2 de agosto de 2015

CHILE.

CHILE.
20 años para quien “agreda” a Carabineros: impunidad para los asesinos de trabajadores, estudiantes y mapuche 
Por Ángela Gallardo Suárez / Resumen Latinoamericano / La Izquierda Diario / 29 de julio de 2015 – 

El Gobierno anunció que elevará las penas de cárcel a quienes agredan a Carabineros con un máximo de 20 años, decisión que fue anunciada tras la agresión que recibió el uniformado Óscar Muñoz. ¿También recibirán 20 años de cárcel los policías asesinos de Nelson Quichillao, Manuel Gutiérrez, Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo, Alex Lemún, entre otros tantos? ¿Los militares que asesinaron y torturaron durante Dictadura seguirán gozando de impunidad?

La ministra de justicia, Javiera Blanco, no dudó en ir a visitar al carabinero Óscar Muñoz, baleado durante la semana pasada, quien se encuentra internado en el Hospital Militar, ubicado en la comuna de La Reina. Tras la visita, la Ministra anunció que el Gobierno elevará las penas de cárcel, hasta los 20 años de presidio, para todos aquellos que agredan o lesionen a Carabineros.

El Gobierno se indignó totalmente ante el ataque al funcionario policial, tanto así que aseguraron que la medida mencionada será incorporada en la Agenda Corta Antidelincuencia, impulsando así un completo blindaje hacia la institución, tal cual lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera cuando envió al Congreso un proyecto de ley que pretendía aumentar las penas para las personas que agredan, insulten o amenacen a carabineros. “La intención es elevar las penas hasta llegar a los 20 años de cárcel, es decir, llegar a presidio mayor en su grado máximo”, anunció Javiera Blanco.

Suena bastante indignante y contradictorio que mientras Blanco informa sobre la nueva medida de protección a Carabineros, esta misma institución asesinó- el viernes recién pasado- al trabajador minero Nelson Quichillao. ¿La respuesta del Gobierno y de la Justicia? Fue una bala que rebotó en la maquinaria conducida por el trabajador y que “fortuitamente” impactó en el minero, causándole la muerte por desangramiento. Una vez más el Gobierno y el Poder Judicial amparando a Carabineros, una vez más defendiendo a los asesinos de quienes luchan y se manifiestan por sus derechos.

¿Será que para el Gobierno la vida de un trabajador vale menos que la de un policía? Claramente, sí. Pero, no sólo la de un trabajador, sino que también la vida de estudiantes y mapuche que han sido asesinados brutalmente por Carabineros. La lista es tan larga que no se pueden mencionar a todos los asesinados por la policía en este artículo, sin embargo, es bueno recordar ante tanto cinismo por parte de la clase política, los empresarios, los medios de comunicación tradicionales, y obviamente, por parte de la mencionada institución represiva.

Que la clase política, los gobiernos de turno y Carabineros recuerden estos nombres. ¿Y los 20 años para sus asesinos?

Como se mencionaba, Nelson Quichillao, asesinado por un carabinero en El Salvador, era una trabajador minero que se encontraba protestando en el contexto del paro nacional que están llevando adelante subcontratistas y contratistas de Codelco, los que están exigiendo una nueva negociación del Acuerdo Marco. La respuesta por parte del Gobierno ha sido total complicidad con Carabineros y con la empresa en cuestión. Hasta el momento, los mineros han recibido sólo brutal represión policial, la que terminó quitándole la vida a Quichillao. Su asesino permanece totalmente blindado.

No se debe olvidar al trabajador subcontratado y dirigente sindical, Juan Pablo Jiménez, quien murió hace dos años de manera extraña en la empresa Azeta donde trabajaba. El obrero fue impactado por un balazo a pocos metros de distancia, lo que se corroboró por medio de las pericias particulares que realizó la familia, donde quedó de manifiesto que el daño en el cráneo del trabajador era consecuencia de un tiro cercano y certero. La PDI y la Justicia, absurdamente, avalaron la tesis de la “bala loca”, proveniente de la población La Legua, a más de un kilómetro de distancia. En esa ocasión, tanto la empresa como la policía y el Gobierno de ese entonces, conspiraron para que el crimen quedase en total misterio.

