Por Raúl Kollmann
Página/12 tuvo acceso a la última declaración jurada de Nisman, donde dice tener sólo una casa en un country a medias con su ex esposa. Fuera de eso no declara ni otras propiedades ni autos, ni depósitos bancarios, ni ahorros, ni inversiones y mucho menos la cuenta en el banco Merrill Lynch de Nueva York.
LA DECLARACION PATRIMONIAL DE NISMAN NO EXPLICA SUS VIAJES Y GASTOS NI ADMITE SUS PROPIEDADES
La vida en negro del fiscal
No están la cuenta en el Merrill Lynch de Nueva York ni el dinero encontrado en su casa, ni inversiones o propiedades, ni siquiera un auto. En los papeles, el fallecido fiscal no tenía ahorros, aunque se tomaba vacaciones en el extranjero todo el tiempo.
Por Raúl Kollmann
Nada. A lo largo del formulario de once páginas de su última declaración jurada patrimonial pública, el fallecido fiscal Alberto Nisman dice no tener prácticamente nada: sólo una casa en un country, a medias con su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado. Pero fuera de eso no posee otras propiedades, ni auto, ni cuentas, ni ahorros, ni inversiones, ni dinero en cajas de seguridad ni, mucho menos, la cuenta en Nueva York que se le conoció en estos días, en el banco Merrill Lynch. La declaración de bienes de Nisman está tan pelada que nada explica cómo hizo para solventar los viajes al Caribe de noviembre, acompañado por Florencia Cocucci y otra joven, o el periplo por Europa de enero de 2015. La hipótesis de que a Nisman lo podrían haber matado por un conflicto económico –expuesta por Arroyo Salgado– no muestra tener anclaje en su declaración oficial. Más verosímil, en cambio, es que Nisman manejaba enormes recursos en negro.
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Página/12 se presentó la semana pasada en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal y entregó un escrito en el cual reclamó tener acceso a la información contenida en la declaración jurada de Alberto Nisman, según lo establecido por la Ley 25.188 de Etica Pública. El trámite es personal. Tras llenar un formulario, días más tarde, la Procuración entregó –era su obligación– una copia de la declaración, por Resolución 799/15. Se trata de la declaración realizada en 2014, pero que abarca todo el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013.
Por supuesto que el primer interés estaba en saber si Nisman tenía declarada la cuenta que manejaba en el Merrill Lynch de Nueva York. Fue la propia Arroyo Salgado quien sacó a la luz esa cuenta sugiriendo que podía ser motivo de un conflicto económico con el informático Diego Lagomarsino que, asombrosamente, figuraría como co-titular. La ex esposa de Nisman contó que el fiscal abrió la cuenta a nombre de Sara Garfunkel, la madre del fiscal, y de su hermana, Sandra Nisman, pero que en el Merrill Lynch dijeron que también Lagomarsino figuraba como titular.
En un escrito presentado por el abogado del informático, Maximiliano Rusconi, Lagomarsino confirma que aceptó ser co-titular, a raíz de un pedido que le hizo Nisman durante 2013. De todas maneras, quien retuvo todo el control de la cuenta fue Nisman, ya que figuraba como apoderado, es decir la persona que podía depositar o retirar fondos.
Según la declaración de Lagomarsino, el dinero de la cuenta del Merrill Lynch se utilizaba para inversiones inmobiliarias en Miami. No está comprobada, pero la versión es que en la cuenta había un saldo de unos 600.000 dólares y, según dijo Arroyo Salgado, la mamá o la hermana del fiscal le contaron que ese dinero estaba destinado a las hijas en caso de que a él le pasara algo. La documentación de la cuenta, incluyendo los resúmenes de movimientos y saldo, llegaba a la dirección de la calle Roosevelt, en la que vive Sara, la madre de Nisman.
En el escrito de Rusconi, Lagomarsino le informa a la fiscal Fein que él firmó sólo dos transferencias en este año y medio, cada una por 2500 dólares. El informático sostiene que fue dinero enviado a Uruguay para pagar las expensas de un terreno ubicado en el vecino país.
En su afán de imponer la hipótesis de que a Nisman lo mataron, Arroyo Salgado abrió una primera caja de sorpresas revelando la cuenta de Merrill Lynch. La jueza no lo dice con todas las letras, pero lo deja traslucir continuamente: acusa a Lagomarsino de haber matado a Nisman por cuestiones de plata. No parece una hipótesis muy verosímil, es difícil que alguien mate a otra persona y deje en la escena un arma registrada a su propio nombre. A esto se agregan los elementos ya conocidos y que orientan el caso más al suicidio que al homicidio: disparo a menos de un centímetro; en un baño chico, casi cerrado; sin rastros de pelea ni lesiones defensivas y con una pistola que Nisman no sólo pidió prestada a Lagomarsino sino también a su custodio de mayor confianza, Rubén Benítez.
Sea como fuere, la revelación de la existencia de la cuenta de Merrill Lynch deja al desnudo tres ocultamientos:
- No está en la declaración jurada la propia cuenta de Merrill Lynch.
- No están declaradas las inversiones inmobiliarias en Miami, que supuestamente son en sociedad con familiares del fiscal.
- No está declarado el terreno en Uruguay ni se sabe a nombre de quién está.
La fiscal Fein pidió datos sobre la cuenta de Nueva York, lo que seguramente será cursado –o ya se cursó– a través de un exhorto a la Justicia norteamericana. Es de interés para el expediente saber los movimientos en esa cuenta y si existen allí motivos de algún conflicto. Por ejemplo, que hubiera una cifra importante retirada por alguien y que eso haya provocado algún enfrentamiento. La experiencia es que la Justicia de Estados Unidos es poco proclive a colaborar con información de ese tipo y tal vez esté aún menos apurada en aportar datos de un fiscal que visitaba tan habitualmente la embajada de la avenida Colombia.
En las 11 páginas del formulario de la declaración jurada, además de los datos de nombre, apellido, el DNI y el número de legajo 21.358, sólo aparecen cuatro renglones llenos. En el capítulo que tiene que ver con bienes situados en el país, en dos renglones, figura la casa que tiene, a medias con Arroyo Salgado, en un tradicional country del partido de Pilar.
De ahí para abajo, aparece todo vacío. Nisman declara que no tenía auto (ver aparte) ni participación en empresas ni bonos ni acciones ni fideicomisos ni joyas, objetos de arte ni ningún bien superior a 20.000 pesos.
El formulario de declaración jurada contempla también un detalle de “bienes situados en el exterior”. Ahí tampoco hay nada de nada: ni propiedades ni vehículos ni créditos ni depósitos en dinero ni títulos o acciones ni participaciones societarias.
