30 de abril de 2015

CÓRDOBA: INTENTAN DETENER DEMOLICIÓN DE LA CÁRCEL DE Bo. SAN MARTÍN, ESCENARIO DE LA DICTADURA.

Intentan detener demolición de la cárcel de barrio San Martín, escenario de la dictadura
Una historiadora cordobesa presentará una medida cautelar contra la decisión de De la Sota, que pretende derribar la vieja UP1 y construir un parque. El argumento es que el penal es sitio de memoria, por las violaciones a los derechos humanos allí cometidas.


La semana pasada se cerró definitivametne la cárcel, y sus internos fueron derivados a Bouwer.Fotos: Diego Roscop
La historiadora Carina Villafañe Batica anticipó ayer la presentación de una cautelar para frenar el intento del gobernador José Manuel de la Sota de derribar la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) y hacer en el lugar un parque, porque en esa Cárcel de Córdoba se torturó a perseguidos políticos y sindicales desde 1960 y fue un centro de la represión terrorista de Estado de la última dictadura.

“Un sitio de memoria como ese debe ser asumido y participado con organizaciones que tienen interés cercano y político en mantenerlo como tal. Voy a accionar judicialmente, como querellante (en causas por violaciones a los derechos humanos), en ese sentido”, anunció.

En el mismo sentido, dijo que “seguramente en los próximos días se pedirá una medida cautelar” a la Justicia para frenar el intento de demoler la prisión.

La experta precisó que seis cajas halladas en mayo de 2010 en el Archivo de la Cámara de Diputados de la Nación demuestran, incluso con fotografías, que desde 1960 se torturó a presos políticos y sociales en el Pabellón 4 y en el subsuelo de la cárcel UP1, situada en el barrio San Martín de la Capital cordobesa.

“Si esas cajas se auditaran y se desarrollara la tarea que se le pidió en Suiza a la Organización Mundial contra la Tortura, estaríamos ante un (informe) Nunca Más II”, aseveró.

De acuerdo con la historiadora, los documentos ya remitidos a la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, para abrir una investigación, dan cuenta de casos de torturas sufridos por detenidos entre 1960 y 1961 en el marco de la represión extendida durante el denominado Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado).

Luis Miguel Baronetto, exdirector de Derechos Humanos de la ciudad de Córdoba, anunció la semana pasada que presentaría una acción de amparo, en “el carácter de interesado y de querrellante” en causas por delitos de lesa humanidad.

La presentación requerirá a la Justicia Federal que “dicte una medida cautelar de no innovar” que impida que sea destruido, alterado o modificado el edificio carcelario.
“De la Sota es la topadora de la memoria. Arrasa, desde la raíz, con todo lo que podría significar memoria de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Córdoba”, sostuvo Baronetto.

Por su parte, también para frenar la demolición, el legislador socialista Roberto Birri presentó un proyecto de ley para que la Legislatura cordobesa declare como “Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado” al predio de la ex cárcel de San Martín o ex UP1.
El proyecto reclama al gobierno de De la Sota que “suspenda la venta del establecimiento” y que se abstenga “de realizar cualquier acción o intervención que modifique o altere la edificación existente en la superficie total ocupada por el predio”.

Birri señaló que la UP1 “albergó a cientos de presos políticos procedentes de diversas organizaciones políticas y sociales”, y que “constituyó un lugar simbólico y real en el que se materializó la más cruenta forma de ejercicio de la violencia física y moral, como lo fueron en general los centros clandestinos de detención (La Perla, Campo de la Ribera, U2, también de Córdoba)”.

“Entre marzo y noviembre de 1976, fueron fusilados un total de 29 presos políticos detenidos en esa unidad, que estaban a disposición de Juzgados Federales y del Poder Ejecutivo Nacional y muchos de ellos con el proceso judicial concluido y con resolución de libertad, lista a la que se agrega un nuevo fusilado en 1978", recordó.

Birri dijo finalmente que, como “lo establece la Ley 9286 y en el marco de los juicios a genocidas por delitos de lesa humanidad, urge preservar las instalaciones edilicias que funcionaron como centro clandestinos de detención o que hubieren sido utilizadas por el Terrorismo de Estado, más aún teniendo en cuenta que la UP1 ya figuraba en el Nunca Más como centro clandestino de detención”.
Fuente:laMañanaCdba.

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