A poco menos de un mes de que se cumplan cuatro años desde el asesinato de Manuel Gutiérrez, estudiante de 16 años que fue abatido por el sargento Miguel Millacura, aún no hay justicia ni castigo para su asesino. El último fallo de la Corte Marcial fue “condenar” a 461 días de presidio al carabinero que le quitó la vida a Manuel, en pleno contexto de movilizaciones convocadas por la CUT y el movimiento estudiantil en el año 2011. ¿Por qué la rebaja en la condena? Porque Millacura “disparó al aire”, argumento bastante similar al utilizado para defender al asesino de Quichillao.

La institución de Carabineros también está manchada con sangre mapuche. Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo y Alex Lemún son sólo algunos de los jóvenes y mapuche en general, que han sido asesinados por la policía. Sus familiares y amigos todavía no encuentran justicia, sólo han recibido represión, indiferencia e intransigencia por parte de los gobiernos de turno. Nada de 20 años de cárcel para los asesinos de sus seres queridos, para el pueblo mapuche no existe justicia ni libertad bajo este sistema capitalista y opresor. 

Los que “se salvaron” 
La brutalidad policial también se expresa en la represión vivida en las marchas y manifestaciones sociales, pues ya es casi “natural” que Fuerzas Especiales violente y reprima a todo aquel que protesta, total, existe pleno amparo por parte de las autoridades del país. En este sentido, tampoco se debe olvidar a aquellos que “se salvaron”, ¿de qué? De ser asesinados por la policía.

Rodrigo Avilés es uno de ellos. Tras estar dos meses hospitalizado con riesgo de perder su vida, fue dado de alta hace algunos días. El estudiante fue impactado por el chorro del carro lanza aguas de Carabineros, durante la tradicional marcha del 21 de mayo en Valparaíso. Se salvó por poco. Ante esto, el Gobierno y Carabineros, desvergonzadamente, aseguraron- en primera instancia- que Avilés “se había resbalado”, sin embargo, tuvieron que admitir que el joven fue gravemente herido por el actuar de la policía, todo esto en medio de una masiva indignación de la población ante este nuevo caso de brutalidad policial.

Además, durante aquella marcha del 21 de mayo, Paulina Estay, joven estudiante, también fue ferozmente golpeada por la policía, una cobarde agresión que fue grabada y difundida por las redes sociales, causando total repudio hacia la institución de Carabineros.

A estos casos se suma que durante una marcha realizada en protesta por el asesinato de Quichillao, realizada el viernes pasado en Santiago Centro; Sebastián Carvajal, dirigente sindical y trabajador de la construcción de la línea 3 del Metro, fue golpeado por Fuerzas Especiales, por lo que tuvo que ser trasladado a la Posta Central debido a una fractura en su pierna. La policía lo golpeó con lumas y lo rodeó, dejándolo encerrado, para que sus compañeros no pudiesen sacarlo de ahí ni ayudarlo. Así actúan los “desvalidos” carabineros.

La lista de asesinados y violentados por Carabineros suma y sigue, mientras el gobierno de la Nueva Mayoría continúa fortaleciendo la impunidad policial, anunciando medidas como aumentar las condenas a 20 años o permitir el Control de Identidad Preventivo, entre otras políticas que sólo apuntan a blindar una institución manchada con sangre de luchadores sociales. ¿La policía asesina y represora cuándo pagará condenas?


Chile: 
Nuevos referentes se preparan para convertirse en partidos políticos
Por Claudio Medrano | Resumen Latinoamericano / Diario Uchile /24 de julio 2015

Luego que disminuyeran las barreras de entrada para la constitución de nuevos partidos políticos, diversos movimientos han comenzado el proceso de legalizarse como colectividad ante el Servel y, al mismo tiempo, preparan el trabajo que efectuarán de cara a las elecciones municipales.