Los únicos otros dos renglones en los que Nisman declaró algo están referidos a tarjetas de crédito. El fiscal escribió que tiene a su nombre dos, una Visa y una American Express.
Finalmente, declara que no integra ninguna fundación o asociación.
En toda la declaración jurada no hay ninguna referencia a dinero ahorrado o a cifras que pudieran estar guardadas en las cuatro cajas de seguridad personales que Nisman tenían contratadas (ver aparte). Eran tan personales, que además de él mismo, la única que tenía acceso a ellas era su madre, Sara. O sea que allí no guardaba documentación de la Fiscalía –había una caja en la Unidad AMIA– sino papeles, instrumentos financieros y dinero propio.
Tampoco surge de la declaración que tuviera algún ingreso extra. Por supuesto que no figura nada de lo denunciado por Lagomarsino, quien puso por escrito que Nisman le dio el contrato en la Fiscalía por 41.000 pesos mensuales pero que él le reintegraba la mitad al fiscal todos los meses. Se ha dicho equivocadamente que ese dinero se depositaba en Nueva York, algo que este diario nunca afirmó. Esa plata se le hacía llegar a Nisman mediante un depósito o en efectivo, un detalle que Lagomarsino no aportó hasta ahora.
Los enormes blancos de la declaración tampoco permiten entrever de dónde salía el dinero para sostener un nivel de vida más que llamativo. Nisman tenía un sueldo muy alto, pero se menciona, por ejemplo, que el alquiler en Le Parc era de 30.000 pesos mensuales, aunque el departamento –según parece– pertenece al padre de una de las chicas de la Fiscalía. Tampoco queda claro con qué ingresos se solventaban los viajes al Caribe: el periplo con Cocucci y la otra joven costó, sólo en pasajes en primera a Cancún, 12.000 dólares. Habrá que agregar las estadías. A esto se suma también el viaje a Europa, como siempre en primera, todo en menos de 60 días.
De la declaración jurada de Alberto Nisman no surge nada que dé base a la hipótesis de- sarrollada por Arroyo Salgado de que a Nisman lo mataron por un conflicto económico. Es cierto que esa declaración no parece tener vínculo con la realidad: hay un mundo económico del fiscal que está en la oscuridad.
Desenredar la madeja de cuentas, inversiones, desarrollos inmobiliarios, terrenos, reintegros y cajas de seguridad que no se saben qué contuvieron, no será cosa fácil. Y habrá que ver hasta dónde querrá llegar Fein.
En principio, la lógica es que la fiscal se concentre primero en determinar si hubo suicidio u homicidio, empezando por concretar la junta médica que le obstaculizó la querella que lidera Arroyo Salgado.
El siguiente paso seguramente estará en terminar la pericia informática, de la que deberían surgir datos de la hora en que Nisman usó los celulares y las computadoras, y si hay algo que oriente en el dilema suicidio-homicidio.
Casi al mismo tiempo, se están relevando las imágenes de las cámaras de seguridad de Le Parc, para ver si entró alguien extraño al edificio y si Lagomarsino salió a la hora que dijo haber salido.
Por último, el plan es convocar luego a una audiencia con criminalistas para hacer el análisis de cómo fue la mecánica del hecho.
Con todos los elementos en la mano, Fein es posible que le cambie la calificación al expediente, saliendo de la que tiene hoy: muerte dudosa.
En el berenjenal parece poco probable que la fiscal pueda usar la declaración jurada para algo. Tiene muchísimo más de engaño que de realidad.
AGUA PARA SU MOLINO
Arroyo Salgado atacó a la fiscal Fein
La jueza y ex mujer de Nisman dijo que la fiscal no tiene objetividad. Fein respondió que es la primera vez que un fiscal tiene que trabajar con la querella en contra.
La ex esposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, y la fiscal Viviana Fein, que actúa en la causa por su muerte, se acusaron mutuamente de entorpecer el avance de la investigación sobre el fallecimiento del ex titular de la unidad fiscal AMIA. Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y querellante en representación de sus hijas, dijo que la fiscal investiga “con una falta total de objetividad, de legalidad, de neutralidad y de oficialidad”, y que “aferra todo su trabajo a probar que únicamente esto fue un suicidio”. Fein, en tanto, dijo que se siente “muy agraviada” por la recusación y las críticas de la ex pareja de Nisman, aseguró que es la primera vez en su carrera que debe lidiar con “una querella que no trabaja al lado de la fiscal” y admitió no tener “ninguna duda” de que la magistrada quiere apartarla de la investigación.
Luego de pedir la anulación de una junta médica prevista para mañana para esclarecer puntos de disidencia sobre la muerte de Nisman, Arroyo Salgado sostuvo que “la fiscal y el secretario están mintiendo” porque “nada fue documentado en el expediente”, en referencia a la presentación de Enrique Prueger para sumarse a las pericias. Según Arroyo Salgado, “la fiscalía informó en el expediente” que Prueger “estaba de paso por Buenos Aires” y “ofreció su colaboración”, pero Prueger “manifestó que no se presentó espontáneamente sino que el secretario de la fiscalía lo llama y le transmite que lo necesitan en forma urgente”. Agregó que ambos funcionarios “incurren en falsedad ideológica de instrumento público” y “ocultan en el expediente el llamado previo” a Prueger.
En una entrevista con radio Mitre, Arroyo Salgado afirmó que Fein “dirige la investigación con un interés manifiesto en el resultado del proceso”. Aseguró que “ninguno de los planteos que hace la querella se hacen con la intención de dilatar la investigación” y que “la medida fundamental es hacer un peritaje serio”. En su arremetida contra la fiscal Fein, también apuntó hacia el único imputado de la causa, el técnico informático Diego Lagomarsino, quien para ella “no fue interrogado con mucho nivel de detalle”. “Su testimonio tiene dos hojas”, remarcó.
Fein, en radio La Red, se defendió de las acusaciones al afirmar que jamás direccionó la investigación. “Tengo una carrera de por medio. No me mueve ningún tipo de interés en ninguna investigación que no sea descubrir la verdad”, dijo. La fiscal consideró “increíble” la forma en que “se está dilatando la causa” y destacó que le “llama la atención” que los abogados de Arroyo Salgado, que están al tanto de todos los avances de la investigación, hayan pedido la suspensión de la junta médica “a un día de practicarse”. Acusó a los abogados y los peritos de la querella por “aseverar públicamente –como lo han hecho en un micrófono– que fue un homicidio, mientras estamos en plena tramitación de la causa”. Tras advertir, en clara alusión a Arroyo Salgado, que “nunca” en las causas que llevó adelante vio “una querella que no trabaje al lado de la fiscal”, destacó que “ni la madre ni la hermana ni la tía del doctor Nisman se han presentado a objetar absolutamente nada”. “Me siento muy agraviada porque jamás tuve una dirección específica en la investigación”, remarcó Fein, quien recordó que “ya hubo un paso previo” para quitarle la dirección de la investigación, que se frustró porque la jueza Fabiana Palmaghini “no dio lugar”.
