de la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales, el Foro de Convergencia Empresaria, la Asociación Empresaria y la Unión Industrial es elocuente sobre su nivel de involucramiento.
Durante el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados por la reforma a la ley de Inteligencia Nacional, el Secretario Oscar Parrilli recordó la marcha del Corpus Christi de junio de 1955 y los bombardeos que asesinaron a 300 personas en la Plaza de Mayo. La composición social de ambas manifestaciones es la misma, así como de otras previas y posteriores. Pero el sentido de cada una es muy distinto. Las velas que iluminaban los reclamos punitivistas del ex ingeniero Blumberg se encendieron cuando Néstor Kirchner no había cumplido un año en el gobierno, al que accedió con menos votos que Arturo Illia cuarenta años antes. El intento de la Sociedad Rural por desabastecer las ciudades y forzar una capitulación del gobierno y la sugerencia risueña de su presidente de entonces, Hugo Biolcati, de que el vicepresidente Julio Cobos debía asumir la presidencia, se produjeron en el primer año de gobierno de CFK. Esta marcha, en cambio, ocurre en su último año, cuando se discute en plena competencia electoral quién la sucederá. Desde Atucha, la presidente dijo ese mismo día que “tenemos que garantizar que quien conduzca este Estado argentino tenga las mismas ideas sobre autonomía, sobre soberanía, sobre ingreso popular, sobre el trabajo de los argentinos, sobre la ciencia y tecnología”. Los indignados del jueves que son los resfriados del fin de semana piensan lo contrario. Si el final apocalíptico del gobierno de Raúl Alfonsín fue parte de la educación presidencial, para que Carlos Menem entendiera los límites de lo que le estaría permitido, los pujos judiciales y económicos contra el gobierno de Cristina van dirigidos a impedir la continuidad programática que ella reivindicó o en todo caso a ilustrar a todos los interesados sobre los costos del atrevimiento. Maurizio Macrì es el único precandidato que no necesita de esa advertencia: él proviene del otro lado del mostrador. En sus seis años de gobierno ya cuadruplicó la deuda externa de su municipio. Esta semana incurrió en un notable acto fallido: “Gobernar es escuchar, lo contrario a lo que piensa la presidente”, dijo el alcalde porteño, aún bajo proceso por escuchas ilegales a una víctima del atentado a la DAIA.
Cuestión de tamaño
Cada policía midió lo que le convenía a su respectivo gobierno, lo cual no es un signo de madurez institucional. Un cálculo alternativo fue realizado por La izquierda Diario, la publicación electrónica del Partido de los Trabajadores Socialistas que integra el Frente de Izquierda y los Trabajadores: desestimó tanto los 400 mil manifestantes que vio la Metropolitana (“Clarín y la Policía de Macri desafían las leyes de la física. En la pelea por la opinión pública, el ridículo no tiene límites”), como los 50.000 de la Federal. Con métodos para el cálculo de multitudes desarrollados por la Universidad de California hace medio siglo, tomando en cuenta las dimensiones del lugar donde ocurren los hechos y la fluidez o densidad de la multitud, y perfeccionados luego con nuevas tecnologías, concluye que si se toma en cuenta la superficie de la Plaza de Mayo que fue ocupada por la marcha (con los canteros vacíos), las nueve cuadras desde el escenario hasta el punto de inicio en Plaza Lorea, por Avenida de Mayo y las laterales Yrigoyen y Alsina, y se tiene en cuenta que el uso de paraguas aleja cualquier posibilidad de agolpar cuatro personas por metro cuadrado, “el número arrojado por la Policía Metropolitana y publicitado por Clarín es absolutamente ridículo. Un cálculo que desafía no sólo los métodos científicos más actuales, sino principios básicos de la física, desde Pitágoras a Newton”. Para LID el número real de asistentes fue de entre 70 y 90.000. Esta es una cifra nada desdeñable si se piensa que las movilizaciones