Por Raúl Kollmann
En el marco de la ofensiva de un sector de la Justicia y de los servicios contra el Gobierno, amplificada por los ataques mediáticos, el fiscal Gerardo Pollicita retomó la insólita denuncia de Nisman y acusó a la Presidenta y al canciller por “encubrimiento”. Se basó en los mismos hechos inexistentes de los que hablaba Nisman y no tomó en cuenta las múltiples desmentidas y cuestionamientos que ya recibió esa presentación
POLLICITA IMPULSO LA INSOLITA DENUNCIA CONTRA CFK Y TIMERMAN POR “ENCUBRIMIENTO”
Por hechos que nunca ocurrieron
El fiscal insistió en la línea planteada por Alberto Nisman. Fundó su requerimiento al juez Daniel Rafecas en acontecimientos inexistentes, como la supuesta pretensión de levantar las alertas rojas contra los sospechosos iraníes y la instalación de una pista falsa.
Por Raúl Kollmann
Por Raúl Kollmann
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó, tal como era previsible, la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otras personas. El delito es el de encubrimiento del atentado contra la AMIA. Pollicita insiste –siguiendo la denuncia formulada por Alberto Nisman antes de morir– en hechos inexistentes: dice que se pretendió levantar las alertas rojas contra los sospechosos iraníes, pero no se levantaron; afirma que se estaba por constituir una Comisión de la Verdad que iba a garantizar la impunidad de los iraníes, pero no se constituyó; sostiene que se iba a instalar una pista falsa de que el atentado fue cometido por “fachos locales” y no terroristas islámicos, pero esa pista falsa nunca se presentó. Y concluye en que todo se haría para concretar una mejora en las relaciones económicas, cosa que tampoco ocurrió. El juez Daniel Rafecas deberá ahora resolver qué criterio adopta frente a la denuncia “Debería desestimarla –señaló ayer el jurista León Arslanian–. No vemos ni siquiera el comienzo de ejecución, ni un acto preparatorio de un acto delictivo.” Arslanian explicó que “está claramente documentado, hasta en la propia denuncia, que el canciller insistía frente a Interpol que de ninguna manera las alertas rojas debían ser levantadas”. Pollicita pidió que la causa quede bajo secreto de sumario, no dio a conocer las 50 medidas que propuso –para no frustrar la investigación– y requirió colaboración de la flamante Unidad AMIA.
Fiscales
Pollicita –al que el oficialismo vincula con el macrismo porque tuvo cargos en Boca durante la presidencia de Mauricio Macri–, trató de enderezar sutilmente la denuncia de Nisman, porque ya percibió que en los últimos días de vida del fallecido fiscal sus argumentos habían sido demolidos por el ex secretario de Interpol, Ronald Noble; por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que dijo que “la denuncia de Nisman tiene nulo o escaso valor probatorio” y que se fundaba “en un trabajo de servicios de Inteligencia” y por la documentación que certificó que el canciller Timerman le recalcó a Interpol, desde el primer momento, que las alertas rojas no podían modificarse ya que cualquier cambio sólo era facultad del juez.
Pollicita casi no tenía otro camino que impulsar la causa: era impensable que dijese que la denuncia de Nisman carecía de fundamento. Menos aún ante la marcha que protagonizarán el miércoles los otros fiscales de Comodoro Py, muy cercanos a él.
Alertas rojas
El fiscal federal no podía escaparle a la cuestión central de la denuncia de Nisman: las alertas rojas. Lo formuló reiteradamente en el escrito que presentó ante Rafecas: “En base a ello, el fiscal Nisman interpretó que la notificación operativa e inmediata del Memorándum de Entendimiento fue la excusa para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas, esto entendido como una ayuda dirigida a evitar la detención de los prófugos”.
Como señaló la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, en el escrito presentado en defensa del Estado ante el juez Rafecas, cuando el canciller le informó a Interpol de la suscripción del Memorándum –en carta del 15 de febrero de 2013, dos semanas después de la firma–, sostuvo: “Cualquier cambio en los requerimientos de capturas sólo puede ser realizado por el juez argentino que entiende en la causa, doctor Rodolfo Canicoba Corral”.
Y en la misma carta firmada por Timerman, un párrafo más abajo, dice: “La firma del Memorándum ni su entrada en vigor producen cambio alguno en el status en el procedimiento penal aplicado ni en el requerimiento de captura internacional arriba mencionado”. A raíz de esta carta –según declaró el ex secretario general de Interpol, Noble–, Timerman pidió una respuesta por escrito. Y un mes más tarde, el responsable legal de Interpol, Joel Sellier, un juez francés, contestó y ratificó que la firma del Memorándum, al que consideró un paso adelante, no implicaba ningún cambio en las alertas rojas.
De forma asombrosa, Nisman primero y Pollicita ahora saltean la existencia de la carta original de Timerman advirtiéndole a Interpol que no había cambios en las capturas y saltean también el pedido de que la organización internacional ponga por escrito ese concepto. Noble fue categórico en recordar todos estos pasos, considerando falsos los planteos de Nisman.
Juez
En el texto presentado por la Procuración del Tesoro (ver aparte), además se hace notar que ya en su momento el juez del caso AMIA, Canicoba Corral, se pronunció sobre el tema ante un planteo de AMIA-DAIA: “No se ha logrado probar en autos la existencia de la lesión referida a la cancelación de las alertas rojas”. O sea que el magistrado ya dijo en su momento que no se verificó ningún intento del Ejecutivo de levantar las alertas rojas. Y Abbona insiste en un concepto adicional: aun cuando la Cámara Federal declaró la inconstitucionalidad del Memorándum, lo hizo por considerar “la incidencia que podría tener la Comisión de la Verdad, pero no porque la firma del Memorándum pusiera en juego la plena vigencia de las alertas rojas”.
Pese a las evidencias, Pollicita –siguiendo a Nisman– argumenta que las alertas rojas no cayeron por la firmeza de Interpol, cuando la documentación y hasta el testimonio del norteamericano Noble indican que “el gobierno argentino se mantuvo firme y coherente en este tema”.
Pollicita pretende utilizar como fundamento que Teherán dice que “no le cumplieron” con el levantamiento de las alertas rojas y por eso desistió del Memorándum. Lo objetivo, en cualquier caso, es que “no hubo ayuda para los imputados”, como requiere el delito de encubrimiento, entre otras cosas, porque el canciller y la Presidenta le reiteraron a Interpol que la firma del Memorándum no cambiaba las órdenes de captura.
Ocultando
Pollicita se dio cuenta de que algún aspecto de la denuncia de Nisman no resistía el menor análisis. En concreto, por ejemplo, aquello del cambio de petróleo por granos. Es que ya quedó claro que la Argentina no tiene refinadoras de petróleo que puedan procesar hidrocarburos con tanto azufre como el iraní.
De todas maneras, para instalar la idea de la existencia de un canje de impunidad por mejora en la relación económica, Nisman y ahora Pollicita apelaron a las escuchas telefónicas entre Yussuf Khalil, un argentino de la comunidad chiíta, Luis D’Elía o Fernando Esteche, líderes de Miles y de Quebracho, y el supuesto espía Allan Bogado. Entre ellos hablan de negocios fabulosos y dicen que provienen de diálogos con la Presidenta, el ministro de Planificación, Julio De Vido, o el diputado Andrés Larroque. En ninguna de las escuchas aparece evidencia alguna y, como sostiene la procuradora del Tesoro, “se trata de terceros no investidos de ninguna representación del Estado argentino”. A esto se agrega que Bogado había sido denunciado por la propia Secretaría de Inteligencia.
Rebajando un poco lo de petróleo por granos, Pollicita lo transformó en que la Presidenta y el canciller buscaban “mejorar las relaciones económicas”. Lo real es que eso tampoco se verificó. El Ministerio de Economía y la AFIP, en documentación presentada a través de la Procuración del Tesoro, demostraron la inexistencia de crecimiento en el vínculo comercial.
Con informes de la FAO, además, se explicó que los leves cambios en las compras a la Argentina tuvieron que ver con sequías en Irán y no con razones políticas. En todos los casos, las ventas de soja a Teherán se concretaron a través de empresas privadas, no del Estado.
Fachos
Uno de los argumentos de la denuncia de Nisman era que existía el plan de crear una pista falsa respecto del atentado. Se le iba a adjudicar responsabilidad a un grupo de “fachos locales”, para de esa manera sacar de la acusación a los iraníes. En el texto original redactado por el fiscal fallecido no se daban mayores explicaciones y se salteaba un aspecto decisivo: cualquier pista nueva debía pasar por el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman.
Además, lo cierto y concreto es que, pese a que supuestamente el plan empezó a elaborarse en 2011, hasta 2015 no se había presentado nada semejante.
En el escrito redactado por Pollicita se afirma que lo de la pista de fachos locales sería planteado por la Comisión de la Verdad, un cuerpo previsto en el Memorándum.
Extrañamente, se habla de que estaría integrado por un par de iraníes, cuando el texto dice lo contrario: expertos en derecho internacional, ni argentinos ni iraníes. Pero ese cuerpo sería el que instalaría la idea de que el atentado fue cometido por argentinos de derecha.
“Específicamente, Nisman advirtió sobre un cambio de hipótesis y un redireccionamiento de la investigación judicial del caso AMIA, hacia nuevos imputados, fundado en pruebas falsas y destinado a desvincular definitiva y fraudulentamente a los acusados iraníes, lo cual sería materializado a través de recomendaciones de la Comisión de la Verdad cuya observancia el Estado argentino estaba comprometido.”
Por lo que se sabe, no hay ninguna evidencia de eso: sólo surge de escuchas en las que hablan, por ejemplo, Khalil y D’Elía, siempre en tono elíptico. Pero, por ejemplo, no mencionan a nadie, ningún “facho local”; no existe un papel, un documento, algo concreto que indique que ese plan de la pista falsa se iba a poner en marcha alguna vez. Y es evidente que el primero que iba a tener que evaluar –y frenar– cualquier movida de ese estilo era el propio Nisman.
Comisión de la Verdad
En el texto entregado ayer, se le da a la Comisión de la Verdad, creada en el Memorándum, una relevancia completamente distinta de la que tenía. Se dice ahora que era el gran plan de impunidad.
La debacle de la mayor parte de los argumentos presentados por Nisman llevó a Pollicita a poner a la comisión en el centro de la escena. El más grave problema que tiene esa movida es que el Memorándum de Entendimiento, que incluye a la Comisión de la Verdad, fue votado por el Congreso Nacional, de manera que si su creación constituye un delito, participaron los diputados y senadores.
En realidad, el Memorándum no está en vigencia ni lo estuvo nunca, porque el paso clave consistía en la entrega de cartas reversales, es decir de cartas en las que ambos gobiernos aceptaban los términos firmados. Irán nunca terminó de convalidarlo, pese a que la oposición siempre sostuvo que le resultaba muy ventajoso. En el texto, la Comisión de la Verdad podía realizar recomendaciones, pero no vinculantes, es decir que de todas maneras las resoluciones judiciales sólo corrían por cuenta del juez argentino. Es curioso que hoy la oposición proponga una Comisión de la Verdad para investigar el caso Nisman.
“A la luz de lo sostenido en la denuncia –dice Pollicita–, en el caso se habrían realizado una serie de actos, en especial la creación de la denominada Comisión de la Verdad, orientados a la desvinculación de los imputados iraníes de la causa AMIA y a la creación de una hipótesis acusatoria falsa con entidad suficiente para que aquellos eludan cualquier tipo de responsabilidad.”
Esto significa suponer que una Comisión de la Verdad que nunca existió, que era parte de un texto aprobado en el Congreso pero que nunca entró en vigencia, iba a presentar una pista falsa que se nunca presentó y que de esa manera se iba desvincular a iraníes que nunca fueron ni desvinculados ni se les suprimieron las órdenes de captura con alertas rojas.
“La denuncia merece una desestimación”
El ex camarista Carlos Arslanian advirtió sobre “la falta de madurez del Poder Judicial” y afirmó que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, ahora impulsada por Gerardo Pollicita, “merece una desestimación”. “La denuncia carece de consistencia. Leí las 280 páginas y en realidad no ponía de manifiesto ni en conocimiento del juez ningún delito”, advirtió el ex juez de la Cámara Federal porteña. “Estaba claramente documentado, hasta en la propia denuncia, que hasta último momento el canciller (Héctor Timerman) insistía frente a Interpol que de ninguna manera los alertas rojos debían ser levantados”, recordó. “Ningún fiscal o juez, salvo que tengan un grado elevado de independencia o coraje, se atreve a contradecir lo que medios importantes instalan, y esto tiene que ver con la falta de madurez del Poder Judicial” y con las “operaciones montadas” alrededor de la muerte de Nisman, advirtió.
LA PROCURACION DEL TESORO RECHAZO LA DENUNCIA DE NISMAN
La procuradora Abbona consideró que la acusación impulsada por Pollicita contra CFK y otros funcionarios es un “entramado ficcional” sin entidad.
La procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.Imagen: Télam
La Procuración del Tesoro presentó ayer las pruebas que refutan la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Tal como adelantó ayer Página/12, la procuradora Angelina Abbona respondió cada una de las acusaciones y presentó las pruebas para controvertirla. Lo hizo ante el Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien se reincorporará a sus tareas el 22 de febrero. Hasta tanto, el juez es reemplazado por su par Sebastián Ramos. Abonna presentó un escrito en donde sostiene que la acusación de Nisman impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, contra la presidenta Cristina Fernández y dirigentes del oficialismo, entre otros, por encubrir el atentado a la AMIA y liberar de responsabilidad a acusados iraníes, “no tiene sustento probatorio” y es un “entramado ficcional”.
La Procuración del Tesoro presentó ayer las pruebas que refutan la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Tal como adelantó ayer Página/12, la procuradora Angelina Abbona respondió cada una de las acusaciones y presentó las pruebas para controvertirla. Lo hizo ante el Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien se reincorporará a sus tareas el 22 de febrero. Hasta tanto, el juez es reemplazado por su par Sebastián Ramos. Abonna presentó un escrito en donde sostiene que la acusación de Nisman impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, contra la presidenta Cristina Fernández y dirigentes del oficialismo, entre otros, por encubrir el atentado a la AMIA y liberar de responsabilidad a acusados iraníes, “no tiene sustento probatorio” y es un “entramado ficcional”.
Ese juzgado tiene a su cargo la investigación de la denuncia formulada el 14 de enero por el fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa AMIA, quien fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero cuatro días después.
En la presentación, que contiene 68 páginas y 15 documentos probatorios, la Procuración del Tesoro, en rigor, el organismo que nuclea a los abogados del Estado, sostuvo que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter ‘indiciario’, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta de la Nación o a funcionarios del gobierno nacional susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales tipificados (...) en el Código Penal”.
Y agregó que “resulta absolutamente claro que tales ‘indicios’, considerados por el denunciante a partir de la apreciación subjetiva de los hechos direccionada a la formulación de la incriminación que nos ocupa, no tienen entidad, siquiera, para constituir una mera pista o huella de un proceder delictivo”.
El texto firmado por Abbona, y los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament, también precisó que “algunos indicios invocados como la supuesta prueba del fantástico plan delictivo no soportan siquiera un mínimo test”. Además señaló que “los documentos de carácter técnico” producidos por los ministerios de Planificación Federal y de Economía, y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “desbaratan las afirmaciones de la denuncia en el sentido de que la firma del Memorándum de Entendimiento (con Irán) habría tenido un móvil ilegítimo encubierto”. En tal sentido, el escrito enfatizó que “ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.
Entre otros argumentos, la Procuración del Tesoro destacó que la potestad de levantar los alertas rojos contra los iraníes acusados del atentado a la AMIA sólo estaba en poder del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. “En el texto expreso del Memorándum no aparece ninguna previsión que cercene las atribuciones del magistrado de la causa AMIA a fin de decidir el futuro del proceso; ni que contemple la cancelación de las notificaciones rojas de Interpol, por el mero hecho de la suscripción del aludido acuerdo bilateral”, detalló la presentación.
La Procuración también acompañó una serie de documentos para sostener su postura. Entre ellos, el intercambio de cartas entre el canciller, Héctor Timerman, y el secretario general de Interpol, Ronald Noble. La nota del 15 de enero de este año, firmada por Noble, desmiente a Nisman cuando afirma que el canciller Timerman buscó gestionar que se cayeran los alertas rojos. “El Ministerio de Relaciones Exteriores mantuvo una conducta coherente y clara en el sentido de que la suscripción del Memorándum no había implicado cambio alguno en la vigencia de las notificaciones de Interpol” respecto de los iraníes, argumentó Abbona.
En los hechos, la presentación de la Procuración tiene por objeto sustentar la legitimidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo en relación con el Memorándum de Entendimiento con Irán, refutando la denuncia de Nisman acerca de un supuesto acuerdo para exculpar a los funcionarios de ese país sospechados de haber propiciado el atentado a la AMIA, a cambio de negociaciones comerciales entre ambos países.
Rafecas adelantó su regreso
El juez federal Daniel Rafecas decidió ayer adelantar su regreso de las vacaciones y estará el próximo miércoles en su despacho de los tribunales de Comodoro Py para analizar el planteo del fiscal Gerardo Pollicita. El magistrado tenía previsto retomar sus tareas recién el 22 de febrero, pero la decisión de Pollicita de dar curso a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros dirigentes lo llevó a cambiar sus planes originales y a acortar su descanso. A su regreso, Rafecas deberá decidir si da curso al requerimiento del fiscal, quien solicitó una serie de medidas de pruebas, entre las cuales figura la desgrabación de todas las escuchas, pero también que se dicte el secreto de sumario en la causa.
Fuente:Pagina12
13-2-2015
AMIA
Requerimiento de instrucción
El fiscal Pollicita decidió impulsar la denuncia de Nisman
AMIA
Requerimiento de instrucción
El fiscal Pollicita decidió impulsar la denuncia de Nisman
El fiscal federal decidió hoy impulsar la investigación de la denuncia presentada por el titular de la UFI-AMIA, cuatro días antes de fallecer, por el presunto encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA. Ordenó medidas de prueba e imputó a todas las personas nombradas en la denuncia, pero no ordenó ninguna indagatoria, medida que había pedido Nisman.
Según el requerimiento de instrucción redactado por Pollicita fueron imputados, además de la Presidenta y el canciller, los demás mencionados en la denuncia del fiscal Nisman: el diputado Andrés Larroque, los dirigentes Luis D'elía y Fernando Esteche; el dirigente islámico Jorge Yusuf Khalil, el ex juez Héctor Yrimia y Ramón "Alan" Bogado. El fiscal que requirió el avance de la investigación dejó de lado los pedidos de indagatoria a la Presidenta y a Timerman que había solicitado y publicitado en decenas de medios el fiscal Nisman.
El martes 3 de febrero Pollicita y Rafecas fueron sorteados para hacerse cargo de la denuncia que, inicialmente, había sido presentada por Nisman en el juzgado Federal Nª 4 de Ariel Lijo, el 14 de enero, en plena feria judicial. Tras la reanudación de las actividades, Lijo entendió que la misma no tenía “conexividad” con las causas anteriores por encubrimiento de la AMIA que él había investigado y la mandó a sorteo. Tras varias idas y vueltas, el expediente recayó en el juzgado de Rafecas, subrogado por Ramos. Fue precisamente Ramos quien tras recibir la denuncia –de 289 páginas- y las pruebas, entre las que hay más de 5000 horas de escuchas, remitió todo a la fiscalía de Pollicita, la Nª 11 del fuero Federal. Desde entonces Pollicita trabajó en la denuncia con parte de su equipo.
Hoy llegó temprano y terminó de delinear los últimos detalles.
Anoche, la Procuración del Tesoro presentó un escrito en el que refuta, punto por punto, la denuncia del fiscal Nisman.
Qué dice la denuncia de Nisman
El escrito presentó el fiscal federal Alberto Nisman antes de morir desarrolla a lo largo de sus 290 páginas el supuesto “plan delictivo” para dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados por el atentado de la AMIA que argumenta con diversos artículos periodísticos, notas de portales, discursos de funcionarios, mensajes de Twitter de la presidenta e intervenciones telefónicas. Con esa base y escasa prueba directa, el fiscal hace afirmaciones que quedaron refutadas con documentos presentados por distintos funcionarios en los últimos días.
De acuerdo a su hipótesis, y según detalla en la página 270 del escrito, el plan “pergeñado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner” se basaba en “el cese de las notificaciones de Interpol”, objetivo que no se cumplió, según Nisman, por el firme accionar del Secretario General Ronald Noble, quien fue titular de Interpol desde 2000 hasta 2014. Se trata de los pedidos de captura de máxima prioridad para Interpol que tienen 5 de los 8 imputados de origen iraní.
Sin embargo, el canciller Héctor Timerman ya presentó pruebas contundentes que avalan la decisión del gobierno argentino en mantener las alertas rojas. En el apartado de la página 83 cuando habla de los “motivos” del plan criminal Nisman dice: “Timerman no cumplió, no porque no haya querido, sino porque Interpol se lo impidió”.
Timerman leyó un correo electrónico que le mandó Noble, donde quedó sentado, por escrito, que Argentina insistió una y otra vez para que el memorandum de entendimiento con Irán no afectara la vigencia de las notificaciones rojas de Interpol sobre ciudadanos iraníes sospechados de participar en el atentado a la mutual israelita de 1994. “Usted indicó que INTERPOL debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del Gobierno argentino fueron consistentes y firmes”.
Las palabras del funcionario quedaron respaldadas, también, por una entrevista que dio Noble al diario Página 12. “Lo que dice Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos contra los funcionarios iraníes ”, dijo.
La preocupación sobre las “alertas rojas” sólo se fundamenta en el escrito del fiscal en las reiteradas muestras de preocupación de Jorge “Yussuf” Khalil -el supuesto “agente iraní” que comandaba las negociaciones- en diálogo con Luis D'Elía.
Otra de las afirmaciones que hace Nisman es sobre un sujeto identificado como “Allan” en la denuncia. En la página 105, donde lo menciona como partícipe del encubrimiento, asevera que “responde a un sector de la Secretaría de Inteligencia y tiene acceso al entorno presidencia. El nombre de “Allan”, según la denuncia, sería Ramón Allan Héctor Bogado. El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, confirmó en una nota enviada al juzgado de Ariel Lijo que no pertenece ni ha pertenecido a personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio. Y agrega que estaba denunciado por el delito de "tráfico de influencia" por presentarse ante funcionarios de la Administración Nacional de Aduana como agente de la SI.
