Jueves, 12 de marzo de 2015
Dos causas por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos arribarían a una sentencia en 2015
La primera de éstas es la causa Área Paraná reabierta en 2003. La otra es el juicio contra el ex policía federal José Darío Mazzaferri. Hay causas derivadas y nuevas investigaciones.
Dos causas por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos arribarían a una sentencia en 2015
La primera de éstas es la causa Área Paraná reabierta en 2003. La otra es el juicio contra el ex policía federal José Darío Mazzaferri. Hay causas derivadas y nuevas investigaciones.
La etapa de plenario oral y público de la causa Área Paraná se realizó entre octubre y noviembre de 2014. Se esperan las instancias de alegatos y sentencias. Foto: Archivo UNO
Antes de que termine 2015, dos causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Entre Ríos podrían obtener su anhelada sentencia, según se desprende de un informe elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos en el Mes de la Memoria.
La primera de éstas es la causa Área Paraná, la más dilatada, que comenzó con una denuncia tras la recuperación de la democracia, fue interrumpida por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y reabierta a fines de 2003, tras ser declarada la nulidad de esas normativas en el Congreso de la Nación.
La causa, que ya lleva más de 11 años desde que los organismos de derechos humanos solicitaron su reapertura, tiene como imputados a Ramón Genero Díaz Bessone (ex jefe del Segundo Cuerpo del Ejército), José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost, el médico Hugo Mario Moyano, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid, Luis Francisco Armocida, Cosme Ignacio Marino Demonte y Alberto Rivas. A fines del año pasado falleció uno de los procesados, Carlos Horacio Zapata, quien engrosó la lista de personas que murieron antes que la Justicia dicte una sentencia.
Tras concretarse la etapa de plenario oral y público entre octubre y noviembre de 2014 (cabe recordar que la causa se tramita mediante el Código Penal antiguo), actualmente se espera la instancia de alegatos y posteriormente la sentencia.
Los organismos de derechos humanos vienen reclamando celeridad y cuestionan duramente las maniobras dilatorias realizadas por las defensas de los imputados, que impiden que se haga justicia en este proceso que tiene más de medio centenar de víctimas.
La otra investigación que se espera llegue a su última etapa es el juicio contra el ex policía federal José Darío Mazzaferri, uno de los principales responsables de la represión en la costa del Uruguay durante la dictadura.
Mazzaferri se profugó en 2009, eludiendo de esta forma su juzgamiento en la causa Harguindeguy, en la cual se hallaba originalmente imputado. Tras ser hallado en diciembre de 2013 en la provincia de Buenos Aires fue puesto a disposición de la Justicia, arribándose a su procesamiento en febrero del año pasado.
La causa que lo tiene como principal imputado, y que viene a subsanar la imposibilidad de haberlo juzgado oportunamente, investiga fundamentalmente los hechos ocurridos en lo que se conoció como “La noche del mimeógrafo”, que consistió en la detención y tortura de estudiantes secundarios uruguayenses en el primer año de la dictadura.
Desprendimientos de Área Paraná
Mientras se aguarda que Área Paraná arribe a una sentencia, otras investigaciones derivadas de esa causa continúan su curso. La más importante de éstas es la comúnmente denominada “Área Paraná II” o “Papetti”, en alusión a su principal víctima, el desaparecido soldado conscripto entrerriano Jorge Emilio Papetti.
Los imputados pertenecen en su mayoría a la causa anterior: Díaz Bessone, Moyano, Rivas, Bidinost, Appiani y Appelhans, a los cuales se suman Naldo Miguel Dasso (condenado a prisión perpetua en la causa Harguindeguy) y Gonzalo Jaime López Belsué, acusado por la detención del soldado desaparecido. Además de este caso se investigan hechos de secuestros y torturas perpetrados en la provincia.
“La Escuelita” es una causa que investiga la existencia de restos óseos en el predio identificado con ese nombre, en Selva de Montiel y Pedro Crauzzac de Paraná. Hasta el momento, tras una excavación realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, no se hallaron resultados positivos.
La causa conocida como “Comisaría El Brete”, en cambio, se nutrió con nuevos testimonios y a fines del año pasado la Justicia ordenó la detención de Carlos Luis Carvallo, ex policía y agente de inteligencia que se encuentra prófugo.
Otra causa que se abrió tras la clausura de sumario de Área Paraná fue la que se conoce como “Capellino”, en relación al principal imputado, el médico Horacio Capellino, de quien se investiga su participación en el secuestro, tortura y posterior desaparición de Pedro Miguel Sobko.
Robo de bebés
Tras los avances conseguidos en el juicio oral y público en la causa Hospital Militar, donde se comprobó la existencia de una maternidad clandestina en Paraná durante la dictadura, la Justicia dispuso la apertura de una nueva investigación, abocada a dar con el paradero del hermano mellizo varón de Sabrina Gullino Valenzuela Negro.
Los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela nacieron en el Hospital Militar de la capital entrerriana y luego fueron trasladados al Instituto Privado de Pediatría de la misma ciudad.
Ambos salieron de allí en marzo de 1978. Treinta años después, Sabrina Gullino restituyó su identidad, y desde entonces busca a su hermano mellizo.
“López Torres” es el nombre con que se conoce otra investigación sobre identidad, abocada a la búsqueda de uno de los hijos de la desaparecida Graciela Susana Capocetti, quien pudo haber dado a luz en el Hospital Militar de Paraná entre diciembre de 1977 y marzo de 1978. La causa por el momento no tiene procesados.
