DIFUSIÓN.

CARTA ABIERTA AL SR SECRETARIO DE LOS DERECHOS HUMANOSDE LA NACION DR MARTIN FRESNEDA                    

De mi mayor consideración:

Me dirijo Ud. Y por su intermedio a quien corresponde a los fines de que se me considere los derechos que por Ley me corresponde por haber ser detenido y torturado, soportando dos exilios, el último en plena democracia. La causa de mi detención es por haberme negado como miembro de la policía de la provincia de Córdoba a participar de la represión ilegal durante la última dictadura cívico -militar

Después de casi dos años de estar preso e incomunicado en la UP1 fui declarado absuelto por falta de merito en Consejo de Guerra y me llevo al exilio a Dinamarca.

Fui uno de los pocos que en 1984, brinde mi declaración,  ante la CONADEP sobre la estructura orgánica de la D2 Informaciones.

En plena democracia, en 1997 denuncie a los represores y torturadores que se encontraban activos en la policía de la provincia de Córdoba. Este hecho me significó sufrir amenazas que pusieron en riesgo la vida de mi familia y la mía, significando emprender un nuevo exilio, convirtiéndome tristemente en el primer exiliado en democracia.

Ese mismo año desde Dinamarca costeado desde mi bolsillo, me traslade a Madrid para dar mi testimonio ante el Juez Baltazar Garzón quien llevaba adelante causas contra la Junta Militar Argentina, haciéndolo junto al diputado con mandato cumplido Atilio Tazzioli, la Dra. Elba Martínez, y la Dra. Mercado.

Mi lucha quedó plasmada en el libro “La Sombra Azul”, el caso Luis Urquiza, del periodista Mariano Saravia. En el 2005 el referido libro fue incorporado como material probatorio en los juicios de lesa humanidad que se sustanciaron en Córdoba.

Por otra parte ese mismo año nuevamente costeado de mi bolsillo me traslade para testimoniar en la causa Gontero, finalmente incorporada a la causa UP1- Videla en el 2010, en la que fueron condenados los responsables de la D2 Informaciones, la mayoría a cadena perpetua. Fui además testigo en las causas Albareda, Gontero-UP1y en el 2013 en la causa La Perla, significándome en todos estos años sufrir numerosas amenazas, lo que provocaron el desgaste de mi salud.

Más allá de las dificultades que vengo sufriendo seguí adelante con mi lucha por intermedio de la proyección de la película “La Sombra Azul”, una adaptación del libro del mismo nombre. Consideró esta una forma de mostrar a las jóvenes generaciones lo ocurrido durante el terrorismo de Estado en nuestro país y a través de los debates que se plantean en torno a la misma generar conciencia para que no se repita la historia.

Al asumir Ud como Secretario de Derechos Humanos de la Nación, al haber participado como abogado en los juicios de lesa humanidad, por su trayectoria de lucha desde H.I.J.O.S. y fundamentalmente por haber escuchado los testimonios de los padecimientos y horrores sufridos, pensamos y creímos que nuestros derechos y reclamos que venimos sosteniendo ante el Estado Argentino, serían pronto subsanados, pero hasta la fecha no ocurrió así.

1-      En el año 2009 denegaron mi reclamo planteado en base a la Ley de exilio forzoso como consecuencia de haberme exiliado a los 9 meses de mi liberación, manifestando que lo debería haber hecho a los 6 meses. Me fue imposible apelar esa resolución por no vivir en el país, además mi abogado Ricardo Scalet falleció.

2-      Mi reclamo por mi segundo exilio ocurrido en plena democracia presentado ante su secretaria nunca fue resuelto.

3-      En el año 2012 inicie el trámite por la Ley Dovena – Comisión Uchoa, la que se aprobó como una acción de justicia a las víctimas de gobiernos militares y democráticos que no reconocieron nunca el testimonio de vida que supieron dar en defensa del pueblo argentino, pero tampoco fue reconocido para reparar las secuelas psíquico – físicas sufridas durante mi detención. Este trámite ingresó a su secretaria en el año 2013.

Ante mi asombro en enero de este año me entero que no le dieron curso por no contar con el requerimiento sobre la cantidad de días que permanecí detenido hasta ser liberado por el PEN, algo que nunca solicite y ante ellos renuncie para que recién sea elevado al Centro Uchoa. Nunca se molestaron en notificarme la situación ni por escrito o telefónicamente para solicitar esos datos.

La Dra Laura Garileri hace unas semanas me respondió que estaban tomando casos presentados en el 2013 y como ellos recibieron la totalidad de los datos de mi caso en enero de 2105, debo esperar mi turno a pesar de haber ingresado el trámite en el 2013. No es mi culpa que la desidia o inoperancia de sus funcionarios permaneciera dormido mi expediente  por dos años

4-      La Anses denegó mi trámite para obtener mi jubilación y a través de la misma contar con la obra social de Pami, por recibir una pensión por invalidez otorgada por el gobierno de Dinamarca, a pesar de contar con certificación otorgada por una Junta Médica del Hospital San Roque, por la lesión en una de mis rodillas con síndrome post traumático.

Como si esto fuera poco al realizar una demanda al gobierno de Córdoba reclamando mi estado policial, reincorporación y jubilación, con fallo del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suaréz, refrendado por el Ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg, argumentaron, “No fue representado en tiempo y forma”, motivo de la baja ley de seguridad nacional“. Es decir debería haber solicitado la reincorporación al mes de haber sido dado de baja. Esto es imposible ya que en el momento que me dieron la baja estaba siendo torturado en el Campo de la Rivera. Estos señores en plena democracia siguen dando vigencia a la ley de seguridad nacional implementada por la dictadura, algo que llama poderosamente la atención.

Desde el año pasado tuve que volver a radicarme en Dinamarca porque paradojamente este país me brinda la atención para mi salud, la que mi propio país me la niega.

Me colocaron una prótesis metálica – plástica en mi rodilla producto de un disparo sufrido durante mi detención, la que debe ser reemplazada prontamente. Dinamarca me la brinda gratis, en Córdoba el año pasado me costaba 40 mil pesos por no contar con obra social.

A poco de cumplir 63 años, mi salud física se viene deteriorando como consecuencia de las secuelas sufridas durante la dictadura sumados al estrés por las persecuciones y amenazas sufridas en plena democracia.

Desde el año 2008 recibo una pensión equivalente al sueldo de un agente, pero no es esto necesariamente la compensación que el Estado provincial y Nacional debería otorgar a las víctimas del terrorismo de Estado por la pérdida de trabajo, impedimento para concluir los estudios universitarios, pérdidas materiales, como así también la pérdida de vínculos familiares por causa del exilio.

Pareciera una burla que los represores y torturadores por mi denunciados y condenados en los juicios de lesa humanidad, mantienen su estado policial, sus jubilaciones de privilegios otorgadas mensualmente por la provincia de Córdoba, mientras yo sigo sin lograr que reconozcan mis derechos.

Me dirijo a través de esta carta abierta desde Dinamarca donde están resolviendo mis dificultades de salud, al no haber logrado durante el verano me atendiera para poner de manifiesto mi situación, esperando pueda sortear la burocracia para que me reconozcan mis derechos que por Ley me corresponden.

Saludos atentamente

Luis Alberto Urquiza

DI 10420090

C/o Crhistina Dahl Urquiza

Malurthaven185

2730 Herlev

Dinamarca

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