“Esta confabulación ha ido orquestada y puesta en funcionamiento por las autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros”, dice Nisman en las primeras páginas de la denuncia. Pero la participación de la presidenta de la Nación es una suposición. “Quedó en hablar con la número uno y me llamaba” dice Luis D'Elía en una escucha de 2013 que figura en la página 117. “En obvia alusión a la Dra. Fernández”, concluye Nisman.
El intercambio comercial, otra de las motivaciones del supuesto “plan criminal”, tampoco queda demostrado con evidencia más allá de las escuchas. En una de las charlas Jorge Khalil dice “…el tema que necesita Argentina es petróleo, todo petróleo, y todo lo que está comprando…Irán en grano se lo pueden dar, ese petróleo a cambio de granos…” y agrega: “Argentina tiene una gran necesidad de petróleo e Irán tiene una gran necesidad de granos y todo eso, empezar el intercambio”. Esto no está respaldado con otra prueba.
En definitiva, en el escrito que desglosa artículos de Página 12, La Nación, Perfil, Urgente 24 y La Política Online, además de las escuchas a personas sin poder de decisión en materia de política exterior, no hay pruebas directas sobre los funcionarios sobre los cuales Nisman había pedido la imputación: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés Larroque, sobre los cuales, según Nisman, pesan una seguidilla de delitos graves tales como: encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
13-2-2015
Nisman
Fue presentada hoy ante el juzgado de Rafecas
Qué dice la respuesta del Estado nacional a la denuncia de Nisman
"Un entramado ficcional": así califica la Procuración del Tesoro de la Nación los principales argumentos de la acusación de Nisman sobre un supuesto complot para encubrir a Irán. Punto por punto, los documentos probatorios.
En las 290 páginas que el fiscal Nisman presentó el 14 de enero, se describe el supuesto beneplácito de los funcionarios argentinos para evitar que los imputados de nacionalidad iraní, acusados desde 20006 por el atentado, consigan finalmente la impunidad instalando nuevas pistas falsas que conducirían a una red de “fachos locales”. En el escrito, la procuradora de la Nación recupera los argumentos del fiscal y los contrasta con documentación e informes oficiales, que lo cuestionan en su base.
"Un entramado ficcional": los delitos denunciados no existieron
La denuncia presentada por Nisman menciona varias veces un supuesto acuerdo secreto entre las autoridades argentinas e iraníes para que, mediante conclusiones previamente acordadas, la Comisión de la Verdad (cuya creación contempló el Memorándum de Entendimiento entre los países) garantizara la impunidad de los iraníes imputados desde 2006 por el atentado. Ese presunto acuerdo suponía que el Estado argentino gestionaría se levanten las notificaciones rojas de Interpol, es decir los pedidos de captura internacional a los iraníes. En el punto “IV – La inexistencia de los delitos denunciados” Abbona ataca duramente los argumentos de ese escrito y lo califica como un “entramado ficcional”.
“¿Cuál ha sido entonces la “ayuda”, traducida en comportamientos vinculados en forma directa y próxima con el tipo penal, que proporcionó a los imputados iraníes el obrar de las autoridades argentinas? La respuesta es obvia: ninguna”, apuntó Abbona.
El Memorándum no afecta las alertas rojas de Interpol
Abbona afirma que el Ejecutivo no tenía, ni tiene facultades para requerirle a Interpol que levante las alertas rojas que pesan sobre los iraníes, que no son extraditados por su país para ser traídos a indagatoria ante el fiscal y el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.
Y señala que el mismo Canicoba Corral así lo dijo cuando le tocó intervenir en la discusión judicial sobre la constitucionalidad del Memorándum. Recordó que el propio juez consideró que “la firma del memorándum en nada incidía sobre las notificaciones rojas, cuya vigencia no se vería afectada”.
Agrega luego que el “entramado ficcional” se desvirtúa con la sola lectura del Memorándum , que nada dice sobre tal “levantamiento” y por el intercambio oficial entre Interpol y las autoridades del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino. Cita una nota del 15 de marzo de 2013, donde el Consejero Jurídico de Interpol, Joel Sellier, informó que dicho acuerdo no implica ningún cambio en el estatus de las notificaciones rojas, y se refirió al acuerdo como un “desarrollo positivo” para lograr el esclarecimiento del atentado. Seis días después de aquel 15 de marzo, el canciller Héctor Timerman se refirió por escrito a la vigencia de las alertas rojas como una “pieza fundamental en los avances logrados recientemente en causa Amia”.
Ambos documentos (la nota del Consejero de Interpol y la del canciller), junto con una carta que envió el secretario general del Interpol, Ronald Noble, a las autoridades argentinas tras conocerse la denuncia de Nisman, fueron incorporadas como aporte documental en el escrito de la Procuración del Tesoro. En esa nota, Noble aseguró que “su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes” en mantener en vigor las alertas rojas.
Esteche y D´Elía: no representan al Estado
En rigor, Nisman retomó una denuncia del periodista José Eliaschev, quien supuestamente alertado por un funcionario iraní dijo que el Estado argentino “habría perdido el interés en esclarecer el atentado a la sede de la AMIA”. El escrito de la Procuración dice que no se incorporó prueba al respecto. Sobre las acusaciones atribuidas a los dirigentes políticos Fernando Esteche y Luis D’Elia en la negociación, argumenta que “no estuvieron, ni están jurídicamente” habilitados a actuar en representación de la Nación argentina.
Las escuchas no eran secretas
En su denuncia, Nisman dice que la Argentina necesita el petróleo iraní basándose en que en una de las escuchas, el líder de la comunidad islámica argentina Jorge Khalil habla con Mohsen Rabbani (imputado por la voladura de la AMIA) sobre el tema. En este punto, el escrito de la procuradora cita las mismas escuchas utilizadas por el fiscal para la acusación, donde el propio Khalil afirma tener en claro que su línea telefónica estaba interceptada.
“Los números de teléfonos de los que toma Nisman las escuchas son todos de Khalil. Cada tanto los cambiaba porque sabía que los estaban escuchando”, dijo a Infojus Noticias una fuente judicial que conoce y tiene acceso a los pormenores de la investigación por el atentado.
Los espías no existían
En la denuncia Nisman presenta a Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia como supuestos espías. La Secretaría de Inteligencia lo desmintió. La procuradora señala que Bogado había sido denunciado por la Secretaria de Inteligencia en noviembre de 2014, porque “invocando una calidad de agente estatal que en rigor no ostenta, ha pretendido hacer un ilícito tráfico de influencias”. La causa está radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal n° 9
No hubo trabas a la investigación tras la firma del memorándum
Nisman aseguró que tras la firma del Memorándum, en enero 2013, “se vio afectado el normal intercambio de informaciones y piezas probatorias en el marco de los mecanismos de cooperación judicial internacional, necesarias para la pesquisa del caso”. Es decir, lamentaba que de avanzar este acuerdo podría perder la colaboración de servicios de inteligencia extranjeros en la construcción de la causa por el atentado. Y presentaba esto como una forma de impedir llegar a la verdad. La posición de Nisman era cuestionada en público por los familiares de las víctimas, por juristas y conocedores del expediente. Todos coinciden, con palabras parecidas, en calificar el expediente por el atentado como“agarrado con alfileres” e “infiltrado por agencias extranjeras de inteligencia”.
Los iraníes tienen derecho a defensa
El fiscal creía que cuando la Comisión por la Verdad tomara declaración a los iraníes imputados (algo previsto en el Memorándum), quedarían al descubierto ante el Estado Iraní las pruebas o “piezas de cargo reunidas en el expediente”, incluso a las más secretas. La procuradora se pregunta por qué no accederían a esas pruebas al prestar declaración indagatoria ante un juez argentino (Canicoba Corral), si de hecho así lo ampara el derecho a defensa garantizado en la Constitución.
Argentina no podía comprar petróleo iraní
El supuesto complot que incluía a la presidenta y sus funcionarios, según la denuncia de Nisman tenía por objeto aumentar el intercambio comercial con Irán: venderles grano e importar petróleo, destinado a paliar la crisis energética.
“Argentina no podría comprar petróleo iraní porque la calidad del crudo de ese origen no es la exigida por las refinerías locales; en tal sentido, destaca que la calidad del petróleo iraní es inferior a la del producido en determinadas cuencas argentinas, que incluso generan saldos exportables”, cita la procuradora al referirse a los informes del Ministerio de Planificación Federal, de Economía y la AFIP. Señala además que el comercio con ese país se realiza fundamentalmente entre privados. Y agrega que esas mismas fuentes le indican que, al momento de los hechos denunciados, Irán estaba aumentando su propia producción de alimentos.
13-2-2015
Nisman
Qué dice el texto
Los motivos de Pollicita, en el texto del requerimiento de instrucción
Nisman
Qué dice el texto
Los motivos de Pollicita, en el texto del requerimiento de instrucción
El fiscal recibió la denuncia de Nisman –de 289 páginas- y las pruebas el martes pasado, luego de que se las remitiera el juez Sebastián Ramos, subrogante del juzgado Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas. Hoy decidió darle impulso, aunque dejó de lado los pedidos de indagatoria a la Presidenta y a Timerman que había solicitado Nisman.
Kitsch
Al principio de su escrito, Pollicita citó y enumeró los diferentes aspectos de la denuncia de Nisman. Recién a partir de la página 19 analiza la denuncia que tiene como imputados a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a un grupo de personas entre las que está el diputado Andrés Larroque, Jorge Alejandro Yussuf Khalil, Héctor Luis Yrimia, Luis D’Elia, Fernando Esteche y “un sujeto identificado como “Allan” que sería Ramón Allan Héctor Bogado”, se explica en el texto. En el escrito da un rol más protagónico a parte de los acusados, no así a la jefa de Estado.
Pollicita recibió la denuncia –de 289 páginas- y las pruebas el martes pasado, luego de que se las remitiera el juez Sebastián Ramos, subrogante del juzgado Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas. Desde entonces, según fuentes de la investigación, escuchó parte de las grabaciones y estudió el caso. También se puso en contacto con miembros de la UFI-AMIA.
En su escrito sostiene que “la configuración del delito de encubrimiento no exige normativamente la acreditación de los intereses que pudieron haber motivado al sujeto activo a desplegar la conducta típica”.
El titular de la Fiscalía Nª 11 sostiene que “parece claro, según el relato efectuado por Nisman, que el acercamiento que llevó a la suscripción del Memorando, no ha sido motorizado por Irán, sino que fueron las autoridades argentinas las que fomentaron el acercamiento con miras a materializar la maniobra reprochada”.
Para el fiscal “existe numerosa evidencia que demuestra un fuerte interés comercial subyacente a las probadas acciones criminales direccionadas a garantizar impunidad, y que apuntaba a restablecer relaciones comerciales al nivel de los estados”. Pollicita también se refiere en su escrito a uno de los puntos de la denuncia de Nisman, que estaba basado en las escuchas telefónicas. “En efecto, el resultado de numerosas intervenciones telefónicas aludidas por Nisman han permitido conocer el interés mencionado y que estos temas fueron tratados a través de los canales paralelos de comunicación y negociación establecidos con Teherán, para avanzar con el plan encubridor”.
Las circulares rojas
Más adelante, el fiscal sostiene que “resulta claro que los iraníes sólo firmaron el Memorando de Entendimiento por haber acordado que ello sería suficiente para dar de baja las notificaciones rojas de Interpol y de esa manera lograr que sus funcionarios acusados puedan circular libremente por el mundo, mientras que la cúpula del gobierno argentino buscaba restablecer las relaciones plenas con Irán para lo cual resultó indispensable avanzar en la aprobación de dicho documento y, por ende, del encubrimiento denunciado”.
Respecto del memorando, Pollicita sostiene que “en el presente corresponderá analizar si el acuerdo entre representantes iraníes y las autoridades argentinas excedía la letra del memorando en pos de concretar el plan denunciado”. Y agrega que “las pruebas obtenidas indican que han existido negociaciones y acuerdos previos entre las partes sobre el cese de las notificaciones rojas de Interpol, máxime teniendo en cuenta que –conforme arrojan los elementos reunidos- ese cometido constituyó el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo y el canciller Timerman aceptó las pretensiones de la contraparte”.
En el texto, Pollicita resaltó la “activa participación de Luis Ángel D’Elía, Fernando Luis Esteche, Jorge Alejandro Yussuf‖ Khalil, el diputado Andrés Larroque, Héctor Luis Yrimia y el individuo identificado como Allan‖ –quien desplegaría funciones de inteligencia para el gobierno-, y que podría tratarse de Ramón Héctor Allan Bogado, sea este su verdadero nombre o el que utiliza en su actividad de inteligencia”.
Sobre el final, Pollicita sostiene que “lo que aquí se promueve es el impulso de la instrucción, con la finalidad que establece el ordenamiento procesal, esto es, entre otras cosas, comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad‖ y establecer las circunstancias que califiquen el hecho‖” y cita los incisos a y b del artículo 193 del Código Procesal Penal.
14 de Febrero de 2015
En la causa por el presunto plan criminal para encubrir a los responsables del atentado a la AMIA
El fiscal Pollicita impulsó la investigación contra la presidentaPollicita no se apartó ni una coma de la denuncia de Nisman, y aclaró que no hay nuevas pruebas. Sin embargo, no consintió los pedidos de indagatoria que había efectuado el titular de la UFI AMIA. Desgrabarán las escuchas.
Del mismo modo, resultaron imputados por el delito de encubrimiento el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, los dirigentes Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, además del ex fiscal Héctor Yrimia y el supuesto "espía" Ramón Allan Héctor Bogado.
El fiscal cuyo dictamen fue girado al juez Daniel Rafecas –que anticipará el regreso de su licencia para la semana próxima– dispuso una serie de medidas entre las que se encuentra la desgrabación de las escuchas telefónicas presentadas como prueba, y dispuso además el secreto de sumario sobre el expediente.
Pollicita resumió, a lo largo de 61 carillas, todos los ejes sostenidos por Nisman en el marco de su denuncia por un plan para desviar la acusación del caso AMIA, con especial énfasis en que la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán podría haber causado el cese de las circulares rojas de Interpol sobre los acusados, y que la denominada "Comisión de la Verdad" que proponía el acuerdo diplomático podría haber tenido el objetivo de exculparlos.
Pollicita no agregó valoración sobre los hechos descriptos por Nisman, y a lo largo de su requerimiento de instrucción se limitó a retomar los apartados de la hipótesis. Por eso siempre se señalan los hechos "según la denuncia", o a lo que Nisman "da por probado", bajo la fórmula del condicional para las acciones señaladas. De todas formas, constituye el primer aval a la denuncia desde la justicia federal, algo esperable en el actual contexto de tensión política entre el gobierno nacional y los tribunales de Comodoro Py, sobre todo tras el impacto que generó la muerte del fiscal.
Ahora Rafecas deberá analizar sus pedidos, a lo que se suma la intención de adelantarse al requerimiento que a primera hora formalizó la Procuración del Tesoro, donde refutó cada uno de los puntos de la acusación y aportó prueba documental, lo que constituye la primera intervención del gobierno en el expediente.
El encuadre legal que solicitó el fiscal para impulsar la acción fue el de "encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionarios públicos", contemplado en el artículo 277 del Código Penal que tiene una pena de un año y medio a seis años de prisión. Pero también se investigará la posible comisión de los delitos de "impedimento o estorbo del acto funcional", con una pena de 15 días a seis meses de prisión, y de "incumplimiento de los deberes de funcionario", con prisión de un mes a dos años.
Pollicita promovió la acción y dispuso las imputaciones como titular de la acción penal. Sin embargo, no accedió a la solicitud de Nisman de formalizar un llamado a indagatoria de la presidenta, en esta etapa inicial, y tampoco pidió que se traben embargos sobre los imputados tal como había exigido el titular de la UFI AMIA.
Es más, en dos tramos aclaró que "corresponde dar inicio a una investigación que permita, mediante las diligencias probatorias que se habrán de proponer más adelante, alcanzar un grado de conocimiento suficiente para comprobar o descartar la efectiva concurrencia de los extremos fácticos y dogmáticos expresados en los párrafos precedentes".
La investigación comenzará recién ahora e intentará probar el delito denunciado. "La denuncia penal se trata de una versión hipotética no demostrada sobre la existencia de cierto acontecimiento, con entidad para justificar, por la vía del requerimiento fiscal, la apertura de la investigación", expresó el titular de la Fiscalía Federal N°11. "En fin, lo que aquí se promueve es el impulso de la instrucción, con la finalidad que establece el ordenamiento procesal, esto es, entre otras cosas, 'comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad' y 'establecer las circunstancias que califiquen el hecho", se encargó de remarcar Pollicita a modo de conclusión.
El fiscal solicitó una batería de medidas en sintonía con las que había exigido Nisman en su escrito inicial. El pedido alcanza la desgrabación de los 330 discos con escuchas telefónicas a cuatro abonados correspondientes a Khalil, de donde surgen todos los diálogos que se utilizan como evidencia de una supuesta "diplomacia paralela"; la desclasificación de documentos reservados de Cancillería acerca de cómo fueron realizadas las gestiones diplomáticas de acercamiento con Irán; y también algunos vinculados a los detalles del comercio bilateral con el país persa, ya que parte de la hipótesis delictiva que aseguraba que iban a incrementarse los intercambios de granos y carne por petróleo iraní.
Todo esto bajo el pedido de que el sumario sea secreto incluso para los involucrados para que no se frustren medidas judiciales en carácter de urgente.
Rafecas adelantó su regreso pese a que tenía licencia hasta el 20 de febrero y era subrogado por su par Sebastián Ramos. Los primeros días de la semana próxima estará en su despacho para analizar cuáles son las medidas que decide convalidar.
Para Pollicita "la configuración del delito de encubrimiento no exige normativamente la acreditación de los intereses que pudieron haber motivado al sujeto activo a desplegar la conducta típica". Es decir, que la intención de querer encubrir a los acusados de un delito, sin concretar el hecho, alcanza para que sea un delito.
Fue uno de los puntos objetados por un amplio abanico de juristas que consideraron que aun en el supuesto de que algunos de los hechos pudieran ser comprobados, no constituye delito. El propio gobierno había calificado de "endeble" el contenido de la denuncia de Nisman.
Pollicita eligió no complicarse en esas consideraciones: en todo el texto remarcó que correspondía abrir la instancia de investigación como paso previo a determinar "la existencia del hecho y, consecuentemente, si el mismo puede ser penalmente reprochado a sus responsables". El encuadre de la imputación también es el que Nisman había sugerido.
El fiscal tampoco profundizó en el resto de los elementos que entraron en juego una vez que se hizo pública la denuncia del fallecido funcionario tales como las desmentidas enviadas por el ex N°1 de Interpol, Roland Noble acerca de que nunca se puso en duda la vigencia de las alertas rojas sobre los imputados, el eje principal de la hipótesis acerca del "plan criminal".
Pollicita había sido uno de los firmantes –junto a otros ocho fiscales federales– de la inusual denuncia que había pedido investigar los lazos de Bogado con el gobierno, como una forma de mensaje político de apoyo a la denuncia realizada por Nisman días antes de ser hallado muerto en circunstancias que se investigan.
Advertidos de que iba a promover la acción, varios de sus colegas le aconsejaron al fiscal de bajo perfil en Comodoro Py que no asista a la marcha impulsada por los fiscales federales prevista para el próximo 18, con el objetivo de esquivar cualquier intento de cuestionamiento de su rol en esta investigación.
"Nunca me pidieron bajar las alertas"
El juez que tiene a cargo la causa por el atentado a la sede de la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, reiteró ayer que ni el canciller Héctor Timerman ni "nadie del Poder Ejecutivo" le pidió, por vía formal o informal, el levantamiento de las notificaciones rojas contra los iraníes imputados por el fiscal Alberto Nisman en su investigación sobre el acto terrorista.
En declaraciones al sitio de noticias El Destape, el magistrado refutó el principal argumento de la acusación contra la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios y dirigentes que había confeccionado el difunto titular de la UFI AMIA.
El mismo argumento acreditado por diversas notificaciones de Interpol se desarrolló en el documento que la Procuración del Tesoro de la Nación, que representa jurídicamente al Estado, presentó ayer ante el juez Daniel Rafecas, quien analiza la denuncia de Nisman.
Para Nisman, la cancelación de las denominadas notificaciones rojas de Interpol constituyó el eje central del plan delictivo.
Pero para los abogados del Estado, el fiscal en su denuncia "construye un entramado ficcional, que reposa en una premisa inicial, la cancelación de las notificaciones rojas para la consumación del plan de impunidad, que se ve desvirtuada con la mera lectura del propio Memorándum de Entendimiento y de las misivas intercambiadas con Interpol por el Ministro de Relaciones exteriores y Culto del gobierno argentino".
En el documento que presentó la Procuración del Tesoro de la Nación se citan diversas notas de Interpol, como la del consejero jurídico del organismo internacional, Joel Sellier, quien en representación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la policía internacional expresó que el acuerdo "no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA".
A eso se suma la declaración del ex secretario general de la Interpol, Ronald Noble, quien también había negado la existencia de un pedido para que se cancelen las alertas rojas por parte de las autoridades argentinas. La única autoridad para levantar las capturas, de acuerdo con la ley argentina, era precisamente Canicoba Corral.
Vuelta anticipada
El juez Daniel Rafecas anticipó su regreso de las vacaciones pese a que tenía licencia hasta el 20 de febrero y era subrogado por Sebastián Ramos. El magistrado deberá analizar entonces los planteos del fiscal Pollicita sobre la causa.
14 de Febrero de 2015
El análisis de la presentación de pollicita
Juristas advierten que el planteo es "igual de endeble"Para Arslanian, las acusaciones "carecen de consistencia". Peñafort dijo que "forma parte de un plan sistemático para desestabilizar".
Ex camarista que juzgó a la Junta de comandantes, ex ministro de Seguridad que intentó reformar a la Bonaerense, León Arslanian aseguró que la imputación de Pollicita es un paso imprescindible para iniciar una acción penal: "el requerimiento" de instrucción. Sin embargo, Arslanian recordó que la denuncia de Nisman en su momento había sido rechazada por la jueza María Servini de Cubría. Luego aseguró, como ya lo había hecho en este diario al difundirse la imputación del fiscal, que las acusaciones planteadas allí "carecen de consistencia" porque no lograban probar que se hubiera cometido algún delito.