Arroyo Salgado también cuestionó que “el video de la autopsia” de Nisman “no tenga audio”, porque era “muy importante para quien lo pueda revisar”, y sugirió que “hay que preguntarle a las autoridades de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense” por qué no habilitaron el sonido durante este procedimiento. Fein recordó que la jueza, en su carácter de querellante, “podría haber pedido perfectamente una segunda autopsia porque el cuerpo de Nisman estuvo a disposición de las partes y perfectamente conservado, pero no lo hizo”. “Quizás la doctora Arroyo Salgado desconoce que ninguna pericia es irreproducible y definitiva”, enfatizó la fiscal, quien recordó que “la madre fue la primera persona que vio el cuerpo de Nisman; el cuerpo estuvo a disposición de las partes.”
El efectivo y las cajas
Por Raúl Kollmann
En la declaración jurada de Alberto Nisman no dice nada de dinero ahorrado, ya sea en moneda local o en extranjera. El dato es inverosímil si se contrasta con el hecho de que el fiscal tenía cuatro cajas de seguridad personales. En principio, tres fueron vaciadas por su madre, Sara Garfunkel, que está convocada a declarar en la semana que empieza mañana. Hasta ahora, doña Sara faltó dos veces a las citaciones.
La primera de las cajas estaba en el mismo departamento de Le Parc. Cuando la abrieron, contenía –según el diario La Nación– una “gran cantidad de dólares e instrumentos financieros”. La información nunca fue confirmada por la Fiscalía, pero la apertura se habría hecho con Viviana Fein presente. Por supuesto que en la declaración jurada no aparecen ni dólares ni instrumentos financieros, que serían bonos.
Diez días después de la muerte del fiscal, se allanó la sucursal 75 del Banco Ciudad. Allí efectivamente había una caja de seguridad a nombre de Nisman y de su madre. La apertura no sirvió de gran cosa: la caja estaba vacía. Unos días antes, doña Sara se llevó el contenido y, según testimoniaron los empleados, se llevó un paquete importante. Del lado de la madre del fiscal se hizo trascender que sólo estaba su título de abogado. No es lo que dicen los empleados. La tercera caja vaciada también correspondió a una sucursal del Banco Ciudad, ubicada en Juncal y Callao. No está claro si en esta entidad Nisman y su mamá compartían una caja y también una cuenta.
Por último, el periodista de este diario Horacio Verbitsky reveló que el fiscal abrió una caja de seguridad y/o una cuenta corriente en una cueva financiera de la calle Florida. Verbitsky detalló hasta el nombre de la entidad y contó que los custodios de Nisman llevaron a doña Sara a firmar la co-titularidad. Como es obvio, nada de todo esto figura en la declaración jurada y resulta particularmente inverosímil, porque gran parte de los movimientos que realizaba el fiscal los hacía en dinero contante y sonante. La mayoría de sus gastos, pagos de pasajes, eran en efectivo.
La titularidad de la camioneta Audi
La camioneta Audi Q3 sigue estacionada en la planta baja del edificio Le Parc. Está allí desde la muerte del fiscal Nisman. Pero lo cierto es que el vehículo no tuvo ni un lugarcito en la declaración jurada patrimonial de Alberto Nisman. Es más, el fiscal –según lo que presentó en forma oficial– no tenía ningún automóvil. Sin embargo, sus custodios testimoniaron que la Q3 siempre estuvo a disposición del fiscal y que la usaba como si fuera suya. Con esa camioneta iba, por ejemplo, a Rose Bar, su lugar de encuentro con las modelos.
Como se sabe, la Audi figura a nombre de una empresa, Palermopack S.A., cuyo dueño es Fabián Picón. Este individuo apareció en sociedad con un hombre conocido del mundo de la seguridad, Eugenio “Pipo” Ecke, quien a su vez tiene sociedades con Frank Holder. Ambos siempre fueron considerados contratistas de la CIA norteamericana. Así lo sostuvo, por ejemplo, Marcelo Sain, hoy director de la Escuela de Inteligencia.
En cierto sentido, el dato no sorprende, porque es sabido que Nisman mantenía una estrecha relación con esa agencia de Inteligencia y con la propia Embajada de los Estados Unidos. Pero a esto se agrega un dato más: la Agencia Télam afirma que Picón es pareja de una hija de Hugo Anzorreguy, imputado en la causa por encubrimiento del atentado contra la AMIA. Es decir que el fiscal andaba en una camioneta vinculada con una agencia de Inteligencia extranjera y a nombre de la hija de una de las personas a las que acusaba.
Hasta el momento, la cuestión de la camioneta no se investigó particularmente. Existe la voluntad de analizar el GPS, porque indicaría los movimientos del fiscal en los últimos días, pero algunos especialistas insisten en que la batería se está deteriorando y existe el peligro de que se pierda la información. Pero lo cierto es que en la declaración jurada se confirman los datos de los primeros días: el fiscal no andaba con una camioneta a su nombre. Tarde o temprano alguien tendrá que explicar si se la prestaban
y por qué.
LA DESESTIMACION DE LA DENUNCIA FRUSTRA LA OFENSIVA CONTRA CFK
La paja y el trigo
La desestimación de la grave denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman frustró la enésima ofensiva dirigida a mellar la influencia de la presidente CFK en el proceso electoral que culminará en octubre con la elección de quien la suceda en el Poder Ejecutivo. El Círculo Rojo de Nisman, el establishment financiero y de seguridad nacional e Inteligencia de Estados Unidos y los grandes medios que le responden.
Por Horacio Verbitsky
Jorge Ballestero.Eduardo Farah.Eduardo Freiler.Imagen: Joaquín Salguero.
