19.02.2015
derechos humanos
Condenaron a perpetua a dos represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín
derechos humanos
Condenaron a perpetua a dos represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de La Plata condenó esta madrugada a la pena de prisión perpetua al ex militar Angel Gómez Pola y al ex comisario Abel Oscar Bracken por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín durante la última dictadura cívico militar.
Además, los magistrados sentenciaron a 25 años a los ex policías Francisco Manzanares y Chiachietta; a 18 Miguel Angel Almirón y Julio Angel Esterlich; y a 15 al ex comisario Edgardo Mastandrea.
Todos los acusados resultaron privados de sus beneficios de pensiones y retiros, y el Tribunal dispuso también que los lugares en los cuales se cometieron los delitos de lesa humanidad investigados sean preservados como sitios de memoria.
Los jueces Pablo Vega, César Álvarez y Carlos Rozanski dieron lectura al fallo en el auditorio de la Universidad Nacional del Noroeste, ubicado en Junín y que se encontraba colmado al momento del veredicto.
A lo largo de la jornada, los magistrados escucharon los extensos alegatos de los abogados defensores, Ariel Hernández y Paula Colombo.
Los letrados pidieron en sus alocuciones la nulidad del proceso por entender que “se violó el legítimo derecho a la defensa” de sus representados, y en consecuencia, solicitaron la absolución para los imputados.
Los fiscales Hernán Shapiro y Juan Martín Nogueira, al igual que los demás querellantes, rebatieron los argumentos de nulidad expuestos por la defensa y ratificaron sus pedidos de condena para los siete acusados, que iban desde prisión perpetua hasta 19 años de condena.
Por último, el Tribunal le otorgó a los imputados el derecho de pronunciar unas palabras antes del fallo y sólo dos de los acusados hicieron uso de este beneficio.
Primero fue el turno del ex policía Miguel Ángel Almirón, que agradeció a “familiares, amigos y defensores el apoyo prestado a lo largo del juicio”.
Luego le tocó el turno al ex comisario Edgardo Mastandrea, que a pesar del lleno que había en el auditorio, destacó “el hecho de que la sociedad de Junín le haya dado la espalda a este proceso”.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal desechó los requerimientos de nulidad presentados por la defensa y dictó las sentencias ante el aplauso de la concurrencia.
Los delitos que se juzgaron fueron calificados como “privación ilegítima de la libertad y tormentos" en perjuicio de 24 víctimas.
En tanto, Gómez Pola y Bracken resultaron también acusados de homicidio en función de las pruebas que se incorporaron durante el debate.
Los crímenes investigados tuvieron lugar en el circuito represivo que funcionó en Junín y que estuvo comprendido en la subzona 13 del Área militar 131, con sede en el Grupo de Artillería 101, en donde Gómez Pola ejercía como jefe.
Los hechos sucedieron entre marzo de 1976 y fines de 1977, en la comisaría 1ª de Junín; la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial --en aquella época estaba en construcción-— y el Destacamento policial ubicado en la localidad de Morse.
Según la acusación que leyó el Tribunal al inicio del proceso, "el Estado se desdobló, ya que dispuso que esas instalaciones se utilizaran para mantener cautivas a personas que estaban secuestradas".
Los represores estuvieron bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército que entonces comandaba el general genocida Guillermo Suárez Mason, por eso el caso formó parte de la megacausa del Primer Cuerpo, que fue instruida por el juez federal Daniel Rafecas.
Además, los magistrados sentenciaron a 25 años a los ex policías Francisco Manzanares y Chiachietta; a 18 Miguel Angel Almirón y Julio Angel Esterlich; y a 15 al ex comisario Edgardo Mastandrea.
Todos los acusados resultaron privados de sus beneficios de pensiones y retiros, y el Tribunal dispuso también que los lugares en los cuales se cometieron los delitos de lesa humanidad investigados sean preservados como sitios de memoria.
Los jueces Pablo Vega, César Álvarez y Carlos Rozanski dieron lectura al fallo en el auditorio de la Universidad Nacional del Noroeste, ubicado en Junín y que se encontraba colmado al momento del veredicto.
A lo largo de la jornada, los magistrados escucharon los extensos alegatos de los abogados defensores, Ariel Hernández y Paula Colombo.
Los letrados pidieron en sus alocuciones la nulidad del proceso por entender que “se violó el legítimo derecho a la defensa” de sus representados, y en consecuencia, solicitaron la absolución para los imputados.
Los fiscales Hernán Shapiro y Juan Martín Nogueira, al igual que los demás querellantes, rebatieron los argumentos de nulidad expuestos por la defensa y ratificaron sus pedidos de condena para los siete acusados, que iban desde prisión perpetua hasta 19 años de condena.
Por último, el Tribunal le otorgó a los imputados el derecho de pronunciar unas palabras antes del fallo y sólo dos de los acusados hicieron uso de este beneficio.
Primero fue el turno del ex policía Miguel Ángel Almirón, que agradeció a “familiares, amigos y defensores el apoyo prestado a lo largo del juicio”.
Luego le tocó el turno al ex comisario Edgardo Mastandrea, que a pesar del lleno que había en el auditorio, destacó “el hecho de que la sociedad de Junín le haya dado la espalda a este proceso”.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal desechó los requerimientos de nulidad presentados por la defensa y dictó las sentencias ante el aplauso de la concurrencia.
