7-2-2015
Investigación
Está preso en el pabellón de lesa de la unidad penal de Marcos Paz
Sánchez Reisse, el represor que quiso embarrar tres veces la causa AMIA
Investigación
Está preso en el pabellón de lesa de la unidad penal de Marcos Paz
Sánchez Reisse, el represor que quiso embarrar tres veces la causa AMIA
Es un ex agente del Batallón de Inteligencia 601 que será enjuiciado por integrar una banda dedicada a hacer secuestros extorsivos. También dice ser agente encubierto del FBI. Declaró en tres oportunidades en la causa AMIA y dio detalles sobre cómo había sido financiado el atentado por el gobierno iraní. Sus dichos nunca fueron comprobados por la Justicia.
Foto:ContactoLatino
“Fue el primero que habló del financiamiento específico”, dice una fuente de la causa AMIA.
Tres abogados históricos de la causa, dos periodistas que la siguieron de cerca y sobrevivientes del atentado consultados por Infojus Noticias no destacan como memorable su denuncia.
Hoy Sánchez Reisse está preso en el pabellón de represores de la cárcel federal de Marcos Paz. A partir del 26 de febrero, después de 35 años, será juzgado junto a Rubén Bufano y Arturo Ricardo Silze por integrar “una asociación ilícita que se dedicó en los últimos años del gobierno militar, al secuestro de personas con el objeto de cobrar importantes rescates dinerarios”. Luis “El Japonés” Martínez, otro de los integrantes de la banda, quedó apartado por su estado de salud. Los jueces María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Panelo estarán a cargo del Tribunal.
Nacido el 9 de mayo de 1946, cadete del Liceo Militar y licenciado en Publicidad en la Universidad del Salvador, Sánchez Reisse se asoció el 21 de marzo de 1978 con el empresario Fernando Combal. Formaron Urbaires: Combal ponía los recursos y Sánchez Reisse junto a su esposa, Mariana Bosch de Achával, se encargaban de contratar artistas para espectáculos. La sociedad duró seis meses y fue ruinosa para el empresario, porque la pareja viajaba a Europa con todos los lujos pero no conseguían artistas de renombre.
El 8 de mayo de 1979, Combal fue secuestrado a la salida de su financiera FINSUR. Después de andar un rato, en un semáforo, se subieron dos hombres armados. Lo llevaron a una casa donde lo golpearon y le aplicaron picana eléctrica, preguntándole por sus negocios. Mariana Bosch, la esposa de Sánchez Reisse, era la prima de Christian Zimmermann, el segundo del Banco Central. Lo liberaron al día siguiente después de cobrar el mostrar.200.000 del rescate.
La investigación estuvo cajoneada mucho tiempo. No los detuvieron por ese secuestro. El 13 de marzo de 1981 cayeron en manos de la policía de Suiza queriendo cobrar un millón y medio de dólares por el secuestro del banquero uruguayo David Koldobsky, dueño de Cambio América. El juez Carlos Alfredo Oliveri le pareció que había similitudes entre ambos hechos, y pidió una rueda de reconocimiento para Combal, quien señaló en una rueda de reconocimiento a Bufano y a Martínez como sus secuestradores. Hubo un tercer secuestro por el cual se los acusa ahora de formar la asociación ilícita: el de Ricardo Tomasevich y su cuñado Alberto Martínez Blanco, que tenían la financiera “Puente Hermanos SA”.
Testigo contra la CIA
La justicia de Suiza no concedió la extradición que reclamaba la justicia argentina y los condenó en noviembre de 1983 sólo por “tentativa de chantaje”, y no por los raptos. Bufano, Martínez y Sánchez Reisse tuvieron una pena de cuatro años y medio, y las esposas de los dos últimos, Bosch de Achával y Amalia Covas, a dos años y medio. El 5 de noviembre de 1985, Sánchez Reisse no volvió de una de sus salidas de libertad vigilada y desapareció.
En el alerta de Interpol, se lo describía como “un hombre de negocios” de 1,72 de altura, cabello castaño oscuro canoso y ojos verdes grisáceos. En realidad –según contó el periodista Carlos Juvenal que les siguió los pasos durante ocho años y publicó el libro “Buenos Muchachos”-, el prófugo estaba en España, apadrinado por su amigo Raúl Guglielminetti, y luego iría a Estados Unidos. El 12 de febrero de 1987, lo detuvieron en Nueva York.
Para conseguir protección, se ofreció a testimoniar ante la subcomisión de Terrorismo, Narcotráfico y Operaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos. El 23 de julio de ese año, presentándose como ex agente de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, habló sobre los negocios sucios de la dictadura con el aval de la CIA. "Trabajé para el gobierno argentino desde 1976 hasta 1981", dijo bajo juramento, según el acta desclasificada de aquella sesión.
Su misión, dijo, fue financiar desde EE.UU. actividades en América Latina para apoyar a los "contras" nicaragüenses y otros grupos paramilitares. Para eso, habían montado junto a Raúl Guglielminetti dos empresas que servían de fachada en la Florida: Argenshow y Silver Dollar, una casa de empeños con permiso para vender armas. Según Sánchez Reisse, habían lavado más de 30 millones de dólares para apoyar la contrainsurgencia en Centroamérica.
A pesar de la confesión, Sanchez Reisse fue extraditado en septiembre de 1987. El 2 de diciembre, el juez Luis Cevasco -actual fiscal general adjunto porteño-, recibió la causa, que tenía 19 cuerpos. El día siguiente, dictaminó que no había pruebas para procesar a Sánchez Reisse y excarceló a Martínez y Bufano, que habían sido extraditados de Suiza.
El secreto de la ruta del dinero
Sánchez Reisse tenía problemas con sus causas judiciales. El 5 de diciembre de 1995, declaró en una comisaría que trabajaba en el área de Narcoterrorismo del FBI “y en la última etapa de la investigación sobre el atentado de la AMIA”. Dijo que “hombres extraños” lo seguían.
La segunda vez fue a declarar el 1 de julio de 1998. Contó ante Galeano que había sido contratado por la DEA y el FBI para investigar el narcotráfico y el lavado de dinero. En una operación encubierta, en 1994, se le ordenó simular la compra de un cargamento de heroína en España a un hombre turco de nombre Jamid Daftari. Daftari –siempre según el testimonio de Sánchez Reisse en el expediente- le dijo que un traficante de armas y drogas llamado André Jansndsttead tenía información “respecto de los hechos sucedidos en la Argentina con relación al atentado de la AMIA”.
A través de Daftari, Reisse se entrevistó dos veces con Jansdntteed en Amsterdam, Holanda, según le dijo a Galeano. Detalló que la "empresa iraní South Beef había hecho un giro de 4 millones de dólares, a través del Republic National Bank of New York, a Ciudad del Este y Montevideo" antes del atentado. Y agregó que ese dinero había sido destinado "a grupos de carapintadas argentinos, que estaban contactados con personal de la Policía Bonaerense para la concreción del atentado".
La tercera vez que Sánchez Reisse compareció para dar detalles sobre la explosión de la mutual judía, estaba preso en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional por los secuestros extorsivos. Dio precisiones sobre el cobro del dinero: dijo que el entonces diputado por el Modin Emilio Morello, ex carapintada, había recibido “4.500.000 dólares en Ciudad del Este, Paraguay sobre un total pactado de 9.000.000 de dólares”. La pista no era nueva: Morello era investigado desde 1995 y había dado explicaciones ante la comisión bicameral que investigaba la voladura. Sanchez Reisse le dijo a Galeano que la información se la había dado su compañero de celda, Carlos “El Indio” Castillo, hoy detenido por los crímenes de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU).
Denuncias sin destino
Una alta fuente judicial consultada porInfojus Noticias oye su nombre, hace memoria, pero ha pasado mucho tiempo. Consulta a un colaborador y cuando vuelve a sentarse, sólo responde:
-Está alcanzado por el secreto del Estado Nacional. Es todo lo que te puedo decir.
-¿Pero tuvo vínculos con la DEA y el FBI?- preguntó Infojus Noticias.
-Te confirmo que no es del FBI.
La versión sobre el financiamiento del ataque que dio Sánchez Reisse en el expediente de la AMIA –hasta donde pudo saberInfojus Noticias- fue una más entre muchas de una causa plagada de pistas falsas, prueba plantada y callejones sin salida.Con esa pista, Galeano abrió uno de los tantos legajos reservados a los que no tenían acceso ni siquiera las querellas.
“Cómo Sánchez Reisse, en una causa donde el trasfondo político es importante, hubieron cientos”, dice la fuente de la causa. Sin embargo, confirma que el legajo está todavía reservado en la fiscalía que dirigió Alberto Nisman hasta su muerte. Esa opacidad impide saber si alguno de los datos que dio Sánchez Reisse era cierto, o si al menos se indagaron a fondo, aunque la conexión carapintada y los policías bonaerenses hayan sido desestimados como autores del ataque por el Tribunal Oral Federal 3 durante el primer juicio oral por encubrimiento.
-¿Sánchez Reisse es un personaje extraño en la causa?- preguntó Infojus Noticias.
El hombre se tomó unos segundos para contestar:
-Esta es una causa de personajes extraños. Esto es AMIA.
7-2-2015
Opinión
Análisis a casi tres semanas de su muerte
“Nisman es la única pieza del rompecabezas que no encaja”
“Nisman es la única pieza del rompecabezas que no encaja”
¿Se puede reconstruir el estado psicológico del fiscal en las horas y días previos a su muerte?, se pregunta el periodista Néstor Espósito. Por qué aunque las pruebas apuntan a la hipótesis del suicidio, la única pieza que no encaja con esa idea es el propio Nisman.
Camino a las tres semanas desde la trágica muerte del fiscal federal Alberto Nisman, los elementos de prueba recolectados hasta ahora –fatigosamente- por la fiscal Viviana Fein continúan abonando la hipótesis del suicidio. La única pieza del rompecabezas que no encaja es el propio fiscal Nisman.
En el expediente está probado que Nisman estaba solo en el interior del baño en el que apareció su cadáver. Todo parece indicar que tampoco había una segunda persona en el departamento, pero a estas alturas de la investigación hasta ese detalle parece secundario. Nisman estaba vestido “de entrecasa”: pantalones cortos y remera sin roturas ni deformaciones. Analizados para determinar la presencia de ADN de otra persona, arrojaron resultado negativo.
Mucho se ha hecho hincapié en por qué el arma no tenía rastros de Diego Lagomarsino, su dueño y quien se la entregó a Nisman el día antes de la muerte. Esa pregunta no tiene una respuesta certera aunque sí un ensayo de tal: Nisman pudo haberla limpiado con el “paño verde” en que Lagomarsino la llevó envuelta. Es imposible saber si ello ocurrió. Tan imposible como descartarlo definitivamente.
Pero el detalle de la ausencia de ADN foráneo en la ropa muestra que no hubo contacto con otra persona. Por lo menos no directo, intenso y duradero como para dejar una impronta de sudoración, un cabello, saliva o cualquier otro elemento que acreditara la presencia de alguien que no fuera el difunto fiscal.
La jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein observaron unas manchas de sangre en el lavatorio del baño. Parecían alterar la inercia de la caída del cuerpo después del disparo. Sin embargo, el primer juez que intervino en la investigación, Manuel de Campos, especializado en técnicas de investigación criminal, las interpretó como factibles en el contexto de la escena. Además, por la forma en que estaba semitrabada la puerta del baño, resulta materialmente imposible que alguien pudiera haber salido (o entrado) de ese lugar después de la detonación que acabó con la vida de Nisman.
¿Entonces? El perfil psicológico de Nisman no coincide con el de un suicida. Por lo pronto, el Nisman que describieron todos los testigos de concepto que desfilaron ante la fiscal Fein están muy lejos de mostrar a un hombre acorralado, desesperado y acobardado por el futuro que debería afrontar en los días posteriores a la denuncia por encubrimiento que efectuó y que salpicaba a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Un psicólogo ajeno a la causa se presentó ante la fiscalía de Fein y propuso una medida novedosa e infrecuente en las investigaciones penales: una “autopsia psiquiátrica”. ¿Es posible reconstruir el estado psicológico de Nisman en las horas y días previos a su muerte? Tal vez allí haya alguna de las explicaciones que están faltando.
En el expediente está probado que Nisman estaba solo en el interior del baño en el que apareció su cadáver. Todo parece indicar que tampoco había una segunda persona en el departamento, pero a estas alturas de la investigación hasta ese detalle parece secundario. Nisman estaba vestido “de entrecasa”: pantalones cortos y remera sin roturas ni deformaciones. Analizados para determinar la presencia de ADN de otra persona, arrojaron resultado negativo.
Mucho se ha hecho hincapié en por qué el arma no tenía rastros de Diego Lagomarsino, su dueño y quien se la entregó a Nisman el día antes de la muerte. Esa pregunta no tiene una respuesta certera aunque sí un ensayo de tal: Nisman pudo haberla limpiado con el “paño verde” en que Lagomarsino la llevó envuelta. Es imposible saber si ello ocurrió. Tan imposible como descartarlo definitivamente.
Pero el detalle de la ausencia de ADN foráneo en la ropa muestra que no hubo contacto con otra persona. Por lo menos no directo, intenso y duradero como para dejar una impronta de sudoración, un cabello, saliva o cualquier otro elemento que acreditara la presencia de alguien que no fuera el difunto fiscal.
La jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein observaron unas manchas de sangre en el lavatorio del baño. Parecían alterar la inercia de la caída del cuerpo después del disparo. Sin embargo, el primer juez que intervino en la investigación, Manuel de Campos, especializado en técnicas de investigación criminal, las interpretó como factibles en el contexto de la escena. Además, por la forma en que estaba semitrabada la puerta del baño, resulta materialmente imposible que alguien pudiera haber salido (o entrado) de ese lugar después de la detonación que acabó con la vida de Nisman.
¿Entonces? El perfil psicológico de Nisman no coincide con el de un suicida. Por lo pronto, el Nisman que describieron todos los testigos de concepto que desfilaron ante la fiscal Fein están muy lejos de mostrar a un hombre acorralado, desesperado y acobardado por el futuro que debería afrontar en los días posteriores a la denuncia por encubrimiento que efectuó y que salpicaba a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Un psicólogo ajeno a la causa se presentó ante la fiscalía de Fein y propuso una medida novedosa e infrecuente en las investigaciones penales: una “autopsia psiquiátrica”. ¿Es posible reconstruir el estado psicológico de Nisman en las horas y días previos a su muerte? Tal vez allí haya alguna de las explicaciones que están faltando.
31-1-2015
Denuncias
Julio Maier
“Pretenden hacer política partidaria a través de los jueces penales”
Denuncias
Julio Maier
“Pretenden hacer política partidaria a través de los jueces penales”
El prestigioso jurista Julio Maier conversó con Infojus Noticias sobre la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman y sobre una tendencia cada vez mayor de la “denunciología” judicial como herramienta de acción política.
Por: Franco Lucatini
Julio Maier es uno de los juristas más prestigiosos del continente. Autor de ocho libros, un centenar de artículos de derecho penal, procesal penal y filosofía del derecho, es reconocido en todo el mundo por su obra como procesalista. Fue juez penal de primera instancia antes de la dictadura cívico militar, e integró el primer Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Jubilado desde hace seis años, hizo un paréntesis en sus clases de música criolla y andina para contarle a Infojus Noticias sus impresiones sobre la denuncia de encubrimiento de la causa Amia del fiscal Alberto Nisman a la presidenta Cristina Fernández, entre otras personas.
-¿Ud dijo que en la denuncia del fiscal Nisman no se sostiene?
A mí ya me parecía ilógico plantear la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento, sobre todo porque es un tratado que no tiene virtualidad práctica. Pero después vino la denuncia, con toda su espectacularidad, y fracasó. Si yo fuera juez, la desestimaría. No cumple con la definición de lo que es una denuncia. Es casi imposible imaginar un supuesto en el que mediante un tratado, aprobado por la mayoría de diputados y senadores, se pueda cometer un delito. Si fuera así, tanto los representantes que votaron como los que dieron quorum serían partícipes necesarios del hecho criminal. Es imposible, es una fantasía que ni siquiera Borges podría haber imaginado.
-¿Le llama la atención que un fiscal con experiencia haya realizado esta presentación?
El solo hecho de la denuncia, tal y como está, me llama la atención. Me causó conmoción que un fiscal lo presentara como una denuncia. Vaya a saber qué delitos se pueden cometer para tener que relatarlos en 400 páginas si hasta ahora los delitos se relataban en media página. Decían: “Julio mató a su suegra”. Eso es una denuncia.
-Usted llamó “denunciología” a ese fenómeno. ¿Hay una tendencia a denunciar cualquier cosa?
Yo escribí un artículo con ese nombre que se refiere a la señora Carrió y a un montón de gente que apenas ve un pájaro que vuela, va y lo denuncia. Lo mismo pasa con la creación de tipos penales. Hay una “inflación” legislativa en la que se crean delitos en todas las leyes que aprueba el Congreso. Esto tiene antecedentes muy previos al gobierno actual. Por eso también es importante ir por el nuevo Código Penal. Es destacable que hayan llamado a Zaffaroni para eso.
-¿La “denunciología” interviene en la escena política como una herramienta más?
La política ha empezado a pasar por el derecho penal porque los jueces y fiscales no le ponen coto a esta práctica. Como en este caso, que deben desestimar la denuncia. Me parece que los jueces se están metiendo en un campo que no les compete. El derecho penal íntegro está tomando competencias infladas. Siempre los jueces han tomado posición política frente a un acontecimiento cuando tienen que decidir. Todas las decisiones son políticas, no sólo las que se toman en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, pero me parece que esto se ha magnificado a niveles que son casi insoportables.
-¿Hay un interés de perjudicar al Gobierno detrás de esas denuncias y del comportamiento de jueces y fiscales que las sostienen?
Es muy clara la intencionalidad política, porque denuncian cualquier cosa. Entienden al Poder Judicial como una vía conveniente para desacreditar. Y es un terreno que antes no integraba la lucha política. Pretenden hacer política partidaria a través de los jueces penales, y les encargan ciertas decisiones para ello.