El contundente fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones desnuda la inopia fáctica y conceptual del texto que el fiscal Natalio Alberto Nisman presentó a los apurones por motivos que aún permanecen en las sombras, pero que por las experiencias previas con el mismo personaje pueden imaginarse. Entre abril y mayo de 2014, en llamativa coincidencia con la derecha republicana y el establishment de seguridad e Inteligencia estadounidenses y mientras su Supreme Court analizaba en Washington la apelación argentina al fallo del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre, Nisman les anunciaba a personas de confianza que se “llevaría puesta a Cristina” (como le dijo al nerd informático Diego Lagomarsino) o que conseguiría su detención (a la operadora judicial de la DAIA Marta Nercellas). No lo consiguió, tenga o no tenga que ver su muerte con ello. La construcción del nuevo prócer de la derecha porteña se desmoronó por la mala calidad del material. La hipótesis de que el liderazgo de Cristina siga intacto durante todo el proceso electoral y aún después incrementa el encono de la oposición política y mediática que no alcanza a entender las razones de esta adhesión popular. Tal incomprensión los lleva a radicalizar sus posiciones negativas, con lo cual aceleran el recorrido de un círculo vicioso que podría dejarlos una vez más con las manos vacías.
Antes fueron las corridas hacia el dólar, los sacudones inflacionarios, los motines policiales y sus zonas liberadas para el vandalismo, las tentativas de desabastecimiento, los fallos del juez de Wall Street encaminados a simular un nuevo default, la deserción opositora de los debates parlamentarios sobre temas de fondo, los cacerolazos, los lockouts agropecuarios y los paros sindicales (uno de ellos se repetirá pasado mañana, por el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría), las declaraciones flamígeras de las asociaciones patronales y la concertación entre jueces y fiscales para hostigar al gobierno. Varios de esos mandobles fueron instigados a control remoto, como castigo por la política exterior independiente, los avances contra los cómplices económicos, eclesiásticos y judiciales de los crímenes de la dictadura, la perseverancia en un camino económico-social opuesto al descontrol de los mercados. En este contexto se inscribe el rol de la embajada de los Estados Unidos, a la que Nisman sometía sus borradores para que se los corrigieran y donde recibía instrucciones sobre qué pistas seguir y cuáles dejar de lado. La extraordinaria gravedad de esta subordinación no es percibida por la oposición y esto también ayuda a explicar su desfasaje con la opinión predominante. Del mismo modo, la difusión de los vicios privados que Nisman costeaba con dineros públicos sólo puede espantar a quienes se conduzcan con la misma laxitud.
Afeitar en seco a quien termina su mandato es la mejor forma de advertir al entrante que ponga las barbas en remojo si no quiere seguir la misma suerte. El final apocalíptico de la primera presidencia democrática, con hiperinflación, apagones y saqueos no fue destinado a Raúl Alfonsín sino a Carlos Menem, quien entendió el mensaje y se apartó de la tradición política y de los votantes que lo llevaron al gobierno. Hasta ahora la resiliencia de Cristina impidió la concreción del escarmiento. Esto condiciona en el sentido opuesto a todos los precandidatos presidenciales: 2003 es un punto de inflexión del que no será fácil apartarse. Las gigantescas movilizaciones pacíficas del 1º y del 24 de marzo podrían cambiar de carácter ante un intento burdo de regresión.
Loas y alabanzas
La Sala I está integrada por tres jueces cuyos cargos de responsabilidad comenzaron antes de 2003, y que se alinearon en torno a dos posiciones: el impenitente gladiador de la Escudería Stiuso, Eduardo Farah, por abrir la investigación contra la presidente; su colega Jorge Ballestero por confirmar la desestimación dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas. Quien desequilibró fue Eduardo Freiler. Como se anticipó aquí, era muy difícil que esta vez Ballestero pudiera acompañar a Farah. Cuando el mismo tribunal se pronunció por la inconstitucionalidad del Memorandum de Entendimiento con Irán, en mayo del año pasado, Ballestero reconoció “los loables objetivos que inspiraron los términos de ese acuerdo” y los “múltiples esfuerzos” del gobierno “en procura del esclarecimiento de lo ocurrido y del avance de la investigación”. Freiler era la incógnita a develar: excusado en el caso de la inconstitucionalidad, no había indicios sobre su posición.El eje del pronunciamiento fue el voto de Ballestero, quien practica una irónica autopsia judicial de Nisman. Para Rafecas al no haberse constituido la Comisión de la Verdad el Memorandum de Entendimiento no tuvo principio de ejecución. Ballestero no puede admitir este criterio porque ya opinó lo contrario al analizar su constitucionalidad. Cuando se debatió la constitucionalidad del Memorandum, dijo ahora Ballestero, ni el tribunal, ni la DAIA y la AMIA, ni el propio Nisman vieron ni “un atisbo del supuesto delito de encubrimiento que recién ahora se denunció. Ni una sola sospecha, ni un solo interrogante”. Esas cuestiones, ya estaban “presentes desde enero de 2013 en el texto del Pacto” y Nisman no las denunció.
Las novedades viejas
El fiscal adujo que en aquel momento carecía de los elementos que obtuvo después: una nota de José Eliaschev publicada en marzo de 2011, cuatro años antes de la denuncia, y las escuchas telefónicas. Ballestero subraya la fecha de la nota con un elocuente signo de admiración. “De novedad, sinceramente, es poco lo que se tiene”. Además, coincide con la “impecable” lectura de Rafecas: al declarar como testigo, luego de reiteradas citaciones y bajo amenaza de ser conducido por la fuerza, Eliaschev no ratificó su nota y bajo juramento dijo algo distinto. No se trataba de un documento oficial sino de un paper interno de la cancillería iraní; estaba escrito en inglés y no en farsi, no reproducía las palabras adjudicadas a Timerman, sino un parecer de los interlocutores persas. Lejos de revelar un desinterés argentino por resolver los atentados, aludía a la impresión iraní de que la Argentina querría “dar una vuelta de página” en las relaciones bilaterales.
En cuanto a las escuchas, Ballestero entiende que Nisman hizo “un pase de ilusionista”: en forma alternativa sitúa los antecedentes del Memorandum en 2006, en 2010 o en 2011 y pretende que también hay otro documento que probaría la intención de levantar las alertas rojas. Pero como no tiene “una sola prueba” asevera que ese documento “se mantuvo en secreto. De este modo, sería su misma ausencia la nota más distinguida de su existencia”, tal como ocurre con los agujeros negros, “cuya presencia sólo se demuestra a partir de la nada más absoluta”. Su “zigzag argumentativo” atenta contra la imputación que procura construir. En cambio “existen sobradas muestras de que los sucesos acaecieron de un modo diametralmente opuesto”, como el intercambio epistolar entre la cancillería argentina y la Secretaría General de Interpol y las aclaraciones de su ex Secretario General, Ronald Noble ante el canciller Héctor Timerman. La Argentina siempre pidió que las alertas rojas no fueran levantadas. Se enfrentan así “inferencias versus declaraciones; suspicacias versus documentos; especulaciones versus acontecimientos”. Según Nisman, la Comisión de la Verdad instalaría una nueva hipótesis que liberaría a los imputados, pero no aporta un solo dato acerca de cuál sería. Ballestero describe incluso la deshonestidad argumental de Nisman, cuya denuncia “va extrapolando distintos pasajes de una conversación para, puntos suspensivos mediante, engarzar del modo más conveniente su contenido, sin importar su hora ni su fecha, como si, al igual que en ciertas novelas populares de hace algunos años, uno pudiera ir armando la crónica escogiendo la escucha que se desea poner a continuación. O bien se combinan comunicaciones telefónicas con otros discursos distanciados por meses, pero que son exhibidos como parte de un mismo y único contexto, de forma tal que todo remita a una misma alusión: se está hablando del encubrimiento”.