conmemorativas de cada 24 de marzo atraen a un número que según los años oscila entre 50 y 100.000 personas. Según el diario de la izquierda, quienes participaron eran “básicamente de la clase media capitalina, votantes de Macri, de promedio de cuarenta y cincuenta años para arriba”. Incluían “parejas y grupos familiares, cincuentones, a veces del brazo de sus hijas (sólo allí se vio la mayor participación juvenil)”. LID también señaló “la notoria ausencia de contingentes juveniles, que sí había mostrado la oposición en el conflicto del campo del 2008, donde sectores universitarios marchaban en ciudades como Rosario o Córdoba. Pareciera que, generacionalmente, la derecha no tuviera futuro”. Al cotejar distintas situaciones también indica que los fiscales de Comodoro Py no son “nuevas figuras convocantes de la oposición”, reconocidas por la multitud, como Alfredo De Angelis durante el lock out agrario o Blumberg en 2004. Advierte también la ausencia de “sectores de la clase media ‘progresista’ del tipo de los viejos votantes de Pino Solanas. Distinto que en el 2008 en Palermo o en el Monumento a la Bandera rosarino, esta vez la clase media tuvo una expresión más acotada, casi exclusivamente de los sectores más pudientes”. Con comprensible pudor trotskysta omite cualquier referencia a las banderas rojas que en 2008 acompañaron a la Sociedad Rural y que esta vez se abstuvieron, lo mismo que el grupo político y sindical de Víctor De Gennaro y Claudio Lozano. Añade que la marcha tuvo réplicas menores en Córdoba, Tucumán, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y otras ciudades “que expresaron el mismo y acotado sector social”. Este nuevo episodio en la guerra de desgaste contra el Gobierno no le parece que se acerque a definiciones, pese al salto de intensidad de la imputación a la presidente por parte de Nisman. En una columna de análisis, La Izquierda Diario explica que si en las jornadas de fin de siglo “la clase media actuaba como uno de los motores de un cuestionamiento profundo al régimen político y social imperante, el fin de ciclo kirchnerista la encuentra motorizando la construcción de una oposición patronal gorila y reaccionaria. Un giro copernicano que viene a (re)demostrar la volatilidad de una clase social fragmentada a la que la ideología ‘ciudadana’ –que expresó esta movilización– calza como anillo al dedo. La relativa estabilidad económica, aún con elementos recesivos, juega su papel. La atadura de las finanzas provinciales al estado nacional actúa como una suerte de látigo para quienes quieran sacar los pies del plato. Por ahora, parece que todo seguirá igual, aunque las tensiones internas sigan creciendo en cuotas. La ausencia de la perspectiva ‘golpista’ implica, necesariamente, la guerra de desgaste, lo que supone imponer condicionamientos al gobierno y, a largo plazo, liquidar al kirchnerismo como factor político. Pero sin una recuperación de figuras políticas fuertes en la oposición, el plan renguea”. Revivida después de la muerte de Nisman, la oposición levantó su moral. “Pero los paraguas no pudieron ocultar los límites del contenido social y político de esa multitud. Las clases medias altas que hegemonizaron la jornada no parecen tener ningún efecto expansivo, como en alguna medida habían logrado el ingeniero Blumberg en 2004 y los empresarios rurales en 2008. Quienes llevaban los paraguas hace tiempo eran antikirchneristas. Los fiscales ‘silenciosos’, por su parte, tienen prontuarios que complican cualquier plan de convertirlos en héroes populares. Y además, la oposición que fue parte del 18F tiene la contradicción de que la marcha era una, pero son siete los pre-candidatos a presidente que intentan capitalizarla. Es mucho”, se cierra otro de los artículos de LID. El diario también realizó una encuesta entre sus lectores. El 10 por ciento se pronunció “a favor del 18F”; el 36 por ciento “en defensa del gobierno” y el 54 por ciento ni con uno ni con los otros.
