Manolo Romano y Fernando Rosso
La Izquierda Diario
La imputación a la Presidenta Cristina Fernández por presunto “encubrimiento” de la llamada “pista iraní” en la causa AMIA, es un salto en la escalada de la corporación judicial, aliada a una fracción del aparato de espionaje y a los medios opositores, en la guerra de desgaste con el gobierno. La transición presidencial ya no se presenta tan ordenada como preveían.
En un nuevo capítulo de la crisis política, la presidenta Cristina Fernández fue imputada en la tarde de ayer por el fiscal Gerardo Pollicita por presunto encubrimiento de funcionarios de la República Islámica de Irán en la causa por el atentado contra la AMIA. Con esta medida, el fiscal da curso a la endeble denuncia que había hecho antes de su muerte el fiscal Alberto Nisman.
Inmediatamente salieron a la luz denuncias que relacionan al fiscal Pollicita con el macrismo. Trabajó como asesor para el Club Atlético Boca Juniors en tiempos en que el Jefe de Gobierno porteño presidía la institución y fue recusado, por complicidad con el macrismo, en la causa que investiga la denuncia de Lorena Martins contra su padre, el exespía de la SIDE Raúl Martins, por regentear prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires.
Más atrás en el tiempo (2004), Pollicita fue quien archivó la causa en la que el exministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz había denunciado al espía “Jaime” Stiuso y a las mafias judiciales. El fiscal le dijo simplemente que era un “irresponsable”. Su historia sintetiza su ubicación política.
El juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, puede tomar medidas que vayan desde desestimar judicialmente la denuncia de Pollicita, hasta avanzar con la investigación o dejarla abierta por un buen tiempo. Pero más allá del curso judicial que tome la causa, el dato político es que la imputación a la Presidenta se produce a pocos días de la llamada “marcha de los fiscales”, convocada por una fracción de la casta judicial y la oposición tradicional. Una movilización probablemente importante que configurará otro elemento en esta guerra de desgaste que puede tener consecuencias cualitativas para uno y otro lado (por ejemplo, si los opositores se pasan en el "tono" y/o las acciones, no descartando operaciones “serviciales”). Los grandes medios y la oposición de derecha están trabajando la marcha de manera “inteligente”, poniendo al frente de la convocatoria a los fiscales (y no a los políticos) con un discurso "de homenaje", cuando la realidad es que son uno de los poderes más reaccionarios del estado.
La afrenta y la escalada que empezó con una fracción de los servicios de inteligencia y ahora suma a parte del aparato judicial, si bien no llega a la categoría de un “golpe blando”, en el sentido de intentar la interrupción del mandato presidencial, sí busca un desgaste cualitativo de la coalición de gobierno en general y de la fracción kirchnerista en particular, en el año de recambio presidencial.
Por su parte, el oficialismo postergó hasta el miércoles el debate de la reforma de la Ley de Inteligencia, convocando a la oposición a concurrir, algo imposible ya que ese mismo día, todos irán a la marcha “del silencio”. Al mismo tiempo, Gils Carbó nombro a cuatro fiscales y 45 asesores para reemplazar a Nisman en la unidad fiscal especial para el seguimiento de la causa AMIA (UFI-AMIA) con el propósito de conducir la causa a no se sabe que puerto en medio del impasse gubernamental.
El gobierno calificó la denuncia presentada por Pollicita de “entramado ficcional” y a través de la Procuraduría del Tesoro presentó ante el juez Rafecas documentos que responden a la causa presentada por Nisman. Pero esta defensa ante las inconsistencias de la denuncia de Nisman que da lugar a la imputación de Cristina Fernández llega relativamente tarde: el poder de daño de la imputación a la máxima autoridad estatal pegó primero.
Cosecharás tus bestias
El kirchnerismo alentó el armado de la llamada “pista iraní”, por lo menos desde el año 2006, puso a trabajar a Nisman con los servicios de inteligencia y especialmente con “Jaime” Stiuso, para fortalecer la “fabricación” de esa pista, descartando otros posibles responsables y la conexión local. La causa se armó en base a informes de una SIDE “colonizada” por los servicios extranjeros de la CIA y el Mosad. En el 2013, el Gobierno da un giro pragmático con el memorándum de entendimiento con Irán. Por lo tanto fue el Gobierno quien, además de mantener intactos a los aparatos de inteligencia y de la casta judicial (de esta último solo hizo cambios por arriba), alimentó a las bestias a las que un día dejó de darles de comer y hoy lo desafían.
Cuando se produce este giro, el kirchnerismo denuncia que comenzaron operaciones que muy probablemente tenían su origen en la Secretaría de Inteligencia (SI, ex – SIDE) y eso explica la repentina purga de la cúpula de la Secretaría y de Stiuso a fin de año pasado, junto a 45 agentes de los 1500 que conforman la planta permanente y reconocida de espías. Hoy se habla de nueva purga de otros 180 que para la estructura general es menos de un 20 %, pero incluso si así fuera potenciaría la “mano de obra dispuesta” para operaciones de cualquier tipo.
Por lo tanto, en lo que se refiere a la causa por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, donde murieron 85 personas y que lleva más de 20 años de impunidad; la pelea actual es un enfrentamiento de encubridores. Viejos socios, el Gobierno, los servicios y una parte de la casta judicial que fabricaron juntos la impunidad y luego se pelearon por cambios pragmáticos en la política y terminaron respondiendo a diferentes lealtades. Nisman y Stiuso como lo revelaron los wikileaks respondían a la embajada norteamericana, a la CIA y al Mossad.
Políticamente, la audaz movida de la oposición político-judicial pretende debilitar lo más posible a Cristina Fernández como la “gran electora de la sucesión”. Pero incluso más que eso: que el kirchnerismo no quede ni como factor condicionante de un eventual gobierno de Scioli y /o como movimiento de oposición pos 2015.
La izquierda y la crisis
En la llamada “crisis del campo” en el año 2008 se demostró que una debilidad estratégica del kirchnerismo fue no crear fuerza propia, incluso luego del triunfo del 54% hasta rompieron la coalición con Moyano y una parte importante de los sindicatos, quedándose solo con algunos aliados sindicales (los más impresentables).
Esta crisis de fin de ciclo, pese a que no hay catástrofe económica, reviste un carácter de crisis estatal, donde se desprestigia la autoridad de instituciones del Estado que el kirchnerismo decía haber “restaurado”. La conquista del Frente de Izquierda, en tanto postulante de una representación de la independencia política de la clase trabajadora debe ser un factor claramente diferenciado de los campos capitalistas en esta nueva crisis nacional. El fortalecimiento del FIT como polo de la izquierda clasista en la política nacional, sobre todo desde el 2013, se constata en esta crisis no sólo en el hecho de que hemos tenido una posición de separación de los bandos capitalistas y hemos sido una voz en la escena (aunque con diferencias tácticas y de consignas), sino también en que hemos influido en sectores de la izquierda (como el MST o el PCR) que son siempre proclives a ceder a alguno de los bandos en disputa. Esta vez no convocan a la marcha, a diferencia de la crisis del 2008 donde se alinearon con el campo.
Manteniendo esa posición independiente que en cierta medida se hizo “hegemónica” en la izquierda, el FIT interviene en la crisis política, apuntando a desarrollar una salida por izquierda al fin de ciclo kirchnerista. En primer lugar, no solo desestimando cualquier participación en la marcha “de los fiscales del encubrimiento” del próximo 18 de febrero, sino también levantado demandas irreconciliables con toda la oposición y el gobierno como lo es el reclamo de la apertura de todos los archivos de inteligencia y la puesta en pie de una comisión investigadora independiente, con plenos poderes, para investigar la verdad en las causas de la AMIA y la muerte de Nisman.
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/La-imputacion-a-la-Presidenta-un-salto-en-la-guerra-de-desgaste
Fuente:Rebelion
Jujuy
A diferencia del episcopado, los Curas en la Opción por los Pobres no adhieren al 18F
Viernes, 13 Febrero 2015
Por Grupo de Curas en la Opción por los Pobres. La trágica muerte del fiscal Nisman no sólo ha conmovido al país. También ha servido para que salgan a la luz oscuras operaciones contra la justicia y la democracia como ya hemos denunciado oportunamente desde el grupo.
Mientras algunos sectores de la justicia se dedican –no sabemos si con responsabilidad o no– a la investigación, otros sectores han convocado a una incomprensible marcha el próximo miércoles 18 de febrero, a la que oportunistamente han adherido miembros de la oposición y otros sectores, algunos claramente antidemocráticos.
Y hoy vemos, con estupor, que la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina “hace pública su adhesión a la misma”. Lamentablemente, algunas actitudes de ciertos sectores eclesiales ya no nos sorprenden, pero así como hace años ante la actitud del obispo Aguer, garante de delincuentes, dijimos “no es la Iglesia”, hoy queremos repetir que estos sectores “no son la Iglesia”, es decir, que no representan a toda la Iglesia, que mayoritariamente es el pueblo creyente al que acompañamos como pastores.
Un grupo del poder judicial, amigos de poderosos y corporaciones, cómplices de cautelares y violadores sistemáticos de las leyes que duermen en cajones sigue mostrando su impudicia del lado del poder. Y – lamentablemente – un grupo del poder eclesiástico le hace llegar su bendición. Estamos habituados. Pero esperamos que el testimonio del Papa Francisco, que quiere “una Iglesia pobre y para los pobres”, impulse a toda la Iglesia a convertirse al pobre y buscar justicia. Justicia que sólo será legítima si empieza por los de abajo, si beneficia, en primer lugar, a las víctimas de la injusticia y no es cómplice de los victimarios.
Fuente:ElSubmarinoJujuy
“Mi trabajo siempre fue proteger las comunicaciones y la privacidad, la función de él era utilizar las comunicaciones para la inteligencia, o sea intervenir teléfonos, rastrear geográficamente los celulares”, dice Garbarz
A comienzos del mandato de Nestor Kirchner fue convocado para garantizar la seguridad de las comunicaciones presidenciales. Antes y después de ese episodio intervino como perito o consultor en causas resonantes como las coimas en el Senado o las pinchaduras telefónicas en la Legislatura porteña. Todo eso le permitió al ingeniero Ariel Garbarz, profesor en ingeniería de las telecomunicaciones y director del Comsec, organismo de la UTN dedicado a la seguridad en las comunicaciones, acceder a los secretos mejor guardados por la Ojota, la sede de Observaciones Judiciales de la SIDE que monopolizaba las escuchas telefónicas. Garbarz afirma que “puedo corroborar que toda la estructura armada en ese edificio de avenida Los Incas perfectamente se podía usar para el espionaje legal y para el espionaje ilegal”.
–¿Cuál era el temor de Néstor Kirchner en esa época?
–Bueno, ellos ya tenían, antes de asumir, los informes técnicos suministrados por nosotros desde la Universidad de que muchos de los celulares del equipo que iba a integrar el próximo gobierno, que empezó el 25 de mayo del 2003, estaban intervenidos. Nosotros ya veníamos trabajando desde el gobierno de De la Rúa con este proyecto, pero con muchas dificultades, con muchos problemas con miembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado, ya que en varias ocasiones habíamos bloqueado intercepciones ilegales, o sea sin orden judicial. Lo que hizo Néstor Kirchner fue dar una orden política de que trabajemos todos en un mismo sentido y cambiar un poco, o intentar cambiar la nefasta historia que tenía la Secretaría de Inteligencia de ser un extrapoder que se manejaba en forma autónoma.
–Cuando a usted lo convocó Francisco Paco Larcher, entonces número 2 de la SIDE para hacer este trabajo, tuvo también alguna participación Jaime Stiuso?
–Nunca lo conocí a Jaime Stiuso, ni siquiera tuve la posibilidad de conversar con él por ningún medio. Larcher me pregunto si lo conocía, le dije que no, que tenía referencias de que era un ingeniero, de que era muy capaz profesionalmente en todo lo que es equipamiento electrónico para propósitos de inteligencia, pero era lo que se comentaba en el medio entre los ingenieros que nos dedicamos a la seguridad informática, pero siempre estuvimos en veredas opuestas, mi trabajo siempre fue proteger las comunicaciones y la privacidad, la función de él era utilizar las comunicaciones para la inteligencia, o sea intervenir teléfonos, rastrear geográficamente los celulares. Los teléfonos celulares siempre fueron de todos los servicios de inteligencia un soporte técnico fundamental para las tareas de inteligencia.
–¿Podría explicar cómo funciona la parte de observaciones judiciales, más conocida como Ojota?
–La Dirección de Observaciones Judiciales está en avenida de Los Incas 3834, un edificio que desde afuera parece un edificio de departamentos, y no de oficinas. Yo tuve la oportunidad de ingresar en ese edificio el 12 de septiembre del 2000, cuando el juez Jorge Urso ordenó allanarlo, ya que nosotros desde la Universidad habíamos detectado que había equipos con las mismas características técnicas que los que usaba la Dirección de Observaciones Judiciales que estaban interceptando las líneas de Jorge Lanata cuando dirigía la revista Veintitrés. Siguiendo esos peritajes técnicos que habíamos hecho el juez ordenó una serie de allanamientos, y cuando llegamos a la SIDE nos encontramos con dos equipos que respondían a las características técnicas que habíamos detectado con nuestro software y por eso el juez ordenó secuestrar esos equipos, pero antes de secuestrarlos nosotros entramos al edificio, analizamos cómo estaban funcionando, cómo estaban conectados, tuvimos la oportunidad incluso de abrirlos y de recopilar valiosa información técnica, los equipos eran marca Siemens, el modelo se llamaba Datavoice, y verificamos que no había ninguna forma tecnológica de asegurar que se estuvieran usando legalmente.
Los equipos solamente se utilizaban con una orden judicial y con los números de teléfonos que venían en la orden judicial, es decir cualquier empleado que tenía acceso a esos equipos, mediante la debida conexión con la empresa prestadora telefónica, podía intervenir el teléfono de cualquier abonado y no había forma de que la Justicia, fundamentalmente la Justicia Federal, que era la que hacia más uso de las órdenes de escucha, pudiera controlar si se estaban usando para las líneas y con el perfil que había sido definido por el juez interviniente. Es decir, pudimos corroborar que toda la estructura armada en ese edificio de avenida Los Incas perfectamente se podía usar para el espionaje legal y para el espionaje ilegal.
–Estamos hablando de varios años atrás... ahora existe tecnología mucho más sofisticada.
–En realidad lo que existe son equipos más avanzados, que agregaron mucha digitalización, pero sin embargo, aun los que se compraron durante el gobierno de Néstor Kirchner adolecían de una falta fundamental, que es una llave electrónica activada por la firma digital de un fiscal o del juez competente. Para que se entienda más claro: los equipos, por más que sean modernos, que sean digitales, si no tienen un dispositivo que asegure que el juez no solo libra un oficio sino que ese oficio se digitaliza, se encripta, se ocultan dentro del oficio en forma digital los números telefónicos...
–¿Podría ser con un código de barras?
–Sí, algo como un código de barras es una de las formas más antiguas, hay otras formas más modernas, pero el juez lo único que hace es firmar, una vez que firma se digitaliza la firma, hay varios medios de digitalización, que incluyen la firma del juez y los números telefónicos a intervenir, en qué horarios se los debe intervenir y si se los debe intervenir cuando hablan con otros determinados números telefónicos, y todo eso se carga automáticamente en el equipo interceptor y el equipo interceptor sólo puede seguir esa orden.
–Y también durante cuánto tiempo se debe intervenir.
–Exacto. Lamentablemente, a pesar de que se modernizó parcialmente el equipamiento de intercepciones telefónicas para la inteligencia, no se puso este dispositivo y por lo tanto durante todo el gobierno de Néstor y el gobierno actual de Cristina, hasta que recientemente fue disuelta la Secretaria de Inteligencia, perfectamente se podía utilizar ese equipamiento para hacer inteligencia ilegal o para generar un extrapoder utilizado por los mismos agentes que trabajaban para la SIDE o para la ex SIDE, para sus propios fines o para otros servicios de inteligencia extranjeros.
Fuente:MiradasAlSur
Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Federal número 11, tomó la temeraria decisión de firmar un escrito de 300 páginas en el que solicita una cantidad de medidas para probar si Cristina Fernández de Kirchner es responsable de encubrimiento a “los imputados de origen iraní” sospechados de haber participado del atentado a la AMIA en 1994. La denuncia tramita en el Juzgado Federal número 3, cuyo titular es Daniel Rafecas, quien había tomado vacaciones hasta el 20 de febrero y que seguramente ahora deberá regresar para decidir si da curso o no a estas medidas, y es muy difícil pensar que esa decisión se conocerá en los días de Carnaval. Desde el punto de vista procesal no es más que un pedido de pruebas, por eso el portal de la Procuración General de la Nación tituló “Requerimiento de instrucción del fiscal” el texto completo del escrito de Pollicita. Sin embargo, la mayoría de los portales de medios presentaron la novedad como “Imputan a Cristina Kirchner”. Es decir, a la temeraria decisión del fiscal se suma un impacto mediático de claro dramatismo en un país en el que ninguno de los juristas más conservadores se arriesgaron a darle rigor jurídico al escrito póstumo de Alberto Nisman, base casi textual de la presentación de Pollicita.
La noticia se conoció al mediodía del viernes 13, aunque había sido adelantada por el diario Clarín en la edición de esa mañana. Ante la certeza de que llegaba el embate del fiscal, las principales espadas del Gobierno tiraron leña al fuego por la mañana con la confusa idea de que la marcha del 18F tiene como principales protagonistas a Cecilia Pando o a abogados de narcotraficantes. Más consistencia que las diatribas tuvo el escrito presentado ante el juzgado de Rafecas firmado por la Procuración General del Tesoro –los abogados del Gobierno– con argumentos sólidos para refutar el escrito original de Nisman.
Quizá más importante que los fuegos de artificio de Pollicita resulte la presencia de Sandra Arroyo Salgado el jueves 12 por la tarde en el Salón Azul del Senado, donde solamente había legisladores de bloques opositores. En el recinto, a pocos metros, el oficialismo había conseguido quórum para dar media sanción a la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. El dictamen, que pasa ahora a la Cámara baja para su sanción definitiva, tomó sugerencias del CELS para mejorar el texto del Ejecutivo. Sin embargo, ese mismo organismo advirtió que no es conveniente un tratamiento exprés. En varios canales, se veía la pantalla partida de dos fenómenos que no deberían ser contrapuestos, aunque en la cultura política argentina parece que aceptar el conflicto no está bien visto. No hubo duelo oficial por Nisman y la madre de las dos hijas quiere avanzar con la investigación porque no comparte la teoría del suicidio, lo cual es lógico desde el punto de vista humano. ¿Cuál es la lógica de buscar algún mecanismo de interlocución para que legisladores oficialistas y opositores no tiendan puentes para que, en vez de presentar la pantalla partida de los canales, pudieran haberse realizado las dos actividades, la sesión y la conferencia opositora, una después de la otra? ¿Cómo va a salir Jorge Capitanich a decir que Arroyo Salgado habló para los medios, “especialmente para uno”? Y, ¿cuál es el cuidado que tienen los referentes opositores con una persona que vuelve a su casa a ver a sus hijas que perdieron al padre y la empujan a mostrarla como un trofeo contra el Gobierno?
A pocos días de la marcha de silencio promovida por un grupo de fiscales y referentes opositores, la agenda social y política no parece recibir oxígeno. Desde el 18 de enero, el debate mediático giró en torno de la trágica muerte de Nisman pero sobre la base de una gran incógnita y pocas certezas: hay una diferencia diametral entre un suicidio o el crimen planificado del fiscal que tenía nada menos que la causa por la voladura de la AMIA. La liviandad con que personas de la Justicia y la política, en medio de encendidos debates televisivos hablan del asesinato de Nisman, parece más para el diván del psicoanálisis o el tacho de basura que para el debate público responsable. Las noticias sobre los avances de la investigación salen en todos los medios y tienen una fuente inobjetable que es el portal del Ministerio Público Fiscal (fiscales.gob.ar). Allí, la fiscal Viviana Fein da cuenta de las medidas periciales y de las testimoniales que se llevan a cabo.
Hasta el momento, salvo la imputación a Diego Lagomarsino “por haber facilitado el arma” que disparó la bala que mató a Nisman, no hay otros acusados.
La vorágine periodística no debería ser hoguera medieval que convierta las incógnitas en crímenes de agentes secretos. No hay protocolos ni manuales de estilo para que los periodistas actúen con una responsabilidad capaz de mitigar el género del escándalo noticioso con que son tratadas una violación a una menor o la muerte del fiscal que imputó de encubrimiento a la Presidenta de la Nación. La sociedad vivió un sacudón por la muerte de Nisman y sobre ese sacudón se montan una cantidad de disparates surgidos de la boca de quienes ocupan espacios de responsabilidad y contribuyen a un clima de sosiego e inestabilidad.
Sin perjuicio del clima confrontativo que viven los referentes políticos y judiciales según estén alineados con el Gobierno o con la difusa oposición mediática, la marcha del 18F será un test que deberán analizar propios y ajenos con cierta frialdad. Es difícil poner un número a partir del cual esta convocatoria será un hecho político contundente o simplemente quedará como un homenaje a Nisman. De modo arbitrario, podría decirse que si concurren más de cien mil personas, que es más o menos lo que asisten a las marchas del Día de la Memoria (24 de marzo), la dirigencia argentina deberá tomar nota de que la convocatoria no fue solo un hecho político de signo opositor. No sumó nada el mensaje del diputado Jorge Landau respecto de que los jueces que concurran podrían ser recusados y el mismo secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, lo desautorizó para no crear una bola de nieve. Es comprensible que en los días previos los referentes del Gobierno y la propia Presidenta quieran diferenciarse de la convocatoria.
Sin perjuicio del espiral del conflicto, no parece conveniente meter todo en la misma bolsa.
Se sabía que el escrito de Nisman no iba a dormir el sueño de los justos y tampoco debe sorprender que, finalmente, ningún sector del Frente para la Victoria se desmarcó de la posición oficial. El caso más marcado, una vez más, es el de Daniel Scioli, acusado con saña por varios comunicadores de la Casa Rosada por haber estado en un evento de Clarín. Sin embargo, el gobernador bonaerense, y aspirante a ser el candidato del peronismo en las elecciones de octubre, dejó en claro que no asistirá a la marcha.
Habrá que hacer una lectura más desapasionada y sobre todo menos paranoica respecto de que las demandas sociales en seguridad y justicia suelen ser transversales, de ningún modo pueden ser vistas con un prisma partidario. Es más, en el marco de la Constitución, las motivaciones políticas de oficialistas y opositores tienen el mismo grado de legitimidad. Para los magistrados y funcionarios que violen reglamentos propios de sus funciones están previstos mecanismos de juicio político en caso de incurrir en faltas graves. Les corren las generales de la ley.
Un asunto pendiente, tras tres décadas de democracia, es construir políticas de Estado con mecanismos de consenso fuertes. Precisamente donde se logró eso fue con los juicios por delitos de lesa humanidad, que tuvieron como protagonistas a los gobiernos de Néstor y Cristina, promotores indiscutidos de esa política, al Congreso, que derogó las leyes de impunidad, y a la Justicia, empezando por la propia Corte Suprema y siguiendo por jueces y fiscales federales que tomaron la tarea en sus manos. De modo tal que desacreditar a la Justicia es de una estrechez completa. Al respecto, cabe recordar que el jefe del Ejército, César Milani, tendrá que enfrentar los tribunales por distintas causas y no hubo –como agitan algunos opositores– una obstrucción por parte del Ejecutivo. Los intentos de los abogados de Milani de frenar la citación en Tucumán por la desaparición del soldado Agapito Ledo no prosperaron y, tras las vacaciones del juez Daniel Bejas, hacia mediados de marzo, el jefe del Ejército tendrá que concurrir a los tribunales de Tucumán. Por otra parte, Milani tiene una causa por enriquecimiento ilícito que tramita en el juzgado de Rafecas. También en las próximas semanas retomarán impulso las causas que tienen como imputado a Amado Boudou. ¿Alguien puede decir que estas causas son una conspiración contra el Gobierno? Así como no cabe una condena anticipada, la sociedad no quiere impunidad. No lo quiso ni la quiere con el pasado genocida, pero tampoco con los eventuales hechos de corrupción de estos años.
Sería miope pensar que la marcha del 18F divide a los argentinos entre quienes quieren justicia y quienes no.
Desde ya, la trayectoria de varios de los magistrados convocantes los involucra con maniobras fraudulentas pero, por desgracia, el sistema judicial no los culpabilizó y por lo tanto no se puede vivir en el reino del carpetazo. Cabe recordar que en Brasil, al momento de celebrarse la segunda vuelta electoral, hubo una evidente maniobra mediática a través de la revista Veja, que sacó una edición especial para embadurnar a Dilma Rousseff y a Lula con un título sacado de la cloaca: “Ellos lo sabían todo”. Esa afirmación no surgía del expediente por la brutal corrupción descubierta entre directivos de Petrobras y líderes políticos del partido de gobierno y de otras fuerzas. Dilma, lo mismo, pudo imponerse y no obstruyó el procedimiento judicial. Este escándalo quizá se filtró por maniobras de espías o de empresas petroleras competidoras, pero una vez que los delitos son descubiertos, en democracia no deben ocultarse.
¿Alcanza con una Justicia que sólo actúa cuando se pierde la impunidad? Desde ya que no. Pero mucho peor es tapar el cielo con las manos. Las reformas judiciales no pueden plantearse para hacer una fuga hacia adelante y para gambetear los juicios contra los funcionarios, sean del partido que sea. Y, al respecto, debería agregarse: la prensa “no debería” servir para favorecer a un candidato de la derecha –sea brasileña o argentina–, pero eso no significa presionar a periodistas o ayudar a empresarios de medios amigos para que saquen de la agenda las causas que involucran a miembros del Gobierno. No sirven medios sin autonomía ni periodistas que miren solamente la mitad de la cancha. Poner sobre el tapete estos temas no significa esperar cambios inmediatos, pero esconderlos es para posponerlos a un futuro incierto.
Fuente:MiradasAlSur
CUANDO LOS SANTOS VIENEN MARCHANDO
La línea histórica en que se inscribe la marcha del miércoles, del ’45 hasta hoy. La misma composición social y el llamado a defender “grandes valores” que ocultan a los que convocan y manipulan. Los quiebres en el Poder Judicial y hasta en la Iglesia. El papel de los fiscales y el de los partidos políticos
Imagen: Leandro Teysseire
Algunos de los memorables precedentes de la cita convocada para el miércoles son la marcha de la Constitución y la Libertad, del 17 de septiembre de 1945; la procesión del Corpus Christi del 11 de junio de 1955; la recepción del 23 de septiembre de ese mismo año a Eduardo Lonardi, quien dirigió un mensaje trémulo de buenas intenciones a una Plaza de Mayo llena a reventar; las marchas nocturnas convocadas en 2004 por el ex ingeniero Blumberg para una reforma punitivista del Código Penal; la congregación de la Sociedad Rural frente al jardín zoológico de julio de 2008; el gran cacerolazo de noviembre de 2012 y su réplica desteñida de abril de 2013. Pese a las diferencias de época y contexto, los asistentes a todos ellos tienen notorios elementos en común. Expresan a un sector muy significativo en la Ciudad de Buenos Aires y notorio en varias capitales provinciales, dotado de recursos materiales y simbólicos muy por encima de la media. Hoy como ayer defienden grandes principios, abstracciones avasalladas por los duros hechos de una realidad que les resulta hostil y enigmática, hasta que logran reducirla a una fórmula comprensible para su concepción binaria. Su principio básico es la buena conciencia y la generosa disposición a deponer rencillas menores en aras de los grandes valores, a unirse por la salvación de la patria o de la república, de la democracia o de la libertad, que siempre agonizan. Otra cosa es quienes convocan y manipulan. Walsh lo dijo mejor que nadie en la tercera edición de Operación Masacre, publicada en 1969. Allí instó a “no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos”.
Desde conservadores y socialistas hasta comunistas y radicales marcharon el 12 de octubre de 1945 hacia el Círculo Militar para pedir que la Corte Suprema de Justicia asumiera el poder con respaldo de las Fuerzas Armadas. Félix Luna destacó el carácter progresista de la plataforma con que esa Unión Democrática se presentó a las elecciones presidenciales de febrero de 1946. Pero sobra la experiencia para saber qué hicieron con esas declaraciones de principios los partidos que integraban la UD, cuando la suerte electoral o el golpismo militar les fueron más propicios. Entre ambas fechas se produjo la fiesta del monstruo, según el insuperable título de un cuento tan burdo que hasta se dudó que Borges y Bioy Casares lo hubieran escrito, en el que consignaron el significado que tuvo para ese sector el ascenso del peronismo. La misma unidad ante el mal absoluto explica que en junio de 1955 hasta liberales y marxistas se encolumnaran bajo los pendones eclesiásticos y envueltos por el humo de los incensarios, en contra de la separación de la Iglesia del Estado. Durante la batalla contra las retenciones, el componente de clase fue más ostensible pero aún así la Sociedad Rural celebró su bautismo de masas con las banderas rojas del maoísmo y el trotskysmo. Y en las movilizaciones de 2012 y 2013 coexistieron biblias con calefones y sables sin remache, la beautiful people, indignada por la corrupción, harta de los discursos en cadena con anuncios para los sectores más vulnerables y/o desesperada por comprar dólares.
Un gigantesco oximoron
La convocatoria de esta semana no es menos policroma y escenificará otro oximoron. Los propietarios del edificio demolido por el atentado pedirán que intervenga en la investigación la Corte Suprema de Justicia, que llegó al mismo callejón sin salida en la causa por el aún más antiguo atentado contra la embajada de Israel. Los acompañarán los fiscales que sabotearon el avance de la investigación al no sostener las apelaciones planteadas por las víctimas del estallido y que fueron denunciados por Memoria Activa, entre ellos el jefe de Comodoro Py, Germán Moldes, y el cerebro gris de la movida, Raúl Plee. La Iglesia Católica será representada por la Comisión Justicia y Paz de su Episcopado, cuyo presidente, Gabriel Castelli es un próspero hombre de negocios, director de la cementera Loma Negra, del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y de la cadena de supermercados Farmacity. Esta filiación del operador obispal ayuda a entender el repudio del Grupo de Sacerdotes en Opción por los Pobres, que denunció “oscuras operaciones contra la justicia y la democracia” por parte de “un grupo del poder judicial, amigos de poderosos y corporaciones”, al que “un grupo del poder eclesiástico hace llegar su bendición”. El anhelado golpe militar fracasó en 1945 por la irrupción de un nuevo actor político en defensa de las conquistas obtenidas en los dos años previos, pero tuvo éxito diez años después. En 2008 fueron ostensibles “el clima destituyente” y “el desprecio por la legitimidad gubernamental”, luminosos aportes a la comprensión de un momento complejo que el grupo Carta Abierta no ha conseguido apagar ni con los diecisiete somníferos posteriores. Ni el clima ni el desprecio contaban ya con un brazo armado que completara la obra, porque la subordinación castrense al poder político es uno de los logros transversales de la democracia argentina, que el kirchnerismo afianzó. Un burdo remedo se intentó con la organización de saqueos y los alzamientos de las fuerzas de seguridad en distintos lugares del país. Ni la economía, ni la política ni el conflicto social han conseguido desmoronar al gobierno, pese a que se aplicaron técnicas de desestabilización probadas en Africa y Asia. De allí la importancia de las posiciones simbólicas desde las que el gobierno es hostigado ahora. Si bien la mayoría de los fiscales nacionales y las entidades que agrupan a los provinciales se manifestaron en contra de la marcha, igual que varias organizaciones sociales, intelectuales y artistas, su número puede ser grande. Si el gobierno no corre a modificar sus políticas como con las leyes Blumberg, si mantiene la calma, como hizo en los últimos cacerolazos y paros sindicales, al apogeo que se alcance el miércoles le seguirá el ocaso que siempre sucede en ausencia de una organización capaz de capitalizar esa energía en una opción política. Lo sucedido con la reforma de la ley de Inteligencia nacional es un indicio acerca de la dificultad de las fuerzas de oposición para construir tal alternativa.
