Resumen Latinoamericano, 27 de Mayo del 2015
Como parte de las protestas contra el proyecto Tía María en Arequipa, ocho regiones del país acatan hoy un paro de 48 horas convocado por organizaciones sociales: Apurímac, Moquegua, Tacna, Puno, Apurímac, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa y Cusco.
Como se recuerda, el Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú hasta el 24 de junio para resguardar el orden interno. Asimismo se dispuso la suspensión de clases en las regiones afectadas por el paro.
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Región Piura afronta catorce conflictos sociales entre activos y latentes
El último reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta de catorce conflictos sociales en la región Piura, entre los cuales figuran 12 activos y dos latentes. Estos dos últimos pueden desencadenar en enfrentamientos entre la población y las autoridades de turno.
El brote de violencia en la zona sur del país podría avivar los conflictos en Piura, pues en la mayoría de ellos se ha suspendido el diálogo entre la comunidad y los entes gubernamentales. La mayoría son de tipo socioambiental, pero también hay de asuntos municipales, Gobierno Nacional y laboral.
Según el análisis de la Defensoría, uno de los conflictos latentes está relacionado con los comerciantes ambulantes ubicados en las vías de acceso del mercado Central, quienes están en contra de la decisión de las autoridades ediles que pretenden desalojarlos a la fuerza.
La Municipalidad Provincial de Piura busca reubicarlos en zonas seguras, ya que se encuentran en lugares de alto riesgo, según lo ha señalado Defensa Civil.
En este caso están involucrados los actores como la comuna piurana, los vendedores informales del complejo de mercados, Policía Nacional, Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
El segundo conflicto latente está relacionado con la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). Aquí el Frente de Defensa y Desarrollo Energético del Ambiente y los Recursos Naturales de esta provincia reclaman el cumplimiento del Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto y la contratación del 90% de las plazas laborales para los pobladores de la zona de influencia.
Cabe recordar que el 8 de abril se realizó una protesta en esta tierra del petróleo, produciéndose un enfrentamiento con efectivos policiales y la detención de personas. Esta situación motivó la llegada de lun representante del Ministerio de Energía y Minas a Talara para dialogar con la población y los dirigentes del frente de defensa.
En cuanto a los doce restantes conflictos activos y donde se ha suspendido el diálogo, la Defensoría del Pueblo destaca el rechazo de la población de la comunidades campesinas Yanta, Segunda y Cajas, a las actividades mineras que pretende desarrollar la empresa minera Río Blanco Copper en la provincia de Huancabamba.
Los agricultores se oponen a este proyecto debido a la contaminación ambiental que podría generar en su ecosistema, considerado frágil y vulnerable, que requiere niveles de protección adecuados.
Por otro lado, están las asociaciones de maricultores y pescadores artesanales de la provincia de Sechura, quienes rechazan las actividades de la empresa Savia Perú S.A., de exploración y explotación de petróleo en el Lote Z-2B, así como la ejecución del “Proyecto de instalación y operación de tres tuberías submarinas entre la plataforma SP1A y ES1 hasta punta lagunas”.
Asimismo, la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, los pobladores y autoridades de los caseríos de Chutuque, Los Jardines, Kilómetro 960, Nuevo Pozo Oscuro y Mala Vida, rechazan las actividades de exploración y explotación de salmueras de parte de la empresa Americas Potash S.A.
Señalan que esta compañía no cuenta con la autorización de la comunidad para realizar sus actividades extractivas. Además expresan su temor a la presunta contaminación de las lagunas Ñapique, La Niña, El Peñal, San Ramón y el manantial Hierba Blanca.
Por último se indica que los pobladores de El Alto (Talara) reclaman a Petrobras que cumpla con contratarlos.
El ex coordinador de la Oficina Regional de Diálogo, Responsabilidad Social y Gobernabilidad, Julio Flores, espera que lo ocurrido en Islay (Arequipa) con el proyecto minero Tía María, no se replique en la región Piura para evitar más desgracias personales.
Advirtió sobre el caso de la empresa minera Río Blanco en la provincia andina de Huancabamba, cuyo proceso es lento, con tensiones y pueden revivirse los enfrentamientos entre las comunidades y la compañía. En ese sentido, señaló que debe ponerse énfasis en el diálogo entre el Estado, la empresa y las organizaciones campesinas.
“Los conflictos sociales se presentan porque en la mayoría de ellos no hay presencia del Estado y por eso hay un rechazo de la población”, acotó Flores en diálogo con La República.
Envío:ResumenLatinoamericano
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