El orden de los factores
Nisman sostuvo que existía “una correlación entre la realidad y las cuestiones que se mencionan” en los intercambios telefónicos. Pero Ballestero afirma que esto sólo demuestra “la reproducción de una fuente a la que cualquier habitante del mundo podía acceder. Como se ve, el orden de los factores sí altera el producto”. El camarista también ridiculiza la credibilidad de los interlocutores que Nisman ordenó grabar (según el juez Rodolfo Canicoba Corral sin su autorización, por lo cual dijo que si no hubiera muerto lo denunciaría penalmente). Se pregunta cómo puede considerar operador válido del supuesto plan a Luis D’Elía, cuando el mismo Nisman tildó de “inverosímil” su declaración testimonial en la causa AMIA, donde brindó una versión “disparatada”. Agrega que hasta sus compañeros lo denigran y desmienten: “Que no se haga el canchero, si el que menos puede entrar a la Casa Rosada es él”, lo descalifica Fernando Esteche. El agente persa Jorge Khalil revela que D’Elía le preguntó qué pasaba con el Memorandum y él le respondió: “Y yo qué sé, flaco, sé tanto como vos”. Ballestero acota: “A confesión de parte”.
Su conclusión es que no existen pruebas de un delito, por lo que el Memorándum pudo ser un fracaso diplomático, un error legislativo y una desilusión para quienes creyeron que apuntalaría la investigación del atentado, “pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo”. En términos más cotidianos, explica que no basta que un herido llegue a un hospital o que choquen dos automóviles para que se cometa un delito de lesiones o una tentativa de homicidio. “Algo más debe adicionarse a la mera causación exterior de un daño o de un peligro. Algo que demuestre una voluntad dirigida al logro de un provecho ilícito.” Pero “ninguno de los elementos aportados en esta causa cumple con esa exigencia”. Así llega al meollo de su razonamiento: esa carencia que el propio fiscal Gerardo Pollicita admitió al requerir la instrucción no puede suplirse “inaugurando una pesquisa para obtener una prueba que no se tiene. Es la presencia de una evidencia la que debe motivar la promoción de una investigación penal, y no a la inversa”, porque “los estrados penales no son las tablas de un teatro ni sus expedientes el celuloide de una película”. Cita en su aval un fallo unánime de la misma sala en 2008. Si se investigara “por las dudas, a fin de localizar algún elemento sospechoso” se produciría una “subversión del orden lógico de toda encuesta”. Las garantías constitucionales no admiten salir en “excursión de pesca” con la esperanza de que “en algún momento brote alguna mácula que permita sospechar la comisión de un ilícito”. Pollicita y el fiscal de Cámara Germán Moldes sólo argumentan que el cierre de la causa es prematuro, pero no se hacen cargo “de la orfandad probatoria que hoy la caracteriza” e “insisten en mantener abierta y en actividad una persecución penal con el anhelo de que, alguna vez, en algún momento, algo demuestre que el Memorándum estuvo inspirado en una voluntad delictiva. En rigor de verdad, una aspiración semejante, frente a los antecedentes repasados, sólo puede traducirse en un único plazo definitorio: la perpetuidad”. Lo confirmó ayer Moldes en una entrevista con La Nación: “No dijimos que hay hechos probados ni atribuimos a nadie responsabilidades penales. Sólo dijimos que hay que investigar” y aunque la denuncia fuera desestimada, si mañana alguien presenta nuevas evidencias “podría reabrirse”. En su única referencia a las personas que claman justicia, Ballestero sostuvo que “separar la paja del trigo es contribuir a que nada obstaculice la adecuada canalización de los legítimos reclamos de las víctimas” y “un paso para alcanzar la verdad de lo acontecido el 18 de julio de 1994”. Lo contrario está haciendo la exposa de Nisman respecto de la investigación por su muerte: luego de frenar el peritaje informático, la jueza Sandra Arroyo Salgado también paralizó la junta médica que debía reunirse mañana.
Sobre verosímil y verdadero
Freiler coincide con Rafecas en que al no haberse introducido nunca la supuesta nueva y falaz hipótesis, no hubo principio de ejecución del alegado delito de encubrimiento y se pregunta que llevó a Nisman a presentar su denuncia en enero de este año, ya que ninguno de los elementos de juicio era novedoso. Tampoco Pollicita o Moldes aportan ningún elemento que le otorgue suficiente verosimilitud. También recuerda que según el Código Procesal la denuncia deberá contener “la relación del hecho, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución” y que la Corte Suprema estableció que “no debe ser general y vaga sino contraída a los hechos denominados y especiales con expresión de las circunstancias que puedan guiar al juez”, cosa que no ocurre aquí. El fiscal une en forma antojadiza elementos de juicio irrelevantes “pero que son encadenados de forma tal que simulen demostrar la hipótesis delictiva sostenida”, de modo de “arribar a una determinada conclusión que constituye, en realidad, el propio punto de partida del denunciante. Se trata de la falacia de la afirmación del consecuente. Así, se construyen afirmaciones dogmáticas sobre la base de premisas que en modo alguno autorizan siquiera a inferir las conclusiones a las que allí se arriba”.
Freiler, que hasta 2004 fue fiscal, señala que los requerimientos y conclusiones del Ministerio Público deben formularse en forma motivada y específica, exigencias que “no se verifican en la acusación de Nisman”. También cita un fallo de 1998, en el que la misma Sala dijo que no pueden admitirse “denuncias que carezcan de razonabilidad y verosimilitud” o “fundadas en hechos puramente imaginarios o simplemente supuestos”.
Este es el punto de discrepancia con Farah, quien incurre en largas disquisiciones teóricas y citas de jurisprudencia respecto de la verosimilitud y su relación con la verdad, pero no hace el menor esfuerzo por explicar qué datos de la realidad harían verosímil la denuncia de Nisman. Farah alega que la imputación “puede experimentar modificaciones y precisiones; de allí que durante este procedimiento el objeto resulta construido y es modificable”, lo cual no es mas que un intento por justificar la excursión de pesca que sus colegas descalificaron.