Fiscales y jueces
Sobre la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman resta poco por agregar: su dependencia de la embajada estadounidense, su identificación con el removido jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, su texto autocontradictorio y las desmentidas que provocó en quienes esperaba que fueran su principal soporte, como el ex secretario general de INTERPOL Ronald K. Noble, ya han sido detalladas en estas páginas, y el viernes en la presentación de la Procuración del Tesoro ante el juez Daniel Rafecas. Las investigaciones de Rafecas sobre el Holocausto se volcaron en su libro de 2012 Historia de la Solución Final. Una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos, que le generó empatía con las víctimas del atentado. Rafecas inscribe su investigación “en un proceso muy saludable que estamos viviendo en nuestro país de memoria, verdad, justicia, de revisión del pasado, de las dictaduras”, como declaró al presentar la obra. Esa opinión está respaldada por su tarea como juez: desde 2004 es el que más y mejor ha trabajado en causas por crímenes de lesa humanidad, lo cual lo coloca en el podio de los indispensables, junto con Leopoldo Schiffrin y Horacio Cattani. En ese sentido, es una garantía para todas las partes interesadas. Por supuesto, desde que se supo que el sorteo arrojó su nombre, la oposición sostiene que el gobierno, que forzó su alejamiento en la causa madre contra el vicepresidente Boudou y que había promovido su juicio político, le perdonó la vida cuando le tocó intervenir en la causa por enriquecimiento ilícito del jefe del Ejército, César Milani, que suponen encajonada. Prefieren desconocer los pronunciamientos a favor de Rafecas que enviaron al Consejo de la Magistratura los organismos de derechos humanos (incluida la abuela Estela Carlotto), la DAIA, el Consejo Nacional Armenio y los trabajadores judiciales, que hicieron ver al oficialismo y a la oposición radical (que lo detesta por su investigación sobre los pagos para la aprobación de la ley de precarización laboral) el desmesurado costo que tendría la remoción de un magistrado impecable, al que sólo podría caberle una sanción menor.
Distinto es el caso del fiscal Gerardo Pollicita, discípulo y admirador de Plee según su biografía autorizada que ayer publicó el matutino La Nación. Su requerimiento de instrucción no merece la misma descalificación que el mamotreto de Nisman. Era impensable que Pollicita desestimara la denuncia in limine. La acusacion de Nisman comprende a muchas personas, que no necesariamente correrán la misma suerte procesal. Una vez descartada la acusación por encubrimiento contra la presidente y su ministro, algunos de los acusados de tercera o cuarta línea podrían ser atrapados por el artículo 172 del Código Penal, por defraudar “con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Desde el comienzo, Pollicita advierte que se basa “pura y exclusivamente” en los elementos aportados en la denuncia y que recién ahora habrá que iniciar la investigación para ver si existe un delito y en ese caso quiénes son sus responsables. No fue él, sino Nisman, quien imputó a la presidente CFK y a su ministro Héctor Timerman. Su relato de los presuntos hechos no es más que una glosa de la denuncia de su difunto colega y ex subordinado, del que encomilla numerosas frases. Cuando no lo hace, usa el tiempo potencial, adjetivos como presunto, participios como supuesto o locuciones del tipo “según la hipótesis desarrollada” o “la denuncia entiende demostrado”. Por el contrario, el fiscal no sostuvo el llamado a indagatoria de la presidente, que sí había pedido Nisman. Esta cautela en las palabras y en los actos no se contagió a los títulos de prensa, que atribuyeron a Pollicita la imputación contra Cristina. Como su única fuente es la denuncia de Nisman, Pollicita también sostiene como columna vertebral de su requerimiento la presunta presión argentina para que INTERPOL levantara las alertas rojas, y no toma en cuenta la desmentida de Noble, porque recién a partir del viernes forma parte del expediente. Además reitera gruesos errores fácticos y conceptuales: le atribuye a la Comisión de la Verdad facultades jurisdiccionales, o potestades de carácter judicial, que el Memorando de Entendimiento no le asignó, y que actuaría en reemplazo del juez y del fiscal; sostiene que estaría integrada por iraníes, cuando el Memorando dice en forma explicita que deberán ser juristas de reconocimiento internacional, ni persas ni argentinos; y afirma que las conclusiones de esa comisión que nunca se formó estaban “arregladas de antemano”. Pollicita no traiciona a Nisman pero, con intención o no, lo pone en evidencia.
El cuento del cocodrilo
Por Horacio Verbitsky
Según el matutino Clarín, el kirchnerismo levanta la bandera nacionalista para “distraer la atención de lo que verdaderamente importa”. Su corresponsal en Washington, Ana Baron, mencionó la audiencia del subcomité del Hemisferio Occidental, de la que participó como “testigo invitada” Bonnie Glick, del Meridian International Center. Según Glick “el liderazgo de Cristina Kirchner es tan corrupto que ahora parece que, en complicidad con Irán, Kirchner puede estar detrás del asesinato del fiscal Alberto Nisman”. Clarín comenta que esta vez los fondos buitre “han permanecido en silencio. Creen que no es adecuado explotar algo tan terrible como lo es la muerte de Nisman”.
No lo parece. El presidente de Meridian es el republicano Carlos M. Gutierrez, ex secretario en el gabinete del presidente George W. Bush y socio de la ex secretaria de Estado demócrata Madeleine Albright en la consultora Albright Stonebridge Group, contratada por Paul Singer para extorsionar al gobierno argentino, según informó el 26 de agosto pasado la columnista de finanzas del diario The New York Post, Michelle Celarier. Agregó que Gutierrez viajó a la Argentina “tratando de movilizar la oposición al gobierno”. El ministro de Economía Axel Kicillof y CFK revelaron el contenido de esa gestión: Gutierrez amenazó al jefe de Gabinete Jorge Capitanich con un ataque especulativo contra el peso hasta forzar una nueva devaluación; ataques y denuncias mediáticos internacionales para desgastar a Cristina; impedir el pago local de los vencimientos de la deuda reestructurada y el acceso a cualquier financiamiento internacional. Esto ayudaría a instalar el año próximo un gobierno favorable a un acuerdo con los fondos buitre. Gutierrez también habría mencionado la contratación de periodistas y dirigentes sindicales para que contribuyeran a esa estrategia.
Meridian es una organización de enlace entre el Departamento de Estado y las mayores corporaciones “para responder a los desafíos globales”. Sus sponsors son Chevron, Coca Cola, Goldman Sachs y VISA. Otro de sus directivos es el abogado de Nueva York Charles H. Camp, cuya especialidad es descubrir y recuperar fondos ocultos para que sus clientes cobren deudas impagas de deudores deshonestos. Para ello cuenta con “una red de ex agentes de Inteligencia” que investigan cuentas bancarias, intereses comerciales de personas y países. “Una vez localizados los activos, pueden ser congelados y recuperados mediante ordenes judiciales.” Como Albright y Gutierrez, Bonnie Glick traspasó varias veces la puerta giratoria entre el Estado y las mayores corporaciones. Si Gutierrez fue presidente de la alimentaria Kellogg’s y vicepresidente del banco Citi, Bonnie Glick se encargó de las relaciones de IBM con sus clientes latinoamericanos. En el Departamento de Estado tuvo destinos llamativos, en el equipo que defendió en las Naciones Unidas la Operación Tormenta en el Desierto y en las embajadas en Etiopía al finalizar el gobierno comunista, y Nicaragua, luego de caída del sandinismo. Es decir, es una experta en la delicada especialidad del cambio de régimen. El episodio recuerda el cuento del médico cuyo paciente sueña que un cocodrilo lo acecha debajo de su cama. Cuando falta a una consulta, el médico se comunica con la familia. “Se lo comió un cocodrilo”, informa la madre.
DyN
“El poder del video se extiende con pocos contrapoderes a la vista (...). Más profundamente, produce también efectos sobre la misma morfología del sistema institucional. Desde este punto de vista, aparece claramente otra faz de la TV: ser un coproductor del proceso político. No sólo escenifica sino que también puede operar.”
Devórame otra vez.
Oscar Landi, 1992.
“Es una tremenda verdad y un hecho básico de la Historia (...) que frecuentemente o, mejor, generalmente el resultado final de una acción política guarda una relación absolutamente inadecuada y, frecuentemente, incluso paradójica con su sentido originario. Eso no permite, sin embargo, prescindir de ese sentido.”
La política como vocación,
Max Weber.
Un grupo de fiscales, casi todos desprestigiados, lanzó la convocatoria a la marcha del 18-F. Se dice a su favor que tienen años de experiencia, lo que disimula que fueron compadres del menemismo. Con tanto rodaje, algún ingenuo podría preguntarse por qué no ascendieron en el generoso escalafón de Tribunales. Para quienes anidan en Comodoro Py una explicación es que son más poderosos con ese rango y lugar que en un cargo superior. Otra es que su versación jurídica, su capacidad intelectual y sus antecedentes los hacen poco competitivos para concursos medianamente serios.
Como fuera, la movilización, todo lo indica, trascenderá largamente la capacidad de convocatoria de personajes desconocidos para el gran público, lo que les conviene (a los fiscales referidos, se entiende). Los medios dominantes la han transformado en una causa justa, una cruzada.
Los partidos opositores con más votos se sumaron, con subterfugios como “marcha apolítica”, “ir sin banderas”, pero caminarán con aire contrito detrás de los funcionarios judiciales haciendo rostro y reclamando cámara. Estarán calladitos, interinamente: ya hablarán en días y semanas ulteriores en la generosa plataforma de la Corpo y sus satélites.
Hace rato que las clases medias o altas le han encontrado el gusto y el manejo a “la calle”. La aparición de Juan Carlos Blumberg supo ser un momento augural. La brega contra las retenciones móviles fue otra. La ocupación del espacio público habilita ventajas políticas, en particular en la etapa kirchnerista: la del miércoles será una nueva ocasión. Conjeturar más, en la previa, es aventurado o hasta timbero.
Pe(s)cadores a río revuelto: Varios de los políticos, no todos, que estarán a la zaga de los fiscales (y viven a la zaga de Clarín), carecen de antecedentes como manifestantes por algo vinculado al atentado contra la AMIA. Los que fueron menemistas porque los salpica o concierne el único encubrimiento comprobado. Fue piloteado por el ex presidente Carlos Menem, su secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y el ex juez Juan José Galeano. La causa respectiva llegará a juicio oral, se espera que en el próximo invierno, a once años de la masacre.
El jefe de Gobierno Mauricio Macri fue hospitalario con Jorge “Fino” Palacios, uno de los procesados en ese expediente. Lo conchabó como jefe de la Policía Metropolitana, en su momento fundacional. El líder de PRO se “justificó” luego diciendo que se lo había recomendado la CIA. En fin... Por ahí, a los “servicios” gringos no les importaba la conducta de Palacios, para un político argentino debía ser relevante. Con la designación, Macri se granjeó el repudio de las organizaciones de familiares de víctimas de la AMIA. Son luchadores que integran y enaltecen a la colectividad judía, aunque la Vulgata atribuye esa condición sólo a la dirigencia de la DAIA y la AMIA, cómplice del ocultamiento con Menem y altiva hoy.
El diputado Sergio Massa, presidenciable del Frente Renovador (FR), procuró un momento de fama postulándose como querellante en las causas vinculadas al atentado a la AMIA. Massa es abogado, recibido hace poco en una universidad privada. Un cliente reconocido, rico y poderoso seguramente no se diploma como premio al estudio sino como reciprocidad por el pago. Así que puede concedérsele que sea un ignorante del derecho. Tiene abogados con mejor formación alrededor, podrían haberle explicado que su movida era una payasada, cuyo rechazo distraería al juzgado de labores más acuciantes.
En cualquier caso, es dudoso que muchos de los que caminen detrás del “corralito” de los fiscales-vanguardia hayan estado en movilizaciones por el atentado a la AMIA, durante largos 20 años. Ni hablar de las conmovedoras jornadas de Memoria Activa frente a Tribunales. Su interés es repentino, su archivo los expone.
La imputación cantada: El fiscal Gerardo Pollicita marcharía el miércoles si no estuviera designado en el expediente que trajina la denuncia de Nisman por encubrimiento. Nadie puede imaginar que sea imparcial respecto del Gobierno al que aborrece política e ideológicamente. Le cupo dictaminar sobre la denuncia, más allá de su corazoncito tenía jugada única. Archivarla de movida es inusual y en esta coyuntura lo lapidaría ante sus aliados, opositores fervorosos todos. Presentó un requerimiento, en dialecto jurídico, que equivale a instar que se investiguen los hechos denunciados. Matizó un poco los planteos de Nisman, atento a las críticas demoledoras que recibió. No pidió indagatorias para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni para el canciller Héctor Timerman, otra exorbitancia de la denuncia. El expediente se pondrá en marcha, propuso medidas de prueba y secreto del sumario, que aspira a socavar con filtraciones a Clarín, algunas ya concretadas.
Los medios opositores se arrobaron con el uso de la palabra “imputada” como sinónimo de “procesada”. No hay tal, para un procesamiento harán falta pruebas y no relatos salvajes.
Es una falacia en un bosque de muchas, otra artimaña.
El juez federal Daniel Rafecas adelantó su regreso de las vacaciones: estará a cargo de la causa desde el primer día hábil de la semana, el miércoles ya famoso. Aunque sus piezas principales fueron difundidas, seguramente las repasará en el papel.
Conforme al caduco Código Procesal vigente, tan endiosado por la oposición, el juez puede hacerse cargo de la instrucción o dejarla en las (poco recomendables en este caso) manos del fiscal. Rafecas no adelantó qué hará pero baqueanos de tribunales predicen o intuyen que lo tomará a su cargo. Derivar el caso Ciccone al fiscal Carlos Rívolo le causó muchos quebraderos de cabeza, sería torpe tropezar con una piedra parecida.
Rafecas no es un juez promedio de Comodoro Py. Proviene de otra camada que la banda de la servilleta, tan de moda en los quinchos VIP. Es estudioso y profesional. Investigó al ex presidente radical Fernando de la Rúa contra quien armó un caso muy consistente que fue demolido sin fundamentos sólidos por un tribunal oral compuesto en parte por un juez procesista y otro boina blanca.
También investigó al vicepresidente kirchnerista Amado Boudou. Esa osadía dual, en base a sus convicciones (opinables como todo), le valió ser objeto de una ofensiva bipartidista para destituirlo en el Consejo de la Magistratura. La respectiva denuncia sigue abierta y estuvo a un tris de ser uno de los últimos contubernios bipartidistas.
Rafecas es un profundo conocedor de la cultura judía y un estudioso del Holocausto. Publicó un excelente libro, Historia de la solución final. Tal saber ni es necesario ni suficiente para juzgar el pleito que arde como brasa en sus manos. Pero habla de una postura ideológica valorable, ajena a un montón de pescadores en el río revuelto. El gobernador cordobés José Manuel de la Sota, sin ir más lejos, metió una pata descomunal hablando de lo que no sabe ni le importó hasta hace unas horas.
Asociaciones lícitas: El viernes pasado se habló en esta columna de la causa que investiga la muerte dudosa y violenta de Nisman. El cronista prefiere remitirse a ella que repetirse, por consideración al espacio y a los lectores habituales. Baste decir que su avance existe aunque es lento. De momento, solo el pícaro Maximiliano Rusconi, abogado del opaco informático Diego Lagomarsino, puso miguelitos en el pavimento. La derecha política mediática y judicial promueve que el expediente sea derivado a Comodoro Py, donde juega de local. Una porción atendible de las críticas a la fiscal Viviana Fein reconoce esa finalidad.
La procuradora Alejandra Gils Carbó, que sigue en el medallero de los protagonistas demonizados, designó un conjunto de fiscales para reemplazar a Nisman en la unidad AMIA. El trabajo colectivo es una virtud de la medida. Evitar la concentración de poder en un solo fiscal viene en combo. Queda raro hablar de poder cuando se analiza a “la Justicia” pero resulta que existe.
Los nombrados son funcionarios con buenos desempeños previos. Se cuestiona que dos pertenecen a Justicia Legítima, que se parangona con una asociación ilícita. No lo es, para nada, su presunto pecado es promover un debate dentro del críptico Poder Judicial. Seamos amplios: ni siquiera la Asociación de Magistrados equivale a una banda, aunque pululen en ella jueces truchos, ultra clarinistas y fiscales de mala fama.
Activar la causa principal sobre el atentado es una misión peliaguda que ronda con lo imposible. Tras décadas de ocultamientos, todos previos al memorándum con Irán, sería una labor ciclópea hallar nuevas evidencias o desentrañar la maraña de embustes y encubrimientos. De cualquier forma, debe hacerse el intento porque el delito es imprescriptible y el Estado no puede darse por vencido.
A judicializar, a judicializar: Fiscales desconocidos por casi toda la ciudadanía aspiran a ser vanguardia de una muchedumbre, que jamás podrían congregar en circunstancias normales.
Dirigentes opositores, se prevé, serán seguidos por mucha “gente”, en cantidad que ya ni tratan de interpelar en sus actos de campaña.
Si el oficialismo, cuando se pone optimista, aspira a sacar el cuarenta por ciento de los votos es un dato que hay muchos ciudadanos adversarios al Gobierno. Es presumible que la marcha del 18-F les habilite un canal para transmitir su espíritu opositor, su malestar, su bronca o su odio, que pueden mezclarse en dosis surtidas. Forma parte del juego democrático al fin. Sería más redondo si cada cual sincerara sus premisas y pertenencias, aboliendo el odio. En la coyuntura, es mucho pedir.
Los medios son actores protagónicos, ya lo dijo Landi en una de las citas que encabeza esta nota. Lo señaló hace añares, en la prehistoria del poder mediático. Clarín tiene demandas concretas para el próximo gobierno. Abolir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es prioritaria. Abortar las investigaciones sobre la adquisición de Papel Prensa, otra. La cereza del postre sería recuperar el manejo de la transmisión de fútbol por tevé. Y van por más.
Los dirigentes opositores podrán darse un baño de multitudes que no se dan maña para atraer a actos proselitistas.
La expresión “judicializar la política” es habitual en muchas latitudes, cada cual puede explicarla a su sazón. Para el cronista, vale la pena parafrasear lo que escribió el sociólogo francés Pierre Rosenvallon en el libro La contrademocracia: “El ciudadano se ve tentado de encontrar en los tribunales lo que ha desesperado de obtener por la elección”. En criollo: pescar vía Comodoro Py lo que no se consigue en las urnas.
Parangones con los ex presidentes Isabel Perón o Richard Nixon, pedidos de juicio político son modos equívocos de llamar a una destitución irregular. El juicio político en regla es imposible porque lo impide la conformación del Congreso, decidida por el pueblo soberano.
Es una señal interesante, digna de mención.
Una oposición cuya mejor oferta es derogaciones de leyes a granel o alianzas con las corporaciones aduce que tiene ganadas las elecciones de octubre. Si así fuera, le compete custodiar su patrimonio... si le falta le cabe laburar para construirlo.
Los antagonismos son válidos y hasta deseables. El odio que se incuba y promueve es mal humus para el sistema político. A más de tres décadas de la recuperación de la democracia, sería deseable que la competencia electoral fuera para los líderes políticos el juego que mejor saben y más le gusta. Sería deseable.
14-2-2015
Nisman
La causa por presunto encubrimiento de la causa AMIA
“En las 300 páginas de la denuncia no hay pruebas contra la Presidenta”
El ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas y ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, cuestionó el propósito de la marcha del silencio que realizará un sector del Poder Judicial e indicó que “la presión tiene que ser dirigida a investigar el caso Nisman y a reformar la inteligencia argentina. Esos son los dos puntos”. Entrevistado en el canal América, Moreno Ocampo sostuvo anoche que parte de esta responsabilidad es de los medios de comunicación, “de cómo empujen la pelota”, y agregó:
“Es una marcha común de todos, pero el tema es a dónde marchamos”.
Con respecto a la denuncia del fiscal Alberto Nisman, el ex fiscal de la Corte Internacional aseguró que "no hacen falta pruebas para hacer una denuncia", en tanto señaló que "por ahora en las 300 páginas del fiscal especial no hay ninguna prueba que muestre que la Presidenta o el Ministro o alguien más ofrecía impunidad a los autores del atentado".
A su vez, marcó que el hecho de que Nisman presente el caso "está bien" porque "una acusación no exige un nivel de prueba". Sin embargo, calificó de "raro" qué Nisman hablara como si tuviera prueba porque "por ahora hay cero pruebas". "Yo me tomé el trabajo de leer las páginas esas y la verdad que no hay pruebas de que la Presidenta o alguien haya hecho un acuerdo para la impunidad", aseguró Moreno Ocampo.
Con respecto a la investigación de la muerte de Nisman y al trabajo de la fiscal del caso, Viviana Fein, Moreno Ocampo indicó que hay que ayudarla y pidió la colaboración de los medios para buscar datos sobre "qué pasa en la inteligencia, qué pasó con Stiuso, qué pasó con la relación Stiuso-Nisman y cómo se manejaba eso".
Consultado acerca de la eventual intervención de organismos extranjeros, Moreno Ocampo sostuvo que "la investigación del caso Nisman se puede hacer acá" y subrayó que "hay que hacerlo ahora y hay que hacerlo bien". Y acotó: "Lo que pasa es que la Argentina necesita un FBI, no una CIA. Tenemos una CIA operando para adentro y necesitamos un FBI". También añadió: "Adentro no se puede operar. Ese fue el resultado de lo que aprendimos en los 70. No se puede hacer inteligencia adentro de la Argentina; transformarnos en amigos y enemigos".
“La denuncia no pone en conocimiento del juez ningún delito”
También el jurista y ex ministro de seguridad bonaerense León Arslanian se expresó sobre el avance que efectuó el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que impulsaba Nisman al afirmar que "merece una desestimación". Y recordó que la denuncia “en su momento fue rechazada por la jueza Servini de Cubría y finalmente recaló en el juzgado de Rafecas”.
Además, explicó en declaraciones a Radio del Plata que "esto es un trámite de naturaleza procesal”, por lo que "frente a una denuncia debe darse intervención al Ministerio Público Fiscal para que éste haga el requerimiento de instrucción. Es decir, que ejerza la acción penal, porque si no hay ejercicio de la acción penal el juez no puede intervenir”.
De esta forma, marcó que "hubo un requerimiento y con motivo del mismo, y como cualquier otro tipo de trámite, se ha hecho una imputación”. Con respecto a la denuncia del fiscal Alberto Nisman, Arslanian marcó que "carece de consistencia" y no pone en conocimiento del juez "ningún delito”.
Consultado sobre la marcha del silencio, el ex ministro de seguridad bonaerense resaltó que “la marcha del 18F es una marcha opositora que toma como detonante la muerte de Nisman”. Al mismo tiempo, Arslanian cuestionó que “con el motivo de tributarle un homenaje por parte de algunos ex colegas suyos se haya montado un acto de naturaleza política que tiene distintas lecturas y complejidades”.
Señaló además que desde el punto de vista judicial el "grave problema" es que esta marcha "tiene como trasfondo un presupuesto que consiste en que la muerte de Nisman no fue un suicidio sino que fue un homicidio y esto es lo que hace que en todo caso la sociedad o partidos políticos opositores hagan una reclamación que apunte a esa hipótesis”.
También criticó a los fiscales que "son conscientes de que están siendo el instrumento" para una convocatoria a una macha política. “Si ellos hubiesen deseado tributar un homenaje hubieran tomado recaudos y seguridades para que esto no tuviera este grado de expansión o no se le sumasen tantas expresiones que no tiene nada que ver con el homenaje en sí”, concluyó Arslanian.
La denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidente Cristina Fernández de Kirchner y su canciller Héctor Timerman tiene como eje excluyente de argumentación la presunta decisión del gobierno nacional de buscar la anulación de las alertas rojas emitidas por Interpol que pesan contra los funcionarios iraníes acusados de haber perpetrado el atentado a la AMIA. Sin embargo, el organismo internacional negó en reiteradas veces que el gobierno argentino haya intentado levantar esos pedidos. Esta negativa derrumba el principal eje de la acusación de presunto encubrimiento.
En la foja 107, la denuncia de Nisman sostiene que "la baja de las notificaciones rojas constituyó el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo y el canciller Timerman aceptó y contribuyó a ello. Hizo todo lo posible para que ese objetivo fuera cumplido por Interpol, más allá de sus declaraciones públicas en sentido contrario, porque sostener la verdad además de confesar su participación en el plan delictivo, hubiese sido incompatible con los reclamos de justicia. La diligente y a la vez inesperada -para los encubridores- actitud de Interpol, específicamente de su secretario general, Ronald Noble, lo impidió".
Del mismo modo, en la foja 120 Nisman da cuenta de una reunión entre Timerman y el secretario general de Interpol el 26 de noviembre de 2013, en la sede de la organización en Lyon. Allí asegura que el canciller argentino intentó convencerlo "para que cediera y dispusiera el cese de las notificaciones rojas". A su vez, en la página 270 de su escrito, el fiscal resaltó que uno de los puntos fundamentales de su denuncia era que "el plan pergeñado por Cristina Fernández incluyó el cese de las notificaciones rojas de Interpol -un plan inesperadamente frustrado por firme accionar del secretario general Ronald K. Noble-", reiteró.
Sin embargo, la desmentida que hiciera el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, en dos oportunidades (en una carta al canciller Timerman y en una nota al matutino Página/12) respecto de que nunca el Gobierno argentino ni si quiera insinuó que se den de baja las alertas rojas que pesaban sobre los imputados iraníes, desmiente en forma terminante el núcleo central de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman según la cual -para lograr el "pacto de impunidad" con Irán- se solicitaría a Interpol la baja de las circulares rojas.
En la entrevista concedida a Página/12, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, sostuvo de manera categórica que "lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos contra los funcionarios iraníes." Y manifestaba: "Al contrario, señor Nisman: el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí."
Del mismo modo, en la carta que le enviara al canciller Timerman, el ex secretario general de Interpol, a quien el propio Nisman le atribuía haber frenado el supuesto plan criminal que denunciaba, volvía a cargar contra el fiscal y sus afirmaciones. En la misma, Noble señalaba: "Escribo para dejar en claro su posición y la del gobierno argentino en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al atentado terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA (…) En cada ocasión que usted y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol, emitidas en relación al caso AMIA, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes".
Y agregaba: "Usted pidió que Interpol exprese por escrito si las notificaciones rojas se mantenían sin cambio, válidas y vigentes y el 13 de marzo del 2013, el concejero general de Interpol declaró inequívocamente por escrito que la validez y la situación de las notificaciones rojas no se vieron afectadas". "En mayo del 2013 -continuaba la carta- usted pidió que Interpol deje en claro que cualquier esfuerzo por parte de Argentina e Irán para cooperar en el caso AMIA en formas concretas no deberían afectar a la validez de las notificaciones rojas de Interpol. Usted ha declarado expresamente que la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, usted como ministro de Relaciones Exteriores y todo el gobierno argentino se mantenían cien por ciento comprometidos a que las notificaciones rojas de Interpol permanezcan en efecto".
Por otra parte, respecto del encuentro del 26 de noviembre de 2013, en el que Nisman afirmó que Timerman intentó convencer a Noble para que cediera y levantara las alertas rojas, el propio Noble en su carta afirmó que Timerman "reiteró que la posición del gobierno argentino es que las alertas rojas debían permanecer en efecto, sin cambios, debían seguir siendo válidas".
Con todo, queda por demás claro que la denuncia realizada por el fiscal Nisman, y por la cual el día viernes el fiscal Pollicita decidió imputar a la Presidenta de la Nación y a su canciller, no constan de sustancia alguna al haber sido desmentida rotundamente en su núcleo argumental, por el mismo Ronald Noble, ex jefe del Servicio Secreto de los Estados Unidos, quien en el reportaje a Pagina/12 añadió que Nisman "mentía" cuando afirmaba lo contrario.
Fuente:Infojus
El ministro cuestionó a la justicia por el avance contra la presidenta y dijo que no le perdonan "la autonomía e independencia".
El precandidato presidencial y ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, juzgó ayer la imputación a la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento en la causa AMIA como "un verdadero disparate de los tantos que nos tiene acostumbrados la justicia". Para el funcionario, que dialogó con la prensa durante una actividad en la ciudad balnearia de Mar del Plata, hay sectores de la justicia que "no le terminan de perdonar a Cristina la autonomía e independencia del poder económico y mediático que tanto daño le ha hecho a este país".
"Imputar a la presidenta de la República por un memorándum que fue público y ratificado por el Parlamento nacional es absolutamente un disparate", indicó. De esta forma, Randazzo se sumó a otros precandidatos presidenciales y dirigentes del Frente para la Victoria que se manifestaron públicamente sobre el avance de la acusación contra la presidenta que impulsara el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien no se apartó ni una coma de la denuncia que "heredó" del difunto fiscal especial de la UFI AMIA, Alberto Nisman.
Justamente, el ministro de Defensa y precandidato presidencial por el kirchnerismo, Agustín Rossi, volvió ayer a referirse sobre el tema: dijo que la decisión de Pollicita es "una expresión desestabilizane" y sostuvo que existe un "círculo rojo que está mal usando lo que ha sido la terrible muerte del fiscal Alberto Nisman para intentar generar un desgaste en la figura de la presidenta". Para el funcionario el objetivo es "que eso tenga implicancias electorales este año" ya que "se trata de una presentación que no tiene sustentabilidad jurídica".
Otro de los precandidatos a la Casa Rosada por el FPV, el titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, aseguró ayer que la imputación a la presidenta pretende "dañarla". Para el legislador nacional, la acusación "es una novela de hechos que no existieron". "El encuadre legal que propone el fiscal resulta absurdo", definió.
"El hecho de que un representante del Ministerio Público Fiscal realice un acto de tales características muestra inequívocamente la falacia de quienes pretenden asegurar que en la Argentina no existe división de poderes, que el Poder Ejecutivo de la Nación coarta la labor de los jueces y fiscales, o que, en definitiva, se encuentre en peligro el Estado de Derecho", razonó Domínguez.
En la misma sintonía crítica se manifestó la presidenta del bloque de Diputados del FPV, Juliana di Tullio. "Es un golpe de Estado en proceso desde un sector del Poder Judicial", afirmó la legisladora. La responsable de la bancada oficial afirmó que a un sector de la justicia "se le fue la mano" y marcó que "se les nota mucho y la gente se da cuenta". Di Tullio recordó que "en un solo día" se le dio curso "a una denuncia sin fundamentos" contra la primera mandataria y "pocas horas después otro fiscal hace una imputación descabellada contra el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Salud y la ministra de Desarrollo Social". Finalmente, sostuvo que "lo mismo que pasa en nuestro país, sucede en la región".
"Se les fue la mano, se les nota mucho y la gente se da cuenta. Le dan curso a una denuncia sin fundamentos."
Juliana Di Tullio
Diputada nacional
"Por lo que se ve, no hay ningún tipo de prueba. Ni siquiera hay actos preparatorios para un delito."
Graciela Giannetassio
Diputada nacional
"El sector conservador tiene el plan de desestabilizar a la presidenta, y cuenta con lo peor del Poder Judicial y de los medios."
Martín Sabbatella
Nuevo Encuentro
"Es una novela de hechos que no existieron. El encuadre legal que propone el fiscal resulta absurdo."
Julián Domínguez
Diputado nacional
Respaldo bonaerense
Intendentes de la provincia de Buenos Aires manifestaron su "preocupación" por "la avanzada en la judicialización de la política", en referencia al pedido de imputación de la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios y dirigentes por parte del fiscal Gerardo Pollicita.
El texto lleva la firma de casi 40 jefes comunales bonaerenses, encabezados por Fernando Espinoza, de La Matanza, además titular del PJ provincial. "Observamos con preocupación la avanzada en la judicialización de la política puesta de manifiesto mediante denuncias de público conocimiento que carecen de sustento y que parecen vincularse a motivaciones malintencionadas", dice el comunicado.
Los intendentes, del Frente para la Victoria y también de otras fuerzas políticas, expresaron en el documento su "apoyo incondicional" a la presidenta "en función de los hechos de naturaleza política y jurídica que se vienen sucediendo y que ponen en riesgo la institucionalidad y la división de los poderes del Estado".
