1 de marzo de 2015

EL FALLO DE RAFECAS, LA MUERTE DE NISMAN Y EL ACTO DE HOY DE CFK.

EL FALLO DE RAFECAS, LA MUERTE DE NISMAN Y EL ACTO DE HOY DE CFK
La escena invertida
El pronto y categórico fallo de Rafecas desnudó la debilidad de la acusación de Nisman y obstaculizó una operación para trasladar la causa por su muerte a un juez federal de la escudería Stiuso. Con el acto de hoy el gobierno procura volver a su quicio la escena invertida, en la que sus políticas de verdad y justicia fueron alzadas como consignas en su contra, incluso con movilización callejera. Netanyahu contra Obama por Irán, un nuevo escenario internacional que Nisman no ignoraba.
Por Horacio Verbitsky

Imagen: Arnaldo Pampillón
Al desestimar la denuncia del extinto fiscal Natalio Alberto Nisman contra la presidente CFK, su canciller Héctor Timerman y el diputado nacional Andrés Larroque, el juez Daniel Rafecas desconcertó a tirios y troyanos, que no esperaban un pronunciamiento tan rápido y categórico. El editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cuestionó que Rafecas sólo hubiera encuadrado al falso agente de inteligencia Allan Bogado y por “tráfico de influencias”. Le pareció “poco para tanto revuelo”. ¿No será al revés, que se había armado un enorme revuelo en torno de tan poco? Esa inversión de los términos fue el concepto central de una columna publicada aquí el martes, por Verónica Torras, quien llegó al hueso de la operación en desarrollo desde el 14 de enero: inculpar por la muerte del fiscal al gobierno que asumió las consignas del movimiento por los derechos humanos y reclamarle justicia contra la impunidad, incluso con la movilización en las calles. Recomiendo leer ese texto porque es la reflexión más profunda vertida hasta el presente sobre el tema, y para compensar que le tomo prestado el título (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/266790-71676-2015-02-24.html).

Para el sin duda bien intencionado columnista Alberto Amato, “en la Argentina, cuando un crimen roza al poder, queda impune”. ¿Sí? En pocos países más que en la Argentina los crímenes del poder están siendo castigados: desde Videla a Pedraza, de María Soledad a Cabezas y Marita Verón, de Río Tercero a Once y Cromañón. La única excepción han sido los crímenes del poder permanente, económico, eclesiástico, judicial o de Inteligencia. Hasta eso comenzó a cambiar, con el enjuiciamiento de Martínez de Hoz, Carlos Pedro Blaquier, Jimmy Smart, Oscar Justo Laguna u Otilio Romano, las sanciones al Banco Macro, las investigaciones sobre el HSBC, la disolución y la purga en la SI. Entonces todas las furias se desataron sobre el gobierno que lo consintió o lo impulsó. Además es asediado desde afuera por su posición inédita frente a los acreedores externos y los auditores financieros, su independencia en las relaciones internacionales que va desde el eje en el bloque sudamericano a la alianza estratégica con China y la búsqueda de acuerdos con Rusia.

La resolución del juez Rafecas comienza a poner en orden la escena que en los últimos cuarenta y cinco días se trastocó en forma brutal. El Gobierno no esperaba este desenlace porque maltrató a Rafecas cuando con la misma independencia aceptó la solicitud del fiscal Carlos Rívolo de allanar una propiedad del vicepresidente Amado Boudou. Un sector del radicalismo tampoco le perdona la investigación sobre la ley Banelco. En cambio lo respaldaron los organismos defensores de los derechos humanos, que lo reconocen por su tesis de doctorado sobre la tortura y por sus sistemáticas investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Zona de Seguridad del Cuerpo de Ejército I, y las organizaciones de las colectividades armenia y judía, por sus estudios y libros sobre ambos genocidios. Eso frustró su destitución y no el presunto negociado con Eduardo de Pedro que le atribuyó Elisa Carrió, quien sustituye con tales ensueños la carencia cada día más evidente de buena información sobre lo que sucede, hasta llegar a la fantasía de un autogolpe que se daría hoy en el Congreso con apoyo militar. Al mismo tiempo que procuraba expulsar a Rafecas, el Gobierno propuso la designación como juez federal del coleccionista de parafernalia nazi Luis Osvaldo Rodríguez, para lo cual desdeñó la muy fundada impugnación del CELS. Integrante de la escudería Stiuso que administra Javier Fernández, Rodríguez es uno de los jueces que hoy acosan al Gobierno con causas disparatadas, como la imputación contra la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por cumplir con su deber de abogada del Poder Ejecutivo, que es defender a quien lo ejerce, ante la acusación de Nisman por un acto de gobierno. Peor aún, en torno de Rodríguez gira la maniobra en curso para desplazar a la fiscal Viviana Fein de la investigación por la muerte del fiscal y enfangar el expediente en el fuero federal, a partir de una causa previa por amenazas que está radicada en su juzgado. Rodríguez también tiene un expediente contra el propio Rafecas, por haberse atrevido a investigar el uso de los dineros de la ex SIDE para pagar los votos que hicieron ley la precarización laboral, y que el actual gobierno derogó. Rafecas se enterará hoy de que su resolución postergó una conferencia de prensa de los peritos designados por la exposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, para la que los policías bonaerenses Osvaldo Raffo y Daniel Salcedo ya habían comenzado los contactos con periodistas. Raffo fue el perito forense que en 1977 certificó que ni Jacobo Timerman ni Jorge Rubinstein habían sido torturados y en 1984 declaró ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que quienes torturaban a sus víctimas no eran los policías sino los guerrilleros, de lo cual no recordó ni un ejemplo. El informe que ambos pensaban entregar a la prensa aseguraba que la escena de la muerte fue adulterada para ocultar que a Nisman lo asesinaron. Sobre esa base, el juez federal Rodríguez pediría la inhibición de su colega del fuero ordinario Fabiana Palmaghini. Máximo Rosconi, defensor de Diego Cerebrito Lagomarsino, el acompañante de los tours internacionales de compras electrónicas de Nisman en Chile, con ingreso sin aduana garantizado por Antonio Stiuso, participó en forma inusualmente activa en la declaración testimonial de Sergio Berni. Lo interrogó como si fuera un imputado, con repreguntas impertinentes para un testigo. Estuvieron cerca de pasar a los golpes. En apariencia buscaba la declaración de nulidad del primer tramo del expediente. Pero en su infatigable recorrida de medios, el también defensor de Carlos Menem insiste en que no se trató de un suicidio. Esa hipótesis no necesariamente favorece a su cliente (que se convertiría en sospechoso de un crimen) pero encaja con el operativo de traspaso al fuero federal. “Rafecas no sabe que los partió al medio. Por eso lo único que se veía el viernes en televisión y en los portales de noticias era la fiesta de Boca con el debut del otro Daniel Osvaldo y si el vestidito es crudo y dorado o azul y negro”, ironiza desde su despacho judicial alguien que ni forma parte de Justicia Legítima ni se resfrió el jueves 18. “Ahora están pendientes de cualquier cosa que diga CFK sobre el fallo, para volver a la carga”, agrega.