Fuente:Infojus
Domingo 08 de Febrero 2015
Por néstor espósito
Un testigo dijo que Nisman presentó la denuncia por temor a perder su cargoUn empleado de la fiscalía declaró que Nisman había resuelto su regreso con antelación. Los rumores alrededor de la declaración de Stiuso. Las dudas sobre la caja fuerte allanada.
Según consignó Tiempo Argentino, ese dato se ubica en contexto con la situación ya probada que indica que Nisman había emitido pasajes para regresar junto con su hija de 15 años desde Europa a Buenos Aires sin que lo supiera su ex pareja, Sandra Arroyo Salgado, quien estaba en el Viejo Continente con su otra hija. Planeaban confluir en un punto común más adelante, pero eso quedó frustrado. Un durísimo intercambio entre Nisman y Arroyo Salgado muestra la situación de tirantez que generó el regreso del fiscal a la Argentina.
El secreto mejor guardado por Nisman, las razones de su regreso, parecen haber quedado revelados por la declaración de ese empleado jerarquizado, cuya identidad permanecerá en reserva.
La declaración del testigo, colaborador cercano de Nisman en la UFI AMIA, parece derribar la teoría de un llamado desde Buenos Aires advirtiéndole que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había resuelto apartarlo de la fiscalía. Y abre espacio para especular con que Nisman (u otra mente más sagaz y conocedora de las necesidades y los tiempos mediáticos en feria judicial) eligió el momento para su presentación por presunto "encubrimiento" de los acusados iraníes por el atentado contra la mutual judía que involucraba a Cristina Fernández de Kirchner.
Puesto así, e independientemente de la veracidad o no de la denuncia por encubrimiento, la situación que protagonizó Nisman se asemeja mucho más a una operación de prensa que a una urgente necesidad de denunciar un delito grave.
El secreto mejor guardado por Nisman, las razones de su regreso, parecen haber quedado revelados por la declaración de ese empleado jerarquizado, cuya identidad permanecerá en reserva.
La declaración responde a por qué volvió Nisman. Pero no alcanza para explicar por qué está muerto. La falta de información profunda sobre lo que está pasando en el expediente agiganta los interrogantes y las fantasías. Para colmo de males, un episodio singular agravó las especulaciones: cuando la fiscal Fein dejó trascender el llamado a declaración testimonial al ex espía Jaime Stiuso tal cosa aún no había ocurrido. Dicho de otro modo, Fein había decidido llamar a Stiuso, pero no lo había concretado porque no sabía adónde hacerlo. La difusión mediática sacó al espía de la madriguera. Su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, apareció en los medios de comunicación a la mañana siguiente, y se presentó en la fiscalía. Sólo entonces, y tras acordar formas y recaudos, quedó concretado el llamado a declarar.
Ayer por la tarde circularon insistentes versiones sobre que la declaración ya se había tomado. Ninguna fuente lo confirmó. Ni oficial, ni extraoficialmente.
A la fiscal Fein le cayó como una indigestión una actitud de la madre de Nisman, Sara Garfunkel. Cuando la jueza Fabiana Palmaghini ordenó allanar una sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para abrir una caja de seguridad que poseía el ex fiscal, Garfunkel fue convocada telefónicamente. Después de que el banco informara sobre la existencia de la caja, la mujer presentó un escrito consignando también su existencia. Pero ni en ese momento, ni con el llamado telefónico, ni durante el allanamiento, dijo que ella había abierto la caja el 30 de enero. Cuando el secretario del juzgado, Sebastián Marasco, pidió al banco el detalle de los movimientos, saltó esa presencia. Todos miraron a Garfunkel, quien permaneció en silencio.
¿Era importante el contenido de esa caja de seguridad? Por lo pronto, había generado expectativa. Quizá estuvieran allí las armas que Nisman tenía registradas y que aún no aparecieron. Acaso hubiera documentación relacionada con su denuncia por encubrimiento. U otra relacionada con su vida privada.
La fiscal Fein evalúa llamar nuevamente a testimonial a Garfunkel para preguntarle qué había en esa caja.
Lagomarsino: fin del contrato
La Procuración General rescindiría esta semana el contrato de Diego Lagomarsino –quien trabajaba en la Unidad Especial AMIA y fue quien le prestó el arma que terminó con la vida del fiscal Alberto Nisman–, a pedido del fiscal remplazante en la Unidad Alberto Gentili, según publicó ayer el diario Página/12.
Lagomarsino tiene contrato desde 2008 con la fiscalía que investigaba el atentado a la AMIA, pero no asistía al lugar y se encontraba con Nisman, generalmente, en el departamento que el fiscal ocupaba en el edificio Le Parc. Según versiones, el técnico informático tenía el contrato más alto de la fiscalía que encabezaba Nisman.
Binner acusó a Gils Carbó, no pudo explicar por qué y cortó
El titular del Partido Socialista y precandidato presidencial del frente Amplio UNEN, Hermes Binner, acusó a la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó de "empiojar" la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Sin embargo, tras ser consultado por los motivos que lo llevaban a semejante afirmación, el ex gobernador de Santa Fe no supo que responder y, tras algunos titubeos, se despidió.
Según Binner, el accionar de Gils Carbó alrededor de la causa que investiga la muerte de Nisman "no ayuda a la democracia, porque está realmente 'empiojando' la situación y debe tener una clara dimensión de que ocupa un lugar que es estratégico y funcional en la nueva Argentina que queremos tener". Al serles requeridas mayores precisiones –en una entrevista con el programa Te quiero a las 10, en radio AM 750–, siguió: "Nombrando fiscales sin acuerdo... bueno, hay una...".
"Es un todo, no podemos ver qué color de zapatos tiene tal o cual persona", amplió el socialista, y ante el llamado de atención acerca de que la acusación que había vertido sobre la Procuradora era importante, y que no estaba justificando su exposición, dijo antes de cortar: "Quédese tranquila que yo le voy a proponer... (silencio) "bueno, muchas gracias, eh".
Domingo 08 de Febrero de 2015
Por juan alonso
Los puntos que no cierran de una causa que revela la pereza de la justicia penalEsta semana se conocerán los resultados de las pericias toxicológicas y las de los tejidos. La fiscal Viviana Fein dio información contradictoria sobre la recolección de pruebas y la mecánica del disparo que le quitó la vida al fiscal Alberto Nisman. Por qué será clave el trabajo de los peritos de la querella en la investigación.
El sábado 24 de enero, la fiscal le dijo al periodista de TN, Ricardo Canaletti, que el disparo de la pistola Bersa calibre 22 que le quitó la vida a Nisman había ingresado por la sien derecha a una distancia no mayor a un centímetro. En el estudio de tevé la estaba escuchando el criminalista Raúl Torre. Ese día el diario Clarín había publicado en tapa que el balazo fue disparado a una distancia de 15 centímetros del cráneo. Luego de desmentir la versión de Clarín de forma categórica, la fiscal Fein, con su particular estilo vecinal, agregó sobre la trayectoria que "fue perpendicular". Poco después sostuvo que el balazo entró por el parietal. Y al rato nombró el hueso temporal. Es decir: en pocos minutos describió huesos distintos de la cabeza humana.
El médico forense Osvaldo Raffo y el ex jefe de la Policía Bonaerense, Daniel Salcedo, fueron nombrados como peritos de parte en representación de las hijas de Nisman.
Pasaron los días y la fiscal Fein no corroboró ni negó semejante interpretación del reciente experto en tanatología. Pero el asunto no quedó ahí. En su edición del 3 de febrero, Clarín informó que el disparo que mató al fiscal Nisman no fue en la sien, sino en el parietal temporal derecho, unos dos centímetros por detrás de la oreja. ¿Quién se equivocó? ¿La fiscal que investiga el caso o el escritor, hoy diletante del bisturí?
Una fuente de la investigación confirmó a este cronista que el balazo ingresó en la zona que rodea el pabellón auditivo de Nisman, a la altura de la mitad de la oreja en lo que definió como "el hueso temporal, a dos centímetros del oído". "La fiscal no sabe lo que dice", contó el informante, preocupado.
Al mismo tiempo, en estas horas de desguace, anduvo circulando en el ambiente del "periodismo servicial" una presunta fotografía del cuerpo de Nisman donde decían que su cabeza estaba intacta, sin rastros de sangre. Al parecer, pretendían instalar que no murió de un tiro en el cráneo. Pero al ser consultado por este diario, un jefe polical aseguró que un oficial a su cargo vio el cadáver de Nisman y lo halló con el cráneo totalmente ensangrentado sobre varios centímetros de sangre.
Ahora bien, ¿es lo mismo un disparo en el parietal (la zona superior del cráneo con que los jugadores de fútbol cabecean la pelota) que un tiro detrás de la oreja? No. "Eso nos ubica ante otra situación. Hay suicidios con ese tipo de orificios de entrada de bala, pero de ninguna forma es lo mismo. Incluso podría potenciar la hipótesis de un supuesto homicidio.
De todas maneras, hay que esperar todos los resultados de las pericias pendientes", explica, cauto, Torre.
Sin embargo, ayer trascendieron algunas versiones sobre los resultados del análisis toxicológico de la víctima, que no están confirmadas oficialmente. El análisis de orina y sangre más las vísceras se dará a conocer el 18 de febrero. En ese momento se sabrá si Nisman consumió o no alguna droga que pudo haber alterado su sistema nervioso central.
Otra pericia que aún se desconoce es el segundo análisis de barrido electrónico para hallar algunos de los tres metales que expulsa el arma en la deflagración del disparo. Se hará en Salta, donde tienen el microscopio más moderno del país.
De acuerdo a expertos del CONICET y la CNEA, los científicos buscan lo que llaman una "partícula" o "grano" para identificar plomo, bario y antimonio en la combustión de los átomos. Si Nisman se disparó, debería aparecer alguno de estos tres metales en las muestras extraídas de sus manos con material de carbono que son especiales y adhesivos.
LOS PERSONAJES. El especialista en informática Diego Ángel Lagomarsino, el hombre que le entregó el arma homicida a Nisman, perdió su trabajo en la Fiscalía AMIA. Así lo ordenó la Procuración. Y no sólo él: el abogado Claudio Rabinovich, quien estuvo con Nisman el viernes anterior a su deceso, también dejará su tarea de "asesor especial" con un salario de 33 mil pesos al mes.
La situación de Lagomarsino es al menos sinuosa. Dijo que estuvo dentro del departamento de Nisman dos veces: el sábado a las 15 y a las 20. Pero existiría un registro de la guardia de Le Parc, que lo anotó saliendo recién pasada la medianoche del domingo 19. La franja horaria de la data de muerte de Nisman comienza a las 10:30 y se extiende hasta las 13:30 del domingo. "Para mí, todos los custodios del fiscal Nisman se llamaban Benítez", adujo Lagomarsino en su testimonial televisada.
La referencia no fue en vano: en su segunda entrada a la casa del fiscal el sábado previo a su muerte habría visto a un custodio que no sería ninguno de los tres desafectados de la Policía Federal. Nisman contaba con diez de ellos y los usaba para realizar tareas de mensajería y hasta para llevar las compras del supermercado. ¿Quiénes son los testigos? Un fiscal muerto de un balazo en la cabeza y un hombre que tenía un sueldo de 41.800 pesos y gastos por tarjetas de crédito que superaban los 70 mil, y viajaba con ese mismo fiscal a Chile y otros destinos.
El testimonio de Lagomarsino no es claro teniendo en cuenta que fue quien entregó el arma con que Nisman apareció muerto. El detalle que desgranó sobre la pistola desarmada en tres partes envuelta en un paño, tendría todas las características de una coartada. Si admitiera que le habría entregado la pistola completa y cargada a Nisman sería acusado de un delito más grave: portación de arma, usada en el marco de una muerte dudosa.
Además, los peritos no encontraron ADN de contacto de Lagomarsino en la pistola Bersa calibre 22 que él mismo dijo haber manipulado para explicarle a Nisman cómo se usaba de forma "segura".
Otro asunto inexplicable es la actitud de los suboficiales de la Federal Armando Niz y Luis Miño. Tardaron once horas en enterarse de que el fiscal que cuidaban estaba fatalmente muerto adentro del baño de su departamento. Llamaron a la secretaria de Nisman antes que a sus superiores, y encima involucraron a la madre del fiscal en esa escena desopilante con el cerrajero y el viaje de ida y vuelta hasta Núñez.
Ambos agentes, junto al más experimentado custodio de Nisman, Rubén Benítez –que lo conocía hace 15 años y era el único autorizado a entrar a su departamento–, son junto a Lagomarsino las cinco personas que aparecen alrededor del perímetro del hecho, si se cuenta a la madre de la víctima. Digan lo que digan, es así. A no ser que el presunto vecino chino aparezca como un espectro desde el más allá. Y el enigmático Antonio Stiuso revele qué le dijo a Nisman el sábado 17.
Aquel domingo 18, los policías avisaron a las 23:05 a sus jefes que Nisman yacía muerto. La fiscal Fein y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, llegaron al lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada del lunes. Pero algo sugestivo sucedió media hora después del aviso de los custodios. El ex periodista del Buenos Herald, Damián Patcher –actualmente exiliado en Israel porque dice que tiene miedo de volver a la Argentina– reveló en la red social Twitter los "incidentes" en el domicilio del fiscal a las 23:36. ¿O sea que Patcher estaba mejor informado que el secretario de Seguridad? Lo cierto es que el mentado personaje se alojó primero en Mar del Plata con un hombre de buena llegada a un sector de los servicios de inteligencia locales, y apenas seis días después arribó a Tel Aviv "sano y salvo", según escribió.
Un colega suyo, Meir Margalit, le dijo el 27 de enero a Radio América que Patcher nunca formó parte de la redacción del diario Haaretz y que él no lo conoce.
En tanto, el médico forense Osvaldo Raffo y el ex jefe de la Policía Bonaerense, Daniel Salcedo, fueron nombrados como peritos de parte en representación de las hijas de Nisman, por su ex mujer, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. En los últimos días, están concentrados en los detalles de la autopsia y en la escena completa del hecho desde la aparición del cadáver de Nisman. Salcedo analiza las llamadas entrantes y salientes de los tres celulares de Nisman y Raffo se concentra en la operación de autopsia que realizaron dos discípulos suyos: los legistas Héctor Di Salvo y Fernando Trezza.
Raffo y su equipo quieren descartar la existencia de una tercera persona y estudian en profundidad si podría tratarse de un potencial homicidio.
En ese sentido, las versiones discordantes entre la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y el cerrajero Walter sobre la puerta de servicio del departamento del fiscal, tuvieron ayer otro correlato angustiante. La empleada doméstica de Nisman le contó al diario La Nación que ella solía ver cerrada desde adentro la puerta de servicio.
Un dato que no coincide con lo relatado en sede judicial por la mamá de Nisman, que explicó que fue ella la que abrió esa puerta al menos una hora antes de la llegada del cerrajero. Poco después ingresó al departamento de Nisman el médico de Swiss Medical y el suboficial Niz. Todos al mismo tiempo, a esa hora desesperada.
El dato
Los llamados de Stiuso. Tal como publicó Tiempo esta semana, hay al menos tres comunicaciones telefónicas entre el ex jefe de Operaciones y Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia (SI), Antonio Horacio Stiuso.
Fuente:TiempoArgentino
08 de Febrero de 2015
Caso Nisman
Los laberintos de los espíasEscriben: Eduardo Anguita y Walter Goobar
En un clima de desbarranco informativo, de sobrevaloración de las conspiraciones de los espías, parece conveniente separar, al menos, cuatro planos distintos para tratar de entender la muerte del fiscal Alberto Nisman. El primero, que no tiene el vértigo de la noticia, es el procedimiento judicial. El segundo es analizar la causa madre de la AMIA en un contexto geopolítico que tuvo a la Argentina como escenario pero de un conflicto que tiene como protagonistas a Israel, Estados Unidos y países árabes, centralmente Irán. El tercero es la implosión generada en la Secretaría de Inteligencia, un fenómeno inaccesible para quienes manejan información pública de fuentes creíbles. El cuarto plano, en un año electoral, es cómo se alinean distintos factores de poder –político, mediático y del sistema judicial– ante la conmoción creada por la muerte del fiscal tras la acusación realizada a las más altas autoridades del gobierno con la presunción de que existió una voluntad de negociar las víctimas de la AMIA por beneficios económicos para la Argentina.
En primer lugar, del procedimiento judicial, ninguna de las pericias alimentó la hipótesis del homicidio. La jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein tomaron como ciertas las pericias ordenadas y, hasta el momento, la escena de la muerte de Nisman, por más que esté plagada de un contexto de espionaje, parece cerrar como un suicidio. Qué cosas llevan a una persona a accionar un arma y quitarse la vida no es algo para dirimir fácilmente en los tribunales. La categoría de suicidio inducido podrá ganar más o menos credibilidad pero resultaría altamente difícil de encontrar un responsable directo. No obstante, la jueza Palmaghini dio lugar a los peritos de parte planteados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, madre de las hijas de Nisman. Estos son el forense Osvaldo Raffo y el ex jefe de la Bonaerense Daniel Salcedo. Cabe destacar que Salcedo proviene de la Policía Científica, lo cual le da credenciales para la investigación y puede agregarse que renunció a la jefatura de la Bonaerense en 2009, cuando estaba Carlos Stornelli al frente del ministerio de Seguridad. Más allá del clima de desconfianza o de conmoción, no debería haber motivos de fondo capaces de desviar completamente la investigación. Las pericias toxicológicas, las imágenes de las cámaras de seguridad o las llamadas telefónicas recibidas o realizadas por Nisman podrán agregar algunos datos. Respecto de estas últimas, salvo que hubiera autorización para realizar escuchas sobre los teléfonos de Nisman o de alguien que se comunicara con él, sólo podrá establecerse el momento y la duración de la llamada pero no el contenido de la conversación. Un dato adicional es que puede saberse la ubicación geográfica de los teléfonos que se comunicaron con Nisman. Cabe consignar que la citación a Jaime Stiuso, ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia hasta el 17 de diciembre de 2014, por parte de la fiscal Fein obedece a que detectaron un llamado desde un teléfono de Stiuso a un Nextel de Nisman realizado el sábado 17 de enero por la noche y que tuvo una duración de 12 minutos. El abogado de Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, quien también reportó como agente de Inteligencia, advirtió que su defendido tenía a su cargo una flota de un centenar de teléfonos móviles. Deberá aclarar los motivos por los cuales, un mes después de su desafectación a las tareas de espionaje seguía manteniendo líneas telefónicas asignadas supuestamente a tareas secretas de alta sensibilidad. El abogado y ex espía, para demorar la comparecencia de Stiuso dijo que su defendido no había recibido la citación judicial correspondiente. Al respecto, en el juzgado informaron que fue citado en tres domicilios y que en dos de ellos no conocían a Stiuso y en el tercero no había nadie. Para despejar ideas fantasmagóricas, el área de Recursos Humanos de la Secretaría de Inteligencia tiene los datos reales de sus funcionarios y agentes. Estos datos no se dan a publicidad pero sí se facilitan a los juzgados cuando son requeridos. A su vez, el gobierno informó que Stiuso fue relevado de guardar secretos, tal como establece la ley de Inteligencia, a efectos de que no retacee información en los estrados judiciales. Esto no debería significar, cosa que no fue precisada por el Ejecutivo, que Stiuso pueda contar cualquier cosa de las que supo en los 42 años que él mismo declara haber servido en la Inteligencia estatal. Es más, se plantearía un conflicto de intereses en caso de una eventual declaración de Stiuso ante la jueza y la fiscal en la cual haga referencias a operaciones encubiertas realizadas o en curso que refieran a temas secretos. Por decir algo, de la infiltración en redes de narcotráfico o de supuestos delitos contra la integridad de personas. Para desactivar expectativas, Stiuso es citado como testigo y de momento no hay ningún elemento que permita inferir que pasará a ser imputado.