El texto señala que existen "sectores" que "intentan una vez más atentar no contra un gobierno, sino contra una democracia que el pueblo argentino todo, con su lucha, ha logrado recuperar y consolidar".
El próximo miércoles, el bloque judicial, político y mediático opositor buscará la foto que demuestre al mundo su rechazo al gobierno nacional. Geopolítica, desestabilización y desafío democrático.
Llevado al plano de la política, el principio de Arquímedes confirma que cualquier fuerza que se proponga transformar la sociedad en serio va a recibir un rechazo igualmente conmovedor de los sectores afectados negativamente por su proyecto. Cuánto más radical sea la propuesta de cambio, mayor será la reacción de los que se valían del estado previo de las cosas para asignarse privilegios.
Aclarada esta ley de la física política más elemental, asumir que el gobierno de Cristina Kirchner sufre hoy el asedio de corporaciones histéricas que procuran, desde un final de mandato anticipado hasta dañar las posibilidades de continuidad del kirchnerismo en las urnas, habla en realidad de lo lejos que llegaron muchas de sus políticas en relación a las que se aplicaban en los albores del 2000, cuando el país estuvo al borde de la disolución.
Desde entonces, para correrse del lugar de administrador de la catástrofe y construir gobernabilidad por vía de la legitimidad pública, el kirchnerismo forzó una serie de conflictos perentorios que revitalizaron y dieron sentido a la democracia extraviada, esa misma que heredó de manos de los que hoy integran el batallón de indignados a reglamento con soluciones mágicas a todos los males.
Habrá que reconocerles a Néstor y Cristina Kirchner que, un poco por audacia, otro tanto por cálculo, a veces por convicción y casi siempre por necesidad, concibieron un programa sobre la marcha que los depositó en la vereda de enfrente de la vieja política y sus métodos, de los cómplices civiles del genocidio, de los monopolios informativos, de la elite empresaria egoísta, de las patronales agrarias, de un sector de la patria financiera, de ciertas empresas europeas como Repsol, del Reino Unido y su base militar en Malvinas, del sindicalismo más corporativo, de la iglesia más conservadora que se opuso a las leyes igualitarias, de los holdouts más usureros que torpedearon la reestructuración de la deuda soberana, de la familia judicial, de los servicios de Inteligencia y hasta de la administración de George Bush, hundiendo el ALCA en Mar de Plata, ese corralito comercial pensado por los Estados Unidos para los países de la región.
La sola enumeración genera agobio. Todo pasó en 11 años y medio. De una democracia formal, anulada en sus posibilidades de integración y promoción social, pasamos a otra, vertiginosa y confrontativa, que así como logró ensanchar el horizonte de derechos consagrados y reclamables, también produjo una larga fila de poderosos rumiando venganza. Todos con múltiples capacidades de daño.
Cuando faltan poco más de nueve meses para que Cristina termine su segundo mandato, al que llegó con el 54% de los votos, el bloque de los muchos ofendidos por sus decisiones parece haberse articulado y generado un plan para intentar escarmentarla por la osadía de estos años.
La marcha del 18F, convocada por fiscales y jueces de la "familia judicial" opositora a los cambios en el Código Procesal Penal, a la designación de la procuradora Alejandra Gils Carbó y a los aires democratizadores que impulsó el oficialismo en la judicatura cuando se dio cuenta de que vía cautelares y causas sinuosas trataban de impedir el funcionamiento independiente de los otros dos poderes de la república, el Ejecutivo y el Legislativo, es una escalada en la resistencia de los sectores oscurantistas que dominan desde hace décadas el Poder Judicial.
Es grave la acusación sin pruebas del fiscal federal Gerardo Pollicita, pero mucho más compleja en su elaboración es la apuesta a llevar este conflicto a la calle utilizando el cadáver de Alberto Nisman como bandera. No se trata del uso político del caso, sino de evaluar qué tipo de política adoptó este grupo esperpéntico y cuáles son las herramientas de las que dispone para erosionar al gobierno.
El manejo arbitrario y discrecional de los tiempos de determinadas causas judiciales y la provisión de dictámenes y acusaciones escandalosas por goteo contra los funcionarios del Ejecutivo y miembros de la familia presidencial que abastecen a los diarios opositores de tapas y noticias siniestras tienen como objetivo primordial aislar al kirchnerismo de la expectativa social en un lento proceso de demonización de sus figuras, en un año electoral.
Son variadas las razones que otorgan verosimilitud a la estrepitosa saga judicial en un sector duro, aunque no mayoritario, de la población. Difícil entender también cómo un grupo de funcionarios judiciales, entre los que se encuentran varios que no podrían explicar sus patrimonios y sus fallidas actuaciones en causas resonantes, consiguió la adhesión de la misma franja social, contradictoria y efervescente, que se movilizó ya varias veces por ausencia de un programa partidario que la contenga en sus demandas. Tal vez se trate de un capítulo catártico más. O de la puesta en marcha de una candidatura de derecha pura y dura que considere a Mauricio Macri un candidato demasiado tibio para su exigencia. Todo eso está por verse.
El kirchnerismo, aún soportando el asedio, debería tener en cuenta que si personalizan el ataque a sus referentes, es porque les resulta mucho más difícil hacerlo frontalmente con sus políticas. La aún inexplicada muerte de Nisman le cayó del cielo al oportunismo de "la famiglia" judicial. De haber convocado a una marcha en contra de los proyectos de democratización de la justicia, esta hubiera sido rala, como lo fue el primer intento con el fiscal José María Campagnoli. En cambio, montarse sobre el natural estupor y recogimiento generado por el lamentable episodio en la torre Le Parc de Puerto Madero, seguramente va a arrimarle a este grupo algunas multitudes en su propósito de jaquear al gobierno que consideraba, hasta la ofensiva democratizadora, apenas inamistoso, y desde entonces, un enemigo abierto.
De todos modos, pensar que el grado de belicosidad que demuestran es el mayor problema para la estabilidad del gobierno, sería atribuirles un poder que no tienen de manera aislada. Este es apenas uno de los frentes de acoso que sufre la administración oficial. No el único, tampoco el más peligroso.
Lo preocupante es el grado de articulación que comienza a hacerse evidente entre los distintos frentes que componen la avanzada antikirchnerista, es decir, los heridos por las conflictividades conducentes que el mismo gobierno declaró durante su gestión.
Pelearse con las AFJP para que el 100% de las personas en edad de jubilarse tengan cobertura previsional, fue un conflicto conducente.
Batirse a duelo con los fondos buitre y el juez Thomas Griesa para que no voltearan juntos la reestructuración de la deuda y estafaran al Estado con sus bonos, fue otro conflicto conducente.
Lo mismo podría decirse de la expropiación de Repsol para nacionalizar YPF y asegurar la soberanía del país en Vaca Muerta, de la recuperación de las paritarias como método indexatorio de los salarios frente a la clásica despreocupación patronal por el sostenimiento del mercado interno, del hundimiento del intento de anexión económica de los Estados Unidos a través del ALCA por inconveniente para la industria local, de la batalla antimonopólica contra el Grupo Clarín S.A. que se jactaba de almorzar presidentes democráticos, de las retenciones a las rentas extraordinarias del agro que permitieron financiar el más ambicioso plan de políticas inclusivas de toda América Latina, de la fumigación en el Banco Central que arrebató su conducción a los cuadros financieros del establishment y consiguió el fin de la timba, las corridas y la paz cambiaria, de la vigilancia sobre la estructura de precios en un mercado oligopólico y concentrado que se vio obligado por el Estado a poner productos en las góndolas más accesibles al bolsillo, y del impresionante juzgamiento de grupos empresarios concretos como promotores y beneficiarios del último genocidio, en un gesto simbólico imprescindible que ayuda a comprender por qué un día la Argentina, el país cuya elite se ufanaba de ser la más educada de la región, llegó a convertirse en una sucursal sangrienta de la Alemania Nazi.
Todos estos conflictos (hay muchos más) condujeron a algo. Esto que vivimos. En el marco de una democracia imperfecta, mejorable, irresuelta, pero no herida de muerte como lo estuvo en el 2001. Una que pasó de asegurar la desigualdad crónica, a otra que permitió ilusionarse con la igualdad como valor asociado irrenunciable.
Pero hay gente que no logra vincular estos conflictos con las mejoras, muchas o pocas, de su vida cotidiana. El martilleo mediático sobre la subjetividad de un sector consiguió aislar los resultados positivos de los conflictos necesarios que los hicieron posibles. Kirchnerismo, para ese grupo de gente, es sinónimo de crispación, pelea, país partido y grieta. Cualquier cosa que diga Cristina, aunque sea un comentario trivial sobre su nieto, es la confirmación de este prejuicio fabricado por los dueños de la concentración mediática y la agenda pública, desde la prepotencia que esa misma concentración les permite. En esto, en la censura empresaria a cuestiones relevantes para la comprensión de lo que sucede, han sido sumamente eficaces. Porque, al escamotearle a la sociedad la verdad sobre el enérgico mecanismo político y cultural que produjo las mejoras, hoy se naturaliza en vastos sectores asuntos que no son nada naturales, si se los coteja con nuestra historia reciente.
Previo al kirchnerismo, hace 11 años había un 52% de pobreza, un 28% de desocupación, los gremios industriales tenían apenas un tercio de los afiliados que hoy tienen, las empresas se debatían entre pedir la convocatoria de acreedores, la quiebra o cerrar definitivamente sus puertas, los docentes no tenían salarios porque no cobraban, los trenes y colectivos atravesaban la ciudad vacíos o semivacíos por falta de trabajadores, lo único que crecía en los conurbanos era el trueque, los merenderos y el aparato de moda no era una netbook ni un led ni un celular, nada de eso: era la olla popular. Sin pilas, sin cables y con algo de polenta.
¿Es, como dicen algunos, producto de que los nuevos incluidos rechazan a los que todavía falta por incluir? ¿O acaso la sistematización de la ofensiva mediática opositora finalmente logró concebir una mirada social en blanco y negro, y sin memoria de lo que ocurría hace apenas 134 meses?
Igual, el kirchnerismo haría mal en irritarse con los que lo critican o los que van a marchar este miércoles. El 18F no existiría sin sus conflictividades inevitables, productivas y conducentes.
Alberdi dijo hace mucho que gobernar era poblar. Perón, en el siglo pasado, que era crear trabajo. El de Alberdi era un país desbordante de pasturas y animales, pero escaso de gente. El de Perón, atravesado por la segunda guerra y el rediseño planetario entre las potencias emergentes, una oportunidad para aprovechar la bonanza.
Néstor y Cristina Kirchner, hijos de los ’70 y de un mundo como el actual, cuya complejidad y vértigo no se parecen en nada a lo conocido previamente, descubrieron que gobernar en el siglo XXI es crear los conflictos necesarios para transformar una nación de pocos en una de mayorías.
Eso genera adhesión y rechazo. Plazas llenas de alabanza y titulares catastróficos. El amor incondicional de algunos y el odio de los jueces, fiscales, banqueros, patrones y embajadores que ven amenazados su poder. El apoyo de mucha gente y la injerencia desembozada del embajador de los Estados Unidos en el caso Nisman y el insólito pedido de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense de que la causa AMIA tenga al frente “un fiscal independiente” y el paso del expediente a la Corte Suprema. El reconocimiento del gobierno chino, la potencia mundial para 2050, como “socio estratégico integral” de dos economías complementarias y la crítica furiosa del Foro de la Convergencia empresarial, de Clarín y Techint, por eso mismo.
Si se pone en Google "Alberto Nisman" y "Roger Noriega" surge a la vista una sugestiva comunidad de visiones geopolíticas. Noriega fue el secretario para el Hemisferio Occidental de George Bush, el mismo que se retiró humillado de Mar del Plata cuando el kirchnerismo, junto a los principales gobiernos de la región, decidió el fin de las relaciones carnales.
No hay mucho misterio para anticipar lo que puede ocurrir esta semana. El bloque de corporaciones nacionales y grupos de lobby extranjero generaron las condiciones para poner una multitud en la calle. Es la foto que les falta para explicarle al mundo que la Argentina está gobernada por el "régimen corrupto y criminal" que ellos denuncian desde hace rato, para satanizarlo y mandarlo al tacho de la historia. Y jugar luego con el país como un ave carroñera con su presa inanimada.
Si no fuera cierto que el kirchnerismo afectó intereses que parecían intocables durante su gobierno, si no fuera verdad que los conflictos eran inevitables para correr los límites de la democracia argentina, el poder de los que ahora se confabulan de modo despiadado contra su gobierno no sería tan desestabilizador como parece.
En toda esta trama falta un actor. Que más tarde o más temprano deberá expresarse. Son los millones que reconocen cada día que viven en un país mejor del que había hace diez años.
Esa masa silenciada será la que, cuando pueda pronunciarse, en la calle o en las urnas, definirá si esta batalla la gana la democracia o las corporaciones.
Agencia Efe
Los médicos forenses que dependen de la Corte Suprema dejaron plantado en la autopsia un diagnóstico: “En la muerte del doctor Alberto Nisman no participaron otras personas”. Este miércoles, la fiscal Viviana Fein hará públicos los dos informes complementarios de la autopsia, la anatomopatología y la toxicología. En el primer caso –según las fuentes– se ratificará que el disparo fue a menos de un centímetro, lo que respaldaría el diagnóstico forense. La toxicología es, hasta ahora, la mayor incógnita: se dice que se encontró una sustancia inhabitual, pero no en cantidades suficientes para afectar el nivel de conciencia del fiscal y así dejarlo dormido o inconsciente para simular la escena de un suicidio. Los peritos contratados por Sandra Arroyo Salgado presentarán un escrito con sus apreciaciones y pidiendo nuevas medidas. Por lo que se sabe, cuestionarán las conclusiones de los forenses, pero dejando abiertos los interrogantes.
Muerte dudosa
El problema clave consiste en cómo y hacia qué lado se mueve la calificación actual de la muerte de Nisman como muerte dudosa. La fiscal y la jueza Fabiana Palmaghini cuentan con una voz inicial muy poderosa, la de los forenses que hicieron la autopsia. Esos médicos no dependen del Ejecutivo sino de la Corte Suprema y en este caso se hizo público que incluso le llevaron las conclusiones al titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Esas conclusiones apuntan al suicidio sobre la base de tres elementos:
- La distancia del disparo, con el arma casi apoyada.
- El hecho de que no tenga lesiones defensivas en el cuerpo
- El espasmo cadavérico, que es el efecto de rigidez del cuerpo en un disparo autoinflingido, lo que produce que el dedo esté doblado como en el momento de apretar el gatillo.
Frente a ese cuadro, los peritos de Arroyo Salgado esgrimirán que el barrido electrónico no dio positivo, es decir que falta la prueba categórica de que el propio Nisman haya disparado. Y argumentarán también que el lugar del disparo, un par de centímetros por arriba de la oreja, es atípico. Esta controversia entre la familia de una persona que presuntamente se suicidó y los peritos oficiales es tradicional; se verifica en miles de casos a nivel mundial. Es muy difícil que los allegados admitan que su ser querido se quitó la vida, a menos que haya dejado una carta o un mensaje muy claro.
Teóricamente, la fiscal y la jueza tienen que llegar a una conclusión al final de la instrucción, dentro de los cuatro meses de producido el deceso, pero hay causas en las que el expediente siguió así, como muerte dudosa.
Baño
Es difícil que aparezcan evidencias que cambien la situación a partir de lo encontrado en el baño el viernes. Por lo que se sabe, la aplicación de reactivo apuntó a alguna mancha adicional de sangre. Por de pronto, habrá que verificar si se trata de sangre del propio fiscal y, en todo caso, parece difícil que exista una única gota, imperceptible, de un supuesto homicida. Los pelos son una evidencia aún más complicada, teniendo en cuenta que por ese baño –como lo dejó en claro la jueza Palmaghini– pasaron numerosas personas después del trabajo de la División Rastros.
Más allá de las frases dichas en la puerta de Le Parc, al menos por ahora, nada cambia el cuadro de situación: hasta el momento, ninguna evidencia pone un homicida en el escenario de la muerte.
Toxicología
Todos los toxicólogos forenses consultados por este diario sostuvieron que el estudio sobre las sustancias presentes en el cuerpo de Nisman no puede haber tardado más de una semana. Es decir que Fein tiene los informes desde fines de enero. Sin embargo, la fiscal anunció que dará a conocer los resultados el próximo día hábil, el miércoles. El elemento decisivo allí es si se encuentra algún fármaco en cantidad suficiente para haber producido algún estado de inconsciencia al momento de la muerte. La hipótesis en ese caso sería que alguien durmió al fiscal y después movió su cuerpo de manera de simular un suicidio. No es fácil armar la escena del baño, con el cuerpo obstruyendo la puerta y sin señales de arrastre, pero la presencia de un fármaco en grandes cantidades llevaría a analizar lo ocurrido de forma diferente. El dato se conocerá dentro de tres días.
Anatomopatología
Es el estudio microscópico de una parte de las vísceras –hígado, corazón, pulmones y otros–, pero, sobre todo en este caso, del orificio producido por el disparo. Aunque el informe definitivo de los médicos forenses estará el miércoles, los trascendidos indican que no hay demasiadas dudas. La distancia de disparo es de menos de un centímetro, lo que significa que el arma estaba casi apoyada y el tiro fue un par de centímetros por arriba de la oreja. Los peritos de Arroyo Salgado admitirán lo de la distancia, pero dirán que la ubicación del tiro, por encima de la oreja, es atípica, inhabitual en suicidas. Los peritos oficiales, en cambio, concluirán que es un lugar atípico, pero que existen muchos casos. La distancia del disparo es un dato de muchísima importancia, porque es muy difícil que alguien pueda acercarse con un arma a menos de un centímetro, sin producir una defensa, y eso es más difícil inclusive dentro de un baño.
Computadoras y celulares
El trabajo recién está comenzando. El perito informático designado por Arroyo Salgado, Gustavo Pressman, recién habría recibido el viernes los primeros archivos, que son copias-espejo de los archivos que existen en los celulares y computadoras. Como es obvio, en esa parte de la investigación se buscan varios elementos:
- Las últimas comunicaciones de Nisman. Ya está claro que habló con Antonio “Jaime” Stiusso. Eso se sabe no porque haya surgido de los celulares sino por las planillas de la empresa telefónica.
- Hoy en día es de máxima importancia verificar los mensajes de texto. Las empresas de celulares pueden determinar a quién le mandó o de quién recibió un mensaje; pero el contenido de un WhatsApp o mensaje de texto puede estar todavía en el celular.
- Se hará un estudio de los archivos de las computadoras. Hasta el momento, no se ha encontrado ningún mensaje que Nisman haya dejado y tal vez no exista. Pero debe chequearse.
- En la computadora seguramente se encontrarán copias de los mails enviados y recibidos. En esa información y la de los archivos puede haber material sobre amenazas o estados de ánimo del fiscal.
Todo indica que el análisis de celulares y computadoras todavía va a tardar bastante.
Psicología
Como adelantó en exclusiva este diario, Arroyo Salgado designó un psiquiatra forense en el equipo de peritos. La jueza fue muy cuidadosa en no descartar la hipótesis del suicidio cuando habló en el ámbito opositor en el Senado. “No sabemos todavía si estamos ante un hecho criminal”, dijo. La presencia del psiquiatra Ricardo Risso en el equipo de Arroyo Salgado demuestra que su idea es ahondar en el estado psicológico en el que se encontraba su ex marido. Risso recién asumirá como perito en la próxima semana y habrá que ver lo que decide la fiscal Fein en esta materia. Por ahora no ordenó ningún estudio ni indicó puntos de peritaje.
Lo que es habitual, ante la sospecha de un suicidio como en este caso, es que se haga algún estudio sobre el estado psicológico de la persona fallecida. El análisis se hace en base a quienes estuvieron y dialogaron con el fiscal en los últimos días, aunque en muchos casos no se detectan las anomalías. Se dice que durante 2014 Nisman dejó las sesiones de psicoanálisis y había tomado contacto con el Arte de Vivir, la corriente que lidera internacionalmente el gurú Ravi Shankar.
El arma
Como se sabe, el estudio de barrido electrónico realizado en Salta dio negativo, es decir que no se encontraron rastros de fulminante en la mano de Nisman. No es categórico, porque no significa que el fiscal no disparó, sino que significa que el fulminante no dejó rastro. Puede deberse a las características de la pistola, a su antigüedad y también a la antigüedad de los proyectiles. Por ahora Fein no ordenó otra pericia en la que se haría otro disparo con la pistola que usó Nisman y se vería qué ocurre con los rastros del fulminante.
Lagomarsino
El curioso técnico informático, cuyo contrato en la Unidad AMIA ya fue dado de baja, no fue llamado todavía a prestar declaración indagatoria por haberle entregado la pistola a una persona que no era legítimo usuario.
Según trascendió, hay un dato que juega a favor de él: las cámaras de los peajes lo habrían detectado yendo a lo de Nisman en la tarde del sábado 17; luego regresando a su casa a buscar el arma, volviendo a Le Parc a entregar la pistola y yendo definitivamente a su casa en Martínez después de las 20. Eso hace presumir que Lagomarsino –como él mismo contó– no estuvo en la escena de la muerte el domingo. De todas maneras, es obvio que se seguirá investigando su papel y cuál era realmente el trabajo que hacía, ya que cobraba una cifra altísima y no concurría a la Unidad. No menos curioso es el papel del abogado Claudio Rabinovitch, que igualmente tenía un contrato alto –33.000 pesos– y no se sabe cuál era su trabajo.
Stiuso
El ex hombre fuerte de la Secretaria de Inteligencia (SI) debería declarar en la semana que comienza mañana. Su influencia sobre Nisman era llamativa, al punto que el juez Rodolfo Canicoba Corral dijo públicamente que la lógica era que un fiscal liderara y un hombre de la SI estuviera bajo su liderazgo, pero que en el caso de Nisman y Stiuso los papeles se intercambiaban: el que lideraba era Stiuso.
El ex jefe de Operaciones de la SI estaba alineado con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel y el alineamiento de Nisman se hizo público cuando la organización Wikileaks dio a conocer los cables de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Sus constantes visitas a la delegación diplomática, el anticipo a la embajada de las medidas que iba a tomar, incluso la consulta sobre el contenido de algunos textos y, sobre todo, la aceptación del reclamo de Washington de que se siguiera sólo la pista iraní, dejando a un lado la pista siria y la conexión local. Todo eso dejó claramente expuesto su alineamiento en paralelo con el de Stiuso.
El punto de inflexión de Nisman-Stiuso fue el regreso intempestivo de Europa y la presentación de una insólita denuncia que ni siquiera el fiscal tenía bien terminada, porque –tal como le dijeron los jueces– no alcanzó a aportar ni la transcripción de las escuchas.
Es muy posible que Stiuso diga que los motivos de las últimas llamadas fueron intrascendentes o que sólo se referían a aspectos muy parciales de la denuncia del fiscal. No habrá manera de comprobarlo. Existe un dato adicional: según Lagomarsino le contó a una jueza –que así se lo transmitió a este diario–, Stiuso llamó a Nisman el día anterior a su muerte para decirle que desconfíe de su custodia y que les pusiera seguridad a sus hijas.
Habrá que ver si el ex espía cuenta algo de eso.
Sin embargo, quienes conocen cómo funcionaba el dúo Nisman-Stiuso apuestan a que desde la SI le habían prometido a Nisman una tonelada de escuchas para respaldar su débil denuncia. Nisman las necesitaba en forma desesperada. Lo cierto es que finalmente no le entregaron nada. O, como comentan, “le mandaron una caja de pizza”. Lo más probable es que Stiuso diga que no sabe nada de todo eso.
Fuente:Pagina12
14-2-2015
Nisman
En el garage de la UFI AMIA encontraron otro auto, que investiga la fiscalía
El Audi que usaba Nisman, un misterio que sigue estacionado en Le Parc
El auto Audi en el que se movilizaba Alberto Nisman continúa estacionado en el edificio de Le Parc de Puerto Madero, en donde casi un mes atrás se encontró sin vida al fiscal especial de la causa AMIA. El título de propiedad es de una empresa cuyo dueño está vinculado con un ex agente de la CIA. Es un misterio el motivo por el cual el funcionario judicial se movilizaba en ese vehículo y, además, si efectivamente tenía una cédula azul para poder manejarlo. El modelo es Q5, del año 2013, y su precio puede rondar entre los 90 mil y los 110 mil dólares.
Hace un par de semanas, y luego de la difusión de versiones periodísticas que indicaban que el automóvil marca patente MPC641 es propiedad de Palermopack SA, la jueza de Instrucción del Juzgado N°25 Fabiana Palmaghini solicitó la Inspección General de Justicia información sobre "los antecedentes de la sociedad a cuyo nombre se encuentra registrada la camioneta Audi incautada en la cochera asignada a la unidad funcional de Natalio Alberto Nisman".
La agencia de noticias Télam confirmó, en base a registros oficiales, que efectivamente el vehículo de alta gama pertenece a esa empresa propiedad de Fabian Aníbal y Claudio Alejandro Picón, y cuyas oficinas comerciales se encuentran en Paraná 244. Palermopack se dedica a “la fabricación, distribución y comercialización de envases metálicos y plásticos”. Fabián Picón se negó a hablar con Télam tras la consulta por su eventual vínculo con el fallecido fiscal. Consultado por teléfono, afirmó: "Seguro me están grabando" y antes de cortar, dijo: "Olvidate de mí".
Infojus Noticias confirmó que un apoderado de la empresa Palermopack se presentó en la fiscalía a reclamar la "devolución" del Audi Q5. La fiscal Viviana Fein no resolvió al respecto. Por otro lado, en el garage de la UFI AMIA fue hallado otro automóvil cuya propiedad sería de la ex SIDE. Estaba en desuso, estacionado allí desde hacía largo tiempo. La fiscal Fein no lo allanó, ni lo revisó. Lo hizo el fiscal subrogante de la UFI AMIA, Alberto Gentili. No se sabe con qué resultados.
Tal como consta en la web, Picón es socio comercial de las empresas Starpack y Easypack, de Eugenio Eduardo Ecke vinculado con Frank Holder, un ex agente de la CIA que actualmente tiene una empresa de seguridad privada -es decir, una agencia de detectives- llamada Kroll, y que opera en Estados Unidos y Latinoamérica.
Sin embargo, el abogado Carlos Alberto Telleldin, ex imputado de la causa AMIA, aportó otra duda sobre Picón al afirmar que éste es un ex agente de la CIA, tal como lo sostuvo en reiteradas ocasiones en distintos medios de comunicación, e incluso en su cuenta personal de Twitter.
Por lo pronto, su socio comercial está señalado como el operador local de Holder, así como Jefe de Seguridad de la empresa Exxel Group, que se quedó con las firmas de Alfredo Yabrán luego de su muerte. De hecho, fue vinculado en 1997 con el asesinato de José Luis Cabezas.
Además, la empresa de seguridad de la que es principal ejecutivo, de nombre Segar, está sospechada de tener vinculación con Ciro James, imputado por la causa de las escuchas ilegales durante la gestión macrista en las que está procesado, entre otros, el mismísimo Mauricio Macri. Recordemos que en esa causa, la imputación es por haber intervenido ilegamente ("pinchado") las comunicaciones, entre otros, de Sergio Burstein, miembro de la Agrupación 18J de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA.
Fuente:Infojus
Inmediatamente salieron a la luz denuncias que relacionan al fiscal Pollicita con el macrismo. Trabajó como asesor para el Club Atlético Boca Juniors en tiempos en que el Jefe de Gobierno porteño presidía la institución y fue recusado, por complicidad con el macrismo, en la causa que investiga la denuncia de Lorena Martins contra su padre, el exespía de la SIDE Raúl Martins, por regentear prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires.
Más atrás en el tiempo (2004), Pollicita fue quien archivó la causa en la que el exministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz había denunciado al espía “Jaime” Stiuso y a las mafias judiciales. El fiscal le dijo simplemente que era un “irresponsable”. Su historia sintetiza su ubicación política.
El juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, puede tomar medidas que vayan desde desestimar judicialmente la denuncia de Pollicita, hasta avanzar con la investigación o dejarla abierta por un buen tiempo. Pero más allá del curso judicial que tome la causa, el dato político es que la imputación a la Presidenta se produce a pocos días de la llamada “marcha de los fiscales”, convocada por una fracción de la casta judicial y la oposición tradicional. Una movilización probablemente importante que configurará otro elemento en esta guerra de desgaste que puede tener consecuencias cualitativas para uno y otro lado (por ejemplo, si los opositores se pasan en el "tono" y/o las acciones, no descartando operaciones “serviciales”). Los grandes medios y la oposición de derecha están trabajando la marcha de manera “inteligente”, poniendo al frente de la convocatoria a los fiscales (y no a los políticos) con un discurso "de homenaje", cuando la realidad es que son uno de los poderes más reaccionarios del estado.
La afrenta y la escalada que empezó con una fracción de los servicios de inteligencia y ahora suma a parte del aparato judicial, si bien no llega a la categoría de un “golpe blando”, en el sentido de intentar la interrupción del mandato presidencial, sí busca un desgaste cualitativo de la coalición de gobierno en general y de la fracción kirchnerista en particular, en el año de recambio presidencial.
Por su parte, el oficialismo postergó hasta el miércoles el debate de la reforma de la Ley de Inteligencia, convocando a la oposición a concurrir, algo imposible ya que ese mismo día, todos irán a la marcha “del silencio”. Al mismo tiempo, Gils Carbó nombro a cuatro fiscales y 45 asesores para reemplazar a Nisman en la unidad fiscal especial para el seguimiento de la causa AMIA (UFI-AMIA) con el propósito de conducir la causa a no se sabe que puerto en medio del impasse gubernamental.
El gobierno calificó la denuncia presentada por Pollicita de “entramado ficcional” y a través de la Procuraduría del Tesoro presentó ante el juez Rafecas documentos que responden a la causa presentada por Nisman. Pero esta defensa ante las inconsistencias de la denuncia de Nisman que da lugar a la imputación de Cristina Fernández llega relativamente tarde: el poder de daño de la imputación a la máxima autoridad estatal pegó primero.
Cosecharás tus bestias
El kirchnerismo alentó el armado de la llamada “pista iraní”, por lo menos desde el año 2006, puso a trabajar a Nisman con los servicios de inteligencia y especialmente con “Jaime” Stiuso, para fortalecer la “fabricación” de esa pista, descartando otros posibles responsables y la conexión local. La causa se armó en base a informes de una SIDE “colonizada” por los servicios extranjeros de la CIA y el Mosad. En el 2013, el Gobierno da un giro pragmático con el memorándum de entendimiento con Irán. Por lo tanto fue el Gobierno quien, además de mantener intactos a los aparatos de inteligencia y de la casta judicial (de esta último solo hizo cambios por arriba), alimentó a las bestias a las que un día dejó de darles de comer y hoy lo desafían.
Cuando se produce este giro, el kirchnerismo denuncia que comenzaron operaciones que muy probablemente tenían su origen en la Secretaría de Inteligencia (SI, ex – SIDE) y eso explica la repentina purga de la cúpula de la Secretaría y de Stiuso a fin de año pasado, junto a 45 agentes de los 1500 que conforman la planta permanente y reconocida de espías. Hoy se habla de nueva purga de otros 180 que para la estructura general es menos de un 20 %, pero incluso si así fuera potenciaría la “mano de obra dispuesta” para operaciones de cualquier tipo.
Por lo tanto, en lo que se refiere a la causa por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, donde murieron 85 personas y que lleva más de 20 años de impunidad; la pelea actual es un enfrentamiento de encubridores. Viejos socios, el Gobierno, los servicios y una parte de la casta judicial que fabricaron juntos la impunidad y luego se pelearon por cambios pragmáticos en la política y terminaron respondiendo a diferentes lealtades. Nisman y Stiuso como lo revelaron los wikileaks respondían a la embajada norteamericana, a la CIA y al Mossad.
Políticamente, la audaz movida de la oposición político-judicial pretende debilitar lo más posible a Cristina Fernández como la “gran electora de la sucesión”. Pero incluso más que eso: que el kirchnerismo no quede ni como factor condicionante de un eventual gobierno de Scioli y /o como movimiento de oposición pos 2015.
