Colombia no más falsos positivos
Tomás Astelarra/Resumen Latinoamericano/Marcha, 14 de julio de 2015 –
Autobombas del Ejército, jóvenes de barrios marginales presentados como guerrilleros, intelectuales apresados como supuestos subversivos sin pruebas. La historia de Colombia ya cuenta con suficientes casos como para saber que la detención del periodista de la agencia Colombia Informa (junto a otros 14 líderes sociales) el miércoles pasado es una nueva escalada contra los movimientos populares.
El 31 de julio de 2006, poco después de la reelección de Álvaro Uribe (que había sido recibido en su primer mandato de 2002 con una ola de bombas adjudicadas a las FARC), estallaron varios artefactos explosivos en Bogotá. Un ciudadano, José Antonio Vargas, murió en el atentado, también adjudicado a las FARC. Pocos meses después, ante las torpezas realizadas en el operativo y las evidencias irrefutables de una comisión investigadora, el General Mario Montoya tuvo que reconocer que las bombas habían sido detonadas por el mismo Ejército.
Vargas fue reconocido por varios vecinos como un conocido indigente que había sido puesto en el lugar de los hechos por los militares. No era noticia nueva para Colombia, un país cuyos habitantes se enorgullecen de fabricar los mejores dólares “chimbos” (truchos). Entre las estafas más conocidas del Ejército colombiano está la bomba cluster que estalló el 13 de diciembre de 1998 en la vereda de Santo Domingo, en la sede de las organizaciones sociales de Arauca, provocando 17 muertos (entre ellos siete niños) y 25 heridos. El atentado, en principio adjudicado a las FARC, luego se demostró que había sido realizado por el mismo Ejército con la asesoría de un avión Skymaster contratado por la multinacional petrolera Oxy Petroleum, con fuertes inversiones en la región.
También en 2006, la ONU y otros organismos habían denunciado que la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, había presentado los cadáveres de 30 civiles como guerrilleros “dados de baja”. Es lo que los colombianos comenzarían a llamar “falsos positivos” y que se incrementarían de manera escalofriante durante el gobierno de Uribe.
En 2008, 17 jóvenes de Soacha (un barrio periférico y pobre de Bogotá) serían presentados por el Ejercito en Ocaña, Santander (nororiente del país, cerca de la frontera con Venezuela) como guerrilleros caídos en combate. El escandaloso operativo le costaría el puesto al General Mario Montoya (luego nombrado embajador en República Dominicana). “Yo no soy una persona estudiada ni nada por el estilo. He aprendido que nos violan nuestros derechos. Les doy este testimonio para que sepan que no es como dice el presidente que no pasa nada. Pasa mucho, pero habemos mucha gente cobarde que no nos atrevemos a hablar. Hoy estoy y estamos viviendo esto. Estamos amenazadas. Nos amenazan todo el tiempo. Ya dimos un paso adelante y no vamos a marchar atrás”, aseguró recientemente en una entrevista a Pueblos en Camino, Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexander, uno de los jóvenes víctimas de ese operativo que todavía no se ha esclarecido (48 de los 49 militares procesados por los crímenes de Soacha han sido liberados). Como tampoco las innumerables masacres paramilitares llevadas a cabo durante los años de Uribe, y la complicidad de estos grupos armados con el gobierno, el Plan Colombia, empresarios nacionales y empresas multinacionales.
Todo preso es político
Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Cohdes), denunció en su momento: “El presidente Uribe ha decidido vincular cerca de un 1,5 millón de personas a lo que llama la red de informantes, que nadie sabe cómo opera, que no tiene control civil y que proporciona informaciones a las Fuerzas Armadas y a la Fiscalía que se han utilizado para hacer detenciones masivas de personas acusadas por supuestamente colaborar con la guerrilla. Los estudios de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos han demostrado que más del 95% de los casos han sido fallidos. Pero estas detenciones arbitrarias hacen que mucha gente sea estigmatizada en las regiones, y la gran mayoría son desplazados o asesinados”.