En segundo lugar, el contexto mundial. El pasado 30 de enero, días después de la muerte de Nisman, el Washington Post publicó un artículo muy ilustrativo. Con la firma de Adam Goldman, el conservador diario norteamericano informó que la muerte de Imad Mughniyah, jefe de Operaciones de Hezbollah, ocurrida en Damasco en febrero de 2008, fue obra conjunta de la CIA y la Mossad. El artículo brinda detalles de cómo se fabricó y se accionó la bomba que voló el auto del jefe de la milicia libanesa. La nota afirma que Mughniyah “estuvo implicado en los más espectaculares atentados terroristas, incluyendo la Embajada de Estados Unidos en Beirut y la de Israel en Buenos Aires, así como la voladura de la AMIA. Por supuesto, sobre esto no cita fuentes. Pero hay un agregado muy importante, el periodista del Post recuerda que la muerte de este jefe militar requería la autorización del entonces presidente George Bush, tal como sucede con cada uno de los ataques de drones o de fuerzas especiales norteamericanas: siempre son autorizadas por la Casa Blanca. Por supuesto, ésa es información secreta que, de vez en cuando y pasadas décadas, se da a publicidad, a veces parcialmente. Un comentario más: el director del Washington Post, Martin Baron, días después de esta publicación, reivindicó el papel de la libertad de prensa aunque esta nota haya contradicho las afirmaciones de la CIA respecto de que nada tuvo que ver la agencia con la muerte de Mughniyah. Es difícil saber cómo hizo el periodista del Post para chequear lo que escribió y es muy difícil para cualquier lector dar crédito de la versión del diario o de la versión de la CIA. Se trata de una cuestión de fe y no de información comprobable. Está claro que toda la casuística demuestra que las agencias de espionaje de las potencias militares se ocupan de crímenes ilegales y que son encomendados por los jefes de Estado y de ningún modo son células descontroladas. Al respecto cabe recordar las infortunadas declaraciones del ex embajador de Israel en Buenos Aires, Itzhak Aviran, cuando afirmó a fines de 2013 que su país se ocupó de eliminar a los responsables de los atentados de la Embajada y de la AMIA. De inmediato, el fiscal Nisman dijo que quería citarlo a declarar y el canciller Héctor Timerman consideró que eso explicaba la oposición de Israel al memorando de entendimiento con Irán. Por supuesto, un comunicado oficial desautorizó a Aviran.
¿Quién puede saber a ciencia cierta cuánto pesaron –y pesan– las razones diplomáticas y geopolíticas en la causa AMIA para crear escenas convenientes a cada potencia? ¿Quién dio una explicación profunda y creíble de cómo se originó la idea del memorando con Irán en un momento que eso significaba tomar fuerte distancia de Washington y Tel Aviv? Ese memorando, más allá de las acusaciones de Nisman, generó una reacción opositora muy fuerte y no dejó ninguna contraparte visible de beneficio diplomático para la Argentina. Y la explicación de que iba a significar un avance concreto en la causa AMIA, hasta el momento, no parece contundente.
Lo cierto es que en la Argentina se movieron dos fuerzas que para cualquier visión cartesiana resultan difíciles de comprender. Por un lado, desde el Departamento de Estado norteamericano y las usinas de la derecha latinoamericana, en estos años se buscó desgastar, desacreditar y golpear al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eso sucedió con muchos otros gobiernos de la región. Las peripecias del avión de Evo Morales cuando volvía de Moscú de una reunión de países productores de gas en julio de 2013, son un ejemplo claro de la vigilancia light que ejercen los poderes concentrados. No autorizar el aterrizaje del avión presidencial, no es lo mismo que poner una bomba en un auto, pero va en la misma dirección. Pero, al mismo tiempo que la diplomacia argentina suele desmarcarse de las políticas más colonialistas de Estados Unidos, los espías argentinos son colonizados por las agencias de las grandes potencias. En países como la Argentina, discutir sobre quién lleva burocráticamente las escuchas telefónicas parece secundario ante una pregunta más complicada: ¿cómo se hace para tener un sistema de espionaje que favorezca al país y evite la penetración del espionaje de las potencias?
Respecto del debate parlamentario para reformar la inteligencia vernácula, en principio parece interesante cualquier cosa que oxigene un mundo tan oscuro como el de personas que tienen permisos especiales para violar leyes porque resulta supuestamente útil a los fines del Estado. Porque, en concreto, los espías cuentan con dinero público para montar un cabaret o un diario al sólo efecto de usarlo como usina de espionaje. La excusa de sumergirse en el barro para simular ser narcotraficante requiere de un control muy estricto.
La sociedad argentina se enteró en estos días que la comisión bicameral encargada de ejercer el control del espionaje prácticamente no tuvo siquiera reuniones en 2014. Se habla de tres reuniones de los legisladores. Y no se sabe si cuentan con recursos para hacer el seguimiento de las tareas de espionaje. Es decir, hablar de cómo tiene que ser la nueva agencia federal sin tener un diagnóstico respecto de lo que debe ser modificado tiene una lógica coyuntural fuerte. Por la positiva, da la oportunidad ante la crisis. Por la negativa, ¿de qué crisis estamos hablando? ¿Por qué se le da tanta importancia a las pinchaduras de teléfonos y a mudar esa tarea a la Procuración? ¿Habrá tanto descontrol y uso abusivo de los espías en espiar personas públicas sin permiso judicial o habrá órdenes políticas que se realizan sin asentamiento burocrático para espiar propios y adversarios? Un nuevo dispositivo de las agencias de inteligencia requiere un tratamiento sereno, no parece razonable que pueda hacerse en tres meses y con una división política tan marcada entre oficialismo y oposición, menos en un año electoral. Son muy pocas las personas que pueden saber a ciencia cierta qué hacen los agentes de inteligencia. Sin embargo, aun desinformados, opinamos todos. Es bueno opinar, lo bueno es que la sociedad pueda estar informada y cuente con la palabra de expertos. Por tomar un caso: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por tomar un punto de partida del extraño comportamiento de los espías, cabe recordar que la muerte de Pedro Viale (el Lauchón, julio de 2013) es tomada como un ajuste de cuentas sobre alguien muy cercano a Stiuso. Un año después detuvieron a diez integrantes del grupo policial de elite (Halcón) de la Bonaerense que ejecutaron a Viale. ¿Qué tuvo que ver Hugo Matzkin, el jefe policial? ¿Qué tuvieron que ver otros espías de la ex SIDE en esa muerte? No es fácil saber si este proyecto de ley es un palazo a un avispero para quedarse parado a la espera de que las avispas piquen o se trata de un debate que circulará por las burocracias legislativas sin que la sociedad pueda saber si detrás de esto hay corrupción política, resabios de terrorismo de Estado o negocios descontrolados de espías locales asociados a agencias externas.
Por último, ya están lanzados los principales precandidatos y las entrevistas periodísticas dan lugar para que cualquier dirigente político que lea diarios o charle con jueces y espías desparrame mensajes de terror. Quienes son beneficiados por el voto popular saben que las encuestas muestran desde hace años el tema de la inseguridad como la principal preocupación de la sociedad. La muerte de Nisman no quita peso a la inseguridad, la acrecienta. Por el contrario, esta situación es una oportunidad para que la dirigencia política busque un debate que no agregue miedo sino que tome los mejores ejemplos de esta democracia en la lucha contra la impunidad: el juicio a las Juntas de Raúl Alfonsín y los juicios en curso por delitos de lesa humanidad.
En primer lugar, del procedimiento judicial, ninguna de las pericias alimentó la hipótesis del homicidio. La jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein tomaron como ciertas las pericias ordenadas y, hasta el momento, la escena de la muerte de Nisman, por más que esté plagada de un contexto de espionaje, parece cerrar como un suicidio. Qué cosas llevan a una persona a accionar un arma y quitarse la vida no es algo para dirimir fácilmente en los tribunales. La categoría de suicidio inducido podrá ganar más o menos credibilidad pero resultaría altamente difícil de encontrar un responsable directo. No obstante, la jueza Palmaghini dio lugar a los peritos de parte planteados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, madre de las hijas de Nisman. Estos son el forense Osvaldo Raffo y el ex jefe de la Bonaerense Daniel Salcedo. Cabe destacar que Salcedo proviene de la Policía Científica, lo cual le da credenciales para la investigación y puede agregarse que renunció a la jefatura de la Bonaerense en 2009, cuando estaba Carlos Stornelli al frente del ministerio de Seguridad. Más allá del clima de desconfianza o de conmoción, no debería haber motivos de fondo capaces de desviar completamente la investigación. Las pericias toxicológicas, las imágenes de las cámaras de seguridad o las llamadas telefónicas recibidas o realizadas por Nisman podrán agregar algunos datos. Respecto de estas últimas, salvo que hubiera autorización para realizar escuchas sobre los teléfonos de Nisman o de alguien que se comunicara con él, sólo podrá establecerse el momento y la duración de la llamada pero no el contenido de la conversación. Un dato adicional es que puede saberse la ubicación geográfica de los teléfonos que se comunicaron con Nisman. Cabe consignar que la citación a Jaime Stiuso, ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia hasta el 17 de diciembre de 2014, por parte de la fiscal Fein obedece a que detectaron un llamado desde un teléfono de Stiuso a un Nextel de Nisman realizado el sábado 17 de enero por la noche y que tuvo una duración de 12 minutos. El abogado de Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, quien también reportó como agente de Inteligencia, advirtió que su defendido tenía a su cargo una flota de un centenar de teléfonos móviles. Deberá aclarar los motivos por los cuales, un mes después de su desafectación a las tareas de espionaje seguía manteniendo líneas telefónicas asignadas supuestamente a tareas secretas de alta sensibilidad. El abogado y ex espía, para demorar la comparecencia de Stiuso dijo que su defendido no había recibido la citación judicial correspondiente. Al respecto, en el juzgado informaron que fue citado en tres domicilios y que en dos de ellos no conocían a Stiuso y en el tercero no había nadie. Para despejar ideas fantasmagóricas, el área de Recursos Humanos de la Secretaría de Inteligencia tiene los datos reales de sus funcionarios y agentes. Estos datos no se dan a publicidad pero sí se facilitan a los juzgados cuando son requeridos. A su vez, el gobierno informó que Stiuso fue relevado de guardar secretos, tal como establece la ley de Inteligencia, a efectos de que no retacee información en los estrados judiciales. Esto no debería significar, cosa que no fue precisada por el Ejecutivo, que Stiuso pueda contar cualquier cosa de las que supo en los 42 años que él mismo declara haber servido en la Inteligencia estatal. Es más, se plantearía un conflicto de intereses en caso de una eventual declaración de Stiuso ante la jueza y la fiscal en la cual haga referencias a operaciones encubiertas realizadas o en curso que refieran a temas secretos. Por decir algo, de la infiltración en redes de narcotráfico o de supuestos delitos contra la integridad de personas. Para desactivar expectativas, Stiuso es citado como testigo y de momento no hay ningún elemento que permita inferir que pasará a ser imputado.
En segundo lugar, el contexto mundial. El pasado 30 de enero, días después de la muerte de Nisman, el Washington Post publicó un artículo muy ilustrativo. Con la firma de Adam Goldman, el conservador diario norteamericano informó que la muerte de Imad Mughniyah, jefe de Operaciones de Hezbollah, ocurrida en Damasco en febrero de 2008, fue obra conjunta de la CIA y la Mossad. El artículo brinda detalles de cómo se fabricó y se accionó la bomba que voló el auto del jefe de la milicia libanesa. La nota afirma que Mughniyah “estuvo implicado en los más espectaculares atentados terroristas, incluyendo la Embajada de Estados Unidos en Beirut y la de Israel en Buenos Aires, así como la voladura de la AMIA. Por supuesto, sobre esto no cita fuentes. Pero hay un agregado muy importante, el periodista del Post recuerda que la muerte de este jefe militar requería la autorización del entonces presidente George Bush, tal como sucede con cada uno de los ataques de drones o de fuerzas especiales norteamericanas: siempre son autorizadas por la Casa Blanca. Por supuesto, ésa es información secreta que, de vez en cuando y pasadas décadas, se da a publicidad, a veces parcialmente. Un comentario más: el director del Washington Post, Martin Baron, días después de esta publicación, reivindicó el papel de la libertad de prensa aunque esta nota haya contradicho las afirmaciones de la CIA respecto de que nada tuvo que ver la agencia con la muerte de Mughniyah. Es difícil saber cómo hizo el periodista del Post para chequear lo que escribió y es muy difícil para cualquier lector dar crédito de la versión del diario o de la versión de la CIA. Se trata de una cuestión de fe y no de información comprobable. Está claro que toda la casuística demuestra que las agencias de espionaje de las potencias militares se ocupan de crímenes ilegales y que son encomendados por los jefes de Estado y de ningún modo son células descontroladas. Al respecto cabe recordar las infortunadas declaraciones del ex embajador de Israel en Buenos Aires, Itzhak Aviran, cuando afirmó a fines de 2013 que su país se ocupó de eliminar a los responsables de los atentados de la Embajada y de la AMIA. De inmediato, el fiscal Nisman dijo que quería citarlo a declarar y el canciller Héctor Timerman consideró que eso explicaba la oposición de Israel al memorando de entendimiento con Irán. Por supuesto, un comunicado oficial desautorizó a Aviran.
¿Quién puede saber a ciencia cierta cuánto pesaron –y pesan– las razones diplomáticas y geopolíticas en la causa AMIA para crear escenas convenientes a cada potencia? ¿Quién dio una explicación profunda y creíble de cómo se originó la idea del memorando con Irán en un momento que eso significaba tomar fuerte distancia de Washington y Tel Aviv? Ese memorando, más allá de las acusaciones de Nisman, generó una reacción opositora muy fuerte y no dejó ninguna contraparte visible de beneficio diplomático para la Argentina. Y la explicación de que iba a significar un avance concreto en la causa AMIA, hasta el momento, no parece contundente.
Lo cierto es que en la Argentina se movieron dos fuerzas que para cualquier visión cartesiana resultan difíciles de comprender. Por un lado, desde el Departamento de Estado norteamericano y las usinas de la derecha latinoamericana, en estos años se buscó desgastar, desacreditar y golpear al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eso sucedió con muchos otros gobiernos de la región. Las peripecias del avión de Evo Morales cuando volvía de Moscú de una reunión de países productores de gas en julio de 2013, son un ejemplo claro de la vigilancia light que ejercen los poderes concentrados. No autorizar el aterrizaje del avión presidencial, no es lo mismo que poner una bomba en un auto, pero va en la misma dirección. Pero, al mismo tiempo que la diplomacia argentina suele desmarcarse de las políticas más colonialistas de Estados Unidos, los espías argentinos son colonizados por las agencias de las grandes potencias. En países como la Argentina, discutir sobre quién lleva burocráticamente las escuchas telefónicas parece secundario ante una pregunta más complicada: ¿cómo se hace para tener un sistema de espionaje que favorezca al país y evite la penetración del espionaje de las potencias?
Respecto del debate parlamentario para reformar la inteligencia vernácula, en principio parece interesante cualquier cosa que oxigene un mundo tan oscuro como el de personas que tienen permisos especiales para violar leyes porque resulta supuestamente útil a los fines del Estado. Porque, en concreto, los espías cuentan con dinero público para montar un cabaret o un diario al sólo efecto de usarlo como usina de espionaje. La excusa de sumergirse en el barro para simular ser narcotraficante requiere de un control muy estricto.
