A propósito
de la cárcel de San Martín
¿DESINFORMACIÓN O
IGNORANCIA?
Preocupa la falta de conocimiento
manifestada por la Ministra Chayeb
Si estos funcionarios hubiesen
consultado con la Justicia Federalla Legislatura en el 2008
la venta de ese y otros establecimientos carcelarios, habrían tenido
información suficiente para saldar su ignorancia en relación a la UP 1.
Desinforma la Ministra – o peor aún,
transforma en supina su ignorancia - cuando declara que “hay un espacio dentro
del penal que son tres pisos de celdas que construyó el Ejército para los
presos políticos, y nada de eso se va a tocar.” (La Mañana de Córdoba, 13 de
mayo de 2015). El Ejército no construyó ningún piso, ni celdas para los presos
políticos. El único edificio de tres pisos que existe en el penal es el llamado
Pabellón 14, donde alojaron a mujeres, que fueron torturadas allí, y seis de
ellas sacadas sin orden judicial para ser fusiladas. A los varones “estimados
subversivos” los encerraron en otros pabellones.
Debería haber consultado los
archivos del Servicio Penitenciario a su cargo, para saber que con fecha 26 de
junio de 1975, el entonces director del penal Subprefecto José Oscar Montamat
dirigió una nota al Subdirector del Servicio Penitenciario a cargo de la Dirección GeneralLa Habana tendrán puestas sus miras en este punto
neurálgico cuyo copamiento significaría la gran victoria para la guerrilla
subversiva.” Y propuso que fueran trasladados los 16 (dieciséis) presos a
disposición del Poder Ejecutivo, que ya se encontraban alojados en ese penal.
Mucho antes que el Ejército lo pusiera bajo su control a partir del 24 de marzo
de 1976. Pero además en los archivos del Servicio Penitenciario Provincial figuran
los pabellones donde estuvieron alojados los más de 800 presos políticos en el
período dictatorial.
Por su parte el Ministro de
Comunicación Jorge Lawson, que ha incumplido su obligación de informar a la
sociedad cordobesa el supuesto proyecto, incurre en una falacia al afirmar que
“el sector que era del Ejército está claramente separado del resto de la
construcción y no lo íbamos a tocar”. (La Voz del Interior, 13 de mayo/2015). No existe ese
sector separado y a la
Justicia no le informaron que no lo tocarían.
Es difícil creer que dos
funcionarios provinciales con cargo de Ministros desconozcan lo que además fue publicado
en los medios de prensa. La sentencia judicial que condenó a Videla, Menéndez y
otros en el 2010 afirmó que los pabellones 6, 8 y 14 donde estaban alojados los
presos políticos fueron convertidos en “centro clandestino de detención”. Después
del golpe militar también fueron habilitados los pabellones 9 y 10. Otros
lugares del penal fueron escenario de torturas y muertes: el patio donde fue
asesinado Raúl Bauducco. Y el hospital de la cárcel donde murió René Moukarsel,
luego de ser estaqueado y torturado en el patio del pabellón 14. También los
calabozos subterráneos y las habitaciones para “visitas íntimas” utilizadas
como celdas clandestinas transitorias. Todos esos espacios carcelarios han sido
objeto de inspecciones oculares por parte de la Justicia Federal.
Antes de avanzar en el desmantelamiento de la cárcel deberían haberse informado
del estado en el que se encuentran las causas por delitos de lesa humanidad,
estuviesen o no de acuerdo con estos juicios, porque se trata de instancias
propias de la institucionalidad democrática.
Intentando justificar la topadora
del actual gobierno la
Ministra afirma que “sólo dos presos políticos fueron
asesinados en el interior de la cárcel. Los otros fueron muertos afuera”. Pero
sacados de las celdas de la UP 1
para su fusilamiento, le añadimos a su información. ¿Ignorancia jurídica? Un
ciudadano lego sabe que un solo hecho delictivo requiere preservar la prueba.
Por último, la
Sra. ChayebLa Mañana de Córdoba,
13.05.2015). No debe ignorar que es ella como funcionaria pública quien tiene
la obligación de informar a los ciudadanos, según surge del principio de
publicidad de los actos de gobierno. El incumplimiento de esta responsabilidad
abre la sospecha de un proyecto en el que se pretendía avanzar sin el ánimo de respetar
normas procesales penales vigentes. Se habló de “espacio verde”, de
preservación del pórtico y algunas dependencias históricas y la celeridad en la
demolición. ¿Por qué el apuro y no el debate reclamado por algunas
instituciones de nuestro medio? Que se sepa ningún sector de la sociedad
cordobesa fue ni consultado ni informado sobre decisiones que llamativamente se
han mantenido ocultas, hasta que la realidad de los hechos los obligó a declaraciones
públicas con generalidades que no revelan lo que realmente se quiere hacer. Su
anunciada “apelación” judicial los obligará a desnudar sus planes verdaderos
que, por lo ya manifestado, están lejos de cumplir con los recaudos planteados
en función de los juicios por delitos del terrorismo de estado.
Córdoba, 17 de mayo de 2015
Luis Miguel Baronetto
Envío:ExPPPatriaGrande
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