En la misma sintonía se pronunció la abogada Graciana Peñafort, directora de Legales del Ministerio de Defensa. "La presentación de Pollicita me parece que ha cuidado más las formas que la denuncia hecha originalmente por Nisman pero aun así exhibe la misma endeblez que tenía aquella. Sobre las personas involucradas: se habla de terceros que hablan de terceros. Y ni siquiera se ve configurado con claridad un delito. Dicho de otro modo, se puede estar en desacuerdo con el Memorándum, pero de ahí a decir que ese convenio está relacionado con un encubrimiento hay una distancia enorme, unas 20 mil leguas de viaje en submarino", ironizó Peñafort en diálogo con Tiempo.
La abogada, que cobró notoriedad durante la presentación de los amicus curiae organizada por la Corte para debatir sobre la Ley de Medios, precisó también sobre el significado de la frase "imputan a la presidenta", que recorrió la Web. "Por imputado se refiere a todo aquel que está sindicado como que podría haber cometido un delito. Hablar de imputación ya en este momento permite al sindicado tomar conocimiento del expediente y ejercer los mecanismos de defensa. El juez, obviamente, puede decidir desestimar la denuncia o iniciar una investigación", explicó.
Peñafort también planteó su sospecha por la fecha que eligió Pollicita para hacer su presentación, a cinco días de la marcha del 18F. "El momento no es ocioso. Y la imputación forma parte de un plan sistemático que busca desestabilizar al gobierno, del cual son parte sectores –no todo– del Poder Judicial. Eso no quiere decir que haya gente que esté actuando de buena fe", dijo Peñafort.
Con un tono que buscaba restar dramatismo, el abogado Gabriel Chamorro pronosticó que, más allá del tiempo que transcurra, la denuncia no prosperará y se archivará porque no hay delito.
"El fiscal y el juez van a agotar todas las medidas, lo cual es casi una obligación tratándose de un caso con las repercusiones de este. Pero sabe que esto no va a tener el final que muchos quisieran", aseguró Chamorro, docente de Teoría del Proceso en la UBA.
14 de Febrero de 2015
Gobernadores y funcionarios respaldaron a Cristina Fernández tras el pedido de investigación requerido por el fiscal Pollicita
El oficialismo le restó importancia a la denuncia y habló de "golpismo judicial"Aníbal Fernández explicó que "no tiene ningún valor jurídico ser imputado" y sostuvo que lo que se busca es el "estrépito" que genera. Para Capitanich, hay una "estrategia de desestabilización". Defensa de Scioli y Urribarri.
Tras la denuncia contra la presidenta - Aníbal Fernández, Sergio Urribarri y Daniel Scioli coincidieron en que la imputación a la presidenta no tiene sustento.
La acusación de Gerardo Pollicita y el inicio de la instrucción que involucra a la presidenta produjo indignación en el oficialismo y volvió a apuntalar las sospechas de estar frente a una campaña sistemática de desestabilización en perjuicio del Frente para la Victoria.
Dirigentes importantes del FPV, entre ellos varios precandidatos a presidente, como también funcionarios del Gabinete, salieron desde temprano a mostrar su desacuerdo. "Lo que nosotros observamos es una estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo. La denuncia no persigue una finalidad de carácter judicial, persigue una finalidad de carácter político. Es la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina para profundizar justamente el encubrimiento respecto a los verdaderos autores del hecho", advirtió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. A través de las redes sociales, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, también se refirió a la presentación de Pollicita. "La imputación no es más que analizar prima facie qué es lo que sucedió. No tiene ninguna importancia", analizó.
En una serie de tuits, el quilmeño se encargó de explicar el procedimiento habitual de inicio de instrucción, y el uso que suele hacerse del concepto de "imputado". "Cuando una causa se presenta a un juzgado tiene dos caminos por tomar. Puede ser rechazada in limine y archivada, o se puede considerar imputados a todos los mencionados. No tiene ningún valor jurídico ser imputado", precisó. Al igual que Capitanich, Fernández puso el acento en el objetivo de impacto político que –a su juicio– se buscó con todo este episodio. "Lo que tiene importancia es el estrépito fori que genera, en una clara maniobra de desestabilización democrática", advirtió. Se refería, puntualmente, a la repercusión que tuvo la imputación de Nisman –y la de Pollicita de ayer– fuera de las fronteras del país.
Otro dirigente del FPV que salió a pronunciarse sobre el caso –a través de Twitter– fue el gobernador de Buenos Aires y precandidato a presidente, Daniel Scioli, que utilizó casi las mismas palabras que había difundido a mediados de febrero. "Es inconcebible involucrar a la presidenta de la Nación @CFKArgentina en un supuesto encubrimiento, cuando fue precisamente este gobierno quien más hizo por esclarecer los criminales atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, tal como lo ha reconocido la comunidad judía", comunicó Scioli.
El gobernador de Entre Ríos y también precandidato presidencial del FPV, Sergio Urribarri, coincidió con Capitanich y Fernández en que está en curso una campaña de desestabilización que tiene como blanco a la jefa de Estado. "Se han juntado lo peor de los medios con lo peor del Poder Judicial. Han retomado una causa insólita sólo para atacar un proyecto que cambió para mejor el país. No están actuando a favor de nadie sino en contra de la presidenta. Se les nota el odio y la impotencia de no poder ganar jugando limpio", cuestionó Urribarri. El entrerriano también planteó su sospecha por el momento elegido por Pollicita para difundir el inicio de la Instrucción, en línea con los argumentos de la denuncia original de Nisman. "Justo antes de un fin de semana largo. Crean confusión, buscan impacto", advirtió.
También hubo pronunciamientos, entre otros, desde el peronismo bonaerense: el intendente de La Matanza y titular del PJ provincial, Fernando Espinoza, confesó su "sorpresa" porque "pese al carácter endeble de la denuncia original, un sector del Poder Judicial decide seguir avanzando por la senda equivocada". "Es una injusticia histórica que acusen a la presidenta de encubrir a los terroristas que causaron tanto dolor", se lamentó.
14 de Febrero de 2015
La noticia generó repercusiones en la UCR, el massismo, el macrismo, el socialismo y también de parte de la corporación judicial
La oposición respaldó la acusación a CFK y habló de "gravedad institucional"Desde los espacios antikirchneristas advirtieron sobre la importancia del requerimiento sobre la presidenta. "No es normal tener a un vicepresidente procesado y a la presidenta con un pedido de imputación", describió Cobos.
Desde la Unión Cívica Radical, el primero en reaccionar fue su titular, el senador Ernesto Sanz, y lo hizo a través de un comunicado. "Que un jefe del Estado sea imputado judicialmente por encubrimiento del terrorismo es una cosa muy grave", sostuvo el precandidato presidencial del Frente Amplio UNEN, y consideró que "se requiere mucha responsabilidad, mucha serenidad y rapidez" en el esclarecimiento del caso. También advirtió que el caso Nisman implica un camino de deterioro institucional y de virulencia política. Por su parte, Julio Cobos consideró que "no es normal tener en un país un vicepresidente procesado –en referencia a Amado Boudou– y una presidenta con un pedido de imputación". El presidente del bloque de Diputados del mismo partido, Mario Negri, calificó como "muy grave" la imputación y descartó que el Poder Judicial intente un embate contra el Ejecutivo: "Si la democracia y las instituciones funcionan, una imputación sobre el presidente no busca golpes de Estado, obliga celeridad para conocer la verdad."
En Twitter también reaccionaron rápido ante la noticia. La diputada del PRO Laura Alonso, muy activa en las redes sociales, fue de las primeras en opinar y eligió citar a Nisman.
"'Que el imputado Timerman hable ante el juez', dijo Nisman el 16 de enero. Yo agrego: también CFK. Que explique y se defienda", escribió. Patricia Bullrich, diputada del mismo partido, vinculó la resolución del fiscal con una supuesta condena social: "La presidenta de la Nación tiene que respetar esta situación, no comunicar que esta es una situación golpista, sino que es una condena social."
Unos minutos más tarde tuiteó la diputada de UNEN Margarita Stolbitzer. La precandidata a gobernadora bonaerense también dio por verdadera la acusación del titular de la Unidad AMIA. "La imputación a CFK es fundamental para que se avance en la investigación de Nisman y que fue, sin duda, la causa misma de su muerte. La denuncia es de enorme gravedad", analizó.
En la misma línea que Sanz, el presidente del bloque de diputados por el Frente Renovador, Darío Giustozzi, afirmó: "Es muy grave tener al vicepresidente Amado Boudou procesado y ahora a la presidenta Cristina Kirchner imputada por el presunto encubrimiento de Irán en la causa por el atentado a la AMIA."
Adrián Pérez, diputado de su mismo partido, celebró la novedad: "Más allá de las permanentes acciones del gobierno por desacreditar la denuncia de Nisman, hoy la justicia confirma que la misma tiene sustento y es fundamental que actúe sin presiones ni intromisiones." Además, pidió que se hagan públicas todas las escuchas en las que Nisman basó su presentación.
La diputada nacional por el socialismo Alicia Ciciliani sostuvo que está bien que cualquier ciudadano, por más cargo que tenga, esté obligado a rendir cuentas. "La presidenta tendrá la oportunidad de demostrar ante la justicia que es inocente", consideró.
También hubo quienes se animaron a comparar a Cristina con el ex presidente Carlos Menem. El diputado por la Coalición Cívica ARI Fernando Sánchez dijo que es necesario que la justicia pueda dar certezas de independencia y libertad para continuar la investigación. "Creemos que el Memorándum con Irán persigue el encubrimiento del atentado a la AMIA y lo firmó la presidenta", sostuvo, y comparó la imputación de la mandataria con la de Menem: "Cuando se acusó al ex presidente Menem por encubrimiento del mismo atentado también se decía que la denuncia era inverosímil, y terminó elevado a juicio oral."
Fuera del arco político, desde el ámbito judicial, el fiscal José María Campagnoli afirmó que la imputación a la presidenta es "la consecuencia lógica" del procedimiento judicial y consideró que la denuncia de Alberto Nisman "merecía el tratamiento que se está dando".
En tanto, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales, Julio Piumato, advirtió hoy que "si se confirma" el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, se le "voltea toda la biblioteca y la línea argumental que vinieron haciendo" los funcionarios de gobierno.
Venegas: "es lo que faltaba"
El sindicalismo opositor no dejó pasar la oportunidad para sumarse al declaracionismo que generó el pedido de imputación a la presidenta Cristina Fernández por parte del fiscal Gerardo Pollicita. Uno de los que se manifestaron sobre el tema fue el ruralista Gerónimo Venegas. "Es lo que faltaba en la agenda que estaba investigando el fiscal Nisman", sostuvo el titular de la UATRE, que apoya a José Manuel de la Sota para las presidenciales de octubre.
Venegas también aprovechó la movida judicial contra el gobierno para incentivar la marcha del miércoles (ver página 12). "Ahora más que nunca –dijo el "Momo"–, hay que participar en la marcha del silencio del próximo 18 de febrero junto a los jueces y fiscales para que de una vez por todas, la justicia pueda actuar en forma independiente."
"Que un jefe de Estado sea imputado judicialmente por encubrimiento del terrorismo es una cosa muy grave."
Ernesto Sanz
Senador por la UCR (FAU)
"La presidenta tiene que respetar esta situación, no comunicar que esta es una situación golpista, sino que es una condena social."
Patricia Bullrich
Diputada por el PRO
"Es muy grave tener al vicepresidente Amado Boudou procesado y ahora a la presidenta imputada por el presunto encubrimiento."
Darío Giustozzi
Diputado por el Frente Renovador
"La imputación a CFK es fundamental para que se avance en la investigación de Nisman y que fue, sin duda, la causa misma de su muerte."
Margarita Stolbizer
Diputada por el GEN (FAU)
Fuente:TiempoArgentino
Sábado 14 de Febrero de 2015
Por gabriel morini
Otro golpe de la corporación judicial: un fiscal imputó a la PresidentaEs en la causa por el presunto plan criminal para encubrir a los responsables del atentado a la AMIA. El fiscal Pollicita no se apartó ni una coma de la denuncia de Nisman, y aclaró que no hay nuevas pruebas. Sin embargo, no consintió los pedidos de indagatoria que había efectuado el titular de la UFI AMIA. Desgrabarán las escuchas.
Del mismo modo, resultaron imputados por el delito de encubrimiento el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, los dirigentes Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, además del ex fiscal Héctor Yrimia y el supuesto "espía" Ramón Allan Héctor Bogado.
Tal como consigna Tiempo Argentino, el fiscal cuyo dictamen fue girado al juez Daniel Rafecas –que anticipará el regreso de su licencia para la semana próxima– dispuso una serie de medidas entre las que se encuentra la desgrabación de las escuchas telefónicas presentadas como prueba, y dispuso además el secreto de sumario sobre el expediente.
Pollicita resumió, a lo largo de 61 carillas, todos los ejes sostenidos por Nisman en el marco de su denuncia por un plan para desviar la acusación del caso AMIA, con especial énfasis en que la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán podría haber causado el cese de las circulares rojas de Interpol sobre los acusados, y que la denominada
"Comisión de la Verdad" que proponía el acuerdo diplomático podría haber tenido el objetivo de exculparlos.
El dictamen fue girado al juez Daniel Rafecas, quien anticipará el regreso de su licencia para la semana próxima
Pollicita no agregó valoración sobre los hechos descriptos por Nisman, y a lo largo de su requerimiento de instrucción se limitó a retomar los apartados de la hipótesis. Por eso siempre se señalan los hechos "según la denuncia", o a lo que Nisman "da por probado", bajo la fórmula del condicional para las acciones señaladas. De todas formas, constituye el primer aval a la denuncia desde la justicia federal, algo esperable en el actual contexto de tensión política entre el gobierno nacional y los tribunales de Comodoro Py, sobre todo tras el impacto que generó la muerte del fiscal.
Ahora Rafecas deberá analizar sus pedidos, a lo que se suma la intención de adelantarse al requerimiento que a primera hora formalizó la Procuración del Tesoro, donde refutó cada uno de los puntos de la acusación y aportó prueba documental, lo que constituye la primera intervención del gobierno en el expediente.
El encuadre legal que solicitó el fiscal para impulsar la acción fue el de "encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionarios públicos", contemplado en el artículo 277 del Código Penal que tiene una pena de un año y medio a seis años de prisión. Pero también se investigará la posible comisión de los delitos de "impedimento o estorbo del acto funcional", con una pena de 15 días a seis meses de prisión, y de "incumplimiento de los deberes de funcionario", con prisión de un mes a dos años.
Pollicita promovió la acción y dispuso las imputaciones como titular de la acción penal. Sin embargo, no accedió a la solicitud de Nisman de formalizar un llamado a indagatoria de la presidenta, en esta etapa inicial, y tampoco pidió que se traben embargos sobre los imputados tal como había exigido el titular de la UFI AMIA.
RequerimienRequerimiento de instrucción del fiscal Gerardo Pollicitato Instruccion Fiscal Pollicita by INFOnews
Es más, en dos tramos aclaró que "corresponde dar inicio a una investigación que permita, mediante las diligencias probatorias que se habrán de proponer más adelante, alcanzar un grado de conocimiento suficiente para comprobar o descartar la efectiva concurrencia de los extremos fácticos y dogmáticos expresados en los párrafos precedentes".
La investigación comenzará recién ahora e intentará probar el delito denunciado. "La denuncia penal se trata de una versión hipotética no demostrada sobre la existencia de cierto acontecimiento, con entidad para justificar, por la vía del requerimiento fiscal, la apertura de la investigación", expresó el titular de la Fiscalía Federal N°11. "En fin, lo que aquí se promueve es el impulso de la instrucción, con la finalidad que establece el ordenamiento procesal, esto es, entre otras cosas, 'comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad' y 'establecer las circunstancias que califiquen el hecho", se encargó de remarcar Pollicita a modo de conclusión.
El fiscal solicitó una batería de medidas en sintonía con las que había exigido Nisman en su escrito inicial. El pedido alcanza la desgrabación de los 330 discos con escuchas telefónicas a cuatro abonados correspondientes a Khalil, de donde surgen todos los diálogos que se utilizan como evidencia de una supuesta "diplomacia paralela"; la desclasificación de documentos reservados de Cancillería acerca de cómo fueron realizadas las gestiones diplomáticas de acercamiento con Irán; y también algunos vinculados a los detalles del comercio bilateral con el país persa, ya que parte de la hipótesis delictiva que aseguraba que iban a incrementarse los intercambios de granos y carne por petróleo iraní.
El fiscal solicitó una batería de medidas en sintonía con las que había exigido Nisman en su escrito inicial
Todo esto bajo el pedido de que el sumario sea secreto incluso para los involucrados para que no se frustren medidas judiciales en carácter de urgente.
Rafecas adelantó su regreso pese a que tenía licencia hasta el 20 de febrero y era subrogado por su par Sebastián Ramos. Los primeros días de la semana próxima estará en su despacho para analizar cuáles son las medidas que decide convalidar.
Para Pollicita "la configuración del delito de encubrimiento no exige normativamente la acreditación de los intereses que pudieron haber motivado al sujeto activo a desplegar la conducta típica". Es decir, que la intención de querer encubrir a los acusados de un delito, sin concretar el hecho, alcanza para que sea un delito.
Fue uno de los puntos objetados por un amplio abanico de juristas que consideraron que aun en el supuesto de que algunos de los hechos pudieran ser comprobados, no constituye delito. El propio gobierno había calificado de "endeble" el contenido de la denuncia de Nisman.
Pollicita eligió no complicarse en esas consideraciones: en todo el texto remarcó que correspondía abrir la instancia de investigación como paso previo a determinar "la existencia del hecho y, consecuentemente, si el mismo puede ser penalmente reprochado a sus responsables". El encuadre de la imputación también es el que Nisman había sugerido.
El fiscal tampoco profundizó en el resto de los elementos que entraron en juego una vez que se hizo pública la denuncia del fallecido funcionario tales como las desmentidas enviadas por el ex N°1 de Interpol, Roland Noble acerca de que nunca se puso en duda la vigencia de las alertas rojas sobre los imputados, el eje principal de la hipótesis acerca del "plan criminal".
Pollicita había sido uno de los firmantes –junto a otros ocho fiscales federales– de la inusual denuncia que había pedido investigar los lazos de Bogado con el gobierno, como una forma de mensaje político de apoyo a la denuncia realizada por Nisman días antes de ser hallado muerto en circunstancias que se investigan.
Advertidos de que iba a promover la acción, varios de sus colegas le aconsejaron al fiscal de bajo perfil en Comodoro Py que no asista a la marcha impulsada por los fiscales federales prevista para el próximo 18, con el objetivo de esquivar cualquier intento de cuestionamiento de su rol en esta investigación.
Acto de Cristina hoy en Santa Cruz
La presidenta Cristina Fernández partió ayer rumbo a El Calafate donde hoy será oradora de la tradicional Fiesta del Lago. Pasadas las tres de la tarde, la jefa de Estado llegó a la ciudad santacruceña acompañada por el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y fue recibida por el intendente local, Javier Belloni. Tradicionalmente, el kirchnerismo participa del acto por el aniversario de Lago Argentino. Desde el escenario, dará un discurso en la que será la primera aparición pública tras la decisión del fiscal Pollicita. Se espera que la presidenta se quede en El Calafate hasta el 19, la fecha de su cumpleaños 62. Durante el acto, Cristina dejará habilitado el anfiteatro del Bosque y mañana inaugurará el nuevo hospital de El Calafate, un complejo de viviendas y la costanera.
"Nunca me pidieron bajar las alertas"
El juez que tiene a cargo la causa por el atentado a la sede de la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, reiteró ayer que ni el canciller Héctor Timerman ni "nadie del Poder Ejecutivo" le pidió, por vía formal o informal, el levantamiento de las notificaciones rojas contra los iraníes imputados por el fiscal Alberto Nisman en su investigación sobre el acto terrorista.
En declaraciones al sitio de noticias El Destape, el magistrado refutó el principal argumento de la acusación contra la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios y dirigentes que había confeccionado el difunto titular de la UFI AMIA.
El mismo argumento acreditado por diversas notificaciones de Interpol se desarrolló en el documento que la Procuración del Tesoro de la Nación, que representa jurídicamente al Estado, presentó ayer ante el juez Daniel Rafecas, quien analiza la denuncia de Nisman.
Para Nisman, la cancelación de las denominadas notificaciones rojas de Interpol constituyó el eje central del plan delictivo.
Pero para los abogados del Estado, el fiscal en su denuncia "construye un entramado ficcional, que reposa en una premisa inicial, la cancelación de las notificaciones rojas para la consumación del plan de impunidad, que se ve desvirtuada con la mera lectura del propio Memorándum de Entendimiento y de las misivas intercambiadas con Interpol por el Ministro de Relaciones exteriores y Culto del gobierno argentino".
En el documento que presentó la Procuración del Tesoro de la Nación se citan diversas notas de Interpol, como la del consejero jurídico del organismo internacional, Joel Sellier, quien en representación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la policía internacional expresó que el acuerdo "no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA".
A eso se suma la declaración del ex secretario general de la Interpol, Ronald Noble, quien también había negado la existencia de un pedido para que se cancelen las alertas rojas por parte de las autoridades argentinas. La única autoridad para levantar las capturas, de acuerdo con la ley argentina, era precisamente Canicoba Corral.
Vuelta anticipada
El juez Daniel Rafecas anticipó su regreso de las vacaciones pese a que tenía licencia hasta el 20 de febrero y era subrogado por Sebastián Ramos. El magistrado deberá analizar entonces los planteos del fiscal Pollicita sobre la causa.
Viernes 13 de Febrero de 2015
El oscuro pasado del fiscal que investiga a CristinaQuién es el fiscal federal Gerardo Pollicita, que imputó hoy a la Presidenta. Sus vínculos con el macrismo. Y cómo hoy le dio el gusto a Clarín.
Gerardo Pollicita es el fiscal federal que quedó a cargo de la denuncia realizada por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA elaborada por Alberto Nisman y que en el día de hoy copó el centro de la escena al concretar el tan anhelado sueño del Grupo Clarín de ver en un escrito judicial la imputación de la Presidenta.
“Imputarían a Cristina por la denuncia de Nisman”, adelantó Clarín en su edición del día de hoy y pasadas las 13:30 horas, tal como lo habían adelantado, el fiscal Pollicita, a quien se le atribuyen fuertes vínculos con el macrismo, materializó los deseos del multimedio.
