Crímenes de lesa humanidad
La sala de audiencias del Tribunal Oral, en la jornada de alegatos. Jan Touzeau
La fiscalía rebatió la versión de que dos militantes habían muerto en una contienda, al comenzar los alegatos del juicio por delitos de lesa humanidad en el Tribunal Oral Federal. La fiscalía federal rebatió ayer la versión policial según la cual los militantes René Locascio Terán y Antonio Díaz Romero murieron en una contienda con las fuerzas de seguridad el 20 de abril de 1975 en San Lorenzo.
Las pruebas sobre el caso se analizaron al comenzar la etapa de alegatos del juicio que se realiza por delitos de lesa humanidad cometidos contra 18 salteños en la década del setenta. El fiscal Francisco Snopek y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila expusieron ayer por qué puede considerarse probado que Locascio Terán y Díaz Romero fueron asesinados.
"Las víctimas no tenían heridas compatibles con un enfrentamiento. La Policía tenía información de la casa donde se encontraban. Los sorprendieron mientras dormían y los ejecutaron sin que tuvieran posibilidad de defenderse", detalló Sivila, en base a los testimonios que se recogieron durante el juicio.
El funcionario judicial indicó además que ambos jóvenes pertenecían a la agrupación Montoneros y habían sido amenazados por eso. Además, indicó que tenían tiros en la espalda.
La versión de la Policía indicaba que los jóvenes habían disparado a los uniformados que llegaron a buscarlos en la casa de San Lorenzo donde se encontraban y que habían muerto como resultado de un tiroteo que se produjo después. Snopek y Sivila fueron los primeros en empezar a exponer sus alegatos en el juicio que se realiza desde diciembre en el Tribunal Oral Federal de Salta por delitos de lesa humanidad cometidos contra 18 salteños.
Entre los hechos que se contemplan en este proceso está la desaparición del exgobernador Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Los funcionarios enumeraron también pruebas y testimonios que acreditan la privación ilegítima de la libertad y torturas a dirigentes sindicales, la detención ilegal de Lucrecia Barquet y el crimen de Carlos César Martínez, que perteneció a la Policía.
"Martínez había trabajado en Robos y Hurtos.
Tenía información sensible para la Policía", señaló Snopek sobre el caso del expolicía, que tenía 27 años el 18 marzo de 1976 cuando lo secuestraron de su casa del barrio Vélez Sarsfield. Sus cuerpo aparecería dinamitado, en la localidad de El Gallinato, un día después. Snopek y Sivila repasaron además los testimonios que se consiguieron sobre la detención ilegal de los dirigentes sindicales que fueron sometidos a torturas y consejos de guerra en dependencias salteñas del Ejército.
Además se refirieron a las pruebas obtenidas sobre la privación de la libertad por cuestiones políticas de Lucrecia Barquet, Ricardo Falú y Hugo Maza. El juicio tiene como acusados al exjefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil, el exdirector de seguridad de la fuerza, Joaquín Guil y el coronel retirado Virtom Modesto Mendíaz.
También están imputados, como partícipes del crimen de Miguel Ragone, los excomisarios Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro. Las audiencias continuarán hoy a las 15.30.
La fiscalía debe terminar sus alegatos y plantear la pena que demanda para los seis acusados. Luego se debe realizar la exposición de los querellantes de la causa y los defensores de los imputados. Miembros de organizaciones de derechos humanos y militantes de La Cámpora siguieron ayer el desarrollo de la jornada y reclamaron justicia desde la vereda del edificio del Tribunal Oral Federal.
Fuente:ElTribuno
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