La izquierda y la crisis
En la llamada “crisis del campo” en el año 2008 se demostró que una debilidad estratégica del kirchnerismo fue no crear fuerza propia, incluso luego del triunfo del 54% hasta rompieron la coalición con Moyano y una parte importante de los sindicatos, quedándose solo con algunos aliados sindicales (los más impresentables).
Esta crisis de fin de ciclo, pese a que no hay catástrofe económica, reviste un carácter de crisis estatal, donde se desprestigia la autoridad de instituciones del Estado que el kirchnerismo decía haber “restaurado”. La conquista del Frente de Izquierda, en tanto postulante de una representación de la independencia política de la clase trabajadora debe ser un factor claramente diferenciado de los campos capitalistas en esta nueva crisis nacional. El fortalecimiento del FIT como polo de la izquierda clasista en la política nacional, sobre todo desde el 2013, se constata en esta crisis no sólo en el hecho de que hemos tenido una posición de separación de los bandos capitalistas y hemos sido una voz en la escena (aunque con diferencias tácticas y de consignas), sino también en que hemos influido en sectores de la izquierda (como el MST o el PCR) que son siempre proclives a ceder a alguno de los bandos en disputa. Esta vez no convocan a la marcha, a diferencia de la crisis del 2008 donde se alinearon con el campo.
Manteniendo esa posición independiente que en cierta medida se hizo “hegemónica” en la izquierda, el FIT interviene en la crisis política, apuntando a desarrollar una salida por izquierda al fin de ciclo kirchnerista. En primer lugar, no solo desestimando cualquier participación en la marcha “de los fiscales del encubrimiento” del próximo 18 de febrero, sino también levantado demandas irreconciliables con toda la oposición y el gobierno como lo es el reclamo de la apertura de todos los archivos de inteligencia y la puesta en pie de una comisión investigadora independiente, con plenos poderes, para investigar la verdad en las causas de la AMIA y la muerte de Nisman.
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/La-imputacion-a-la-Presidenta-un-salto-en-la-guerra-de-desgaste
Fuente:Rebelion
Jujuy
A diferencia del episcopado, los Curas en la Opción por los Pobres no adhieren al 18F
Viernes, 13 Febrero 2015
Por Grupo de Curas en la Opción por los Pobres. La trágica muerte del fiscal Nisman no sólo ha conmovido al país. También ha servido para que salgan a la luz oscuras operaciones contra la justicia y la democracia como ya hemos denunciado oportunamente desde el grupo.Mientras algunos sectores de la justicia se dedican –no sabemos si con responsabilidad o no– a la investigación, otros sectores han convocado a una incomprensible marcha el próximo miércoles 18 de febrero, a la que oportunistamente han adherido miembros de la oposición y otros sectores, algunos claramente antidemocráticos.
Y hoy vemos, con estupor, que la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina “hace pública su adhesión a la misma”. Lamentablemente, algunas actitudes de ciertos sectores eclesiales ya no nos sorprenden, pero así como hace años ante la actitud del obispo Aguer, garante de delincuentes, dijimos “no es la Iglesia”, hoy queremos repetir que estos sectores “no son la Iglesia”, es decir, que no representan a toda la Iglesia, que mayoritariamente es el pueblo creyente al que acompañamos como pastores.
Un grupo del poder judicial, amigos de poderosos y corporaciones, cómplices de cautelares y violadores sistemáticos de las leyes que duermen en cajones sigue mostrando su impudicia del lado del poder. Y – lamentablemente – un grupo del poder eclesiástico le hace llegar su bendición. Estamos habituados. Pero esperamos que el testimonio del Papa Francisco, que quiere “una Iglesia pobre y para los pobres”, impulse a toda la Iglesia a convertirse al pobre y buscar justicia. Justicia que sólo será legítima si empieza por los de abajo, si beneficia, en primer lugar, a las víctimas de la injusticia y no es cómplice de los victimarios.
Fuente:ElSubmarinoJujuy
15 de Febrero de 2015
Entrevista. Ariel Garbarz. Experto en seguridad informática
“Con Stiuso siempre estuvimos en veredas opuestas”“Mi trabajo siempre fue proteger las comunicaciones y la privacidad, la función de él era utilizar las comunicaciones para la inteligencia, o sea intervenir teléfonos, rastrear geográficamente los celulares”, dice Garbarz
–¿Cuál era el temor de Néstor Kirchner en esa época?
–Bueno, ellos ya tenían, antes de asumir, los informes técnicos suministrados por nosotros desde la Universidad de que muchos de los celulares del equipo que iba a integrar el próximo gobierno, que empezó el 25 de mayo del 2003, estaban intervenidos. Nosotros ya veníamos trabajando desde el gobierno de De la Rúa con este proyecto, pero con muchas dificultades, con muchos problemas con miembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado, ya que en varias ocasiones habíamos bloqueado intercepciones ilegales, o sea sin orden judicial. Lo que hizo Néstor Kirchner fue dar una orden política de que trabajemos todos en un mismo sentido y cambiar un poco, o intentar cambiar la nefasta historia que tenía la Secretaría de Inteligencia de ser un extrapoder que se manejaba en forma autónoma.
–Cuando a usted lo convocó Francisco Paco Larcher, entonces número 2 de la SIDE para hacer este trabajo, tuvo también alguna participación Jaime Stiuso?
–Nunca lo conocí a Jaime Stiuso, ni siquiera tuve la posibilidad de conversar con él por ningún medio. Larcher me pregunto si lo conocía, le dije que no, que tenía referencias de que era un ingeniero, de que era muy capaz profesionalmente en todo lo que es equipamiento electrónico para propósitos de inteligencia, pero era lo que se comentaba en el medio entre los ingenieros que nos dedicamos a la seguridad informática, pero siempre estuvimos en veredas opuestas, mi trabajo siempre fue proteger las comunicaciones y la privacidad, la función de él era utilizar las comunicaciones para la inteligencia, o sea intervenir teléfonos, rastrear geográficamente los celulares. Los teléfonos celulares siempre fueron de todos los servicios de inteligencia un soporte técnico fundamental para las tareas de inteligencia.
–¿Podría explicar cómo funciona la parte de observaciones judiciales, más conocida como Ojota?
–La Dirección de Observaciones Judiciales está en avenida de Los Incas 3834, un edificio que desde afuera parece un edificio de departamentos, y no de oficinas. Yo tuve la oportunidad de ingresar en ese edificio el 12 de septiembre del 2000, cuando el juez Jorge Urso ordenó allanarlo, ya que nosotros desde la Universidad habíamos detectado que había equipos con las mismas características técnicas que los que usaba la Dirección de Observaciones Judiciales que estaban interceptando las líneas de Jorge Lanata cuando dirigía la revista Veintitrés. Siguiendo esos peritajes técnicos que habíamos hecho el juez ordenó una serie de allanamientos, y cuando llegamos a la SIDE nos encontramos con dos equipos que respondían a las características técnicas que habíamos detectado con nuestro software y por eso el juez ordenó secuestrar esos equipos, pero antes de secuestrarlos nosotros entramos al edificio, analizamos cómo estaban funcionando, cómo estaban conectados, tuvimos la oportunidad incluso de abrirlos y de recopilar valiosa información técnica, los equipos eran marca Siemens, el modelo se llamaba Datavoice, y verificamos que no había ninguna forma tecnológica de asegurar que se estuvieran usando legalmente.
Los equipos solamente se utilizaban con una orden judicial y con los números de teléfonos que venían en la orden judicial, es decir cualquier empleado que tenía acceso a esos equipos, mediante la debida conexión con la empresa prestadora telefónica, podía intervenir el teléfono de cualquier abonado y no había forma de que la Justicia, fundamentalmente la Justicia Federal, que era la que hacia más uso de las órdenes de escucha, pudiera controlar si se estaban usando para las líneas y con el perfil que había sido definido por el juez interviniente. Es decir, pudimos corroborar que toda la estructura armada en ese edificio de avenida Los Incas perfectamente se podía usar para el espionaje legal y para el espionaje ilegal.
–Estamos hablando de varios años atrás... ahora existe tecnología mucho más sofisticada.
–En realidad lo que existe son equipos más avanzados, que agregaron mucha digitalización, pero sin embargo, aun los que se compraron durante el gobierno de Néstor Kirchner adolecían de una falta fundamental, que es una llave electrónica activada por la firma digital de un fiscal o del juez competente. Para que se entienda más claro: los equipos, por más que sean modernos, que sean digitales, si no tienen un dispositivo que asegure que el juez no solo libra un oficio sino que ese oficio se digitaliza, se encripta, se ocultan dentro del oficio en forma digital los números telefónicos...
–¿Podría ser con un código de barras?
–Sí, algo como un código de barras es una de las formas más antiguas, hay otras formas más modernas, pero el juez lo único que hace es firmar, una vez que firma se digitaliza la firma, hay varios medios de digitalización, que incluyen la firma del juez y los números telefónicos a intervenir, en qué horarios se los debe intervenir y si se los debe intervenir cuando hablan con otros determinados números telefónicos, y todo eso se carga automáticamente en el equipo interceptor y el equipo interceptor sólo puede seguir esa orden.
–Y también durante cuánto tiempo se debe intervenir.
–Exacto. Lamentablemente, a pesar de que se modernizó parcialmente el equipamiento de intercepciones telefónicas para la inteligencia, no se puso este dispositivo y por lo tanto durante todo el gobierno de Néstor y el gobierno actual de Cristina, hasta que recientemente fue disuelta la Secretaria de Inteligencia, perfectamente se podía utilizar ese equipamiento para hacer inteligencia ilegal o para generar un extrapoder utilizado por los mismos agentes que trabajaban para la SIDE o para la ex SIDE, para sus propios fines o para otros servicios de inteligencia extranjeros.
Fuente:MiradasAlSur
15 de Febrero de 2015
Panorama político
Falta oxígeno en la políticaLa noticia se conoció al mediodía del viernes 13, aunque había sido adelantada por el diario Clarín en la edición de esa mañana. Ante la certeza de que llegaba el embate del fiscal, las principales espadas del Gobierno tiraron leña al fuego por la mañana con la confusa idea de que la marcha del 18F tiene como principales protagonistas a Cecilia Pando o a abogados de narcotraficantes. Más consistencia que las diatribas tuvo el escrito presentado ante el juzgado de Rafecas firmado por la Procuración General del Tesoro –los abogados del Gobierno– con argumentos sólidos para refutar el escrito original de Nisman.
Quizá más importante que los fuegos de artificio de Pollicita resulte la presencia de Sandra Arroyo Salgado el jueves 12 por la tarde en el Salón Azul del Senado, donde solamente había legisladores de bloques opositores. En el recinto, a pocos metros, el oficialismo había conseguido quórum para dar media sanción a la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. El dictamen, que pasa ahora a la Cámara baja para su sanción definitiva, tomó sugerencias del CELS para mejorar el texto del Ejecutivo. Sin embargo, ese mismo organismo advirtió que no es conveniente un tratamiento exprés. En varios canales, se veía la pantalla partida de dos fenómenos que no deberían ser contrapuestos, aunque en la cultura política argentina parece que aceptar el conflicto no está bien visto. No hubo duelo oficial por Nisman y la madre de las dos hijas quiere avanzar con la investigación porque no comparte la teoría del suicidio, lo cual es lógico desde el punto de vista humano. ¿Cuál es la lógica de buscar algún mecanismo de interlocución para que legisladores oficialistas y opositores no tiendan puentes para que, en vez de presentar la pantalla partida de los canales, pudieran haberse realizado las dos actividades, la sesión y la conferencia opositora, una después de la otra? ¿Cómo va a salir Jorge Capitanich a decir que Arroyo Salgado habló para los medios, “especialmente para uno”? Y, ¿cuál es el cuidado que tienen los referentes opositores con una persona que vuelve a su casa a ver a sus hijas que perdieron al padre y la empujan a mostrarla como un trofeo contra el Gobierno?
A pocos días de la marcha de silencio promovida por un grupo de fiscales y referentes opositores, la agenda social y política no parece recibir oxígeno. Desde el 18 de enero, el debate mediático giró en torno de la trágica muerte de Nisman pero sobre la base de una gran incógnita y pocas certezas: hay una diferencia diametral entre un suicidio o el crimen planificado del fiscal que tenía nada menos que la causa por la voladura de la AMIA. La liviandad con que personas de la Justicia y la política, en medio de encendidos debates televisivos hablan del asesinato de Nisman, parece más para el diván del psicoanálisis o el tacho de basura que para el debate público responsable. Las noticias sobre los avances de la investigación salen en todos los medios y tienen una fuente inobjetable que es el portal del Ministerio Público Fiscal (fiscales.gob.ar). Allí, la fiscal Viviana Fein da cuenta de las medidas periciales y de las testimoniales que se llevan a cabo.
Hasta el momento, salvo la imputación a Diego Lagomarsino “por haber facilitado el arma” que disparó la bala que mató a Nisman, no hay otros acusados.
La vorágine periodística no debería ser hoguera medieval que convierta las incógnitas en crímenes de agentes secretos. No hay protocolos ni manuales de estilo para que los periodistas actúen con una responsabilidad capaz de mitigar el género del escándalo noticioso con que son tratadas una violación a una menor o la muerte del fiscal que imputó de encubrimiento a la Presidenta de la Nación. La sociedad vivió un sacudón por la muerte de Nisman y sobre ese sacudón se montan una cantidad de disparates surgidos de la boca de quienes ocupan espacios de responsabilidad y contribuyen a un clima de sosiego e inestabilidad.
Sin perjuicio del clima confrontativo que viven los referentes políticos y judiciales según estén alineados con el Gobierno o con la difusa oposición mediática, la marcha del 18F será un test que deberán analizar propios y ajenos con cierta frialdad. Es difícil poner un número a partir del cual esta convocatoria será un hecho político contundente o simplemente quedará como un homenaje a Nisman. De modo arbitrario, podría decirse que si concurren más de cien mil personas, que es más o menos lo que asisten a las marchas del Día de la Memoria (24 de marzo), la dirigencia argentina deberá tomar nota de que la convocatoria no fue solo un hecho político de signo opositor. No sumó nada el mensaje del diputado Jorge Landau respecto de que los jueces que concurran podrían ser recusados y el mismo secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, lo desautorizó para no crear una bola de nieve. Es comprensible que en los días previos los referentes del Gobierno y la propia Presidenta quieran diferenciarse de la convocatoria.
Sin perjuicio del espiral del conflicto, no parece conveniente meter todo en la misma bolsa.
Se sabía que el escrito de Nisman no iba a dormir el sueño de los justos y tampoco debe sorprender que, finalmente, ningún sector del Frente para la Victoria se desmarcó de la posición oficial. El caso más marcado, una vez más, es el de Daniel Scioli, acusado con saña por varios comunicadores de la Casa Rosada por haber estado en un evento de Clarín. Sin embargo, el gobernador bonaerense, y aspirante a ser el candidato del peronismo en las elecciones de octubre, dejó en claro que no asistirá a la marcha.
Habrá que hacer una lectura más desapasionada y sobre todo menos paranoica respecto de que las demandas sociales en seguridad y justicia suelen ser transversales, de ningún modo pueden ser vistas con un prisma partidario. Es más, en el marco de la Constitución, las motivaciones políticas de oficialistas y opositores tienen el mismo grado de legitimidad. Para los magistrados y funcionarios que violen reglamentos propios de sus funciones están previstos mecanismos de juicio político en caso de incurrir en faltas graves. Les corren las generales de la ley.
Un asunto pendiente, tras tres décadas de democracia, es construir políticas de Estado con mecanismos de consenso fuertes. Precisamente donde se logró eso fue con los juicios por delitos de lesa humanidad, que tuvieron como protagonistas a los gobiernos de Néstor y Cristina, promotores indiscutidos de esa política, al Congreso, que derogó las leyes de impunidad, y a la Justicia, empezando por la propia Corte Suprema y siguiendo por jueces y fiscales federales que tomaron la tarea en sus manos. De modo tal que desacreditar a la Justicia es de una estrechez completa. Al respecto, cabe recordar que el jefe del Ejército, César Milani, tendrá que enfrentar los tribunales por distintas causas y no hubo –como agitan algunos opositores– una obstrucción por parte del Ejecutivo. Los intentos de los abogados de Milani de frenar la citación en Tucumán por la desaparición del soldado Agapito Ledo no prosperaron y, tras las vacaciones del juez Daniel Bejas, hacia mediados de marzo, el jefe del Ejército tendrá que concurrir a los tribunales de Tucumán. Por otra parte, Milani tiene una causa por enriquecimiento ilícito que tramita en el juzgado de Rafecas. También en las próximas semanas retomarán impulso las causas que tienen como imputado a Amado Boudou. ¿Alguien puede decir que estas causas son una conspiración contra el Gobierno? Así como no cabe una condena anticipada, la sociedad no quiere impunidad. No lo quiso ni la quiere con el pasado genocida, pero tampoco con los eventuales hechos de corrupción de estos años.
Sería miope pensar que la marcha del 18F divide a los argentinos entre quienes quieren justicia y quienes no.
Desde ya, la trayectoria de varios de los magistrados convocantes los involucra con maniobras fraudulentas pero, por desgracia, el sistema judicial no los culpabilizó y por lo tanto no se puede vivir en el reino del carpetazo. Cabe recordar que en Brasil, al momento de celebrarse la segunda vuelta electoral, hubo una evidente maniobra mediática a través de la revista Veja, que sacó una edición especial para embadurnar a Dilma Rousseff y a Lula con un título sacado de la cloaca: “Ellos lo sabían todo”. Esa afirmación no surgía del expediente por la brutal corrupción descubierta entre directivos de Petrobras y líderes políticos del partido de gobierno y de otras fuerzas. Dilma, lo mismo, pudo imponerse y no obstruyó el procedimiento judicial. Este escándalo quizá se filtró por maniobras de espías o de empresas petroleras competidoras, pero una vez que los delitos son descubiertos, en democracia no deben ocultarse.
¿Alcanza con una Justicia que sólo actúa cuando se pierde la impunidad? Desde ya que no. Pero mucho peor es tapar el cielo con las manos. Las reformas judiciales no pueden plantearse para hacer una fuga hacia adelante y para gambetear los juicios contra los funcionarios, sean del partido que sea. Y, al respecto, debería agregarse: la prensa “no debería” servir para favorecer a un candidato de la derecha –sea brasileña o argentina–, pero eso no significa presionar a periodistas o ayudar a empresarios de medios amigos para que saquen de la agenda las causas que involucran a miembros del Gobierno. No sirven medios sin autonomía ni periodistas que miren solamente la mitad de la cancha. Poner sobre el tapete estos temas no significa esperar cambios inmediatos, pero esconderlos es para posponerlos a un futuro incierto.
Fuente:MiradasAlSur
CUANDO LOS SANTOS VIENEN MARCHANDO
Por Horacio Verbitsky
EL PASO A PASO DE LA BUENA CONCIENCIA Y EL DURO DESCENSO DEL ANTICLIMAX
Los miércoles, catarsis
La marcha del miércoles 18 repetirá algunos episodios históricos de las últimas siete décadas, representativos de un clivaje profundo de la sociedad argentina, de ninguna manera exclusivo de estos tiempos. Que todas las fuerzas de la oposición, política, económica, cultural, profesional, interna e internacional se manifiesten en las calles con absoluta libertad es una forma de sinceramiento de profundo valor catártico, un clímax del que habrá que prever el descenso.
Por Horacio Verbitsky
Por Horacio Verbitsky
Algunos de los memorables precedentes de la cita convocada para el miércoles son la marcha de la Constitución y la Libertad, del 17 de septiembre de 1945; la procesión del Corpus Christi del 11 de junio de 1955; la recepción del 23 de septiembre de ese mismo año a Eduardo Lonardi, quien dirigió un mensaje trémulo de buenas intenciones a una Plaza de Mayo llena a reventar; las marchas nocturnas convocadas en 2004 por el ex ingeniero Blumberg para una reforma punitivista del Código Penal; la congregación de la Sociedad Rural frente al jardín zoológico de julio de 2008; el gran cacerolazo de noviembre de 2012 y su réplica desteñida de abril de 2013. Pese a las diferencias de época y contexto, los asistentes a todos ellos tienen notorios elementos en común. Expresan a un sector muy significativo en la Ciudad de Buenos Aires y notorio en varias capitales provinciales, dotado de recursos materiales y simbólicos muy por encima de la media. Hoy como ayer defienden grandes principios, abstracciones avasalladas por los duros hechos de una realidad que les resulta hostil y enigmática, hasta que logran reducirla a una fórmula comprensible para su concepción binaria. Su principio básico es la buena conciencia y la generosa disposición a deponer rencillas menores en aras de los grandes valores, a unirse por la salvación de la patria o de la república, de la democracia o de la libertad, que siempre agonizan. Otra cosa es quienes convocan y manipulan. Walsh lo dijo mejor que nadie en la tercera edición de Operación Masacre, publicada en 1969. Allí instó a “no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos”.
Desde conservadores y socialistas hasta comunistas y radicales marcharon el 12 de octubre de 1945 hacia el Círculo Militar para pedir que la Corte Suprema de Justicia asumiera el poder con respaldo de las Fuerzas Armadas. Félix Luna destacó el carácter progresista de la plataforma con que esa Unión Democrática se presentó a las elecciones presidenciales de febrero de 1946. Pero sobra la experiencia para saber qué hicieron con esas declaraciones de principios los partidos que integraban la UD, cuando la suerte electoral o el golpismo militar les fueron más propicios. Entre ambas fechas se produjo la fiesta del monstruo, según el insuperable título de un cuento tan burdo que hasta se dudó que Borges y Bioy Casares lo hubieran escrito, en el que consignaron el significado que tuvo para ese sector el ascenso del peronismo. La misma unidad ante el mal absoluto explica que en junio de 1955 hasta liberales y marxistas se encolumnaran bajo los pendones eclesiásticos y envueltos por el humo de los incensarios, en contra de la separación de la Iglesia del Estado. Durante la batalla contra las retenciones, el componente de clase fue más ostensible pero aún así la Sociedad Rural celebró su bautismo de masas con las banderas rojas del maoísmo y el trotskysmo. Y en las movilizaciones de 2012 y 2013 coexistieron biblias con calefones y sables sin remache, la beautiful people, indignada por la corrupción, harta de los discursos en cadena con anuncios para los sectores más vulnerables y/o desesperada por comprar dólares.
Un gigantesco oximoron
La convocatoria de esta semana no es menos policroma y escenificará otro oximoron. Los propietarios del edificio demolido por el atentado pedirán que intervenga en la investigación la Corte Suprema de Justicia, que llegó al mismo callejón sin salida en la causa por el aún más antiguo atentado contra la embajada de Israel. Los acompañarán los fiscales que sabotearon el avance de la investigación al no sostener las apelaciones planteadas por las víctimas del estallido y que fueron denunciados por Memoria Activa, entre ellos el jefe de Comodoro Py, Germán Moldes, y el cerebro gris de la movida, Raúl Plee. La Iglesia Católica será representada por la Comisión Justicia y Paz de su Episcopado, cuyo presidente, Gabriel Castelli es un próspero hombre de negocios, director de la cementera Loma Negra, del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y de la cadena de supermercados Farmacity. Esta filiación del operador obispal ayuda a entender el repudio del Grupo de Sacerdotes en Opción por los Pobres, que denunció “oscuras operaciones contra la justicia y la democracia” por parte de “un grupo del poder judicial, amigos de poderosos y corporaciones”, al que “un grupo del poder eclesiástico hace llegar su bendición”. El anhelado golpe militar fracasó en 1945 por la irrupción de un nuevo actor político en defensa de las conquistas obtenidas en los dos años previos, pero tuvo éxito diez años después. En 2008 fueron ostensibles “el clima destituyente” y “el desprecio por la legitimidad gubernamental”, luminosos aportes a la comprensión de un momento complejo que el grupo Carta Abierta no ha conseguido apagar ni con los diecisiete somníferos posteriores. Ni el clima ni el desprecio contaban ya con un brazo armado que completara la obra, porque la subordinación castrense al poder político es uno de los logros transversales de la democracia argentina, que el kirchnerismo afianzó. Un burdo remedo se intentó con la organización de saqueos y los alzamientos de las fuerzas de seguridad en distintos lugares del país. Ni la economía, ni la política ni el conflicto social han conseguido desmoronar al gobierno, pese a que se aplicaron técnicas de desestabilización probadas en Africa y Asia. De allí la importancia de las posiciones simbólicas desde las que el gobierno es hostigado ahora. Si bien la mayoría de los fiscales nacionales y las entidades que agrupan a los provinciales se manifestaron en contra de la marcha, igual que varias organizaciones sociales, intelectuales y artistas, su número puede ser grande. Si el gobierno no corre a modificar sus políticas como con las leyes Blumberg, si mantiene la calma, como hizo en los últimos cacerolazos y paros sindicales, al apogeo que se alcance el miércoles le seguirá el ocaso que siempre sucede en ausencia de una organización capaz de capitalizar esa energía en una opción política. Lo sucedido con la reforma de la ley de Inteligencia nacional es un indicio acerca de la dificultad de las fuerzas de oposición para construir tal alternativa.
Fiscales y jueces
Sobre la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman resta poco por agregar: su dependencia de la embajada estadounidense, su identificación con el removido jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, su texto autocontradictorio y las desmentidas que provocó en quienes esperaba que fueran su principal soporte, como el ex secretario general de INTERPOL Ronald K. Noble, ya han sido detalladas en estas páginas, y el viernes en la presentación de la Procuración del Tesoro ante el juez Daniel Rafecas. Las investigaciones de Rafecas sobre el Holocausto se volcaron en su libro de 2012 Historia de la Solución Final. Una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos, que le generó empatía con las víctimas del atentado. Rafecas inscribe su investigación “en un proceso muy saludable que estamos viviendo en nuestro país de memoria, verdad, justicia, de revisión del pasado, de las dictaduras”, como declaró al presentar la obra. Esa opinión está respaldada por su tarea como juez: desde 2004 es el que más y mejor ha trabajado en causas por crímenes de lesa humanidad, lo cual lo coloca en el podio de los indispensables, junto con Leopoldo Schiffrin y Horacio Cattani. En ese sentido, es una garantía para todas las partes interesadas. Por supuesto, desde que se supo que el sorteo arrojó su nombre, la oposición sostiene que el gobierno, que forzó su alejamiento en la causa madre contra el vicepresidente Boudou y que había promovido su juicio político, le perdonó la vida cuando le tocó intervenir en la causa por enriquecimiento ilícito del jefe del Ejército, César Milani, que suponen encajonada. Prefieren desconocer los pronunciamientos a favor de Rafecas que enviaron al Consejo de la Magistratura los organismos de derechos humanos (incluida la abuela Estela Carlotto), la DAIA, el Consejo Nacional Armenio y los trabajadores judiciales, que hicieron ver al oficialismo y a la oposición radical (que lo detesta por su investigación sobre los pagos para la aprobación de la ley de precarización laboral) el desmesurado costo que tendría la remoción de un magistrado impecable, al que sólo podría caberle una sanción menor.
Distinto es el caso del fiscal Gerardo Pollicita, discípulo y admirador de Plee según su biografía autorizada que ayer publicó el matutino La Nación. Su requerimiento de instrucción no merece la misma descalificación que el mamotreto de Nisman. Era impensable que Pollicita desestimara la denuncia in limine. La acusacion de Nisman comprende a muchas personas, que no necesariamente correrán la misma suerte procesal. Una vez descartada la acusación por encubrimiento contra la presidente y su ministro, algunos de los acusados de tercera o cuarta línea podrían ser atrapados por el artículo 172 del Código Penal, por defraudar “con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Desde el comienzo, Pollicita advierte que se basa “pura y exclusivamente” en los elementos aportados en la denuncia y que recién ahora habrá que iniciar la investigación para ver si existe un delito y en ese caso quiénes son sus responsables. No fue él, sino Nisman, quien imputó a la presidente CFK y a su ministro Héctor Timerman. Su relato de los presuntos hechos no es más que una glosa de la denuncia de su difunto colega y ex subordinado, del que encomilla numerosas frases. Cuando no lo hace, usa el tiempo potencial, adjetivos como presunto, participios como supuesto o locuciones del tipo “según la hipótesis desarrollada” o “la denuncia entiende demostrado”. Por el contrario, el fiscal no sostuvo el llamado a indagatoria de la presidente, que sí había pedido Nisman. Esta cautela en las palabras y en los actos no se contagió a los títulos de prensa, que atribuyeron a Pollicita la imputación contra Cristina. Como su única fuente es la denuncia de Nisman, Pollicita también sostiene como columna vertebral de su requerimiento la presunta presión argentina para que INTERPOL levantara las alertas rojas, y no toma en cuenta la desmentida de Noble, porque recién a partir del viernes forma parte del expediente. Además reitera gruesos errores fácticos y conceptuales: le atribuye a la Comisión de la Verdad facultades jurisdiccionales, o potestades de carácter judicial, que el Memorando de Entendimiento no le asignó, y que actuaría en reemplazo del juez y del fiscal; sostiene que estaría integrada por iraníes, cuando el Memorando dice en forma explicita que deberán ser juristas de reconocimiento internacional, ni persas ni argentinos; y afirma que las conclusiones de esa comisión que nunca se formó estaban “arregladas de antemano”. Pollicita no traiciona a Nisman pero, con intención o no, lo pone en evidencia.
El cuento del cocodrilo
Por Horacio Verbitsky
No lo parece. El presidente de Meridian es el republicano Carlos M. Gutierrez, ex secretario en el gabinete del presidente George W. Bush y socio de la ex secretaria de Estado demócrata Madeleine Albright en la consultora Albright Stonebridge Group, contratada por Paul Singer para extorsionar al gobierno argentino, según informó el 26 de agosto pasado la columnista de finanzas del diario The New York Post, Michelle Celarier. Agregó que Gutierrez viajó a la Argentina “tratando de movilizar la oposición al gobierno”. El ministro de Economía Axel Kicillof y CFK revelaron el contenido de esa gestión: Gutierrez amenazó al jefe de Gabinete Jorge Capitanich con un ataque especulativo contra el peso hasta forzar una nueva devaluación; ataques y denuncias mediáticos internacionales para desgastar a Cristina; impedir el pago local de los vencimientos de la deuda reestructurada y el acceso a cualquier financiamiento internacional. Esto ayudaría a instalar el año próximo un gobierno favorable a un acuerdo con los fondos buitre. Gutierrez también habría mencionado la contratación de periodistas y dirigentes sindicales para que contribuyeran a esa estrategia.
Meridian es una organización de enlace entre el Departamento de Estado y las mayores corporaciones “para responder a los desafíos globales”. Sus sponsors son Chevron, Coca Cola, Goldman Sachs y VISA. Otro de sus directivos es el abogado de Nueva York Charles H. Camp, cuya especialidad es descubrir y recuperar fondos ocultos para que sus clientes cobren deudas impagas de deudores deshonestos. Para ello cuenta con “una red de ex agentes de Inteligencia” que investigan cuentas bancarias, intereses comerciales de personas y países. “Una vez localizados los activos, pueden ser congelados y recuperados mediante ordenes judiciales.” Como Albright y Gutierrez, Bonnie Glick traspasó varias veces la puerta giratoria entre el Estado y las mayores corporaciones. Si Gutierrez fue presidente de la alimentaria Kellogg’s y vicepresidente del banco Citi, Bonnie Glick se encargó de las relaciones de IBM con sus clientes latinoamericanos. En el Departamento de Estado tuvo destinos llamativos, en el equipo que defendió en las Naciones Unidas la Operación Tormenta en el Desierto y en las embajadas en Etiopía al finalizar el gobierno comunista, y Nicaragua, luego de caída del sandinismo. Es decir, es una experta en la delicada especialidad del cambio de régimen. El episodio recuerda el cuento del médico cuyo paciente sueña que un cocodrilo lo acecha debajo de su cama. Cuando falta a una consulta, el médico se comunica con la familia. “Se lo comió un cocodrilo”, informa la madre.