Llama la atención como es que tanto el matutino, como los periodistas especializados en temas judiciales del multimedio, tenían información casi al detalle de lo que iría hacer el fiscal.
Pollicita es el mismo fiscal que tuvo a cargo, en sus inicios, del caso donde Raúl Martins -ex agente de la SIDE- quien fue acusado por su propia hija de liderar una red de trata.
Sin embargo, en 2012, cuando el caso salió a la luz, Lorena Martins decidió recusar al fiscal Pollicita, ya que lo acusó de tener vínculos con Raúl Oscar Ríos, ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC); y con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
Martins, quien denunció a su padre de proxenetista impugnó al fiscal por sus vínculos con el macrismo. Éste hincha de Boca, tuvo una importante participación institucional en el Club, y por ende mantenia una estrecha relación con Oscar Ríos y Mauricio Macri. La mujer también había denunciado que a través de Ríos su padre hizo aportes a la campaña del PRO. Recordamos la fotografía que se viralizó en los medios donde se ve al jefe de Gobierno posando junto al acusado en un boliche de Cancún.
El fiscal tiene fuertes vínculos con el macrismo y Clarín
Pero no es la primera vez que el fiscal federal se ensaña con funcionarios nacionales. Ya pasó el turno, también, de Amado Boudou. En septiembre del año pasado, Pollicita dio impulso a una denuncia por presunta falsificación de documento público a raíz de una supuesta dirección falsa que habría puesto en su documento nacional de identidad el vicepresidente.
Lo anecdótico del caso es que la denuncia fue realizada por un particular, Santiago Dupuy de Lome, confeso simpatizante del macrismo en en las redes sociales y que basó su denuncia en una nota publicada en el sitio Infobae.
Otro es el caso del ministro de Planificación, Julio de Vido, quién también fue acusado por el flamante fiscal que en 2005 hizo lugar al planteo formulado por Marcos Alfredo García, en ese momento, concejal por el partido "A Toda Costa", patrocinado por el abogado Ricardo Monner Sans, eterno denunciador de los Kirchner, en relación con presuntas maniobras fraudulentas en el denominado Plan Federal de Viviendas.
Clarín ya sabía que el fiscal imputaría a la Presidenta
El factor cómun es que en ninguno de los casos mencionadas, el flamante fiscal amigo de las coorporaciones y que hoy hace alarde de haber imputado a la Presidente argentina, pudo seguir adelante con las causas, en la primera por estar ligado a los denunciados y en las otras por no tener pruebas fehacientes para probar sus acusaciones.
La denuncia de Nisman, hecha el 14 de enero, solo se basa en escuchas telefónicas a D’Elía y un árabe que vive en Buenos Aires que fueron aportadas por el sistema de escuchas que dominaba el espía Jaime Stiuso.
Sin embargo, hoy la tapa de la edición del diario Clarín sostenía: "Gerardo Pollicita, el fiscal que trabaja en la presentación que hizo Nisman, considera que hay elementos sólidos para avanzar en el proceso judicial. Hoy mismo podría disponer las primeras medidas de prueba. Y abrir así una investigación sobre la Presidenta, el canciller Timerman y los otros involucrados en la causa por encubrimiento"
Dicho y hecho. Otro caso más donde una noticia judicial de relevancia, que involucra a algún funcionario del gobierno nacional, es anticipada con milimétrica precisión un día antes desde la redacción misma del diario Clarín.
Fuente:Infonews
ALEJANDRA GILS CARBO PRESENTO AL EQUIPO ENCARGADO DE REEMPLAZAR AL FALLECIDO ALBERTO NISMAN
Cuatro fiscales para la unidad especial AMIA
El coordinador del grupo elegido es Juan Murray, a quien acompañará un triunvirato integrado por Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini. La procuradora afirmó que se plantea el “deber de garantizar la continuidad” del trabajo de Nisman.
Por Irina Hauser
Por Irina Hauser
Los fiscales Juan Murray, Patricio Sabadini, Sabrina Namer y Roberto Salum quedaron a cargo de la Unidad Fiscal Especial AMIA.Imagen: Télam
Tras la muerte de Alberto Nisman, la unidad AMIA dejará de ser unipersonal, deberá interactuar con los familiares de las víctimas del atentado y tendrá que rendir cuentas de su trabajo ante la sociedad. Así lo dispuso la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien presentó ayer al equipo elegido, que estará coordinado por Juan Murray, un secretario letrado que como fiscal subrogante tuvo un importante papel en causas de derechos humanos y en la investigación que permitió desarmar una poderosa banda de narcotraficantes en Santa Fe junto con la cúpula policial involucrada. El triunvirato que trabajará con él está compuesto por la fiscal de juicio oral porteña Sabrina Namer, el fiscal de Reconquista (Santa Fe) Roberto Salum y el fiscal de Resistencia (Chaco) Patricio Sabadini. Todos ellos tienen experiencia en casos complejos, ya sea de crimen organizado, derechos humanos o corrupción y tendrán dedicación exclusiva. En un acto en el que estuvieron ausentes la DAIA y la AMIA, Gils Carbó dijo, contra algunas versiones, que “nunca se pensó en remover de su cargo” a Nisman y que ahora se plantea el “deber de garantizar la continuidad” de su trabajo en la unidad especializada para llegar “a la verdad”.
En una resolución de ayer, Gils Carbó le puso a la nueva Unidad Fiscal AMIA un plazo de treinta días para definir un plan de trabajo y determinar las responsabilidades que tendrá cada uno de sus integrantes. La primera reunión será la semana que viene y lo más probable es que Namer tenga intervención en el juicio oral por la trama de encubrimiento del atentado (donde están acusados Carlos Menem y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy el ex juez Juan José Galeano, los fiscales, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja). Debería comenzar a mitad de año. Su origen fue la denuncia del tribunal oral que declaró nula la investigación original por considerarla un “armado al servicio de políticos inescrupulosos”.Tras la muerte de Alberto Nisman, la unidad AMIA dejará de ser unipersonal, deberá interactuar con los familiares de las víctimas del atentado y tendrá que rendir cuentas de su trabajo ante la sociedad. Así lo dispuso la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien presentó ayer al equipo elegido, que estará coordinado por Juan Murray, un secretario letrado que como fiscal subrogante tuvo un importante papel en causas de derechos humanos y en la investigación que permitió desarmar una poderosa banda de narcotraficantes en Santa Fe junto con la cúpula policial involucrada. El triunvirato que trabajará con él está compuesto por la fiscal de juicio oral porteña Sabrina Namer, el fiscal de Reconquista (Santa Fe) Roberto Salum y el fiscal de Resistencia (Chaco) Patricio Sabadini. Todos ellos tienen experiencia en casos complejos, ya sea de crimen organizado, derechos humanos o corrupción y tendrán dedicación exclusiva. En un acto en el que estuvieron ausentes la DAIA y la AMIA, Gils Carbó dijo, contra algunas versiones, que “nunca se pensó en remover de su cargo” a Nisman y que ahora se plantea el “deber de garantizar la continuidad” de su trabajo en la unidad especializada para llegar “a la verdad”.
Los fiscales Salum y Sabadini podrían quedar a cargo de la causa sobre el atentado propiamente dicha, que el juez Rodolfo Canicoba Corral tiene delegada en la unidad. Luego tendrán que ver cómo se distribuyen otros expedientes, como el que se inició con la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento cuatro días antes de su muerte –que ya tiene un pedido del fiscal Gerardo Pollicita para que la unidad colabore con él–; la causa donde se discute la validez constitucional del memorándum de entendimiento con Irán (que está en Casación) y otro juicio en puerta, que es el que se le hará al desarmador de autos Carlos Telleldín por el ataque terrorista.
Muerte e impunidad
Gils Carbó dijo que el acto de presentación de la unidad “está teñido del duelo que a todos nos agobia ante la muerte de nuestro colega, el fiscal Alberto Nisman”. “Ya sea que esta pérdida haya sido el resultado de su propia decisión o de una acción criminal, sobre lo cual hasta hoy no existe ninguna certeza (...) Lo cierto es que la cercanía de su muerte con su tarea como fiscal es lo nos causa mayor conmoción, al Ministerio Público Fiscal y a la sociedad. Y lo convierte en un hecho de un gran impacto político y social.” “Es una muerte que produce un daño irreparable y colectivo –añadió–, es aún más profundo por tratarse del fiscal que investigaba el atentado terrorista más grave que hubo en este país, y esto ocurre luego de veinte años de impunidad.”
En el Salón Nelly Ortiz (nombre de una fiscal desaparecida) de la Procuración había mayoría de funcionarios del organismo, periodistas y un puñado de representantes de Memoria Activa y de 18J. Aunque fueron convocados, no había miembros de DAIA ni AMIA
Al hablar, Gils Carbó fue elogiosa con la fiscal Viviana Fein, quien investiga la muerte de Nisman. La describió como alguien que actúa con “objetividad” y “compromiso”. También relató que tuvo un “contacto permanente”, “fluido” y “cordial” con Nisman desde que ella asumió como procuradora. Señaló que le ofrecieron reforzar su custodia ante amenazas en octubre y diciembre, supuestamente de grupos terroristas, algo que el fiscal rechazó.
Desmintió que haya existido la idea de removerlo del cargo, algo que declaró –por ejemplo– la diputada de PRO Laura Alonso en la causa sobre la muerte, que según ella le había dicho el fiscal. Gils Carbó dijo que la Procuración va a “asegurar la continuidad” del trabajo de Nisman “y fortalecer el funcionamiento de esa unidad”.
En un tramo hizo una alusión al papel que han jugado los servicios de Inteligencia en su entrelazamiento con el sistema judicial. “Tenemos un mandato de repensar todo el funcionamiento de la administración de justicia, a partir de esta experiencia de dolor. Su recuerdo nos debe interpelar individual y colectivamente hacia a una reflexión profunda sobre esos factores de poder que no están a la luz pero que se tornan evidentes ante un hecho de esta naturaleza y nos obligan y comprometen más que nunca a que se devele el trasfondo de esta ‘muerte injusta’. Las injusticias no son obras del azar sino el resultado de actos y decisiones humanas”, dijo.
Unidad
La unidad AMIA fue creada en 2004, poco antes de que el Estado argentino fuera responsabilizado por privación de justicia, por la falta de prevención e investigación del atentado. Un decreto de Néstor Kirchner asumió esa responsabilidad. Era obligación activar todos los mecanismos posibles para llegar a la verdad, entre ellos reforzar la investigación y revisar el sistema de Inteligencia (el juicio oral de la AMIA había probado el pago con fondos de la ex SIDE a Telleldín para que inventara una historia).
Días atrás, los familiares de las víctimas, la AMIA y la DAIA fueron consultados por la procuradora antes de definir el nuevo equipo. Hubo pedidos de fiscales independientes y de transparencia en el manejo y el trato con las partes. Algunos familiares de víctimas le criticaban a Nisman que solía privilegiar ciertos vínculos, incluso con la embajada de Estados Unidos y servicios de Inteligencia. La resolución de ayer de Gils Carbó les exige a los fiscales de la unidad AMIA “la coordinación entre ellos, la interacción con los querellantes y familiares de las víctimas del atentado y la transparencia y objetividad en su actuación”.
El coordinador del equipo, Murray, es un secretario que actuó como fiscal subrogante y ad hoc principalmente en San Nicolás y Rosario. Actuó en la causa que desbarató una banda narco que involucraba a policías y en la que terminó preso el ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, junto con otros policías. Participó en otro caso de narcocriminalidad, en lo que se conoció como Operativo Fli-pper, que desarmó la banda que comandaba “Delfín” David Zacarías. Fueron tramas delictivas que en el ínterin se cobraron muchas vidas. También intervino en causas de lesa humanidad, entre ellos juntó pruebas contra Luis Patti e insistió en investigar la muerte del obispo Carlos Ponce de León en un supuesto accidente durante la última dictadura.
Namer es fiscal ante los tribunales orales federales porteños. Fue la fiscal del juicio de los sobornos del Senado, donde el tribunal absolvió a los acusados, y en IBM-Banco Nación, donde los imputados aceptaron su culpabilidad, y acusó a María Julia Alsogaray. Fue coordinadora de investigaciones de fraudes contra el Estado en la Oficina Anticorrupción durante 2004 y 2005 y dirigió la Oficina de Coordinación y Seguimiento en Materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap) durante la gestión de Esteban Righi.
Roberto Salum es fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista.
Actuó en causas de lesa humanidad, como Base Aérea, y consiguió la primera condena en Santa Fe por un caso de apropiación de bebés. También tuvo casos complejos de narcotráfico con participación de policías.
Patricio Sabadini es fiscal de primera instancia en Chaco e integra un equipo de asistencia en causas de derechos humanos en su jurisdicción. Está haciendo un doctorado de Derecho Penal en la universidad de Castilla La Mancha. Los tres fiscales, penalistas y procesalistas son o han sido docentes.
Gils Carbó los presentó como “un equipo que nos parece muy adecuado, por su perfil técnico, su integridad y, por qué no decirlo, su valentía, que han demostrado en sus actuaciones”.
Para la DAIA, es “auspicioso”
El secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovits, celebró la designación de los nuevos fiscales por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó para reemplazar al fallecido fiscal Alberto Nisman en la causa por la voladura de la AMIA en 1994. “Celebramos la designación de los nuevos fiscales, no tenemos nada que objetar”, sostuvo Knoblovits en un breve diálogo con Página/12. El dirigente de la principal entidad judía de la Argentina sostuvo que el armado de “una fiscalía colegiada es aupicioso, especialmente para una causa farragosa y voluminosa como la de la AMIA”. Knoblovits agregó que los tres nuevos fiscales y el coordinador designados “tienen pergaminos suficientes” y que van a “estar observando” su trabajo, aunque enseguida aclaró que “no se trata de una amenaza sino de un derecho jurídico de la querella” de la que forma parte la DAIA. Luego aclaró que la entidad a la que pertenece no ha solicitado un encuentro con los nuevos fiscales, aunque espera que convoquen a todas las partes que conforman la querella, “como los familiares (en referencia a las distintas organizaciones que los representan) y a la DAIA”.
“Queremos que se fortalezca”
“Antes de decir mucho, vamos a esperar resultados, y esperamos transparencia, pero está claro que queremos que se fortalezca la unidad AMIA y que se pueda llevar adelante el juicio por encubrimiento, que es lo más importante ahora”, dijo a Página/12 Diana Malamud, de Memoria Activa, tras la designación por parte de Alejandra Gils Carbó de los cuatro fiscales que reemplazarán al fallecido Alberto Nisman. Por su parte, el dirigente de la agrupación 18-J, Sergio Burstein, planteó que “la AMIA y la DAIA no estuvieron presentes (en el anuncio) porque no les interesa el esclarecimiento”. Burstein advirtió que no le extrañaría que al nuevo equipo de fiscales se oponga “el caranchismo político y mediático” y dijo que ahora la “muerte del fiscal Nisman” es una nueva “deuda pendiente” junto con el esclarecimiento del atentado. “En la investigación del atentado no se avanzó porque no se quiso, por falta de compromiso con las víctimas y complicidad política”, remató el referente de la agrupación de familiares y amigos de las víctimas del atentado.
Fuente:Pagina12
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunció hoy que los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadin conformaran el equipo el equipo que reemplazará al fallecido fiscal Alberto Nisman al frente de la unidad fiscal especial para la investigación del atentado contra la AMIA. Juan Murray será quien coordinará el equipo como secretario.
Tras la muerte de Alberto Nisman, la procuradora había designado interinamente a cargo de la fiscalía especial para la investigación del atentado contra la AMIA (UFI-AMIA) al fiscal Alberto Gentili.
"Tenemos el deber de garantizar la continuidad del trabajo de la unidad especial para la causa AMIA", sostuvo Gils Carbó y señaló que se va a fortalecer la unidad AMIA. "Las circunstancias colocan al Ministerio Público Fiscal a dar una respuesta a los que esperan desde hace 20 años, verdad y jsticia. La impunidad es una deuda de toda la administración de Justicia".
En conferencia de prensa en el edificio de la Procuración, la funcionaria consideró: "Estoy convencida que el nuevo equipo de fiscales va a trabajar con seriedad, objetividad, transparencia y compromiso".
Gils Carbó afirmó que la muerte de Alberto Nisman "es un hecho de gran impacto político y social" porque se trataba del fiscal que "estaba investigando el atentado terrorista más grave que ha sufrido este país". Escuchando a la procuradora estaban sentados los titulares de distintas unidades fiscales especiales como Carlos Gonella, Abel Córdoba y Jorge Auat.
Durante la presentación del nuevo equipo sostuvo que “nunca se pensó en remover de su cargo a Nisman, y prometió intensificar la labor para llegar a la verdad”. Y remarcó que tras la muerte del fiscal "lo que hicimos fue garantizar el mayor esfuerzo de todas las dependencias de la fiscalía general para llegar a la verdad y también garantizar el trabajo que hizo el fiscal”.
Ayer, la jueza María Alejandra Biotti, había resuelto no hacer lugar a una cautelar solicitada por un grupo de legisladores del PRO que pidieron que la Procuradora de abstuviera de nombrar el reemplazo de Nisman. “La memoria de las victimas nos demanda que lo intentemos”, concluyó Gils Carbó
"Estoy convencida de que el nuevo equipo va a trabajar con seriedad, objetividad, transparencia y compromiso. Contará con todos los recursos. La búsqueda de la verdad no es un tarea sencilla, pero tampoco es imposible", dijo la procuradora Gils Carbó cuando los presentó. Se refería a Sabrina Namer, Roberto Salum, Roberto Sabidini y al secretario Juan Murray, que reemplazarán al fiscal Alberto Nisman en la investigación por el atentado a la AMIA.
Sabrina Namer
Es fiscal ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal. Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, se desempeñó como docente de la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora de diferentes libros y artículos y participó como expositora en seminarios, congresos y jornadas nacionales e internacionales. Fue coordinadora de investigaciones de fraudes contra el Estado en la Oficina Anticorrupción durante 2004 y 2005, donde tuvo a su cargo un equipo de investigadores que llevó adelante diversas querellas contra funcionarios públicos por casos de corrupción.
Entre 2009 y 2012 estuvo a cargo de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) del MPF. En su rol de fiscal de juicio llevó adelante causas de gran trascendencia institucional ligadas a hechos de corrupción, que involucraron, entre otros, a la ex secretaria de Estado María Julia Alsogaray y a un grupo de ex senadores nacionales acusados por cohecho.
En febrero de 2014, cuando fue designada subrogante de la Fiscalía 7, estuvo a cargo de la causa IBM - ANSES. Un año antes, Namer fue fiscal de juicio en la causa de las coimas en el Senado, que juzgó a ocho exfuncionarios por supuestos pagos de sobornos para aprobar la Ley de Reforma Laboral en 2000. El Tribunal Oral Federal 3 desestimó las acusaciones de la fiscal y absolvió a todos los imputados, entre ellos, al expresidente Fernando De la Rúa. Ante el fallo absolutorio Namer apeló en la Cámara Federal de Casación Penal y le dijo a Infojus Noticias que al igual que el mismo TOF había hecho con la causa por la conexión local del atentado a la AMIA en 2001: “Fue hacer de cuenta que no existió la instrucción y todo lo que surgió de la instrucción que no le gustó a los jueces no fue valorado”.
Namer también es la representante del Ministerio Público Fiscal en todos los juicios contra la exfuncionaria María Julia Alsogaray, que ya va por el sexto juicio.
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Roberto Salum
Es fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa Fe. Experto en Derecho Penal y Procesal Penal, cursó la especialización en Ministerio Público Fiscal que dicta la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como docente en la Universidad Católica de Santa Fe. Intervino en diversas causas de lesa humanidad, entre ellas la denominada causa “Base Aérea”, en la que se juzgaron los hechos sufridos por 40 víctimas. También investigó y logró la primera condena por un caso de apropiación de bebés en Santa Fe.
Llevó adelante causas complejas que involucraban a organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico y conformó un equipo especial que investigó y llevó a juicio a diversas redes criminales con participación de la policía local. Entre ellas la que comandaba la mayor “cocina” de cocaína hallada hasta entonces en el país, ubicada en la localidad de Tostado, en el norte de Santa Fe.
El fiscal federal recibió el apoyo de Alejandra Gils Carbó luego de ser "escrachado" ayer por un grupo de familiares y allegados a los cuatro policías detenidos y acusados de torturar a Gustavo Fabián Cernadas y Ángel Luis Ramírez durante una detención donde se incautó droga, en 2013.
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Patricio Sabadini
Es uno de los integrantes más joven del equipo. Se recibió en la Universidad de la Cuenca del Plata a los 22 años y en 2011 fue designado fiscal federal de Resistencia. Es fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia, Chaco, y forma parte del equipo que creó la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en esa jurisdicción.
Es especialista en Derecho Procesal Penal y en Derecho Penal. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca y en el instituto Max Planck de Alemania. Actualmente cursa su doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Castilla La Mancha, en España. También se desempeña como docente en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad de la Cuenca del Plata, de Corrientes.
Intervino, entre otras, en la causa seguida contra un grupo de personas encabezado por ex concejal formoseño Héctor Palma Agüero por narcotráfico, luego de que se hallaran más de 700 kilos de cocaína en un campo de su propiedad. En 2013, pidió que se instruya una causa penal por sedición contra un centenar de policías, agentes penitenciarios y civiles que participaron del alzamiento de los primeros días de diciembre de 2013.
Como integrante Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, pidió junto con las querellas que dos ex funcionarios judiciales acusados de crímenes de lesa humanidad, el ex juez federal Ángel Córdoba y el ex fiscal federal Roberto Mazzoni, respondieran por los delitos de asociación ilícita en concurso con tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad, que prevén penas más altas. En 2012, pidió la indagatoria de Héctor Orlando Grillo, un médico policial acusado de ayudar a torturar en centros clandestinos de Chaco.
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Juan Murray
Se suma al equipo de fiscales en el rol de coordinador. Se desempeñó como fiscal subrogante y ad hoc desde el año 2004, hasta su designación en la Fiscalía Federal de Primera Instancia de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
En diciembre de 2012, Murray fue designado como fiscal subrogante en la fiscalía federal N° 2 de Rosario. Entre los múltiples casos llevados adelante por Murray en la ciudad de Rosario se destaca especialmente la investigación que permitió desarticular una poderosa organización criminal dedicada al narcotráfico, en la cual participaban altas autoridades de la policía provincial.