Nunca es demasiado tarde para que los gobernantes aprendan que un juez serio y decente como Rafecas es algo que no tiene precio.

Sobres lacrados
Alberto Adrian María Gentili, el amigo que Nisman proponía todos los años para cubrir sus licencias, quedó a cargo en forma interina hasta la designación del equipo que lo reemplazaría. Los empleados de la fiscalía le informaron que Nisman había dejado dos versiones de un mismo escrito, listo para su presentación. Después de leerlo, Gentili ordenó guardarlo dentro de un sobre lacrado en la caja fuerte y entregárselo a quien o quienes se hicieran cargo de la fiscalía especial. Se trata de la solicitud al Poder Ejecutivo para que pidiera la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así esperaba conseguir la cooperación judicial que la República Islámica de Irán se negaba a prestar para que pudieran ser indagados sus nacionales, cuya captura el propio Nisman había pedido en 2006 y que fue el origen de las famosas alertas rojas de Interpol. La secretaria de la Unidad Fiscal, Soledad Castro, certificó en un acta del 20 de febrero que el fiscal había firmado esos documentos en diciembre de 2014 y rubricado sus últimas fojas en enero de 2015 “sin precisar el día”. Rafecas consignó en su resolución el asombro que le produjo constatar que Nisman formula allí una valoración positiva de los pasos que la presidente dio en el tema hasta septiembre del año pasado, es decir un año y nueve meses después de la firma del Memorando de Entendimiento. Si bien Nisman entendía que, a raíz de la negativa iraní a la extradición y al juicio en un tercer país, ese tratado bajaba las exigencias iniciales, no consideraba que su firma constituyera un crimen tipificado en el Código Penal, según sostendría pocos días después, el 14 de enero de este año. “Ante lo expuesto, estimo prudente no formular aquí comentarios” escribió con cierto pudor Rafecas.
Este mecanismo se repite varias veces a lo largo de su resolución: para Rafecas la prueba de que no hay delito en el accionar oficial la suministra el propio Nisman, en “una suerte de refutación a sí mismo”. El juez cita por lo menos tres veces en las que Nisman afirma que el Acuerdo no entró en vigor, por lo cual no tuvo efectos jurídicos, “incluyendo los efectos penales”: en las fojas 16, 121 y 180 de su autocontradictoria acusación.

De frente y de perfil
Del mismo modo, el testimonio de José Ricardo Eliaschev ante Nisman refuta la nota periodística por la que fue citado. En el diario Perfil escribió haber visto un documento interno del gobierno persa en el que se afirmaba que la Argentina había perdido interés en el esclarecimiento de los atentados y prefería mejorar sus relaciones económicas con Irán. Pero como testigo dijo algo “claramente distinto”. En “esta declaración juramentada, de ser cierto lo que el ‘paper’ decía, de haber sido correctamente interpretado por el funcionario iraní de su contraparte argentina y de haber sido correctamente traducido del farsí al inglés, el contenido del mismo no revela nada en sí mismo sustancial: la Argentina querría ‘dar vuelta de página’ en las relaciones bilaterales, y para ello, correspondería –dice el “paper”– avanzar en un acuerdo importante”. Nada más que eso.

Basado en la denuncia de Nisman, el fiscal Gerardo Pollicita presentó el requerimiento de instrucción. Rafecas dejó constancia de que Pollicita se basó pura y exclusivamente en la denuncia de Nisman, lo cual puede ser una manera sutil de señalarle que con una simple instrucción preliminar hubiera podido arribar a la misma desestimación que él. Parte de ese camino lo recorrió el propio Rafecas. En una de las escuchas, el falso influyente Bogado se jacta ante su interlocutor musulmán de haber participado en las negociaciones sobre el Memorando de Entendimiento en Ginebra y de haberse reunido por la misma razón con personas de la colectividad judía en Nueva York. Pero “este personaje no registra una sola salida del país en los últimos diez años”, dice Rafecas. El juez también señaló un aspecto menos conocido del dictamen del fiscal Pollicita: “La claridad expositiva y la precisión en la definición de la hipótesis que ha delimitado en su escrito” fijó “el núcleo de la imputación”, lo que permite “despejar cualquier tipo de especulación y conjetura en este punto, sobre todo atendiendo la resonancia e implicancias que la denuncia ha concitado en la opinión pública nacional e internacional”. Pollicita circunscribió la investigación del presunto plan delictivo al señalar acciones concretas que habrían realizado la presidente y los demás imputados para “liberar de responsabilidad a los iraníes”. Una es la creación de una denominada Comisión de la Verdad, según Nisman “con facultades para asumir funciones de carácter estrictamente judicial en reemplazo del juez natural de la causa y del representante del Ministerio Público Fiscal”. Otra, la notificación a Interpol para que levantara “las circulares rojas”. Como la Comisión nunca se creó, las alertas rojas no se levantaron y la Argentina hizo todo lo que estuvo a su alcance para que siguieran en efecto, no hay delito, ni siquiera en grado de tentativa, concluye el juez.