Políticos y antipolítica
El hijo del historiador José Luis Romero escribió que los políticos asistieron a la marcha “vestidos de ciudadanos y mezclados con el resto”. Al hacerse cargo con su disimulo del discurso de la antipolítica ponen límites a la movida impulsada por Comodoro Py con generoso apoyo empresarial, del sindicalismo opositor y del Grupo Clarín, que el viernes consiguió un nuevo fallo para seguir sin adecuarse a la ley audiovisual. Así, el rol político que asume la justicia coincide con la despolitización de los políticos. Esto funciona para la exaltación emocional ante una muerte que se intenta presentar como un asesinato y endilgarselo al gobierno. El problema es que ni en las PASO ni en las elecciones generales los conmovidos manifestantes encontrarán boletas de TN ni de la exposa del fiscal Nisman, sino de esos políticos que no osan decir su nombre y que se disimulan entre el gentío. Sus alternativas pasan por perder, una vez más dispersos, o ganar con la unión que les reclama desde hace años el Grupo Clarín, y reproducir la catástrofe de la Alianza, que a duras penas alcanzó los dos años de gobierno. El escritor Marcelo Birmajer calificó la muerte de Nisman como “el suceso más luctuoso de la democracia, desde 1983”, con el único precedente del loperreguismo, y la atribuyó a la “tradición peronista”. El guionista de Lanata tal vez estuvo distraído durante los 24 meses que alcanzó a durar el último gobierno ajeno a esa tradición abominada: comenzó con dos muertos y 40 heridos por la Gendarmería en el puente que une Chaco con Corrientes el 17 de diciembre de 1999, y terminó con otras tres docenas de muertos en todo el país durante la caza al hombre del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Por Horacio Verbitsky
Un rasgo llamativo de la marcha es que participaron los propietarios del edificio de la calle Pasteur 633 destruido por el atentado de 1994. Esos dirigentes de la DAIA y la AMIA firmaron un documento en el que piden la intervención de la Corte Suprema de Justicia, cuya actuación en la causa de la embajada de Israel no ha sido más brillante que la de la justicia federal en la del segundo atentado. Pero no asistieron los familiares de las víctimas del ataque terrorista, nucleados en tres organizaciones: Memoria Activa, APEMIA y 18J. Memoria Activa denunció el encubrimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí, el Estado argentino reconoció su responsabilidad en 2005 y se comprometió a una serie de medidas de reparación, como la reforma de la ley de Inteligencia, lo cual quedó formalizado en un decreto del Poder Ejecutivo de ese mismo año y comienza a cumplirse recién ahora. El jueves, Memoria Activa difundió una declaración titulada “¿Qué silencia el 18F?” en la que afirma que el silencio y el encubrimiento no son novedosos en la causa AMIA. “Fue el silencio y la inacción de muchos a los que debemos el estado actual de la causa. Entre otros nos referimos a los convocantes de esta marcha: los fiscales Germán Moldes y Raúl Plee que con su accionar demoraron la causa encubrimiento defendiendo a los procesados en lugar de hacer su trabajo como fiscales y avanzar en las acusaciones. Memoria Activa denunció formalmente este accionar dilatorio y contrario a las funciones de un fiscal, desde el año 2013.”
Agrega que también convocaron a marchar en silencio la dirigencia de la AMIA y la DAIA.
“Otra vez no nos sorprende. ¿Por qué no acompañarían en silencio. Si su vergonzoso comportamiento a lo largo de más de veinte años fue sostener a encubridores, y en silencio los desvíos de la investigación, consintiendo la impunidad?”
“¿Será que los convocantes la llaman marcha de silencio porque durante más de veinte años callaron (políticos, jueces, fiscales, dirigentes), mientras la investigación era presa de intereses espurios al servicio de inescrupulosos? Tenemos claro que la causa AMIA es una pieza en el juego de la política.”
“Apoyamos la búsqueda de verdad y justicia de los familiares de Nisman, sostenemos que la justicia tiene la obligación de investigar la muerte del fiscal. Memoria Activa lucha desde 1994 por la verdad y la justicia en el asesinato de nuestros familiares y amigos en la AMIA, yendo incluso contra las trabas impuestas por los poderes del Estado.”
“Frente a nuestras denuncias encontramos sólo silencio.”
“Hoy todos esperamos el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional en el decreto 812/05 y el inicio del juicio oral por encubrimiento en el mes de julio de 2015, que debería hacer justicia por los delitos y la corrupción cometidos, que nos negaron la verdad y consecuentemente la posibilidad de justicia.”
“¿O sobre esto guardarán, una vez más, silencio.”
Según el diccionario
Por Horacio Verbitsky
La última edición del diccionario de la Real Academia Española define así el vocablo oportunismo, del que se deriva su cultor, el oportunista:
1. m. “Actitud o conducta sociopolítica, económica, etc., que prescinde en cierta medida de los principios fundamentales, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar. U. t. en sent. peyor”.
2. m. “Actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio posible, sin tener en cuenta principios ni convicciones”.