Además, llevó adelante la investigación que logró desbaratar a una de las principales bandas de narcocriminalidad del país, que comandaba "Delfín" David Zacarías, en lo que se dio a conocer como “Operativo Flipper”.
También participó de las operaciones que involucraron a unos 3000 agentes de fuerzas de seguridad federales desplegados para recuperar territorios y resentir la cadena de comercialización de estupefacientes, en el marco de una investigación dirigida por los fiscales federales de Rosario.
Fuente:Infojus
Por Julián Bruschtein
El único mérito que tiene la imputación de la Presidenta es que expone crudamente que la muerte del fiscal Nisman y su denuncia previa forman parte necesariamente de una operación contra el Gobierno. La decisión del fiscal Gerardo Pollicita es de carácter político, al igual que su denuncia contra la Presidenta y el canciller por encubrimiento, que no tiene ningún sostén judicial, que no se basa en ninguna prueba real, sólo en prejuicios y especulaciones que aluden a dichos de segundas y terceras personas que ni siquiera son funcionarios ni tienen ningún tipo de responsabilidad sobre la política exterior argentina o iraní. Pollicita fue directivo del club Boca Juniors junto con Mauricio Macri, pero aun si no tuviera este antecedente, a cualquier fiscal le hubiera costado resistir la fuerte presión que le puso la muerte de Nisman a su denuncia. La falta de pruebas fue reemplazada en este caso por la muerte violenta del denunciante. El gesto ético de rechazar la denuncia por falta de pruebas fue reemplazado por la decisión de darle lugar a pesar de su inconsistencia para sacarse de encima esa presión. También es cierto que si bien la imputación no tiene ningún efecto judicial, es de gran impacto político porque se trata de la Presidenta de la República. El fiscal Pollicita tomó esta medida el último día hábil antes de la marcha del 18.
En el dos más dos más grosero, la muerte del denunciante acusa al denunciado. Con esa especulación tan obvia juegan los que montaron la operación así como la oposición, que se montó en la convocatoria para el acto del 18. Es evidente que sobre esa especulación hay un intento de afectar a las instituciones democráticas, y la oposición termina asociándose a esa conspiración porque reacciona en consonancia con ella, aun sabiendo que en política hay que desconfiar de las lógicas simplistas usadas para operaciones o propaganda.
Una denuncia tan grave y al mismo tiempo tan pobre tendría que haber sido desestimada. El gesto del fiscal Pollicita de darle lugar pone a las instituciones en un lugar de altísima vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ofrece la posibilidad de esclarecerla por completo. Claro que durante todo el tiempo que se extienda el trámite judicial, la Presidenta de la República estará imputada en una causa de profunda gravedad institucional. Cuando circuló la noticia de que Nisman había presentado su denuncia por encubrimiento contra la Presidenta y otros funcionarios y dirigentes del oficialismo, todo el mundo salió a buscar las pruebas sobre las que se apoyaba. Y lo único que había eran horas y horas de grabaciones telefónicas de un ciudadano argentino de la colectividad árabe que les decía a sus contactos iraníes que había hablado con dirigentes kirchneristas, que decían que otros dirigentes hablaban sobre los beneficios mutuos del Memorándum de Entendimiento entre Irán y Argentina. Cero prueba, mucha charla de franela y rosca de nivel zócalo, más pura especulación y prejuicio.
Reconociendo la pobreza de la denuncia que aceptó Pollicita, de mala fe, algunos dirigentes de la oposición afirmaron que Nisman iba a presentar más pruebas en la sesión del Congreso a la que debía concurrir el lunes posterior a su muerte. La mala fe queda demostrada en que Nisman nunca presentó esas pruebas donde tenía que hacerlo, que es en el juzgado. Sus colaboradores hubieran conocido su existencia, habría copias en algún lugar. Justamente porque esas pruebas nunca existieron, el más interesado en que Nisman siguiera vivo era el Gobierno, porque estaba en condiciones de pulverizar su presentación.
Esa denuncia tiene alguna posibilidad de afectar al Gobierno ahora sólo porque el fiscal está muerto. Nadie puede decir si fue homicidio o suicidio o si todo forma parte de un plan previo o se fue realizando a medida que sucedieron los hechos, lo real es que si Nisman estuviera vivo, esa acusación se hubiera derrumbado, lo cual es la mejor demostración de que tanto la denuncia del fiscal como su muerte forman parte de una operación contra el Gobierno, no importa si planificada así o así se fue desarrollando. Eso es lo que debería estar investigando la Justicia y lo que deberían repudiar tanto el oficialismo como la oposición para enfrentar juntos un atentado gravísimo contra las instituciones. Es probable que algún sector de la oposición esté jugando ese partido contra la democracia como siempre pasó en las aventuras golpistas de la historia argentina.
Voces que también llevan agua al molino del golpismo dijeron que había una situación similar a la previa al golpe del ’76, como si este gobierno manejara una Triple A que hubiera asesinado a decenas de militantes y activistas. No existe la Triple A ni las organizaciones guerrilleras, ni hay una guerra entre sectores del peronismo y de hecho los actos políticos más pacíficos y organizados son los del kirchnerismo.
Lo que hay es un odio exacerbado por el discurso feroz de los medios opositores que crean el caldo que hace creíbles prejuicios que dan a entender que este gobierno ha cometido asesinatos políticos cuando la realidad demuestra lo contrario. Con sus defectos, este gobierno fue el que desarmó a la policía que hace la seguridad en las marchas de protesta.
Los asesinatos o desapariciones políticas, como fue la de Jorge Julio López, no fueron hechos por el Gobierno, como durante la dictadura, sino contra el Gobierno, para desestabilizarlo.
Lo único parecido a los días previos al golpe del ’76 es el clima que crean los medios opositores y las operaciones de los Servicios de Inteligencia. Porque la investigación del atentado a la AMIA se convirtió en una ensalada donde intervinieron también Servicios de Inteligencia de otros países que tienen en su historial otros procesos desestabilizadores en todo el mundo.
El jueves, mientras en el recinto del Senado el oficialismo con aliados y sectores del peronismo disidente discutían y se daba media sanción a la nueva ley que intentará terminar con prácticas perversas que han entrecruzado a Servicios de Inteligencia con sectores de la Justicia o el periodismo, fuera del recinto la oposición escuchaba con atención al titular de la Asociación de Magistrados, el juez Héctor Recondo, quien hasta 2006 fue socio de la familia de Hugo Anzorreguy, jefe de los Servicios de Inteligencia durante el menemismo. Después de escucharlo se juramentaron para derogar en el futuro la ley que había obtenido media sanción. Juntarse fuera del recinto y legislar para lo que harán, hipotéticamente, si alguna vez tienen la posibilidad de aplicarlo, resulta patético como lugar de oposición real que fue votada para discutir, cuestionar, apoyar o criticar en el Congreso.
Ese jueves, los discursos de los políticos y de los funcionarios judiciales tuvieron un tono muy violento para responsabilizar al Gobierno por la muerte del fiscal Nisman. Se habló de “crimen de Estado” o de magnicidio. La intervención de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman y al frente de la querella en representación de la familia, fue un balde de agua fría para ese tono exaltado de la oposición que intentaba usar políticamente la tragedia. La jueza declaró que no es opositora ni oficialista y pidió que no se politice la investigación y que se evite la exposición mediática de medidas y procedimientos. Es difícil que la investigación no se politice, en principio porque están en juego las instituciones democráticas y porque hay un trasfondo muy conocido de espías e intereses internacionales, además de la polarización que se genera en un año electoral sumado a la inquietud judicial. Lo que de alguna manera quiso decir la ex mujer de Nisman es que la política no se ponga por delante de la verdad, y en eso tiene que tener todo el respaldo.
Después del discurso de la jueza Arroyo Salgado, se habló de que se hará un corralito en torno de los fiscales durante la marcha para impedir que se acerquen los dirigentes políticos. Pero los primeros en politizar esa marcha fueron los mismos fiscales que convocan, varios de ellos porque tienen un pie en la política, como Germán Moldes, que fue funcionario del menemismo; Guillermo Marijuán, a quien se señala como el procurador que designaría Sergio Massa si gana, y al mismo Juan Carlos Stornelli se lo conoce como allegado al PRO de Mauricio Macri. Moldes y Raúl Plee están involucrados en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA y justamente Pollicita fue segundo de Plee, y ni hablar de José María Campagnoli, totalmente enfrentado al Gobierno.
El fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, que es el jefe directo de la fiscal Viviana Fein que está a cargo de investigar la muerte de Nisman, es uno de los que convoca para pedir Justicia, cuando el que está directamente a cargo de proveerla es él. La motivación política es clara. Cuando se denunciaron las leyes de impunidad, el fiscal Sáenz las defendió como leyes constitucionales. Es un grupo muy polémico de fiscales muy promocionados por los medios opositores pero no muy prestigiados en el ámbito judicial. Más de setenta fiscales firmaron una solicitada para anunciar que no están de acuerdo con la convocatoria y muchos más lo hicieron en declaraciones individuales. Para ellos, los fiscales y políticos que han convocado usan la muerte del fiscal Nisman para dirimir otras cuestiones.
Fuente:Pagina12
Tal vez no tenga nada que ver una cosa con la otra, pero en San Rafael, como ya ha trascendido, no se reiniciarán los juicios contra los genocidas este martes 10 del corriente. Y como dice nuestro amigo y compañero de Malargüe, miembro de la APDH de ese departamento, que, en principio al menos, se debería a la renuncia a seguir integrando el Tribunal oral el juez mendocino Cortez. Lógicamente ello impedirá la normalidad de que haya juicios, ya hartamente postergados y ahora aún más.
Pero además Benedetto, dice algo jugoso cuando afirma: "...comentábamos de las cosas que están pasando y de las influencias nefasta de la iglesia derechista en la cultura local... y tiramos sobre la mesa los recuerdos de las andanzas del Padre Pato y del Padre Ramiro... hay dictámenes del INADI contra el accionar discriminatorio de este sector..."
La decisión del fiscal Gerardo Pollicita de dar curso a la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA generó repercusiones en todo el mapa político argentino. Aunque la decisión del fiscal fue dada a conocer por la tarde, ya a la mañana la tapa de algunos diarios anticipaba ese paso, lo que generó respuestas oficiales: desde el Gobierno denunciaron “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática” y “golpismo judicial activo”. Más tarde, ya con la imputación decidida, desde todos los sectores de la oposición hablaron de la “gravedad institucional” de la situación y pidieron que se avance con la investigación.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, calificó como “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática” la decisión del fiscal Pollicita de imputar a la Presidenta, algo que “no tiene ningún valor jurídico”. Para el funcionario, “pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado”, lo que genera una repercusión mediática “que sí tiene mucha importancia”, dando una imagen errónea de la situación. “Lo que le llega a mi mamá en este momento, que no conoce de Derecho, seguramente dice ‘uh, la Presidenta en una causa’”, agregó Fernández, que calificó la denuncia como “ridícula, bochornosa, insultante”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que el Gobierno está frente a “la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina”. En su habitual conferencia de prensa de cada mañana, sostuvo que “los requerimientos que se realizan no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino política, para generar impacto político y no tiene ningún tipo de validez jurídica, porque no existe prueba ni siquiera indiciaria respecto de eventual culpabilidad”.
En tanto, el gobernador bonaerense y precandidato presidencial del Frente para la Victoria Daniel Scioli, junto con cincuenta intendentes peronistas de ese distrito, respaldó a CFK. En una reunión que mantuvieron ayer en Mar del Plata, Scioli manifestó que le resulta “inconcebible” que la Presidenta sea encubridora del atentado, cuando fue “quien más hizo por esclarecer” esos ataques.
Dentro del oficialismo, también se manifestaron la titular del bloque de diputados, Juliana Di Tullio, para quien hay “un golpe de Estado en proceso desde un sector del Poder Judicial”; el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, que habló de una “escalada antidemocrática gravísima y evidente” y el referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, que advirtió sobre “la búsqueda de de-sestabilizar la democracia” que subyace detrás de esta denuncia.
Desde la oposición, en cambio, las voces apuntaron contra Fernández de Kirchner: “Que un jefe del Estado sea imputado judicialmente por encubrimiento del terrorismo es una cosa muy grave”, sostuvo el senador por Mendoza Ernesto Sanz, precandidato presidencial del radicalismo. “Se requiere mucha responsabilidad, mucha serenidad y rapidez en el esclarecimiento del caso”, agregó. Otro aspirante radical a la presidencia, el diputado Julio Cobos, consideró que “no es normal tener un vicepresidente procesado y una Presidenta con un pedido de imputación”.
En tanto, el diputado del Frente Renovador, Adrián Pérez, sostuvo que “más allá de las permanentes acciones del Gobierno por desacreditar la denuncia de Nisman, hoy la Justicia confirma que la misma tiene sustento y es fundamental que la Justicia actúe sin presiones ni intromisiones”, mientras que el titular de ese bloque, Darío Giustozzi, pidió “más calidad institucional, más calidad política y más transparencia” para “dejar que la Justicia avance”.
Otra diputada, la titular de GEN, Margarita Stolbizer, dijo que la imputación de CFK es “fundamental” para que “avance” la investigación. La vicejefa del Gobierno porteño, María Eugenia Vidal (PRO), en tanto, reclamó “justicia y saber lo que pasó y que no sea un hecho más de impunidad”. También en el PRO, la diputada Laura Alonso dijo que es de “una suma gravedad institucional” la situación judicial y remarcó que “ahora hay que dejar que el juez y el fiscal que entiende en esta causa trabajen sin presión ni interferencias”.
La legisladora socialista Alicia Ciciliani manifestó a su vez que “está bien que cualquier ciudadano, por más cargo que tenga, esté obligado a rendir cuentas” y remarcó que la Presidenta “tendrá la oportunidad de demostrar ante la Justicia que es inocente”; mientras que Victoria Donda (Libres del Sur) dijo que “está claro que el país está atravesando una gravísima crisis institucional y política”.
Fuente:Pagina12
Por: Laureano Barrera
El domingo pasado, el periodista Andrés Fidanza salió a las dos de la tarde de su departamento de La Boca. Fue con su novia a comer a un bodegón y en la mochila cargó la computadora portátil porque después del almuerzo tenía que dar la estocada final a un artículo que vería la luz días después. Desde hacía tres semanas, Fidanza hablaba por teléfono, mandaba correos, visitaba fuentes y se reunía con informantes en cafés apartados intentando armar “El rompecabezas Nisman”, como se tituló la investigación publicada el miércoles en la revista digital Anfibia, en coautoría con Sonia Budassi.
A las nueve de la noche volvieron al departamento y vieron la puerta barreteada. Esperaron a que llegara Prefectura para ingresar. Adentro no encontraron un gran desorden, pero habían revisado minuciosamente la casa, llevándose dos notebooks y plata que era para las vacaciones. Las computadoras eran de la mujer de Fidanza, y no guardaban información sensible del caso Nisman. "La nota que tenía casi terminada se salvó porque me había llevado mi notebook”, remarcó el periodista en diálogo con Infojus Noticias.
No se llevaron tarjetas de crédito ni electrodomésticos.
En la cocina encontraron el dato que más los asustó: el pestillo de la puerta que había volado cuando lo forzaron estaba apoyado prolijamente sobre el lomo de un libro sobre la explosión en la AMIA.
A las diez de la noche del domingo, llegó la división de Rastros de la Policía Federal. Encontraron una huella borroneada. “Me dijo la perito que habían usado guantes de látex”, contó Fidanza. Después, por un vecino, la pareja supo más detalles. Cuando el hombre que vive junto a su casa llegó, alrededor de las cuatro de la tarde, vio la cortina americana baja.
Los dueños del departamento la habían dejado levantada al salir. Los ladrones entraron a plena luz del día, entre las dos y las cuatro de la tarde, ni bien los propietarios se fueron: un dato que denota cierta inteligencia.
“Obviamente no puedo afirmar que haya conexión entre los hechos”, advirtió Fidanza, pero detalló algunos datos que le resultaron extraños. “Este es un edificio viejo, con una sola entrada. En treinta y cinco años nunca había pasado nada. Y nosotros habíamos estado hablando por teléfono esos últimos días sobre la nota”, agregó.
A través de un comunicado, el rector de la Universidad Nacional de San Martín –la Casa de Estudios que apadrina a Anfibia- Carlos Ruta, expresó “su preocupación por el robo del que fuera víctima el periodista Andrés Fidanza, quien investigó y escribió para la revista Anfibia sobre el caso del fiscal Alberto Nisman”. También informó que el periodista se presentó hoy ante la Fiscalía de la Boca para solicitar una custodia permanente.
Fidanza trabajó en la sección política en el diario Crítica de la Argentina y en la revista Newsweek. Colaboró con Brando, Playboy, Miradas al Sur y Crisis, entre otras publicaciones. Y escribe con bastante regularidad en Perfil.
La Procuradora General de la Nación desmintió los rumores sobre un supuesto alejamiento del fiscal de parte del Ministerio Público. Además, aseguró que "a Fein se le dio todos los recursos".
Minutos después de las 11 de la mañana, todas las partes se hicieron presentes en el departamento 4 del piso 13 de la torre Boulevard, del complejo Le Parc de Puerto Madero. Además de la fiscal y los peritos estuvieron la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman y querellante en nombre de sus hijas; Sara Garfunkel, madre del fiscal fallecido; el defensor oficial Germán Carlevaro (abogado de la querella) y expertos de la Policía Científica. La inspección fue solicitada por Arroyo Salgado y también por la fiscal Fein, quien había pedido la participación del decano del Cuerpo Médico Forense, Roberto Luis María Godoy, y de efectivos de la División Fotografía de la Policía Federal.
Poco antes de las cinco de la tarde las partes se retiraron. Los expertos contratados por la querella hablaron entonces con la prensa. Raffo, reconocido forense, contó que se hizo “una inspección de ángulos” y que “se filmó todo”. “Hoy no se puede sacar ninguna conclusión. Trabajamos con luces especiales, se fotografió y se filmó todo. Debemos analizar las filmaciones”, agregó.
Salcedo contó que se hizo “un reconocimiento del terreno, que no conocíamos”, que se tomaron “fotografías, filmaciones, nuevos planos” y reseñó que también “se ampliaron algunas medidas de prueba”. “Dentro de muy poco vamos a hacer un informe donde vamos a solicitar nuevas medidas a la fiscalía”, adelantó. Ante las preguntas de los periodistas, contó que “trabajamos con distintos reactivos, con luces forenses” y agregó que “hay elementos nuevos, que por supuesto todavía no podemos socializar”. Es “evidencia física que se ha levantado, que será evaluada” en laboratorios “para verificar de qué se trata y a quién pertenece”. Salcedo dijo que era “la primera vez” que se usaban determinados reactivos pero evitó dar detalles “porque tiene que ver con la investigación de la fiscalía”.
“Nosotros solicitamos estas evidencias para ampliar la investigación”, aclaró. El ex policía dijo que no darán “entrevistas ni reportajes” porque “la única verdad es la verdad científicamente demostrable”.
–¿Encontraron algo que no esperaban? –le preguntaron.
–Encontramos algunas evidencias que no habían sido tenidas en cuenta.
Salcedo prometió un informe para “los próximos días”. “Tenemos que estudiar y después escribir”, concluyó.
Según trascendió luego del procedimiento, se encontraron “manchas de sangre a través del luminol, que hasta ahora no se había usado”, y que “se levantaron pelos en cercanías de un sector del baño”, donde fue hallado el cuerpo de Nisman con un disparo en la cabeza.
A 26 días de la muerte de Nisman, la jueza Palmaghini había adelantado, al autorizar la medida, que el departamento “fue objeto de inspección y relevamiento desde el día 19 de enero de 2015”. “Desde esa fecha en adelante, se han autorizado ya diversos ingresos con el objeto de completar las tareas investigativas”, recordó la magistrada. “Por ello resulta imperioso destacar que, si bien el departamento en cuestión a la fecha permanece franjado, dista ya de ser el escenario que fuera advertido por la prevención”. Palmaghini autorizó la inspección ocular “para no dilatar la producción de la medida pretendida”, pero aclaró que la convocatoria a los especialistas para obtener muestras corría por cuenta de la fiscal Fein y de la querellante Arroyo Salgado.
Fuente:Pagina12
Por: Juan Carrá
Nueva evidencia física se incorpora a la causa luego de la extensa inspección ocular que comenzó a las 11 de la mañana y duró siete horas. “Encontramos algunas evidencias que no habían sido tenidas en cuenta”, dijo al salir Daniel Salcedo, uno de los peritos nombrados por Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Alberto Nisman y querellante en la causa que investiga su muerte. Salcedo destacó que fue la primera vez en lo que va de la causa que se realizó en el departamento 2 del piso 13 del Le Parc pericias con reactivos como luminol y luces forenses. “No lo habrán creído necesario”, explicó ante la pregunta del por qué. Según trascendió extraoficialmente, las nuevas evidencias colectadas serían cabellos que ahora deberán analizarse para determinar a quién corresponden.
El nuevo reconocimiento fue aceptado por la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini ante el pedido de Arroyo Salgado y con el aval de la fiscal Viviana Fein. En su resolución, la magistrada dejó en claro que el departamento “fue objeto de inspección y relevamiento desde el día 19 de enero de 2015”, fecha en la que fue hallado Nisman tirado en el baño, con un disparo en la cabeza. “Desde esa fecha en adelante se han autorizado ya diversos ingresos con el objeto de completar las tareas investigativas a realizarse en dicha vivienda”, expresa el escrito y concluyó: “resulta imperioso destacar que si bien el departamento en cuestión a la fecha permanece franjado, dista ya de ser el escenario que fuera advertido por la prevención”. Esta aclaración no es menor a la luz del resultado de la diligencia. Por eso, serán los resultados de laboratorio los que determinen con certeza el valor de los nuevos elementos recolectados en el departamento.
La jornada en Puerto Madero fue extensa. El sol todavía daba en la vereda de Azucena Villaflor al 400 cuando Salcedo junto a sus colegas Osvaldo Raffo y Julio Ravioli ingresaron por el portón de rejas al estacionamiento de cortesía del complejo Le Parc. Los peritos estacionaron a metros de donde descansa desde el lunes 19 de enero el Audi Q3 gris, chapa MPC-641, que manejaba Nisman. Todas sus puertas siguen clausuradas con fajas que dicen “secuestrado”.