El Cohdes estima en más de cinco millones los desplazados por la violencia en Colombia. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, durante el gobierno del Uribe hubo 8.000 detenciones masivas y arbitrarias. Acusados de “rebelión”, fueron a parar a la cárcel Freddy Muñoz, corresponsal de Telesur en Cartagena, la poetisa Angie Cepeda, organizadora del Festival de Poesía de Medellín o Nicolás Castro, un estudiante de Bellas Artes de 23 años acusado de organizar el grupo de Facebook “Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe”, hijo de Álvaro Uribe.
En 2003, en la población cafetera de Quinchía, fueron capturadas 117 personas acusadas de ser auxiliadores de la guerrilla. Entre los detenidos estaban el alcalde en ejercicio, el alcalde electo, concejales, comerciantes, campesinos, el tonto del pueblo y hasta un anciano de 76 años, ciego de nacimiento, sindicado como jefe de explosivos de la guerrilla. A la par, comenzaban a brotar las denuncias de la vinculación de Uribe y sus colaboradores con los grupos paramilitares, responsables de la mayor escalada de asesinatos y desplazamiento masivo que halla visto el país. 80 congresistas fueron arrestados por estos vínculos y cientos de fosas comunes encontradas en todo el territorio.
En otro caso emblemático, el 22 de mayo de 2009, el prestigioso sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán se dirigía con su mujer y un abogado al Instituto Nacional de Migración de México para certificar una visa de estudios. Pocas horas después, las agencias internacionales de noticias anunciaban con júbilo la captura de alias Jaime Cienfuegos, miembro del Comité Internacional de las FARC. En los noticieros, Uribe agradecía a las autoridades mexicanas y particularmente al presidente Felipe Calderón por la captura del académico, a quien calificó de ser “uno de los terroristas más peligrosos”. El caso tomó resonancia no sólo por la reconocida trayectoria humana y académica de Beltrán sino por la participación de otro gobierno latinoamericano en la política de “Seguridad Democrática” de Uribe en el marco de la lucha global contra el “terrorismo”.
“En mi expediente no se me acusa de despedazar campesinos con motosierra, ni se me atribuye el asesinato de jóvenes provenientes de sectores populares que luego son presentados como falsos positivos; tampoco se me imputan tratos crueles, inhumanos y degradantes contra persona alguna; mucho menos se me inculpa de delitos de lesa humanidad: contrario a ello, se me acusa de instigación al terrorismo por denunciar estos hechos y evidenciar la responsabilidad del Estado y las fuerzas militares en estos crímenes. Se me acusa de ser un terrorista por sustentar en mis escritos en los foros públicos que las FARC son una respuesta histórica a las múltiples violencias del Estado”, escribiría Beltrán desde la cárcel. Dos años después, sería liberado ante la falta de pruebas y obligado a dejar el país por las constantes amenazas de los paramilitares a su familia.
Según las cifras recientes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, entre 2009 y 2012 el gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa a la cabeza, reportó más de 8.600 personas capturadas por el delito de rebelión, de las cuales sólo 2.058 quedaron efectivamente privadas de la libertad. Es decir, el 75% de las personas detenidas bajo ese delito recuperaron su libertad al ser demostrada su inocencia. Un ejemplo de estas situaciones es el que plantea la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), según la cual en el pasado paro agrario el gobierno señaló esta movilización de estar infiltrada por el terrorismo y la insurgencia. En esas jornadas fueron detenidas 816 personas, pero sólo 180 fueron enviadas a procesos penales. Hoy ninguna de ellas se encuentra privada de la libertad: la Justicia las halló inocentes.
El pasado 8 de julio, a las 6 de la mañana, como parte de otras 14 órdenes de captura llevadas a cabo por la Justicia colombiana que involucran a referentes sociales, estudiantiles y feministas, en el marco de las investigaciones por las explosiones ocurridas el 2 de julio en Bogotá, fue detenido el periodista colombiano Sergio Segura, miembro de la agencia Colombia Informa.