Gente de palabra
Si Pollicita apela la resolución de Rafecas, la decisión quedará en manos de una de las dos salas de la Cámara Federal: la I, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballesteros (quienes sin mencionar un solo precedente consideraron inconstitucional el Memorando de Entendimiento con Irán) y Eduardo Freiler, o la II, que integran Horacio Cattani, Martín Irurzun y el mismo Farah, a quien la escudería Stiuso colocó sobre el filo de ambas salas para que tenga una visión más completa del panorama. En forma paralela proseguirá la investigación sobre la muerte de Nisman. A 45 días del disparo, no hay evidencias irrefutables de que se haya suicidado, pero menos aún de que lo hayan muerto. Sin embargo, buena parte de la oposición judicial y mediática afirma sin dudar que se trató de un asesinato y atribuye la responsabilidad al gobierno. “Magnicidio institucional”, sentenció Nelson Castro, quien el jueves agregó que si Nisman estuviera vivo, Rafecas no hubiera cerrado tan pronto el caso contra la presidente, lo cual a su juicio prueba a quién le convino la muerte del fiscal. Su colega Eduardo Van der Kooy fue más allá: sin molestarse por las fuentes ni por el encadenamiento lógico, atribuyó el hecho a “un comando venezolano-iraní (con adiestramiento cubano)”. Joaquín Morales Solá esboza dos interpretaciones: o “sicarios iraníes” o “una dramática conclusión de su denuncia contra el gobierno argentino”, en cuyo caso la “eventual lista” de víctimas adicionales “podría ser más extensa aún y no agotarse ni siquiera en funcionarios judiciales”. El ex procurador fiscal ante la Corte Suprema desde el menemismo hasta su reciente jubilación, Luis Santiago González Warcalde, afirmó que fue “un crimen” en razón del trabajo de un hombre al que el gobierno nacional dejó “abandonado y solo”. Para el sociólogo Marcos Novaro la marcha del 18 de febrero “despertó el rechazo compartido a que la política recurra a la muerte de los adversarios”. La indiferencia por los hechos define los alcances de una neurosis colectiva que afecta al sector de la sociedad que ellos representan o del que provienen.
Otra voz muy distinta se escuchará hoy cuando la presidente inaugure el último período de sesiones de su segundo mandato, acompañada por una movilización que se preparó con esmero. La sanción durante el período de sesiones extraordinarias de la nueva ley de Inteligencia que ilumina uno de los sectores más oscuros del Estado, invierte el principio de secreto por el de transparencia y procura obstruir la relación promiscua entre los servicios y la justicia; la reformulación ministerial ya sin el irresponsable triturador de papel impreso; la incorporación de dos militantes de distintas generaciones como Daniel Gollán y Eduardo De Pedro y la revalorización de la eficiencia en la jefatura de gabinete; la apertura de los concursos públicos para 82 frecuencias de televisión digital en la Zona Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Resistencia, Formosa, Comodoro Rivadavia y Santa Fe, postergada desde el alejamiento de Gabriel Mariotto de la autoridad regulatoria, muestran la decisión de gobernar hasta el último día del mandato presidencial. Además de los anuncios de políticas sociales se esperan también definiciones políticas de la presidente, en una escena que vuelve a su normalidad luego de un mes y medio de desquicio. El martes, dirá lo suyo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sobre quien arrecian las presiones para que arroje nafta al fuego con un pronunciamiento recondiano sobre la independencia judicial. El mismo día, el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, hablará en el Congreso de Estados Unidos. En 2012, Netanyahu formuló una dramática declaración ante las Naciones Unidas, ilustrada con el rústico dibujo de una bomba, según la cual Irán estaba a sólo un año de construir su primer explosivo nuclear y reclamó acciones para impedirlo. Pero un documento secreto del Mossad, filtrado a la cadena de televisión Al Jazeera y al diario inglés The Guardian lo desmiente. Pocas semanas después del mensaje de Netanyahu, la propia Inteligencia israelí informó a Sudáfrica (de donde proviene la filtración) que Irán “no está realizando las acciones necesarias para producir armas”. El 17 de marzo Netanyahu arriesgará su cargo en las primeras elecciones en muchos años que pueden poner límite a la derechización total del “Estado Nacional Judío”, según la ley que priva de derechos a la minoría árabe, cuya sanción hace cien días hizo trizas la coalición gobernante y forzó la convocatoria electoral. En su mensaje del martes en el Capitolio Netanhayu cuestionará al presidente Barak Obama y la negociación nuclear del grupo 5+1 con Irán, que debe culminar con un acuerdo final en junio. Nisman no ignoraba estos cambios en el escenario internacional, que ya no es el de sus años de gloria.