Si bien son poco más de una decena los movimientos sociales que han comenzado su proceso para constituirse como partidos políticos, hay algunos que llevan trabajo adelantado y que reciben la nomenclatura de “Partidos en Trámite”.

Este grupo lo integran movimientos como el Partido Liberal, Igualdad del Sur, Evópoli, Poder, Izquierda Ciudadana y Amplitud, quienes ya comenzaron el proceso ante el Servicio Electoral y dentro de los próximos meses ya deberían estar oficialmente constituidos.

Por lo mismo, y con ese trámite en curso proyectan, su trabajo a futuro con las elecciones municipales en el horizonte en medio de un contexto de crisis institucional y absoluto descrédito de la clase política.

Además de Revolución Democrática, movimiento comandado por Giorgio Jackson desde el Parlamento, hay otros referentes que se encuentran trabajando para lograr su objetivo. Evópoli y renovar la derecha

Hace pocos días cuatro partidos de “centro derecha” presentaron en sociedad el nuevo referente de oposición que pretende reemplazar a la Alianza.

En ese grupo se encuentra Evópoli, movimiento creado por el ex ministro de Sebastián Piñera y actual parlamentario, Felipe Kast.

En la actualidad cuentan con 5 mil adherentes y 700 consejeros con directivas elegidas democráticamente.

Respecto del trabajo que se hará pensando en las municipales, Kast espera que exista igualdad de condiciones en el nuevo conglomerado.

“Hemos exigido que exista igualdad de oportunidades, que no hayan designaciones a dedo y que sean las primarias el mecanismo para elegir a los candidatos y esperamos que esto se mantenga en el tiempo”, aseguró Kast.

A juicio de Evópoli “es necesario oxigenar la política y el emprendimiento de nuevos partidos políticos es necesario”, por lo mismo esperan consolidarse en las próximas elecciones municipales presentando candidatos en todo el país, al igual que en las parlamentarias.

Respecto del proceso que han emprendido en un sector duopolizado por Renovación Nacional y la UDI, Felipe Kast sostiene que ha sido “una experiencia complicada en un comienzo, pero que a la larga ha sido exitoso”.

En la actualidad se encuentran desplegados en terreno con algunas de sus principales figuras como los ex ministros Luciano Cruz Coke y Felipe Morandé.

Esperan concluir el trámite legal en el Servel a más tardar en el mes de diciembre. Amplitud hacia el centro

Quienes definitivamente no integrarán este nuevo pacto es Amplitud, ya que prefieren mantenerse en el centro del espectro político y crear alianzas a partir de ahí como sostiene su presidente, Joaquín Godoy. “Nuestra aspiración es hacer una buena alianza con la gente de Fuerza Pública y Red Liberal y la verdad es que estamos muy entusiasmados al respecto”, comentó el parlamentario.

“Vemos a muchos chilenos que no se sienten representados ni por la Alianza, ni por la Nueva Mayoría lo que confirma que hoy más que nunca es necesario construir un referente político distinto”, agrega Godoy.

El movimiento trabaja con una lista de 500 nombres de posibles candidatos a las alcaldías y los concejos municipales, la cual está siendo revisada por el comité electoral de la agrupación.

Además, sus caras más reconocibles como la senadora Lily Pérez, el diputado Pedro Browne y el propio Joaquín Godoy, se encuentran desplegados a lo largo del país para conseguir las firmas necesarias que permitan a Amplitud constituirse como partido político en el corto plazo.

Un nuevo “Poder” en la izquierda
Desde la izquierda extraparlamentaria nace un nuevo referente conocido como PODER, que ha focalizado su trabajo en las regiones donde han comenzado a formar su capital político.