COLOMBIA: Se cae principal acusación contra líderes sociales
Resumen Latinoamericano / Congreso de los Pueblos / 11 de julio de 2015 –
Comunicado de prensa
Las declaraciones iniciales de Juan Manuel Santos y Rodolfo Palomino indicaban que los líderes sociales detenidos, entre los que se encuentran 11 integrantes del Congreso de los Pueblos, estaban implicados en los ataques con explosivos el día 2 de Julio del presente año contra las sedes de Porvenir. Sin embargo, el Fiscal a cargo del caso negó que se les esté acusando por esos hechos.
Cabe aclarar que estos 11 reconocidos líderes sociales cuentan con una importante trayectoria de trabajo en diferentes sectores y territorios, además de destacadas hojas de vida y recorrido académico, de acuerdo a los perfiles ya conocidos por la opinión pública.
Además de la negativa del Fiscal, la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional afirmó que varios de los estudiantes detenidos estaban en una actividad académica fuera de la ciudad en esas fechas y los demás acusados pueden demostrar, con total contundencia, que no tienen nada que ver con los hechos en mención.
Ante el derrumbe de esta falacia, la Policía y la Fiscalía tratan de inculparlos por otros sucesos. Esto demuestra lo infundado y temerario de las primeras acusaciones, producto del show mediático que acostumbra a montar el Gobierno y las Fuerzas Militares para mostrar resultados en un contexto de conflicto social, político y armado.
Denunciamos la violación al debido proceso, esta vez en cabeza de la Juez 72 con funciones de Control de Garantías. La funcionaria desconoció la solicitud de libertad de los detenidos por vencimiento de términos, yendo en contra del ordenamiento jurídico vigente alegando “complejidad en el caso”. Nuevamente son las mismas instituciones las que violan la ley.
Actualmente se desarrolla la audiencia de imputación de cargos, en la cual la Fiscalía deberá regirse por la ley y respetar el debido proceso. Llamamos a redoblar esfuerzos por la libertad de los y las detenidas, para que se respeten los derechos humanos de los líderes y demás personas acusadas.
Congreso de los Pueblos 10 de Julio de 2015
CAYÓ EL MONTAJE: FISCALÍA TUVO QUE SALIR A HACER SALVEDAD SOBRE EL CASO DE “LOS TERRORISTAS DE BOGOTÁ”
Anncol / 12 de julio –
A pesar de que todos los detenidos el pasado jueves fueron señalados de ser los autores de las últimas atentados acaecidos en Bogotá, la Fiscalía hizo una revelación en la que casi debió recular sobre los juicios generalizados sobre estas personas: diez de los trece capturados solo están siendo investigados por los disturbios ocurridos el pasado 20 de mayo en la Universidad Nacional.
Es decir que no están siendo involucrados en los atentados terroristas como los del pasado 2 de julio donde se presentaron ocho heridos y con los cuales muchos personajes del uribismo asociaron en sus redes sociales.
En ese sentido, según las propias autoridades, los nombres de los siguientes detenidos no pueden ser relacionados como miembros del ELN: Paola Salgado Piedrahita, Andrés Felipe Rodríguez Parra, John Acosta, Estefany Lorena Romo, Sergio Esteban Segura, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Luis Daniel Jiménez, Daniel Eduardo Muñoz, Lizeth Johana Acosta y Félix Gutiérrez Díaz.
COLOMBIA: Las FARC anuncian que entregarán pronto al subteniente capturado en Putumayo
Resumen Latinoamericano, 13 julio 2015.-
Pastor Alape, dirigente de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ha anunciado que entregarán «pronto» al Gobierno al subteniente del Ejército Cristian Moscoso, capturado en Putumayo.
«Subteniente prisionero de guerra en Putumayo pronto será entregado al Gobierno», ha afirmado Alape desde La Habana, donde se encuentra para participar en las negociaciones de paz. Moscoso fue capturado el pasado 7 de julio tras combates entre el Ejército y el Frente 32 de la guerrilla.