Gente con pericia
Por Horacio Verbitsky
La jueza Sandra Arroyo Salgado designó como peritos de parte al “prestigioso médico forense” Osvaldo Raffo y al “especialista en criminalística” Daniel Salcedo, según la calificación al uso en la perezosa prensa local. No es seguro que sepa quiénes son. Protegido del ex jefe de la Policía Bonaerense Pedro Klodczik, Salcedo fue Superintendente de Policía Científica y Jefe de Policía y uno de los negociadores del contrato con la empresa francesa Sagem Securité para digitalizar los antecedentes personales, mediante el software y el hardware Automated Fingerprints Identification System (AFIS). Al retirarse pasó al otro lado del mostrador como representante del IAFIS Group, distribuidor de Sagem en la Argentina. Salcedo está asociado en el grupo Kustos de seguridad con el vocal de la Asociación Empresaria (AEA) Teddy Karagozian. Además de los negocios, es un hombre de convicciones ideológicas. Como Superintendente de Policía Científica, entregó parte de la capacitación de sus técnicos en criminalística y seguridad a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), una organización confesional conducida por Fray Aníbal Fosbery, que colaboró con el gobierno militar de 1976 a 1983 y que hoy objeta los juicios por los crímenes de entonces. El primer peritaje que no halló rastros de pólvora ni de los materiales del fulminante en la mano del fiscal fue realizado en la sección Balística de la Policía Científica bonaerense, cuya Superintendente es la Comisaria Mayor Liliana A. Sivak, a quien Salcedo trajo desde Mar del Plata y con la que mantiene estrecho contacto.
En 1981, el oficial principal Osvaldo Raffo le escribió al general Ramón Camps que sintió “un problema de conciencia y de dignidad” cuando supo que Jacobo Timerman denunció haber sido torturado. Él revisó a Timerman en la jefatura de policía y “no presentaba signo alguno de violencia externa”. Su tremenda descripción de Timerman es la de un hombre “de actitud humilde y tímida”, quien “era tratado correctamente”. Sólo asustado a golpes, Timerman podia parecer humilde y tímido.
El 19 de junio de 1984, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Raffo contó que además de revisarlo por orden del comisario Miguel Etchecolatz también asistió a un interrogatorio a Timerman. De inmediato advirtió el riesgo e intentó explicar que más que “un interrogatorio policial” le pareció “una plática entre personas, una conversación” sobre “política, cuestiones sociales y económicas”. En ese amable diálogo entre amigos que describe Raffo, a Timerman se le ocurrió contar “que había recibido cincuenta millones de dólares o cincuenta mil dólares, no puedo especificar, para la compra o venta de las máquinas de su diario”. (Cincuenta mil o cincuenta millones, para comprar o para vender. Ojalá su peritaje en el caso Nisman sea algo más preciso). Raffo también dijo que “no se somete a tortura a los detenidos en la policía de la Provincia de Buenos Aires” aunque casi todos alegan “haber sido objeto de malos tratos por razones especulativas”; se trata del “autolesionismo que se hace el delincuente o el pistolero”. En cambio dijo “haber visto cadáveres de personas detenidas en cárceles del pueblo, por guerrilleros, que estaban torturadas a golpes y con corriente eléctrica”. Ante una pregunta respondió que “no le puedo dar nombres exactos”. porque “uno veía estas lesiones a las apuradas y no se hacía todo un informe médico legal”. Se consignaban “como si fueran de combate”. Una vez que “se tomaba conocimiento, se pasaba al jefe y todo se olvidaba porque había otras cosas importantes que hacer”.
Cuando la Cámara Federal de la Capital realizó el juicio que el Consejo Supremo demoraba, uno de los casos tratados en la causa 44/85 fue el de Jorge Rubinstein, abogado y apoderado de David Graiver, quien murió de un ataque al corazón en la mesa de torturas. Aunque el informe de la Morgue Policial de La Plata decía que “no se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen la presunta culpabilidad de terceros”, los fiscales Julio Strasera y Luis Moreno Ocampo dijeron que tres de los cinco médicos que efectuaron la autopsia ignoraban que Rubinstein se encontraba detenido. Pero la Cámara desestimó la relación causal entre tortura y muerte basándose sólo en el informe de la autopsia. En el juicio del Circuito Camps que concluyó en diciembre de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N1 consideró probado que una intensa sesión de tormentos le provocó la muerte, a raíz de lo cual condenó a prisión perpetua al ex ministro de gobierno James Smart que autorizó esas torturas. En su libro de 2014 La marca de la Infamia, la Madre de Plaza de Mayo de La Plata Adelina Alaye revela la identidad de los médicos policiales que participaron en aquella autopsia engañosa: uno de ellos era el Jefe del Cuerpo Médico de la Unidad Regional de San Martín, Osvaldo Raffo. La autopsia sólo dice: “Insuficiencia cardíaca aguda como consecuencia de su propia patología; que no se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen culpabilidad de terceros”. En forma insistente describe la cirugía de by pass que le habían realizado poco antes, el esternón abierto por la operación y los alambres de acero de la sutura. “El foco lo pusieron en el corazón enfermo. Once fotografías acompañan el informe, y varias de ellas contienen la aclaración de que no se observan signos de violencia externa”. Pero en el acta de la autopsia, el subcomisario instructor Martín Berruezo hace constar que Rubinstein murió en el “local policial” donde estaba “alojado”, de modo que los policías médicos sí sabían de antemano que ese cadáver era de un detenido y de dónde provenía. Lo que no autopsiaron fueron los genitales, las muñecas y los tobillos, donde hubiera podido comprobarse que estuvo atado durante la tortura. Al aceptar el cargo de perito de Arroyo Delgado, Raffo dijo la semana pasada que “la autopsia es una continuación del examen del lugar del hecho”. No actuó con la misma sabiduría en 1977.
El gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, anunció que no irá a la marcha por la muerte de Alberto Nisman. “Yo también quiero que se esclarezca el caso. Pero no quiero oportunismo por las marchas de Santa Fe ni por las de Buenos Aires”, advirtió Bonfatti, quien explicó que tomó esa decisión para no “terminar embarrado” en el “juego perverso de amigo o enemigo” y advirtió sobre “la pérdida de la calidad institucional” que induce a tener que tomar “partido por el multimedio (Clarín) o por el Gobierno”. El ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas Militares, Luis Moreno Ocampo, y Raúl Zaffaroni también cuestionaron la marcha.
“En un país normal yo iría, pero en este país están todos los juegos de intereses alrededor de la forma de construir política donde terminamos todos embarrados. Y yo no voy a terminar embarrado”, advirtió Bonfatti. Su antecesor y precandidato presidencial del socialismo, Hermes Binner, anunció días atrás que marcharía y el partido también adhirió a la movilización. El santafesino explicó que quiere “dar un mensaje de que los argentinos tenemos que ponernos de acuerdo con el diálogo”. “No voy a concurrir porque soy gobernador y no voy a entrar en el blanco y negro. Quiero dar un mensaje diferente a la sociedad”, explicó. “No tengo nada que ver ni tengo la cola sucia”, agregó.
“Creo que llegamos a un punto en el que terminamos tan mal que planteamos las cosas en blanco y negro. Si estamos de un lado o del otro”, graficó Bonfatti y añadió: “Lo más grave que nos está ocurriendo es la pérdida de la calidad institucional, donde todos dudan de todos. Entonces usted toma partido por el multimedio (Clarín) o por el Gobierno”.
Moreno Ocampo también se mostró contrario a marchar. “La presión tiene que ser dirigida a investigar el caso Nisman y a reformar la Inteligencia argentina. Esos son los dos puntos”, apuntó el ex fiscal, quien también se refirió a la denuncia contra CFK: “Yo me tomé el trabajo de leer las páginas ésas y la verdad que no hay pruebas de que la Presidenta o alguien haya hecho un acuerdo para la impunidad”.
Por su parte, Zaffaroni dijo que la del próximo miércoles “es claramente una manifestación opositora”. Señaló también que el hecho de que los fiscales participen “es una forma más de partidización” y calificó de “descabellada” la denuncia contra la Presidenta.
Por Horacio Verbitsky
La jueza Sandra Arroyo Salgado designó como peritos de parte al “prestigioso médico forense” Osvaldo Raffo y al “especialista en criminalística” Daniel Salcedo, según la calificación al uso en la perezosa prensa local. No es seguro que sepa quiénes son. Protegido del ex jefe de la Policía Bonaerense Pedro Klodczik, Salcedo fue Superintendente de Policía Científica y Jefe de Policía y uno de los negociadores del contrato con la empresa francesa Sagem Securité para digitalizar los antecedentes personales, mediante el software y el hardware Automated Fingerprints Identification System (AFIS). Al retirarse pasó al otro lado del mostrador como representante del IAFIS Group, distribuidor de Sagem en la Argentina. Salcedo está asociado en el grupo Kustos de seguridad con el vocal de la Asociación Empresaria (AEA) Teddy Karagozian. Además de los negocios, es un hombre de convicciones ideológicas. Como Superintendente de Policía Científica, entregó parte de la capacitación de sus técnicos en criminalística y seguridad a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), una organización confesional conducida por Fray Aníbal Fosbery, que colaboró con el gobierno militar de 1976 a 1983 y que hoy objeta los juicios por los crímenes de entonces. El primer peritaje que no halló rastros de pólvora ni de los materiales del fulminante en la mano del fiscal fue realizado en la sección Balística de la Policía Científica bonaerense, cuya Superintendente es la Comisaria Mayor Liliana A. Sivak, a quien Salcedo trajo desde Mar del Plata y con la que mantiene estrecho contacto.
En 1981, el oficial principal Osvaldo Raffo le escribió al general Ramón Camps que sintió “un problema de conciencia y de dignidad” cuando supo que Jacobo Timerman denunció haber sido torturado. Él revisó a Timerman en la jefatura de policía y “no presentaba signo alguno de violencia externa”. Su tremenda descripción de Timerman es la de un hombre “de actitud humilde y tímida”, quien “era tratado correctamente”. Sólo asustado a golpes, Timerman podia parecer humilde y tímido.
El 19 de junio de 1984, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Raffo contó que además de revisarlo por orden del comisario Miguel Etchecolatz también asistió a un interrogatorio a Timerman. De inmediato advirtió el riesgo e intentó explicar que más que “un interrogatorio policial” le pareció “una plática entre personas, una conversación” sobre “política, cuestiones sociales y económicas”. En ese amable diálogo entre amigos que describe Raffo, a Timerman se le ocurrió contar “que había recibido cincuenta millones de dólares o cincuenta mil dólares, no puedo especificar, para la compra o venta de las máquinas de su diario”. (Cincuenta mil o cincuenta millones, para comprar o para vender. Ojalá su peritaje en el caso Nisman sea algo más preciso). Raffo también dijo que “no se somete a tortura a los detenidos en la policía de la Provincia de Buenos Aires” aunque casi todos alegan “haber sido objeto de malos tratos por razones especulativas”; se trata del “autolesionismo que se hace el delincuente o el pistolero”. En cambio dijo “haber visto cadáveres de personas detenidas en cárceles del pueblo, por guerrilleros, que estaban torturadas a golpes y con corriente eléctrica”. Ante una pregunta respondió que “no le puedo dar nombres exactos”. porque “uno veía estas lesiones a las apuradas y no se hacía todo un informe médico legal”. Se consignaban “como si fueran de combate”. Una vez que “se tomaba conocimiento, se pasaba al jefe y todo se olvidaba porque había otras cosas importantes que hacer”.
Cuando la Cámara Federal de la Capital realizó el juicio que el Consejo Supremo demoraba, uno de los casos tratados en la causa 44/85 fue el de Jorge Rubinstein, abogado y apoderado de David Graiver, quien murió de un ataque al corazón en la mesa de torturas. Aunque el informe de la Morgue Policial de La Plata decía que “no se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen la presunta culpabilidad de terceros”, los fiscales Julio Strasera y Luis Moreno Ocampo dijeron que tres de los cinco médicos que efectuaron la autopsia ignoraban que Rubinstein se encontraba detenido. Pero la Cámara desestimó la relación causal entre tortura y muerte basándose sólo en el informe de la autopsia. En el juicio del Circuito Camps que concluyó en diciembre de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N1 consideró probado que una intensa sesión de tormentos le provocó la muerte, a raíz de lo cual condenó a prisión perpetua al ex ministro de gobierno James Smart que autorizó esas torturas. En su libro de 2014 La marca de la Infamia, la Madre de Plaza de Mayo de La Plata Adelina Alaye revela la identidad de los médicos policiales que participaron en aquella autopsia engañosa: uno de ellos era el Jefe del Cuerpo Médico de la Unidad Regional de San Martín, Osvaldo Raffo. La autopsia sólo dice: “Insuficiencia cardíaca aguda como consecuencia de su propia patología; que no se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen culpabilidad de terceros”. En forma insistente describe la cirugía de by pass que le habían realizado poco antes, el esternón abierto por la operación y los alambres de acero de la sutura. “El foco lo pusieron en el corazón enfermo. Once fotografías acompañan el informe, y varias de ellas contienen la aclaración de que no se observan signos de violencia externa”. Pero en el acta de la autopsia, el subcomisario instructor Martín Berruezo hace constar que Rubinstein murió en el “local policial” donde estaba “alojado”, de modo que los policías médicos sí sabían de antemano que ese cadáver era de un detenido y de dónde provenía. Lo que no autopsiaron fueron los genitales, las muñecas y los tobillos, donde hubiera podido comprobarse que estuvo atado durante la tortura. Al aceptar el cargo de perito de Arroyo Delgado, Raffo dijo la semana pasada que “la autopsia es una continuación del examen del lugar del hecho”. No actuó con la misma sabiduría en 1977.
Santa Fe
BONFATTI DIJO QUE NO PARTICIPARA EN LA MOVILIZACION DEL MIERCOLES
Un socialista que no marcha
Bonfatti dijo que no quiere “terminar embarrado” en el “juego perverso de amigo o enemigo”.
El gobernador de Santa Fe se diferenció de su partido y explicó que “quiere dar un mensaje diferente a la sociedad” y no “entrar en el blanco y negro”. Luis Moreno Ocampo y Raúl Zaffaroni también criticaron la marcha a un mes de la muerte de Alberto Nisman.
“En un país normal yo iría, pero en este país están todos los juegos de intereses alrededor de la forma de construir política donde terminamos todos embarrados. Y yo no voy a terminar embarrado”, advirtió Bonfatti. Su antecesor y precandidato presidencial del socialismo, Hermes Binner, anunció días atrás que marcharía y el partido también adhirió a la movilización. El santafesino explicó que quiere “dar un mensaje de que los argentinos tenemos que ponernos de acuerdo con el diálogo”. “No voy a concurrir porque soy gobernador y no voy a entrar en el blanco y negro. Quiero dar un mensaje diferente a la sociedad”, explicó. “No tengo nada que ver ni tengo la cola sucia”, agregó.
“Creo que llegamos a un punto en el que terminamos tan mal que planteamos las cosas en blanco y negro. Si estamos de un lado o del otro”, graficó Bonfatti y añadió: “Lo más grave que nos está ocurriendo es la pérdida de la calidad institucional, donde todos dudan de todos. Entonces usted toma partido por el multimedio (Clarín) o por el Gobierno”.
Moreno Ocampo también se mostró contrario a marchar. “La presión tiene que ser dirigida a investigar el caso Nisman y a reformar la Inteligencia argentina. Esos son los dos puntos”, apuntó el ex fiscal, quien también se refirió a la denuncia contra CFK: “Yo me tomé el trabajo de leer las páginas ésas y la verdad que no hay pruebas de que la Presidenta o alguien haya hecho un acuerdo para la impunidad”.
Por su parte, Zaffaroni dijo que la del próximo miércoles “es claramente una manifestación opositora”. Señaló también que el hecho de que los fiscales participen “es una forma más de partidización” y calificó de “descabellada” la denuncia contra la Presidenta.
OPINION
El silencio y la furia
Un puñado de fiscales con historia. Dirigentes políticos marchan detrás. Repaso de su pasado y de otras movilizaciones. Requerir no es procesar, ni una parte es el todo. Vericuetos de las causas judiciales.
Por Mario Wainfeld
“El poder del video se extiende con pocos contrapoderes a la vista (...). Más profundamente, produce también efectos sobre la misma morfología del sistema institucional. Desde este punto de vista, aparece claramente otra faz de la TV: ser un coproductor del proceso político. No sólo escenifica sino que también puede operar.”
Devórame otra vez.
Oscar Landi, 1992.
“Es una tremenda verdad y un hecho básico de la Historia (...) que frecuentemente o, mejor, generalmente el resultado final de una acción política guarda una relación absolutamente inadecuada y, frecuentemente, incluso paradójica con su sentido originario. Eso no permite, sin embargo, prescindir de ese sentido.”
La política como vocación,
Max Weber.
Un grupo de fiscales, casi todos desprestigiados, lanzó la convocatoria a la marcha del 18-F. Se dice a su favor que tienen años de experiencia, lo que disimula que fueron compadres del menemismo. Con tanto rodaje, algún ingenuo podría preguntarse por qué no ascendieron en el generoso escalafón de Tribunales. Para quienes anidan en Comodoro Py una explicación es que son más poderosos con ese rango y lugar que en un cargo superior. Otra es que su versación jurídica, su capacidad intelectual y sus antecedentes los hacen poco competitivos para concursos medianamente serios.
Como fuera, la movilización, todo lo indica, trascenderá largamente la capacidad de convocatoria de personajes desconocidos para el gran público, lo que les conviene (a los fiscales referidos, se entiende). Los medios dominantes la han transformado en una causa justa, una cruzada.
Los partidos opositores con más votos se sumaron, con subterfugios como “marcha apolítica”, “ir sin banderas”, pero caminarán con aire contrito detrás de los funcionarios judiciales haciendo rostro y reclamando cámara. Estarán calladitos, interinamente: ya hablarán en días y semanas ulteriores en la generosa plataforma de la Corpo y sus satélites.
Hace rato que las clases medias o altas le han encontrado el gusto y el manejo a “la calle”. La aparición de Juan Carlos Blumberg supo ser un momento augural. La brega contra las retenciones móviles fue otra. La ocupación del espacio público habilita ventajas políticas, en particular en la etapa kirchnerista: la del miércoles será una nueva ocasión. Conjeturar más, en la previa, es aventurado o hasta timbero.
Pe(s)cadores a río revuelto: Varios de los políticos, no todos, que estarán a la zaga de los fiscales (y viven a la zaga de Clarín), carecen de antecedentes como manifestantes por algo vinculado al atentado contra la AMIA. Los que fueron menemistas porque los salpica o concierne el único encubrimiento comprobado. Fue piloteado por el ex presidente Carlos Menem, su secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y el ex juez Juan José Galeano. La causa respectiva llegará a juicio oral, se espera que en el próximo invierno, a once años de la masacre.
El jefe de Gobierno Mauricio Macri fue hospitalario con Jorge “Fino” Palacios, uno de los procesados en ese expediente. Lo conchabó como jefe de la Policía Metropolitana, en su momento fundacional. El líder de PRO se “justificó” luego diciendo que se lo había recomendado la CIA. En fin... Por ahí, a los “servicios” gringos no les importaba la conducta de Palacios, para un político argentino debía ser relevante. Con la designación, Macri se granjeó el repudio de las organizaciones de familiares de víctimas de la AMIA. Son luchadores que integran y enaltecen a la colectividad judía, aunque la Vulgata atribuye esa condición sólo a la dirigencia de la DAIA y la AMIA, cómplice del ocultamiento con Menem y altiva hoy.
El diputado Sergio Massa, presidenciable del Frente Renovador (FR), procuró un momento de fama postulándose como querellante en las causas vinculadas al atentado a la AMIA. Massa es abogado, recibido hace poco en una universidad privada. Un cliente reconocido, rico y poderoso seguramente no se diploma como premio al estudio sino como reciprocidad por el pago. Así que puede concedérsele que sea un ignorante del derecho. Tiene abogados con mejor formación alrededor, podrían haberle explicado que su movida era una payasada, cuyo rechazo distraería al juzgado de labores más acuciantes.
En cualquier caso, es dudoso que muchos de los que caminen detrás del “corralito” de los fiscales-vanguardia hayan estado en movilizaciones por el atentado a la AMIA, durante largos 20 años. Ni hablar de las conmovedoras jornadas de Memoria Activa frente a Tribunales. Su interés es repentino, su archivo los expone.
La imputación cantada: El fiscal Gerardo Pollicita marcharía el miércoles si no estuviera designado en el expediente que trajina la denuncia de Nisman por encubrimiento. Nadie puede imaginar que sea imparcial respecto del Gobierno al que aborrece política e ideológicamente. Le cupo dictaminar sobre la denuncia, más allá de su corazoncito tenía jugada única. Archivarla de movida es inusual y en esta coyuntura lo lapidaría ante sus aliados, opositores fervorosos todos. Presentó un requerimiento, en dialecto jurídico, que equivale a instar que se investiguen los hechos denunciados. Matizó un poco los planteos de Nisman, atento a las críticas demoledoras que recibió. No pidió indagatorias para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni para el canciller Héctor Timerman, otra exorbitancia de la denuncia. El expediente se pondrá en marcha, propuso medidas de prueba y secreto del sumario, que aspira a socavar con filtraciones a Clarín, algunas ya concretadas.
Los medios opositores se arrobaron con el uso de la palabra “imputada” como sinónimo de “procesada”. No hay tal, para un procesamiento harán falta pruebas y no relatos salvajes.
Es una falacia en un bosque de muchas, otra artimaña.
El juez federal Daniel Rafecas adelantó su regreso de las vacaciones: estará a cargo de la causa desde el primer día hábil de la semana, el miércoles ya famoso. Aunque sus piezas principales fueron difundidas, seguramente las repasará en el papel.
Conforme al caduco Código Procesal vigente, tan endiosado por la oposición, el juez puede hacerse cargo de la instrucción o dejarla en las (poco recomendables en este caso) manos del fiscal. Rafecas no adelantó qué hará pero baqueanos de tribunales predicen o intuyen que lo tomará a su cargo. Derivar el caso Ciccone al fiscal Carlos Rívolo le causó muchos quebraderos de cabeza, sería torpe tropezar con una piedra parecida.
Rafecas no es un juez promedio de Comodoro Py. Proviene de otra camada que la banda de la servilleta, tan de moda en los quinchos VIP. Es estudioso y profesional. Investigó al ex presidente radical Fernando de la Rúa contra quien armó un caso muy consistente que fue demolido sin fundamentos sólidos por un tribunal oral compuesto en parte por un juez procesista y otro boina blanca.
También investigó al vicepresidente kirchnerista Amado Boudou. Esa osadía dual, en base a sus convicciones (opinables como todo), le valió ser objeto de una ofensiva bipartidista para destituirlo en el Consejo de la Magistratura. La respectiva denuncia sigue abierta y estuvo a un tris de ser uno de los últimos contubernios bipartidistas.
Rafecas es un profundo conocedor de la cultura judía y un estudioso del Holocausto. Publicó un excelente libro, Historia de la solución final. Tal saber ni es necesario ni suficiente para juzgar el pleito que arde como brasa en sus manos. Pero habla de una postura ideológica valorable, ajena a un montón de pescadores en el río revuelto. El gobernador cordobés José Manuel de la Sota, sin ir más lejos, metió una pata descomunal hablando de lo que no sabe ni le importó hasta hace unas horas.
Asociaciones lícitas: El viernes pasado se habló en esta columna de la causa que investiga la muerte dudosa y violenta de Nisman. El cronista prefiere remitirse a ella que repetirse, por consideración al espacio y a los lectores habituales. Baste decir que su avance existe aunque es lento. De momento, solo el pícaro Maximiliano Rusconi, abogado del opaco informático Diego Lagomarsino, puso miguelitos en el pavimento. La derecha política mediática y judicial promueve que el expediente sea derivado a Comodoro Py, donde juega de local. Una porción atendible de las críticas a la fiscal Viviana Fein reconoce esa finalidad.
La procuradora Alejandra Gils Carbó, que sigue en el medallero de los protagonistas demonizados, designó un conjunto de fiscales para reemplazar a Nisman en la unidad AMIA. El trabajo colectivo es una virtud de la medida. Evitar la concentración de poder en un solo fiscal viene en combo. Queda raro hablar de poder cuando se analiza a “la Justicia” pero resulta que existe.
Los nombrados son funcionarios con buenos desempeños previos. Se cuestiona que dos pertenecen a Justicia Legítima, que se parangona con una asociación ilícita. No lo es, para nada, su presunto pecado es promover un debate dentro del críptico Poder Judicial. Seamos amplios: ni siquiera la Asociación de Magistrados equivale a una banda, aunque pululen en ella jueces truchos, ultra clarinistas y fiscales de mala fama.
Activar la causa principal sobre el atentado es una misión peliaguda que ronda con lo imposible. Tras décadas de ocultamientos, todos previos al memorándum con Irán, sería una labor ciclópea hallar nuevas evidencias o desentrañar la maraña de embustes y encubrimientos. De cualquier forma, debe hacerse el intento porque el delito es imprescriptible y el Estado no puede darse por vencido.
A judicializar, a judicializar: Fiscales desconocidos por casi toda la ciudadanía aspiran a ser vanguardia de una muchedumbre, que jamás podrían congregar en circunstancias normales.
Dirigentes opositores, se prevé, serán seguidos por mucha “gente”, en cantidad que ya ni tratan de interpelar en sus actos de campaña.
Si el oficialismo, cuando se pone optimista, aspira a sacar el cuarenta por ciento de los votos es un dato que hay muchos ciudadanos adversarios al Gobierno. Es presumible que la marcha del 18-F les habilite un canal para transmitir su espíritu opositor, su malestar, su bronca o su odio, que pueden mezclarse en dosis surtidas. Forma parte del juego democrático al fin. Sería más redondo si cada cual sincerara sus premisas y pertenencias, aboliendo el odio. En la coyuntura, es mucho pedir.
Los medios son actores protagónicos, ya lo dijo Landi en una de las citas que encabeza esta nota. Lo señaló hace añares, en la prehistoria del poder mediático. Clarín tiene demandas concretas para el próximo gobierno. Abolir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es prioritaria. Abortar las investigaciones sobre la adquisición de Papel Prensa, otra. La cereza del postre sería recuperar el manejo de la transmisión de fútbol por tevé. Y van por más.
Los dirigentes opositores podrán darse un baño de multitudes que no se dan maña para atraer a actos proselitistas.
La expresión “judicializar la política” es habitual en muchas latitudes, cada cual puede explicarla a su sazón. Para el cronista, vale la pena parafrasear lo que escribió el sociólogo francés Pierre Rosenvallon en el libro La contrademocracia: “El ciudadano se ve tentado de encontrar en los tribunales lo que ha desesperado de obtener por la elección”. En criollo: pescar vía Comodoro Py lo que no se consigue en las urnas.
Parangones con los ex presidentes Isabel Perón o Richard Nixon, pedidos de juicio político son modos equívocos de llamar a una destitución irregular. El juicio político en regla es imposible porque lo impide la conformación del Congreso, decidida por el pueblo soberano.
Es una señal interesante, digna de mención.
Una oposición cuya mejor oferta es derogaciones de leyes a granel o alianzas con las corporaciones aduce que tiene ganadas las elecciones de octubre. Si así fuera, le compete custodiar su patrimonio... si le falta le cabe laburar para construirlo.
Los antagonismos son válidos y hasta deseables. El odio que se incuba y promueve es mal humus para el sistema político. A más de tres décadas de la recuperación de la democracia, sería deseable que la competencia electoral fuera para los líderes políticos el juego que mejor saben y más le gusta. Sería deseable.
Fuente:Pagina12
14-2-2015
Nisman
La causa por presunto encubrimiento de la causa AMIA
“En las 300 páginas de la denuncia no hay pruebas contra la Presidenta”
Lo dijo el ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas y ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. También cuestionó la marcha del silencio que realizará un sector del Poder Judicial el próximo miércoles. También el jurista León Arslanian criticó la medida tomada por el fiscal Gerardo Pollicita: "Merece una desestimación".
Telam
“Es una marcha común de todos, pero el tema es a dónde marchamos”.
Con respecto a la denuncia del fiscal Alberto Nisman, el ex fiscal de la Corte Internacional aseguró que "no hacen falta pruebas para hacer una denuncia", en tanto señaló que "por ahora en las 300 páginas del fiscal especial no hay ninguna prueba que muestre que la Presidenta o el Ministro o alguien más ofrecía impunidad a los autores del atentado".
A su vez, marcó que el hecho de que Nisman presente el caso "está bien" porque "una acusación no exige un nivel de prueba". Sin embargo, calificó de "raro" qué Nisman hablara como si tuviera prueba porque "por ahora hay cero pruebas". "Yo me tomé el trabajo de leer las páginas esas y la verdad que no hay pruebas de que la Presidenta o alguien haya hecho un acuerdo para la impunidad", aseguró Moreno Ocampo.
Con respecto a la investigación de la muerte de Nisman y al trabajo de la fiscal del caso, Viviana Fein, Moreno Ocampo indicó que hay que ayudarla y pidió la colaboración de los medios para buscar datos sobre "qué pasa en la inteligencia, qué pasó con Stiuso, qué pasó con la relación Stiuso-Nisman y cómo se manejaba eso".
Consultado acerca de la eventual intervención de organismos extranjeros, Moreno Ocampo sostuvo que "la investigación del caso Nisman se puede hacer acá" y subrayó que "hay que hacerlo ahora y hay que hacerlo bien". Y acotó: "Lo que pasa es que la Argentina necesita un FBI, no una CIA. Tenemos una CIA operando para adentro y necesitamos un FBI". También añadió: "Adentro no se puede operar. Ese fue el resultado de lo que aprendimos en los 70. No se puede hacer inteligencia adentro de la Argentina; transformarnos en amigos y enemigos".
“La denuncia no pone en conocimiento del juez ningún delito”
También el jurista y ex ministro de seguridad bonaerense León Arslanian se expresó sobre el avance que efectuó el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que impulsaba Nisman al afirmar que "merece una desestimación". Y recordó que la denuncia “en su momento fue rechazada por la jueza Servini de Cubría y finalmente recaló en el juzgado de Rafecas”.
Además, explicó en declaraciones a Radio del Plata que "esto es un trámite de naturaleza procesal”, por lo que "frente a una denuncia debe darse intervención al Ministerio Público Fiscal para que éste haga el requerimiento de instrucción. Es decir, que ejerza la acción penal, porque si no hay ejercicio de la acción penal el juez no puede intervenir”.
De esta forma, marcó que "hubo un requerimiento y con motivo del mismo, y como cualquier otro tipo de trámite, se ha hecho una imputación”. Con respecto a la denuncia del fiscal Alberto Nisman, Arslanian marcó que "carece de consistencia" y no pone en conocimiento del juez "ningún delito”.
Consultado sobre la marcha del silencio, el ex ministro de seguridad bonaerense resaltó que “la marcha del 18F es una marcha opositora que toma como detonante la muerte de Nisman”. Al mismo tiempo, Arslanian cuestionó que “con el motivo de tributarle un homenaje por parte de algunos ex colegas suyos se haya montado un acto de naturaleza política que tiene distintas lecturas y complejidades”.
Señaló además que desde el punto de vista judicial el "grave problema" es que esta marcha "tiene como trasfondo un presupuesto que consiste en que la muerte de Nisman no fue un suicidio sino que fue un homicidio y esto es lo que hace que en todo caso la sociedad o partidos políticos opositores hagan una reclamación que apunte a esa hipótesis”.
También criticó a los fiscales que "son conscientes de que están siendo el instrumento" para una convocatoria a una macha política. “Si ellos hubiesen deseado tributar un homenaje hubieran tomado recaudos y seguridades para que esto no tuviera este grado de expansión o no se le sumasen tantas expresiones que no tiene nada que ver con el homenaje en sí”, concluyó Arslanian.
14-2-2015
Nisman
La causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA
Alertas rojas: Interpol ya desmintió lo que afirma la denuncia de Nisman
Nisman
La causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA
Alertas rojas: Interpol ya desmintió lo que afirma la denuncia de Nisman
El organismo internacional negó en reiteradas veces y en forma tajante que el gobierno argentino haya intentado levantar esos pedidos. Esta negativa derrumba el principal eje de la acusación de presunto encubrimiento.
Timerman muestra una de las cartas emitidas por Interpol.Foto Patrick Haar
En la foja 107, la denuncia de Nisman sostiene que "la baja de las notificaciones rojas constituyó el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo y el canciller Timerman aceptó y contribuyó a ello. Hizo todo lo posible para que ese objetivo fuera cumplido por Interpol, más allá de sus declaraciones públicas en sentido contrario, porque sostener la verdad además de confesar su participación en el plan delictivo, hubiese sido incompatible con los reclamos de justicia. La diligente y a la vez inesperada -para los encubridores- actitud de Interpol, específicamente de su secretario general, Ronald Noble, lo impidió".
Del mismo modo, en la foja 120 Nisman da cuenta de una reunión entre Timerman y el secretario general de Interpol el 26 de noviembre de 2013, en la sede de la organización en Lyon. Allí asegura que el canciller argentino intentó convencerlo "para que cediera y dispusiera el cese de las notificaciones rojas". A su vez, en la página 270 de su escrito, el fiscal resaltó que uno de los puntos fundamentales de su denuncia era que "el plan pergeñado por Cristina Fernández incluyó el cese de las notificaciones rojas de Interpol -un plan inesperadamente frustrado por firme accionar del secretario general Ronald K. Noble-", reiteró.
Sin embargo, la desmentida que hiciera el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, en dos oportunidades (en una carta al canciller Timerman y en una nota al matutino Página/12) respecto de que nunca el Gobierno argentino ni si quiera insinuó que se den de baja las alertas rojas que pesaban sobre los imputados iraníes, desmiente en forma terminante el núcleo central de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman según la cual -para lograr el "pacto de impunidad" con Irán- se solicitaría a Interpol la baja de las circulares rojas.
En la entrevista concedida a Página/12, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, sostuvo de manera categórica que "lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos contra los funcionarios iraníes." Y manifestaba: "Al contrario, señor Nisman: el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí."
Del mismo modo, en la carta que le enviara al canciller Timerman, el ex secretario general de Interpol, a quien el propio Nisman le atribuía haber frenado el supuesto plan criminal que denunciaba, volvía a cargar contra el fiscal y sus afirmaciones. En la misma, Noble señalaba: "Escribo para dejar en claro su posición y la del gobierno argentino en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al atentado terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA (…) En cada ocasión que usted y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol, emitidas en relación al caso AMIA, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes".
Y agregaba: "Usted pidió que Interpol exprese por escrito si las notificaciones rojas se mantenían sin cambio, válidas y vigentes y el 13 de marzo del 2013, el concejero general de Interpol declaró inequívocamente por escrito que la validez y la situación de las notificaciones rojas no se vieron afectadas". "En mayo del 2013 -continuaba la carta- usted pidió que Interpol deje en claro que cualquier esfuerzo por parte de Argentina e Irán para cooperar en el caso AMIA en formas concretas no deberían afectar a la validez de las notificaciones rojas de Interpol. Usted ha declarado expresamente que la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, usted como ministro de Relaciones Exteriores y todo el gobierno argentino se mantenían cien por ciento comprometidos a que las notificaciones rojas de Interpol permanezcan en efecto".
Por otra parte, respecto del encuentro del 26 de noviembre de 2013, en el que Nisman afirmó que Timerman intentó convencer a Noble para que cediera y levantara las alertas rojas, el propio Noble en su carta afirmó que Timerman "reiteró que la posición del gobierno argentino es que las alertas rojas debían permanecer en efecto, sin cambios, debían seguir siendo válidas".
Con todo, queda por demás claro que la denuncia realizada por el fiscal Nisman, y por la cual el día viernes el fiscal Pollicita decidió imputar a la Presidenta de la Nación y a su canciller, no constan de sustancia alguna al haber sido desmentida rotundamente en su núcleo argumental, por el mismo Ronald Noble, ex jefe del Servicio Secreto de los Estados Unidos, quien en el reportaje a Pagina/12 añadió que Nisman "mentía" cuando afirmaba lo contrario.
15 de Febrero de 2015
MÁS CUESTIONAMIENTOS A LA DENUNCIA DEL FISCAL
Randazzo: "Es un verdadero disparate"El ministro cuestionó a la justicia por el avance contra la presidenta y dijo que no le perdonan "la autonomía e independencia".
Precandidato - El ministro de Interior y Transporte y aspirante presidencial respaldó a Cristina Fernández - Foto: télam
"Imputar a la presidenta de la República por un memorándum que fue público y ratificado por el Parlamento nacional es absolutamente un disparate", indicó. De esta forma, Randazzo se sumó a otros precandidatos presidenciales y dirigentes del Frente para la Victoria que se manifestaron públicamente sobre el avance de la acusación contra la presidenta que impulsara el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien no se apartó ni una coma de la denuncia que "heredó" del difunto fiscal especial de la UFI AMIA, Alberto Nisman.
Justamente, el ministro de Defensa y precandidato presidencial por el kirchnerismo, Agustín Rossi, volvió ayer a referirse sobre el tema: dijo que la decisión de Pollicita es "una expresión desestabilizane" y sostuvo que existe un "círculo rojo que está mal usando lo que ha sido la terrible muerte del fiscal Alberto Nisman para intentar generar un desgaste en la figura de la presidenta". Para el funcionario el objetivo es "que eso tenga implicancias electorales este año" ya que "se trata de una presentación que no tiene sustentabilidad jurídica".
Otro de los precandidatos a la Casa Rosada por el FPV, el titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, aseguró ayer que la imputación a la presidenta pretende "dañarla". Para el legislador nacional, la acusación "es una novela de hechos que no existieron". "El encuadre legal que propone el fiscal resulta absurdo", definió.
"El hecho de que un representante del Ministerio Público Fiscal realice un acto de tales características muestra inequívocamente la falacia de quienes pretenden asegurar que en la Argentina no existe división de poderes, que el Poder Ejecutivo de la Nación coarta la labor de los jueces y fiscales, o que, en definitiva, se encuentre en peligro el Estado de Derecho", razonó Domínguez.
En la misma sintonía crítica se manifestó la presidenta del bloque de Diputados del FPV, Juliana di Tullio. "Es un golpe de Estado en proceso desde un sector del Poder Judicial", afirmó la legisladora. La responsable de la bancada oficial afirmó que a un sector de la justicia "se le fue la mano" y marcó que "se les nota mucho y la gente se da cuenta". Di Tullio recordó que "en un solo día" se le dio curso "a una denuncia sin fundamentos" contra la primera mandataria y "pocas horas después otro fiscal hace una imputación descabellada contra el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Salud y la ministra de Desarrollo Social". Finalmente, sostuvo que "lo mismo que pasa en nuestro país, sucede en la región".
"Se les fue la mano, se les nota mucho y la gente se da cuenta. Le dan curso a una denuncia sin fundamentos."
Juliana Di Tullio
Diputada nacional
"Por lo que se ve, no hay ningún tipo de prueba. Ni siquiera hay actos preparatorios para un delito."
Graciela Giannetassio
Diputada nacional
"El sector conservador tiene el plan de desestabilizar a la presidenta, y cuenta con lo peor del Poder Judicial y de los medios."
Martín Sabbatella
Nuevo Encuentro
"Es una novela de hechos que no existieron. El encuadre legal que propone el fiscal resulta absurdo."
Julián Domínguez
Diputado nacional
Respaldo bonaerense
Intendentes de la provincia de Buenos Aires manifestaron su "preocupación" por "la avanzada en la judicialización de la política", en referencia al pedido de imputación de la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios y dirigentes por parte del fiscal Gerardo Pollicita.
El texto lleva la firma de casi 40 jefes comunales bonaerenses, encabezados por Fernando Espinoza, de La Matanza, además titular del PJ provincial. "Observamos con preocupación la avanzada en la judicialización de la política puesta de manifiesto mediante denuncias de público conocimiento que carecen de sustento y que parecen vincularse a motivaciones malintencionadas", dice el comunicado.
Los intendentes, del Frente para la Victoria y también de otras fuerzas políticas, expresaron en el documento su "apoyo incondicional" a la presidenta "en función de los hechos de naturaleza política y jurídica que se vienen sucediendo y que ponen en riesgo la institucionalidad y la división de los poderes del Estado".
El texto señala que existen "sectores" que "intentan una vez más atentar no contra un gobierno, sino contra una democracia que el pueblo argentino todo, con su lucha, ha logrado recuperar y consolidar".
15 de Febrero de 2015
ESCENARIO
El 18F y los conflictos conducentesEl próximo miércoles, el bloque judicial, político y mediático opositor buscará la foto que demuestre al mundo su rechazo al gobierno nacional. Geopolítica, desestabilización y desafío democrático.
Foto: diego paruelo
Aclarada esta ley de la física política más elemental, asumir que el gobierno de Cristina Kirchner sufre hoy el asedio de corporaciones histéricas que procuran, desde un final de mandato anticipado hasta dañar las posibilidades de continuidad del kirchnerismo en las urnas, habla en realidad de lo lejos que llegaron muchas de sus políticas en relación a las que se aplicaban en los albores del 2000, cuando el país estuvo al borde de la disolución.
Desde entonces, para correrse del lugar de administrador de la catástrofe y construir gobernabilidad por vía de la legitimidad pública, el kirchnerismo forzó una serie de conflictos perentorios que revitalizaron y dieron sentido a la democracia extraviada, esa misma que heredó de manos de los que hoy integran el batallón de indignados a reglamento con soluciones mágicas a todos los males.
Habrá que reconocerles a Néstor y Cristina Kirchner que, un poco por audacia, otro tanto por cálculo, a veces por convicción y casi siempre por necesidad, concibieron un programa sobre la marcha que los depositó en la vereda de enfrente de la vieja política y sus métodos, de los cómplices civiles del genocidio, de los monopolios informativos, de la elite empresaria egoísta, de las patronales agrarias, de un sector de la patria financiera, de ciertas empresas europeas como Repsol, del Reino Unido y su base militar en Malvinas, del sindicalismo más corporativo, de la iglesia más conservadora que se opuso a las leyes igualitarias, de los holdouts más usureros que torpedearon la reestructuración de la deuda soberana, de la familia judicial, de los servicios de Inteligencia y hasta de la administración de George Bush, hundiendo el ALCA en Mar de Plata, ese corralito comercial pensado por los Estados Unidos para los países de la región.
La sola enumeración genera agobio. Todo pasó en 11 años y medio. De una democracia formal, anulada en sus posibilidades de integración y promoción social, pasamos a otra, vertiginosa y confrontativa, que así como logró ensanchar el horizonte de derechos consagrados y reclamables, también produjo una larga fila de poderosos rumiando venganza. Todos con múltiples capacidades de daño.
Cuando faltan poco más de nueve meses para que Cristina termine su segundo mandato, al que llegó con el 54% de los votos, el bloque de los muchos ofendidos por sus decisiones parece haberse articulado y generado un plan para intentar escarmentarla por la osadía de estos años.
La marcha del 18F, convocada por fiscales y jueces de la "familia judicial" opositora a los cambios en el Código Procesal Penal, a la designación de la procuradora Alejandra Gils Carbó y a los aires democratizadores que impulsó el oficialismo en la judicatura cuando se dio cuenta de que vía cautelares y causas sinuosas trataban de impedir el funcionamiento independiente de los otros dos poderes de la república, el Ejecutivo y el Legislativo, es una escalada en la resistencia de los sectores oscurantistas que dominan desde hace décadas el Poder Judicial.
Es grave la acusación sin pruebas del fiscal federal Gerardo Pollicita, pero mucho más compleja en su elaboración es la apuesta a llevar este conflicto a la calle utilizando el cadáver de Alberto Nisman como bandera. No se trata del uso político del caso, sino de evaluar qué tipo de política adoptó este grupo esperpéntico y cuáles son las herramientas de las que dispone para erosionar al gobierno.
El manejo arbitrario y discrecional de los tiempos de determinadas causas judiciales y la provisión de dictámenes y acusaciones escandalosas por goteo contra los funcionarios del Ejecutivo y miembros de la familia presidencial que abastecen a los diarios opositores de tapas y noticias siniestras tienen como objetivo primordial aislar al kirchnerismo de la expectativa social en un lento proceso de demonización de sus figuras, en un año electoral.
Son variadas las razones que otorgan verosimilitud a la estrepitosa saga judicial en un sector duro, aunque no mayoritario, de la población. Difícil entender también cómo un grupo de funcionarios judiciales, entre los que se encuentran varios que no podrían explicar sus patrimonios y sus fallidas actuaciones en causas resonantes, consiguió la adhesión de la misma franja social, contradictoria y efervescente, que se movilizó ya varias veces por ausencia de un programa partidario que la contenga en sus demandas. Tal vez se trate de un capítulo catártico más. O de la puesta en marcha de una candidatura de derecha pura y dura que considere a Mauricio Macri un candidato demasiado tibio para su exigencia. Todo eso está por verse.
El kirchnerismo, aún soportando el asedio, debería tener en cuenta que si personalizan el ataque a sus referentes, es porque les resulta mucho más difícil hacerlo frontalmente con sus políticas. La aún inexplicada muerte de Nisman le cayó del cielo al oportunismo de "la famiglia" judicial. De haber convocado a una marcha en contra de los proyectos de democratización de la justicia, esta hubiera sido rala, como lo fue el primer intento con el fiscal José María Campagnoli. En cambio, montarse sobre el natural estupor y recogimiento generado por el lamentable episodio en la torre Le Parc de Puerto Madero, seguramente va a arrimarle a este grupo algunas multitudes en su propósito de jaquear al gobierno que consideraba, hasta la ofensiva democratizadora, apenas inamistoso, y desde entonces, un enemigo abierto.
De todos modos, pensar que el grado de belicosidad que demuestran es el mayor problema para la estabilidad del gobierno, sería atribuirles un poder que no tienen de manera aislada. Este es apenas uno de los frentes de acoso que sufre la administración oficial. No el único, tampoco el más peligroso.
Lo preocupante es el grado de articulación que comienza a hacerse evidente entre los distintos frentes que componen la avanzada antikirchnerista, es decir, los heridos por las conflictividades conducentes que el mismo gobierno declaró durante su gestión.
Pelearse con las AFJP para que el 100% de las personas en edad de jubilarse tengan cobertura previsional, fue un conflicto conducente.
Batirse a duelo con los fondos buitre y el juez Thomas Griesa para que no voltearan juntos la reestructuración de la deuda y estafaran al Estado con sus bonos, fue otro conflicto conducente.
Lo mismo podría decirse de la expropiación de Repsol para nacionalizar YPF y asegurar la soberanía del país en Vaca Muerta, de la recuperación de las paritarias como método indexatorio de los salarios frente a la clásica despreocupación patronal por el sostenimiento del mercado interno, del hundimiento del intento de anexión económica de los Estados Unidos a través del ALCA por inconveniente para la industria local, de la batalla antimonopólica contra el Grupo Clarín S.A. que se jactaba de almorzar presidentes democráticos, de las retenciones a las rentas extraordinarias del agro que permitieron financiar el más ambicioso plan de políticas inclusivas de toda América Latina, de la fumigación en el Banco Central que arrebató su conducción a los cuadros financieros del establishment y consiguió el fin de la timba, las corridas y la paz cambiaria, de la vigilancia sobre la estructura de precios en un mercado oligopólico y concentrado que se vio obligado por el Estado a poner productos en las góndolas más accesibles al bolsillo, y del impresionante juzgamiento de grupos empresarios concretos como promotores y beneficiarios del último genocidio, en un gesto simbólico imprescindible que ayuda a comprender por qué un día la Argentina, el país cuya elite se ufanaba de ser la más educada de la región, llegó a convertirse en una sucursal sangrienta de la Alemania Nazi.
Todos estos conflictos (hay muchos más) condujeron a algo. Esto que vivimos. En el marco de una democracia imperfecta, mejorable, irresuelta, pero no herida de muerte como lo estuvo en el 2001. Una que pasó de asegurar la desigualdad crónica, a otra que permitió ilusionarse con la igualdad como valor asociado irrenunciable.
Pero hay gente que no logra vincular estos conflictos con las mejoras, muchas o pocas, de su vida cotidiana. El martilleo mediático sobre la subjetividad de un sector consiguió aislar los resultados positivos de los conflictos necesarios que los hicieron posibles. Kirchnerismo, para ese grupo de gente, es sinónimo de crispación, pelea, país partido y grieta. Cualquier cosa que diga Cristina, aunque sea un comentario trivial sobre su nieto, es la confirmación de este prejuicio fabricado por los dueños de la concentración mediática y la agenda pública, desde la prepotencia que esa misma concentración les permite. En esto, en la censura empresaria a cuestiones relevantes para la comprensión de lo que sucede, han sido sumamente eficaces. Porque, al escamotearle a la sociedad la verdad sobre el enérgico mecanismo político y cultural que produjo las mejoras, hoy se naturaliza en vastos sectores asuntos que no son nada naturales, si se los coteja con nuestra historia reciente.
Previo al kirchnerismo, hace 11 años había un 52% de pobreza, un 28% de desocupación, los gremios industriales tenían apenas un tercio de los afiliados que hoy tienen, las empresas se debatían entre pedir la convocatoria de acreedores, la quiebra o cerrar definitivamente sus puertas, los docentes no tenían salarios porque no cobraban, los trenes y colectivos atravesaban la ciudad vacíos o semivacíos por falta de trabajadores, lo único que crecía en los conurbanos era el trueque, los merenderos y el aparato de moda no era una netbook ni un led ni un celular, nada de eso: era la olla popular. Sin pilas, sin cables y con algo de polenta.
¿Es, como dicen algunos, producto de que los nuevos incluidos rechazan a los que todavía falta por incluir? ¿O acaso la sistematización de la ofensiva mediática opositora finalmente logró concebir una mirada social en blanco y negro, y sin memoria de lo que ocurría hace apenas 134 meses?
Igual, el kirchnerismo haría mal en irritarse con los que lo critican o los que van a marchar este miércoles. El 18F no existiría sin sus conflictividades inevitables, productivas y conducentes.
Alberdi dijo hace mucho que gobernar era poblar. Perón, en el siglo pasado, que era crear trabajo. El de Alberdi era un país desbordante de pasturas y animales, pero escaso de gente. El de Perón, atravesado por la segunda guerra y el rediseño planetario entre las potencias emergentes, una oportunidad para aprovechar la bonanza.
Néstor y Cristina Kirchner, hijos de los ’70 y de un mundo como el actual, cuya complejidad y vértigo no se parecen en nada a lo conocido previamente, descubrieron que gobernar en el siglo XXI es crear los conflictos necesarios para transformar una nación de pocos en una de mayorías.
Eso genera adhesión y rechazo. Plazas llenas de alabanza y titulares catastróficos. El amor incondicional de algunos y el odio de los jueces, fiscales, banqueros, patrones y embajadores que ven amenazados su poder. El apoyo de mucha gente y la injerencia desembozada del embajador de los Estados Unidos en el caso Nisman y el insólito pedido de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense de que la causa AMIA tenga al frente “un fiscal independiente” y el paso del expediente a la Corte Suprema. El reconocimiento del gobierno chino, la potencia mundial para 2050, como “socio estratégico integral” de dos economías complementarias y la crítica furiosa del Foro de la Convergencia empresarial, de Clarín y Techint, por eso mismo.
Si se pone en Google "Alberto Nisman" y "Roger Noriega" surge a la vista una sugestiva comunidad de visiones geopolíticas. Noriega fue el secretario para el Hemisferio Occidental de George Bush, el mismo que se retiró humillado de Mar del Plata cuando el kirchnerismo, junto a los principales gobiernos de la región, decidió el fin de las relaciones carnales.
No hay mucho misterio para anticipar lo que puede ocurrir esta semana. El bloque de corporaciones nacionales y grupos de lobby extranjero generaron las condiciones para poner una multitud en la calle. Es la foto que les falta para explicarle al mundo que la Argentina está gobernada por el "régimen corrupto y criminal" que ellos denuncian desde hace rato, para satanizarlo y mandarlo al tacho de la historia. Y jugar luego con el país como un ave carroñera con su presa inanimada.
Si no fuera cierto que el kirchnerismo afectó intereses que parecían intocables durante su gobierno, si no fuera verdad que los conflictos eran inevitables para correr los límites de la democracia argentina, el poder de los que ahora se confabulan de modo despiadado contra su gobierno no sería tan desestabilizador como parece.
En toda esta trama falta un actor. Que más tarde o más temprano deberá expresarse. Son los millones que reconocen cada día que viven en un país mejor del que había hace diez años.
Esa masa silenciada será la que, cuando pueda pronunciarse, en la calle o en las urnas, definirá si esta batalla la gana la democracia o las corporaciones.
15 de Febrero de 2015
OPINIÓN
¿Marcha contra los suicidas?
Estoy confundido, ¿para qué se convoca la marcha del 18? Sucede que aún no está definida la causa de la muerte de Alberto Nisman, aunque las más claras evidencias apuntan a un suicidio: el disparo ascendente a un centímetro de la sien, no se encontró n evidencia de la presencia de otra persona en el departamento, y otras por el estilo.
La defensa que suele hacerse contra esta hipótesis o certeza es que "Nisman no daba indicios de ser un suicida". Craso e interesado error. Desde mi experiencia y formación psicoanalíticas puedo afirmar que, por el contrario, Nisman dio todos los signos de un suicida.
Veamos: el día anterior a la tragedia Nisman le pide a un amigo que le facilite un arma con el pretexto de defenderse. Es la Bersa calibre 22 con la que se suicida. ¿Puede objetarse que ya estaba decidido a hacerlo y no tenía un arma en su domicilio? Por otra parte, esto es clave, era un hombre muy presionado que respondía a una caracteropatía dependiente que buscaba y necesitaba protección. La halló en la SIDE en su jefe Jaime Stiuso quien, según informes confiables, ejercía sobre él un franco dominio. El señor Velázquez informó que Stiuso el día anterior a la presentación ante el Legislativo, le negó las escuchas y videos que fortalecerían una presentación jurídicamente endeble. Eso explica las muchas llamadas del día sábado, motivadas por el sentimiento de desamparo ante el interrogatorio encarnizado al que sería sometido el lunes por parte de muchos legisladores oficialistas. Es de señalar que fue la oposición quien lo arrojó al foso de los leones.
Su comprensible perturbación anímica se habría incentivado por una repercusión mediática, que lo tenía de protagonista, mucho mayor a la que él hubiera podido prever, ya que se constituyó en un "bocato de cardinale" para que la oposición atacara al gobierno, que, por su parte, respondió con energía descargando feroces críticas sacando a luz trapos sucios al sol. ¿Qué sabemos de la vida privada de Nisman? ¿Cómo es el tema de su departamento, de su auto?
Según deja claro el libro de mi sobrino Santiago O'Donnell, Argenleaks, Nisman buscó y encontró también la protección de la Embajada de los Estados Unidos, a la que reportaba y consultaba sus decisiones. Nada podía hacer este otro escudo ante el hecho puntual de la presentación en el Senado un lunes a la tarde ya que hubiera sido una abierta injerencia en asuntos de un país soberano.
Para empeorar las cosas en esos días aciagos todo indica que Nisman habría tenido una áspera discusión con su ex esposa y madre de sus hijas, destacada jueza, a raíz de las peripecias de su viaje interrumpido.
Tenemos entonces a una persona con probable tendencia a la dependencia afectiva sometida a enormes presiones ante las que se sintió en desamparo, circunstancia que encadenó violentas secuencias desequilibrantes. ¿Es eso motivo de suicidio? Claro que sí.
En contra de su suicidio se argumenta que no dejó carta de despedida. El suicidio siempre es un diálogo siniestro con el otro, es una agresión violentísima contra los demás, su intención, sea o no consciente, es siempre culpabilizante. "Me mato para que sufras tanto como me hiciste sufrir a mí."
Aquellos a quienes está dirigido un suicidio, llámense en este caso Stiuso, embajada, legisladores, personas de su intimidad, no necesitan de una carta para saber el por qué de ese acto límite. De allí en más, es la esperanza del autoinmolado, deberán vivir con la carga de la culpa.
El suicidio de Nisman entraría en la categoría de los suicidios impulsivos cometidos en momentos de fuerte e incontrolable estado emocional. Son asesinatos contra uno mismo, un amigo mío alcanzó a pegarse tres tiros en su impulso por matarse.
Hay distintas formas de suicidio. Algunos, como en el caso de una reconocida psicoanalista, son rituales: la persona se viste de gala, enciende velas, escucha la música que le gusta y va suicidándose de a poco, tomando el veneno repartido en copas de cristal que va bebiendo una por una. Otros suicidios son altruistas, por ejemplo la persona que padece una enfermedad letal y se quita la vida para no ser una carga emocional y económica para su familia.
Entonces, dado que la causa de la muerte del fiscal no está aún determinada pero todo indica que será calificada de suicidio: ¿Cuál es la razón de la marcha? ¿Una marcha contra el suicidio? ¿Contra los suicidas? ¿Para qué haya menos suicidios? ¿En qué se puede inculpar a un Estado por el suicidio de algún ciudadano? Debe haber intervención estatal en circunstancias especiales como es el caso de los sobrevivientes a la dictadura del Proceso, Malvinas o Cromañón. Pero no es este caso.
En resumen: si, como todo parece indicar, la marcha del 18 es en contra del suicidio. O estamos ante un dislate, o se intenta aprovechar el suicidio de un hombre infortunado para promover un acto político. Seguramente había motivos mejores como la pobreza, pero quizás no hay motivos suficientes para reclamos de esta índole al actual gobierno. También porque no es un motivo de especial preocupación para los sectores convocantes.
Los organizadores de la marcha del próximo miércoles tienen fuertes puntos de contacto con el PRO de Mauricio Macri, el Frente Renovador de Sergio Massa, el Menemismo y el Grupo Clarín. Su rol en las causa de lesa humanidad.
Los fiscales que convocaron a la marcha de homenaje a Alberto Nisman aseguran ante cada micrófono que se les presenta que no tienen intencionalidad política y reclaman que los participantes acudan el próximo miércoles sin banderas o símbolos partidarios. Sin embargo, ese discurso entra con contradicción con la realidad, ya que buena parte de los organizadores tiene estrechos vínculos con el PRO de Mauricio Macri, quien ya anunció su presencia en la marcha como ciudadano; el Frente Renovador de Sergio Massa, que también instó a la ciudadanía a participar; y el menemismo, además de aceitados contactos con el Grupo Clarín, que se ha transformado en gran difusor de la convocatoria.
Esos vínculos políticos de algunos de los fiscales se suman a la particularidad de que varios de quienes realizaron la convocatoria fueron denunciados incluso por familiares de las víctimas de la AMIA por entorpecer la investigación, mientras que otros aparecen vinculados a represores en causas por la violación de Derechos Humanos, y todos se enfrentaron abiertamente con los distintos proyectos de reforma y democratización del Poder Judicial que impulsó el gobierno nacional en los últimos meses.
La convocatoria de la marcha para el próximo miércoles profundizó la brecha que en los últimos años se abrió en la familia judicial entre quienes impulsan una modernización de la justicia y aquellos que buscan mantener el statu quo. Esa pelea está cruzada transversalmente por la pertenencia política de los convocantes, que en algunos casos se corporiza incluso a partir del rol de funcionarios de varios de los organizadores en administraciones comandadas por la oposición.
Lo único que queda claro es que todos los convocantes están cruzados por un denominador común: su manifiesto antikirchnerismo, que han hecho público en declaraciones periodísticas, artículos de opinión y hasta en escritos judiciales. El que sigue es apenas un repaso del complejo entramado de relaciones que vincula a los convocantes a la marcha del próximo miércoles.
GERMÁN MOLDES
Germán Moldes es fiscal de la Cámara Federal Porteña y uno de los más fervientes impulsores de la convocatoria. Junto al juez Claudio Bonadio, integrante de la servilleta menemista, conformó el mismo grupo político que José Luis Manzano, Carlos Corach y Hugo Anzorreguy. De hecho fue el propio Anzorreguy, entonces jefe de la SIDE, quien lo nombró en 1994 como fiscal ad hoc para seguir la causa AMIA.
Por su labor en ese cargo está sospechado de integrar un grupo de funcionarios judiciales que entorpecieron la investigación de la voladura de la mutual judía y entorpecieron el trabajo del propio Nisman.
Puntualmente se sospecha que fue el responsable de "plantar" la pista iraní con el objetivo de embarrar la causa. A tal punto que es recordada una aparición televisiva de Moldes en la que exhibió un fragmento que adjudicó a la camioneta Trafic presuntamente utilizada como coche bomba en el atentado, algo que nunca fue probado.
Tres años después, en una devolución de gentilezas, Moldes consiguió que la hija del influyente abogado Jorge Anzorreguy, hermano de Hugo, asumiera como fiscal adjunta de la Cámara Federal, pese al rechazo público de 21 fiscales y 22 secretarios en una nota, en la que expresaban su "repudio y preocupación" por las designaciones. Eso porque la joven Anzorreguy no cumplía con los requisitos básicos que establecía la ley del Ministerio Público que se encontraba en ese momento en discusión en el Parlamento. Casualmente, Moldes era el titular a cargo de esa fiscalía.
Entre los fiscales que en ese momento se opusieron a las designaciones estaban Pablo Lanusse y José María Campagnoli, aunque el próximo miércoles marcharán todos juntos.
En 1991 fue secretario de Población durante la gestión de José Luis Manzano en el Ministerio del Interior. Sus vínculos con el menemismo volvieron a emerger en la historia reciente. En 2012, el juez Ariel Lijo sobreseyó a Carlos Corach, a Carlos Ruckauf y varios funcionarios del juzgado de Juan José Galeano, además de policías de la Federal y la Bonaerense, en la causa por el encubrimiento del atentado. La agrupación Memoria Activa apeló esa decisión y el fiscal Patricio Evers no hizo lugar. Entonces, los familiares de las víctimas del peor atentado terrorista de la historia argentina recurrieron al fiscal Nisman, pero su respuesta fue demoledora, afirmó que "no podía hacer nada porque Moldes sostenía el sobreseimiento", relataron.
En 2013, los integrantes de Memoria Activa fueron ante la procuradora general, Alejandra Gils Carbó y denunciaron que tanto Moldes, como Nisman, Evers y el fiscal Raúl Pleé, no cumplían con el deber constitucional de promover la acción penal y defender los intereses de la sociedad.
Gils Carbó ya tenía idea de a qué se enfrentaba. Página 12 reveló que cuando la procuradora asumió su cargo recibió a Moldes, quien le pidió que "recuerde que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal con el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país".
Tras la muerte de Nisman, Moldes ocupó un espacio destacado en los medios por darle curso a la denuncia presentada en octubre pasado por los diputados del PRO Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo quienes daban cuenta de una presunta estructura de encubrimiento para favorecer al empresario Lázaro Báez en la que –según el periodista Omar Lavieri– podría quedar imputada la presidenta Cristina Fernández. Fue el 20 de enero, horas después de la muerte de Nisman.
Lo llamativo del caso fueron los argumentos de Moldes, que dio a conocer el portal de noticias Infobae, más parecidos a una arenga de oposición al gobierno que a un escrito judicial. "No habrá 'relato' ni argucia, ni reforma capaz de evitar que tarde o temprano todo salga a la luz. Cuanto antes nos pongamos en camino, antes llegaremos a destino. Después de todo, de nosotros depende", sostenía el fiscal.
El texto deja varios interrogantes, como por ejemplo determinar a quiénes se refería con ese "de nosotros depende".
RICARDO SÁENZ
Ricardo Sáenz es el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad y, como tal, será el encargado de revisar la tarea de Mónica Fein en la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Es además vicepresidente de la Asociación de Magistrados, e impulsor de uno de los recursos contra las designaciones de fiscales que efectuó Gils Carbó.
Sáenz es directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información (CERTAL), una ONG que cobró notoriedad por pagar en 2012 el viaje de jueces y fiscales para participar de un seminario contra la Ley de Medios con todos los gastos incluidos en la ciudad de Miami.