El poder permanente
Por Horacio Verbitsky
El 25 de marzo, el Banco Central tuvo la luminosa iniciativa de reunir en un solo acto el homenaje a las víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976 con el recuerdo de la nacionalización del banco el 25 de marzo de 1946, un mes después de la primera elección presidencial de Juan D. Perón. En la misma ceremonia, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, desclasificó las actas secretas que muestran la complicidad de la institución, cuyo directorio había sido colonizado por el sistema financiero, en temas sensibles para la Junta Militar, como el endeudamiento externo y la financiación de la venta de armas a otras dictaduras latinoamericanas. La idea fue feliz, porque uno de los actos fundamentales de esa dictadura fue la desnacionalización del Banco Central, que comenzó a revertirse con la reestatización del sistema previsional en 2009 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco en 2012, que permitieron una activa regulación estatal. Los objetivos del golpe de 1976 fueron los mismos que guiaron al de 1955, pero durante las dos décadas intermedias la resistencia popular impidió que fueran alcanzados y dos coaliciones sociales opuestas se enfrentaron con avances y retrocesos. Ante esa imposibilidad de desarticular las bases económico-sociales afianzadas durante el primer peronismo, en 1976 se descargó sobre la sociedad una violencia sin límites ni precedentes. Los organismos defensores de los derechos humanos consiguieron anular las leyes y decretos de impunidad que impedían castigar a los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos entonces (en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, ya había cerca de un centenar de militares, marinos y policías detenidos). El decidido respaldo político de Kirchner permitió que la Corte Suprema de Justicia confirmara en 2005 esa nulidad dictada en 2001 y que los procesos se extendieran por todo el país.
Ya en el juicio a las Juntas de 1985 se analizaron varios casos de complicidad empresarial y eclesiástica con los crímenes de los militares, pero por entonces no era posible juzgar a los responsables. En los últimos años se iniciaron varios procesos contra los instigadores y beneficiarios del golpe de 1976. Pero el superministro de Economía José A. Martínez de Hoz murió antes de la condena, en arresto domiciliario y en las últimas semanas distintos tribunales han puesto un freno a los expedientes contra el empresario azucarero Carlos Pedro Blaquier, el propietario del diario La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, y los directivos de Papel Prensa Ernestina Herrera, Bartolomé Mitre y Héctor H. Magnetto. Esas decisiones son representativas del oportunismo judicial, acentuado ante la apertura del año electoral. Mientras las Fuerzas Armadas han abandonado la escena política y el enjuiciamiento a sus integrantes de entonces sólo conmueve a sus familiares y amigos, las empresas, la justicia y la Iglesia Católica aún condicionan y jaquean a las autoridades consagradas por el voto popular. Ese poder permanente desearía aleccionar a quien suceda a Cristina, como parte activa de su educación presidencial. Por eso, el avance de los juicios a integrantes de ese poder permanente no es cuestión del pasado, sino del presente, para construir un futuro de la democracia argentina libre de tutelas y chantajes.
El círculo rojo de Nisman
Por Horacio Verbitsky
Joseph Michael Humire, experto norteamericano en seguridad regional y libertad de mercados, que aprende de Nisman sobre la penetración iraní en América latina.
La denuncia de Nisman sólo cobra sentido en un contexto más amplio, que excede las fronteras argentinas. Desde las filtraciones de Wikileaks, está claro que toda la información que manejaba provenía de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel, intermediados por la SIDE argentina. Poco se sabe sobre el sentido inverso que esa información recorría, de modo que Nisman terminaba citado como fuente autorizada por los efectores de aquellos mismos servicios, en procura de presionar al tironeado Barack Obama. El fiscal argentino les servía como ariete para forzarlo a que adecuara sus posiciones a las del complejo militar-industrial, bautizado así en 1961 por el general Dwight Eisenhower. Ese fenómeno entonces incipiente, que Ike caracterizó en su último discurso presidencial como una amenaza a la democracia estadounidense, se ha expandido como un rizoma omnipresente que hoy comprende todas las ramas de la industria, la producción y las finanzas y del que forman parte los fondos buitre que litigan contra la Argentina. Este círculo rojo incluye a diversos think tanks financiados por el establishment de seguridad nacional e Inteligencia, al bloque republicano en Capitol Hill, al gobierno israelí del primer ministro derechista Binyamin Netanyahu y a algunos de los medios más poderosos de Estados Unidos y de los países latinoamericanos. Se han declarado en emergencia ante las negociaciones nucleares con Irán de las que participan los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia) más Alemania. Menos conocido aún es que el negociador iraní es el ex canciller Alí Akbar Salehi, quien en 2013 firmó el Memorándum de Entendimiento con Timerman. Y muy pocos saben que ese científico nuclear, que preside la Comisión Iraní de Energía Atómica, vivió varios años en Buenos Aires, donde cursó estudios de perfeccionamiento, mientras sus dos hijas asistían a un colegio católico de Belgrano, porque la familia buscaba una formación religiosa y aquí no había escuelas musulmanas. Las negociaciones continuarán hoy en la ciudad suiza de Lausana.
En audiencias de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, convocadas en julio de 2013 y hace once días por los legisladores republicanos Jeff Duncan (presidente de la subcomisión de Hemisferio Occidental e integrante de la Comisión de Seguridad Nacional) e Ileana Ros-Lehtinen (presidente de la subcomisión de Medio Oriente) el gobierno argentino fue señalado como cómplice de un eje del mal con Irán, Venezuela y Cuba, por Joseph Michael Humire, un norteamericano hijo de bolivianos de estrecho contacto con Nisman. Humire fue directivo de la coordinadora internacional de think tanks neoliberales Fundación Atlas, para la cual se especializó en defensa y seguridad, y ahora es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society. Su biografía oficial dice que es un veterano de la Infantería de Marina, que participó en misiones de combate en Irak y Liberia y en el Operativo de entrenamiento Unitas 45-04, en América latina y el Caribe. “La combinación de experiencia militar y educación en libertad de mercados ha hecho de él una estrella ascendente en la comunidad de relaciones exteriores y seguridad nacional”, dice Humire de sí mismo, “ofreciendo una perspectiva única en asuntos de seguridad global”.
