Manlio Martínez negó las acusaciones y dijo que ayudó a detenidos
“No tenía relación con los militares”, aseguró
EN EL BANQUILLO. El ex juez Martínez escucha las imputaciones en el juicio. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Manlio Martínez (69 años) se convirtió ayer en el primer ex juez de Tucumán en ser sometido a un juicio por crímenes de lesa humanidad.
Está sospechado, según la acusación, por sus “acciones y omisiones” en la investigación de una matanza en 1976. Según la Fiscalía, sus actitudes habrían producido la “legitimación” de la ejecución extrajudicial de un grupo y “asegurado” la impunidad para quienes la llevaron adelante. Martínez declaró, aún sin consentimiento de su defensa.
El ex juez cargó contra los fiscales federales N°1 y N°2, Carlos Brito y Pablo Camuña. “La intervención de Camuña como ad hoc en mi declaración indagatoria, a mi criterio, anula el proceso”, consideró.
Luego, se refirió a la relación de “amistad íntima” que tenía con Brito: “tuvo un vuelco y se convirtió en un enemigo feroz. Le pedí que se excusara y no quiso”.
En relación al episodio por el que se lo juzga, aseguró que cuando lo llamaron para avisarle del hecho, creyó que era la Policía.
“Yo no tenía jurisdicción (porque estaban involucrados militares). Si no hubiese ido, las víctimas estarían buscando los cuerpos de sus familiares porque los militares los hubiesen hecho desaparecer”, afirmó.
Dijo que todo el proceso es “nulo” por ese motivo jurisdiccional. Al referirse a la tarea de los magistrados durante la dictadura, fue contundente: “los militares tenían los fales (sic) apuntando a las cabezas de jueces. Tenía 29 años.
Ayudé a algunos detenidos y en otros casos, me limité a aplicar la ley”. Sobre la acusación de asociación ilícita, aseguró que no tenía relación ni con Adel Vilas ni con Antonio Bussi. “En 1975 Vilas puso una bomba en mi casa porque puse en libertad a un joven. Ese es el primer socio que me asignan.
En cuanto a Bussi, fui el primero que lo citó a declarar por una denuncia de delitos de lesa humanidad. No tenía relación con los militares”, expresó. Detalló que, incluso, tenía una amistad con el senador desaparecido Guillermo Vargas Aignasse.
El fiscal general Diego Velasco requirió, por otro lado, que se preserve a los testigos que ya declararon en otros casos de una posible revictimización. Pidió que cada uno de ellos sea evaluado por el equipo de acompañamiento y que sólo aquellos que estén en condiciones puedan sentarse frente a los jueces.
El fiscal Camuña, por su parte, solicitó la incorporación de testimonios de víctimas de la megacausa “Villa Urquiza” que mencionan a Martínez. Los defensores Manuel Bonnin y Vanessa Lucero rechazaron los pedidos. Al plantear cuestiones preliminares, la Defensa presentó una serie de nulidades.
También consideró que su representado debería recuperar la libertad (cumple prisión domiciliaria) porque argumentaron que no habría riesgo de fuga. Las tres querellas y la Fiscalía reclamaron al TOF que deseche todas estas pretensiones.
Entre los acusadores está María Alejandra Romero Niklison, hija de una de las víctimas. Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón son los jueces que llevarán adelante el juicio. La causa es un desprendimiento de la llamada “Romero Niklison” (2011), que condenó a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Albornoz a perpetua y cuya sentencia está firme.
Se abordó los asesinatos de cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen) el 20 de mayo de 1976. Policías y militares los ejecutaron durante un allanamiento ilegal en una casa que pertenecía a Miguel Romano.
Las imputaciones a Martínez están divididas en dos: las relacionadas con la matanza y las derivadas de la posterior detención de Romano. Por un lado, está acusado como autor de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios calificados. Por otro, también por abuso de autoridad y violación de sus deberes. A esto se suman el prevaricato y la privación de la libertad por lo sucedido con Romano. Se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita.
Fuente:LaGaceta
Envío:Agnddhh
12/03/2015
Tucumán: Comenzó el juicio a Manlio Martínez, con testimonios volcados en otras causas
Manlio Martínez podría ser el segundo ex juez condenado por cometer delitos de lesa humanidad
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucuman inició hoy el debate oral y público del juicio contra el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, imputado en carácter de
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucuman inició hoy el debate oral y público del juicio contra el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, imputado en carácter de
autor de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por encubrir el homicidio de cinco militantes montoneros durante la
última dictadura cívico militar. Martínez está imputado en carácter de autor de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia y en carácter de partícipe de los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen.
última dictadura cívico militar. Martínez está imputado en carácter de autor de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia y en carácter de partícipe de los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen.
También se le imputan los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en relación a Miguel Atilio Romano (fallecido). Finalmente se le imputa haber sido miembro de una asociación ilícita, delito que, al igual que los otros que se le endilgan, se califica como de lesa humanidad.