La idea es consolidar a este grupo como “un referente ciudadano” y por lo mismo crearán alianzas con aquellos colectivos que tengan interés en trabajar en una transformación política social. “

Más que definir si nos uniremos a partidos y organizaciones nos interesa saber a quienes realmente les interesa trabajar en una transformación social con elementos programáticos que vayan a favor de la gente”, sostiene su presidenta Karina Oliva.

En ese sentido plantean que la dicotomía actual no es entre “derecha e izquierda, sino que del mercado versus los ciudadanos”. Reconocen en movimientos como el Podemos de España una fuente de inspiración y además esperan concretar alianzas con movimientos similares en países vecinos como Bolivia.

Dentro de sus integrantes se cuentan ex adherentes de las candidaturas presidenciales de Marcel Claude, Franco Parisi y Alfredo Sfeir y esperan concretar antes de 2016 el trámite para ser partido político legalizado. Consolidar la Izquierda Ciudadana En la Nueva Mayoría se registra un caso especial porque si bien la Izquierda Ciudadana tiene un pasado como partido político cuando su nombre era Izquierda Cristiana, decidieron reinscribirse para legalizar su nueva situación.

Diego Ancalao, presidente de IC comenta las aspiraciones de su colectividad al interior del oficialismo, “nosotros vamos a los pactos de la Nueva Mayoría en las municipales, presentaremos candidatos a nivel nacional aunque esperamos concentrarnos en los extremos norte y sur”.

Ancalao agrega que la experiencia del partido al interior de la Nueva Mayoría ha sido satisfactoria, “en lo personal he aprendido mucho, pero siento que falta un poco de coordinación para llegar con las reformas al ciudadano de a pie”, sostuvo.

El dirigente subraya además que son “el primer partido realmente plurinacional del país, con al menos 400 militantes indígenas”. Además esperan consolidarse como un referente a nivel universitario para lo cual han iniciado un trabajo de despliegue en diversas casas de estudio.

El camino de “Igualdad” y los “Liberales” Por su parte, el partido Liberal, cuya figura más visible es el diputado Vlado Mirosevic, también intenta recuperar su estatus de legal y para eso ya han iniciado el trámite ante el Servel.

A juicio del parlamentario el objetivo primero es lograr reconocimiento legal en Arica y Parinacota para después conseguir lo propio en otras regiones. Para ello han desplegado puntos para recolectar adherentes de la manera “clásica”, es decir, en diversos puntos centrales de las capitales regionales de Chile para que la gente se acerque a firmar. 

Finalmente el Partido Igualdad, sin Roxana Miranda entre sus filas, también espera concretar este paso ante el Servicio Electoral.

Sus objetivos principales siguen siendo impulsar la creación de una Asamblea Constituyente y crear alianzas con organizaciones de trabajadores y estudiantiles. Por lo mismo, mientras reúnen las firmas exigidas por el Servel, continúan participando de diversas movilizaciones contra las AFP, laborales, estudiantiles y contra los casos de corrupción que se han destapado durante los últimos meses.
Envío:ResumenLatinoamericano




Las condiciones del plan de austeridad fiscal y de la fascistización en Chile

“(La burguesía) En lo sucesivo, está condenada a mantener formas dictatoriales de gobierno y a imposibilitar la instauración de un régimen democrático que permita la libre competencia para retener o alcanzar el poder político…”
Joan Garcés, uno de los principales asesores de Salvador Allende en la UP

“…el gobierno alemán, incluida su ala socialdemócrata, ha dilapidado en una noche todo el capital político que una mejor Alemania había acumulado en medio siglo. Y con “mejor” quiero decir una Alemania caracterizada por una mayor sensibilidad política…”
Jürgen Habermas, luego de la restructuración de la deuda griega

