Procesamientos dictados por Skidelsky le abren camino a un importante juicio oral
El juez federal Carlos Skidelsky procesó en el Chaco al ex juez federal Ángel Córdoba, el ex fiscal federal Domingo Mazzoni y el ex jefe de la guardia de la Unidad Penal Federal 7 (U7) Pablo Casco por constituir una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. La resolución del juez de Resistencia "allanó el camino a un próximo juicio oral que se encontraba supeditado por una falta de mérito dictada por la Cámara Federal", dijo una fuente a la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la capital chaqueña citada hoy por fiscales.gob.ar, el sitio de noticias del Ministerio Público.
Córdoba, Mazzoni y Casco ya se encontraban imputados por crímenes cometidos en diversos hechos y con requerimiento de elevación a juicio firme por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada cometida por funcionario público y tormentos físicos y psíquicos contra perseguidos políticos, por lo que deberán unificarse todas las imputaciones en un próximo debate, indicó la fiscalía.
Skidelsky los procesó ahora por el delito de asociación ilícita y precisó que, en los casos de Mazzoni y Córdoba, esa conducta ilegal fue cometida en concurso real con los delitos abuso de autoridad y en concurso ideal con el encubrimiento de nueve hechos y el incumplimiento del deber de promover la represión en cinco.
Los dos ahora ex magistrados "tomaron conocimiento de allanamientos ilegales que constituían delito y, a pesar de ello, no existen constancias de que se hayan tomado las medidas jurídicas adecuadas al respecto", indicó Skidelsky en la resolución que les atribuyó el propósito de "garantizar impunidad" a los represores.
"El método implementado por Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni en la llamada 'lucha antisubversiva', era 'no hacer', no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables", puntualizó.
En consecuencia, "los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Resistencia le aseguraban una 'zona liberada' jurisdiccional", añadió.
Al describir estas conductas de Córdoba y Mazzoni, el magistrado chaqueño aludió en términos más amplios a "la garantía de impunidad ofrecida por algunos miembros del Poder Judicial", entre quienes mencionó al fallecido Carlos Eduardo Flores Leyes, secretario del Juzgado Federal de Resistencia y ex fiscal federal en el período constitucional, y a Domingo Reska, escribiente.
Según dijo, todos ellos se "adaptaron" al "plan sistemático de represión y aniquilamiento" implementado por el terrorismo de Estado.
En otro tramo de su resolución, el juez señaló el "sistemático rechazo" de los hábeas corpus, "uno de los recursos más utilizados por las víctimas o sus familiares para la protección de su derecho a la libertad".
En cuanto al oficial penitenciario Pablo César Casco, quien cumplía funciones como jefe de la guardia de la U7, donde fueron alojados centenares de presos políticos del nordeste argentino, el juez dijo que los mismos sufrían todo tipo de vejámenes, en especial en la denominada "guardia dura o la guardia de Casco".
En algunos casos, la Unidad Penal Federal 7 fue "el último lugar donde detenidos políticos fueron vistos por última vez, para luego desaparecer", recordó Skildelsky en su resolución.
Skidelsky los procesó ahora por el delito de asociación ilícita y precisó que, en los casos de Mazzoni y Córdoba, esa conducta ilegal fue cometida en concurso real con los delitos abuso de autoridad y en concurso ideal con el encubrimiento de nueve hechos y el incumplimiento del deber de promover la represión en cinco.
Los dos ahora ex magistrados "tomaron conocimiento de allanamientos ilegales que constituían delito y, a pesar de ello, no existen constancias de que se hayan tomado las medidas jurídicas adecuadas al respecto", indicó Skidelsky en la resolución que les atribuyó el propósito de "garantizar impunidad" a los represores.
"El método implementado por Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni en la llamada 'lucha antisubversiva', era 'no hacer', no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables", puntualizó.
En consecuencia, "los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Resistencia le aseguraban una 'zona liberada' jurisdiccional", añadió.
Al describir estas conductas de Córdoba y Mazzoni, el magistrado chaqueño aludió en términos más amplios a "la garantía de impunidad ofrecida por algunos miembros del Poder Judicial", entre quienes mencionó al fallecido Carlos Eduardo Flores Leyes, secretario del Juzgado Federal de Resistencia y ex fiscal federal en el período constitucional, y a Domingo Reska, escribiente.
Según dijo, todos ellos se "adaptaron" al "plan sistemático de represión y aniquilamiento" implementado por el terrorismo de Estado.
En otro tramo de su resolución, el juez señaló el "sistemático rechazo" de los hábeas corpus, "uno de los recursos más utilizados por las víctimas o sus familiares para la protección de su derecho a la libertad".
En cuanto al oficial penitenciario Pablo César Casco, quien cumplía funciones como jefe de la guardia de la U7, donde fueron alojados centenares de presos políticos del nordeste argentino, el juez dijo que los mismos sufrían todo tipo de vejámenes, en especial en la denominada "guardia dura o la guardia de Casco".
En algunos casos, la Unidad Penal Federal 7 fue "el último lugar donde detenidos políticos fueron vistos por última vez, para luego desaparecer", recordó Skildelsky en su resolución.
Fuente:Telam
No hay comentarios:
Publicar un comentario