La sociedad argentina se enteró en estos días que la comisión bicameral encargada de ejercer el control del espionaje prácticamente no tuvo siquiera reuniones en 2014. Se habla de tres reuniones de los legisladores. Y no se sabe si cuentan con recursos para hacer el seguimiento de las tareas de espionaje. Es decir, hablar de cómo tiene que ser la nueva agencia federal sin tener un diagnóstico respecto de lo que debe ser modificado tiene una lógica coyuntural fuerte. Por la positiva, da la oportunidad ante la crisis. Por la negativa, ¿de qué crisis estamos hablando? ¿Por qué se le da tanta importancia a las pinchaduras de teléfonos y a mudar esa tarea a la Procuración? ¿Habrá tanto descontrol y uso abusivo de los espías en espiar personas públicas sin permiso judicial o habrá órdenes políticas que se realizan sin asentamiento burocrático para espiar propios y adversarios? Un nuevo dispositivo de las agencias de inteligencia requiere un tratamiento sereno, no parece razonable que pueda hacerse en tres meses y con una división política tan marcada entre oficialismo y oposición, menos en un año electoral. Son muy pocas las personas que pueden saber a ciencia cierta qué hacen los agentes de inteligencia. Sin embargo, aun desinformados, opinamos todos. Es bueno opinar, lo bueno es que la sociedad pueda estar informada y cuente con la palabra de expertos. Por tomar un caso: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por tomar un punto de partida del extraño comportamiento de los espías, cabe recordar que la muerte de Pedro Viale (el Lauchón, julio de 2013) es tomada como un ajuste de cuentas sobre alguien muy cercano a Stiuso. Un año después detuvieron a diez integrantes del grupo policial de elite (Halcón) de la Bonaerense que ejecutaron a Viale. ¿Qué tuvo que ver Hugo Matzkin, el jefe policial? ¿Qué tuvieron que ver otros espías de la ex SIDE en esa muerte? No es fácil saber si este proyecto de ley es un palazo a un avispero para quedarse parado a la espera de que las avispas piquen o se trata de un debate que circulará por las burocracias legislativas sin que la sociedad pueda saber si detrás de esto hay corrupción política, resabios de terrorismo de Estado o negocios descontrolados de espías locales asociados a agencias externas.
Por último, ya están lanzados los principales precandidatos y las entrevistas periodísticas dan lugar para que cualquier dirigente político que lea diarios o charle con jueces y espías desparrame mensajes de terror. Quienes son beneficiados por el voto popular saben que las encuestas muestran desde hace años el tema de la inseguridad como la principal preocupación de la sociedad. La muerte de Nisman no quita peso a la inseguridad, la acrecienta. Por el contrario, esta situación es una oportunidad para que la dirigencia política busque un debate que no agregue miedo sino que tome los mejores ejemplos de esta democracia en la lucha contra la impunidad: el juicio a las Juntas de Raúl Alfonsín y los juicios en curso por delitos de lesa humanidad.
Fuente:MiradasalSur
COMO SIGUE LA INVESTIGACION DE LA MUERTE DE NISMAN. UNA SEMANA CLAVE PARA LAS MEDIDAS DE PRUEBA
Los peritos que faltaban
“No hubo intervención de terceras personas”, fue la conclusión central de la autopsia. La incorporación de los peritos de parte buscará controvertir las pruebas que acumula el expediente. Toxicología, balística y la escena de la muerte en el menú. Los usos políticos.
Por Raúl Kollmann
Por Raúl Kollmann
Doctores Raffo y Salcedo, peritos de parte por la ex esposa de Nisman.Imagen: Gentileza Infojusnoticias | DyN
“En la muerte del doctor Nisman no hubo intervención de terceras personas”, es la conclusión central de la autopsia según el texto elaborado por los médicos forenses. Pero a pesar de que ninguno de los peritajes o pruebas disponibles en el expediente consiguieron poner en crisis esa afirmación, la causa aparece empantanada en torno de las pericias y medidas de prueba todavía en marcha, y a los ruidos producidos tanto por los intentos de sacar rédito político de la muerte del fiscal como por la instalación mediática de falsas polémicas y extraños personajes que enturbiaron el normal desarrollo de la investigación.En los próximos días se buscará conmover el encuadre que desde el principio mantiene la fiscal Viviana Fein: en la causa judicial, al menos hasta ahora, todo indica que Nisman se disparó a sí mismo. Los peritos designados por la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado, podrían empezar a cuestionar la autopsia. Sus argumentos giran alrededor de que “es poco exhaustiva”, que el balazo fue arriba de la oreja, algo poco habitual en suicidas, y otras objeciones de esa naturaleza. Los peritos de la querella también estudian desde el viernes las fotos que muestran el cuerpo de Nisman tirado en el baño de su departamento y, a partir de mañana, se hace en Salta la contraprueba del barrido electrónico en la mano del fiscal, en el que no aparecieron rastros del fulminante.
Esta semana también declarará el ex jefe de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, tras la detección de llamadas con el fiscal, el día anterior a su muerte. Y, además, con la presencia del perito Gustavo Pressman –en nombre de Arroyo Salgado– se hará una copia espejo de los archivos de los celulares y las computadoras de Nisman, lo que permitirá avanzar con los esperados peritajes sobre las comunicaciones que mantuvo el fiscal los días anteriores a su muerte.
Morgue
El viernes pasado, en la Morgue, se trabajó sobre la histopatología, el estudio de las vísceras y el orificio del disparo que produjo la muerte del fiscal. Intervinieron los profesionales del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, y tres de los especialistas designados por Arroyo Salgado: Osvaldo Raffo, Julio Ravioli y Daniel Salcedo. Los dos primeros, prestigiosos médicos forenses, el último, especialista en balística, ex titular de la Policía Científica bonaerense y de la propia fuerza.
El objetivo principal de ese estudio es reafirmar o rectificar la distancia del disparo, un elemento clave para consolidar la conclusión actual de la autopsia. En principio, a primera vista, no habría mayores objeciones en ese aspecto: el disparo fue con el arma casi apoyada. En uno de los intentos por embarrar la cancha, algunos medios sacaron de la galera un inexistente estudio que afirmaba que el disparo había sido hecho a 15 o 20 centímetros, algo que tuvo que desmentir la fiscal. Pero es una muestra de las operaciones que se intentan en la causa.
En el informe de la autopsia se consigna también que Nisman no tenía rastros de lesiones defensivas y que había espasmo cadavérico, lo que significa que, en vez de un relajamiento, por la cercanía del disparo el cuerpo adquirió rigidez inmediata. Es por eso que el dedo quedó doblado, en la posición en que efectuó el disparo.
El punto en el que tal vez se concentre la objeción a las conclusiones de la autopsia es que el lugar del disparo, por encima de la oreja, es inhabitual en suicidas. De todas maneras, hay casos en que el suicidio se concretó de esa manera. Como ya señaló el propio doctor Raffo, la autopsia no se puede analizar por separado de la escena de la muerte, en este caso el baño. De manera que verificarán si las piezas encajan o no.
Toxicología
A diferencia de la histopatología, que es un proceso más complejo, el estudio toxicológico es sencillo. Hoy en día se rastrea en forma bastante automática lo que tenía en la sangre la persona fallecida.
Pese a lo simple del estudio, la fiscal Fein anunció extrañamente que los resultados recién estarán el miércoles 18 de febrero.
La toxicología tiene importancia porque podría indicar si a Nisman lo durmieron y, en ese caso, si se pudo simular un suicidio estando él inconsciente. Sería prácticamente la única forma de acercarle una pistola a menos de un centímetro, en un baño, sin que hubiera resistencia.
Aun así, tampoco sería sencillo armar el escenario en que se encontró el cadáver, con el cuerpo obstruyendo la puerta del baño.
Pistola
Hay otro elemento de importancia: si se tratara de un homicidio, el asesino usó un arma que el propio Nisman pidió prestada. Y, de acuerdo al expediente, el fiscal no sólo se la pidió prestada a Diego Lagomarsino sino que intentó conseguirla a través de su custodio de mayor confianza, Rubén Benítez. Este contó en su declaración judicial que el fiscal le insistió en conseguir una pistola.
De manera que el supuesto homicida –si se trabaja esa hipótesis– tendría tanta intimidad que sabía que Nisman contaba con un arma que había pedido prestada y que, además, era tan de su entorno que se acercó hasta casi apoyarle el arma en la cabeza.
La otra alternativa, nuevamente, es que se haya hecho con Nisman inconsciente, algo que se verá en la toxicología, pero que también será motivo de trabajo –de parte de la querella– de Daniel Salcedo –experto en rastros–, para ver si se puede armar la escena del baño tal y como la encontraron el custodio Alberto Niz y la madre de Nisman, Sara Garfunkel, los primeros en entrar al departamento. Al menos hasta ahora, no hay vestigios de arrastre, pero sin dudas éste será un punto en que trabajarán los peritos.
Barrido
A partir de mañana, en Salta, se realizará una especie de contraprueba del barrido electrónico hecho en la mano de Nisman. Hasta ahora, es la única evidencia que no encaja, aunque varios especialistas anticiparon –Luis Olavarría, Raúl Torre– que era una prueba que podía dar negativo.
En concreto, el barrido electrónico busca detectar una combinación precisa de plomo, bario y antimonio, componentes del fulminante que dejan rastros después de un disparo. Sin embargo, no es siempre así. La Bersa modelo 62, calibre 22, es una pistola muy cerrada y, además, en este caso era vieja. Lo mismo sucede con los proyectiles: comprados y guardados hace muchos años.
Lo que decidió la fiscal es realizar el estudio con un equipo más sofisticado, el que tiene el
Ministerio Público de Salta, comprado en 2010. La pericia, con presencia de la querella, consistirá en que con la pistola que Lagomarsino le prestó a Nisman, se efectuará un disparo y se estudiarán los rastros que deja.
Olavarría, con largos años de experiencia, cree que es una pericia de relativo valor, porque cada cartucho es distinto, la carga que tiene podría ser distinta y hay que considerar los efectos de la humedad por los largos años en que el arma y los proyectiles estuvieron guardados.
Baño
Desde el jueves, los peritos de Arroyo Salgado cuentan con las fotografías y los videos que se corresponden con el hallazgo del cuerpo. El día anterior se les entregaron la documentación, fotos y videos de la autopsia. El doctor Raffo insistió en la idea de que “autopsia y escena” no se pueden analizar por separado, un concepto forense y criminalístico básico.
Hoy por hoy, para la fiscalía la hipótesis inicial –que surge de la autopsia– es que Nisman se sentó sobre la tapa del inodoro, se disparó y cayó hacia adelante bloqueando la puerta con su cabeza. Raúl Torre, que también fue titular de Policía Científica, sostiene que no son inhabituales los suicidios en baños. “Hay mucha literatura y casos”, remarcó Torre.
Niz, el custodio, declaró que cuando entraron al departamento aquel domingo no encontraban a Nisman hasta que la madre del fiscal, Sara, le indicó que se fijara en el baño porque allí había luz. La puerta estaba entreabierta, pero no la pudo abrir porque el cuerpo lo impedía. Sin embargo desde allí vio un charco de sangre –de unos 70 centímetros– y en ese momento le advirtió a la madre. Ella también se acercó y ambos miraron, por el lado de la bisagra de la puerta. Desde allí pudieron ver el cuerpo del fiscal.
Con las fotos y videos, Salcedo verá si hay incongruencias en la escena. Además, hará una inspección ocular directamente en el departamento del edificio Le Parc.
En todo este terreno se pretendió empantanar el cuadro sosteniendo que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, llegó a Le Parc antes que nadie. Esto ya quedó desvirtuado. Berni estaba en Zárate cuando le avisaron y llegó cuando ya estaba el juez De Campos.
Puertas
El acceso al departamento y al edificio mismo son parte de la escena de la muerte. En principio, para la fiscal el departamento estaba cerrado por dentro. Está basada en la declaración de la madre de Nisman, que contó que ella abrió la cerradura de arriba, tipo Trabex, de la puerta de servicio y que luego no pudo con la cerradura de abajo, por lo que hubo que llamar al cerrajero. La puerta principal directamente no se pudo abrir porque las llaves estaban puestas del lado de adentro.
Es cierto que alguien podría haberse hecho una copia de la llave tipo Trabex y que luego de salir del departamento cerró desde afuera. Es una especulación sobre la que habrá que trabajar, aunque parezca improbable. La hipótesis del asesino operando de esa manera combinaría dos formas de moverse a primera vista discordantes. Por un lado, no hubo planificación porque no se usó un arma de sicario, sino una pistola que Nisman pidió prestada el día anterior y que el supuesto asesino debía saber que estaba en su poder. Por el otro, esa hipótesis presupone bastante planificación porque se hizo una copia de esa llave previendo que tendría que escapar por ahí. Parece difícil, pero igual requiere de estudio y análisis.
Cámaras
Como señaló la fiscal Fein, el ingreso y egreso de Le Parc es una especie de agujero negro en el expediente. La funcionaria consideró que se puede entrar o salir del edificio sin ser registrado por las cámaras. Y los datos que surgen de las computadoras de la empresa de seguridad tampoco tienen confiabilidad, algo que se aprecia nítidamente cuando se toma el caso del técnico informático Lagomarsino. Parece claro que entró a las 20 del sábado, pero la salida no está registrada. El dato de la computadora es que salió el lunes a las 0.53, lo que lo hubiera llevado a cruzarse con los médicos, el juez subrogante, Manuel de Campos, la fiscal Fein, y los efectivos y jefes de la Policía Federal que a esa hora ya estaban en el lugar, porque dos horas antes se había encontrado el cuerpo.
Los peritos presentados por Arroyo Salgado seguramente mirarán este aspecto de la investigación, que es muy probable que no pueda ser cerrado. De todas maneras, es necesario que las piezas encastren: es difícil que haya entrado en forma oculta alguien de confianza de Nisman, que se le acercó tanto que le habría pegado un tiro desde menos de un centímetro o que haya tenido la cercanía para darle un estupefaciente que lo duerma.
La política
Resulta asombrosa la forma en que quienes quieren sacar rédito político pasan por encima de las conclusiones que hasta ahora registra la causa judicial y que ni se preocupan en buscarle alguna vuelta a la escena de la muerte. La declamada denuncia de Elisa Carrió, por ejemplo, es por “encubrimiento del crimen del fiscal”, cuando por ahora en el expediente no se llegó, ni por asomo, a la conclusión de que hubo un homicidio. Para colmo, la diputada no hace ni siquiera el esfuerzo de explicar sobre qué bases considera que se trató de un asesinato.
“Esto de ninguna manera fue un suicidio”, se afirma sin más elementos que diagnosticar que “estaba lleno de vida y decisión” o “no mostraba ningún estado de ánimo que hiciera suponer que se iba a quitar la vida”. Lo mismo afirmaba la familia del financista Mariano Benedit, que apareció muerto por un disparo de su propia pistola en la Costanera Sur.
Hay un dato de importancia: Arroyo Salgado designó, en el equipo de forenses, un psiquiatra de larga trayectoria, el doctor Ricardo Ernesto Risso. La jueza tiene vasta experiencia, revisó el expediente y ve que, tarde o temprano, será imprescindible abordar la situación psíquica en la que se encontraba su ex esposo. En ese sentido, el viernes cayó otra de las operaciones creadas en los medios alrededor de las pruebas. La supuesta nota de Nisman a su mucama, difundida por el ex presidente de la DAIA Jorge Kirszenbaum como muestra de que un hombre que encarga compras no pudo haberse suicidado, resultó en realidad ser un pedido de mercaderías de la mucama a Nisman.
A tres semanas de la muerte de Nisman hay dos andariveles:
- El primero, cuestionar o aceptar el núcleo de las conclusiones de la autopsia y de lo que por ahora es la hipótesis del expediente: que Nisman se disparó a sí mismo. Habrá que esperar que se terminen los trabajos sobre los hechos objetivos. Y en cualquier caso, quienes cuestionen lo que hoy es la hipótesis dominante en la causa, necesitarán una alternativa: cómo se movió el supuesto homicida para concretar el asesinato. En este caso, crece la figura de Lagomarsino que reúne muchos elementos problemáticos: tenía una relación estrecha con el fiscal, entraba y salía de su casa sin horarios preconcebidos, hubiera podido acceder a información privilegiada y, lo más importante, es hasta ahora el último que lo vio y el dueño del arma que terminó con su vida.
-El segundo andarivel irá por el lado de que Nisman fue presionado o que hubo una inducción al suicidio, algo que la fiscal Fein tiene obligación de investigar. La secuencia del regreso “intempestivo”, como él mismo lo calificó, de sus vacaciones en Europa (ver aparte); la presentación apresurada de la denuncia contra la Presidenta y el canciller; las graves dificultades de esa denuncia ya en los primeros días, el papel de Jaime Stiuso y Diego Lagomarsino y finalmente su muerte deberán seguir bajo la lupa en una investigación en serio.
Es algo muy distinto al festival de fuegos artificiales que se puso en marcha para sacar una miserable tajada de esta historia.
STIUSO Y LAGOMARSINO SERIAN CITADOS POR LA FISCAL FEIN
Espía e informático a declararPor Raúl Kollmann
Primero Antonio Horacio “Jaime” Stiuso. Después, Diego Lagomarsino (foto). Todo indica que ambos tendrán que declarar esta semana ante la fiscal Viviana Fein, uno como testigo, el otro como imputado por entregar un arma a una persona como Alberto Nisman que no era legítimo usuario.
Stiuso figura entre las últimas comunicaciones que mantuvo Nisman desde su departamento de Le Parc. Se ve que el ingeniero, como le dicen a Stiuso, pese a haber sido desplazado de la Secretaría de Inteligencia, igual mantenía sus contactos y su influencia sobre Nisman.
Hay un punto de trascendencia y que podría tener que ver con la muerte del fiscal. Uno de los integrantes de la Fiscalía testimonió que Nisman esperaba que le entregaran una serie de escuchas telefónicas con las que se respaldaría la denuncia contra la Presidenta, el canciller y el diputado Andrés Larroque. En las que Nisman aportó no hay ninguna que vincule directamente a la mandataria ni a sus laderos con ningún delito ni con el encubrimiento.
Está claro que buena parte de la denuncia la trabajó Nisman con Stiuso. El fiscal afirmó que hace cuatro años que la venía elaborando y en casi todo ese período –como el propio Nisman lo decía– trabajó codo a codo con el espía. Parece que al final –según el testimonio– le prometieron escuchas para darle alguna fortaleza a lo que Nisman presentó. Pero nada de eso apareció y nadie sabe si esas supuestas escuchas existen.
En los primeros tres días posteriores a la entrega del escrito, la denuncia sufrió sucesivas derrotas:
- El texto fue desmentido por el ex secretario general de Interpol Ronald Noble.
- Hubo un cuestionamiento lapidario del juez Rodolfo Canicoba Corral: “Lo presentado por Nisman tiene escaso o nulo valor probatorio”.
- La AMIA y la DAIA no respaldaron la denuncia y sólo dijeron que querían ver las pruebas.