Producto de aquel viaje, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pidió la recusación del juez Francisco Horacio de las Carreras, que participó del tour y debía intervenir en el contencioso por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Coordinadora General de dicha ONG es Ana Recondo, la hija del juez Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados y otro de los promotores de la marcha del silencio convocada para el 18 de febrero.
Sáenz es uno de los fiscales más mediáticos desde la muerte de Nisman, y en los pasillos de Tribunales se sospecha que sería el responsable de las filtraciones de información de la fiscalía que conduce Fein al Grupo Clarín.
El fiscal no oculta su oposición al gobierno nacional, como tampoco esconde su mirada sobre el pasado trágico de la Argentina. Son públicas sus consideraciones en contra de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y además fue defensor del represor ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides en una causa por privaciones de la libertad y desaparición de seis militantes de Montoneros que participaban de la "contraofensiva" en lo que se conoció como la operación "Murciélago".
RAÚL PLEÉ
Raúl Pleé es fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal. En 2013 fue denunciado por el CELS y Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados del encubrimiento por la voladura de la sede de la AMIA.
Memoria Activa incluso advirtió que tanto Pleé como Germán Moldes se resistían a mandar a juicio a "sus ex compañeros de trabajo", en referencia al juez Juan José Galeano y otros funcionarios judiciales involucrados. En la misma línea, el CELS consignaba que "sin explicación, el fiscal de Casación, Raúl Pleé dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia".
Las diferencias con Alejandra Gils Carbó parecen tener sustento en el hecho de que la procuradora lo relevó de la Unidad Fiscal para la Investigación de Lavado de Dinero y creó entonces la Procelac, conducida por Carlos Gonella que en los primeros meses de actividad solicitó más embargos, secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Pleé en años.
El fiscal tiene también buenas relaciones con los medios hegemónicos. Cuando la presidenta Cristina Fernández relevó a Juan Félix Marteau como representante argentino ante el grupo contra el lavado de dinero (GAFI), este especialista pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las varias causa que se le abrieron por ese motivo. En su estudio trabaja María Celeste Pleé, la hija del ex fiscal antilavado.
Antes que eso, fue el propio Carlos Menem quien le solicitó al entonces procurador general Ángel Agüero Iturbe que designara al fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plee para coordinar las investigaciones en todo el país vinculadas a la causa de la aduana paralela, que luego quedaría en la nada.
Domingo Cavallo le puso la lupa en el contexto de la pelea que lo enfrentó con el empresario Alfredo Yabrán. El ex ministro de Economía lo marcó a fuego al sostener que tanto Marquevich como el fiscal Pleé se encontraban relacionados con el empresario postal.
Otro de los episodios trágicos de la Argentina que lo tuvo como protagonista fue el ataque al cuartel de La Tabalada por los militantes del Movimiento Todos por la Patria. En el momento del inicio de la instrucción de la causa el fiscal federal de Morón era Santiago Blanco Bermúdez, pero en esa fecha estaba de licencia. Llegaron entonces al cuartel Pleé y el defensor oficial del juzgado federal de San Isidro Pablo Quiroga.
Según las crónicas de la época, Pleé y Quiroga formaron un equipo que no le daba espacio para actuar a Blanco Bermúdez, ya que no querían que se integrara a las reuniones que mantenían con los agentes de inteligencia tanto del Ejército como de la SIDE.
El abogado Rodolfo Yanzón, defensor de las víctimas de La Tabalada, mantuvo en el año 2000 un diálogo revelador con el entonces procurador Carlos Becerra. Yanzón le planteó al entonces jefe de los fiscales las irregularidades de la causa y Becerra lo cortó en seco: "Mire Yanzón, hay tres fiscales que trabajan directamente para el Ejército, dos de ellos son Pleé y Quiroga."
Hoy en día Pleé es fiscal de la Cámara de Casación Penal y titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, mientras que Quiroga es Fiscal Federal de la Cámara de Apelaciones de San Martín.
GUILLERMO MARIJUAN
El fiscal federal Guillermo Marijuan tiene motivos para estar enfrentado con el gobierno nacional. Alejandra Gils Carbó lo removió de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises). La procuradora lo acusaba de nombrar "a cualquiera" y hacer concursos de ingresos "no transparentes". Apenas unos días después de eso, Marijuan imputó a su jefa de los supuestos delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad" por su actitud ante el pedido para que removiera al titular de la Procelac, Carlos Gonella.
La labor de Marijuan en el Ministerio Público también aparece marcada por la investigación del atentado a la AMIA, particularmente en la causa que investiga el robo del video de la caja fuerte del ex juez Juan José Galeano.
Marijuan construyó un estrecho vínculo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuando se desempeñaba al frente de la Anses y el fiscal estaba a cargo de la Ufises, la Unidad Fiscal especializada en delitos contra la Seguridad Social.
En el Frente Renovador reconocen que hoy Marijuan es el candidato que tiene en mente Massa para ocupar el cargo de procurador general de la Nación en el caso de que llegue a la Casa Rosada en las elecciones de octubre.
Cuando Massa estaba al frente de la Anses sufrió un duro revés. Un escrito interno de ese organismo denunció el robo de los datos de 12 millones de jubilados y trabajadores. Según la misiva estaba implicado un gerente de la Anses y un empresario cordobés. Rápido de reflejos, Massa se adelantó al escándalo para evitar la filtración a la prensa y presentó una denuncia precisamente ante Marijuán. "Hizo lo mínimo que se debe para que no digan que no hizo lo que correspondía", dijo entonces una fuente de la Anses al diario La Nación.
La causa no cobró impulso ni por el accionar del fiscal Marijuan ni por el de Massa, sino gracias a una exhaustiva investigación del juez Julián Ercolini. El periodista Horacio Verbitsky lo señala como el hombre más cercano al jefe del Frente Renovador en Comodoro Py.
El fiscal tiene un desempeño asombroso en la causa que investiga el presunto lavado de dinero por parte de 469 empresas –entre ellas el Grupo Clarín, sus principales directivos y compañías satélite– a través de la banca de inversión JP Morgan a partir de la denuncia del arrepentido Hernán Arbizu.
En más de cinco años, Marijuan presentó apenas dos escritos y la causa aún está en su etapa primaria de instrucción pese a que se trata de una evasión multimillonaria a partir de la presunta fuga de divisas.
A fines de la semana pasada su situación se complicó a partir de una presentación judicial que aportó pruebas sobre una presunta "autoamenaza de muerte" que se habría producido en el marco de su disputa con el gobierno nacional.
CARLOS STORNELLI
Carlos Stornelli alterna sus funciones de fiscal federal con sus tareas como jefe de Seguridad de Boca Juniors, puesto en el que fue nombrado por Daniel Angelici que no oculta sus estrechos vínculos con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El alcalde es uno de los más fervorosos convocantes a la movilización del 18F. De hecho, la marcha podría transformarse en el debut de Macri en una movilización masiva, ya que su participación política aparece limitada a actos en lugares cerrados y salpicados de globos de colores.
Stornelli es hijo del teniente coronel Atilio José Stornelli y yerno del general Llamil Reston, ex ministro del Interior y de Trabajo de la dictadura y procesado por delitos de lesa humanidad.
Son públicos los contactos de Stornelli con algunos sectores de la barra de Boca Juniors, pero además aparece vinculado por una investigación del periodista Horacio Verbitsky con un dispositivo armado por Massa durante su paso por la Anses del que participarían también Bonadio y otro funcionario del PRO, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
Antes, Stornelli tuvo su paso como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Su mano derecha fue, sorprendentemente, Soledad Spinetto, pareja de Rafael Di Zeo, uno de los históricos jefes de la barra de Boca. Su más resonante decisión fue deshacer la reforma de la Policía Bonaerense que había diseñado su antecesor León Arslanian.
Durante su gestión se sucedieron episodios como la desaparición de Luciano Arruga, caso en el que Stornelli reincorporó a los policías del destacamento de Lomas del Mirador que estarían vinculados al hecho; y la búsqueda de la familia Pomar, sobre la que el entonces ministro ofreció toda clase de explicaciones que quedaron en ridículo cuando se encontró luego el vehículo accidentado a pocos metros de la ruta por la que circulaba.
E
l fiscal es además autor de una de las frases más polémicas desde que el 18 de enero Nisman fue encontrado muerto en su departamento: "El caso es el primero de estas características y podría no ser el último”, aseveró.
MARTÍN LÓPEZ PERRANDO
El fiscal federal Martín López Perrando fue subsecretario de Seguridad de la provincia durante la gestión de Stornelli. La relación se terminó mal. Stornelli lo despidió luego de que López Perrando organizara una comida en la casa de un empresario de la que participó también el ex presidente Carlos Menem y las fotos del evento generaron alto impacto político.
Después de ese episodio, no dudó en sumarse a la gestión del PRO. De hecho, desembarcó en Vicente López de la mano del primo de Mauricio Macri, cuando Jorge se transformó en el intendente del distrito. López Perrando fue nombrado en 2012 Secretario de Seguridad de Vicente López. Incluso, en la ceremonia de despedida antes de su regreso a la fiscalía, Jorge Macri sostuvo que "a partir de hoy, Martín pasa a ocupar un rol diferente, de todas formas va a seguir formando parte de este proyecto, va a estar dándonos una manos constantemente."
Esa pertenencia al proyecto amarillo no le impide cultivar otros vínculos políticos. En 2005 compartió junto a Juan José "Juanjo" Álvarez –hoy cercano al líder renovador Sergio Massa– un viaje a Nueva York para entrevistarse con el tristemente célebre alcalde Rudolph Giuliani.
Fue denunciado por enriquecimiento ilícito pero el expediente no prosperó, al parecer gracias al lobby que habrían impulsado sus contactos en la justicia y pese a los comentarios habituales en los pasillos de los tribunales sobre el incremento patrimonial del fiscal.
CARLOS DONOSO CASTEX
El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios Nacionales (AFFUN) es Carlos Donoso Castex, titular del juzgado nacional en lo Criminal de Instrucción número 20 de la Justicia Ordinaria de la Ciudad, el mismo fuero en el que trabaja la fiscal Fein que investiga la muerte de Alberto Nisman.
Donoso Castex actuó en la causa por la investigación de la muerte de Lourdes Di Natale, la ex secretaria de Emir Yoma y testigo clave en el expediente por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Di Natale había empezado a recibir amenazas al poco tiempo de denunciar a su antiguo jefe Emir Yoma.
Donoso Castex dictaminó en dos ocasiones que se trató de un "accidente" y se opuso a la reapertura de la causa. Pese a ello, la investigación se reabrió y nuevas pericias permitieron establecer que se habría tratado de un asesinato.
Esa no fue la única participación polémica en causas vinculadas al poder político. En 2001 archivó la causa que trataba de determinar las responsabilidades de la represión policial que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. Donoso Castex archivó la causa por las lesiones a un joven que quedó parapléjico por la represión, pero la denuncia pasó luego al fuero federal donde se avanzó en la investigación por la salvaje represión.
En el pasado reciente fue uno de los testigos que defendió con fervor al fiscal de Núñez Saavedra, José María Campagnoli, se inclinó públicamente en contra del proyecto de democratización del Poder Judicial y militó entre los miembros de AFFUN para conseguir un pronunciamiento explícito con el argumento de las críticas a la posibilidad de que los funcionarios de la justicia paguen el Impuesto a las Ganancias.
Donoso Castex envió a Gils Carbó una carta en la que afirmaba que "se le hizo saber acerca de la gran preocupación existente en relación a las intenciones de querer aplicar el Impuesto a las Ganancias, ya que la Asociación que me toca presidir seguirá defendiendo firmemente el criterio contrario a tal iniciativa como se ha hecho históricamente con fundamentos legales, en forma uniforme, desde su creación".
CARLOS RÍVOLO
El fiscal federal Carlos Rívolo cobró notoriedad por el impulso que le dio al presunto tráfico de influencias y lavado de dinero contra el vicepresidente Amado Boudou, pero fue apartado de la causa por decisión del juez Ariel Lijo quien explicó esa decisión en la "manipulación de la instrucción y filtración de información".
En octubre de 2012, la procuradora general Alejandra Gils Carbó lo acusó de cobrar indebidamente un plus salarial por lo que se le abrió un sumario administrativo y el Estado le reclama la devolución de 97.940 pesos. El ex procurador Esteban Righi había denegado el pedido de Rívolo de cobrar ese plus salarial, pero el fiscal avanzó de todos modos.
Rívolo llegó en la década de los ’90 a la Fiscalía Número 2 de la mano del juez federal Jorge Ballestero, de quien fue secretario. Quienes conocen los pasillos de los tribunales recuerdan que el candidato natural para el cargo era Claudio Navas Rial, un hombre de gran prestigio académico que finalmente quedó como adjunto de la fiscalía.
La buena relación entre Rívolo y el gobierno de Carlos Menem se terminó cuando el fiscal pidió el procesamiento preventivo de Monzer Al Kassar.
El empresario Eduardo Saiegh lo acusa de haber impedido el avance de la investigación penal sobre el desapoderamiento durante la última dictadura cívico-militar del Banco Latinoamericano, del que fue fundador y accionista mayoritario. Saiegh fue secuestrado y torturado para concretar el desapoderamiento de las acciones.
En 2009, el empresario presentó una denuncia contra el ex presidente del Banco Central, Alejandro Reynal y el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz por crímenes de lesa humanidad y antisemitismo, pero asevera que la causa nunca avanzó porque el fiscal no la impulsó "injustificada e ilegalmente" por lo que le pidieron el juicio político.
PABLO LANUSSE
Pablo Lanusse fue fiscal entre 1993 y 2003 y es uno de los más activos impulsores de la convocatoria del próximo miércoles. Pablo es hijo de Jorge Manuel Lanusse, funcionario judicial primo del dictador Alejandro Agustín Lanusse.
Su militancia política en las filas de la oposición no es un secreto. En las elecciones de medio turno de 2011 fue candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en alianza con Francisco de Narváez y acompañado por la periodista Fanny Mandelbaum. Sin embargo desistió de su postulación luego de que el ahora integrante del Frente Renovador de Massa sellara una alianza con el radicalismo e impulsara la lista encabezada por Manuel Garrido.
Fue uno de los principales opositores al anteproyecto del Código Penal y un mes después de su presentación, en abril de 2014 se sumó al Frente Renovador como asesor en materia de seguridad. El romance duró poco. En julio dejó el massismo por diferencias "de forma". Desde entonces evalúa incorporarse a las filas del PRO, para lo que trabaja su amiga la diputada Patricia Bullrich.
Lanusse es abogado de la familia de Ángeles Rawson y fue quien recibió de manos del periodista del Grupo Clarín Roberto Canaletti una grabación en la que una mujer de nombre Beatriz Fuentes aseguraba que Sergio Berni había sobornado a los vecinos del edificio para que mantuvieran silencio sobre el caso, algo que luego se comprobó no era cierto. Fuentes, que había hecho sus declaraciones al diputado de la UCR de Santa Cruz, Eduardo Costa, fue imputada por falso testimonio.
LUIS CEVASCO
Luis Cevasco es el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), entidad que bajo la figura del "amicus curiae" (amigos del tribunal) se sumó a principios de año al amparo presentado por la Asociación de Magistrados para intentar frenar el nombramiento de 16 fiscales generales designados por Gils Carbó.
Cevasco tiene un largo recorrido en el cargo. Ya en 1998, como fiscal y titular de la Comisión Experimental de Fiscales para Delitos Complejos presentó un informe en el que se oponía a que el genocida Jorge Rafael Videla fuera juzgado por el delito de robo de bebés. Cevasco coincidió en la causa con el argumento de "cosa juzgada" que impulsaba la fiscal de la causa, Rita Ester Molina.
Las crónicas periodísticas de la fecha dan cuenta de la sorpresa de voceros consultados por el diario Clarín, "al comprobar que el dictamen de la fiscal Molina tiene apenas tres carillas y párrafos calcados de la presentación que hicieron los abogados de Videla".
En 1995, Emilio Jaján, enemigo declarado de la accionista mayoritaria del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fue condenado en un juicio que le había iniciado la empresaria acusándolo de adulterar evidencias para sustentar la querella que le había impuesto por el cobro de importantes honorarios.
Cuando el tribunal ya había condenado a Jaján, ingresó la esposa del reo, Ana Elisa Feldman, quien pidió denunciar un delito. En la sala de acuerdos y en presencia de los miembros del tribunal y del fiscal Luis Cevasco, Feldman entregó dos fotocopias de actas de partidas de nacimiento "presentadas por doña Ernestina Laura Herrera de Noble de los niños adoptados respectivamente con los nombres de Marcela y Felipe Noble Herrera, en las cuales no figura ni nombre de padre no nombre de madre." La denunciante recuerda que Cevasco buscaba incomodarla, la interrumpía todo el tiempo e intentaba que se contradijera.
El fiscal aparece también vinculado al PRO, a tal punto que fue quien denunció a los metrodelegados por el conflicto desatado en 2012 en torno al reclamo por las paritarias luego de la transferencia del subterráneo porteño a la esfera de la Ciudad, tal como reclamaba el propio Macri.
Cevasco testa conectado con la asociación civil Unidos por la Justicia, que según reveló Página 12 recibió cuantiosos subsidios del gobierno de la Ciudad en los últimos años, integrada por fiscales y jueces que tuvieron un ascenso fulgurante en la justicia porteña.
También en sintonía con la voluntad del PRO, el año pasado vinculó al kirchnerismo con "una asociación ilícita" durante la toma de terrenos de Villa Lugano.
JOSÉ MARÁ CAMPAGNOLI
José María Campagnoli es el fiscal que tiene el mayor número de denuncias en su contra, 20 en total, la mayoría impulsada por jueces, otros fiscales y abogados. Ese récord negativo incluye desde acusaciones por abuso de autoridad, espionaje ilegal, intimidaciones, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de patente, hostigamiento y discriminación.
A Campagnoli se lo acusó de recibir dictámenes redactados por los abogados del Grupo Clarín. La Justicia Federal tramita una causa penal contra el fiscal y uno de los abogados del estudio Sáenz Valiente (que asesora a Clarín) con el objetivo de determinar si parte de la investigación que surgió de su fiscalía en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez tuvo como origen al propio Grupo Clarín. Como evidencia de esta supuesta maniobra se aportó una prueba documental que implica una situación irregular: el borrador del dictamen que Campagnoli emitió en la causa por supuesta extorsión en perjuicio del financista Federico Elaskar estaba en poder de uno de los abogados del multimedios que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el marco de un juicio civil.
Su fiscalía decía acumular 3900 causas pero tras la suspensión por parte del Consejo de la Magistratura, se demostró que de todas ellas sólo 380 eran reales. Los empleados de su fiscalía responden a características muy precisas: son varones, nacionalistas, ultracatólicos, preferentemente rugbiers y militantes del PRO.
Uno de los expedientes más frondosos es el que se instruyó por su actuación en el Barrio Mitre donde enviaba a su equipo a tomar fotografías de manera ilegal con una cámara oculta, procedimiento que también utilizaba con los propios funcionarios de la fiscalía. Pese a ello, en junio del año pasado fue nombrado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña a instancias del bloque del PRO.
Está claro que estos fiscales tiene motivaciones de sobra para marchar..
Fuente:TiempoArgentino
La defensa que suele hacerse contra esta hipótesis o certeza es que "Nisman no daba indicios de ser un suicida". Craso e interesado error. Desde mi experiencia y formación psicoanalíticas puedo afirmar que, por el contrario, Nisman dio todos los signos de un suicida.
Veamos: el día anterior a la tragedia Nisman le pide a un amigo que le facilite un arma con el pretexto de defenderse. Es la Bersa calibre 22 con la que se suicida. ¿Puede objetarse que ya estaba decidido a hacerlo y no tenía un arma en su domicilio? Por otra parte, esto es clave, era un hombre muy presionado que respondía a una caracteropatía dependiente que buscaba y necesitaba protección. La halló en la SIDE en su jefe Jaime Stiuso quien, según informes confiables, ejercía sobre él un franco dominio. El señor Velázquez informó que Stiuso el día anterior a la presentación ante el Legislativo, le negó las escuchas y videos que fortalecerían una presentación jurídicamente endeble. Eso explica las muchas llamadas del día sábado, motivadas por el sentimiento de desamparo ante el interrogatorio encarnizado al que sería sometido el lunes por parte de muchos legisladores oficialistas. Es de señalar que fue la oposición quien lo arrojó al foso de los leones.
Su comprensible perturbación anímica se habría incentivado por una repercusión mediática, que lo tenía de protagonista, mucho mayor a la que él hubiera podido prever, ya que se constituyó en un "bocato de cardinale" para que la oposición atacara al gobierno, que, por su parte, respondió con energía descargando feroces críticas sacando a luz trapos sucios al sol. ¿Qué sabemos de la vida privada de Nisman? ¿Cómo es el tema de su departamento, de su auto?
Según deja claro el libro de mi sobrino Santiago O'Donnell, Argenleaks, Nisman buscó y encontró también la protección de la Embajada de los Estados Unidos, a la que reportaba y consultaba sus decisiones. Nada podía hacer este otro escudo ante el hecho puntual de la presentación en el Senado un lunes a la tarde ya que hubiera sido una abierta injerencia en asuntos de un país soberano.
Para empeorar las cosas en esos días aciagos todo indica que Nisman habría tenido una áspera discusión con su ex esposa y madre de sus hijas, destacada jueza, a raíz de las peripecias de su viaje interrumpido.
Tenemos entonces a una persona con probable tendencia a la dependencia afectiva sometida a enormes presiones ante las que se sintió en desamparo, circunstancia que encadenó violentas secuencias desequilibrantes. ¿Es eso motivo de suicidio? Claro que sí.
En contra de su suicidio se argumenta que no dejó carta de despedida. El suicidio siempre es un diálogo siniestro con el otro, es una agresión violentísima contra los demás, su intención, sea o no consciente, es siempre culpabilizante. "Me mato para que sufras tanto como me hiciste sufrir a mí."
Aquellos a quienes está dirigido un suicidio, llámense en este caso Stiuso, embajada, legisladores, personas de su intimidad, no necesitan de una carta para saber el por qué de ese acto límite. De allí en más, es la esperanza del autoinmolado, deberán vivir con la carga de la culpa.
El suicidio de Nisman entraría en la categoría de los suicidios impulsivos cometidos en momentos de fuerte e incontrolable estado emocional. Son asesinatos contra uno mismo, un amigo mío alcanzó a pegarse tres tiros en su impulso por matarse.
Hay distintas formas de suicidio. Algunos, como en el caso de una reconocida psicoanalista, son rituales: la persona se viste de gala, enciende velas, escucha la música que le gusta y va suicidándose de a poco, tomando el veneno repartido en copas de cristal que va bebiendo una por una. Otros suicidios son altruistas, por ejemplo la persona que padece una enfermedad letal y se quita la vida para no ser una carga emocional y económica para su familia.
Entonces, dado que la causa de la muerte del fiscal no está aún determinada pero todo indica que será calificada de suicidio: ¿Cuál es la razón de la marcha? ¿Una marcha contra el suicidio? ¿Contra los suicidas? ¿Para qué haya menos suicidios? ¿En qué se puede inculpar a un Estado por el suicidio de algún ciudadano? Debe haber intervención estatal en circunstancias especiales como es el caso de los sobrevivientes a la dictadura del Proceso, Malvinas o Cromañón. Pero no es este caso.
En resumen: si, como todo parece indicar, la marcha del 18 es en contra del suicidio. O estamos ante un dislate, o se intenta aprovechar el suicidio de un hombre infortunado para promover un acto político. Seguramente había motivos mejores como la pobreza, pero quizás no hay motivos suficientes para reclamos de esta índole al actual gobierno. También porque no es un motivo de especial preocupación para los sectores convocantes.
15 de Febrero de 2015
Investigación especial: ¿Por quién marchan?
Los vínculos políticos de los fiscales que convocan al 18FLos organizadores de la marcha del próximo miércoles tienen fuertes puntos de contacto con el PRO de Mauricio Macri, el Frente Renovador de Sergio Massa, el Menemismo y el Grupo Clarín. Su rol en las causa de lesa humanidad.
Convocatoria - Los organizadores llamaron a una marcha de silencio para el próximo miércoles en una clara utilización política de la muerte de Alberto Nisman - Foto: diego paruelo
Los fiscales que convocaron a la marcha de homenaje a Alberto Nisman aseguran ante cada micrófono que se les presenta que no tienen intencionalidad política y reclaman que los participantes acudan el próximo miércoles sin banderas o símbolos partidarios. Sin embargo, ese discurso entra con contradicción con la realidad, ya que buena parte de los organizadores tiene estrechos vínculos con el PRO de Mauricio Macri, quien ya anunció su presencia en la marcha como ciudadano; el Frente Renovador de Sergio Massa, que también instó a la ciudadanía a participar; y el menemismo, además de aceitados contactos con el Grupo Clarín, que se ha transformado en gran difusor de la convocatoria.
Esos vínculos políticos de algunos de los fiscales se suman a la particularidad de que varios de quienes realizaron la convocatoria fueron denunciados incluso por familiares de las víctimas de la AMIA por entorpecer la investigación, mientras que otros aparecen vinculados a represores en causas por la violación de Derechos Humanos, y todos se enfrentaron abiertamente con los distintos proyectos de reforma y democratización del Poder Judicial que impulsó el gobierno nacional en los últimos meses.
La convocatoria de la marcha para el próximo miércoles profundizó la brecha que en los últimos años se abrió en la familia judicial entre quienes impulsan una modernización de la justicia y aquellos que buscan mantener el statu quo. Esa pelea está cruzada transversalmente por la pertenencia política de los convocantes, que en algunos casos se corporiza incluso a partir del rol de funcionarios de varios de los organizadores en administraciones comandadas por la oposición.
Lo único que queda claro es que todos los convocantes están cruzados por un denominador común: su manifiesto antikirchnerismo, que han hecho público en declaraciones periodísticas, artículos de opinión y hasta en escritos judiciales. El que sigue es apenas un repaso del complejo entramado de relaciones que vincula a los convocantes a la marcha del próximo miércoles.
GERMÁN MOLDES
Germán Moldes es fiscal de la Cámara Federal Porteña y uno de los más fervientes impulsores de la convocatoria. Junto al juez Claudio Bonadio, integrante de la servilleta menemista, conformó el mismo grupo político que José Luis Manzano, Carlos Corach y Hugo Anzorreguy. De hecho fue el propio Anzorreguy, entonces jefe de la SIDE, quien lo nombró en 1994 como fiscal ad hoc para seguir la causa AMIA.
Por su labor en ese cargo está sospechado de integrar un grupo de funcionarios judiciales que entorpecieron la investigación de la voladura de la mutual judía y entorpecieron el trabajo del propio Nisman.
Puntualmente se sospecha que fue el responsable de "plantar" la pista iraní con el objetivo de embarrar la causa. A tal punto que es recordada una aparición televisiva de Moldes en la que exhibió un fragmento que adjudicó a la camioneta Trafic presuntamente utilizada como coche bomba en el atentado, algo que nunca fue probado.
Tres años después, en una devolución de gentilezas, Moldes consiguió que la hija del influyente abogado Jorge Anzorreguy, hermano de Hugo, asumiera como fiscal adjunta de la Cámara Federal, pese al rechazo público de 21 fiscales y 22 secretarios en una nota, en la que expresaban su "repudio y preocupación" por las designaciones. Eso porque la joven Anzorreguy no cumplía con los requisitos básicos que establecía la ley del Ministerio Público que se encontraba en ese momento en discusión en el Parlamento. Casualmente, Moldes era el titular a cargo de esa fiscalía.
Entre los fiscales que en ese momento se opusieron a las designaciones estaban Pablo Lanusse y José María Campagnoli, aunque el próximo miércoles marcharán todos juntos.
En 1991 fue secretario de Población durante la gestión de José Luis Manzano en el Ministerio del Interior. Sus vínculos con el menemismo volvieron a emerger en la historia reciente. En 2012, el juez Ariel Lijo sobreseyó a Carlos Corach, a Carlos Ruckauf y varios funcionarios del juzgado de Juan José Galeano, además de policías de la Federal y la Bonaerense, en la causa por el encubrimiento del atentado. La agrupación Memoria Activa apeló esa decisión y el fiscal Patricio Evers no hizo lugar. Entonces, los familiares de las víctimas del peor atentado terrorista de la historia argentina recurrieron al fiscal Nisman, pero su respuesta fue demoledora, afirmó que "no podía hacer nada porque Moldes sostenía el sobreseimiento", relataron.
En 2013, los integrantes de Memoria Activa fueron ante la procuradora general, Alejandra Gils Carbó y denunciaron que tanto Moldes, como Nisman, Evers y el fiscal Raúl Pleé, no cumplían con el deber constitucional de promover la acción penal y defender los intereses de la sociedad.
Gils Carbó ya tenía idea de a qué se enfrentaba. Página 12 reveló que cuando la procuradora asumió su cargo recibió a Moldes, quien le pidió que "recuerde que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal con el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país".
Tras la muerte de Nisman, Moldes ocupó un espacio destacado en los medios por darle curso a la denuncia presentada en octubre pasado por los diputados del PRO Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo quienes daban cuenta de una presunta estructura de encubrimiento para favorecer al empresario Lázaro Báez en la que –según el periodista Omar Lavieri– podría quedar imputada la presidenta Cristina Fernández. Fue el 20 de enero, horas después de la muerte de Nisman.
Lo llamativo del caso fueron los argumentos de Moldes, que dio a conocer el portal de noticias Infobae, más parecidos a una arenga de oposición al gobierno que a un escrito judicial. "No habrá 'relato' ni argucia, ni reforma capaz de evitar que tarde o temprano todo salga a la luz. Cuanto antes nos pongamos en camino, antes llegaremos a destino. Después de todo, de nosotros depende", sostenía el fiscal.
El texto deja varios interrogantes, como por ejemplo determinar a quiénes se refería con ese "de nosotros depende".
RICARDO SÁENZ
Ricardo Sáenz es el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad y, como tal, será el encargado de revisar la tarea de Mónica Fein en la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Es además vicepresidente de la Asociación de Magistrados, e impulsor de uno de los recursos contra las designaciones de fiscales que efectuó Gils Carbó.
Sáenz es directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información (CERTAL), una ONG que cobró notoriedad por pagar en 2012 el viaje de jueces y fiscales para participar de un seminario contra la Ley de Medios con todos los gastos incluidos en la ciudad de Miami.
Producto de aquel viaje, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pidió la recusación del juez Francisco Horacio de las Carreras, que participó del tour y debía intervenir en el contencioso por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Coordinadora General de dicha ONG es Ana Recondo, la hija del juez Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados y otro de los promotores de la marcha del silencio convocada para el 18 de febrero.
Sáenz es uno de los fiscales más mediáticos desde la muerte de Nisman, y en los pasillos de Tribunales se sospecha que sería el responsable de las filtraciones de información de la fiscalía que conduce Fein al Grupo Clarín.
El fiscal no oculta su oposición al gobierno nacional, como tampoco esconde su mirada sobre el pasado trágico de la Argentina. Son públicas sus consideraciones en contra de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y además fue defensor del represor ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides en una causa por privaciones de la libertad y desaparición de seis militantes de Montoneros que participaban de la "contraofensiva" en lo que se conoció como la operación "Murciélago".
RAÚL PLEÉ
Raúl Pleé es fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal. En 2013 fue denunciado por el CELS y Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados del encubrimiento por la voladura de la sede de la AMIA.
Memoria Activa incluso advirtió que tanto Pleé como Germán Moldes se resistían a mandar a juicio a "sus ex compañeros de trabajo", en referencia al juez Juan José Galeano y otros funcionarios judiciales involucrados. En la misma línea, el CELS consignaba que "sin explicación, el fiscal de Casación, Raúl Pleé dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia".
Las diferencias con Alejandra Gils Carbó parecen tener sustento en el hecho de que la procuradora lo relevó de la Unidad Fiscal para la Investigación de Lavado de Dinero y creó entonces la Procelac, conducida por Carlos Gonella que en los primeros meses de actividad solicitó más embargos, secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Pleé en años.
