11/03/2015
Jujuy: Continúa juicio a 13 represores de la dictadura. Causas contra Blaquier siguen dormidas
El Tribunal Oral Federal de Jujuy continuará mañana el juicio por delitos de lesa humanidad a un oficial de Ejército y 12 agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) acusados de privación ilegítima de la libertad, tortura y tormentos contra 90 detenidos trasladados mediante el "Operativo Aire 718" a Buenos Aires. Mientras tanto, abogados querellantes de dos causas en las que se encuentra imputado y procesado el empresario Carlos Pedro Blaquier presentaron en febrero -sin respuesta todavía- una queja en la Sala IV con un reclamo de pronto despacho, reclamando que se inicie de una vez por todas el juicio oral. Y cumplidos los plazos, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia.
El juicio al militar y los penitenciarios, que comenzó el 6 de noviembre pasado y se encuentra en la etapa testimonial con declaraciones de ex detenidos políticos y agentes del Servicio Penitenciario provincial, continuará mañana desde las 14, informaron a Télam desde el Tribunal Oral de Jujuy.
Los imputados en este juicio que está en curso son Domingo Horacio Marengo, Osvaldo Chiaparo, Juan Héctor Guenchal, Jorge Néstor Ibáñez, Rogelio Mason Iglesias, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo César Juárez, Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso, Andrés Aldo Savorani y Rubén Eduardo Zinc.
El 7 de octubre de 1976, las víctimas, 78 varones y 12 mujeres, fueron embarcados, los primeros, en un avión Hércules y las segundas en otro más pequeño, los que partieron hacia Buenos Aires custodiados por efectivos del SPF.
Los detenidos políticos fueron sacados de sus celdas del penal de barrio Gorriti en esa madrugada y trasladados al aeropuerto jujeño El Cadillal, a 35 kilómetros de la capital jujeña. Durante el viaje, los detenidos permanecieron con los ojos vendados, atados por parejas a una barra de hierro en el medio del avión y brutalmente golpeados con bastones de goma, además de recibir amenazas de que iban a ser arrojados al vacío, según los testimonios recogidos hasta el momento y los escuchados en el primer y segundo juicio.
Los varones fueron alojados posteriormente en la Unidad Penal 9 de La Plata y las mujeres en una unidad de Devoto. El pasaje estuvo integrado por el ex intendente de Libertador San Martín, Luis Aredez y el mítico dirigente sindical minero, Avelino Bazán, ambos posteriormente desaparecidos.
La mayoría de las víctimas fueron detenidas en la "Noche del Apagón" en Ledesma, Calilegua y El Talar.
Blaquier: Acudirán a la Corte
Las querellas de dos causas contra el empresario Carlos Blaquier presentarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una solicitud de sentencia debido a la parálisis de los expedientes en la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, a diez meses del requerimiento fiscal de elevación a juicio. "Ya estamos en condiciones de hacer la presentación ante la Corte para que, como su superior administrativo, le diga a Casación que resuelva, porque están vencidos todos los plazos", dijo a Télam el abogado querellante Ariel Ruarte y precisó que la formalización del reclamó es "inminente".
Ruarte recordó que la Sala IV "abrió el juego el 4 de diciembre último para que todos opinen" sobre las apelaciones cruzadas en las causas "Burgos" y "Aredez", en las que Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, está imputado por numerosos delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 26 personas en 1976.
Junto al empresario, fueron acusados también Alberto Lemos, ex administrados del Ledesma, cinco policías retirados y cuatro penitenciarios que utilizaron para los secuestros camionetas facilitadas por el mayor ingenio azucarero del país, con sede en Libertador General San Martín, Jujuy.
Tras esa audiencia del 4 de diciembre, la Sala IV disponía de 20 días hábiles para resolver sobre las apelaciones cruzadas, presentadas por las defensas de los acusados y las querellas, pero no lo hizo. Tampoco respondió un reclamo de pronto despacho presentado en febrero de este año por los abogados de los querellantes.
Vencidos todos los plazos, explicó Ruarte, "la posibilidad que tenemos es ir a la Corte con un recurso de queja por retardo de justicia, para que, como superior administrativo, le diga a Casación que corresponde que resuelva".
El letrado también responsabilizó por las demoras en la elevación a juicio a la Cámara Federal de Salta, el tribunal de alzada con jurisdicción también en Jujuy, "donde ahora hay un recurso que está dando vuelta y la defensa de los acusados puede desplegar su estrategia dilatoria".
"Vamos a presentar a la Corte la queja por el retardo justicia en que incurre la Sala 4", dijo a su vez a esta agencia Inés Peña, titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy. "No puede ser que Casación demore tanto para responder las apelaciones".
En opinión de la referente de Madres y Familiares, los jueces de la Cámara de Casación Penal "son rápidos en cierto tipo de demandas de alcance político pero no con demandas históricas que los movimientos de derechos humanos sostenemos desde hace casi cuatro décadas. Queremos que la Corte nos responda".
Ya en agosto de 2014, Peña manifestó la preocupación por la demora en la elevación a juicio de las causas contra Blaquier en una entrevista con la vicepresidenta de la Corte Suprema, Helena Highton de Nolasco.
También lo hizo ante la Comisión Interpoderes, organismo impulsado por la Corte e integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la Procuración General, para resolver dificultades en la sustanciación de causas de lesa humanidad.
Ruarte subrayó que "ha pasado el tiempo, se agotaron todos los plazos y en este caso es mucho mas grave por que han pasado 38 años, no sólo los 20 días hábiles que podía tomarse Casación para resolver sobre las apelaciones", después de la audiencia del 4 de diciembre.
"¿Cómo le explico yo que pasaron los 20 días pero después de 38 años a Rita Cordero de Garnica, con sus hijos desaparecidos, Domingo Horacio y Miguel Angel? ¿Cómo se lo explico hoy (miércoles 11) en su cumpleaños, cuando su esposo (el sindicalista zafrero) Donato Garnica estuvo preso en Gorriti, ella en Guerrero y presenció las torturas a sus hijos?", se preguntó el abogado querellante.
Fuente:Telam
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