Andrés Figueroa Cornejo
Primero.
Segundo.
La crisis multidimensional del capitalismo está asociada, entre otras variables, al desenvolvimiento del imperialismo financiero y especulativo; a la tendencia a la baja de la tasa de ganancia del capital cada vez más concentrado y monopólico; a sus combates interimperialistas e intercapitalistas; a la deuda impagable; al incremento de la represión, del asesinato, de la vigilancia y del encarcelamiento precautorio o por sospecha; al saqueo de la biodiversidad; al derretimiento de los cascos polares; a la deslocalización de sus inversiones hacia paraísos fiscales y paraísos de trabajo barato y materias primas a precio de feria; a la naturalización social de la ausencia de libertad y de igualdad; a la promoción del racismo como ideología necesaria para justificar la súper explotación del trabajo humano; a la pérdida y vaciamiento de sentido de personas y comunidades; a la ampliación desesperada tanto del fetichismo del capital financiero en cualquiera de sus formas, como de las mercancías y servicios de obsolescencia programada que gatillan deuda automática y alienación. A la estandarización planetaria de la banalidad y del consumo propalado por la estrategia de la saturación por los medios de comunicación de masas; al ocaso de las democracias burguesas-liberales, de los Estados de Bienestar, de los “pactos sociales” y de los modos de la socialdemocracia y el progresismo; a la inexistencia todavía de un proyecto revolucionario y popular que ofrezca unidad política y horizonte de sentido a los pueblos, condición sin la cual resulta imposible dar combate eficiente política, épica, ética y estéticamente, modificar el sentido común impuesto por los pocos que mandan y pasar a la ofensiva. Y toda lucha defensiva, en términos estratégicos, no puede superar las condiciones impuestas por la ofensiva de la dictadura del capital.
La numeración anterior funciona como totalidad dinámica y se funda sobre la fuerza y los intereses de la clase social minoritaria que oprime a la mayoría humana. Asimismo, como históricamente ocurre, la industria armamentista produce las doctrinas y tecnologías de punta para matar, avasallar y construir, distraer (Internet), controlar y organizar contradictoriamente el sistema-mundo capitalista.
Nunca antes estuvo más claro que no existe una diferencia o siquiera una contradicción relevante entre los Estados capitalistas y el movimiento real del capital, entre Estado y mercado, entre el Estado capitalista y el gran capital privado. Esto quiere decir, por ejemplo, que sólo en el momento del análisis existe la deuda pública y la deuda privada.
El imperialismo financiero se expande mundialmente, pero tiene sus puestos de mando en el imperialismo norteamericano, el alemán, el francés, el chino, el inglés, el japonés. Los imperialismos se revelan y distinguen por la condición de sobrevida de los dominados/as y su hegemonía bursátil.
El cuerpo mancillado de una mujer empobrecida, africana, asiática, originaria, latinoamericana, del sur de Europa, de los costados miserables de EE.UU., de las maquilas chinas e hindúes, de los pueblos de Palestina, el Sahara Occidental, Kurdistán, etc., son la representación intolerable y clara de la ocupación corporal del crimen imperialista y colonial, de la cuchillada repetida  asestada por el patriarca.
La naturaleza también es una mujer violada una y otra vez. Los pobres de la Tierra somos una mujer violada por la razón desarrollista de la ganancia infinita e imposible. Grecia es una mujer violada. África, Medio Oriente, América Latina, Indochina y etcétera, son mujeres despedazadas. Los niños/as, los jóvenes, el pueblo trabajador, los migrantes, los bosques degollados, el agua sacrificada al extractivismo, la biósfera rota, son una mujer descuartizada en la plaza pública del mundo.

Tercero
En plena trayectoria del capitalismo especulativo mundializado, existen Estados capitalistas centrales y sociedades periféricas. O imperialismos que se sirven de sus Estados y de las economías dependientes cuyos Estados permanecen subordinados al imperialismo que les tocó por maldición.
La dependencia de Chile es básicamente bipolar y desigual: primero Estados Unidos y luego China. Para el caso, no importa gran cosa que, de ambas dependencias, una parezca más política que comercial y la otra más comercial que política. Los grandes capitales entre Estados Unidos y China (integración conflictiva) mantienen flujos financieros, comerciales y productivos intervinculados, como si fueran parientes que se enseñan los dientes atómicos por la mañana y comparten la habitación por la noche. No duermen tranquilos. Pero hoy por hoy, nadie duerme tranquilo.