Interpol
Por Horacio Verbitsky


El juez contabiliza quince ocasiones en las que el fiscal Nisman afirma que Timerman presionó al secretario general de Interpol para que levantara las alertas rojas. “Es una grave afirmación sin ningún soporte probatorio. Para colmo desmentida puntualmente y en forma categórica por el Secretario General de Interpol, Ronald Noble”, escribe Rafecas. También desmenuza la afirmación de Nisman de que el artículo 7 del Memorando, por el cual se debía comunicar el acuerdo “en cumplimiento a requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso”, no era una exigencia de los reglamentos del organismo policial y “tuvo como único propósito el cese de las notificaciones rojas de los prófugos iraníes”. Rafecas explica que ese punto no se refería a una reglamentación general de Interpol sino a una situación particular “con relación a este caso”, en el que Interpol y en especial Noble intentaron durante años distintas iniciativas para destrabar una situación en la que ambas partes eran inflexibles. La Argentina, “con un reclamo permanente e invariable” para que los prófugos presten declaración ante el juez argentino, Irán “cerrado en una firme negativa”. Rafecas menciona tres gestiones de Interpol con ese propósito en 2009 y 2010, y se sorprende de que Nisman no las mencionara, pese a que participó al menos en una de esas reuniones, en la sede de la organización, en Lyon, Francia. Estas iniciativas hicieron de Interpol “un mediador histórico en el conflicto”, “explican y justifican claramente la remisión del Memorando” a ese organismo y permiten comprender la razón de su público apoyo a la firma del Acuerdo, “como un intento legítimo de destrabar el conflicto”. El 15 de febrero de 2013 Timerman informó a Interpol que se había firmado el Memorando de Entendimiento y le advirtió que cualquier cambio en los requerimientos de captura internacional formulados a esa organización “sólo podrá ser realizado por el juez argentino con competencia en dicha causa, Rodolfo Canicoba Corral”. Por si quedaran dudas agregó que el Memorándum de Entendimiento y su futura entrada en vigor “no producen cambio alguno en el procedimiento penal aplicable, ni en el status de los requerimientos de captura internacional arriba referidos”. Lo mismo dice el artículo 81.2 del Reglamento de Interpol. Rafecas se sorprende de que Nisman no mencionara ni una vez esa notificación, que no podía desconocer, ni el artículo 81.2 del Reglamento de Interpol.



La vocera
Por Horacio Verbitsky

En la tarde del jueves, la edición electrónica del diario New York Times incluyó una nota de su periodista Jonathan Gilbert sobre el fallo de Rafecas. El diario informó que “la vocera del Poder Judicial María Burdin” dijo que la decisión del juez de desestimar la denuncia “puede ser apelada por el fiscal Gerardo Pollicita”. La página de la Corte Suprema en Internet publicó poco después un comunicado del Centro de Información Judicial que “desmiente totalmente haber informado o dado indicación alguna sobre la necesidad o no de apelación al fallo del doctor Rafecas, como erróneamente se publicara en un medio online”. No muy impresionado por esta total desmentida, el New York Times mantuvo la información online y el viernes la incluyó sin cambios en su edición impresa.



COMO SE FUERON ACUMULANDO LAS DESMENTIDAS A LA SUPUESTA CONSPIRACION
Lo que derrumbó la denuncia
El ex director de Interpol diciendo que todo era falso, los documentos de Timerman, el silencio de AMIA y DAIA, la negativa de Servini de Cubría de habilitar la feria y la de Canicoba Corral de considerar el tema, Stiuso que no le contestaba el teléfono.
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
El juez Daniel Rafecas hizo en su fallo un prolijo repaso de la forma en la que se fueron refutando las pruebas sostenidas por el fiscal Alberto Nisman en su denuncia. Ocurrió en los días siguientes a su presentación. La aparición en escena del ex secretario de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, calificando de falsa la denuncia, prácticamente derrumbó el escrito del fiscal. Sin embargo, una cronología aún más amplia que la hecha por el juez, en base a las pruebas del expediente, demuestra que los golpes fueron demoledores.

Regreso
Por las evidencias que surgen del expediente que instruyen la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini, parece estar claro que Nisman decidió a fin de año que regresaría de España el 12 de enero. Lo prueba el informe de Iberia y una declaración de una secretaria de la fiscalía AMIA, que además le avisó a la empleada doméstica que Nisman volvía el 12.
El fiscal mantuvo su plan de regreso en secreto, al punto de que ni se lo comunicó a su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ni a personas de su entorno más cercano. Significó un duro cruce familiar e interrumpir el viaje por Europa con su hija mayor.

¿Por qué volvió? Hasta ahora hay dos versiones. La primera –que también aparece en una declaración de alguien de la fiscalía– es que le había llegado el rumor de que lo querían desplazar de su cargo. Eso lo llevaba a presentar la denuncia en forma apresurada especulando con que una denuncia estruendosa haría muy difícil removerlo. ¿Quién se atrevería a sacarlo? La realidad es que, pese a que familiares de las víctimas del atentado reclamaban que fuera apartado, la procuración ya había hecho cambios en diciembre y no había planes para desplazarlo.

La segunda versión es que Nisman pensó en provocar un enorme estruendo político en plena feria, un momento adecuado por la falta de noticias judiciales. Esto explicaría la falta de preparación del escrito, el apresuramiento y que terminara entregando la denuncia sin acompañar la transcripción de las escuchas telefónicas, algo elemental. Está probado –en especial por la transcripción de los cables de Wikileaks–, que Nisman solía actuar en combinación con la embajada de Estados Unidos.