- Algunos de los juristas más importantes –Raúl Zaffaroni, Julio Mayer y León Arslanian– afirmaron que aún si Nisman probara lo que afirmaba, no habría delito.
- Para colmo, Nisman mencionó a dos supuestos agentes que la SI desmintió que revistaran en esa secretaría y Nisman no aportó ningún elemento que sirviera como evidencia.
El rumor que circula en Tribunales es que esta semana el fiscal Gerardo Pollicita impulsará la denuncia de Nisman. No hacerlo sería una afrenta para la memoria del fiscal, pero aquel domingo, el de la muerte de Nisman, ya el texto estaba en una situación de crisis grave y el fiscal iba a tener que defenderlo al día siguiente en el Congreso. Las escuchas prometidas no aparecieron y es muy probable que sobre eso le pregunten al ingeniero.
A Stiuso también le hablarán de un par de frases clave que aparecen en la causa. Por un lado, en un whatsApp dirigido por Nisman a su ex esposa, el fiscal habla de la denuncia: “No podía no hacerla”. Muchos días antes de conocerse ese mensaje, Página/12 publicó el relato del informático Diego Lagomarsino en su anteúltimo encuentro con Nisman. “Y ese día me llamó la atención una frase de Nisman: ‘Yo esto lo tengo que hacer, no tengo alternativa’”. Como se ve, el fiscal hablaba de una cierta presión para que haga la denuncia.
La otra frase también surge del relato que Lagomarsino transmitió a este diario. Según el informático, Nisman le pidió el arma porque Stiuso le dijo que desconfiara de su custodia y les pusiera seguridad a sus hijas. Lagomarsino repitió una frase muy parecida “Nisman desconfiaba de su custodia y les quería dar seguridad a sus hijas”, pero ya no se la adjudicó a Stiuso. Eso lo escamoteó.
Tal vez esta semana ambos hombres misteriosos contesten algunos de los interrogantes, aunque parece difícil que lo hagan. Los dos esconden muy bien sus cartas.
LAS DOS HIPOTESIS SOBRE POR QUE REGRESO DE ESPAñA
El caso de la vuelta de NismanPor Raúl Kollmann
El trasfondo se relaciona con elementos que ya aparecen en la causa judicial.
- Decisión política: El 7 de enero se produjo la matanza en la revista Charlie Hebdo, en París. Los asesinatos crearon una conmoción mundial y la hipótesis es que Nisman o quienes venían trabajando con él, como Jaime Stiuso, decidieron que era el momento político para acusar al Gobierno de algo tan grave como el encubrimiento del terrorismo, en este caso los sospechosos iraníes del atentado contra la AMIA. El WhatsApp de Sandra Arroyo Salgado, dirigido a su ex marido, es impactante: “Está claro que mis prioridades están en otro lugar. Para vos lo más importante es la puja de poder y salir en los diarios, revistas y TV”, le dijo duramente al fiscal. Impresiona que la jueza no haya hablado de que las prioridades de Nisman eran su trabajo o la Justicia, sino la puja por el poder y su aparición en los medios. En cualquier caso tenía lógica el enojo de Arroyo Salgado, porque debió trastrocar sus planes e ir a buscar a la hija de ambos al aeropuerto de Barajas. Pero en esta hipótesis, Nisman volvió sin planificación anterior y porque la denuncia contra el Gobierno le hacía todavía más daño al Ejecutivo porque engarzaba con lo de Charlie Hebdo.
- La fiscalía: La otra hipótesis es que Nisman pensaba que lo iban a desplazar de la fiscalía AMIA, en especial de una de las vertientes en las que trabajaba la unidad: la causa por el encubrimiento, es decir las pistas falsas que se sembraron en el caso AMIA. En ese expediente están imputados todos los que presuntamente desviaron la investigación, entre ellos el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los fiscales de entonces, los jefes de la SIDE y varios agentes, el comisario Jorge “Fino” Palacios y un grupo de secretarios judiciales. Existía un pedido de que a Nisman se lo apartara de esa parte de la causa. El pedido lo hicieron los familiares de Memoria Activa porque consideraban que Nisman fue parte de aquel equipo de investigación original. El juicio oral por el encubrimiento está previsto que empiece a mitad de año y si a Nisman lo apartaban la acusación se podía volver en su contra e incluso podría apuntar a Jaime Stiuso, porque todos participaron de las investigaciones, aunque no desde el principio. Tal vez Nisman creyó que era un hecho que lo removían y ya a fines de diciembre pensó en volver, presentar la denuncia, lo que lo convertía en una especie de intocable. De acuerdo con esta hipótesis, él sabía desde fin de año que regresaría el 12, pero se lo ocultó a Arroyo Salgado y a casi todos los que lo rodeaban.
En la procuración niegan en forma terminante que existiera el plan de desplazarlo. Es más, cuentan que en diciembre se hicieron casi todos los cambios, algunos de fuerte trascendencia, y sin embargo que no se tocó la Unidad AMIA. “Si se hubiese pensado en un cambio, se habría hecho en diciembre”, afirman desde las oficinas de Alejandra Gils Carbó.
En cualquier caso parece claro que Nisman volvió de forma abrupta y lo hizo para presentar apresuradamente una denuncia muy poco preparada, sin fundamentos y sin siquiera aportar las pruebas más elementales. Resultó todo tan improvisado que la jueza María Romilda Servini de Cubría le contestó que no era para tratar en feria y que no había acompañado las evidencias, y el juez Ariel Lijo sostuvo exactamente lo mismo.
Por Martín Granovsky
Varios de los fiscales convocantes a la marcha con la excusa de la muerte de Nisman, entre ellos Raúl Plee y Germán Moldes, fueron acusados por las víctimas de entorpecer la investigación del atentado a la AMIA. Otros arrastran denuncias y sanciones que transforman la convocatoria en casi una “defensa propia”
PLEE Y MOLDES, ORGANIZADORES DE LA MARCHA DEL 18, FUERON CUESTIONADOS JUSTAMENTE EN LA CAUSA AMIA
Los fiscales que no trabajan de fiscales
Dos de los fiscales que convocan públicamente a una marcha de silencio por Nisman, Raúl Plee y Germán Moldes, recibieron cuestionamientos por no haber acusado en tramos decisivos conectados con la Causa AMIA. Nisman dijo a Memoria Activa que en un expediente él no acusó porque Moldes no lo autorizó. Cuáles son los grupos, los proyectos y las figuras en juego.
Por Martín Granovsky
Por Martín Granovsky
En la Argentina los fiscales no dirigen las investigaciones judiciales como en los Estados Unidos. Pero la muerte de Alberto Nisman puso a unos en el primer plano de la discusión política y concedió a un grupo de veteranos del menemismo la fantasía de crear al mismo tiempo una corporación y un espíritu de cuerpo. El más audaz resultó ser el fiscal ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes, que ayer anunció la existencia de un delito sin denunciarlo. “A mí me tocó vivir una época de miedo y veo que algunas de las características de esa época, donde la gente se tiraba muertos por la cabeza todos los días, está lamentablemente volviendo”, dijo a Radio América. Fue su forma de explicar que la marcha convocada por su grupo para el 18 de marzo será en busca de “protección”.
Moldes fechó esa época. Dijo que hablaba de lo que ocurría “a mediados de los ’70”. Sin embargo, no dio detalles de quién tira muertos ahora. Como la marcha es en homenaje a Nisman, puede suponerse que para Moldes Nisman es uno de los muertos tirados. Es como si él hubiera cambiado la carátula puesta por la fiscal Viviana Fein y la muerte ya no fuera dudosa. Los funcionarios judiciales no tienen el derecho sino la obligación de denunciar un presunto delito y violan la ley si no lo hacen.
La actitud de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, tuvo otro fundamento. Estableció por qué quería ser querellante: en nombre de las hijas que tuvo con Nisman. El intendente de Tigre Sergio Massa no consiguió ser querellante porque la Justicia no comprendió en nombre de quién lo hacía.
Moldes hizo un acto raro en él. Apareció en público. No había estado el viernes para la foto en la convocatoria para la marcha que realizaron el fiscal Guillermo Marijuán (“la marcha no es contra nadie”) y sus colegas Carlos Stornelli, Carlos Rívolo, José María Campagnoli, Ricardo Saénz y el fiscal general número dos ante la Casación Raúl Plee.
Sáenz no rehúye las fotos y tiene pertenencia gremial. Es vicepresidente de la Asociación de Magistrados que pilotea Ricardo Recondo, juez de la Cámara Civil y Comercial. Pero el líder del movimiento es Moldes, que junto con Plee forma parte de los fiscales más cuestionados en distintos tramos de la Causa AMIA.
La trama de la Causa Amia cruza como ninguna otra a los servicios de inteligencia, oficiales de policía como Jorge “El Fino” Palacios, jueces y fiscales. Dos de los convocantes públicos de la marcha de silencio del 18, Plee y Moldes, fueron protagonistas destacado de los capítulos menos luminosos. El 19 de junio de 2013 Página/12 publicó una columna de opinión de Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. Tenía como título “Yo no acuso” y con el juego de palabras que invertía el “Yo acuso” de Emile Zola la autora se refería no a ella misma sino a los fiscales que debían haber actuado y no lo hicieron. Escribía Litvachky que la audiencia realizada por “la Sala II de la Cámara de Casación para analizar la responsabilidad penal del ex juez Juan José Galeano se llevó a cabo con más de seis años de demora por orden de la Corte Suprema”. Opinó la abogada del CELS que “esta decisión dio la razón a la querella de Memoria Activa acerca de la desidia de algunos funcionarios judiciales y los intereses subterráneos de otros”. Un ejemplo: “Sin explicación, el fiscal de casación Raúl Plee dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia.
Ayer, el fiscal Plee volvió a estar ausente”.
Otro de los fiscales, el activo pero discreto Moldes, también aparece en la columna de Litvachky que reivindica a los querellantes de Memoria Activa. En el expediente que tramita el juez Ariel Lijo, “ante el sobreseimiento de un grupo de imputados la querella apeló la decisión pero fue nuevamente abandonada por los fiscales”. Afirmó Litvachky que “quien debía impulsar la acción consintió el sobreseimiento sin diferenciar situaciones” y señaló que como jefe de la Unidad Amia Nisman “sostuvo que el fiscal de Cámara Germán Moldes dio la orden de no apelar porque compartía los fundamentos del juez”. Según Litvachky, Nisman explicó que no había apelado porque “carecía de autorización para hacerlo por su cuenta” ya que el fiscal natural de la causa era Moldes.
El cambio que viene
Hasta ahora, al menos, los fiscales no eran una corporación. Ni siquiera un colectivo. Los fiscales, al revés de los jueces, no tienen espíritu de cuerpo. ¿Será que ahora algunos de ellos quieren crear un cuerpo para ponerle la impronta de su espíritu? ¿O será que disputan la cabeza de un cuerpo que políticamente existirá cuando se aplique el nuevo Código Procesal Penal?
La realidad no solo arrojó dos novedades impactantes como una denuncia del fiscal Nisman y su muerte unos días después. Antes, 2014 había terminado con el nuevo Código Procesal Penal sancionado por el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo. ¿Esa perspectiva habrá servido de motivación para ocupar espacios políticos de antemano? Más allá de lo que venga, la verdad es que hoy el actual Código Procesal Penal define que el juez es quien inicia la instrucción. Eventualmente delega esa instrucción en el fiscal y puede recuperarla cuando lo disponga. Inclusive el Código Procesal Penal vigente desde 1991 cambió el carácter inquisidor y desdobló el proceso penal en dos, una parte de instrucción y otra de elevación a juicio donde un tribunal a través de oralidad establece y determina la responsabilidad de cada uno. El papel del fiscal, cuando el juez se lo delega, es cumplir con la Enmienda Miranda de los Estados Unidos, para evitar que el juez o el fiscal prejuzguen sobre un hecho, lo conviertan en delito o le quiten su aspecto delictivo y luego adecúen el resto del proceso penal a ese interés previo.
En 2016, previa ley de implementación, habrá nuevas designaciones, nuevas estructuras y nuevas partidas presupuestarias cuando comience a regir el nuevo Código Procesal Penal promulgado en 2014. La discusión no es el espíritu de la Enmienda Miranda, que nadie critica, al menos en público, sino la administración concreta de los nuevos protocolos de actuación.
La cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema, hoy con Ricardo Lorenzetti de presidente. La defensora general es Stella Maris Martínez. La procuradora, elegida en 2012 a propuesta de Cristina Fernández de Kirchner con acuerdo del Senado, es Alejandra Gils Carbó.
Tanto Martínez como Gils Carbó son vocales de la comisión directiva de Justicia Legítima, una asociación que además de jueces como su presidenta María Laura Garrigós de Rébori o el juez de Casación Penal Alejandro Slokar nuclea a muchos fiscales. Entre ellos figuran Félix Crous, Jorge Auat, Javier De Luca , el fiscal general y jefe de la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos Alejandro Alagia y Julián Axat, director de Atajo, sigla de Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, un organismo de la Procuración con presencia en las villas. En la misión de Justicia Legítima que puede leerse en su web figuran la promoción de “un sistema de justicia más plural e independiente, tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos” y el fomento de la transparencia tanto en los procesos de decisión de los jueces como en el ingreso y la promoción del servicio de justicia. También hay lugar para el Ministerio Público. Dice: “Promover la autonomía de la defensa pública y del Ministerio Público Fiscal en todas las jurisdicciones del país”.
El Grupo Moldes
Si la ley de implementación del nuevo Código Procesal sale a tiempo cambiará el fuero penal porque los fiscales serán el brazo impulsor de los procesos. Cada fiscal, según la Constitución, goza de “inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”. Cada fiscal hace hoy su trabajo y lo hará con mayor amplitud cuando impere el nuevo régimen. Uno de los fenómenos contradictorios de este nuevo fenómeno es que los fiscales que convocan a la marcha del 18 parecen buscar una presencia corporativa pero no procuran actuar en equipo en las causas donde intervienen. ¿Fiscalías feudalizadas y simultáneamente política en grupo para influir dentro y fuera del Ministerio Público Fiscal?
¿Será ése el modelo buscado por el Grupo Moldes? Si eso es así, podrían profundizarse las rispideces con la línea institucional que impulsa la procuradora, basada en unidades institucionales como las de lesa humanidad, criminalidad económica, trata, género y narcocriminalidad, un mayor trabajo en equipo y coordinación con las provincias. “Sin ese criterio hubiera sido imposible detener a jefes policiales vinculados con delitos de narcotráfico en Córdoba y Santa Fe”, suele argumentar Gils Carbó, que acostumbra mostrarse preocupada por una sociedad a la que observa inerme si los fiscales trabajan sin apoyo y control mutuos.
El caso de la fiscal Viviana Fein, en los últimos días, abrió un dilema. Está a cargo de investigar una muerte de alta conmoción internacional como la de Nisman pero prefirió trabajar sola y con su equipo de siempre. A su vez la Procuración ofreció personal pero no quiso insistir para no despertar ni una remota sospecha de presión sobre Fein. Es una encerrona. Si por no ampliar el equipo Fein no diera abasto, la causa por muerte dudosa de Nisman podría tener una dinámica más lenta de la esperable. Y si el equipo llegase a ser más grande la Procuración podría ser acusada de intervencionista por el estereotipo que presenta a Gils Carbó como una torre dentro de las piezas que mueve el ajedrez presidencial.
Las distintas partes en juego experimentaron un ejemplo pequeño de la encerrona durante la última semana cuando Fein dio –involuntariamente– información equivocada a la Procuración sobre los ya famosos borradores hallados en el cesto de basura de Nisman. Los papeles estrujados en el tacho contenían órdenes de comenzar un proceso que llevara a la detención de la Presidenta y del canciller Héctor Timerman. De todos modos, Fein no rompe con ningún protocolo cuando habla en público: es su investigación y hasta los errores están dentro de su derecho. La novedad es la irrupción de Moldes con su rebelión contra la Ley Orgánica del Ministerio Público por haber actuado sin denuncia concreta a pesar de que explicitó que alguien está cometiendo delitos como el de “tirar muertos”.