Por Horacio Verbitsky
La muerte del fiscal Nisman, sus denuncias contra el gobierno nacional, el impune atentado al edificio de la DAIA, cuyos propietarios han sido indemnizados a diferencia de las víctimas de la explosión son tema permanente en las redes sociales. Uno de los abonados a esas discusiones es el colaborador del Grupo Clarín, Gabriel Levinas. Esta semana uno de sus corresponsales reprodujo un tweet que el asistente de Jorge Lanata publicó en febrero de 2013, durante una discusión con su colega de La Nación Martín Kunik. Levinas escribió entonces: “¿Decir que decís boludeces es una falta de respeto? ¿Y convalidar a ese hijo de punta de Nisman que se caga en 85 muertos, qué es?” Otro corresponsal le preguntó dos días antes de la marcha del 18F: “¿Seguís pensando que Nisman era un hdp?” Levinas respondió: “Que manejó mal la causa lo sigo sosteniendo. Lo de hdp no es momento para decirlo”.
La última edición del diccionario de la Real Academia Española define así el vocablo oportunismo, del que se deriva su cultor, el oportunista:
1. m. “Actitud o conducta sociopolítica, económica, etc., que prescinde en cierta medida de los principios fundamentales, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar. U. t. en sent. peyor”.
2. m. “Actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio posible, sin tener en cuenta principios ni convicciones”.
Supuestos y Presupuestos
Por Horacio Verbitsky
El gráfico muestra el detalle por año.
La mayor diferencia se registró en 2013, el año en que Rossi fue designado ministro y Milani Jefe de Estado Mayor del Ejército, y en 2014, con 11 y 15 por ciento de diferencia respectivamente. De los recursos destinados a Inteligencia del Ejército en esos años, el 93,5 por ciento se destinó a gastos de personal. En 1983, la Dirección de Inteligencia del Ejército contaba con 3.743 PCI (personal civil de inteligencia). Hoy son menos de la mitad: 1.403. El 18 por ciento de ellos son asesores militares, asesores universitarios, ingenieros y analistas de sistemas, que realizan tareas de Análisis. El 49,3 por ciento se ocupa en tareas de “Apoyo y procesamiento”, e incluye criptólogos, fotointérpretes, dactilógrafos y técnicos varios. El 24,2 por ciento se encarga de la “Guardia y seguridad” de instalaciones y el 8,6 por ciento de “Servicios generales y maestranza”.
Por Horacio Verbitsky
Durante la discusión en el Congreso de la ley de Inteligencia Nacional, la oposición reiteró un planteo que desde hace un par de años instaló el Senador Radical Gerardo Morales: que el gobierno ha confiado al Ejército la inteligencia interior (y más específicamente el espionaje político, que las leyes prohíben). La diputada Elisa Carrió le dio tono de radionovela, al pedirle al general César Milani: “No me mate”. Pero nadie suministró dato alguno que fundamente ese supuesto y las informaciones que en distintos momentos difundió el senador Morales, sobre un incremento desmesurado del presupuesto para la Inteligencia militar, no se sustentan en hecho alguno. Ante una consulta para esta nota, el ministro Agustín Rossi respondió que desde 2012 a 2015 el aumento de los créditos presupuestarios destinados a Inteligencia del Ejército nunca superó el porcentaje de incremento presupuestario del total de la jurisdicción Ministerio de Defensa. Mientras el presupuesto de Defensa tuvo un incremento promedio 32,5 por ciento, los recursos destinados a Inteligencia del Ejército crecieron a un promedio del 25,8 por ciento anual.
El gráfico muestra el detalle por año.
La mayor diferencia se registró en 2013, el año en que Rossi fue designado ministro y Milani Jefe de Estado Mayor del Ejército, y en 2014, con 11 y 15 por ciento de diferencia respectivamente. De los recursos destinados a Inteligencia del Ejército en esos años, el 93,5 por ciento se destinó a gastos de personal. En 1983, la Dirección de Inteligencia del Ejército contaba con 3.743 PCI (personal civil de inteligencia). Hoy son menos de la mitad: 1.403. El 18 por ciento de ellos son asesores militares, asesores universitarios, ingenieros y analistas de sistemas, que realizan tareas de Análisis. El 49,3 por ciento se ocupa en tareas de “Apoyo y procesamiento”, e incluye criptólogos, fotointérpretes, dactilógrafos y técnicos varios. El 24,2 por ciento se encarga de la “Guardia y seguridad” de instalaciones y el 8,6 por ciento de “Servicios generales y maestranza”.