A todo esto se agrega un dato asombroso que surge del fallo de Rafecas: en la caja de seguridad de Nisman había otro escrito firmado por él con fecha de enero de 2015, que sostiene exactamente lo opuesto a su denuncia: el memorándum no es calificado como un delito, sino como un paso entendible y su objetivo no era ayudar a los iraníes a que eludan a la Justicia argentina sino lo contrario, “sentar a los acusados ante el juez, y de este modo, permitir avanzar la causa hacia el juicio oral”. El texto fue entregado a Rafecas por la secretaria letrada de Nisman, la doctora Soledad Castro.

De manera que el fiscal se tomó un avión desde Madrid el 12 de enero, ya con un conflicto familiar de por medio, para presentar una denuncia a medio hacer y sostenida en supuestos hechos sobre los que tenía también la opinión contraria.

Denuncia
Rafecas enumera lo que pasó en los días siguientes a la presentación de la denuncia de Nisman, el 14 de enero. A eso se agregaron otros hechos que no figuran en el texto del juez.

- El jueves 15 de enero, en conferencia de prensa, el canciller Héctor Timerman presentó la carta que le envió dos semanas después de firmado el memorándum al entonces titular de Interpol, Ronald Noble. Timerman le dice dos veces a Interpol que no podía haber cambios en las órdenes de captura con alertas rojos y que cualquier alteración sólo podía ser obra del juez Rodolfo Canicoba Corral. El documento era lapidario para Nisman, ya que él sostenía que el Gobierno había hecho gestiones para levantarlos.

- El mismo jueves el juez a cargo del expediente AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, fue lapidario: “La denuncia del doctor Nisman tiene escaso o nulo valor probatorio”. El magistrado señaló que se trataba de un trabajo de servicios de Inteligencia sin valor judicial. Para colmo, Canicoba sostuvo que era muy grave que el fiscal hubiera desarrollado un trabajo, que según él le llevó dos años, sin haber notificado a ningún juez.

- La jueza María Romilda Servini de Cubría se negó el mismo día a habilitar la feria para tratar la denuncia de Nisman, por no ser urgente y, sobre todo, porque no acompañó pruebas para sostener la denuncia. Nisman había entregado sólo el texto, sin ningún documento ni los originales de las escuchas telefónicas.

- Las dos organizaciones clave de la comunidad judía, la AMIA y la DAIA, no emitieron un comunicado de respaldo a la denuncia. “Vamos a esperar las pruebas”, dijeron.La mayorìa de las organizaciones de parientes de las víctimas, que ya cuestionaban duramente a Nisman, directamente rechazó su escrito.

- Al día siguiente, Nisman trató de enderezar su denuncia, diciendo que el Gobierno no podía cambiar las órdenes de captura, pero hizo gestiones para alterar el carácter urgente de esas órdenes, levantando los alertas rojos.

- Ese mismo viernes la nueva versión de Nisman recibió un golpe decisivo, cuando Timerman hizo público un mail de Noble en el que el secretario general de Interpol de 2000 a 2014 detallaba todas las gestiones que hizo el canciller para que no se alteraran los alertas rojos. Esto incluyó dos visitas a la sede de Interpol en Lyon. Nisman decía que Timerman fue a la ciudad francesa a negociar la baja de los alertas y Noble lo desmintió en forma categórica: afirmó públicamente, por escrito, lo contrario, que Nisman fue a Lyon a decirle que “el gobierno argentino estaba comprometido cien por ciento con los alertas rojos”.

- El mismo día, Nisman recibió otro golpe durísimo, según declaró el ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso. Una integrante de la fiscalía sostuvo que Nisman esperaba que le aportaran más escuchas que pudieran respaldar su denuncia. Ese viernes, el ex jefe de Análisis de la SI, Alberto Massino, le dijo que no había más escuchas para aportar.

- El sábado 17 quedó en claro que a Nisman le esperaba un dramático lunes. Había pensado en hacer una presentación en el Congreso, sólo con la oposición presente. Era sencillo: haría una exposición en privado y luego una conferencia de prensa en la que estaría rodeado de las figuras de la oposición que lo apoyarían. Pero el Frente para la Victoria anunció que no sólo iba a concurrir sino que quería que se televisara la sesión. El testimonio de Patricia Bullrich ante Fein evidencia la preocupación que tenía Nisman por las preguntas que le harían los legisladores del FpV. Se iba a enfrentar a un situación muy difícil.

- Ese sábado, Nisman llamó tres veces a Stiuso, entre alertas al Nextel del ex jefe de la SI y llamadas. Consta en la causa que instruye Fein. Stiuso alega que tenía los aparatos en vibrador, pero nada explica que no le haya devuelto las llamadas al fiscal con el que hizo tándem durante diez años. Canicoba Corral había contado que “la lógica indica siempre que el fiscal lidera y el espía es su auxiliar. En el caso de ellos, era al revés. Stiuso era que el que aparecía liderando”. Para colmo, en su declaración ante Fein, Stiuso se diferenció ostensiblemente de Nisman: “Nosotros le dimos las escuchas pero no sabemos cómo las iba a vincular con los funcionarios”; “si me hubiera consultado a mí por la denuncia, le hubiera dado un consejo distinto”. Como decía Ringo Bonavena: “Le sacaron el banquito y lo dejaron solo”.

- El domingo 18, Página/12 publicó una entrevista exclusiva a Noble. El funcionario no tuvo ambigüedades: “Lo denunciado por Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos”. Rafecas tomó esa entrevista como prueba que no hubo delito: si no se trató de levantar los alertas rojos no se favoreció a los prófugos y por tanto no existió encubrimiento. El magistrado menciona también que Noble dijo lo mismo a The Wall Street Journal.

