COLOMBIA.

COLOMBIA: 
Santos afirma la liberación de subteniente del Ejército por parte de las FARC 
Resumen Latinoamericano / HispanTV / 19 de julio de 2015 – 

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha corroborado que el subteniente del Ejército Cristian Moscoso, capturado el pasado julio por las FARC, está liberado. “Teniente Moscoso ya está libre y se encuentra en buenas condiciones”, ha informado este domingo el manadatario en su cuenta de Twitter. 

La operación de la liberación del uniformado, quien fue detenido el día 7 de julio por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un enfrentamiento en el departamento del Putumayo (suroeste), ha sido a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

La delegación de la guerrilla en las negociaciones de paz en La Habana, capital cubana, había anunciado el sábado en su página Web que activó el protocolo para la liberación del militar y que le liberaría este domingo. 

“Trabajamos para que este domingo, 19 julio, el prisionero de guerra pueda reencontrarse con la libertad y con los suyos”, reza así la misiva de los guerrilleros. El mandatario colombiano, en una entrevista concedida a los medios locales, ha vuelto a recordar que el proceso de paz será suspendido si el grupo armado no admite ningún tipo de “privación de libertad”. 

Sin embargo, ha asegurado también la existencia de “mucha flexibilidad” en el diseño de cumplimiento de las penas: “Puede ser, por ejemplo, penas que no impliquen ir a la cárcel para la mayoría de los integrantes de las FARC y que solamente paguen penas los máximos responsables (…)” y “por los delitos más graves”, ha apostillado. 

Además, ha considerado un menester la concentración de la guerrilla en una zona geográfica con el fin de reducir los conflictos y lograr una tregua bilateral. Después de numerosas rondas de conversaciones, las FARC decidieron en diciembre pasado decretar una tregua unilateral e indefinida, que favoreció a reducir la intensidad del conflicto armado.  
La situación de Colombia se mantuvo casi tranquila hasta el pasado 22 de mayo, cuando unos 26 miembros de las FARC perecieron por los bombardeos de los militares colombianos, ya que la guerrilla decidió suspender la tregua unilateral. 

A partir de allí, los ataques por ambos lados, las FARC y el Gobierno se registraron casi a diario. Por esta escalada del conflicto, los garantes de paz –Noruega, Cuba, Venezuela y Chile- pidieron a las partes del conflicto restringir al máximo las acciones que provoquen víctimas. 


COLOMBIA. FARC-EP: Nuevo cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio 
Resumen Latinoamericano / pazfarc-ep / 19 de julio de 2015 – 

Comunicado Cese el fuego unilateral
Las FARC-EP comunicamos a todos nuestros Bloques, Frentes, Columnas, Compañías y demás estructuras político militares, al igual que a las milicias bolivarianas y populares y estructuras subordinadas, que a partir de las 00:00 horas del 20 de julio próximo rige la orden de cesar toda acción de carácter ofensivo contra las fuerzas armadas del Estado y la infraestructura pública y privada.

La mencionada orden obedece al llamado de los países garantes, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, de las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana, y al alud de peticiones públicas, cartas y mensajes de redes sociales dirigidas a nuestra Delegación de Paz por parte de incontables personalidades y organizaciones sociales y políticas, iglesias, juntas de acción comunal y movimientos populares en su conjunto, por lo que constituye un serio compromiso de nuestra organización, de cuyo cumplimiento estricto somos responsables cada uno de los mandos e integrantes de las FARC-EP.

Esta medida práctica, de carácter humanitario, constituye un nuevo gesto de nuestra parte en el propósito de pactar con el gobierno nacional fórmulas cada vez más efectivas de desescalamiento del conflicto. Confiamos por tanto en que sea estimada y valorada en toda su dimensión, a fin de que no vuelvan a repetirse hechos lamentables que sólo hacen daño a los propósitos de paz y reconciliación. Ninguna unidad de las FARC-EP está obligada a dejarse golpear por fuerzas enemigas y tendrá todo el derecho al ejercicio de su legítima defensa en caso de ataque.