Cuarto
Bachelet, como el conjunto del sistema político dominante, necesita que la corrupción en vitrina sea subsumida rápidamente por la peste del olvido entre la gente. Lamentablemente para el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y tal como lo indicó el secretario ejecutivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, respecto de la corrupción política, los chilenos tienen “un umbral de tolerancia bastante bajo”.
Sin embargo, la presidenta chilena requiere “un segundo tiempo” ordenado, donde las encuestas aprueben su administración, al menos por un 30%. Ese es el trabajo que le encomendó el Pentágono: colaborar con la gobernabilidad para beneficio del gran capital y que el chorreo, que ya no existe salvo en la forma de un endeudamiento cada vez más acotado, cubra de algún modo las demandas sociales más visibles, como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el ambientalismo, la resistencia mapuche. Que cubra de algún modo dichas demandas del movimiento popular descoyuntado significa intentar apagar un incendio amazónico con un extintor doméstico.
Pues bien, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), institucionalidad que representa los intereses del capital transnacional y combinado en Chile, comporta una de las direcciones sustantivas para entender el comportamiento del Ejecutivo y del Legislativo. La CPC no se trata de una organización realmente distinta que el Estado y que el propio gobierno de turno. El Estado de Chile es de contenido burgués y capitalista. Por eso festeja al ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y al del Interior, Jorge Burgos. Porque son sujetos que calzan geométricamente con sus intereses. Entonces la CPC pone las condiciones al Ejecutivo, incluso cuando se trata de su propio Ejecutivo. Para ello cuenta con los plenos poderes de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y las policías, y la cúpula ultra conservadora de la Iglesia Católica chilena. El país, como parte de un sistema integral de dominación, condensa la totalidad opresora del globo a escala local. Bajo similar gramática, la lucha de clases se expresa en todas las instituciones que soportan y reproducen la arquitectura capitalista. Que la lucha de clases se exprese en todas las instituciones sistémicas no quiere decir que de ellas mismas saldrán las pistas de una sociedad superadora del capitalismo. ¿Cómo podrían resolverse conflictivamente los intereses antagónicos entre opresores y oprimidos a favor de la mayoría humana al interior más poderoso de los eslabones del capitalismo? Concentrar las fuerzas sociales (que aún se mantienen en una situación de resistencia) dentro de las instituciones capitalistas es como creer que los pilares del capital contienen una cláusula secreta de auto-desintegración. Al respecto, sólo basta evocar la tragedia del 11 de septiembre de 1973, y detenerse en un texto del principal asesor de Salvador Allende, el español Joan Garcés, escrito en 1976: “(La burguesía) En lo sucesivo, está condenada a mantener formas dictatoriales de gobierno y a imposibilitar la instauración de un régimen democrático que permita la libre competencia para retener o alcanzar el poder político…”.
Lo demás es puro posibilismo político; mistificación de una democracia burguesa que ni siquiera existe en la presente fase del capitalismo y menos aún en los países periféricos como Chile; la subestimación de la conducta y de los aprendizajes acumulados por el propio capital; la franca capitulación y renuncia a la creación de fuerzas y del proyecto político para que los todos/as sean el poder repartido y socializado mañana.