Es decir que aquel domingo, Nisman se encontraba en una situación más que difícil. Interpol lo desmintió. El juez Canicoba Corral sostuvo que la denuncia no tenía valor probatorio. La jueza Servini de Cubría no habilitó la feria y afirmó que Nisman no acompañó las pruebas. La DAIA y la AMIA no apoyaron la denuncia y dijeron que esperarían las evidencias. La ex SIDE no le aportó escuchas que aparentemente esperaba. Stiuso, su referente de los últimos años, no le atendió el teléfono. Al día siguiente tenía que ir al Congreso a defender su acusación y ya no lo haría de la mano de la oposición, sino que tendría que confrontar con el oficialismo.

Por lo que se ve, aquel domingo, el panorama era oscuro.




El mito de las escuchas
Por Irina Hauser & Raúl Kollmann


Las escuchas telefónicas que parecían la prueba clave y más alarmante de Alberto Nisman en la teoría del encubrimiento del caso AMIA resultaron un fiasco. Así se deduce del fallo de Daniel Rafecas que desestimó la denuncia del fiscal por inexistencia de delito. Las escuchas habían sido presentadas para justificar la imputación a Cristina Kirchner, Héctor Timerman y un grupo de operadores en una supuesta maniobra para dejar impunes a los iraníes sospechosos de participar en el atentado. Pero lo que muestran esas conversaciones es que ése era sólo un deseo de Irán y sus cultores, que algunos de los que hablan no son lo que dicen ser, y que los funcionarios acusados no sólo no participan de las llamadas sino que son aludidos de las formas más disparatadas pero ninguna que los señale cometiendo un delito.

Quizá el ejemplo más nítido sea la forma en que el operador islámico Yussef Khalil y el falso espía Allan Bogado hablan de Timerman, a quien se refieren como “este ruso de mierda se mandó alguna”, “no cumplió”, “imaginate cómo está tu amigo Timerman ahora con su comunidad (...) no la entiende” (esto, el día después de la firma del Memorándum para sentar a los iraníes ante el juez). O sea, el canciller para ellos era un obstáculo, no una ayuda. Bogado, que se presentaba como hombre de la Secretaría de Inteligencia con capacidad de hacer gestiones, proveer información y viajar al exterior para investigar el caso AMIA, no era agente ni había salido del país en la última década. Tanto Khalil como otro de los interlocutores, Fernando Esteche, hablan sabiendo que tienen el teléfono intervenido, por lo tanto es dudoso que hablen muy en serio.

La denuncia original de Nisman, impulsada por Gerardo Pollicita, planteaba la existencia de una supuesta maniobra para dar impunidad a los iraníes en la causa AMIA motorizada por la Presidenta y el canciller Timerman, con la colaboración del operador pro iraní Khalil, el dirigente de Miles Luis D’Elía, el de Quebracho Fernando Esteche, el diputado Andrés Larroque, el ex juez Héctor Yrimia y el espía trucho Bogado. Nisman presentaba a estos dos últimos como agentes de la S. I., lo que el organismo desmintió. Decía que todo ese grupo urdió gestiones para la creación de un órgano llamado “Comisión de la Verdad” en la aplicación del Memorándum de Entendimiento, que según Nisman buscaba impunidad y no indagar a los iraníes; y que el gobierno argentino intentó que Interpol diera de baja a las circulares rojas que disponían la captura. Para Rafecas no hay delito porque el Memorándum nunca se aplicó, Irán nunca lo firmó ni existió la Comisión de la Verdad. Y que todas las gestiones argentinas ante Interpol fueron, al revés, para aclarar que las circulares rojas estaban vigentes.

¿Qué papel tenían las famosas escuchas? Para Rafecas, por su contenido, ni siquiera se puede decir que sus protagonistas estuvieran urdiendo un acuerdo y menos que respondieran a un plan criminal desde el Gobierno. A lo sumo, plantea, había deseos de operadores pro iraníes de que no avanzara el juicio contra los sospechosos. Y aun suponiendo que estuvieran tramando algo –como deducía Nisman– en “un sistema democrático” esos “eventuales actos de ideación” “no resultan punibles”. Rafecas igual analiza las conversaciones y sus aspectos más disparatados para mostrar la endeblez de la acusación. De los imputados por Nisman algunos ni siquiera aparecen hablando: ni Timerman, menos la Presidenta, y tampoco Larroque. El resto parecen personas que hablan en nombre de otros, en defensa del régimen iraní y/o del gobierno nacional, a veces devanean sobre cuestiones que nada tienen que ver con el caso AMIA, siempre jactándose de cargos o funciones de fantasía.

Los diálogos fueron tomados por Nisman de intervenciones a teléfonos de Khalil en el expediente del atentado a la AMIA. Khalil, un argentino de origen chiíta, tiene –según describe Rafecas– “una dependencia funcional” con Moshen Rabbani, el ex agregado cultural de Teherán en Argentina, con pedido de captura por el ataque. Khalil habla sabiendo que lo están escuchando y dice que su teléfono es “un colador” o “no me hagas hablar tanto por teléfono, boludo”. En noviembre de 2012 ironiza con Esteche: “Servicios de Inteligencia, Mossad, CIA, todos, déjenme hablar tranquilo con mi amigo Fernando Esteche, soy Yussef Khalil por favor les pido, no me corten el teléfono”. Todo esto, explica Rafecas, ya de por sí obliga a relativizar lo que Khalil habla.

Las charlas en las que es aludida Cristina Kirchner son tres, a partir la firma del Memorándum, el 27 de enero de 2013. Según la lectura de Rafecas, son comentarios “inocuos” que tienen algo que Nisman no dice: que los iraníes querían hacer negocios y el gobierno argentino “se mantenía inflexible” y sostenía las alertas rojas. La Presidenta es mencionada por Bogado, que se mueve como un proveedor de datos y gestiones a Khalil.