Convocamos al conjunto de personalidades, instituciones, movimientos políticos, fuerzas sociales y populares que han elevado este verdadero clamor nacional, a apersonarse de manera activa en la defensa de esta nueva esperanza que encendemos hoy en el territorio colombiano.Nadie puede arrebatar a los colombianos su derecho a vivir en paz, por lo que resulta urgente cerrar el espacio a los sectores que claman por la guerra, las soluciones cruentas, la represión y la persecución al movimiento popular y a su dirigencia.

El Frente Amplio por la Paz, el Proceso Constituyente, las iglesias y demás organizaciones y fuerzas interesadas en la veeduría de este cese el fuego cuentan con toda nuestra confianza y colaboración. Consideramos que el gobierno nacional debe rodear de plenas garantías el ejercicio de esta función patriótica, a la vez que avanzar con mayor convencimiento hacia una verdadera concordia nacional, fundada en la proscripción definitiva de la violencia, a la par que en la justicia social, la democracia y la soberanía. 

SECRETARIADO NACIONAL DE LAS FARC-EP
La Habana, 19 de julio de 2015.



COLOMBIA: 
“mientras se habla de paz están construyendo cinco megacárceles” 
Resumen Latinoamericano / 19 de julio de 2015 – 

Jaher Torrado, integrante del equipo de abogados de Pueblo, nos visitó desde Colombia para hablar con Enredando las Mañanas acerca de los nuevos presos políticos y de la situación en las cárceles en general.

“Bajo el disfraz de la democracia podemos identificar que la criminalización da para que continúen múltiples casos de detenidos por razones políticas”, comenzó relatando Torrado y se refirió a los trece compañeros del Congreso de los pueblos que se encuentran detenidos de manera arbitraria: “consideramos que es un ataque y persecución sistemática al movimiento popular”.

“Tenemos 15 compañeros de diferentes perfiles profesionales detenidos, y los motivos de la detención son bastante oscuros”, remarcó el integrante de Abogados del Pueblo: “la fiscalía no ha sido clara en determinar cuáles son las causas de la detención” dijo y remarcó que “en principio los medios nacionales tradicionales anunciaron que eran por atentados terroristas ocurridos en Bogotá con grandes cantidades de explosivos, sin embargo después durante las audiencias se logra determinar que no guardan relación alguna con estos hechos”. Apuntó que “al parecer se les señala de participar por una manifestación dentro de la universidad nacional pero hasta el momento no hay certeza de esto; sin embargo es de notar que la respuesta del movimiento popular ha sido de total respaldo” y añadió que “dentro de las pruebas que se les esgrima, están algunos libros sobre marxismo; frente a esto, todos estos días, las organizaciones sociales han estado muy activas”.

“El tema de los presos políticos pasa por la criminalización del movimiento popular y social, y esa estigmatización que los señala como parte de la insurgencia es lo que lleva a que estas operaciones se den”, aseguró el abogado: “la difusión que se dio en los medios no fue la misma que se recibió cuando la fiscalía determino que no tuvieron nada que ver con los atentados en Bogotá y remarcó que “en los medios hegemónicos hubo un boom publicitario de que se habían capturado a los grandes terroristas vinculados principalmente con el ELN; más adelante el mismo ELN en un comunicado dijo que no hay ninguna relación entre estas personas y sus fuerzas, y esto en los medios no hizo eco”.

Jaher Torrado contó que “en Colombia cada día se están produciendo más detenidos por razones políticas”. A este agregó que “no solamente personas combatientes que son detenidas, sino que también líderes sociales y populares que constantemente viven esta criminalización y que terminan dentro de un sistema carcelario que el mismo Estado colombiano ha reconocido que está por fuera de su rango constitucional”. También dijo que “la misma corte constitucional ha dicho que la situación en las cárceles es tan grave que hay una figura que se llama “estado de cosas inconstitucional” y esto es que a las personas de las cárceles no se les garantizan los derechos que tiene nuestra constitución” y lamentó que “estos jóvenes, líderes feministas, populares, comunicadores alternativos, estudiantes universitarios, van a encontrarse con la dura realidad carcelaria”.