El periodista argentino radicado en La Paz, Andrés Sal-Lari, escribió en el diario del Estado Plurinacional Boliviano Cambio que Humire estuvo en Santa Cruz de la Sierra durante el alzamiento separatista de 2006. Sal-Lari, quien es corresponsal en Bolivia de la cadena iraní de televisión Hispan TV, lo caracteriza como “agente de la CIA”, pero no aporta ninguna prueba en ese sentido. El 22 de junio de ese año, Página/12 ya había publicado una denuncia del presidente Evo Morales sobre la presencia en Santa Cruz del sargento de marines Humire y de otros militares estadounidenses “camuflados como estudiantes”.
Experto en “guerra asimétrica”, en 2014 Humire publicó el libro Iran’s Strategic Penetration of Latin America, tema sobre el que expone en forma regular en Fox News, los diarios Wa-shington Times y Huffington Post, las señales de televisión Univisión, Telemundo, CNÑ, TN-24 de Colombia y The Voice of America, en Washington. En su testimonio del 9 de julio de 2013, ante la Comisión de Seguridad Nacional del Capitolio, Humire citó in extenso un dictamen de 500 páginas en el que Nisman describe una red de inteligencia encubierta que Irán habría desarrollado en América Latina durante treinta años y lo singulariza con la mezquita At Tahuid de Buenos Aires y sus imanes Abdel Karim Paz Bullrich y Edgardo Ruben Assad. Al abrir la audiencia, Jeff Duncan dijo que según la investigación del fiscal argentino esas estaciones clandestinas de Inteligencia de Irán estaban listas para “realizar ataques terroristas cuando el régimen lo decida”, en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Paraguay y Perú. Nada dice sobre las playas de Cancún, que son la única zona de la región que Nisman conocía de primera mano. En sus conclusiones, Humire sostuvo que el eje Irán-ALBA era una amenaza a los intereses estadounidenses de seguridad nacional en la región y mencionó a la Argentina como miembro de facto de la Alianza Bolivariana. Con el mismo método del agujero negro que usaba Nisman, sostuvo que “la ausencia de evidencias” de que Irán haya ejecutado sus planes en la región “no es la evidencia de su ausencia”. Jeff Duncan consideró “profundamente perturbador y completamente inexacta” la decisión del gobierno argentino de no autorizar a Nisman a testimoniar en el Congreso estadounidense, aduciendo que esa audiencia “no tenía relación” con la misión del fiscal, ya que Nisman “envió copia de sus hallazgos al Ministerio de Justicia norteamericano y Estados Unidos tiene un interés vital en conocer mejor las operaciones de Irán en el hemisferio”.
En octubre de 2013, Mary Anastasia O’Grady entrevistó a Humire en el Wall Street Journal y advirtió que el “narco estado represivo” de Bolivia podía convertirse “en un centro internacional del crimen organizado y en un refugio para los terroristas”, como un nuevo Afganistán. Agregó que “Irán podría haber financiado total o parcialmente la construcción de una nueva instalación de entrenamiento militar de ALBA en las afueras de Santa Cruz”.
O podría no haberla financiado, claro. Un colaborador en el libro de Humire sobre Irán fue el político boliviano Adrián Oliva, de la Unidad Departamental Autonomista, que en las elecciones de hoy intentará acceder a la gobernación de Tarija. En 2012, Oliva fue el propagandista en Bolivia de una nota publicada en la revista brasileña Veja con el amable título “La República de la Cocaína”.
El recorrido del círculo también puede hacerse a la inversa. Por ejemplo, hace dos semanas, el 14 de marzo, Veja publicó una entrevista con tres supuestos desertores chavistas, quienes dijeron que Irán financió la campaña presidencial de CFK en 2007 y que el ex presidente Mahmoud Ahmadinejad tramitó por medio de Hugo Chávez el encubrimiento de la participación iraní en el atentado de 1994 y la cooperación nuclear argentina con Teherán. Cuatro días después, Humire mencionó la nota de Veja para explicar ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja en Washington cómo Irán aprovechaba de la corrupción latinoamericana y sus débiles instituciones. Humire se preguntó “en qué medida la nueva ambición nuclear de la Argentina está ligada con el propósito iraní de dominar esta tecnología y si el programa nuclear venezolano y su triangulación comercial con Venezuela tuvieron la finalidad de ayudar a Irán. Tal vez Nisman sabía más de lo que informó. Lamentablemente ya no está con nosotros”. Y el 25 de marzo, Mary Anastasia O’Grady amplificó la denuncia. La columnista del Wall Street Journal admitió que toda historia con fuentes anónimas es dudosa, pero lo subsanó añadiendo que Veja es uno de los medios “de mejor reputación de Brasil, y una tercera persona en quien tengo razones para confiar me ha confirmado que las entrevistas se llevaron a cabo”. A continuación mencionó a Humire y Nisman. Pese a que “ninguno de los tres desertores podía determinar si la tecnología nuclear fue transferida”, y que tal vez “estén contando un cuento”, O’Grady concluyó su bordado con una cita del testimonio de Humire: “Si esto es cierto, entonces creo que todos hemos subestimado la importancia de América latina para la República Islámica. Y, por extensión, ya no podemos permitirnos el lujo de divorciar las actividades de Irán en la región de las negociaciones nucleares del P5 + 1”.
29 de Marzo de 2015
Tiro de gracia a la denuncia de Nisman
Resulta mas que evidente que Nisman se llevó a la tumba las razones para precipitar su retorno a la Argentina durante el mes de feria con el fin de presentar ante los medios una denuncia que carecía del más elemental sustento jurídico y probatorio. En sus comunicaciones con el agente de inteligencia Alberto Massino, reprochándole que el depuesto jefe de Contrainteligencia, Jaime Stiuso, no le atendía el teléfono, puede hallarse parte de la explicación sobre los motivos que llevaron a Nisman a actuar como un kamikaze judicial. Evidentemente, Nisman esperaba pruebas que nunca llegaron. Y si no aparecieron después de su muerte es porque no existían.
La teoría de Nisman en su denuncia del 14 de enero último, cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento, era que la impunidad de los iraníes se lograría a través del Memorándum de Entendimiento, firmado en enero de 2013. Ese pacto preveía un mecanismo para efectivizar la indagatoria de los sospechosos en Teherán, en presencia del juez argentino –Rodolfo Canicoba Corral–, pero el fiscal decía que era una fachada y que los prófugos serían beneficiados con una Comisión de la Verdad que participaría del procedimiento y el levantamiento de las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre ellos. Su denuncia tenía como eje versiones periodísticas y escuchas realizadas sobre líneas del operador islámico Jorge Khalil, que hablaba de negocios con otros operadores y discurrían sobre el Memorándum.