Media hora después, llegó al lugar Sara Garfunkel acompañada de una mujer joven. Llegaron en taxi que las dejó dentro del predio, al pie de las escalinatas de la torre 2. Garfunkel, madre de Nisman y también querellante en la causa, llevaba consigo las llaves para ingresar sin violas las cerraduras del departamento donde fue hallado sin vida el fiscal a cargo de la UFI AMIA. Arroyo Salgado fue la siguiente en entrar al predio a bordo de un Renault Fluence azul con vidrios polarizado. Eran las once en punto. Minutos más tarde, Fein y parte de sus colaboradores de la Fiscalía 45 llegaron auto y quisieron evitar la guardia periodística entrando por otro portón, pero no pudieron hacerlo. Sin embargo, la fiscal –al igual que todos los demás actores principales de la pericia– ingresó sin dar declaraciones.
Dos unidades criminalísticas móviles de la Policía Federal llegaron al Le Parc con nueve peritos, hombres y mujeres, que vestidos con monos blancos y guantes de látex violetas ingresaron al predio cargando valijas y bolsos con el equipo necesario para la diligencia.
Ellos fueron los últimos en sumarse al pelotón que recorrió todo el predio del complejo y particularmente el lugar del hecho.
Después: horas de silencio y quietud. El único signo de movimiento que pudo verse desde el exterior fue una luz encendida en el balcón y las cortinas de uno de los ambientes corriéndose para que dos peritos pudieran tomar fotografías desde arriba hacia la zona de piletas. Durante todo ese tiempo, vecinos del Le Parc y sus visitantes entraban y salían por los portones. Incluso alguno de sus autos fueron revisados por la seguridad del lugar.
Eran las 14.30 cuando una de las ayudantes de la fiscal bajó a la playa de estacionamiento y se subió al Siena dorado en el que había llegado junto a Fein. Poco después volvió a subir con una bolsa con varias botellas de gaseosa. La pericia parecía que iba para largo. Sin embargo, poco después de las 15, Arroyo Salgado salió de la torre y se subió a su auto. En las manos llevaba una pila de papeles que no tenía cuando ingresó. Una vez más se fue sin hablar con la prensa.
Los siguientes en salir fueron Salcedo, Raffo y Ravioli. El primero –ex jefe de la Policía Bonaerense con larga trayectoria en la Científica– dijo que lo que se hizo fue un “reconocimiento del terreno que aún no conocíamos” y enfatizó en la recolección de “evidencias físicas que no habían sido tenidas en cuenta”. El perito prefirió reservarse qué tipo de elementos fueron los colectados.
“Dentro de poco vamos a hacer un informe, no será el preliminar sino uno para pedirle nuevas medidas a la Fiscalía”, adelantó Salcedo que, además, puntualizó en que los nuevos elementos obtenidos en la escena del crimen serán enviados a los laboratorios pertinentes para que se “para identificar de qué se tratan y a quién pertenecen y cuál es la data”, explicó.
Salcedo admitió que hasta el momento no se habían realizado pruebas de luminol –reactivo preliminar que se usa para constatar la presencia de sangre, aún seca y vieja, en diferentes superficies– en el departamento. “Es la primera vez que se hacen, no se creyó que fuera necesario, fue una petición de nuestra parte y aceptada por la Fiscalía”, aclaró.
En relación a dónde habían sido halladas esas nuevas pruebas “que habían sido pasadas por alto” en otras oportunidades, el perito prefirió mantener reserva para no alterar el curso de la investigación. Lo que sí explicó es que las tareas periciales se realizaron en todo el predio, en el departamento en particular y sobre todo en el baño, lugar donde fue hallado Nisman sin vida.
Raffo, vestido con saco marrón y apoyado en su bastón, caminó lento el tramo que lo separaba de la reja donde lo aguardaban los periodistas. Con voz suave contó que del lugar se llevaron nuevas mediciones, ángulos y recalcó que “especialmente se ha trabajado en el cuadro hemático del lugar del hecho, las alturas de caída de las gotas y demás cuestiones que se han vuelto a verificar”. En análisis del comportamiento de la sangre al caer ayudará a los especialistas a completar un panorama para precisar cuál era la posición del fiscal Nisman al momento de recibir el disparo. Raffo, al igual que salcedo, contó que se realizó la búsqueda de tejido hemático con luminol.
De la pericia de hoy también participaron los especialistas que realizaron la primera inspección ocular. Esto incluye a la Unidad Criminalística Móvil, Laboratorio Químico, ambas de la Policía Federal, integrantes del Area Criminalística de la Policía Metropolitana; y el decano del Cuerpo Médico Forense, Roberto Luis María Godoy (acompañado de otro integrante del cuerpo), junto con efectivos de la División Fotografia Policial.
Cerca de las 18, Fein y la madre de Nisman bajaron juntas en el ascensor. La fiscal salió del edificio y se fue en su auto sin dar declaraciones. Sara Garfunkel se quedó en el lobby acompañada de la misma joven con la que llegó esperando un taxi. Ella fue quien cerró la puerta del departamento.
Después de expresar sus sentimientos “de cercanía a la familia (de Nisman), estupor, consternación, dolor y su reclamo de un completo esclarecimiento del hecho”, la comisión que preside Gabriel Castelli y asesora el obispo de Gualeguaychú y presidente de Pastoral Social, Jorge Lozano, pidió “serenidad a la población” y reclamó “verdad y justicia respecto de esa muerte (de Nisman), de las denuncias realizadas por el fiscal fallecido y del atentado terrorista contra la AMIA”. A renglón seguido, la comisión entre cuyos objetivos se cuenta “llevar adelante los encargos que le asigne la Conferencia Episcopal Argentina”, expresó su adhesión pública a la marcha e invitó a la oración pidiendo “paz, justicia y verdad” para la patria.
Por su parte, los curas coordinados por el sacerdote Eduardo de la Serna denunciaron que “la trágica muerte del fiscal Nisman no sólo ha conmovido al país”, sino que “también ha servido para que salgan a la luz oscuras operaciones contra la Justicia y la democracia como ya hemos denunciado oportunamente desde el grupo”. Y ante la marcha organizada por un grupo de fiscales para el miércoles que viene, los curas plantearon su “estupor” frente a la adhesión expresada por Justicia y Paz.
El comunicado de los curas agrega que “lamentablemente, algunas actitudes de ciertos sectores eclesiales ya no nos sorprenden, pero así como hace años ante la actitud del obispo (Héctor) Aguer (arzobispo de La Plata), garante de delincuentes, dijimos ‘no es la Iglesia”, hoy queremos repetir que estos sectores ‘no son la Iglesia’, es decir, que no representan a toda la Iglesia, que mayoritariamente es el pueblo creyente al que acompañamos como pastores”.
Dicen también los sacerdotes que “esperamos que el testimonio del papa Francisco, que quiere ‘una Iglesia pobre y para los pobres’, impulse a toda la Iglesia a convertirse al pobre y buscar justicia”, señalando que tal justicia “sólo será legítima si empieza por los de abajo, si beneficia, en primer lugar, a las víctimas de la injusticia y no es cómplice de los victimarios”.
El debate sobre la marcha del 18 de febrero, día en que se cumplirá un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, está planteado también en el seno del catolicismo.
Documento de magistrados
El pampeano Miguel Palazzani firmó un documento con un grupo de fiscales para diferenciarse de los que convocaron a la marcha del 18. Además, dijo que la imputación a la presidenta "es una versión hipotética no demostrada".
El fiscal Miguel Palazzani criticó la imputación a la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de Irán en la causa por el atentado contra al Amia que formuló el viernes el fiscal Gerardo Pollicita.
“El propio escrito del fiscal Pollicita dice que lo que está presentando es una ‘...versión hipotética no demostrada...‘. Con esa disposición objetivo-subjetiva se formula una denuncia (¿imputación? no creo), de gravísima repercusión institucional, a una Presidenta, un canciller y un diputado nacional de encubrir actos terroristas”, señaló el abogado pampeano a través de las redes sociales.
“Esa ‘versión hipotética no demostrada‘ se presenta (y se repetirá hasta el hartazgo) como una sentencia de condena por los medios de comunicación hegemónicos. Cualquier parecido con el RC-5-1 (Reglamento de Operaciones Psicológicas) de la dictadura es mera coincidencia”, completó Palazzani.
Palazzani es un abogado pampeano que actuó como querellante en el primer juicio contra los represores pampeanos de la última dictadura militar, en 2010. Luego fue nombrado como fiscal en el juicio contra los represores de Bahía Blanca. Además, es uno de los fiscales subrogantes designados por la procuradora Alejandra Gils Carbó, nombramiento que está frenado por recursos presentados por sectores judiciales y de la oposición. También es el impulsor -como abogado particular- de una denuncia contra Mendoza por los daños provocados en la provincia por el corte del Río Atuel por parte de Mendoza.
Junto a un grupo de fiscales, Palazzani también firmó un documento en el cual se diferencian de los fiscales que convocaron a una marcha el próximo 18 de febrero, cuando se cumple un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Los firmantes manifestaron que "la mejor forma de mostrar respeto" por el fallecido fiscal especial de la causa AMIA es "acompañar desde el lugar que corresponde por mandato constitucional" la investigación del deceso, al diferenciarse de otros colegas que convocaron a marchar el próximo 18 de febrero en memoria del funcionario judicial.
"La mejor y más sincera forma de demostrar nuestro respeto por quien ya no está entre nosotros y por sus familiares es manifestar nuestra colaboración, personal y profesional, a la Fiscal Viviana Beatriz Fein -a cargo de la investigación de la causa del deceso- y a los fiscales que continuarán interviniendo en los casos en los que él trabajaba, poniéndonos a su disposición para aquello que necesiten", escribieron en un comunicado.
En ese marco, añadieron: "Entendemos asimismo que frente a la sociedad, nuestro compromiso como miembros del Ministerio Público debe ser el de acompañar desde el lugar que nos corresponde por mandato constitucional: el tratamiento de los casos que nos tocan".
Finalmente, los fiscales que no adhieren a la marcha del miércoles expresaron su "certeza de que la desaparición física del Fiscal Nisman no entorpecerá el avance de las investigaciones tendientes a determinar la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales del atentado a la sede de la AMIA, y de aquellos acusados de entorpecer la investigación", y subrayaron que su "compromiso está, también, con las víctimas del atentado y sus familiares".
El texto lo firman, entre otros, Carlos Martín Amad; Horacio Juan Azzolin; Gabriela Baigun; Adolfo Raúl Villate; Pablo Larriera; Diego Vigay; Miguel Ángel Palazzani; Carlos Facundo Trotta; Carlos Gonella; Carlos Sanserri; José Alberto Nebbia y Enrique Senestrari.
También adhieren Sandro Abraldes; Marcelo Agúero Vera; Francisco Snopek; Eduardo Villalba; Hernán Schapiro; Marcelo Colombo; Fernando Alcaraz Miguez; Pablo Camuña; Pablo Parenti; Federico Carniel; Gabriel De Vedia; Laura Mazzaferri; Diego García Yomha; Adrián García Lois; Rodolfo Molina; Alejandro Cantaro; Juan Manuel Sivila; Abel Córdoba; Pablo Miguel Pelazzo; María Virginia Carmona Miguel; Indiana Garzon; Francisco Maldonado y Cristina Caamaño.
Fuente:ElDiariodelaPampa
Santa Fe
Viernes, 13 de febrero de 2015
Lewis no irá al 18F y dijo que "el mejor homenaje es la correcta investigación"
El ministro de Justicia provincial dijo que "no está correctamente dilucidado el objeto de la marcha". Y afirmó que Hugo Tognoli no es un preso político y que la Justicia Federal no avanzó en esta causa.
13-2-2015
Procuración
En conferencia de prensa, en la sede de la Procuración
Gils Carbó designó a los tres fiscales que reemplazarán a Nisman
Procuración
En conferencia de prensa, en la sede de la Procuración
Gils Carbó designó a los tres fiscales que reemplazarán a Nisman
Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini conformarán el equipo que reemplazará al fallecido fiscal Alberto Nisman al frente de la unidad fiscal especial para la investigación del atentado contra la AMIA. Como secretario fue designado Juan Murray.
Patrick Haar
Tras la muerte de Alberto Nisman, la procuradora había designado interinamente a cargo de la fiscalía especial para la investigación del atentado contra la AMIA (UFI-AMIA) al fiscal Alberto Gentili.
"Tenemos el deber de garantizar la continuidad del trabajo de la unidad especial para la causa AMIA", sostuvo Gils Carbó y señaló que se va a fortalecer la unidad AMIA. "Las circunstancias colocan al Ministerio Público Fiscal a dar una respuesta a los que esperan desde hace 20 años, verdad y jsticia. La impunidad es una deuda de toda la administración de Justicia".
En conferencia de prensa en el edificio de la Procuración, la funcionaria consideró: "Estoy convencida que el nuevo equipo de fiscales va a trabajar con seriedad, objetividad, transparencia y compromiso".
Gils Carbó afirmó que la muerte de Alberto Nisman "es un hecho de gran impacto político y social" porque se trataba del fiscal que "estaba investigando el atentado terrorista más grave que ha sufrido este país". Escuchando a la procuradora estaban sentados los titulares de distintas unidades fiscales especiales como Carlos Gonella, Abel Córdoba y Jorge Auat.
Durante la presentación del nuevo equipo sostuvo que “nunca se pensó en remover de su cargo a Nisman, y prometió intensificar la labor para llegar a la verdad”. Y remarcó que tras la muerte del fiscal "lo que hicimos fue garantizar el mayor esfuerzo de todas las dependencias de la fiscalía general para llegar a la verdad y también garantizar el trabajo que hizo el fiscal”.
Ayer, la jueza María Alejandra Biotti, había resuelto no hacer lugar a una cautelar solicitada por un grupo de legisladores del PRO que pidieron que la Procuradora de abstuviera de nombrar el reemplazo de Nisman. “La memoria de las victimas nos demanda que lo intentemos”, concluyó Gils Carbó
13-2-2015
UFI-AMIA
Juan Murray será el secretario de la Unidad Fiscal Especial
Quiénes son los nuevos fiscales de la UFI-AMIA
UFI-AMIA
Juan Murray será el secretario de la Unidad Fiscal Especial
Quiénes son los nuevos fiscales de la UFI-AMIA
Namer, Salum y Sabadini tienen experiencia en investigar corrupción, delitos de lesa humanidad y a las fuerzas policiales. La procuradora Gils Carbó los designó para estar al frente de la Unidad Fiscal Especial que investiga el atentado a la AMIA, en reemplazo de Alberto Nisman. Les aseguró todos los recursos para "la búsqueda de la verdad".
Sabrina Namer
Es fiscal ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal. Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, se desempeñó como docente de la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora de diferentes libros y artículos y participó como expositora en seminarios, congresos y jornadas nacionales e internacionales. Fue coordinadora de investigaciones de fraudes contra el Estado en la Oficina Anticorrupción durante 2004 y 2005, donde tuvo a su cargo un equipo de investigadores que llevó adelante diversas querellas contra funcionarios públicos por casos de corrupción.
Entre 2009 y 2012 estuvo a cargo de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) del MPF. En su rol de fiscal de juicio llevó adelante causas de gran trascendencia institucional ligadas a hechos de corrupción, que involucraron, entre otros, a la ex secretaria de Estado María Julia Alsogaray y a un grupo de ex senadores nacionales acusados por cohecho.
En febrero de 2014, cuando fue designada subrogante de la Fiscalía 7, estuvo a cargo de la causa IBM - ANSES. Un año antes, Namer fue fiscal de juicio en la causa de las coimas en el Senado, que juzgó a ocho exfuncionarios por supuestos pagos de sobornos para aprobar la Ley de Reforma Laboral en 2000. El Tribunal Oral Federal 3 desestimó las acusaciones de la fiscal y absolvió a todos los imputados, entre ellos, al expresidente Fernando De la Rúa. Ante el fallo absolutorio Namer apeló en la Cámara Federal de Casación Penal y le dijo a Infojus Noticias que al igual que el mismo TOF había hecho con la causa por la conexión local del atentado a la AMIA en 2001: “Fue hacer de cuenta que no existió la instrucción y todo lo que surgió de la instrucción que no le gustó a los jueces no fue valorado”.
Namer también es la representante del Ministerio Público Fiscal en todos los juicios contra la exfuncionaria María Julia Alsogaray, que ya va por el sexto juicio.
Roberto Salum
Es fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa Fe. Experto en Derecho Penal y Procesal Penal, cursó la especialización en Ministerio Público Fiscal que dicta la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como docente en la Universidad Católica de Santa Fe. Intervino en diversas causas de lesa humanidad, entre ellas la denominada causa “Base Aérea”, en la que se juzgaron los hechos sufridos por 40 víctimas. También investigó y logró la primera condena por un caso de apropiación de bebés en Santa Fe.
Llevó adelante causas complejas que involucraban a organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico y conformó un equipo especial que investigó y llevó a juicio a diversas redes criminales con participación de la policía local. Entre ellas la que comandaba la mayor “cocina” de cocaína hallada hasta entonces en el país, ubicada en la localidad de Tostado, en el norte de Santa Fe.
El fiscal federal recibió el apoyo de Alejandra Gils Carbó luego de ser "escrachado" ayer por un grupo de familiares y allegados a los cuatro policías detenidos y acusados de torturar a Gustavo Fabián Cernadas y Ángel Luis Ramírez durante una detención donde se incautó droga, en 2013.
Patricio Sabadini
Es uno de los integrantes más joven del equipo. Se recibió en la Universidad de la Cuenca del Plata a los 22 años y en 2011 fue designado fiscal federal de Resistencia. Es fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia, Chaco, y forma parte del equipo que creó la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en esa jurisdicción.
Es especialista en Derecho Procesal Penal y en Derecho Penal. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca y en el instituto Max Planck de Alemania. Actualmente cursa su doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Castilla La Mancha, en España. También se desempeña como docente en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad de la Cuenca del Plata, de Corrientes.
Intervino, entre otras, en la causa seguida contra un grupo de personas encabezado por ex concejal formoseño Héctor Palma Agüero por narcotráfico, luego de que se hallaran más de 700 kilos de cocaína en un campo de su propiedad. En 2013, pidió que se instruya una causa penal por sedición contra un centenar de policías, agentes penitenciarios y civiles que participaron del alzamiento de los primeros días de diciembre de 2013.
Como integrante Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, pidió junto con las querellas que dos ex funcionarios judiciales acusados de crímenes de lesa humanidad, el ex juez federal Ángel Córdoba y el ex fiscal federal Roberto Mazzoni, respondieran por los delitos de asociación ilícita en concurso con tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad, que prevén penas más altas. En 2012, pidió la indagatoria de Héctor Orlando Grillo, un médico policial acusado de ayudar a torturar en centros clandestinos de Chaco.
Juan Murray
Se suma al equipo de fiscales en el rol de coordinador. Se desempeñó como fiscal subrogante y ad hoc desde el año 2004, hasta su designación en la Fiscalía Federal de Primera Instancia de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
En diciembre de 2012, Murray fue designado como fiscal subrogante en la fiscalía federal N° 2 de Rosario. Entre los múltiples casos llevados adelante por Murray en la ciudad de Rosario se destaca especialmente la investigación que permitió desarticular una poderosa organización criminal dedicada al narcotráfico, en la cual participaban altas autoridades de la policía provincial.
Además, llevó adelante la investigación que logró desbaratar a una de las principales bandas de narcocriminalidad del país, que comandaba "Delfín" David Zacarías, en lo que se dio a conocer como “Operativo Flipper”.
También participó de las operaciones que involucraron a unos 3000 agentes de fuerzas de seguridad federales desplegados para recuperar territorios y resentir la cadena de comercialización de estupefacientes, en el marco de una investigación dirigida por los fiscales federales de Rosario.
Fuente:Infojus
PANORAMA POLITICO
El fiscal y la muertePor Julián Bruschtein
El único mérito que tiene la imputación de la Presidenta es que expone crudamente que la muerte del fiscal Nisman y su denuncia previa forman parte necesariamente de una operación contra el Gobierno. La decisión del fiscal Gerardo Pollicita es de carácter político, al igual que su denuncia contra la Presidenta y el canciller por encubrimiento, que no tiene ningún sostén judicial, que no se basa en ninguna prueba real, sólo en prejuicios y especulaciones que aluden a dichos de segundas y terceras personas que ni siquiera son funcionarios ni tienen ningún tipo de responsabilidad sobre la política exterior argentina o iraní. Pollicita fue directivo del club Boca Juniors junto con Mauricio Macri, pero aun si no tuviera este antecedente, a cualquier fiscal le hubiera costado resistir la fuerte presión que le puso la muerte de Nisman a su denuncia. La falta de pruebas fue reemplazada en este caso por la muerte violenta del denunciante. El gesto ético de rechazar la denuncia por falta de pruebas fue reemplazado por la decisión de darle lugar a pesar de su inconsistencia para sacarse de encima esa presión. También es cierto que si bien la imputación no tiene ningún efecto judicial, es de gran impacto político porque se trata de la Presidenta de la República. El fiscal Pollicita tomó esta medida el último día hábil antes de la marcha del 18.
En el dos más dos más grosero, la muerte del denunciante acusa al denunciado. Con esa especulación tan obvia juegan los que montaron la operación así como la oposición, que se montó en la convocatoria para el acto del 18. Es evidente que sobre esa especulación hay un intento de afectar a las instituciones democráticas, y la oposición termina asociándose a esa conspiración porque reacciona en consonancia con ella, aun sabiendo que en política hay que desconfiar de las lógicas simplistas usadas para operaciones o propaganda.
Una denuncia tan grave y al mismo tiempo tan pobre tendría que haber sido desestimada. El gesto del fiscal Pollicita de darle lugar pone a las instituciones en un lugar de altísima vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ofrece la posibilidad de esclarecerla por completo. Claro que durante todo el tiempo que se extienda el trámite judicial, la Presidenta de la República estará imputada en una causa de profunda gravedad institucional. Cuando circuló la noticia de que Nisman había presentado su denuncia por encubrimiento contra la Presidenta y otros funcionarios y dirigentes del oficialismo, todo el mundo salió a buscar las pruebas sobre las que se apoyaba. Y lo único que había eran horas y horas de grabaciones telefónicas de un ciudadano argentino de la colectividad árabe que les decía a sus contactos iraníes que había hablado con dirigentes kirchneristas, que decían que otros dirigentes hablaban sobre los beneficios mutuos del Memorándum de Entendimiento entre Irán y Argentina. Cero prueba, mucha charla de franela y rosca de nivel zócalo, más pura especulación y prejuicio.