El fiscal tiene también buenas relaciones con los medios hegemónicos. Cuando la presidenta Cristina Fernández relevó a Juan Félix Marteau como representante argentino ante el grupo contra el lavado de dinero (GAFI), este especialista pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las varias causa que se le abrieron por ese motivo. En su estudio trabaja María Celeste Pleé, la hija del ex fiscal antilavado.
Antes que eso, fue el propio Carlos Menem quien le solicitó al entonces procurador general Ángel Agüero Iturbe que designara al fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plee para coordinar las investigaciones en todo el país vinculadas a la causa de la aduana paralela, que luego quedaría en la nada.
Domingo Cavallo le puso la lupa en el contexto de la pelea que lo enfrentó con el empresario Alfredo Yabrán. El ex ministro de Economía lo marcó a fuego al sostener que tanto Marquevich como el fiscal Pleé se encontraban relacionados con el empresario postal.
Otro de los episodios trágicos de la Argentina que lo tuvo como protagonista fue el ataque al cuartel de La Tabalada por los militantes del Movimiento Todos por la Patria. En el momento del inicio de la instrucción de la causa el fiscal federal de Morón era Santiago Blanco Bermúdez, pero en esa fecha estaba de licencia. Llegaron entonces al cuartel Pleé y el defensor oficial del juzgado federal de San Isidro Pablo Quiroga.
Según las crónicas de la época, Pleé y Quiroga formaron un equipo que no le daba espacio para actuar a Blanco Bermúdez, ya que no querían que se integrara a las reuniones que mantenían con los agentes de inteligencia tanto del Ejército como de la SIDE.
El abogado Rodolfo Yanzón, defensor de las víctimas de La Tabalada, mantuvo en el año 2000 un diálogo revelador con el entonces procurador Carlos Becerra. Yanzón le planteó al entonces jefe de los fiscales las irregularidades de la causa y Becerra lo cortó en seco: "Mire Yanzón, hay tres fiscales que trabajan directamente para el Ejército, dos de ellos son Pleé y Quiroga."
Hoy en día Pleé es fiscal de la Cámara de Casación Penal y titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, mientras que Quiroga es Fiscal Federal de la Cámara de Apelaciones de San Martín.
GUILLERMO MARIJUAN
El fiscal federal Guillermo Marijuan tiene motivos para estar enfrentado con el gobierno nacional. Alejandra Gils Carbó lo removió de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises). La procuradora lo acusaba de nombrar "a cualquiera" y hacer concursos de ingresos "no transparentes". Apenas unos días después de eso, Marijuan imputó a su jefa de los supuestos delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad" por su actitud ante el pedido para que removiera al titular de la Procelac, Carlos Gonella.
La labor de Marijuan en el Ministerio Público también aparece marcada por la investigación del atentado a la AMIA, particularmente en la causa que investiga el robo del video de la caja fuerte del ex juez Juan José Galeano.
Marijuan construyó un estrecho vínculo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuando se desempeñaba al frente de la Anses y el fiscal estaba a cargo de la Ufises, la Unidad Fiscal especializada en delitos contra la Seguridad Social.
En el Frente Renovador reconocen que hoy Marijuan es el candidato que tiene en mente Massa para ocupar el cargo de procurador general de la Nación en el caso de que llegue a la Casa Rosada en las elecciones de octubre.
Cuando Massa estaba al frente de la Anses sufrió un duro revés. Un escrito interno de ese organismo denunció el robo de los datos de 12 millones de jubilados y trabajadores. Según la misiva estaba implicado un gerente de la Anses y un empresario cordobés. Rápido de reflejos, Massa se adelantó al escándalo para evitar la filtración a la prensa y presentó una denuncia precisamente ante Marijuán. "Hizo lo mínimo que se debe para que no digan que no hizo lo que correspondía", dijo entonces una fuente de la Anses al diario La Nación.
La causa no cobró impulso ni por el accionar del fiscal Marijuan ni por el de Massa, sino gracias a una exhaustiva investigación del juez Julián Ercolini. El periodista Horacio Verbitsky lo señala como el hombre más cercano al jefe del Frente Renovador en Comodoro Py.
El fiscal tiene un desempeño asombroso en la causa que investiga el presunto lavado de dinero por parte de 469 empresas –entre ellas el Grupo Clarín, sus principales directivos y compañías satélite– a través de la banca de inversión JP Morgan a partir de la denuncia del arrepentido Hernán Arbizu.
En más de cinco años, Marijuan presentó apenas dos escritos y la causa aún está en su etapa primaria de instrucción pese a que se trata de una evasión multimillonaria a partir de la presunta fuga de divisas.
A fines de la semana pasada su situación se complicó a partir de una presentación judicial que aportó pruebas sobre una presunta "autoamenaza de muerte" que se habría producido en el marco de su disputa con el gobierno nacional.
CARLOS STORNELLI
Carlos Stornelli alterna sus funciones de fiscal federal con sus tareas como jefe de Seguridad de Boca Juniors, puesto en el que fue nombrado por Daniel Angelici que no oculta sus estrechos vínculos con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El alcalde es uno de los más fervorosos convocantes a la movilización del 18F. De hecho, la marcha podría transformarse en el debut de Macri en una movilización masiva, ya que su participación política aparece limitada a actos en lugares cerrados y salpicados de globos de colores.
Stornelli es hijo del teniente coronel Atilio José Stornelli y yerno del general Llamil Reston, ex ministro del Interior y de Trabajo de la dictadura y procesado por delitos de lesa humanidad.
Son públicos los contactos de Stornelli con algunos sectores de la barra de Boca Juniors, pero además aparece vinculado por una investigación del periodista Horacio Verbitsky con un dispositivo armado por Massa durante su paso por la Anses del que participarían también Bonadio y otro funcionario del PRO, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
Antes, Stornelli tuvo su paso como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Su mano derecha fue, sorprendentemente, Soledad Spinetto, pareja de Rafael Di Zeo, uno de los históricos jefes de la barra de Boca. Su más resonante decisión fue deshacer la reforma de la Policía Bonaerense que había diseñado su antecesor León Arslanian.
Durante su gestión se sucedieron episodios como la desaparición de Luciano Arruga, caso en el que Stornelli reincorporó a los policías del destacamento de Lomas del Mirador que estarían vinculados al hecho; y la búsqueda de la familia Pomar, sobre la que el entonces ministro ofreció toda clase de explicaciones que quedaron en ridículo cuando se encontró luego el vehículo accidentado a pocos metros de la ruta por la que circulaba.
E
l fiscal es además autor de una de las frases más polémicas desde que el 18 de enero Nisman fue encontrado muerto en su departamento: "El caso es el primero de estas características y podría no ser el último”, aseveró.
MARTÍN LÓPEZ PERRANDO
El fiscal federal Martín López Perrando fue subsecretario de Seguridad de la provincia durante la gestión de Stornelli. La relación se terminó mal. Stornelli lo despidió luego de que López Perrando organizara una comida en la casa de un empresario de la que participó también el ex presidente Carlos Menem y las fotos del evento generaron alto impacto político.
Después de ese episodio, no dudó en sumarse a la gestión del PRO. De hecho, desembarcó en Vicente López de la mano del primo de Mauricio Macri, cuando Jorge se transformó en el intendente del distrito. López Perrando fue nombrado en 2012 Secretario de Seguridad de Vicente López. Incluso, en la ceremonia de despedida antes de su regreso a la fiscalía, Jorge Macri sostuvo que "a partir de hoy, Martín pasa a ocupar un rol diferente, de todas formas va a seguir formando parte de este proyecto, va a estar dándonos una manos constantemente."
Esa pertenencia al proyecto amarillo no le impide cultivar otros vínculos políticos. En 2005 compartió junto a Juan José "Juanjo" Álvarez –hoy cercano al líder renovador Sergio Massa– un viaje a Nueva York para entrevistarse con el tristemente célebre alcalde Rudolph Giuliani.
Fue denunciado por enriquecimiento ilícito pero el expediente no prosperó, al parecer gracias al lobby que habrían impulsado sus contactos en la justicia y pese a los comentarios habituales en los pasillos de los tribunales sobre el incremento patrimonial del fiscal.
CARLOS DONOSO CASTEX
El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios Nacionales (AFFUN) es Carlos Donoso Castex, titular del juzgado nacional en lo Criminal de Instrucción número 20 de la Justicia Ordinaria de la Ciudad, el mismo fuero en el que trabaja la fiscal Fein que investiga la muerte de Alberto Nisman.
Donoso Castex actuó en la causa por la investigación de la muerte de Lourdes Di Natale, la ex secretaria de Emir Yoma y testigo clave en el expediente por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Di Natale había empezado a recibir amenazas al poco tiempo de denunciar a su antiguo jefe Emir Yoma.
Donoso Castex dictaminó en dos ocasiones que se trató de un "accidente" y se opuso a la reapertura de la causa. Pese a ello, la investigación se reabrió y nuevas pericias permitieron establecer que se habría tratado de un asesinato.
Esa no fue la única participación polémica en causas vinculadas al poder político. En 2001 archivó la causa que trataba de determinar las responsabilidades de la represión policial que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. Donoso Castex archivó la causa por las lesiones a un joven que quedó parapléjico por la represión, pero la denuncia pasó luego al fuero federal donde se avanzó en la investigación por la salvaje represión.
En el pasado reciente fue uno de los testigos que defendió con fervor al fiscal de Núñez Saavedra, José María Campagnoli, se inclinó públicamente en contra del proyecto de democratización del Poder Judicial y militó entre los miembros de AFFUN para conseguir un pronunciamiento explícito con el argumento de las críticas a la posibilidad de que los funcionarios de la justicia paguen el Impuesto a las Ganancias.
Donoso Castex envió a Gils Carbó una carta en la que afirmaba que "se le hizo saber acerca de la gran preocupación existente en relación a las intenciones de querer aplicar el Impuesto a las Ganancias, ya que la Asociación que me toca presidir seguirá defendiendo firmemente el criterio contrario a tal iniciativa como se ha hecho históricamente con fundamentos legales, en forma uniforme, desde su creación".
CARLOS RÍVOLO
El fiscal federal Carlos Rívolo cobró notoriedad por el impulso que le dio al presunto tráfico de influencias y lavado de dinero contra el vicepresidente Amado Boudou, pero fue apartado de la causa por decisión del juez Ariel Lijo quien explicó esa decisión en la "manipulación de la instrucción y filtración de información".
En octubre de 2012, la procuradora general Alejandra Gils Carbó lo acusó de cobrar indebidamente un plus salarial por lo que se le abrió un sumario administrativo y el Estado le reclama la devolución de 97.940 pesos. El ex procurador Esteban Righi había denegado el pedido de Rívolo de cobrar ese plus salarial, pero el fiscal avanzó de todos modos.
Rívolo llegó en la década de los ’90 a la Fiscalía Número 2 de la mano del juez federal Jorge Ballestero, de quien fue secretario. Quienes conocen los pasillos de los tribunales recuerdan que el candidato natural para el cargo era Claudio Navas Rial, un hombre de gran prestigio académico que finalmente quedó como adjunto de la fiscalía.
La buena relación entre Rívolo y el gobierno de Carlos Menem se terminó cuando el fiscal pidió el procesamiento preventivo de Monzer Al Kassar.
El empresario Eduardo Saiegh lo acusa de haber impedido el avance de la investigación penal sobre el desapoderamiento durante la última dictadura cívico-militar del Banco Latinoamericano, del que fue fundador y accionista mayoritario. Saiegh fue secuestrado y torturado para concretar el desapoderamiento de las acciones.
En 2009, el empresario presentó una denuncia contra el ex presidente del Banco Central, Alejandro Reynal y el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz por crímenes de lesa humanidad y antisemitismo, pero asevera que la causa nunca avanzó porque el fiscal no la impulsó "injustificada e ilegalmente" por lo que le pidieron el juicio político.
PABLO LANUSSE
Pablo Lanusse fue fiscal entre 1993 y 2003 y es uno de los más activos impulsores de la convocatoria del próximo miércoles. Pablo es hijo de Jorge Manuel Lanusse, funcionario judicial primo del dictador Alejandro Agustín Lanusse.
Su militancia política en las filas de la oposición no es un secreto. En las elecciones de medio turno de 2011 fue candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en alianza con Francisco de Narváez y acompañado por la periodista Fanny Mandelbaum. Sin embargo desistió de su postulación luego de que el ahora integrante del Frente Renovador de Massa sellara una alianza con el radicalismo e impulsara la lista encabezada por Manuel Garrido.
Fue uno de los principales opositores al anteproyecto del Código Penal y un mes después de su presentación, en abril de 2014 se sumó al Frente Renovador como asesor en materia de seguridad. El romance duró poco. En julio dejó el massismo por diferencias "de forma". Desde entonces evalúa incorporarse a las filas del PRO, para lo que trabaja su amiga la diputada Patricia Bullrich.
Lanusse es abogado de la familia de Ángeles Rawson y fue quien recibió de manos del periodista del Grupo Clarín Roberto Canaletti una grabación en la que una mujer de nombre Beatriz Fuentes aseguraba que Sergio Berni había sobornado a los vecinos del edificio para que mantuvieran silencio sobre el caso, algo que luego se comprobó no era cierto. Fuentes, que había hecho sus declaraciones al diputado de la UCR de Santa Cruz, Eduardo Costa, fue imputada por falso testimonio.
LUIS CEVASCO
Luis Cevasco es el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), entidad que bajo la figura del "amicus curiae" (amigos del tribunal) se sumó a principios de año al amparo presentado por la Asociación de Magistrados para intentar frenar el nombramiento de 16 fiscales generales designados por Gils Carbó.
Cevasco tiene un largo recorrido en el cargo. Ya en 1998, como fiscal y titular de la Comisión Experimental de Fiscales para Delitos Complejos presentó un informe en el que se oponía a que el genocida Jorge Rafael Videla fuera juzgado por el delito de robo de bebés. Cevasco coincidió en la causa con el argumento de "cosa juzgada" que impulsaba la fiscal de la causa, Rita Ester Molina.
Las crónicas periodísticas de la fecha dan cuenta de la sorpresa de voceros consultados por el diario Clarín, "al comprobar que el dictamen de la fiscal Molina tiene apenas tres carillas y párrafos calcados de la presentación que hicieron los abogados de Videla".
En 1995, Emilio Jaján, enemigo declarado de la accionista mayoritaria del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fue condenado en un juicio que le había iniciado la empresaria acusándolo de adulterar evidencias para sustentar la querella que le había impuesto por el cobro de importantes honorarios.
Cuando el tribunal ya había condenado a Jaján, ingresó la esposa del reo, Ana Elisa Feldman, quien pidió denunciar un delito. En la sala de acuerdos y en presencia de los miembros del tribunal y del fiscal Luis Cevasco, Feldman entregó dos fotocopias de actas de partidas de nacimiento "presentadas por doña Ernestina Laura Herrera de Noble de los niños adoptados respectivamente con los nombres de Marcela y Felipe Noble Herrera, en las cuales no figura ni nombre de padre no nombre de madre." La denunciante recuerda que Cevasco buscaba incomodarla, la interrumpía todo el tiempo e intentaba que se contradijera.
El fiscal aparece también vinculado al PRO, a tal punto que fue quien denunció a los metrodelegados por el conflicto desatado en 2012 en torno al reclamo por las paritarias luego de la transferencia del subterráneo porteño a la esfera de la Ciudad, tal como reclamaba el propio Macri.
Cevasco testa conectado con la asociación civil Unidos por la Justicia, que según reveló Página 12 recibió cuantiosos subsidios del gobierno de la Ciudad en los últimos años, integrada por fiscales y jueces que tuvieron un ascenso fulgurante en la justicia porteña.
También en sintonía con la voluntad del PRO, el año pasado vinculó al kirchnerismo con "una asociación ilícita" durante la toma de terrenos de Villa Lugano.
JOSÉ MARÁ CAMPAGNOLI
José María Campagnoli es el fiscal que tiene el mayor número de denuncias en su contra, 20 en total, la mayoría impulsada por jueces, otros fiscales y abogados. Ese récord negativo incluye desde acusaciones por abuso de autoridad, espionaje ilegal, intimidaciones, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de patente, hostigamiento y discriminación.
A Campagnoli se lo acusó de recibir dictámenes redactados por los abogados del Grupo Clarín. La Justicia Federal tramita una causa penal contra el fiscal y uno de los abogados del estudio Sáenz Valiente (que asesora a Clarín) con el objetivo de determinar si parte de la investigación que surgió de su fiscalía en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez tuvo como origen al propio Grupo Clarín. Como evidencia de esta supuesta maniobra se aportó una prueba documental que implica una situación irregular: el borrador del dictamen que Campagnoli emitió en la causa por supuesta extorsión en perjuicio del financista Federico Elaskar estaba en poder de uno de los abogados del multimedios que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el marco de un juicio civil.
Su fiscalía decía acumular 3900 causas pero tras la suspensión por parte del Consejo de la Magistratura, se demostró que de todas ellas sólo 380 eran reales. Los empleados de su fiscalía responden a características muy precisas: son varones, nacionalistas, ultracatólicos, preferentemente rugbiers y militantes del PRO.
Uno de los expedientes más frondosos es el que se instruyó por su actuación en el Barrio Mitre donde enviaba a su equipo a tomar fotografías de manera ilegal con una cámara oculta, procedimiento que también utilizaba con los propios funcionarios de la fiscalía. Pese a ello, en junio del año pasado fue nombrado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña a instancias del bloque del PRO.
Está claro que estos fiscales tiene motivaciones de sobra para marchar..
ESTE MIERCOLES SE CONOCERA EL INFORME TOXICOLOGICO QUE COMPLETA LA AUTOPSIA DE NISMAN
Un día decisivo para la investigación
Mientras ya se considera difícil que aparezcan indicios importantes en la casa del fiscal y en el arma, se espera ver si había consumido algún fármaco. La pista que puede dar más resultado es la de su computadora y su celular.
Por Raúl Kollmann
Por Raúl Kollmann
Los médicos forenses que dependen de la Corte Suprema dejaron plantado en la autopsia un diagnóstico: “En la muerte del doctor Alberto Nisman no participaron otras personas”. Este miércoles, la fiscal Viviana Fein hará públicos los dos informes complementarios de la autopsia, la anatomopatología y la toxicología. En el primer caso –según las fuentes– se ratificará que el disparo fue a menos de un centímetro, lo que respaldaría el diagnóstico forense. La toxicología es, hasta ahora, la mayor incógnita: se dice que se encontró una sustancia inhabitual, pero no en cantidades suficientes para afectar el nivel de conciencia del fiscal y así dejarlo dormido o inconsciente para simular la escena de un suicidio. Los peritos contratados por Sandra Arroyo Salgado presentarán un escrito con sus apreciaciones y pidiendo nuevas medidas. Por lo que se sabe, cuestionarán las conclusiones de los forenses, pero dejando abiertos los interrogantes.
Muerte dudosa
El problema clave consiste en cómo y hacia qué lado se mueve la calificación actual de la muerte de Nisman como muerte dudosa. La fiscal y la jueza Fabiana Palmaghini cuentan con una voz inicial muy poderosa, la de los forenses que hicieron la autopsia. Esos médicos no dependen del Ejecutivo sino de la Corte Suprema y en este caso se hizo público que incluso le llevaron las conclusiones al titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Esas conclusiones apuntan al suicidio sobre la base de tres elementos:
- La distancia del disparo, con el arma casi apoyada.
- El hecho de que no tenga lesiones defensivas en el cuerpo
- El espasmo cadavérico, que es el efecto de rigidez del cuerpo en un disparo autoinflingido, lo que produce que el dedo esté doblado como en el momento de apretar el gatillo.
Frente a ese cuadro, los peritos de Arroyo Salgado esgrimirán que el barrido electrónico no dio positivo, es decir que falta la prueba categórica de que el propio Nisman haya disparado. Y argumentarán también que el lugar del disparo, un par de centímetros por arriba de la oreja, es atípico. Esta controversia entre la familia de una persona que presuntamente se suicidó y los peritos oficiales es tradicional; se verifica en miles de casos a nivel mundial. Es muy difícil que los allegados admitan que su ser querido se quitó la vida, a menos que haya dejado una carta o un mensaje muy claro.
Teóricamente, la fiscal y la jueza tienen que llegar a una conclusión al final de la instrucción, dentro de los cuatro meses de producido el deceso, pero hay causas en las que el expediente siguió así, como muerte dudosa.
Baño
Es difícil que aparezcan evidencias que cambien la situación a partir de lo encontrado en el baño el viernes. Por lo que se sabe, la aplicación de reactivo apuntó a alguna mancha adicional de sangre. Por de pronto, habrá que verificar si se trata de sangre del propio fiscal y, en todo caso, parece difícil que exista una única gota, imperceptible, de un supuesto homicida. Los pelos son una evidencia aún más complicada, teniendo en cuenta que por ese baño –como lo dejó en claro la jueza Palmaghini– pasaron numerosas personas después del trabajo de la División Rastros.
Más allá de las frases dichas en la puerta de Le Parc, al menos por ahora, nada cambia el cuadro de situación: hasta el momento, ninguna evidencia pone un homicida en el escenario de la muerte.
Toxicología
Todos los toxicólogos forenses consultados por este diario sostuvieron que el estudio sobre las sustancias presentes en el cuerpo de Nisman no puede haber tardado más de una semana. Es decir que Fein tiene los informes desde fines de enero. Sin embargo, la fiscal anunció que dará a conocer los resultados el próximo día hábil, el miércoles. El elemento decisivo allí es si se encuentra algún fármaco en cantidad suficiente para haber producido algún estado de inconsciencia al momento de la muerte. La hipótesis en ese caso sería que alguien durmió al fiscal y después movió su cuerpo de manera de simular un suicidio. No es fácil armar la escena del baño, con el cuerpo obstruyendo la puerta y sin señales de arrastre, pero la presencia de un fármaco en grandes cantidades llevaría a analizar lo ocurrido de forma diferente. El dato se conocerá dentro de tres días.
Anatomopatología
Es el estudio microscópico de una parte de las vísceras –hígado, corazón, pulmones y otros–, pero, sobre todo en este caso, del orificio producido por el disparo. Aunque el informe definitivo de los médicos forenses estará el miércoles, los trascendidos indican que no hay demasiadas dudas. La distancia de disparo es de menos de un centímetro, lo que significa que el arma estaba casi apoyada y el tiro fue un par de centímetros por arriba de la oreja. Los peritos de Arroyo Salgado admitirán lo de la distancia, pero dirán que la ubicación del tiro, por encima de la oreja, es atípica, inhabitual en suicidas. Los peritos oficiales, en cambio, concluirán que es un lugar atípico, pero que existen muchos casos. La distancia del disparo es un dato de muchísima importancia, porque es muy difícil que alguien pueda acercarse con un arma a menos de un centímetro, sin producir una defensa, y eso es más difícil inclusive dentro de un baño.
Computadoras y celulares
El trabajo recién está comenzando. El perito informático designado por Arroyo Salgado, Gustavo Pressman, recién habría recibido el viernes los primeros archivos, que son copias-espejo de los archivos que existen en los celulares y computadoras. Como es obvio, en esa parte de la investigación se buscan varios elementos:
- Las últimas comunicaciones de Nisman. Ya está claro que habló con Antonio “Jaime” Stiusso. Eso se sabe no porque haya surgido de los celulares sino por las planillas de la empresa telefónica.
- Hoy en día es de máxima importancia verificar los mensajes de texto. Las empresas de celulares pueden determinar a quién le mandó o de quién recibió un mensaje; pero el contenido de un WhatsApp o mensaje de texto puede estar todavía en el celular.
- Se hará un estudio de los archivos de las computadoras. Hasta el momento, no se ha encontrado ningún mensaje que Nisman haya dejado y tal vez no exista. Pero debe chequearse.
- En la computadora seguramente se encontrarán copias de los mails enviados y recibidos. En esa información y la de los archivos puede haber material sobre amenazas o estados de ánimo del fiscal.
Todo indica que el análisis de celulares y computadoras todavía va a tardar bastante.
Psicología
Como adelantó en exclusiva este diario, Arroyo Salgado designó un psiquiatra forense en el equipo de peritos. La jueza fue muy cuidadosa en no descartar la hipótesis del suicidio cuando habló en el ámbito opositor en el Senado. “No sabemos todavía si estamos ante un hecho criminal”, dijo. La presencia del psiquiatra Ricardo Risso en el equipo de Arroyo Salgado demuestra que su idea es ahondar en el estado psicológico en el que se encontraba su ex marido. Risso recién asumirá como perito en la próxima semana y habrá que ver lo que decide la fiscal Fein en esta materia. Por ahora no ordenó ningún estudio ni indicó puntos de peritaje.
Lo que es habitual, ante la sospecha de un suicidio como en este caso, es que se haga algún estudio sobre el estado psicológico de la persona fallecida. El análisis se hace en base a quienes estuvieron y dialogaron con el fiscal en los últimos días, aunque en muchos casos no se detectan las anomalías. Se dice que durante 2014 Nisman dejó las sesiones de psicoanálisis y había tomado contacto con el Arte de Vivir, la corriente que lidera internacionalmente el gurú Ravi Shankar.
El arma
Como se sabe, el estudio de barrido electrónico realizado en Salta dio negativo, es decir que no se encontraron rastros de fulminante en la mano de Nisman. No es categórico, porque no significa que el fiscal no disparó, sino que significa que el fulminante no dejó rastro. Puede deberse a las características de la pistola, a su antigüedad y también a la antigüedad de los proyectiles. Por ahora Fein no ordenó otra pericia en la que se haría otro disparo con la pistola que usó Nisman y se vería qué ocurre con los rastros del fulminante.
Lagomarsino
El curioso técnico informático, cuyo contrato en la Unidad AMIA ya fue dado de baja, no fue llamado todavía a prestar declaración indagatoria por haberle entregado la pistola a una persona que no era legítimo usuario.
Según trascendió, hay un dato que juega a favor de él: las cámaras de los peajes lo habrían detectado yendo a lo de Nisman en la tarde del sábado 17; luego regresando a su casa a buscar el arma, volviendo a Le Parc a entregar la pistola y yendo definitivamente a su casa en Martínez después de las 20. Eso hace presumir que Lagomarsino –como él mismo contó– no estuvo en la escena de la muerte el domingo. De todas maneras, es obvio que se seguirá investigando su papel y cuál era realmente el trabajo que hacía, ya que cobraba una cifra altísima y no concurría a la Unidad. No menos curioso es el papel del abogado Claudio Rabinovitch, que igualmente tenía un contrato alto –33.000 pesos– y no se sabe cuál era su trabajo.
Stiuso
El ex hombre fuerte de la Secretaria de Inteligencia (SI) debería declarar en la semana que comienza mañana. Su influencia sobre Nisman era llamativa, al punto que el juez Rodolfo Canicoba Corral dijo públicamente que la lógica era que un fiscal liderara y un hombre de la SI estuviera bajo su liderazgo, pero que en el caso de Nisman y Stiuso los papeles se intercambiaban: el que lideraba era Stiuso.
El ex jefe de Operaciones de la SI estaba alineado con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel y el alineamiento de Nisman se hizo público cuando la organización Wikileaks dio a conocer los cables de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Sus constantes visitas a la delegación diplomática, el anticipo a la embajada de las medidas que iba a tomar, incluso la consulta sobre el contenido de algunos textos y, sobre todo, la aceptación del reclamo de Washington de que se siguiera sólo la pista iraní, dejando a un lado la pista siria y la conexión local. Todo eso dejó claramente expuesto su alineamiento en paralelo con el de Stiuso.
El punto de inflexión de Nisman-Stiuso fue el regreso intempestivo de Europa y la presentación de una insólita denuncia que ni siquiera el fiscal tenía bien terminada, porque –tal como le dijeron los jueces– no alcanzó a aportar ni la transcripción de las escuchas.
Es muy posible que Stiuso diga que los motivos de las últimas llamadas fueron intrascendentes o que sólo se referían a aspectos muy parciales de la denuncia del fiscal. No habrá manera de comprobarlo. Existe un dato adicional: según Lagomarsino le contó a una jueza –que así se lo transmitió a este diario–, Stiuso llamó a Nisman el día anterior a su muerte para decirle que desconfíe de su custodia y que les pusiera seguridad a sus hijas.
Habrá que ver si el ex espía cuenta algo de eso.
Sin embargo, quienes conocen cómo funcionaba el dúo Nisman-Stiuso apuestan a que desde la SI le habían prometido a Nisman una tonelada de escuchas para respaldar su débil denuncia. Nisman las necesitaba en forma desesperada. Lo cierto es que finalmente no le entregaron nada. O, como comentan, “le mandaron una caja de pizza”. Lo más probable es que Stiuso diga que no sabe nada de todo eso.
Fuente:Pagina12
14-2-2015
Nisman
En el garage de la UFI AMIA encontraron otro auto, que investiga la fiscalía
El Audi que usaba Nisman, un misterio que sigue estacionado en Le Parc
A casi un mes de su muerte, el auto de alta gama en el que se movía el fiscal sigue en el estacionamiento del edificio. Es de una empresa que fabrica envases plásticos: su dueño está vinculado con un ex agente de la CIA. La firma ya pidió a la fiscalía –según confirmó Infojus Noticias- que se lo devuelvan. No se sabe por qué Nisman lo manejaba.
Telam
Hace un par de semanas, y luego de la difusión de versiones periodísticas que indicaban que el automóvil marca patente MPC641 es propiedad de Palermopack SA, la jueza de Instrucción del Juzgado N°25 Fabiana Palmaghini solicitó la Inspección General de Justicia información sobre "los antecedentes de la sociedad a cuyo nombre se encuentra registrada la camioneta Audi incautada en la cochera asignada a la unidad funcional de Natalio Alberto Nisman".
La agencia de noticias Télam confirmó, en base a registros oficiales, que efectivamente el vehículo de alta gama pertenece a esa empresa propiedad de Fabian Aníbal y Claudio Alejandro Picón, y cuyas oficinas comerciales se encuentran en Paraná 244. Palermopack se dedica a “la fabricación, distribución y comercialización de envases metálicos y plásticos”. Fabián Picón se negó a hablar con Télam tras la consulta por su eventual vínculo con el fallecido fiscal. Consultado por teléfono, afirmó: "Seguro me están grabando" y antes de cortar, dijo: "Olvidate de mí".
Infojus Noticias confirmó que un apoderado de la empresa Palermopack se presentó en la fiscalía a reclamar la "devolución" del Audi Q5. La fiscal Viviana Fein no resolvió al respecto. Por otro lado, en el garage de la UFI AMIA fue hallado otro automóvil cuya propiedad sería de la ex SIDE. Estaba en desuso, estacionado allí desde hacía largo tiempo. La fiscal Fein no lo allanó, ni lo revisó. Lo hizo el fiscal subrogante de la UFI AMIA, Alberto Gentili. No se sabe con qué resultados.
Tal como consta en la web, Picón es socio comercial de las empresas Starpack y Easypack, de Eugenio Eduardo Ecke vinculado con Frank Holder, un ex agente de la CIA que actualmente tiene una empresa de seguridad privada -es decir, una agencia de detectives- llamada Kroll, y que opera en Estados Unidos y Latinoamérica.
Sin embargo, el abogado Carlos Alberto Telleldin, ex imputado de la causa AMIA, aportó otra duda sobre Picón al afirmar que éste es un ex agente de la CIA, tal como lo sostuvo en reiteradas ocasiones en distintos medios de comunicación, e incluso en su cuenta personal de Twitter.
Por lo pronto, su socio comercial está señalado como el operador local de Holder, así como Jefe de Seguridad de la empresa Exxel Group, que se quedó con las firmas de Alfredo Yabrán luego de su muerte. De hecho, fue vinculado en 1997 con el asesinato de José Luis Cabezas.
Además, la empresa de seguridad de la que es principal ejecutivo, de nombre Segar, está sospechada de tener vinculación con Ciro James, imputado por la causa de las escuchas ilegales durante la gestión macrista en las que está procesado, entre otros, el mismísimo Mauricio Macri. Recordemos que en esa causa, la imputación es por haber intervenido ilegamente ("pinchado") las comunicaciones, entre otros, de Sergio Burstein, miembro de la Agrupación 18J de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA.
Fuente:Infojus
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