Cuando hablan del acuerdo con Irán, Bogado dice que Timerman cumplía órdenes, obviamente de la jefa de Estado. “Orden, orden, orden, orden”, enfatiza. En el segundo diálogo con alguna referencia a ella, el 6 de febrero de 2013, Khalil le dice sobre el Memorándum: “Seguilo de cerca eso”. Bogado responde “sí, pero tranquilo, está cerrado muy arriba”. Khalil: “Seguilo igual yo sé por qué te digo... porque yo escucho del otro lado también vos escuchas de un lado”. Hay una llamada con D’Elía –quien hace gala pública de su apoyo a Irán– donde le dice a Khalil que había hablado con el ministro Julio De Vido y que había predisposición para “mandar a la gente de YPF” y que estarían “muy interesados en intercambiar lo de aquello por granos y carne”. Pero le habla de un problema político, en alusión al Memorándum y las órdenes de captura. Rafecas concluye que no existe ni la menor explicación sobre cómo se pide la indagatoria a la Presidenta, un delito tan grave como el de encubrimiento o su instigación.

Lo que se ve en las escuchas donde se habla de Timerman es sorprendente, porque se nota que a los operadores proiraníes les causa problemas, es una traba para ellos. Sobre un encuentro que Nisman le adjudica con su par iraní no surge de ningún lado que haya sido para negociar impunidad. Al revés, Timerman fue el que advirtió varias veces a Interpol que las circulares rojas sólo podía levantarlas su oficina local por orden judicial. Nisman lo ubica en una “diplomacia paralela”, Rafecas en una “diplomacia real”. Tras la firma del Memorándum Bogado le dice a Khalil: “Vos imaginate cómo está tu amigo Timerman ahora con su comunidad (...) no la entiende”. Khalil, en mayo, se refiere al canciller: “Hay un poco de desazón allá. No gustó algunas palabras que se dijeron eh, me parece que el ruso este de mierda se mandó alguna”. Rafecas remata que “no surge una sola mención, una sola referencia, una sola gestión, una sola participación, ni del canciller argentino ni de absolutamente nadie de la cartera que conduce”. En el caso de Larroque, explica que sólo lo mencionan en el contexto del conflicto palestino-israelí en noviembre de 2012. Ahí se reúne con Khalil y D’Elía, y según lo que surge de las escuchas es para pedir que no se sumaran a las marchas contra Israel. Pero Nisman entreveía un plan para exculpar a los iraníes.

Rafecas explica que D’Elía, aunque no era funcionario desde 2006, tenía acceso a despachos oficiales y era nexo con la comunidad islámica frente al conflicto palestino-israelí. En una llamada le dice a Khalil que tenía un mensaje urgente del Gobierno “muy grosso”. Por otra charla el juez deduce que pedía en una reunión de cancilleres que Irán se aveniera al anuncio de la Comisión de la Verdad y a poner fecha para que viaje el juez a Teherán. Pero Khalil ni siquiera lo toma en serio, además los iraníes querían levantar las capturas. Rafecas no le da relevancia. Al que también relaciona con la comunidad islámica es a Esteche. “Recibía un pago mensual desde la comunidad, por sus servicios.” Lo describe como una figura “polémica” que cumplió una condena recientemente y que, igual que Khalil, habla de que tiene intervenido el teléfono. Hay una sola conversación en la que le dice a Khalil: “Quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA ... no van a poder decir que fueron los israelíes”. Para Rafecas son “afirmaciones falsas y delirantes”.

Esteche aparece como nexo de Khalil con el ex juez Yrimia, que fue fiscal adjunto del caso AMIA cuando fue el atentado. Khalil le cuenta a otro dirigente iraní que le dijo “quién es amigo de La Casa (en alusión a la ex SIDE) y quién no”. Pero el tema de la reunión parece que era otro: “recomponer la relación con la Iglesia Católica” y alude a Yrimia como el “operador político que tiene Francisco acá”. Nisman lo denunció como espía y la SI le dijo que era ajeno a ella.

Bogado, el otro falso espía, dice el juez que se mostraba como “alguien influyente con contactos en las más altas esferas del gobierno nacional”. Uno de los ejemplos más grotescos de sus llamadas es cuando quiere impresionar a Khalil y le habla de la salud de la Presidenta: “Tiene un coágulo, viste... casi seguro la operan (...) le cuesta reírse, viste, pero lo demás lo tiene controlado”. Era información ya vieja que había salido publicada en medios y portales con partes médicos. Bogado también hablaba de viajes a la Triple Frontera y negociaciones en Ginebra, pero Migraciones no registra su salida del país en la última década.




El contenido de alcohol en sangre
Por Irina Hauser & Raúl Kollmann


El estudio toxicológico oficial determinó que Alberto Nisman tenía 1,73 gramo de alcohol por litro de sangre, lo que refleja un estado de embriaguez fuerte y es compatible –según dice el estudio– con el consumo de una bebida del estilo del vodka. El alcohol se encontró en el estómago, de manera que fue de consumo reciente, poco tiempo antes de la muerte. La semana pasada, en una conferencia ante la Academia Nacional de Ciencias, el profesor en criminalística Raúl Torre sostuvo que “una alcoholemia alta es común en el suicidio. Ayuda a eliminar los frenos inhibitorios. En palabras llanas, ayuda a darse valor”. “Desde ya que ese nivel de alcoholemia es alto –completó Torre–, pero no impide hacer nada. No significa coma alcohólico ni mucho menos.” Según las tablas, 1,73 lleva a confusión, irritabilidad, pero no a una disminución de la conciencia, algo que se produce –según la persona– con el doble de valores de alcohol en sangre de los que tenía Nisman. Al mismo tiempo, se recordará que el fiscal tenía dosis pequeñas de sedantes, Alplax y gotas de Rivotril, un fármaco muy difundido que Nisman tomaba habitualmente y del que se encontró un frasco en el baño. La toxicología fue realizada por el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, y la coordinó la doctora Ana María Perkins.




