09/03/2015
Mendoza: Para dilatar, defensa de acusados pide que una causa sea separada de la megacausa
La defensa de los acusados en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza pretendió impedir hoy la tarea de las querellas del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en una acción denunciada por estos últimos como "dilatoria". "Es la reedición de un planteo que ya les habían rechazado y es extemporáneo. Además, al unificar las causas, la situación de querellante del MEDH es en todas ellas", dijo a Télam el abogado Pablo Salinas, que representa a esa organización de derechos humanos en este juicio.
También la fiscalía señaló que el mismo planteo fue rechazado por el Tribunal Oral Federal antes del comienzo del debate, por lo que lo consideró extemporáneo y fuera de lugar.
El cuarto juicio de Mendoza acumula una veintena de causas por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de más de 200 personas, con 34 acusados entre militares, policías, personal penitenciario y cuatro jueces que omitieron investigar los asesinatos y otros crímenes del terrorismo de Estado.
"Ya se nos ha reconocido la legitimación como querellantes, tanto al MEDH como a las secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de Mendoza", sostuvo Salinas y agregó que el planteo de defensores de los acusados apunta a "embarrar la cancha, para que se dilate el juicio y se retrase el momento de dictar sentencias".
En la audiencia de hoy, demorada por un corte de agua, sólo dio su testimonio Francisco Aurelino Amaya, que continuará declarando mañana. El testigo relató hechos que precedieron a su detención, concretada el 15 de octubre de 1976, diez meses después de que, con su familia, se trasladara de San Rafael a la ciudad de Mendoza, donde comenzó a trabajar como albañil.
Tras ser capturado, lo trasladaron a la Comisaría 7ma. de Godoy Cruz, en el Gran Mendoza, donde sufrió torturas y vejámenes, como otros prisioneros. “Recuerdo que me metieron al calabozo y después de un rato empecé a escuchar a otros compañeros que estaban detenidos allí”, relató Amaya, y mencionó por el apellido a otros presos políticos con quienes compartió cautiverio, entre ellos Seydell, Moretti, Luna y Córdoba.
Amaya contó que, como sus compañeros de cautiverio en la dependencia policial, fue colgado con alambre para ser interrogado y torturado durante las dos semanas que permaneció en ese lugar.
Entre los oficiales implicados en la privación ilegal de la libertad y la tortura mencionó a oficiales de apellidos Garro y Lorenzo, encargados de los traslados dentro de la comisaría y "partícipes de todo lo que sucedía. Ellos conocían a los torturadores”.
Después de que Amaya señalara la ubicación del centro clandestino de detención en un croquis, los defensores de los acusados pidieron que se impidiera ser querellantes al MEDH y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, planteo sobre el cual el Tribunal se pronunciará mañana.
El cuarto juicio de Mendoza acumula una veintena de causas por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de más de 200 personas, con 34 acusados entre militares, policías, personal penitenciario y cuatro jueces que omitieron investigar los asesinatos y otros crímenes del terrorismo de Estado.
"Ya se nos ha reconocido la legitimación como querellantes, tanto al MEDH como a las secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de Mendoza", sostuvo Salinas y agregó que el planteo de defensores de los acusados apunta a "embarrar la cancha, para que se dilate el juicio y se retrase el momento de dictar sentencias".
En la audiencia de hoy, demorada por un corte de agua, sólo dio su testimonio Francisco Aurelino Amaya, que continuará declarando mañana. El testigo relató hechos que precedieron a su detención, concretada el 15 de octubre de 1976, diez meses después de que, con su familia, se trasladara de San Rafael a la ciudad de Mendoza, donde comenzó a trabajar como albañil.
Tras ser capturado, lo trasladaron a la Comisaría 7ma. de Godoy Cruz, en el Gran Mendoza, donde sufrió torturas y vejámenes, como otros prisioneros. “Recuerdo que me metieron al calabozo y después de un rato empecé a escuchar a otros compañeros que estaban detenidos allí”, relató Amaya, y mencionó por el apellido a otros presos políticos con quienes compartió cautiverio, entre ellos Seydell, Moretti, Luna y Córdoba.
Amaya contó que, como sus compañeros de cautiverio en la dependencia policial, fue colgado con alambre para ser interrogado y torturado durante las dos semanas que permaneció en ese lugar.
Entre los oficiales implicados en la privación ilegal de la libertad y la tortura mencionó a oficiales de apellidos Garro y Lorenzo, encargados de los traslados dentro de la comisaría y "partícipes de todo lo que sucedía. Ellos conocían a los torturadores”.
Después de que Amaya señalara la ubicación del centro clandestino de detención en un croquis, los defensores de los acusados pidieron que se impidiera ser querellantes al MEDH y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, planteo sobre el cual el Tribunal se pronunciará mañana.
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