Callejeros
Por Horacio Verbitsky
El control de la calle ha sido clave para la permanencia de los gobiernos hasta la conclusión de su mandato. Todos los intentos para empujar a Cristina hacia la puerta de salida han fracasado porque a diferencia de Alfonsín, De la Rúa y el ex senador Duhalde, la presidente conserva niveles de adhesión en su propia base social que actúan como estabilizadores contra aquellos embates. Para anularlos, la histeria instalada en el último mes, con fuerte eco internacional, debería complementarse con la movilización de los indignados porteños. La muerte de Nisman conseguiría así lo que no pudieron la crisis económica y su reflejo social, atenuado por las políticas oficiales. Este es el sentido de la marcha convocada por los fiscales, cuyos líderes son Ricardo Sáenz, Germán Moldes y Raúl Plee. Todos ellos tienen tremendos agravios contra la presidente y la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Cuando asumió su cargo, Gils Carbó recibió la visita de Moldes, el jefe de la célula de Comodoro Py, donde lo comisionó la SIDE pocos días después del atentado a la DAIA. Antes había sido el viceministro del Interior de José Luis Manzano e intervino en el irregular ingreso al país de los traficantes de armas y primos políticos de Menem, Monzer y Ghazan Al-Kassar. Sin alzar nunca la voz, Moldes le informó a la Procuradora: “Recuerde que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal con el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país”. A Sáenz, Gils Carbó le abrió un expediente disciplinario a raíz de las grabaciones ordenadas por el juez Juan Ramos Padilla sobre el teléfono de un comisario corrupto, en el que se recibieron numerosas llamadas del fiscal, quien le sugirió cómo aliviar su situación, con ayuda de uno de los tantos jueces federales que giran en la órbita de la Secretaría de Inteligencia, Luis Osvaldo Rodríguez, quien cumplió con la protección prometida, de modo que el procedimiento no avanzó. Como fiscal de Cámara, Sáenz tiene acceso al expediente por la muerte de Nisman que instruye Viviana Fein y es la más probable fuente de las filtraciones que abastecen las primicias de Clarín. El episodio Capitanich muestra, entre otras cosas, que el gobierno vuela a ciegas. Coleccionista de souvenirs del nazismo, Rodríguez instruye la causa abierta por la denuncia de la exposa de Nisman a raíz de la marca en su frente en un ejemplar de la revista Noticias. En la Cámara Federal, Gils Carbó designó otros dos fiscales, que podrían moderar el poder absoluto de Moldes sobre los tribunales federales, pero una cautelar impidió que asumieran. A Plee, lo relevó de la ineficaz Unidad Fiscal para la Investigación del Lavado de Dinero (Ufilavdin), y lo reemplazó por Carlos Gonella, a cargo de la nueva Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que en los primeros meses de actividad solicitó más embargos, secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Plee en años. Esa es también la razón de la ofensiva contra Gonella del juez Claudio Bonadío, cuya prohibición para salir del país ya fue revocada por la Cámara Federal. Moldes y Bonadío formaban parte del mismo grupo político que Manzano, Corach y Anzorreguy. También es irónico que la marcha de los fiscales callejeros se escude en Nisman: tanto Plee como Moldes obstruyeron la investigación de los encubrimientos en la causa AMIA. En septiembre de 2012, el juez Ariel Lijo sobreseyó a Corach y Carlos Rückauf, a varios funcionarios del juzgado de Galeano y a policías federales y bonaerenses. Memoria Activa apeló, pero el fiscal Patricio Evers consintió esas decisiones. Cuando las víctimas recurrieron a Nisman, el fiscal especial les dijo que no podía hacer nada porque Moldes sostenía el sobreseimiento consentido por Evers. Por supuesto, Evers es otro de los convocantes a tomar las calles, igual que su colega Gerardo Pollicita, quien ahora está a cargo de investigar la denuncia de Nisman contra Cristina. Pollicita es el fiscal que cerró la causa abierta por la denuncia de Gustavo Beliz contra Antonio Stiusso, en una resolución en la que no se privó de llamar irresponsable al ex ministro. Otro vocero de la marcha de los fiscales es Guillermo Marijuan, el candidato de Sergio Massa a la Procuración General. En una nota dirigida en mayo de 2013 a Gils Carbó, Memoria Activa señaló “como desaprensiva” la actuación de Plee, quien “no hizo nada durante tantos años para acelerar el trámite del expediente”. También reclamó ante la CIDH, porque los secretarios de la fiscalía no estaban presentes en las audiencias por el encubrimiento. Nisman les dijo que no contaban con la autorización de Moldes, a quien Hugo Anzorreguy designó en julio de 1994 fiscal ad hoc para el caso AMIA. Ya entonces, Moldes instaló la pista iraní sugerida por la CIA y el Mosad y adoptada con entusiasmo por la SIDE. Moldes fue quien mostró ante las cámaras de televisión un fragmento de la supuesta Trafic bomba, cuya existencia está más que en duda. En mayo de 2013, Memoria Activa denunció a Gils Carbó que Nisman, Moldes, Plee y Evers no cumplían con el deber constitucional de promover la acción penal y defender los intereses de la sociedad. En el último aniversario del atentado, el 18 de julio de 2014, Diana Malamud dijo frente a la sede de la Corte Suprema que Nisman “ha demostrado su total incapacidad para investigar en esta causa” y que se desentendió del “encubrimiento porque ahí están procesados sus ex compañeros de trabajo”. En cambio prefirió limitarse a los acusados iraníes que “están a 13.778 kilómetros de distancia”. En diciembre, cuando Nisman presentó su denuncia contra CFK y Timerman, Memoria Activa repudió “el uso y abuso que se ha hecho de la causa AMIA en estos 20 años, para dirimir cuestiones políticas que nada tienen que ver con la búsqueda de verdad y Justicia” y en forma categórica afirmó: “Al fiscal Nisman, responsable de las investigaciones, no le creemos nada. Hemos pedido en los últimos años, en reiteradas oportunidades, su remoción con claros y rotundos argumentos y nada ha sucedido. Es público y notorio que ha utilizado los enormes recursos que ha tenido su fiscalía para fines que nada tienen que ver con el esclarecimiento de la masacre de nuestros familiares y amigos. Su presentación del día de ayer ante la justicia claramente refiere a una interna dentro de los servicios de inteligencia, a la que aparentemente le ha dedicado los últimos años”. Luego de la muerte del fiscal la entidad solicitó a la Procuradora que sancionara a Moldes y Plee. Cuando CFK relevó a Juan Félix Marteau como representante argentino ante el GAFI, este especialista en lavado de dinero pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las causas que se le abrieron por ese delito. En su estudio trabaja María Celeste Plee, la hija del ex fiscal antilavado. La idea de que todos los problemas se resuelven con el apartamiento y la denuncia de Antonio Horacio Stiuso desdeña esta compleja trama que sólo puede conjurarse con una profunda reforma institucional.
LA REBELION DE LOS FISCALES EN DEFENSA DE SU CORDON UMBILICAL
No rompan más los diarios
Fiscales que desde siempre giran en la órbita de la SIDE intentan golpear al gobierno en las calles. Se dicen preocupados por Nisman, pero varios de ellos entorpecieron la causa AMIA. Pese a las modificaciones a la ley de inteligencia, el dictamen de comisiones no corta los lazos perversos entre servicios, fiscales y jueces. La reforma institucional es más decisiva que la acusación a un hombre malísimo. La brutalidad de Capitanich y la sutileza de Lorenzetti. La deserción del radicalismo.
Por Horacio Verbitsky
Por Horacio Verbitsky
El oficialismo votará en el Senado la reforma a la ley de Inteligencia nacional y la oposición se dividirá entre aquellos que cuestionen sus artículos en el recinto y quienes a la misma hora participen de un show mediático sobre la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman y su acusación contra la presidente CFK. Para este sector, la reforma de los servicios de Inteligencia es una cortina de humo que distrae la atención de lo único que importa: el magnicidio de Estado, según la audaz definición con que el fiscal Carlos Rívolo se refirió a la muerte de Nisman. Rívolo es uno de los fiscales que en la semana de Carnaval convocarán junto con gremios de la CGT de Hugo Moyano y partidos de la oposición a una marcha de repudio al gobierno nacional, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. El representante de los fiscales en la directiva de la Asociación de Magistrados, que también participará de la algarada, es Ricardo Sáenz, quien ocupa su vicepresidencia. Sáenz es el Secretario General de Certal, la entidad de lobby que sostienen los operadores de cable, entre ellos el Grupo Clarín. Su coordinadora es Ana Recondo, hija de Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados. Recondo y Sáenz convocaron a los candidatos presidenciales a la firma de un acuerdo reclamando que las escuchas judiciales no queden a cargo del Ministerio Público Fiscal sino de la Corte Suprema. Ese es el deseo de su discreto presidente, Ricardo Lorenzetti, quien observa la máxima aristotélica de que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, y también conoce el arte de actuar por interpósita persona. Nunca cometería la estupidez brutal de romper un diario en conferencia de prensa. Sólo la sensación de asedio que se registra en el gobierno explica que aún no haya sido desautorizado el Jefe de Gabinete, quien superó todas las marcas conocidas en el hobby de apuntar al propio pie. A este ritmo, pronto no van a quedar dedos sanos. Está por verse si la astucia de Lorenzetti lo preservará del Abrazo del Oso que le propuso la oposición, con una solicitud de audiencia para analizar el dictamen y la muerte de Nisman, temas que no son de la competencia originaria de la Corte. La oposición instaló la idea de que el gobierno tuvo responsabilidad en la muerte del fiscal y que otras personas molestas podrían padecer ataques similares. Dos políticos entusiastas, que fueron parte del gobierno, Miguel Bonasso y Carlos Stornelli, se regodearon al afirmar sin asomo de dudas que lo sucedido es sólo el principio e insinuaron que otros episodios aterradores estaban en lista de espera.
En cambio el Poder Ejecutivo percibe una nueva ofensiva de desestabilización con el propósito de forzar un final abrupto del mandato presidencial, como las que padeció luego del rechazo de la resolución 125, las elecciones de medio término de 2009, el fallo en Nueva York a favor de los fondos buitre o las repetidas corridas financieras y cambiarias.
La semana pasada uno de los candidatos a la vicepresidencia derrotados por Cristina llego a proponer el adelantamiento de las elecciones para mayo. Los medios de la oposición se llenaron de audaces paralelos con la presidencia de Isabel Martínez de Perón y ominosos vaticinios sobre su destino.
La muerte de Nisman les ha permitido instituir un clima de emergencia que ayuda a fantasear con un frente de salvación nacional. Pero tan grave no debe ser la situación si no deponen la odiosidad recíproca que se profesan y siguen tan lejos como siempre de articular una fórmula unitaria que pueda batir al Frente para la Victoria. En todos sus análisis, periodistas y políticos opositores repiten: “Esta vez sí”, como una letanía que expresa sus anhelos. Esta es la hora de quienes más dificultad tienen para discernir sus deseos de la realidad: Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Laura Alonso, arietes de demolición detrás de quienes no se advierte quién pueda construir una alternativa. La de este año no es una elección legislativa, sino presidencial, el electorado ya sabe que cuando terminan las celebraciones hay que gobernar y no es propenso a tentarse por revoltijos como el que desembocó en la crisis de fin de siglo y sus peores extremos. Hasta Pepe Mujica se da cuenta de lo obvio.Instituciones fundamentales
Un compromiso con las víctimas
Desde todos los alineamientos políticos y la enorme mayoría de los barullos periodísticos se opina sobre las causas y razones del desenlace trágico de Nisman con una banalidad pasmosa, ya sea para afirmar que se suicidó o que lo asesinaron, definición imposible de sostener a esta altura de las investigaciones. La oposición además se sirve de esa muerte como excusa para desertar de la discusión de fondo. Contraponer la investigación sobre Nisman con el tratamiento de la ley que disuelve la SI no es inteligente y contraría incluso los objetivos de quienes eligieron ese camino perezoso, ya que es mucho más fácil escribir 140 caracteres estridentes que estudiar un tema complejo y presentar propuestas viables. Pero la espuma de los días pasará y la ley de Inteligencia quedará, para bien o para mal. La vigente, promulgada en 2002, es una derivación razonada de las de Defensa Nacional, de 1988, y de Seguridad Interior, de 2002. Las tres expresaron el mayor grado de acuerdo alcanzado en tres décadas por las “instituciones fundamentales del sistema democrático”, como el artículo 38 de la Constitución llama a los partidos políticos. Sustraerse ahora a esa construcción colectiva es una enorme irresponsabilidad. El oficialismo, por su parte, presentó un proyecto apurado con errores de forma y de fondo. Si bien ha demostrado disponibilidad para introducir cambios, insiste en aprobarlo en plazos exiguos, para que la presidente CFK pueda anunciarlo en la inauguración del año parlamentario el 1o de marzo. Este ritmo de vértigo tampoco es aceptable, dada la importancia de las cuestiones en juego, como la propia presidente reconoció al decir en el mensaje de elevación que se trataba de una deuda de la democracia argentina. Saldarla requiere reflexión, consultas, discusiones, cotejo de experiencias internacionales, diálogo entre los expertos de cada partido y de la sociedad civil. Después prevalecerá la mayoría, porque esa es la regla maestra de la democracia. Pero no a libro cerrado y sin escuchar a nadie. Luego de la presencia en el Senado del especialista Marcelo Fabián Saín y del Centro de Estudios Legales y Sociales (presidido por el autor de esta nota), que fueron muy críticos con varios artículos del proyecto, tanto el bloque de Senadores como el Poder Ejecutivo aceptaron introducir cambios importantes, aunque insuficientes.
La reforma de la ley de Inteligencia no es un gesto gracioso del Poder Ejecutivo. Surge de un compromiso con los sobrevivientes del atentado que integran Memoria Activa y que en 1999 denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2004, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N3 confirmó las denuncias de Memoria Activa, absolvió a todos los acusados y denunció por desviación de Justicia y encubrimiento al ex presidente Carlos Menem, a sus ex ministros de interior Carlos Corach y de Inteligencia Hugo Anzorreguy, al ex juez Juan José Galeano, y a sus ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros. De quienes intervinieron en esa primera fase de la investigación sólo Nisman quedó a salvo de reproche, pese a que como fiscal general tenía jerarquía superior a la de Mullen y Barbaccia, con quienes colaboraba. En marzo de 2005, el presidente Néstor Kirchner dispuso que el Estado argentino reconociera ante la CIDH su responsabilidad por no haber prevenido el atentado, pese al antecedente previo de la explosión de la embajada de Israel, y por el encubrimiento posterior. El Estado se comprometió a investigar los hechos, a reparar los daños, a prevenir su repetición y a reformar la legislación de Inteligencia, con especial mención a la necesidad de “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado”, ya que con ellos se pagó el falso testimonio de Carlos Telleldín que desvió la investigación. El decreto 812/05 formalizó ese reconocimiento de responsabilidades y la agenda de trabajo que lo acompañaba, y que también incluía desclasificación de documentos secretos y la creación de una unidad especializada en catástrofes, tanto para la atención de las emergencias médicas como para la recolección y protección de pruebas en casos criminales, incluyendo un plan de contingencia para casos de atentados. Lo sucedido la noche de la muerte de Nisman es un ostensible recordatorio de los puntos pendientes de esa agenda. Desde que asumió la presidencia en 2007, Cristina no volvió a recibir a las víctimas, con quienes había tenido una intensa relación cuando integraba la comisión bicameral, y fue la única que firmó en contra de la versión oficial que se derrumbaría en el juicio. Fue necesaria la emergencia que generaron el inconsistente dictamen de Nisman y su muerte, para que el gobierno dejara de cortejar a los propietarios del edificio derruido en 1994 y se acordara de las víctimas. Sin embargo, el dictamen de las comisiones del Senado mantiene la posibilidad contenida en el artículo 4 de la ley vigente de que la nueva Agencia Federal de Inteligencia actúe en las causas judiciales como auxiliar de fiscales y jueces. Esta es la ventana por la que se filtró el monstruo y sin cerrarla no hay forma de erradicar esa relación incestuosa. Además se transfieren de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad a la Agencia Federal las competencias y el personal para “la producción de Inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y actos contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información”. Con esta consagración de las “nuevas amenazas” que impulsan los organismos internacionales de Inteligencia, las distorsiones que hicieron crisis con la muerte del fiscal Nisman, lejos de solucionarse se agravan.
Marchas y andanzas
Stiuso, de superagente a testigo habilitado. Fein, sus dilemas. La marcha de los fiscales, objetivos. La idea de cambiar de juzgado. El discurso de los medios dominantes, cada vez más expansivo. Comparaciones odiosas, objetivos ídem. El Gobierno, broncas y reacciones.
Por Mario Wainfeld
Por Mario Wainfeld
Interrogar como testigo a quien podría ser imputado o procesado es un dilema procesal: puede estar contraindicado. El testigo debe expresar la verdad bajo apercibimiento de incurrir en delito, el indagado puede negarse a declarar en su contra y no está bajo juramento. Tal vez Fein demoraba la citación, reclamada a gritos desde distintos sectores, con esa idea en la cabeza. La revelación de una llamada vía Nextel poco antes de la muerte de Nisman impone el trámite, que deberá extenderse a cualquier persona que se comunicó con él, en esas horas o días.
El superespía es patrocinado por un abogado ducho en esas lides, hábil o hasta taimado. Sacará ventaja de todos los ripios del trámite o los urdirá.
Stiuso mismo es un personaje avezado en mentir, simular, urdir operaciones, generar confusión. Creerle o no, en lo atinente a esa llamada y al hecho de sangre que se investiga, será cuestión de fe. Desde luego, habrá elementos pasibles de ser cotejados con otras evidencias. Las referencias al contenido de la conversación, todo lo indica, quedarán a su merced y control. Si es que se presenta, claro.
Es notorio y fue asumido por Nisman que Stiuso lo asesoraba o llevaba de la mano en todo sobre al expediente referido al atentado contra la sede de la AMIA. Esa rama de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) a su vez tributaba a la CIA y a la “embajada”. Todos ellos son partidarios de la llamada “pista iraní”.
El oficialismo actuó bien al dispensar del secreto a Stiuso. Claro que esa presencia en Tribunales abrirá otra caja de Pandora. Esa historia mitológica, de momento, funciona más asiduamente que el hilo de Ariadna aludido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un reciente discurso.
Fiscales en marcha: Un conjunto de fiscales, que no todos aunque se asevere lo contrario, convocó a una “marcha del silencio” para el 18 de febrero. Es ocioso debatir si es o no “política” o cuestionar ese aspecto. Toda movilización en el espacio público es política y un derecho constitucional. Si se afina el análisis el punto es si es proselitista en términos electorales. No caben dudas: se trata de una movida opositora. Habrá dirigentes políticos que serán de la partida sin llevar estandartes ni cotillón pero esmerándose en “robar cámara”.
Varios de los convocantes tienen escasa legitimidad para hablar en nombre de “la Justicia”
Carlos Stornelli, de trayectoria política y tribunalicia zigzagueante, podría a su vez dictar un curso sobre investigaciones criminales patéticas. Era ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires cuando se produjo el trágico accidente que segó las vidas de la familia Pomar. La pesquisa se demoró meses, se nutrió de “carne podrida” entregada a los medios arrojando sospechas perversas contra las víctimas. Se urdieron y divulgaron fábulas varias que las enlodaban. En definitiva, tras semanas de trabajo penoso, el auto se encontró a pocos metros de la ruta que transitaba, estrellado.
Los fiscales expresan una lucha frontal contra el oficialismo, que en buena medida tramita en Comodoro Py. Cuando tanto se habla de Stiuso, a quien se transforma en una especie de superhombre, es bueno recordar que hay un túnel virtual, invisible a los ojos, que comunica la SI con Comodoro Py. En tiempos no tan remotos, sobres frondosos lo transitaban de punto a punto.
La causa es mía, mía, mía: Tal vez la causa Nisman supere la capacidad de trabajo y la aptitud para tratar con los medios de Fein. Está por verse y por ponerse a prueba.
La fiscal estaba a punto de jubilarse y de tomarse vacaciones, desistió de éstas. Las presiones que recibe la abruman y se le nota. Su jefe y convocante a la marcha, el fiscal Ricardo Sáenz, finge arroparla mientras la “conduce”. Alega que el Gobierno quiere desplazarla de su labor pero los movimientos visibles para quitar el expediente del juzgado en que tramitan vienen de otro lado.