La causa se sustancia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán integrado para el juicio por los jueces Hugo Norberto Cataldi, José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón.
La primera jornada del juicio, el undécimo que se realiza en la provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último proceso militar, comenzó con casi tres horas de atraso ya que el ómnibus que llevó desde Córdoba a los juecez Asis y Garzón tuvo problemas para llegar a la provincia a raíz de las inudaciones que afectan a varias localidades del sur tucumano.
Durante la jornada se procedió a dar lectura del Requerimiento de Elevación a Juicio que determina el marco en el cual se desarrollará todo el proceso y se leyeron las imputaciones contra Martínez.
Pablo Camuña, representante del Ministerio Público Fiscal señaló que "planteamos una serie de medidas con el objetivo de evitar la rectivimización de testigos que ya han declarado en otros procesos, incluida la primera parte de este mismo juicio que tuvo como eje la ejecución de los cinco militantes montoneros”.
“No podemos permitir que se someta a los familiares de las víctimas a una situación que vulnere su integridad emocional y hasta física” agregó Camuña. En este sentido,
Alejandra Romero Niklison, querellante y familiar de una de la víctimas indicó: “como víctima testigo tener que ponerme otra vez en situación de declarar me movilizó muchísimo"."Pude sentir en carne propia que significa realmente pasar por esa situación y como abogada siempre lucho por evitar la revictimización, porque si bien buscamos una condena, también queremos una sanación de la víctima”, indicó. Luego explicó que "los testigos que ofrecieron tanto la querella como la fiscalía ya hablaron del imputado en otros procesos y por eso que sostenemos que no hay hechos nuevos que se puedan relatar".
Romero Niklison aseguró que espera el proceso con "muchas expectativas", y resaltó que "esperamos una sentencia acorde a nuestro requerimientos y a lo que consideramos que ocurrió en nuestro país: un genocidio que contó con la participación del poder judicial como una pieza fundamental para mantener la impunidad”. “Aun así pretendemos también que el imputado tenga su derecho a defenderse porque como víctimas queremos que estos juicios sean justos para todas las partes” sostuvo la
querellante.
El juicio se extenderá en principio poco más de un mes, hasta el 30 de abril según estimaron fuentes judiciales, y los jueces escucharán el testimonio de 62 testigos. Debía realizarse en octubre del año pasado, pero fue diferido por una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), mediante la cual se hizo lugar a una queja deducida por el imputado, quien logró que la jueza Alicia Noli sea reemplazada por Garzón.
En caso de ser hallado culpable, Martínez se convertirá en el segundo ex juez federal condenado por su participación en crímenes del terrorismo de Estado. El 20 de mayo de 1976 policías y militares ejecutaron a cinco militantes de Montoneros (Niklison, González Paz, Meneses, Saavedra Lamas y Brandsen) durante un allanamiento ilegal en la casa de Azcuénaga al 1800 que pertenecía Romano.
Las imputaciones a Martínez se dividen en dos grupos: las vinculadas con las víctimas -abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios- y las derivadas de la posterior detención de Romano -abuso de autoridad y violación de sus deberes, prevaricato y la privación ilegítima de la libertad de Romano-. En ambos casos se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.
Fuente:Telam
EL CASO DEL MAGISTRADO MANLIO TORCUATO MARTINEZ
Juicio a un juez de la dictadura
El Tribunal Oral Federal de Tucumán comenzó a juzgar ayer al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, acusado de brindar impunidad a represores en los homicidios de cinco militantes montoneros y de otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El ex juez Martínez llega a este juicio oral y público acusado por no investigar y encubrir crímenes del terrorismo de Estado, en particular los homicidios calificados de los militantes María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen.
También está imputado como partícipe secundario en los cinco asesinatos y por la privación ilegal de la libertad de quien había alquilado a uno de ellos la vivienda en la que fueron capturados y ejecutados por policías y militares.
El juicio comenzó con dos horas de atraso debido a que dos de los jueces que integran el Tribunal debían viajar desde Córdoba y el estado de los caminos, debido al temporal de lluvia, retrasó la llegada de los magistrados.
En caso de ser hallado culpable, Manlio Martínez se convertiría en el segundo ex juez federal condenado por su participación en crímenes del terrorismo de Estado.
Martínez admitió en su declaración indagatoria que el 20 de mayo de 1976 presenció parte del allanamiento irregular de la vivienda de Azcuénaga 1816/1820, en San Miguel de Tucumán, donde fueron capturados los cinco militantes luego fusilados, en lo que la versión oficial de la época presentó como un “enfrentamiento”. El juez inició poco después una causa “pero no para investigar los homicidios sino a Miguel Romano, el propietario del inmueble alquilado a uno de los cinco asesinados, que utilizó (en el contrato) una identidad falsa”, relató el fiscal Pablo Camuña. Romano fue ilegalmente privado de su libertad, enviado a un centro clandestino de detención y permaneció encarcelado durante más de un año.
Fuente:Pagina12
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