Nueva investigación
A raíz de la denuncia realizada por una ex presa política se detuvo y procesó a fines del año pasado a Ricardo Atilio Céparo, acusado de integrar una patota judicial que secuestraba y torturaba militantes durante la dictadura, entre agosto y diciembre de 1976. El procesado, quien residía en La Paz, se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
Martes, 10 de marzo de 2015
Multisectorial de Derechos Humanos se manifestó contra las dilaciones en la causa Área Paraná
Multisectorial de Derechos Humanos se manifestó contra las dilaciones en la causa Área Paraná
El reclamo fue esta mañana en la puerta del Juzgado Federal de Paraná. Piden que avance la causa que investiga secuestros y torturas contra 52 personas, cinco ellas desaparecidas, durante la última dictadura cívico militar.
Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas que conforman la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná se concentraron este martes frente al Juzgado Federal, en reclamo de “mayor celeridad en la causa Área Paraná”.
En la causa Área Paraná, que lleva más de 11 años desde su reapertura, la Defensa de los represores viene articulando todo tipo de maniobras dilatorias.
La actividad tuvo lugar este martes, desde las 10, en la puerta de la Cámara de Apelaciones Federal, en calle 25 de Mayo 256 de Paraná, en este lugar se tramita la causa y donde el año pasado se desarrolló la instancia de plenario oral y público.
“Les exigimos a la Cámara y al Juzgado que resuelvan las cuestiones procesales en los tiempos que deben resolverlos, y que no admitan más los planteos dilatorios de la Defensa que hace cuatro o cinco años venimos padeciendo”, indicó a UNO el abogado querellante de la causa, Marcelo Boeykens.
Los imputados que llevan adelante estas maniobras son fundamentalmente Cosme Ignacio Marino Demonte, Jorge Humberto Appiani (quien ejerce su autodefensa) y el médico Hugo Mario Moyano.
Otros querellantes hablaron con UNO. Daniel Paduán y María Carolina Fumaneri están en la causa desde 1983. Al respeto, Fumaneri afirmó: “Nos movilizamos hoy para manifestarnos contra la demora en la causa. Ya van 31 años y hay nueve procesados y cero condenados. Siempre se alarga y no se llega a ninguna solución. La Justicia debe poner fin a la causa”, señaló.
“La causa ahora está en la Cámara hace 10 días. Esperemos que pronto se resuelva. Las denuncias puntuales que venimos haciendo los querellantes vienen desde 1983 y la Justicia tiene todas las herramientas institucionales e investigativas para llegar a un veredicto. La Justicia tiene la posibilidad de devolver la credibilidad de la democracia”, expresó a UNO Paduán.
Sobre el rol de la Justicia en estos juicios Paduán indicó: “La Justicia debe esclarecer los hechos. No tiene que ser cómplice del terrorismo de Estado. Debe erradicar todo lo que fue la última dictadura militar. La justicia lenta no es justicia. Debe cerrarse de una vez por toda esta causa y los acusados deben ser condenados. La justicia no debe proteger a las 'patotas' que estuvieron implicadas en el terrorismo de Estado”.
Por último Boeykens señaló que “la Cámara puede llegar a tener una sentencia dentro de ocho meses, en tanto y en cuanto no le hagan lugar a los planteos de la Defensa, porque si es así hasta 2016 no tendremos sentencia”.
Sobre la causa
La causa Área Paraná se abrió poco después de la recuperación de la democracia, y fue frenada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. A fines de 2003 los organismos de derechos humanos solicitaron su reapertura, y desde entonces, no ha podido arribarse a una sentencia.
En este tiempo varios de los imputados fallecieron y otros fueron declarados incapaces de afrontar el proceso por su estado de salud.
El 6 de octubre de 2014, en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, comenzaron las audiencias orales en el marco de la causa Área Paraná, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura.
Esta causa se tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, vigente al momento de iniciada la investigación con la recuperación de la democracia. Allí se establece que el desarrollo del proceso se realiza de manera escrita, lo cual obstaculiza la difusión de los hechos ventilados, en este caso de gran significación histórica. Por este motivo, organismos de derechos humanos y querellantes solicitaron al juez Leandro Ríos que los testimonios en la presente etapa de plenario (equivalente a la instancia oral en el nuevo Código) se realicen de manera oral y pública, petición que fue avalada por el magistrado.
En la causa se investigan secuestros y torturas en centros clandestinos de detención de la costa del Paraná contra 52 personas, cinco ellas víctimas de desaparición forzada: Claudio Fink, Victorio Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko. En el caso de Osuna, sus restos pudieron ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2007 y restituidos a sus familiares.
Por esos delitos imprescriptibles están imputados los exmilitares José Appelhans, Jorge Appiani, Oscar Obaid y Alberto Rivas, el expolicía federal Cosme Demonte, la excarcelera Rosa Bidinost, el expolicía Carlos Zapata y el médico Hugo Mario Moyano.
Mes de la Memoria
La Multisectorial de Derechos Humanos viene reuniéndose todos los miércoles a las 20 en el Sindicato de FOECyT, San Martín 1248, para organizar todas las actividades enmarcadas en el Mes de la Memoria, que comprende además del 24 de marzo la conmemoración del Día de la Mujer, 8 de marzo, y Malvinas, 2 de abril.
Fuente:DiarioUnoER
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