El juez federal Luis Rodríguez, como informó ya este diario, aspira a succionar el juicio ligándolo por conexidad con otro que tramita en su juzgado. Es una denuncia por amenazas presentada con anterioridad por la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de las hijas de Nisman.
La táctica es alentada desde varias notas del diario Clarín. Es difícil exagerar el protagonismo del multimedios no como mero ejercicio del periodismo sino como conductor de la oposición política y judicial. Con Rodríguez a cargo del pleito, Clarín jugaría de local.
El recuerdo de Isabel: El discurso de los medios dominantes es atronador y no repara en límites ni en el rigor profesional. El columnista de La Nación Joaquín Morales Solá escribió en dos ocasiones algo así: “En el caso de la AMIA, la Justicia argentina concluyó que fue el gobierno de Irán el que ordenó y financió el devastador crimen”. La afirmación es falsa: los tribunales sólo “concluyen” cuando dictan sentencias definitivas. En la causa AMIA, obstruida desde 1994 por gobiernos anteriores al kirchnerismo y por los servicios, no hay sentencia definitiva ni siquiera una de primera instancia apelada. Nisman pidió que se llamara a indagatoria a ex funcionarios iraníes, que sujetos a la ley argentina y no a los protocolos del Departamento de Estado, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. La citación no se pudo cumplir porque los sospechosos no se presentan e Irán no concede extradiciones. Esto no demuestra que la hipótesis sea incorrecta pero tampoco que esté comprobada.
En la edición de Clarín de ayer, el periodista Alberto Amato desarrolla una tesis que se ha puesto en boga. Compara los últimos tiempos del gobierno de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón con el actual. Cristina, en ese relato, “es” Isabelita. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich es la nueva versión de José López Rega. La nómina de paralelismos forzados es prolongada. Y no propone una conclusión, explícitamente. Pero una lectura atenta del mismo ejemplar y de todos los de estas semanas habilita una inferencia. A la nota le falta un párrafo final o un desenlace, sugerido en tinta limón. Es una obviedad, pero allá va. A pocos meses de elecciones de recambio presidencial (como hoy día) el gobierno de Isabel fue derrocado para instituir la dictadura más sanguinaria de nuestra historia. Se impuso el terrorismo de Estado y se implementó una política económica antinacional, antipopular y antiobrera. Para la sociedad en su conjunto, fue devastador. Clarín no corrió una suerte similar: en el tramo más brutal, la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla, adquirió Papel Prensa. Los vendedores pasaron de la negociación de prepo a la mesa de tortura, en cuestión de días.
La embestida es arrolladora y viene siendo exitosa en el corto plazo. El afán es posiblemente conseguir sacar al Gobierno. Por ahí en una doble acepción.
Tácticas y desafíos: Se sabe: “sacar” en jerga cotidiana es conseguir enardecer al otro, enfurecerlo. El elenco gubernamental acusó el impacto. Las encuestas lo comprueban, más aún el clima de palacio. La conducta de Capitanich, ya comentada en estas columnas, fue más grave que un error: una actitud autoritaria, posible consecuencia de una furia que un dirigente avezado, un profesional al fin, debe saber controlar.
La falta de gestos y palabras hacia las víctimas de la muerte, la familia en particular, es otra carencia. El kirchnerismo tiene un patrimonio acumulado en reivindicar a las víctimas, enaltecerlas, “darles voz”, contenerlas. No se trata de rectificar las críticas al insostenible dictamen de Nisman ni cejar en ese debate. Está en juego un proceder que valoriza a las personas y que mucha gente de a pie espera y valora.
Cuando la plana mayor del PJ discutió un necesario documento de defensa de la Presidenta se analizó la posibilidad de incluir un párrafo alusivo a la familia de Nisman. No “coló”, aunque tenía promotores. Fue más que un error de comunicación: una incongruencia con los mejores principios del oficialismo.
Repasos: Las distintas vertientes opositoras construyen un mito falso: el oficialismo como culpable cuando no ejecutor de un asesinato. Las pruebas materiales sobre la muerte no lo ayudan, la fragilidad del dictamen sobre el memorándum se corrobora día a día. No importa, se sigue azuzando con el afán de convertirlos en los ítem únicos de la agenda cotidiana y los principales de la campaña electoral.
Las gestiones kirchneristas produjeron años de paz social y estabilidad inusuales en la Argentina. Con el aditamento, que se puede considerar o no contradictorio, de una radicalización del verbo político y el conflicto como eje cotidiano del debate.
El kirchnerismo admitió movilizaciones en su contra desde sus albores. Juan Carlos Blumberg fue el adalid de la primera, las entidades agropecuarias organizaron la más lesiva y convocante. En tales casos, el oficialismo cayó en traspiés varios (que abarcan concesiones indebidas) pero jamás apeló a la violencia. Mientras “el campo” cortaba rutas, promovía desabastecimiento y apostrofaba a la Presidenta, la disputa se llevó al Congreso.
Hubo, como estrafalaria excepción, un apresamiento del “melli” Alfredo De Angeli, tosco y transmitido en directo por tevé que duró un puñado de horas.
La gravedad de los cargos y su inconsistencia pueden atizar bronca, es uno de sus objetivos. El oficialismo haría bien en tomar nota y no dejarse envolver en la espiral del odio.
Expedientes y campañas: Hay muchas teorías sobre las causas de la muerte de Nisman, ninguna está probada donde debe serlo. El kirchnerismo cree que “le tiraron un muerto” y construye un silogismo político-investigativo: un dictamen falaz que genera el clima, el homicidio a Nisman, a manos de quienes fueron sus aliados.
El razonamiento no es absurdo ni imposible, pero un crimen no se acredita con silogismos. Hacer todo lo accesible para facilitar la investigación es el medio más idóneo. El expediente penal es un universo propio con reglas prefijadas. Para la sociedad y el sistema democrático es necesario que la investigación se preserve dentro de sus fronteras.
La dispensa a Stiuso es una decisión potencialmente funcional a la pesquisa y a la vez riesgosa.
El episodio en torno de un borrador de Nisman permite una deducción no tan trillada. El Ejecutivo no dispone de información propia sobre el expediente: produjo (y sobreactuó) su desmentida en base a declaraciones equivocadas de Fein. En términos institucionales es valioso que el Gobierno no tenga acceso a la causa, en términos comunicativos debe motivarlo a ser cauto cuando la alude.
El escenario anticipa la campaña electoral más feroz de la recuperación democrática, acaso diferente cualitativamente a las anteriores. Eso intuye este cronista, basado en la mirada cotidiana, ojalá se equivoque. Dependerá de la templanza y calidad de los dirigentes políticos de todas las banderías.
Las historias continuarán, vaya si continuarán.
TEXTO COMPLETO DE LA CARTA ABIERTA 18
Entre el texto y la sangre
I
Un hecho de profunda e inusitada gravedad ha alterado la vida política del país que, en su sustancia última, puede revelar el modo en que los llamados Servicios de Información afectan todas las instancias de la institucionalidad democrática de la Nación, sus estructuras jurídicas y políticas republicanas y el complejo comunicacional globalizado.
Servicios de Informaciones, que además, se ligan ostensiblemente –hasta lo que la simple mirada pública puede conjeturar– con las agencias de Inteligencia de los Estados Unidos y sus países asociados. No influyen sólo por el poder de su clandestinidad en la esfera pública, sino porque toda una manera de emplear el lenguaje y los conceptos políticos –en medios de comunicación, círculos financieros, partidos políticos– toma su impulso de la idea de “fuente”, “operación”, “filtración”, “apriete”, “rumor”, “seguimiento”, “pinchadura”, etc.
El propio concepto de información recubre todo esto, tanto desde una operación de amígdalas hasta tomar cuerpo humano como indicador de una semiología del terror.
En verdad, gran parte de lo grave que ocurre ya está inscripto en nuestro lenguaje cotidiano y en la lengua comunicacional de la época. Por otro lado, la trama geopolítica de los servicios mundiales, en las radiaciones que emergen del más connotado, la Central de Inteligencia Norteamericana, sus anexos o sucursales en países de todo el mundo, introducen variantes de acción, a veces deliberadamente contradictorias entre sí, poniendo en crisis el clásico concepto de autodeliberación de la ciudadanía y, entre tantas otras cosas, afirmando el “cui buono”, famoso interrogante que falazmente lleva las responsabilidades hacia quienes supuestamente “se benefician” de un crimen. Se dice en los medios relacionados con estas agencias internacionales que, cualquiera sea el resultado de las investigaciones sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman –asesinato, suicidio inducido o suicidio–, ninguno podrá “favorecer al Gobierno pues la gente cree en asesinato”. De tales razonamientos surge la idea de “verdad” de los Servicios de Informaciones. En cambio, lejos de esta noción de verdad construida como la eficacia de un mero efecto, se halla la verdad yacente en las ruinas de la historia, que es preciso develar.
Fuimos contemporáneos de atentados que, articulados con fuertes poderes fundados en el secreto de los Estados y sus bóvedas ocultas, eran sumergidos bajo sucesivas capas de operaciones obedientes a la turbia realidad de una época que vive en el abismo de lo indecible de los muertos sin sepultura, los anónimos sacrificados y el sinsentido de las masacres. Si la política prosiguió sus vicisitudes sobre esas superficies agrietadas, es hora de pensar de nuevo el origen de lo público y de la palabra encarnada en la historia y no en el pronóstico de las agencias de asesoría, informaciones y diseño de campañas.
La muerte del fiscal Nisman ha sumido en un extendido estupor a la población, al Gobierno y a todas las fuerzas sociales y políticas. Esta muerte, que es imperativo investigar con rigor y premura, debe ser tomada en primer lugar con un sentimiento de congoja cívica, pues se ensombrece la vida pública a la par que lleva un indefinible dolor a la familia del fallecido. El fiscal condensaba las maniobras completas de los servicios secretos mundiales de un modo que para él se tornaba insoportable, con situaciones que tal vez lo consternaban, que irían a superarlo y a encerrarlo en el enredo de complejísimas claves nunca descifradas. El particular dramatismo que tiene esta muerte, pues sus autores no son conocidos ni es posible descartar un suicidio, agrava el sentimiento de incertidumbre y miedo que desata, y por consiguiente los errores políticos que se manifiestan al interpretarlo. El fiscal Nisman iba a presentarse a ampliar su inusitada denuncia por “encubrimiento”, en una comisión del Congreso, contra la Presidenta de la República, a la que atribuía la participación en un supuesto “plan criminal”, expresión que ya se utilizara en el Juicio a las Juntas en la época de Alfonsín, increíble acusación que trasponía un hecho en otro totalmente heterogéneo y contrario, que el vocabulario del republicano esencial –figura que, podemos imaginar, vive en la conciencia de todo fiscal– por razones obvias, nunca debió haber permitido.
Hubo textos y sangre. Todo ello abarcó los capítulos que siguieron al extraño e incongruente escrito de Nisman; el aluvión comunicacional afín al relato policial en todos sus géneros y la extraña foto que él mismo envía con sus folios y marcadores. Estos hechos obligan a la lectura y a la relectura de textos e imágenes, porque son las escrituras de la culpa y de la sangre. Descifrar correctamente equivale a restañar el horizonte democrático herido. Por la importancia del tema –es una muerte política, pues si nadie puede morir la muerte de otro y toda muerte es un gemido callado de la humanidad, ésta, como muchas otras, llevaba un indescifrado mensaje–, su muerte, decimos, ha sido interpretada con una catarata de opiniones que inspiraban sus fundamentos en especulaciones nómades y en general basadas en las posiciones previas, que con mayores o menores matices de prejuicio, ya estaban presentes en cada enfoque o estocada que se le enviaba a diario al Gobierno en los períodos previos a la muerte del fiscal. La atroz simplificación a la que está sometida la vida política argentina creyó encontrar en este abominable hecho la piedra filosofal de la enajenación final del Gobierno. Pero las cosas no son ni nunca fueron tan simples. Quienes suponían que el informe Nisman –asombrosamente desprolijo, con huellas de inédita improvisación y carencia de pruebas sustituidas por rápidas conjeturas de cuño folletinesco–, iba a demostrar una verdad contundente contra el gobierno –el denominado “encubrimiento” de la Presidenta y el canciller sobre la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA–, de inmediato lanzaron la hipótesis de un asesinato, y como en las peores intrigas teatrales imaginaron a la Presidenta dando órdenes letales en la oscuridad de su despacho.
Imágenes parecidas a ésta surgieron con fuerza en las escuálidas marchas que se hicieron al otro día de la muerte que paralizó al país. Eran mostradas con insistente deleite por los medios de comunicación, que comenzaron así su tarea en este nuevo tema de peligrosísimas implicancias. Lo principal estaba dicho en esos rústicos carteles callejeros, que núcleos específicos de personas mostraban en Plaza de Mayo con irresponsabilidad vertiginosa, basados como siempre en estipuladas injurias, inspiradas en una matemática cruel: gobierno, igual a homicidio, igual a terror, igual a la República deshonrada, igual a sangre. Estas ecuaciones que surgen de los suburbios de las conciencias más extraviadas, se sacan del manual de estilo oficial de la época, que puede abarcar tanto al taxista como al especialista en ciencias políticas. Es el que está escrito por los Servicios de Informaciones de la globalización, con sus best-sellers sobre las hecatombes a las que conducirían los gobiernos atípicos –como ahora el de Grecia– por estar al margen del recetario de dominios ostensibles que se quieren imponer, como si la muerte de Nisman fuera un terremoto ordenado por dioses de las tinieblas, que el orden comunicacional mundial –incluidos los medios principales de Estados Unidos o de España– ya tiene catalogado como un tema donde debe intervenir alguna “Comisión Internacional” para que nos salve de una tiranía. Como todo crimen espectacular en el seno de una gran tensión histórica (la geopolítica mundial, los atentados a las instituciones judías, cuya extrema trascendencia permanecía latente, con tropiezos en su esclarecimiento que son responsabilidad de muchos), ha desatado un nudo terrible y soterrado, del cual sale toda clase de voces, desde las más juiciosas a las más insensatas, pero cada una con su efusión característica, rechazando ver lo evidente en nombre de la fantasmagoría que como antecedente cada uno adoptó en su conciencia. Eligen ser cautivos de lo lúgubre.
¡Qué fácil se asocia a la máxima autoridad del país a un asesinato! Sin embargo, hubiera sido y sigue siendo más fácil indagar la multiplicidad de textos que este inaudito episodio ha generado.
Pero los pergaminos donde están escritas las equivalencias como las que mencionamos –los primeros textos: la Presidenta es la responsable–, son carteles que alguien escribe y que la televisión de masas enfoca con deleite visual. Quedaba lanzada esta hipótesis con octavillas rústicas, en plena Plaza de Mayo, por ciudadanos anónimos, imaginemos que tomados por las facilidades que todo el mundo tiene derecho a concederse a sí mismo para desatar sus más infaustas entelequias. La hipótesis era viciada e indigna. Pero esencial para los que después debían mellarla, esculpirla, darle textos extraídos del moralismo de sacristanes que escriben por metro cuadrado la égloga de desestabilización, el padrenuestro de la república mancillada que exige cruzadas urgentes de purificación y el llanto narcisista del poeta de la redención fúnebre. Estaba pendiente la tarea de construir el texto que rodease, puliese, le diera esmeril adecuado a la ecuación que era la matriz generadora de todo lo que se iba a decir de manera cifrada. Cientos de escritos sudorosos de respetabilidad y señorío, avizorando lo que tan contundente y lamentablemente vio el médico de la prepaga –ese drama lamentable que nos atraviesa a todos en la forma de un charco de sangre– se dispusieron a atribuirle autor y darle responsabilidades inapelables en las toscas pancartas, por eso mismo absurdamente creíbles por el sector de la población más desprotegido de conciencia crítica. Está bien: no otra cosa que la responsabilidad es lo que se discute en la Argentina. El justo texto de la trágica sangre derramada. Y siempre fue así. Las tesis sobre la responsabilidad institucional no deben obnubilar la reflexión sobre la responsabilidad de la compleja lengua social del vituperio que hoy se habla, la degradación ostensible del lenguaje público en los medios informativos de masas, el montaje espurio de imágenes, y el nivel elevado de lógicas conspirativas y acciones secretas con que se manejan los órdenes empresariales, financieros, comunicacionales y políticos.
II
De la sangre a los textos hubo que recorrer un camino. El relleno irresponsable de los signos directos de la culpa estaría a cargo de experimentados libretistas, quienes debían invocar con sacrosanta rutina a las mafias gubernamentales, a la pérdida de la república, al insoportable vilipendio de las instituciones, a la asfixia dictatorial que se estaba viviendo, a la indiferencia ética hacia una muerte, a comportamientos insensibles frente a un posible asesinato, a la Constitución arrojada al sumidero público, todo lo cual, sumado al desprecio insólito hacia un discurso presidencial que anunció una fundamental medida, muchas veces reclamada sobre la disolución y reemplazo democrático de los servicios de Inteligencia, remataba en el habitual anuncio de “descomposición” final de las instituciones. En él militaban desde los que veían un colmillo siniestro asomar desde la Casa Rosada hasta los que, aparentemente indulgentes, descartaban responsabilidades directas pero acusaban de haberse creado climas, desatendido custodias, ser ineficientes en cuidar el barrio con más cámaras de seguridad en Buenos Aires, hacer una subrepticia filmación de la llegada del fiscal a Ezeiza, o de pronunciar frases inadecuadas ante el muerto. Los oscuros pájaros de la noche salían de madrugada desde Balcarce 50 y sacudían la conciencia puntillosa de la moralina republicana impartida por los evangelios de las redes, que vigilan tanto para que nos descalcemos en los aeropuertos ante visores automáticos, como se escandalizan por hábito, en el caso de la supuesta persecución de un periodista que enseguida proclamó ufano que aumentaron en varios miles sus seguidores de Facebook.Lanzada la magna denuncia, se estaba completando ahora lo que llamamos una acusación de “manera cifrada”. El implícito era el de un asesinato oficial, de tinte mussoliniano –se recordó el caso Matteoti–, pero en el reino de la insinuación convivía tanto el autoerigido fiscal de la República que demolía todo en unas cuartillas, como el improvisado que se tomaba el trabajo de elaborar su desprecio desde las alturas de los tejidos impolutos del gorro frigio, emblema que les sirve hoy para ennoblecerse a muchos de los mismos que en el ayer no tan lejano cometieron contra él todo tipo de infidelidades y delitos. Con estas horas infinitas de comentarismo televisivo y artículos del tribuno rescatista de instituciones vejadas, se generaba el giro de deslegitimación y deshonra progresiva de un gobierno, que simultáneamente sigue luchando para detener el ataque de las sempiternas triquiñuelas que los fondos buitre siguen elaborando en sus especializados despachos punitivos contra países que ni siquiera han balbuceado palabras anticapitalistas, sino que se oponen simplemente a la rapiña internacional.