Fuente: Ministerio de Defensa.
OPINION
La verdad de los hechos y la políticaPor Edgardo Mocca
Alberto Nisman se ha convertido en el héroe-mártir del bloque político y social que enfrenta intensamente la política del actual Gobierno. La condición mítica del hecho lo pone al abrigo de cualquier consideración fáctica capaz de ponerlo en duda: no importa que después de diez años del fiscal a cargo de la causa AMIA, la investigación no avanzara en lo más mínimo. Tampoco importa la inconsistencia –devenida temeridad e irresponsabilidad dada sus repercusiones institucionales– de la denuncia por encubrimiento a la máxima autoridad de la República y a otros funcionarios y dirigentes políticos. La elemental ausencia de un delito en el envío al Congreso y su aprobación por éste de un memorándum de acuerdo con Irán y la probada inexistencia de sus supuestas consecuencias (no se levantaron los alertas rojas de Interpol, no aumentó la exportación de granos argentinos a ese país) no conmueven al mito. Nisman no es un héroe por la enjundia de su trabajo como fiscal ni por la pulcritud institucional de los hechos que protagonizó en los últimos días de su vida, lo es porque la saga de su denuncia contra Cristina Kirchner corporizó el deseo y la furia de un sector importante de nuestra sociedad. Porque “se bancó” el enfrentamiento con el Gobierno. Cuando hablamos de la importancia de ese sector social no hablamos solamente de su dimensión cuantitativa, sino que incluimos el extraordinario poder de fuego simbólico que controla; baste con decir que su circunstancial avanzada la compusieron los más importantes consorcios comunicativos y una buena cantidad de agentes del Poder Judicial argentino. Pocas veces se vio a un grupo de partidos políticos aliados entre sí ocupar un rol tan subordinado en una iniciativa política como ocurrió el miércoles último con el arco opositor.
Estamos hablando, claro, de un mito pasajero e instrumental que difícilmente se proyectará hacia el futuro. Su función política, la de galvanizar al cuadrante antikirchnerista de la política argentina, y generar miedo e incertidumbre colectivas en un año electoral ya está cumplida. Se intentará que durante unos meses siga sirviendo como emblema de una causa política. Sin embargo, la indignación moral contra el “uso” de una muerte no tiene más sentido que el de un arma en la batalla por la interpretación de los acontecimientos. Por supuesto que es políticamente importante poner de relieve la inusitada red de mentiras y manipulaciones que ponen en escena en estos días los circuitos dominantes del mercado de la comunicación: no se trata de criticar la opinión política que tengan sino de impugnar el uso salvaje de su poder para embarrar la cancha de la investigación de la muerte del fiscal con toda clase de mentiras. Pero aún así, puede que la cuestión de las mentiras mediáticas no sea el principal problema político de estos días. Detrás de las verdades y las mentiras factuales está la verdad política, aquella que no solamente enuncia o describe hechos, sino la que revela y a la vez define de modo hegemónico la naturaleza de la lucha que se libra. La cuestión sería en este caso la disputa por la interpretación de qué se juega en torno de los hechos: quiénes son los actores de la puja, cuál es el proyecto de país que invocan.
Las acciones sociales como la reciente movilización impulsada por un grupo de fiscales y los grandes medios y acompañada en un plano secundario por algunos dirigentes políticos opositores no tienen, vistas desde sus participantes, un sentido único. Muchas y muy diversas son, seguramente, las razones que impulsaron a sus asistentes. La ausencia de partidos políticos capaces de integrar las razones sectoriales en una visión orgánica y nacional hace más complejo su desciframiento. Sin embargo, a nadie puede escapársele que el signo principal del acontecimiento es el rechazo al Gobierno: fue, en ese sentido, una nueva versión de la saga cacerolera envuelta en el clima creado por la muerte de Nisman y el sensacional despliegue mediático que produjo su propia interpretación del hecho. La muerte dudosa pudo lo que las profecías económicas apocalípticas no lograron a fin del año pasado. Claro que este lugar funcional no supone ignorar la gravedad institucional de los hechos ocurridos y de muchas de las reacciones que suscitó. Por el contrario, la denuncia, la muerte del fiscal y el clima social sobreviniente componen una única trama: no hubiera habido marcha sin muerte, ni muerte sin denuncia. Junto con la indagación judicial –y ojalá apoyada en ella– la política tiene que desnudar una trama en estos acontecimientos; para eso no solamente hay que poner orden en la evaluación de los hechos inmediatos, sino colocarlos en la perspectiva de contextos muy complejos y delicados, dentro de los cuales hay acciones de estrategia geopolítica de grandes actores globales. La única manera de evitar la reducción del episodio a un espectáculo policial más de los que surgen periódicamente en los medios de comunicación es colocarlo dentro de la perspectiva del crimen masivo de la AMIA. Es inconcebible que lo ocurrido no tenga relación alguna con el atentado, con el sistemático encubrimiento desde la “Justicia” y los servicios de información; con la presión de Estados Unidos e Israel y sus aparatos de inteligencia para imponer la versión de la culpabilidad iraní, funcional a sus estrategias en el teatro de operaciones de Medio Oriente; con la dura disputa que se entabló alrededor del intento del gobierno argentino de encontrar formas de indagar a los acusados iraníes.
La denuncia de Nisman no sólo es inconsistente en materia probatoria. Es muy interesante en materia política. Está organizada alrededor de la nunca probada culpabilidad de funcionarios del gobierno iraní y del prejuicio sobre el memorándum entre los dos países que se usó hasta el hartazgo en los días de su tratamiento parlamentario, según el cual el Gobierno lo impulsaba para mejorar su relación comercial con Irán y para replantear sus posiciones geopolíticas en el conflicto de Medio Oriente. Quien dude de esa densa sincronía entre discurso opositor mediático-político y texto de la denuncia no tiene más que consultar los diarios de sesiones de ambas cámaras de aquellos días y los titulares periodísticos que los acompañaban. La acusación a la Presidenta tiene forma judicial pero su esencia es política: se la acusa de cambiar la política internacional favorable a nuestros aliados “occidentales” por otra a la que se califica como de promiscuidad con estados autoritarios y terroristas. Es cierto que el gobierno de Estados Unidos ha replanteado en los últimos meses su política con relación a Irán. Pero es igualmente cierto que el giro tiene poderosas resistencias internas y del gobierno de Israel. Y esas resistencias son particularmente fuertes en los sectores más vinculados al complejo militar-industrial-financiero y a sus servicios de inteligencia. La denuncia de Nisman tuvo un raro mérito: unió en un solo frente la impaciencia de la derecha local frente a un cuadro electoral que no termina de augurarle éxito y los intereses de jugadores políticos globales sobre cuya capacidad de generar escenas políticas locales de caos no hay mucho derecho a dudar. Las depuraciones en el servicio de Inteligencia forman parte de la trama; algunos de los personajes apartados tuvieron siempre una fluida relación con la víctima y con algunos de sus allegados. La alianza de hecho entre potencias globales y actores políticos nacionales tiene premisas ideológico-políticas muy concretas: hay una mirada común del mundo y del país y también muy buenos negocios que los unen. Todo esto es sistemáticamente negado desde los grandes medios de comunicación que les asignan a estos argumentos el status de “elucubraciones ideológicas”. Pero en este caso –a diferencia de muchos otros de intervención imperial en la política de nuestra región– no hemos tenido que esperar muchos años para que la desclasificación de documentos del gobierno de Estados Unidos revele su plena pertinencia. Los llamados Wikileaks mostraron de modo abundante la promiscua relación entre el sistema político opositor, sectores del Poder Judicial y la embajada norteamericana; Nisman es uno de los que aparece en esos relatos como incondicionalmente obediente a ese servicio exterior.
La marcha “por la justicia y la verdad” se hizo con la participación de algunos de los responsables de que no haya justicia, ni para el atentado a la AMIA, ni para los terroristas de Estado locales, ni para los que colaboraron y se expandieron bajo su régimen. Y se hizo contra el gobierno que más hizo por esclarecer el crimen de 1994 y la barbarie cívico-militar de la dictadura, al que no le corresponde constitucionalmente prestar el servicio de justicia. A partir de ahora los argentinos podremos juzgar quién es quién frente a la demanda social de esclarecimiento de la muerte del fiscal. Sabremos quiénes están exclusivamente interesados en mantener el tema en el centro de la agenda cubriéndolo con un miserable manto de mentiras y espectacularización para debilitar al Gobierno y quiénes quieren conocer toda la verdad: la verdad de los hechos y la verdad de las condiciones locales e internacionales que rodearon esos hechos.