Este anuncio se produce tras la confirmación de un acuerdo para el alto el fuego unilateral de las FARC a partir del 20 de julio al que corresponderá el Gobierno con un «desescalamiento» de las acciones militares a partir de esa fecha y durante un periodo de cuatro meses.
Mientras, en Chocó y Arauca, dos infantes de Marina y un soldado del Ejército han resultado heridos en combate con las FARC, ha informado la emisora Caracol Radio citando a las autoridades.
COLOMBIA: Tras acuerdos con las FARC para desescalar el conflicto, Santos pone plazo de cuatro meses para evaluar si continúan los diálogos
Resumen Latinoamericano / Caracol / 13 JULIO 2015.-
El presidente Juan Manuel Santos estableció 4 meses como un plazo para evaluar el avance en las negociaciones con las Farc y definir si se continua o no con el proceso de paz en La Habana en Cuba.
Según explicó en alocución presidencial “vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó, y en 4 meses a partir de ahora, dependiendo de si las Farc cumplen, tomaré la decisión de si seguimos con el proceso o no”.
Antes el jefe de Estado había explicado que “hay que comenzar ya a frenar las muertes, la destrucción y el dolor que deja cada día este enfrentamiento absurdo”.
En esta dirección, “las Farc hoy se comprometieron a mantener la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas”.
De manera que si ellos suspenden su ofensiva, “nosotros también procederemos a desescalar las acciones militares”.
Sin embargo, advirtió que “nuestras fuerzas armadas están listas para un gradual desescalamiento, si las Farc cumplen; si no cumplen, estarán listas para enfrentarlas, con la determinación y contundencia con que siempre lo han hecho”.
Así mismo señaló el alcance que tendrá el acuerdo con las Farc, afirmando que el desescalamiento del conflicto “no es un cese al fuego bilateral”, sino que se trata de un avance para humanizar la guerra y evitar más víctimas, hasta que se logre un acuerdo definitivo.
Mientras hizo un recuento de lo que se lleva desde que se iniciaron los acercamientos en el 2010, el mandatario afirmó que se avanzado en la discusión, reconociendo que “lo que falta es el tema más complejo, que es el de cómo lograr el máximo de justicia que nos permita la paz, ese es el reto”.
“Si llegamos a un acuerdo sobre ese aspecto de la justicia, podremos decir, sin lugar a dudas, que estamos al otro lado”, aseguró el presidente Santos.
Frente a la situación que se ha registrado en los últimos días por el accionar de la guerrilla, afirmó que también siento frustración, desaliento e indignación
Sin embargo, hizo un llamado a los colombianos para creer en la posibilidad de frenar “estos hechos absurdos” con la firma de un acuerdo definitivo con la guerrilla.
“Yo sé que muchos colombianos tienen miedo, que muchos colombianos tienen rabia, muchos colombianos han perdido la confianza en el proceso de paz”, pero la alternativa no es acabar el proceso que avanzado como nunca otro antes, dijo el jefe de Estado.
La respuesta a esta situación era acelerar las conversaciones “y eso precisamente es lo que se acordó hoy en La Habana”.
Recordó que los negociadores del Gobierno y de las Farc definieron un plan “para llegar sin demoras a la firma del Acuerdo Final y determinaron trabajar sin descanso hasta concretar los puntos pendientes”.
Así como avanzar “en la definición de los términos del cese al Fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y de la dejación de armas”, bajo un sistema de monitoreo y verificación con presencia internacional. Insistió en que mientras tanto, “es urgente volver a desescalar el conflicto, reducir la intensidad de la guerra”, eso si, sin desproteger “ni un segundo a los colombianos”.
“Los colombianos necesitan hechos de paz para recuperar la confianza en el proceso”, dijo el mandatario asegurando que de eso se trata lo que se firmó hoy en La Habana.
Por último, consideró que “con estos nuevos avances, por fin veo clara la luz al final del túnel, vamos a lograr esa paz que ha sido tan esquiva, los invito a todos a creer, a pesar de tantas dificultades, vamos por el camino correcto, acompáñenme en esta recta final, la paz es de todos y está en manos de todos”, puntualizó el presidente Santos.