En el momento más lóbrego del periodismo nacional, se escriben artículos con los mil vericuetos que tiene este doloroso caso de muerte, y se analizan pequeñas incidencias con estridentes epítetos, despreciando una a una, sobre todo la más trascendental de las medidas del Gobierno –el más afectado por el hecho–. Así, se dan el lujo de declarar su pánico en medio de cócteles de regocijo, y sentirse hostigados por escribir lo que nadie les impide escribir, sin dejar de declarar que viven en una feroz dictadura mientras analizan el discurso de la Presidenta como parte de un ilógico bestiario. Entonces, la medida que disuelve un odioso organismo de control social es vista como un acto tardío, una decisión que cambiará un Servicio de Inteligencia por otro, una astucia que le entregará al Ejército la vigilancia de los ciudadanos. Actúan con la puntillosidad sarcástica de gramáticos inquisitoriales, mientras pasan por alto la metáfora bradenista que sobrevuela al país. ¿No saben ver al embajador norteamericano respaldando directamente el funeral de Alberto Nisman, mientras son pisoteadas las flores que envía la representante del Ministerio Público? Es el espectro redivivo de Braden, que toma partido con los textos Wikileaks en una mano y en la otra con unas condolencias enviadas por esa embajada a la jefa de Fiscales de la Nación, condolencias que no salen seguramente de un alma doliente, pues siendo un gesto diplomático, no necesariamente trasunta lo que piden los rigoristas del llanto, al no distinguir la compleja relación entre el rito y la conciencia última del dolor.
Había épocas en que existían palabras fáciles para denominar estos hechos. Pero en la era del Wikileaks, crónica dantesca de los rollos monásticos que escriben en secreto los copistas aplicados de los nuevos Imperios que redactan el estado del mundo, el alma indignada del buen republicano –olvidando lo que es verdaderamente una República, desde Maquiavelo hasta los brigadistas españoles–, piensa que esas palabras secretas ahora develadas vienen de un teletipo olvidado en la Primera Guerra Mundial, en vez de ser los criptogramas que luego podrán decir a cuáles puntos específicos de la geografía mundial se lanzarán fuegos, misiles y aviones no tripulados, no precisamente con condolencias hacia su séquito de sacrificados. Con razón, a muchos les gusta la cortesía y el ritual; se entusiasman pues con la crítica sobre un eludido pésame a Nisman, cuando en verdad todo el discurso de la Presidenta fue un pésame bajo la forma de un reconocible lamento, que incluso se percibe en las ironías persistentes que están inscriptas en el carácter de su oratoria, y que sería bueno ver como síntomas de preocupación antes que de desdén. Se cierra así la forma “cifrada” o “encriptada” de la desestabilización, o llamémosla mejor para no agravar aún más las cosas, la “metodología de la deslegitimación”, que ocupa a los opinadores de la derecha tradicional, de las derechas nuevas, y de las izquierdas que en otro momento no hubieran regalado tantas porciones de su conciencia a la moralina acrítica de la pequeña burguesía lacerando sus vestiduras. Ignoran que hay un cripto-Estado que viene de lejos y que, de una manera sobredeterminada, se dieron ahora las posibilidades de revisarlo y sacarlo a luz. La nívea camisolina de los republicanos de orfeón y monopolio no lo cree. Dice que a la vieja Secretaría de Inteligencia le va a seguir otra institución igual. En vez de analizar este estratégico problema, se distraen en chicanas como que “ahora es tarde”. ¿Pero hay fechas para los cambios sustanciales? Nadie señaló con el dedo el calendario y dijo “1789, Revolución Francesa”. Se trata ahora de que una nueva sección del Estado de esta índole, problemática en sí misma, no repita el pensamiento de socavón que reinaba en la anterior, poniéndonos todos a discutir con más precisión los alcances de sus funciones.
III
Lanzada la acusación asombrosa de que un crimen anidaba en el Gobierno por parte de la cartelería callejera y los mensajes anónimos, restaba la tarea metódica y “presentable” de seguir agitando las aguas con mayor dosificación, y ayer protestar porque la Presidenta habló en silla de ruedas –¿victimizándose?–, hoy porque Clarín demostró que existían los signos de interrogación de la palabra suicidio, mañana porque el diálogo de madrugada con la ministra de Seguridad pareció artificioso, pasado mañana porque los viciosos Servicios disueltos se van a reconstituir con jóvenes endemoniados que condenarían con tuits letales a sus opositores, y en breve, en un tiempo cercano nomás, los salvadores de la República podrían reconocer en su inconsciente colectivo que todo se parece a los textos de los Servicios del pasado, que en nada solían disgustarles en su llamado moralizante, en nombre de los cuales se dieron todos los golpes de Estado en este país. Muchos despiertan cada día pensando que deben terminar con este gobierno utilizando una terminología agraviante que no parece molestarles a los numerosos teóricos políticos que usan los púlpitos de las nuevas éticas republicanas. A propósito, debemos decir que el concepto de República perdida no está ausente de nuestro diccionario, esa que Alfonsín consideró dignamente que había que recuperar luego del terrorismo de Estado del período anterior. ¿Pero es ahora este complejo período histórico que juzgó como ningún otro, salvo el del propio Alfonsín, a las Juntas Militares, el que vendría súbitamente a parecérseles? ¡Fallan estas matemáticas que se aconsejan con tan extravagantes similitudes! Podrían leer los libros de historia del general Mitre, lejano fundador (o mejor, adquiriente) de un antiguo periódico, para percibir que jamás se da el lujo de trazar semejantes comparaciones. Podía no respetar a Bolívar; podía molestarse por testimonios de la historia que no coincidían con su voluntad de agrupar los hechos con trazos demasiado rápidos, podrían incomodarlo ciertos documentos, que entonces eran relegados, pero su escuela al fin y al cabo era la del documento histórico, y por lo tanto, para el historiador y el periodista, todo llevaba al mundo de la prueba y no necesariamente a “la construcción de la noticia”.No tenemos eso ahora. Estas minucias detectivescas del evangelio universal de la erosión política, de los alquimistas del ácido sulfúrico en donde sumergen todo hecho político para verlos ya consumados en su forma más macabra, son los golpes sintácticos en miniatura que están dando, el “golpe cifrado” que se monta en los expeditivos gritos de plaza pública que desean ya la guillotina, mientras quedan irresueltas las viejas corrientes subterráneas de los padecimientos y reales débitos del Estado. Protestan para pedir celeridad por algo en lo que ellos mismos tienen real responsabilidad por su demora. El esclarecimiento efectivo de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel es el timbre estridente que toca a las puertas de la sociedad argentina. Ello habrá de hacerse a pesar de la acción de fuerzas de Inteligencias internacionales, del papel de la Embajada norteamericana, de la compleja situación de un mundo inestable sometido a acciones brutales de todo tipo, sobre las que el país siempre tuvo una actitud de repudio efectivo, fundada en su tradición humanística (la única que daría sustento a un republicanismo en serio). El modo de pensar de los Servicios de Informaciones –poner la culpa de una muerte en quienes menos deseaban esa muerte, esencialmente porque no tienen a la muerte como forma de la política–, se ha extendido peligrosamente por el país. Es necesario que los ciudadanos cobren conciencia de ello y sepan defender la democracia viva y no las formas de vigilancia colectiva que se presentan con ropaje democrático.
Frente a la denuncia del fiscal, se requiere iluminar, por encima de oscuras acusaciones que, alejadas completamente del rigor que se exige a los escritos judiciales, son legitimadas con liviandad por un sector del Poder Judicial, más interesado en jugar un rol importante en la mecánica destituyente, que en el objeto natural de su función: Perseguir Justicia.
Un hilo de plata de fulgor oscuro une los acontecimientos en torno de la Resolución 125 y estos hechos recientes. Los primeros, con su efusión desestabilizadora, traían la realidad de una inesperada mutancia social en la mentalidad de los sectores agrarios, tomados entre las nuevas tecnologías, la Bolsa de Chicago, el televisado “paro histórico” de un Grito de Alcorta al revés, y la aceptación acrítica de los métodos de siembra transgénicos. Estos otros trágicos eventos de ahora, son una lúgubre manifestación de los pensamientos encriptados, los códigos de desciframiento por parte de especialistas en manipulaciones colectivas, manifestación de poderes que se disponen ante criptografías asesinas o creación de escenarios donde cada persona es un signo, no de carácter humanístico, sino útil para un aviso mafioso. Todo eso quiso evitarse al acelerar la investigación de los atentados con la Embajada de Israel y la AMIA. Muchos hemos discutido en un sentido u otro el memorándum con Irán. Era una pieza dificultosa de la diplomacia argentina, por el carácter de aquel gobierno, pero no se trataba de pactar con sus gobernantes sino de buscar pruebas. Eran decisiones difíciles y quizá desaconsejables, que sin embargo Estados Unidos tomó después, al conjuro de sus cambiantes posiciones sobre su interpretación del marco mundial según sus intereses de cada momento. Ellos pueden hacerlo. Pero la Argentina hasta tiene dificultades para cambiar sus códigos de procedimiento judiciales, para democratizarlos. (Léase: para evitar que otras esferas, judiciales o comunicacionales, hablen el lenguaje de los Servicios de Informaciones.)
Argentina no tiene esa propensión, ese poderío ni esos intereses. Sólo quería y sigue queriendo esclarecer un horrendo crimen de lesa humanidad, como ya ha esclarecido otros cometidos por una configuración terrorista de su propio Estado. La propia comunidad judía aceptó primero, con lógicas prevenciones, estos difíciles pasos, antes de derechizarse a través de sus dirigentes oficiales, completamente inducidos por el imperio de los influjos llegados de la actual lógica de guerras mundiales segmentadas, por lo que ahora es necesario que los ciudadanos argentinos de origen judío se levanten ante este cerco arbitrario que se le tiende al gobierno argentino, invocando las grandes tradiciones humanísticas del judaísmo. En ese sentido, rechazar las tramas de prejuicios teológicos-raciales-políticos que dominan la vida contemporánea (obra de los “servicios” de todo tipo, entidades míticas que yacen en el interior de los Medios Comunicacionales, los Estados y de nuestras propias conversaciones casuales), es una obra de las nuevas políticas munidas de éticas de izquierda, inspiradas en grandes reformas jurídicas, en un nuevo respeto a la naturaleza, en legados democrático-populares y nacional-institucionales, que sin duda forjarán nuevos frentes sociales que cambien las formas del miedo por una actualidad de compromiso con las críticas necesarias al dominio del virulento control global sobre economías, ideas y cuerpos. Combatir la islamofobia, la judeofobia, la laicofobia no se hace viendo la historia como un encadenamiento rígido de eslabones ya forjados.
Alguien puede suicidarse o no, estando en el centro de la escena, no porque la geopolítica mundial vaya para tal o cual lado. Pero una muerte como la que hoy lamentamos obliga a refinar ideas y pensarse también a sí mismos antes de elegir los fáciles anatemas del costumbrismo nacional.
* Texto aprobado en la Asamblea realizada el sábado 7 de febrero de 2015.
RECONOCE AVANCES PERO RECLAMA MAS CAMBIOS A LA LEY DE INTELIGENCIA
El CELS pide más modificaciones
El titular del CELS, Horacio Verbitsky, al exponer en el Senado.Imagen: Rafael Yohai
El Centro de Estudios Legales y Sociales valoró ayer la convocatoria realizada por el Senado para debatir la reforma de Ley de Inteligencia y reconoció los avances incorporados por el Frente para la Victoria tras las exposiciones. De todas formas, advirtió que el dictamen aprobado “no resuelve graves problemas de fondo”. El organismo que representa a víctimas y familiares de la AMIA nucleados en Memoria Activa consideró que el proyecto no cumple con aspectos centrales del compromiso asumido en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como transparentar el uso de fondos reservados o facilitar el acceso a información de Inteligencia por parte de jueces en casos de investigaciones criminales. “El saludable debate iniciado no debería clausurarse a las apuradas, con algunas enmiendas valiosas pero sin modificar las cuestiones de fondo que condujeron a la autonomización de ese sistema y a su relación perversa con jueces y fiscales”, advirtió el CELS, que les reclamó al Gobierno y al Senado “la oportunidad de seguir argumentando”. La cámara alta tiene previsto tratar el tema el jueves.
El Centro de Estudios Legales y Sociales valoró ayer la convocatoria realizada por el Senado para debatir la reforma de Ley de Inteligencia y reconoció los avances incorporados por el Frente para la Victoria tras las exposiciones. De todas formas, advirtió que el dictamen aprobado “no resuelve graves problemas de fondo”. El organismo que representa a víctimas y familiares de la AMIA nucleados en Memoria Activa consideró que el proyecto no cumple con aspectos centrales del compromiso asumido en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como transparentar el uso de fondos reservados o facilitar el acceso a información de Inteligencia por parte de jueces en casos de investigaciones criminales. “El saludable debate iniciado no debería clausurarse a las apuradas, con algunas enmiendas valiosas pero sin modificar las cuestiones de fondo que condujeron a la autonomización de ese sistema y a su relación perversa con jueces y fiscales”, advirtió el CELS, que les reclamó al Gobierno y al Senado “la oportunidad de seguir argumentando”. La cámara alta tiene previsto tratar el tema el jueves.
El CELS rescató el debate parlamentario y la reunión de la presidenta Cristina Fernández con víctimas y familiares de la AMIA. Calificó como “cambios valiosos” la mejora en la definición de la Inteligencia Nacional y la aclaración de que la futura Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dirigirá los subsistemas de Inteligencia estratégica militar y de Inteligencia criminal. Luego advirtió sobre “problemas de fondo” a través de un comunicado:
1. El proyecto elimina disposiciones que le daban a la AFI facultades autónomas de investigación criminal y le impide iniciar actividades sin autorización, pero no modifica el artículo que durante años le permitió a la ex SIDE investigar a pedido de un juez y así colarse en cualquier causa como “auxiliar de la Justicia”, alimentando la “relación promiscua” con jueces y fiscales. “Es preciso que se regule mejor de qué modo” se relacionarán los sistema de Inteligencia y de investigación criminal.
2. La producción de Inteligencia orientada a fenómenos de criminalidad compleja no debería sacarse del subsistema de Inteligencia criminal, a cargo del Ministerio de Seguridad. La función de la AFI debe ser el análisis de la información, la dirección y control del sistema de Inteligencia. Producir Inteligencia con medios propios profundizaría sus vínculos con las agencias extranjeras, que de ese modo terminarían incidiendo en la definición de la política criminal del país, advierte el CELS.
3. Es positivo sacar las escuchas de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ u “Ojota”), pero se debería distinguir entre las que apuntan a producir prueba en investigaciones criminales de las orientadas a la Inteligencia nacional, que deberían quedar en el ámbito del Poder Ejecutivo.
4. Es fundamental regular cómo se fiscalizarán los gastos reservados. La regulación debería exigir diferenciar lo público de lo privado en el presupuesto y establecer un mejor registro de gastos, con obligación de mostrar documentación respaldatoria. El tema no debería delegarse en la reglamentación de la ley, de hecho la actual le dio a la Comisión Bicameral de Control facultades que la reglamentación después restringió.
5. Según el CELS, el proyecto sostiene una regulación deficiente del secreto sobre actividades e información de Inteligencia. La ley actual, que el proyecto no modifica, establece que todo pedido de acceso a la información debe ser autorizado por el Ejecutivo, al que “concede un margen de discrecionalidad enorme y sin obligación de fundamentar la negativa”. El secreto “debiera ceñirse a (información) que pueda poner en riesgo la seguridad o los intereses de la Nación”. Tampoco es razonable mantener un plazo mínimo de desclasificación de 25 años cuando Estados Unidos o Israel tiene 10 o 15 años como regla general, advierte el CELS.
6. Correspondería derogar la legislación que creó el “Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, con la autorización de infiltrarse en cualquier organización pública o privada”.
7. Se deberían incorporar disposiciones sobre el perfil profesional del personal de Inteligencia y criterios objetivos de idoneidad para evaluar la planta actual y garantizar un mayor control sobre el personal que se transfiere a la AFI.
El CELS reclama poder volver a argumentar sobre las propuestas, que “cuentan con la aprobación de importantes especialistas tanto en materia judicial como de seguridad e Inteligencia”, y advierte que una reforma “a mitad de camino” constituiría “una frustración democrática que la Argentina está a tiempo de evitar”.
Carlés, con un voto menos
El senador sanjuanino Roberto Basualdo anunció su negativa a aprobar el pliego del jurista Roberto Carlés como juez de la Corte Suprema de Justicia. El dato es relevante para el Gobierno porque Basualdo integra el interbloque del Peronismo Federal, uno de los espacios opositores con los que el Frente para la Victoria podía contar para alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar el pliego. “Para mí lo importante no es quién lo propone, en este caso la presidenta Cristina Fernández, sino quién es el propuesto”, se diferenció Basualdo del resto de la oposición. “En mi caso no voy a apoyar a Carlés porque creo que no tiene experiencia”, dijo a un medio local. “Si la Presidenta cambia al postulante y propone a otra persona igual lo voy a evaluar y no lo rechazo de antemano”, aclaró, a contramano del compromiso firmado por otros opositores el año pasado.
Fuente:Pagina12
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario