A 39 años del golpe
genocida cívico y militar del 24 de marzo de 1976
Como cada año para esta fecha, nos
encontramos en este Monumento para homenajear la lucha de los treinta mil
desaparecidos, a quienes reivindicamos como parte de una generación que se organizó
políticamente para transformar la realidad desde la defensa de los intereses de
las mayorías populares. Una generación que asumió la militancia, la solidaridad
y el amor hacia los más débiles como una forma de vida; que no nació de la nada
sino que se reconoció en una larga tradición de lucha que se remonta a los
tiempos de la emancipación nacional; que peleó por un país sin pobreza, al
servicio de los trabajadores y el pueblo, por una patria liberada del
imperialismo y sus lacayos internos.
El 24 de Marzo de 1976 marcó un punto de
inflexión en la sociedad argentina. Interrumpió y fracturó la valiosa trama
social, política y cultural que existía hasta ese momento, y que había
resistido los intentos de hacer retroceder a los trabajadores y al pueblo, en
general, en sus conquistas sociales y políticas, obtenidas fundamentalmente
durante el primer gobierno peronista; una resistencia popular que impedía la
restauración del proyecto agroexportador, requerido por el imperialismo y
sostenido por las oligarquías nativas para esta parte del continente.
A fines de los años sesenta y principios de
los setenta, se vivía en la Argentina una gran vitalidad política, con una
extraordinaria multiplicación de la organización y participación popular, pese
al contexto de permanentes golpes de Estado, con sus secuelas de muerte,
torturas y cárceles.
Argentina no estaba ajena a los procesos de
liberación en América Latina. Es por esa razón que los aliados internos del
imperialismo en cada país de nuestro continente aplicaron la misma estrategia
represiva. Utilizaron los ejércitos locales, formados estos en la escuela
francesa con la ayuda y la logística del ejército norteamericano.
El golpe de estado del 24 de marzo del 76
fue el golpe más siniestro y sangriento que sufrió nuestro país. Con una
violencia y ferocidad que superó cualquier experiencia anterior, pusieron en
práctica las formas más perversas de represión con la aparición de centros
clandestinos de detención, las desapariciones de los compañeros, la apropiación
de los bebés y el robo de los bienes de los detenidos como "botín de
guerra". Las víctimas eran obreros, combatientes políticos, estudiantes,
militantes sociales, religiosos, cooperativistas, gremialistas, en suma,
cualquier persona que significara una resistencia al proyecto que pretendían
instaurar.
El terrorismo de Estado apuntó a eliminar
esa resistencia y a instalar el terror generalizado en la sociedad, para que
esta se paralice, y así aplicar sus planes económicos.
La dictadura destruyó industrias y provocó
despidos masivos, multiplicó geométricamente la deuda externa transformando la
economía nacional en una economía dependiente. No olvidamos que lo único que
estatizaron los privatizadores de Cavallo y Martínez de Hoz fue la deuda
contraída en el exterior por las grandes empresas.
Los golpes de Estado en América Latina
fueron también la respuesta a la experiencia realizada por la Revolución Cubana
y a la lucha por la liberación de distintos países en el tercer mundo. La
dependencia económica trajo consigo a la dependencia cultural y política.
Nuestro país fue sometido a la peor supresión de libertad de prensa. En ese
momento se crearon las condiciones para el desarrollo de los medios
periodísticos hoy hegemónicos. Los grandes grupos de medios, televisión y
radio, defendieron permanentemente las ideas e intereses del poder empresarial
concentrado, que estuvo acompañado por el poder eclesial, judicial, sectores
políticos y sindicales.
En los últimos años se reiniciaron los
juicios a los genocidas, muchos de ellos hoy están presos y condenados, pero
demasiados continúan procesados o sin sentencia firme con el peligro latente de
que pasen los años y sean dejados en libertad. Aquí debe mencionarse la
complicidad de la justicia que opera al servicio de la impunidad y que se
resiste a ponerse al servicio de las mayorías y a democratizarse. No nos
olvidamos que muchos represores continúan prófugos, entre ellos muchos civiles.
Ese comportamiento del poder judicial se potencia cuando los acusados son
los grandes empresarios beneficiarios de la dictadura, de apellidos como
Blaquier, Herrera de Noble, Mitre, Magnetto o Massot.
Sabemos que falta mucha justicia por
conquistar, pero seguimos en el camino de exigir a los jueces y a las
instituciones que corresponda, que cumplan con su deber.
En nuestro país tenemos la satisfacción de
ser el primero en el mundo en juzgar un genocidio dentro de sus fronteras y
frente a jueces naturales, acorde al debido proceso. La lucha llevada adelante
por los organismos de derechos humanos y las organizaciones que se fueron
sumando a través de los años logró una vez más imponer la voluntad popular,
demostrando que el pueblo unido y participando construye las herramientas para
que esta democracia se profundice cada vez más.
Gracias a esa lucha, a
lo largo de esta etapa conquistada a partir de la derogación de las leyes de
impunidad y los indultos, 1064 represores de la dictadura ha sido detenidos;
577 condenados; ; 955 procesados; han habido 133 sentencias por delitos de lesa
humanidad en todo el país, 15 en la
provincia de Santa Fe, 6 en Rosario.
Pero tenemos una larga lista de reclamos
para esa esa Justicia. Reclamamos la urgente aceleración de las causas y que
éstas sean unificadas para que los compañeros sobrevivientes no sean sometidos
decenas de veces a revivir el horror. También debemos señalar, como lo hicimos
el año pasado, el comportamiento cómplice de algunos magistrados como el juez
Carlos Villafuerte Ruzzo que demora los juicios y ampara a represores como
Víctor Chuly Rodríguez, a quien en vez de enviar a la cárcel permite viajar
para hacer un Cruce de los Andes donde mansilla la bandera nacional y la imagen
del general San Martín. En las próximas semanas comenzará el juicio oral y
público por los secuestros de los compañeros Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra
Rossi, del cual Chuly Rodríguez zafará por ahora gracias a los favores de Villafuerte Ruzo. Por eso hoy volvemos a
insistir con su juicio político y destitución.
También exigimos la elevación a juicio la
causa contra el capellán Eugenio Zitelli
Cada 24 de marzo queremos recordar a
aquellos compañeros que formaron parte de esta lucha y que hoy están en nuestra
memoria. Queremos recordar especialmente a los testigos Jorge Julio López y
Silvia Suppo, para quienes no dejaremos jamás de reclamar justicia por su
desaparición y asesinato.
El genocidio fue
social, político, cultural y económico. Por eso apoyamos el reclamo en ese
sentido realizado por los socios de la Biblioteca Constancio C Vigil, quienes
exigen que sean juzgados los delitos cometidos contra esa popular institución
saqueada por la dictadura.
Durante décadas los juzgados han desconocido
que los delitos cometidos por los represores del terrorismo de Estado contra
los colimbas y soldados de Malvinas son crímenes de lesa humanidad.
Recientemente en un fallo vergonzoso, la Corte Suprema de la Nación rechazó el
reclamo de los excombatientes para que esos delitos sean declarados
imprescriptibles.
Queremos remarcar la importancia de que los
juzgados no invisibilicen los delitos sexuales cometidos contra detenidas y
detenidos políticos. En esa misma dirección acompañamos el reclamo para
denunciar el especial ensañamiento de los genocidas con los militantes de la
comunidad LGTB. En numerosos testimonios surgidos a lo largo de los juicios a
los represores, aparecen manifestadas esas situaciones, del mismo modo que
ocurrió con aquellas personas pertenecientes a la colectividad judía, o a los
Testigos de Jeová por dar otro ejemplo.
La dictadura fue militar, pero también
civil y clerical. Fue un plan genocida dirigido hacia el conjunto de la
sociedad, que para imponerse se propuso como objetivo militar primordial
eliminar a las organizaciones gremiales, políticas y sociales. Los
desaparecidos en su amplia mayoría pertenecían a movimientos, sindicatos,
partidos y agrupaciones. Por esa misma razón reivindicamos e impulsamos la
participación y la militancia como herramienta para producir los necesarios
cambios sociales. Desde esa convicción, no podemos dejar de sentir como
propia la pérdida de cada militante social como ocurrió con Jere, Patom y Mono
del Frente Darío Santillán (cuyo juicio ejemplar celebramos junto a sus
compañeros); o Mercedes Delgado, de las comunidades eclesiales de base del
barrio Ludueña, para quien exigimos Justicia. Del mismo modo nos pronunciamos ante
las amenazas e intimidaciones a los integrantes de organizaciones territoriales
como los compañeros del centro cultural Comunidad Rebelde de Villa Banana.