Caracol
Puntos claves de pacto para agilizar en Cuba y desescalar en Colombia
A partir de ahora, la mesa de negociaciones con las Farc en La Habana tendrá una nueva metodología, cuyo fin es, como dijo este sabado el jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, “conseguir cuanto antes resultados” para recuperar la confianza del país en el proceso de paz.
Esta decisión se traducirá, en primer lugar, en un trabajo simultáneo de los cuatro puntos “críticos” que falta negociar: justicia, cese bilateral del fuego, dejación de armas y garantías de seguridad para las Farc.
Hacia adelante, mientras los negociadores oficiales y de la guerrilla buscan un acuerdo pronto sobre el tipo de pena que tendrán los jefes de las Farc y otros actores del conflicto que cometieron delitos graves, la subcomisión de comandantes militares y jefes guerrilleros trabajará a la par de la mesa de negociación, y no como lo hacía hasta ahora, que se reunía solo en los últimos días de cada ciclo. Quizás lo más importante es que comenzarán a definir los detalles técnicos de la manera como se verificarían el cese bilateral y definitivo del fuego y la dejación de las armas. Como el sentido de todo esto es avanzar en la agenda de La Habana mientras se baja la intensidad de la guerra en Colombia, a partir del 20 de julio, cuando las Farc darán inicio a su tregua unilateral, el Gobierno comenzará a implementar sus propias medidas de desescalamiento, siempre, tras evaluar el cumplimiento del cese unilateral de la guerrilla. La meta es revisar los resultados del desescalamiento en cuatro meses, lo que en la práctica implica que la tregua unilateral de las Farc, anunciada inicialmente para un mes, será hasta noviembre.
“Es este, sin duda, un relanzamiento vigoroso, prometedor y esperanzador del proceso de diálogos”, dijo este sabado el jefe de la delegación de las Farc, ‘Iván Márquez’, al referirse al acuerdo.
1. Fórmula judicial, el trabajo inmediato en la mesa
Para garantizar que en La Habana se avanza en los acuerdos pendientes mientras en Colombia se baja la intensidad de la guerra, los negociadores del Gobierno y las Farc tienen el imperativo de lograr un acuerdo sobre justicia que satisfaga a las víctimas, al país y los estándares internacionales.
Es el tema pendiente en el punto de víctimas, pues el de reparación está casi listo y sería anunciado pronto.
2. El papel de la ONU y la presidencia de Unasur en la comisión de comandantes militares y jefes guerrilleros
Si todo sale bien, el desescalamiento del conflicto debe conducir al cese bilateral y definitivo del fuego.
Por eso, la subcomisión del fin del conflicto –integrada por comandantes militares y jefes guerrilleros– comenzará a trabajar también en el detalle del monitoreo y verificación de ese cese del fuego y la siguiente dejación de armas de las Farc.
Para eso se integran a esta subcomisión un delegado del Secretario General de la ONU y uno de la presidencia de Unasur, que está hoy en manos de Uruguay. Usualmente los verificadores son organismos internacionales y tanto la ONU como Unasur podrían ser parte de la verificación.
3. Resultados en justicia definirán el tránsito hacia el cese bilateral y definitivo del fuego Dentro de cuatro meses, el Gobierno y las Farc evaluarán los resultados y el cumplimiento de las medidas puestas en práctica en terreno, de lado y lado, para bajar la intensidad de la guerra, pero, también, los avances en la agenda de negociación.
Solo si las dos cosas han sido satisfactorias para las partes se avanzará oficialmente al cese bilateral y definitivo del fuego bajo los términos construidos por la subcomisión del fin del conflicto con el apoyo de la ONU y Unasur.
Una fórmula judicial satisfactoria será clave para que se dé el tránsito al cese del fuego definitivo, que pondría fin a 50 años de guerra.
Envío:ResumenLatinoamericano
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