OPINION
Rafecas, fuera de caja
Por Martín Granovsky

Más allá de la mayor o menor simpatía por el fallo, ni Daniel Rafecas ni su texto sobre la denuncia de Alberto Nisman fueron descalificados. Un motivo puede ser el prestigio profesional del juez. No hay que descartar otro: Rafecas es uno de los jueces que mantuvo distancia tanto respecto de la servilleta tradicional y sus reencarnaciones como de la rosca de cajas y operaciones motorizada por la Secretaría de Inteligencia.

La servilleta del menemismo dio origen a la formación de una estructura sólida de jueces y fiscales en el fuero federal. El vértice del grupo es hoy el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, un desconocido a nivel popular que dejó su opacidad de siempre para promover la marcha del 18F.

La rosca funcionó a pleno en estos años, por lo menos hasta el descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia y sobre todo hasta el desplazamiento de su número dos, Francisco Larcher, y del director operativo Antonio Stiuso. Larcher y Stiuso integraban una red de lealtades que incluía a Francisco Javier Fernández, quien todavía es miembro de la Auditoría General de la Nación por el oficialismo y lleva 20 años influyendo o tratando de influir en la Justicia. Lo hace, por lo menos, desde cuando fue asesor de uno de los ministros de Justicia de Carlos Menem, Rodolfo Barra, entre 1994 y 1996.

Otra pata era Darío Richarte, que en los últimos años articuló tareas con Fernández y con Stiuso y antes ocupó el puesto de Larcher durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Su placer por la electrónica entrometida era tan intenso que incluso la estación argentina de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos recomendó en su momento mantenerse lejos del número dos del secretario Fernando de Santibañes y luego de Carlos Becerra. “A Richarte le gustan demasiado los aparatitos”, desconfiaba en el 2000 la embajada norteamericana.

Ex dirigente de Franja Morada y hombre de confianza de Antonio de la Rúa, Richarte construyó un espacio de poder basado a la vez en los vínculos conseguidos durante su paso por la SIDE y en los que fue trabando en distintos sectores. Hoy es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires como parte de una alianza entre sectores oficialistas y sectores radicales. También influye en Boca a través del presidente Daniel Angelici, un radical macrista a quien le resultan más simpáticos los bingueros que Juan Román Riquelme.

Su articulación con sectores de la Inteligencia y con espacios de la Justicia federal y del fuero contencioso administrativo se sumó a los clientes que fue consiguiendo su estudio, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou y el ex encargado de controlar los peajes Claudio Uberti, echado del Gobierno tras el episodio de las valijas de Guido Antonini Wilson. Es conocido que a Boudou no lo representa más Diego Pirota, del estudio Richarte. Aunque la única explicación aludió a “motivos personales”, la noticia se hizo pública justo después de la asunción de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena en la Secretaría de Inteligencia.

Los lectores de este diario se informan desde 1987 sobre casos que relacionan grandes cajas de generación de dinero, a menudo negro, con operaciones políticas, de inteligencia y judiciales, muchas veces ligadas a grandes cambios regresivos en la sociedad como las privatizaciones de Menem. Un ejemplo más es Ciccone, que desde el comienzo unió a mafias locales con espías y redes como la organización fascista Propaganda Dos. Otro ejemplo es el sector de desarmaderos y secuestros de la Policía Federal, que en buena medida logró obstaculizar la investigación de la bomba en la AMIA. Un ejemplo más es la circulación de valijas desde Buenos Aires al Vaticano cuando Esteban Caselli era el embajador en la Santa Sede y Angelo Sodano el secretario de Estado.

El martes pasado, Parrilli y Mena anunciaron que habían dejado radicada una denuncia por contrabando debido a mercadería comprada por la conducción anterior de la SI, el ex secretario general de la Presidencia sonrió cuando dijo que habían encontrado lo que definió como “una perlita”. Contó que la Dirección de Inmigraciones informó que, cuando “el ciudadano Stiuso” viajó a Uruguay “hace algunas semanas”, lo acompañó un funcionario de la Aduana llamado Daniel Manuel Sierra. Usaron una camioneta Grand Cherokee negra que, según Parrilli, “pertenece a House to House, una de las empresas que se dedicaba a transportar parte de la mercadería que hemos aquí expresado como contrabando”.

En notas periodísticas publicadas durante el último año, aparece otro Sierra, de nombre Damián y no Daniel, alto funcionario de la Aduana. Si se trata de la misma persona, es quien acompañó a Stiuso al Uruguay y antes fue relacionado con negocios en Brasil y la mafia del oro. En una nota publicada por Página/12 hace poco más de diez años sobre Southern Winds, los lazos con Yabrán y los represores de la ESMA, el 16 de febrero de 2005, un Damián Sierra aparece entre los desplazados de la Aduana por el entonces director, Ricardo Echegaray. Alguna estructura lo habrá reincorporado después. ¿Volvió para garantizar alguna caja que a su vez asegurase poder? Y si eso fue así, ¿se trataba de construir una caja privada, pública, mixta, abierta, secreta o todo a la vez?

En todo caso, remover avisperos y fumigar muchas veces asegura libertad de movimientos. Y si no que lo diga el juez Rafecas, que era uno de los blancos de Richarte.
Fuente:Pagina12

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