“El Memorándum de Entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desi-lusión para quienes creyeron ver en su texto el avance de la investigación por el atentado, pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo”, dice un tramo del voto de Ballestero. “Es necesario –sigue– que se alegue mucho más que el desatino de aquel pacto; que evidencie que, efectivamente, él estuvo dirigido a un fin muy distinto que el esclarecimiento del caso AMIA. Sin embargo, ninguno de los elementos aportados en esta causa cumple con esa exigencia. Ni las declaraciones encontradas, ni las escuchas recortadas, ni los discursos contradictorios...”
El juez Ballesteros compara la denuncia de Nisman “con los agujeros negros, cuya presencia sólo se demuestra a partir de la nada más absoluta”.
Fuente:MiradasalSur
Domingo 29 de Marzo de 2015
Por néstor espósito
No se halló rastro de ADN de otra persona en las uñas del fiscal Nisman
El informe con los resultados de la pericia está en manos de la fiscal Viviana Fein. En las muestras tomadas sólo se encontró material genético del ex jefe de la UFI AMIA. Tampoco hay lesiones defensivas en sus manos ni en el resto del cuerpo. Esto abona la hipótesis del suicidio, pero no resulta determinante.
Ello, sumado a que tampoco hay lesiones defensivas en sus manos y en el resto del cuerpo, configuran un cuadro indiciario que parece desacreditar la teoría del homicidio, que sostiene su ex mujer y madre de sus dos hijas, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
El informe sobre el resultado "negativo" de ADN de otra persona en las uñas de Nisman fue recibido por la cuestionada fiscal Viviana Fein a mediados de la semana pasada. Luego sobrevino la avalancha de reproches de Arroyo Salgado hacia la fiscal y finalmente la recusación por presunción de parcialidad, que la jueza Fabiana Palmaghini deberá resolver probablemente después de Semana Santa.
La investigación parece orientarse a la búsqueda de datos que puedan ser confirmados por testigos. Por ejemplo, llamadas telefónicas de los teléfonos de Nisman.
Para cerrar el cuadro probatorio hay dos datos que, a raíz de las presentaciones de Arroyo Salgado, seguirán en la lista de espera: la data de la muerte, que debía surgir de la junta médica prevista para mañana y suspendida por la fiscal Fein a pedido de Arroyo Salgado, y la actividad de la computadora personal de Nisman, en la que aparece un acceso a diarios y a una cuenta de e-mail habitualmente utilizada por el fiscal (del servidor gratuito Yahoo!) el domingo 18 por la mañana. Arroyo Salgado deslizó que ese acceso fue por vía remota, pero el abogado Maximiliano Rusconi, defensor de Diego Lagomarsino (quien tenía las claves para acceder de esa manera a la computadora de Nisman) replicó que fue desde la propia máquina. Ni una cosa, ni la otra, están siquiera mínimamente certificadas en el expediente. Menos aún: los peritos informáticos de ambas partes jamás mencionaron, ni aún informalmente, tales hipótesis.
¿Hay alguna otra forma de certificar si Nisman estaba vivo el sábado 17 de enero por la noche, cuando según el peritaje encargado por Arroyo Salgado a sus expertos ya había fallecido?
La investigación parece orientarse a la búsqueda de datos que puedan ser confirmados por testigos. Por ejemplo, llamadas telefónicas –entrantes y salientes– de los teléfonos de Nisman. Si las hubiera, la fiscal debería identificar el número con el cual tomó contacto la línea de Nisman, citar a su titular y preguntarle si efectivamente habló con el difunto fiscal.
¿Hay algo de eso, ya, en el expediente? La respuesta es "sí". Pero no es todo lo contundente que los investigadores necesitan.
La fiscal Fein ordenó también el peritaje criminológico, que busca determinar desde un punto de vista mecánico y físico cómo murió Nisman. Pese a que el criminólogo Enrique Prueger presentó el miércoles pasado documentación que acreditaba su condición, salvando de esa manera las razones que llevaron a que la jueza Palmaghini anulara su designación como "perito oficial", Fein no volvió a elegirlo y optó por otros profesionales.
La irregular designación de Prueger fue el eje central de la recusación de Arroyo Salgado contra Fein.
La fiscal anunció ayer, en declaraciones a la radio La Red, su disgusto con la actitud que asumió en el expediente la querellante Arroyo Salgado. Y anticipó que su respuesta a la recusación que le planteó el viernes pasado, a las 13:20 (diez minutos antes del cierre del horario de recepción de escritos en Tribunales) será dura y enérgica
En rigor, Fein nunca descartó la hipótesis del homicidio que le propuso Arroyo Salgado, aunque de su tarea investigativa se desprende claramente que supone que Nisman no fue asesinado. Pero ante la sospecha nunca expresada claramente por Arroyo Salgado sobre Lagomarsino, la fiscal dispuso librar un exhorto a la Justicia de Estados Unidos pidiendo información sobre la cuenta en el banco Merryl Lynch de la que el ex empleado informático de la UFI Amia era co-titular junto con Sandra Nisman y Sara Garfunkel, hermana y madre de Nisman, quien figuraba como "apoderado". El exhorto debe todavía cumplir una serie de pasos procesales en la Procuración General de la Nación, por lo que todavía no salió de la Argentina. El pedido debe ser muy preciso, no sólo en cuanto a quién va dirigido sino, y especialmente, en la descripción del contexto judicial en el que se pide la información. Caso contrario, la respuesta del exterior siempre será negativa.
Nisman tenía cuentas bancarias en al menos otras tres entidades que operan en la Argentina: el Banco Patagonia, el Banco Macro y el Banco Ciudad. La fiscal también pidió informes sobre esos productos bancarios.
Aníbal, Arroyo y las "inconductas" de Nisman
El jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, insistió en sus cuestionamientos a Alberto Nisman por sus "inconductas" cuando estaba a cargo de la investigación del atentado a la AMIA, y aclaró que nunca criticó a la ex esposa del fallecido fiscal, Sandra Arroyo Salgado. "Nunca hablé mal" de ella, aseguró el ex senador, y aclaró que sólo hizo mención a las "inconductas de su esposo. Si eso le molestó, lo siento".
El funcionario ha cuestionado públicamente al fiscal por el modo en que llevó adelante la investigación por la voladura de la AMIA, causa que tenía a su cargo y para la que se creó una fiscalía especializada.
"A un fiscal con tantos empleados a cargo y con un presupuesto" como el que manejaba Alberto Nisman para investigar la voladura de la AMIA "hay que pedirle un mínimo de verosimilitud en la denuncia" que presentó contra la presidenta Cristina Fernández, dijo el jefe de Gabinete en declaraciones a radio América, en referencia a la presentación que realizó Nisman días antes de morir.
Fuente:Infonews
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