Los delitos que se juzgaron fueron calificados como “privación ilegítima de la libertad y tormentos" en perjuicio de 24 víctimas.
En tanto, Gómez Pola y Bracken resultaron también acusados de homicidio en función de las pruebas que se incorporaron durante el debate.
Los crímenes investigados tuvieron lugar en el circuito represivo que funcionó en Junín y que estuvo comprendido en la subzona 13 del Área militar 131, con sede en el Grupo de Artillería 101, en donde Gómez Pola ejercía como jefe.
Los hechos sucedieron entre marzo de 1976 y fines de 1977, en la comisaría 1ª de Junín; la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial --en aquella época estaba en construcción-— y el Destacamento policial ubicado en la localidad de Morse.
Según la acusación que leyó el Tribunal al inicio del proceso, "el Estado se desdobló, ya que dispuso que esas instalaciones se utilizaran para mantener cautivas a personas que estaban secuestradas".
Los represores estuvieron bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército que entonces comandaba el general genocida Guillermo Suárez Mason, por eso el caso formó parte de la megacausa del Primer Cuerpo, que fue instruida por el juez federal Daniel Rafecas.
Fuente:Telam
18 de Febrero de 2015
A los dos máximos responsables de la represión en esa ciudad se los acusa de homicidio
Junín: dictan sentencia por crímenes de lesa humanidadUn ex militar y seis ex policías, acusados de delitos cometidos durante la última dictadura, escucharán el veredicto. Dos de los procesados tienen pedidos de reclusión perpetua.
Proceso - Durante tres meses se escuchó el debate, que condujo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata - Foto: télam
Con dos pedidos de prisión perpetua y de penas de hasta 25 años de cárcel, el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 víctimas, tres de ellos aún desaparecidos, llegará hoy a su final, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata dicte el veredicto. Luego de tres meses de debate, los jueces escucharán los alegatos de las defensas y las últimas palabras de un ex militar y seis ex policías, para luego cerrar el proceso judicial con el que esa región del noroeste bonaerense saldará parte de las deudas con su pasado.
Con la lectura del veredicto, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez darán fin esta tarde al juicio que desde noviembre se realiza en la Universidad Nacional del Noroeste. En la causa están imputados siete represores por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos contra 24 víctimas entre 1976 y 1977. A esas acusaciones se sumó a finales de diciembre un pedido de la fiscalía federal, a cargo de Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, para que a los dos máximos responsables de la represión en esa ciudad se los condenara también por los homicidios de Hugo Torretta, Adrián Romié y Gilberto "Beto" Mesa, los tres desaparecidos que tiene la causa.
Por eso, en su alegato del viernes pasado, solicitaron las máximas penas para el ex coronel Ángel José Gómez Pola y el ex comisario de la Comisaría 1 de Junín, Abel Oscar Bracken. A Gómez Pola lo consideraron "autor" de los homicidios de los tres desaparecidos. Al ex comisario, "coautor" del asesinato de Torretta.
Los funcionarios pidieron, además, penas de 25 años de prisión para el ex médico policial Aldo Antonio Chiachietta y el ex oficial de la delegación regional de la Dirección de Inteligencia policial (DIPBA), Francisco Silvio Manzanares, mientras que para los ex policías Miguel Ángel Almirón y Edgardo Antonio Mastandrea solicitaron 23 años. Para el ex uniformado Julio Ángel Esterlich pidieron 19 años de cárcel.
Al describir en el alegato el sistema local de represión, Schapiro y Nogueira recordaron que "las fuerzas militares y policiales tuvieron un funcionamiento armónico y coordinado en la zona, dándose una unidad de acción muy marcada". Además, calificaron como delitos de Genocidio a las acusaciones por secuestros, torturas y homicidios, a las que están sometidos los imputados.
"Las fuerzas militares y policiales tuvieron un funcionamiento armónico y coordinado en la zona, dándose una unidad de acción muy marcada", explicaron los fiscales para contextualizar los hechos cometidos en esa ciudad a partir del 24 de marzo de 1976.
Los fiscales describieron el circuito represivo que funcionó durante la dictadura en Junín, que fue comandado por el área militar 131, con sede en el Grupo de Artillería 101, donde mandaba Gómez Pola. Los enclaves del sistema represivo local funcionaron en la Comisaría 1 de Junín, la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial, que estaba en construcción, el Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse y la Unidad Regional VIII de la Policía, que era sede local de la DIPBA. Además, dieron por probados los secuestros de las 21 víctimas sobrevivientes.
El juicio que tendrá su veredicto esta tarde ocupó la escena pública de Junin durante tres meses. En ese lapso declararon más de 140 testigos y se ventilaron complicidades civiles, como la presunta colaboración de la Sociedad Rural de Junín con la dictadura. Esa entidad, según reveló un testigo, prestó al Ejército un predio que habría sido incorporado a su red de destinos clandestinos y donde habría pasado sus últimos momentos uno de los cuatro desaparecidos de esa ciudad.
Delitos
homicidio
"Privación ilegítima de la libertad" y "tormentos", son los delitos por los que se acusa a los represores. A dos de ellos también les sumaron pedidos de penas por "homicidio".
Fuente:TiempoArgentino
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