En este contexto reiteramos la especial
preocupación que genera el crecimiento de la violencia, vinculada al fenómeno
de la narcocriminalidad y sus vínculos con las fuerzas policiales, que expone
la vida de aquellos que ponen el cuerpo allí donde el Estado no está presente.
Así como nos alarman las propuestas de los sectores que reclaman mano dura, o
que impulsan la represión y persecusión contra las organizaciones populares;
que tienen como contracara linchamientos como el de David Moreira o hechos de violencia
institucional, como la desaparición y muerte del joven Franco Casco en la
comisaría séptima de Rosario.
El sueño de los primeros hombres y mujeres
que lucharon por una patria grande, unida y antimperialista, como San Martín,
Bolivar y Artigas, levantado como bandera por tantas generaciones a través de
nuestra historia, ha vuelto a revivir en esta última década en nuestros países.
Los importantes avances y conquistas obtenidos a lo largo y ancho del
subcontinente, no pueden entenderse sino en el marco de ese proceso de
integración de los pueblos, los cuales no están exentos de poderosos opositores
de adentro y de afuera que apuestan a desgastar estos proyectos, y cuyas acciones
destituyentes se han hecho más visibles este último año. En este punto no
podemos dejar de subrayar los intentos desestabilizadores en toda la región,
que tienen en Venezuela su punto más álgido. Apuntalar con fuerza esta
etapa, camino hacia una segunda y definitiva independencia sudamericana, será
una de las mejores reivindicaciones que podamos hacer a los 30 mil
desaparecidos.
A pesar de esos pasos dados hacia adelante,
aún sufrimos graves consecuencias del neoliberalismo instaurado por los genocidas
y profundizado como nunca en la década de los noventa. El fin de la pobreza, la
trata de personas, la inclusión de todo los sectores sociales, la reforma
profunda de las policías, fuerzas de seguridad, sistemas penitenciarios y servicios
de inteligencia; la democratización de la comunicación, la justicia y la
tenencia segura de la tierra; el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la
nacionalización de todos los recursos naturales y su manejo ambientalmente
sustentable, la reparación histórica para nuestros pueblos originarios, la
ampliación de derechos de los trabajadores, son algunos de los tantos caminos
que tenemos seguir transitando y para los cuales debemos aprender de la
experiencia histórica acumulada; pero siempre desde la comprensión de que la
realidad se cambia con la organización colectiva y la participación política.
Consignas
30 mil compañeros desaparecidos, presentes!
¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! ¡Restitución de los hijos
de desaparecidos apropiados por los genocidas! ¡Juicio y castigo para todos los
responsables del terrorismo de Estado y sus cómplices! ¡Sentencia firme para
todos los condenados en Argentina por delitos de lesa humanidad! ¡Exigimos la
aceleración de las causas por crímenes del terrorismo de Estado que todavía
duermen en los tribunales! ¡Exigimos la destitución del juez federal
Villafuerte Ruzzo!
¡Exigimos juicio y castigo para los
responsables materiales y políticos de los asesinatos de Juan Alberto Delgado,
Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, Graciela Acosta,
Claudio Lepratti, Graciela Machado y Marcelo Paccini, cometidos en por la
policía de Reutemann en diciembre de 2001!
¡Repudiamos todo acto amedrentamiento, persecución
y espionaje a organizaciones sociales y populares! ¡No a la judicialización y
criminalización de la protesta! ¡Cierre de todas las causas abiertas contra
luchadores!
¡Exigimos el Juicio y Castigo a los
responsables materiales y políticos de los asesinatos de todos los militantes
sociales, políticos y gremiales! ¡Exigimos justicia para todas las víctimas de
violencia institucional! ¡Justicia para Franco Casco!
¡Exigimos el cierre del IRAR!
¡Exigimos justicia y el esclarecimiento de
la desaparición y asesinato de los testigos de juicios contra los genocidas
Jorge Julio López y Silvia Suppo!
¡No a los golpes institucionales contra los
gobiernos populares de latinoamérica! ¡Viva la patria grande!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!
ESPACIO JUICIO Y CASTIGO ROSARIO, 24 DE
MARZO DE 2015.
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