Reconociendo la pobreza de la denuncia que aceptó Pollicita, de mala fe, algunos dirigentes de la oposición afirmaron que Nisman iba a presentar más pruebas en la sesión del Congreso a la que debía concurrir el lunes posterior a su muerte. La mala fe queda demostrada en que Nisman nunca presentó esas pruebas donde tenía que hacerlo, que es en el juzgado. Sus colaboradores hubieran conocido su existencia, habría copias en algún lugar. Justamente porque esas pruebas nunca existieron, el más interesado en que Nisman siguiera vivo era el Gobierno, porque estaba en condiciones de pulverizar su presentación.
Esa denuncia tiene alguna posibilidad de afectar al Gobierno ahora sólo porque el fiscal está muerto. Nadie puede decir si fue homicidio o suicidio o si todo forma parte de un plan previo o se fue realizando a medida que sucedieron los hechos, lo real es que si Nisman estuviera vivo, esa acusación se hubiera derrumbado, lo cual es la mejor demostración de que tanto la denuncia del fiscal como su muerte forman parte de una operación contra el Gobierno, no importa si planificada así o así se fue desarrollando. Eso es lo que debería estar investigando la Justicia y lo que deberían repudiar tanto el oficialismo como la oposición para enfrentar juntos un atentado gravísimo contra las instituciones. Es probable que algún sector de la oposición esté jugando ese partido contra la democracia como siempre pasó en las aventuras golpistas de la historia argentina.
Voces que también llevan agua al molino del golpismo dijeron que había una situación similar a la previa al golpe del ’76, como si este gobierno manejara una Triple A que hubiera asesinado a decenas de militantes y activistas. No existe la Triple A ni las organizaciones guerrilleras, ni hay una guerra entre sectores del peronismo y de hecho los actos políticos más pacíficos y organizados son los del kirchnerismo.
Lo que hay es un odio exacerbado por el discurso feroz de los medios opositores que crean el caldo que hace creíbles prejuicios que dan a entender que este gobierno ha cometido asesinatos políticos cuando la realidad demuestra lo contrario. Con sus defectos, este gobierno fue el que desarmó a la policía que hace la seguridad en las marchas de protesta.
Los asesinatos o desapariciones políticas, como fue la de Jorge Julio López, no fueron hechos por el Gobierno, como durante la dictadura, sino contra el Gobierno, para desestabilizarlo.
Lo único parecido a los días previos al golpe del ’76 es el clima que crean los medios opositores y las operaciones de los Servicios de Inteligencia. Porque la investigación del atentado a la AMIA se convirtió en una ensalada donde intervinieron también Servicios de Inteligencia de otros países que tienen en su historial otros procesos desestabilizadores en todo el mundo.
El jueves, mientras en el recinto del Senado el oficialismo con aliados y sectores del peronismo disidente discutían y se daba media sanción a la nueva ley que intentará terminar con prácticas perversas que han entrecruzado a Servicios de Inteligencia con sectores de la Justicia o el periodismo, fuera del recinto la oposición escuchaba con atención al titular de la Asociación de Magistrados, el juez Héctor Recondo, quien hasta 2006 fue socio de la familia de Hugo Anzorreguy, jefe de los Servicios de Inteligencia durante el menemismo. Después de escucharlo se juramentaron para derogar en el futuro la ley que había obtenido media sanción. Juntarse fuera del recinto y legislar para lo que harán, hipotéticamente, si alguna vez tienen la posibilidad de aplicarlo, resulta patético como lugar de oposición real que fue votada para discutir, cuestionar, apoyar o criticar en el Congreso.
Ese jueves, los discursos de los políticos y de los funcionarios judiciales tuvieron un tono muy violento para responsabilizar al Gobierno por la muerte del fiscal Nisman. Se habló de “crimen de Estado” o de magnicidio. La intervención de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman y al frente de la querella en representación de la familia, fue un balde de agua fría para ese tono exaltado de la oposición que intentaba usar políticamente la tragedia. La jueza declaró que no es opositora ni oficialista y pidió que no se politice la investigación y que se evite la exposición mediática de medidas y procedimientos. Es difícil que la investigación no se politice, en principio porque están en juego las instituciones democráticas y porque hay un trasfondo muy conocido de espías e intereses internacionales, además de la polarización que se genera en un año electoral sumado a la inquietud judicial. Lo que de alguna manera quiso decir la ex mujer de Nisman es que la política no se ponga por delante de la verdad, y en eso tiene que tener todo el respaldo.
Después del discurso de la jueza Arroyo Salgado, se habló de que se hará un corralito en torno de los fiscales durante la marcha para impedir que se acerquen los dirigentes políticos. Pero los primeros en politizar esa marcha fueron los mismos fiscales que convocan, varios de ellos porque tienen un pie en la política, como Germán Moldes, que fue funcionario del menemismo; Guillermo Marijuán, a quien se señala como el procurador que designaría Sergio Massa si gana, y al mismo Juan Carlos Stornelli se lo conoce como allegado al PRO de Mauricio Macri. Moldes y Raúl Plee están involucrados en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA y justamente Pollicita fue segundo de Plee, y ni hablar de José María Campagnoli, totalmente enfrentado al Gobierno.
El fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, que es el jefe directo de la fiscal Viviana Fein que está a cargo de investigar la muerte de Nisman, es uno de los que convoca para pedir Justicia, cuando el que está directamente a cargo de proveerla es él. La motivación política es clara. Cuando se denunciaron las leyes de impunidad, el fiscal Sáenz las defendió como leyes constitucionales. Es un grupo muy polémico de fiscales muy promocionados por los medios opositores pero no muy prestigiados en el ámbito judicial. Más de setenta fiscales firmaron una solicitada para anunciar que no están de acuerdo con la convocatoria y muchos más lo hicieron en declaraciones individuales. Para ellos, los fiscales y políticos que han convocado usan la muerte del fiscal Nisman para dirimir otras cuestiones.
Fuente:Pagina12
Pero además Benedetto, dice algo jugoso cuando afirma: "...comentábamos de las cosas que están pasando y de las influencias nefasta de la iglesia derechista en la cultura local... y tiramos sobre la mesa los recuerdos de las andanzas del Padre Pato y del Padre Ramiro... hay dictámenes del INADI contra el accionar discriminatorio de este sector..."
También se refiere al atentado del local del PC en San Rafael y de varias cosas como el cajoneo de "nuestra DGE provincial de una cantidad de libros de educación sexual para las escuelas, enviados por el Ministerio de Cultura de la Nación y que no son de agrado de los funcionarios que responden al Verbo Encarnado... En el seminario del IVE en San Rafael menores de edad están sufriendo un fuerte lavado de cerebro... Al conocer lo del juez Cortez me dio por relacionarlo con el excesivo receso de los juicios (en San Rafael) y donde la jueza que preside el Tribunal lucía insegura y como pidiendo disculpas a los acusados.... Entre el público vimos esa vez a un par de operaciones de la iglesia por conocidos en Malargüe... y recordemos que el mismo IVE obtuvo que el acusado Ciro Maza saliera de la cárcel para cumplir arresto domiciliario.
"Los arrestos -sigue diciendo Benedetto- estuvieron a punto de caerse por la demora de iniciarse los juicios... esto está a tono con una embestida judicial generalizada en todo el país luego de la sabia decisión presidencial de hundir el cuchillo en la SIDE".
Si este martes no se reanudan los juicios en San Rafael va a ser un golpe contra las banderas de Memoria, Verdad y Justicia que levantan los organismos de derechos humanos y que ha calado hondamente en la conciencia colectiva del pueblo argentino. Y como todo tiene que ver con todo la problemática de la muerte del ex fiscal Nisman es una tentación para la contra deshilachada en sus intentos de golpe de Estado Pero no pasarán aunque marchen al son de la fanfarria de la derecha pro imperialista.
"Los arrestos -sigue diciendo Benedetto- estuvieron a punto de caerse por la demora de iniciarse los juicios... esto está a tono con una embestida judicial generalizada en todo el país luego de la sabia decisión presidencial de hundir el cuchillo en la SIDE".
Si este martes no se reanudan los juicios en San Rafael va a ser un golpe contra las banderas de Memoria, Verdad y Justicia que levantan los organismos de derechos humanos y que ha calado hondamente en la conciencia colectiva del pueblo argentino. Y como todo tiene que ver con todo la problemática de la muerte del ex fiscal Nisman es una tentación para la contra deshilachada en sus intentos de golpe de Estado Pero no pasarán aunque marchen al son de la fanfarria de la derecha pro imperialista.
Fuente:Mdz
REACCION DEL OFICIALISMO Y DE LA OPOSICION TRAS LA ACUSACION A CFK
Una denuncia con impacto
Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, Julio Cobos y Margarita Stolbizer
Desde el kirchnerismo calificaron el pedido de imputación de Pollicita como “golpismo judicial”, mientras los opositores hablaron de “gravedad institucional” y pidieron avanzar con la investigación.
Desde el kirchnerismo calificaron el pedido de imputación de Pollicita como “golpismo judicial”, mientras los opositores hablaron de “gravedad institucional” y pidieron avanzar con la investigación.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, calificó como “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática” la decisión del fiscal Pollicita de imputar a la Presidenta, algo que “no tiene ningún valor jurídico”. Para el funcionario, “pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado”, lo que genera una repercusión mediática “que sí tiene mucha importancia”, dando una imagen errónea de la situación. “Lo que le llega a mi mamá en este momento, que no conoce de Derecho, seguramente dice ‘uh, la Presidenta en una causa’”, agregó Fernández, que calificó la denuncia como “ridícula, bochornosa, insultante”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que el Gobierno está frente a “la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina”. En su habitual conferencia de prensa de cada mañana, sostuvo que “los requerimientos que se realizan no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino política, para generar impacto político y no tiene ningún tipo de validez jurídica, porque no existe prueba ni siquiera indiciaria respecto de eventual culpabilidad”.
En tanto, el gobernador bonaerense y precandidato presidencial del Frente para la Victoria Daniel Scioli, junto con cincuenta intendentes peronistas de ese distrito, respaldó a CFK. En una reunión que mantuvieron ayer en Mar del Plata, Scioli manifestó que le resulta “inconcebible” que la Presidenta sea encubridora del atentado, cuando fue “quien más hizo por esclarecer” esos ataques.
Dentro del oficialismo, también se manifestaron la titular del bloque de diputados, Juliana Di Tullio, para quien hay “un golpe de Estado en proceso desde un sector del Poder Judicial”; el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, que habló de una “escalada antidemocrática gravísima y evidente” y el referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, que advirtió sobre “la búsqueda de de-sestabilizar la democracia” que subyace detrás de esta denuncia.
Desde la oposición, en cambio, las voces apuntaron contra Fernández de Kirchner: “Que un jefe del Estado sea imputado judicialmente por encubrimiento del terrorismo es una cosa muy grave”, sostuvo el senador por Mendoza Ernesto Sanz, precandidato presidencial del radicalismo. “Se requiere mucha responsabilidad, mucha serenidad y rapidez en el esclarecimiento del caso”, agregó. Otro aspirante radical a la presidencia, el diputado Julio Cobos, consideró que “no es normal tener un vicepresidente procesado y una Presidenta con un pedido de imputación”.
En tanto, el diputado del Frente Renovador, Adrián Pérez, sostuvo que “más allá de las permanentes acciones del Gobierno por desacreditar la denuncia de Nisman, hoy la Justicia confirma que la misma tiene sustento y es fundamental que la Justicia actúe sin presiones ni intromisiones”, mientras que el titular de ese bloque, Darío Giustozzi, pidió “más calidad institucional, más calidad política y más transparencia” para “dejar que la Justicia avance”.
Otra diputada, la titular de GEN, Margarita Stolbizer, dijo que la imputación de CFK es “fundamental” para que “avance” la investigación. La vicejefa del Gobierno porteño, María Eugenia Vidal (PRO), en tanto, reclamó “justicia y saber lo que pasó y que no sea un hecho más de impunidad”. También en el PRO, la diputada Laura Alonso dijo que es de “una suma gravedad institucional” la situación judicial y remarcó que “ahora hay que dejar que el juez y el fiscal que entiende en esta causa trabajen sin presión ni interferencias”.
La legisladora socialista Alicia Ciciliani manifestó a su vez que “está bien que cualquier ciudadano, por más cargo que tenga, esté obligado a rendir cuentas” y remarcó que la Presidenta “tendrá la oportunidad de demostrar ante la Justicia que es inocente”; mientras que Victoria Donda (Libres del Sur) dijo que “está claro que el país está atravesando una gravísima crisis institucional y política”.
Fuente:Pagina12
13-2-2015
Nisman
Los ladrones usaron guantes de látex
Sospechoso robo a un periodista de Anfibia que investigó el caso Nisman
Nisman
Los ladrones usaron guantes de látex
Sospechoso robo a un periodista de Anfibia que investigó el caso Nisman
Andrés Fidanza, en coautoría con Sonia Budassi, escribió esta semana una nota en la revista digital Anfibia titulada “El rompecabezas Nisman”. El domingo, entraron a robar a su casa cuando no estaba: se llevaron computadoras y plata. El pestillo de la puerta de la cocina, que había volado cuando lo forzaron, estaba apoyado sobre el lomo de un libro sobre la explosión en la AMIA.
El domingo pasado, el periodista Andrés Fidanza salió a las dos de la tarde de su departamento de La Boca. Fue con su novia a comer a un bodegón y en la mochila cargó la computadora portátil porque después del almuerzo tenía que dar la estocada final a un artículo que vería la luz días después. Desde hacía tres semanas, Fidanza hablaba por teléfono, mandaba correos, visitaba fuentes y se reunía con informantes en cafés apartados intentando armar “El rompecabezas Nisman”, como se tituló la investigación publicada el miércoles en la revista digital Anfibia, en coautoría con Sonia Budassi.
A las nueve de la noche volvieron al departamento y vieron la puerta barreteada. Esperaron a que llegara Prefectura para ingresar. Adentro no encontraron un gran desorden, pero habían revisado minuciosamente la casa, llevándose dos notebooks y plata que era para las vacaciones. Las computadoras eran de la mujer de Fidanza, y no guardaban información sensible del caso Nisman. "La nota que tenía casi terminada se salvó porque me había llevado mi notebook”, remarcó el periodista en diálogo con Infojus Noticias.
No se llevaron tarjetas de crédito ni electrodomésticos.
En la cocina encontraron el dato que más los asustó: el pestillo de la puerta que había volado cuando lo forzaron estaba apoyado prolijamente sobre el lomo de un libro sobre la explosión en la AMIA.
A las diez de la noche del domingo, llegó la división de Rastros de la Policía Federal. Encontraron una huella borroneada. “Me dijo la perito que habían usado guantes de látex”, contó Fidanza. Después, por un vecino, la pareja supo más detalles. Cuando el hombre que vive junto a su casa llegó, alrededor de las cuatro de la tarde, vio la cortina americana baja.
Los dueños del departamento la habían dejado levantada al salir. Los ladrones entraron a plena luz del día, entre las dos y las cuatro de la tarde, ni bien los propietarios se fueron: un dato que denota cierta inteligencia.
“Obviamente no puedo afirmar que haya conexión entre los hechos”, advirtió Fidanza, pero detalló algunos datos que le resultaron extraños. “Este es un edificio viejo, con una sola entrada. En treinta y cinco años nunca había pasado nada. Y nosotros habíamos estado hablando por teléfono esos últimos días sobre la nota”, agregó.
A través de un comunicado, el rector de la Universidad Nacional de San Martín –la Casa de Estudios que apadrina a Anfibia- Carlos Ruta, expresó “su preocupación por el robo del que fuera víctima el periodista Andrés Fidanza, quien investigó y escribió para la revista Anfibia sobre el caso del fiscal Alberto Nisman”. También informó que el periodista se presentó hoy ante la Fiscalía de la Boca para solicitar una custodia permanente.
Fidanza trabajó en la sección política en el diario Crítica de la Argentina y en la revista Newsweek. Colaboró con Brando, Playboy, Miradas al Sur y Crisis, entre otras publicaciones. Y escribe con bastante regularidad en Perfil.
Fuente:Infojus
13 de Febrero de 2015
Gils Carbó: "Nunca se pensó en removerlo a Nisman de su cargo"La Procuradora General de la Nación desmintió los rumores sobre un supuesto alejamiento del fiscal de parte del Ministerio Público. Además, aseguró que "a Fein se le dio todos los recursos".
La Procuradora general, Alejandra Gils Carbó, sostuvo esta tarde en conferencia de prensa que "nunca se pensó en remover al fiscal Alberto Nisman" y siempre le brindó apoyo a su trabajo.
"Desde que asumí como Procuradora general siempre mentuve una relación fluida con Nisman y siempre encontró en mí apoyo por su trabajo. Está documentado que el 10 de octubre y 1° de diciembre de 2014 se le ofreció reforzar su custodia cuando recibió una serie de amenazas provenientes de grupos islámicos", detalló. "Nunca se pensó en removerlo de su cargo. El objetivo de la Unidad AMIA desde su creación fue saldar la deuda del Estado con los damnificados por la causa AMIA", destacó.
Gils Carbó consideró que la muerte de Nisman ha conmovido en lo profesional y en lo institucional. "Es un hecho de gran impacto político y social. Es una muerte que causa un daño irreparable y colectivo y es más profundo porque este era el fiscal que investigaba la causa Amia, uno de los mayores atentados de la historia argentina, con más de 20 años de antigüedad", explicó.
"Tenemos un mandato de buscar la verdad y de repensar el funcionamiento de la administración de justicia a partir de este hecho de dolor. La muerte de Nisman tienen que hacernos reflexionar sobre los factores de poder que no están a la luz y que nos obligan a trabajar para que se desvele el trasfondo de la muerte de Alberto Nisman", continuó.
Además, continuó que tras la muerte del fiscal se designó como reemplazante a Alberto Gentilli para hacerse cargo en ese momento difícil y se garantizó al equipo de la UFI AMIA continuidad laboral y seguridad. "Lo mismo a la fiscal Viviana Fein para que pueda realizar una investigación eficiente y aprovecho esta oportunidad para destacar su trabajo", agregó.
Gils Carbó presentó además el nuevo equipo de la UFI AMIA que continuará la investigación sobre el atentado que llevaba a cabo el fallecido fiscal Alberto Nisman. El mismo contará de tres fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum, Patricio Sabadini y un coordinador, Juan Murray.
"Pensamos en un equipo de tres fiscales y un coordinador. La elección requirió evaluar diversas cuestiones como que pudieran tener dedicación exclusiva. Quedaron afuera aquellos que llevaran investigaciones relevantes. Tuvimos en cuenta su trayectoria. Dos de ellos tienen experiencia en causas de lesa humanidad, lo que aseguraba que saben investigar casos que pasaron hace muchos años atrás", sostuvo Gils Carbó.
Fuente:Infonews
HUBO UNA NUEVA INSPECCION AL DEPARTAMENTO DE NISMAN
En el mismo lugar del hecho
Los peritos volvieron ayer a la torre Le Parc de Puerto Madero
La fiscal Viviana Fein junto con los peritos designados por la ex esposa y la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman realizaron ayer una nueva inspección ocular en el departamento donde se produjo su muerte, el 18 de enero. El médico forense Osvaldo Raffo, jefe de los peritos de parte, declaró tras el procedimiento que “hoy no se puede sacar ninguna conclusión”, mientras que el ex jefe policial Daniel Salcedo adelantó que “hay elementos nuevos”, “evidencias físicas” que deben analizarse, aunque evitó dar precisiones. Funcionarios que participaron del procedimiento dejaron trascender que se habrían detectado manchas de sangre a través de luminol (un líquido que detecta donde hubo sangre aunque no se perciba a simple vista) y pelos, hallazgo de escaso valor a 26 días de la muerte de Nisman. La jueza Fabiana Palmaghini, al aceptar la medida de prueba, recordó que el departamento “fue objeto de inspección y relevamiento desde el día 19 de enero de 2015” y destacó que por la intervención de numerosos efectivos de distintas fuerzas, “dista ya de ser el escenario que fuera advertido por la prevención”.
La fiscal Viviana Fein junto con los peritos designados por la ex esposa y la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman realizaron ayer una nueva inspección ocular en el departamento donde se produjo su muerte, el 18 de enero. El médico forense Osvaldo Raffo, jefe de los peritos de parte, declaró tras el procedimiento que “hoy no se puede sacar ninguna conclusión”, mientras que el ex jefe policial Daniel Salcedo adelantó que “hay elementos nuevos”, “evidencias físicas” que deben analizarse, aunque evitó dar precisiones. Funcionarios que participaron del procedimiento dejaron trascender que se habrían detectado manchas de sangre a través de luminol (un líquido que detecta donde hubo sangre aunque no se perciba a simple vista) y pelos, hallazgo de escaso valor a 26 días de la muerte de Nisman. La jueza Fabiana Palmaghini, al aceptar la medida de prueba, recordó que el departamento “fue objeto de inspección y relevamiento desde el día 19 de enero de 2015” y destacó que por la intervención de numerosos efectivos de distintas fuerzas, “dista ya de ser el escenario que fuera advertido por la prevención”.
Minutos después de las 11 de la mañana, todas las partes se hicieron presentes en el departamento 4 del piso 13 de la torre Boulevard, del complejo Le Parc de Puerto Madero. Además de la fiscal y los peritos estuvieron la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman y querellante en nombre de sus hijas; Sara Garfunkel, madre del fiscal fallecido; el defensor oficial Germán Carlevaro (abogado de la querella) y expertos de la Policía Científica. La inspección fue solicitada por Arroyo Salgado y también por la fiscal Fein, quien había pedido la participación del decano del Cuerpo Médico Forense, Roberto Luis María Godoy, y de efectivos de la División Fotografía de la Policía Federal.
Poco antes de las cinco de la tarde las partes se retiraron. Los expertos contratados por la querella hablaron entonces con la prensa. Raffo, reconocido forense, contó que se hizo “una inspección de ángulos” y que “se filmó todo”. “Hoy no se puede sacar ninguna conclusión. Trabajamos con luces especiales, se fotografió y se filmó todo. Debemos analizar las filmaciones”, agregó.