“La situación de violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles en Colombia es una situación de vulneración sistemática; cada vez hay más complejos carcelarios, y cada vez hay más delitos penales por lo que un ciudadano puede ir a la cárcel, por ejemplo, la ley de seguridad ciudadana, que es una ley que puede llevar una persona a la cárcel por obstruir una vía publica en una manifestación”, dijo Torrado: “este tipo de normas han llevado a que las cárceles tengan altísimos índices de hacinamiento”.

Sobre la la ley de seguridad ciudadana, el abogado relató que “se da en el marco de grandes movilizaciones sociales y populares; entonces, mientras los movimientos buscan organizarse y hacerle reclamos justos y puntuales al gobierno nacional, el congreso aprueba este tipo de normas para frenar esa movilización: las personas salen, pero temen esa judicialización”.

Mientras definió las cárceles como “centros de tortura”, el colombiano se refirió a la “extradición”. Dijo que “es una figura que históricamente ha tenido un fuerte impacto en la historia reciente de nuestro país y eso va muy de la mano con la posición de los Estados frente a las relaciones con los Estados hegemónicos, como EE.UU.” y aseguró: “no estamos de acuerdo con la extradición de colombianos a los EE.UU. porque violenta la soberanía nacional, afecta gravemente el derecho de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y es una manera de acallar y cooptar el derecho a la verdad”. También dijo que con la extradición “se violentan las garantías judiciales de las personas requeridas por gobiernos extranjeros, provoca una desintegración familiar y hace que las personas no sean juzgadas dentro de su país con el fin de resocialización, aumenta el riesgo de tortura y otros tratos crueles y degradantes, puede también constituir un ataque a la eventual solución política al conflicto” y remarcó que el número de solicitudes de extradición aumenta año a año: “es una política para no perder ciertos acuerdos de financiación”. 

Torrado también fue consultado por el proceso de paz: “veníamos de un momento en que el cese unilateral por parte de las FARC había tenido algo de eco y habíamos logrado cierta calma; sin embargo vinieron más ataques y lo que podemos identificar es que se está hablando de paz, pero por otro lado se está atacando al movimiento popular; mientras se dialoga con la parte armada se ignora al movimiento popular, se lo criminaliza” y aseguró: “mientras se habla de paz están construyendo cinco megacárceles”.

“No estamos hablando solamente de detenciones arbitrarias sino también de ejecuciones extrajudiciales”, remarcó el integrante de abogados del pueblo: “vemos muy tensionante la situación actual de l proceso y hacemos un llamado a tener el compromiso con la salida al conflicto de manera dialogada, a esta negociación y a un eventual acuerdo político al conflicto colombiano” que definió como “un conflicto social y armado” y “estamos negociando solamente parte de ese conflicto, que tiene un trasfondo social”. Dijo que “falta aun involucrar todo el movimiento social y popular, a las demás insurgencias, se ha quedado en diálogos exploratorios; esto también pasa por la reflexión por parte del gobierno colombiano de tener en cuenta que el desescalamiento del conflicto fue el momento del proceso de paz en el que más tranquilos estuvieron en los sectores urbanos” y contó que tras movidas mediáticas la ultrderecha pidió que se reactiven los bombardeos: “lo fácil que resulta pedir más bombardeo desde la seguridad de tu edificio”.

“El efecto de lo simbólico, del etiquetamiento social, es tener un prejuzgamiento que sirva para fines políticos”, analizó Torrado: “si todo un país está relacionado con el narcotráfico, vas a poder pedir recursos para luchar contra el narcotráfico”.

Para finalizar, el abogado dijo que hay que empezar a “caracterizar el conflicto colombiano como lo que es, es un conflicto social con fuertes raíces en las profundas desigualdades que vive el país, en las profundas brechas que tiene la sociedad”, puntualizando en que “los monopolios y las grandes fuerzas hegemónicas se manifiestan en contra de una salida negociada de ese conflicto, porque implicaría la participación política de muchos sectores de la sociedad que han sido históricamente excluidos”.
Envío:ResumenLatinoamericano