Fuente:Pagina12
20-2-2015
Nisman
Comunicado oficial de la Procuración
Fein confirmó que la testigo Natalia Fernández cambió su declaración
Informó que Natalia Fernández modificó ante la fiscalía el relato que había contado inicialmente al diario Clarín. Advirtió sobre la filtración de datos de una persona nombrada por Stiuso y pidió a los comunicadores que recaben información a través de circuitos oficiales.
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Mariano Armagno
En el escueto comunicado, Fein informó que hoy se tomó declaración testimonial al licenciado en Criminalística que levantó los rastros en el departamento del edificio Le Parc. Informó que también declarará otro de los testigos que presenciaron el procedimiento en el complejo de Puerto Madero.
La fiscal afirmó que siempre preservó el contenido de las declaraciones, y "le llama poderosamente la atención" que a los pocos días de la declaración de Stiuso "se hayan difundido detalles a través de diversos medios", en particular los datos de "otra persona, que será oportunamente convocada manteniendo las mismas garantías".
Fein cerró el texto pidiendo a los medios que "recaben la información a través de los carriles oficiales", y contó que un testigo del procedimiento realizado en el departamento de Nisman informó hoy a la fiscalía que "periodistas de un medio televisivo se presentaron en su domicilio particular y se comunicaron a su teléfono celular para realizar una entrevista, a la que no accedió". Zona de los archivos adjuntos Vista previa del archivo adjunto Comunicado-20-02-15.jpg Imagen Comunicado-20-02-15.jpg
Fuente:Infojus
22 de Febrero de 2015
FUE CITADO POR LA FISCAL VIVIANA FEIN
Berni declarará como testigoEl secretario de Seguridad, que estuvo en el departamento del edificio Le Parc luego de que apareciera muerto el fiscal Nisman, deberá presentarse el martes en la Fiscalía.
Operativo - Berni presenció parte del procedimiento que se llevó a cabo la madrugada del 19 de enero, en Le Parc - Foto: télam
Un día después de que dijera que no había sido citado a declarar, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, recibió la convocatoria. El próximo martes, el funcionario deberá presentarse ante la fiscalía que conduce Viviana Fein para prestar declaración testimonial en el marco de la investigación por la muerte del fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, quien fue hallado muerto la noche del 18 de enero en el departamento donde vivía, en Puerto Madero.
La fiscal Fein ya había anticipado que "en algún momento" iba a citar a Berni como testigo. La razón es clara: el funcionario del área de Seguridad fue uno de los que estuvieron en el departamento de las torres Le Parc donde fue hallado muerto el fiscal Nisman, y presenció parte del procedimiento llevado a cabo en la madrugada del 19 de enero.
"Siempre estoy en todos los lugares y esta era una cuestión de Estado. No hay nada reprochable de mi actuación, más allá de que los opositores quieran confundir a la población diciendo estupideces como que me llevé dos valijas, que se repiten permanentemente", había advertido Berni días atrás, en declaraciones a radio Vorterix. En esa misma entrevista, y también en otras, el funcionario aseguró que nunca entró al baño donde se encontraba el cuerpo del fiscal y que permaneció casi todo el tiempo junto a Sara Garfunkel, madre de Nisman, "una persona que había perdido un hijo, y su hijo estaba detrás de la puerta del baño".
"Una vez que se constató la muerte de Nisman, yo me retiré así que no puedo dar mayores detalles. Desconozco lo que pasó después", insistió Berni luego de que aparecieran testigos cuestionando el operativo realizado tras la aparición del cuerpo del fiscal.
Desde hace días que se viene hablando de la posible citación del secretario de Seguridad, algo que la fiscal admitió como una posibilidad. Ayer, fuentes judiciales confirmaron que Berni deberá presentarse en la Fiscalía Nacional en lo Criminal N°45, a cargo de Fein, el próximo martes a las 10 de la mañana, algo que el propio funcionario vio como un hecho lógico cuando fue consultado esta semana. "Tengo la obligación como ciudadano de concurrir todas las veces que la justicia me llame. Y si me llama (la fiscal), lo voy a hacer porque es mi obligación", dijo.
Fuente:TiempoArgentino
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