Salcedo contó que se hizo “un reconocimiento del terreno, que no conocíamos”, que se tomaron “fotografías, filmaciones, nuevos planos” y reseñó que también “se ampliaron algunas medidas de prueba”. “Dentro de muy poco vamos a hacer un informe donde vamos a solicitar nuevas medidas a la fiscalía”, adelantó. Ante las preguntas de los periodistas, contó que “trabajamos con distintos reactivos, con luces forenses” y agregó que “hay elementos nuevos, que por supuesto todavía no podemos socializar”. Es “evidencia física que se ha levantado, que será evaluada” en laboratorios “para verificar de qué se trata y a quién pertenece”. Salcedo dijo que era “la primera vez” que se usaban determinados reactivos pero evitó dar detalles “porque tiene que ver con la investigación de la fiscalía”.
“Nosotros solicitamos estas evidencias para ampliar la investigación”, aclaró. El ex policía dijo que no darán “entrevistas ni reportajes” porque “la única verdad es la verdad científicamente demostrable”.
–¿Encontraron algo que no esperaban? –le preguntaron.
–Encontramos algunas evidencias que no habían sido tenidas en cuenta.
Salcedo prometió un informe para “los próximos días”. “Tenemos que estudiar y después escribir”, concluyó.
Según trascendió luego del procedimiento, se encontraron “manchas de sangre a través del luminol, que hasta ahora no se había usado”, y que “se levantaron pelos en cercanías de un sector del baño”, donde fue hallado el cuerpo de Nisman con un disparo en la cabeza.
A 26 días de la muerte de Nisman, la jueza Palmaghini había adelantado, al autorizar la medida, que el departamento “fue objeto de inspección y relevamiento desde el día 19 de enero de 2015”. “Desde esa fecha en adelante, se han autorizado ya diversos ingresos con el objeto de completar las tareas investigativas”, recordó la magistrada. “Por ello resulta imperioso destacar que, si bien el departamento en cuestión a la fecha permanece franjado, dista ya de ser el escenario que fuera advertido por la prevención”. Palmaghini autorizó la inspección ocular “para no dilatar la producción de la medida pretendida”, pero aclaró que la convocatoria a los especialistas para obtener muestras corría por cuenta de la fiscal Fein y de la querellante Arroyo Salgado.
Fuente:Pagina12
13-2-2015
Nisman
Se enviarán al laboratorio para determinar qué y de quién son los rastros
Inspección:"Encontramos evidencias que no habían sido tomadas en cuenta"
Nisman
Se enviarán al laboratorio para determinar qué y de quién son los rastros
Inspección:"Encontramos evidencias que no habían sido tomadas en cuenta"
Lo dijo uno de los peritos de la querella, Daniel Salcedo, al salir del complejo Le Parc, tras la inspección ocular en el departamento del fiscal Alberto Nisman. De la inspección también participaron peritos de la Policía Federal, la fiscal Viviana Fein, la jueza Sandra Arroyo Salgado y la madre del fiscal, Sara Garfunkel.
Fotos:Mariano Armagno-Sol Vazquez
El nuevo reconocimiento fue aceptado por la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini ante el pedido de Arroyo Salgado y con el aval de la fiscal Viviana Fein. En su resolución, la magistrada dejó en claro que el departamento “fue objeto de inspección y relevamiento desde el día 19 de enero de 2015”, fecha en la que fue hallado Nisman tirado en el baño, con un disparo en la cabeza. “Desde esa fecha en adelante se han autorizado ya diversos ingresos con el objeto de completar las tareas investigativas a realizarse en dicha vivienda”, expresa el escrito y concluyó: “resulta imperioso destacar que si bien el departamento en cuestión a la fecha permanece franjado, dista ya de ser el escenario que fuera advertido por la prevención”. Esta aclaración no es menor a la luz del resultado de la diligencia. Por eso, serán los resultados de laboratorio los que determinen con certeza el valor de los nuevos elementos recolectados en el departamento.
La jornada en Puerto Madero fue extensa. El sol todavía daba en la vereda de Azucena Villaflor al 400 cuando Salcedo junto a sus colegas Osvaldo Raffo y Julio Ravioli ingresaron por el portón de rejas al estacionamiento de cortesía del complejo Le Parc. Los peritos estacionaron a metros de donde descansa desde el lunes 19 de enero el Audi Q3 gris, chapa MPC-641, que manejaba Nisman. Todas sus puertas siguen clausuradas con fajas que dicen “secuestrado”.
Media hora después, llegó al lugar Sara Garfunkel acompañada de una mujer joven. Llegaron en taxi que las dejó dentro del predio, al pie de las escalinatas de la torre 2. Garfunkel, madre de Nisman y también querellante en la causa, llevaba consigo las llaves para ingresar sin violas las cerraduras del departamento donde fue hallado sin vida el fiscal a cargo de la UFI AMIA. Arroyo Salgado fue la siguiente en entrar al predio a bordo de un Renault Fluence azul con vidrios polarizado. Eran las once en punto. Minutos más tarde, Fein y parte de sus colaboradores de la Fiscalía 45 llegaron auto y quisieron evitar la guardia periodística entrando por otro portón, pero no pudieron hacerlo. Sin embargo, la fiscal –al igual que todos los demás actores principales de la pericia– ingresó sin dar declaraciones.
Dos unidades criminalísticas móviles de la Policía Federal llegaron al Le Parc con nueve peritos, hombres y mujeres, que vestidos con monos blancos y guantes de látex violetas ingresaron al predio cargando valijas y bolsos con el equipo necesario para la diligencia.
Ellos fueron los últimos en sumarse al pelotón que recorrió todo el predio del complejo y particularmente el lugar del hecho.
Después: horas de silencio y quietud. El único signo de movimiento que pudo verse desde el exterior fue una luz encendida en el balcón y las cortinas de uno de los ambientes corriéndose para que dos peritos pudieran tomar fotografías desde arriba hacia la zona de piletas. Durante todo ese tiempo, vecinos del Le Parc y sus visitantes entraban y salían por los portones. Incluso alguno de sus autos fueron revisados por la seguridad del lugar.
Eran las 14.30 cuando una de las ayudantes de la fiscal bajó a la playa de estacionamiento y se subió al Siena dorado en el que había llegado junto a Fein. Poco después volvió a subir con una bolsa con varias botellas de gaseosa. La pericia parecía que iba para largo. Sin embargo, poco después de las 15, Arroyo Salgado salió de la torre y se subió a su auto. En las manos llevaba una pila de papeles que no tenía cuando ingresó. Una vez más se fue sin hablar con la prensa.
Los siguientes en salir fueron Salcedo, Raffo y Ravioli. El primero –ex jefe de la Policía Bonaerense con larga trayectoria en la Científica– dijo que lo que se hizo fue un “reconocimiento del terreno que aún no conocíamos” y enfatizó en la recolección de “evidencias físicas que no habían sido tenidas en cuenta”. El perito prefirió reservarse qué tipo de elementos fueron los colectados.
“Dentro de poco vamos a hacer un informe, no será el preliminar sino uno para pedirle nuevas medidas a la Fiscalía”, adelantó Salcedo que, además, puntualizó en que los nuevos elementos obtenidos en la escena del crimen serán enviados a los laboratorios pertinentes para que se “para identificar de qué se tratan y a quién pertenecen y cuál es la data”, explicó.
Salcedo admitió que hasta el momento no se habían realizado pruebas de luminol –reactivo preliminar que se usa para constatar la presencia de sangre, aún seca y vieja, en diferentes superficies– en el departamento. “Es la primera vez que se hacen, no se creyó que fuera necesario, fue una petición de nuestra parte y aceptada por la Fiscalía”, aclaró.
En relación a dónde habían sido halladas esas nuevas pruebas “que habían sido pasadas por alto” en otras oportunidades, el perito prefirió mantener reserva para no alterar el curso de la investigación. Lo que sí explicó es que las tareas periciales se realizaron en todo el predio, en el departamento en particular y sobre todo en el baño, lugar donde fue hallado Nisman sin vida.
Raffo, vestido con saco marrón y apoyado en su bastón, caminó lento el tramo que lo separaba de la reja donde lo aguardaban los periodistas. Con voz suave contó que del lugar se llevaron nuevas mediciones, ángulos y recalcó que “especialmente se ha trabajado en el cuadro hemático del lugar del hecho, las alturas de caída de las gotas y demás cuestiones que se han vuelto a verificar”. En análisis del comportamiento de la sangre al caer ayudará a los especialistas a completar un panorama para precisar cuál era la posición del fiscal Nisman al momento de recibir el disparo. Raffo, al igual que salcedo, contó que se realizó la búsqueda de tejido hemático con luminol.
De la pericia de hoy también participaron los especialistas que realizaron la primera inspección ocular. Esto incluye a la Unidad Criminalística Móvil, Laboratorio Químico, ambas de la Policía Federal, integrantes del Area Criminalística de la Policía Metropolitana; y el decano del Cuerpo Médico Forense, Roberto Luis María Godoy (acompañado de otro integrante del cuerpo), junto con efectivos de la División Fotografia Policial.
Cerca de las 18, Fein y la madre de Nisman bajaron juntas en el ascensor. La fiscal salió del edificio y se fue en su auto sin dar declaraciones. Sara Garfunkel se quedó en el lobby acompañada de la misma joven con la que llegó esperando un taxi. Ella fue quien cerró la puerta del departamento.
Fuente:Infojus
DEBATE EN EL SENO DEL CATOLICISMO POR LA MOVILIZACION DEL 18 DE FEBRERO
Una marcha que divide a la Iglesia
El Episcopado guarda silencio, pero la Comisión de Justicia y Paz que sigue sus directivas apoyó la marcha. Los Sacerdotes en la Opción por los Pobres la criticaron.
Por Washington Uranga
Por Washington Uranga
El sacerdote De la Serna, uno de los críticos de la marcha.Imagen: TELAM
La marcha organizada para el próximo 18 de febrero por un grupo de fiscales y a la que se sumaron dirigentes políticos de la oposición, también abrió el debate interno en la Iglesia Católica. Mientras la Comisión Nacional de Justicia y Paz, un organismo integrado mayoritariamente por laicos pero que sigue las directivas de la cúpula eclesiástica, salió a respaldar la movilización, los Sacerdotes en la Opción por los Pobres manifestaron su oposición al acto y criticaron que “un grupo de poder eclesiástico” le haga “llegar su bendición”. Formalmente la cúpula del Episcopado guarda silencio hasta el momento sobre la iniciativa, pero desde el punto de vista político institucional se puede concluir que lo dicho por Justicia y Paz expresa la opinión de los obispos. El comunicado de esta comisión fue publicado en la página oficial del Episcopado.Después de expresar sus sentimientos “de cercanía a la familia (de Nisman), estupor, consternación, dolor y su reclamo de un completo esclarecimiento del hecho”, la comisión que preside Gabriel Castelli y asesora el obispo de Gualeguaychú y presidente de Pastoral Social, Jorge Lozano, pidió “serenidad a la población” y reclamó “verdad y justicia respecto de esa muerte (de Nisman), de las denuncias realizadas por el fiscal fallecido y del atentado terrorista contra la AMIA”. A renglón seguido, la comisión entre cuyos objetivos se cuenta “llevar adelante los encargos que le asigne la Conferencia Episcopal Argentina”, expresó su adhesión pública a la marcha e invitó a la oración pidiendo “paz, justicia y verdad” para la patria.
Por su parte, los curas coordinados por el sacerdote Eduardo de la Serna denunciaron que “la trágica muerte del fiscal Nisman no sólo ha conmovido al país”, sino que “también ha servido para que salgan a la luz oscuras operaciones contra la Justicia y la democracia como ya hemos denunciado oportunamente desde el grupo”. Y ante la marcha organizada por un grupo de fiscales para el miércoles que viene, los curas plantearon su “estupor” frente a la adhesión expresada por Justicia y Paz.
El comunicado de los curas agrega que “lamentablemente, algunas actitudes de ciertos sectores eclesiales ya no nos sorprenden, pero así como hace años ante la actitud del obispo (Héctor) Aguer (arzobispo de La Plata), garante de delincuentes, dijimos ‘no es la Iglesia”, hoy queremos repetir que estos sectores ‘no son la Iglesia’, es decir, que no representan a toda la Iglesia, que mayoritariamente es el pueblo creyente al que acompañamos como pastores”.
Dicen también los sacerdotes que “esperamos que el testimonio del papa Francisco, que quiere ‘una Iglesia pobre y para los pobres’, impulse a toda la Iglesia a convertirse al pobre y buscar justicia”, señalando que tal justicia “sólo será legítima si empieza por los de abajo, si beneficia, en primer lugar, a las víctimas de la injusticia y no es cómplice de los victimarios”.
El debate sobre la marcha del 18 de febrero, día en que se cumplirá un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, está planteado también en el seno del catolicismo.
Documento de magistrados
Los presidentes del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina y del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales del país llamaron a evitar la “degradación” tanto “de los Ministerios Públicos y/o Poderes Judiciales cada vez que no se obtiene el resultado subjetivamente esperado o adecuado a los intereses particulares o sectoriales”. En relación con la marcha convocada para el próximo miércoles a un mes de la muerte de Alberto Nisman, señalaron que “el más urgente reclamo debe hacerse hacia el propio interior de los Ministerios Públicos y Poderes Judiciales, requiriéndose de sus miembros prudencia, decoro, templanza y sabiduría” a fin de lograr la “independencia de criterios” y advirtieron que constituye “un evidente error otorgarle, a una parcialidad, la Justicia Nacional/Federal, el alcance de Justicia Argentina”.
Fuente:Pagina12
La Pampa
14 de Febrero de 2015:
El pampeano Miguel Palazzani firmó un documento con un grupo de fiscales para diferenciarse de los que convocaron a la marcha del 18. Además, dijo que la imputación a la presidenta "es una versión hipotética no demostrada".
El fiscal Miguel Palazzani criticó la imputación a la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de Irán en la causa por el atentado contra al Amia que formuló el viernes el fiscal Gerardo Pollicita.
“El propio escrito del fiscal Pollicita dice que lo que está presentando es una ‘...versión hipotética no demostrada...‘. Con esa disposición objetivo-subjetiva se formula una denuncia (¿imputación? no creo), de gravísima repercusión institucional, a una Presidenta, un canciller y un diputado nacional de encubrir actos terroristas”, señaló el abogado pampeano a través de las redes sociales.
“Esa ‘versión hipotética no demostrada‘ se presenta (y se repetirá hasta el hartazgo) como una sentencia de condena por los medios de comunicación hegemónicos. Cualquier parecido con el RC-5-1 (Reglamento de Operaciones Psicológicas) de la dictadura es mera coincidencia”, completó Palazzani.
Palazzani es un abogado pampeano que actuó como querellante en el primer juicio contra los represores pampeanos de la última dictadura militar, en 2010. Luego fue nombrado como fiscal en el juicio contra los represores de Bahía Blanca. Además, es uno de los fiscales subrogantes designados por la procuradora Alejandra Gils Carbó, nombramiento que está frenado por recursos presentados por sectores judiciales y de la oposición. También es el impulsor -como abogado particular- de una denuncia contra Mendoza por los daños provocados en la provincia por el corte del Río Atuel por parte de Mendoza.
Junto a un grupo de fiscales, Palazzani también firmó un documento en el cual se diferencian de los fiscales que convocaron a una marcha el próximo 18 de febrero, cuando se cumple un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Los firmantes manifestaron que "la mejor forma de mostrar respeto" por el fallecido fiscal especial de la causa AMIA es "acompañar desde el lugar que corresponde por mandato constitucional" la investigación del deceso, al diferenciarse de otros colegas que convocaron a marchar el próximo 18 de febrero en memoria del funcionario judicial.
"La mejor y más sincera forma de demostrar nuestro respeto por quien ya no está entre nosotros y por sus familiares es manifestar nuestra colaboración, personal y profesional, a la Fiscal Viviana Beatriz Fein -a cargo de la investigación de la causa del deceso- y a los fiscales que continuarán interviniendo en los casos en los que él trabajaba, poniéndonos a su disposición para aquello que necesiten", escribieron en un comunicado.
En ese marco, añadieron: "Entendemos asimismo que frente a la sociedad, nuestro compromiso como miembros del Ministerio Público debe ser el de acompañar desde el lugar que nos corresponde por mandato constitucional: el tratamiento de los casos que nos tocan".
Finalmente, los fiscales que no adhieren a la marcha del miércoles expresaron su "certeza de que la desaparición física del Fiscal Nisman no entorpecerá el avance de las investigaciones tendientes a determinar la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales del atentado a la sede de la AMIA, y de aquellos acusados de entorpecer la investigación", y subrayaron que su "compromiso está, también, con las víctimas del atentado y sus familiares".
El texto lo firman, entre otros, Carlos Martín Amad; Horacio Juan Azzolin; Gabriela Baigun; Adolfo Raúl Villate; Pablo Larriera; Diego Vigay; Miguel Ángel Palazzani; Carlos Facundo Trotta; Carlos Gonella; Carlos Sanserri; José Alberto Nebbia y Enrique Senestrari.
También adhieren Sandro Abraldes; Marcelo Agúero Vera; Francisco Snopek; Eduardo Villalba; Hernán Schapiro; Marcelo Colombo; Fernando Alcaraz Miguez; Pablo Camuña; Pablo Parenti; Federico Carniel; Gabriel De Vedia; Laura Mazzaferri; Diego García Yomha; Adrián García Lois; Rodolfo Molina; Alejandro Cantaro; Juan Manuel Sivila; Abel Córdoba; Pablo Miguel Pelazzo; María Virginia Carmona Miguel; Indiana Garzon; Francisco Maldonado y Cristina Caamaño.
Fuente:ElDiariodelaPampa
Santa Fe
Viernes, 13 de febrero de 2015
Lewis no irá al 18F y dijo que "el mejor homenaje es la correcta investigación"
El ministro de Justicia provincial dijo que "no está correctamente dilucidado el objeto de la marcha". Y afirmó que Hugo Tognoli no es un preso político y que la Justicia Federal no avanzó en esta causa.
El frente de la Fiscalía donde se investiga la muerte de Alberto Nisman.
El ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, manifestó que su decisión personal es no asistir a la marcha organizada por los fiscales para reclamar por el esclarecimiento de la muerte de Alberto Nisman. En tanto afirmó que Hugo Tognoli no es un preso político y que la Justicia Federal no ha avanzado en esta causa.
"Si se trata de homenajes, el mejor que puede hacerse es una correcta investigación y el esclarecimiento pronto y eficaz de las circunstancias que rodearon a su muerte"; dijo para agregar que hay una "tergiversación" en la convocatoria. "Respeto mucho a quienes concurren, incluso me parece previsible que aparezcan manifestaciones sociales, pero en lo personal no concurro a una marcha así", dijo en diálogo con el programa "El primero de la mañana" de La Ocho.
"No está correctamente dilucidado el objeto de la marcha", afirmó y reiteró que respeta porque "hay personas muy bien intencionadas, pero yo no voy, es una cuestión personal", dijo a diferencia de otros dirigentes socialistas que confirmaron su participación en la manifestación del 18 de febrero.
Respecto a las reflexiones de la dirigencia política sobre el caso Nisman, analizó que "en este tipo de cuestiones es ineludible una correcta, eficaz y muy clara investigación, si aparece una correcta hipótesis de lo que pasó, lentamente van desapareciendo las especulaciones, en cambio si no hay una respuesta adecuada, otra vez se irán alimentando estas cuestiones", dijo y reafirmó: "A veces la mejor respuesta es saber exactamente lo que pasó".
En tanto señaló que el ex jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, "no lo llamaría un preso político, creo que en esa causa hay que hacer una investigación pronta y seria, es poco lo que ha avanzado la Justicia Federal en esa causa, no creo que se pueda hablar de presos políticos, no creo que haya una demostración contundente por parte de la Justicia Federal", señaló.
Por último expresó su satisfacción por "el nuevo sistema procesal, son varias las virtudes y en sólo un año se han mostrado, mayor celeridad, eficacia y transparencia en las investigaciones, creo que el más interesante es que ha acercado la administración de Justicia a la gente".
"No hay que dormirse en los laureles, ha sido un comienzo auspicioso pero hay que seguir profundizarlo, terminar de construir las estructuras, incorporar tecnología a las investigaciones", cerró.
Capital
Viernes, 13 de febrero de 2015
"A la marcha irán narcos, antisemitas y fiscales que quisieron frenar la causa"
"Es una maniobra de desestabilización antidemocrática", agregó Aníbal Fernández, secretario General de la Presidencia, que despreció la "fabulosa y deleznable utilización" de la muerte de Nisman.
Viernes, 13 de febrero de 2015
"A la marcha irán narcos, antisemitas y fiscales que quisieron frenar la causa"
"Es una maniobra de desestabilización antidemocrática", agregó Aníbal Fernández, secretario General de la Presidencia, que despreció la "fabulosa y deleznable utilización" de la muerte de Nisman.
“Quieren manifestarse, que se manifiesten, la libertad la conquistamos entre todos y nadie va a decirle a quien tiene que manifestarse o dejarse de manifestar”, dijo fastidioso.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, expresó hoy su preocupación porque algunos de los convocantes a la marcha del miércoles próximo para recordar al fallecido Alberto Nisman son “narcos”, “antisemitas” y “fiscales que hicieron lo imposible para que la causa (por el atentado a la AMIA) se frenara y no prosperara nunca”.
“Si los que están convocando son los narcos y la que está convocando es Cecilia Pando, que debe tener un brote antisemita fenomenal; si los que están participando de la marcha es la gente de Amia y Daia junto con fiscales que hicieron lo imposible para que la causa se frenara y no prosperara nunca y no son conscientes de ello, estamos en presencia de algo que duele y preocupa”, indicó.
“Si los que están convocando son los narcos y la que está convocando es Cecilia Pando, que debe tener un brote antisemita fenomenal; si los que están participando de la marcha es la gente de Amia y Daia junto con fiscales que hicieron lo imposible para que la causa se frenara y no prosperara nunca y no son conscientes de ello, estamos en presencia de algo que duele y preocupa”, indicó.
Fernández efectuó estas declaraciones en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.
"Es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática", agregó Fernández, al vincular la difusión de la supuesta medida con la marcha prevista por un grupo de fiscales para el miércoles próximo, teniendo en cuenta que "el fiscal podría haber esperado la llegada del juez, prevista para el 20".
Asimismo, lamentó la "fabulosa y deleznable utilización" de la muerte del ex fiscal de la causa AMIA en la audiencia celebrada ayer en el Congreso por la oposición, donde expuso la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman.
"Estaba en un lugar donde estaban politizando la causa, donde habían agarrado al fiscal casi como un souvenir", lamentó Fernández en referencia a la ponencia de la magistrada.
Fuente:LaCapital
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