Quinto
Ahora mismo, el Estado capitalista y dependiente chileno, en un solo momento con las fracciones dominantes del gran capital, “socializan” las formas de la llamada “seguridad ciudadana”. La fascistización de la sociedad chilena y especialmente direccionada hacia sus sectores medios y medio empobrecidos, pareciera no bastar con el poderío de las FFAA y las policías y su despliegue para prevenir eventuales estallidos sociales. Un régimen cuartelario como el de Chile,  para asegurar la maximización de la renta capitalista, necesita que la propia sociedad civil se autovigile con el argumento muy bien publicitado por los medios masivos de comunicación y los relatos por arriba, de “protegerse de la delincuencia”. El terror y el miedo devenido de “la percepción” construida mediáticamente, ha facultado al gobierno y a los municipios para la implementación y “democratización” de múltiples dispositivos  de seguridad que antes sólo empleaban los bancos y el retailer.
Si durante la Unidad Popular, las Juntas de Abastecimiento Popular (JAP) y de distribución directa para hacer frente al mercado negro y al acaparamiento de mercancías como parte de la política imperialista para acelerar la caída de Salvador Allende; y en el ciclo de protestas contra la tiranía en los 80’ del siglo XX se autogestionaron modos de organización popular, como el “Comprando Juntos”, para sortear colectivamente y desde abajo el hambre; hoy la colaboración mutua se intenta desplazar exclusivamente al campo de la seguridad. Leal reflejo del propio desplazamiento presupuestario del Estado desde sus reparticiones  destacadas a los derechos sociales hacia el campo de la seguridad interior en los ámbitos del fortalecimiento de las policías, la justicia, el subsidio y privatización carcelaria, Defensa, Interior, etc. El objetivo subyacente no es un misterio: el mandato es que el orden debe homologar la delincuencia con la insubordinación y desobediencia civil. La delincuencia, fenómeno propio de las relaciones sociales capitalistas, tiene necesariamente que igualarse al castigo contra la acción política organizada que enfrenta al capital. En consecuencia, la fascistización de la sociedad chilena, o el proyecto de éxito relativo de la ultraderecha sintetizado en la “UDI popular” (https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Dem%C3%B3crata_Independiente), es apalancado por el gobierno de la Nueva Mayoría, con la correlativa creación de demanda para el negocio de la seguridad y los guardias privados, donde sus dueños y miembros son normalmente uniformados en retiro.
El gasto fiscal en Defensa  (FFAA), como en la seguridad interior del Estado, contienen el mismo sentido. Como Chile es plataforma financiera y comercial para un segmento de América Latina, el fin es proteger las inversiones del capital en los países vecinos hacia afuera, y a la vecindad barrial hacia adentro. De ahí, por ejemplo, el fetiche del mall como espacio privilegiado del intercambio y consumo real o virtual de los bienes y servicios.

Sexto
En la actualidad, la población de Chile sufre un ajuste estructural antipopular. O como se nombra ahora, “plan de austeridad fiscal”. Si ya las reformas comprometidas por la campaña de la Nueva Mayoría no tocaban ninguna cuerda significativa del vanguardismo capitalista chileno, hoy Bachelet y su gabinete han señalado una y otra vez, que las reformas (descafeinadas por minuto) simplemente no se realizarán. No habrá educación gratuita ni de excelencia, no habrá modificaciones a favor del trabajo, no habrá proceso constituyente, no habrá impuestos relevantes para el empresariado. Los ahorros fiscales (calculados en alrededor de USD50 mil millones y colocados en el sistema financiero mundial) sólo se emplearán como reserva estratégica para el gran capital.
Está en curso y se intensificará la agenda y el programa de la comandancia en jefe del capital. Y como es tradición mundial y nacional, el ajuste estructural cae sobre el pueblo trabajador y la sociedad en su conjunto. La crisis de los amos se realiza en la socialización de sus efectos entre los esclavos.
El derrumbe de los precios de las materias primas y commodities, superiores garantías para la inversión, trabajo más precario todavía, aumento de la cesantía (va en 6.6% según las cuestionadas mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y se incrementará de acuerdo a la propia entidad), del empleo-basura y de la flexibilidad laboral; detener la inflación que se acerca a un 4% anual, el impacto que tendrá en las exportaciones la depreciación de la moneda chilena con la inminente alza de las tasas de interés del Banco Central norteamericano (FED), etc., son parte, tanto  de la realidad, como del relato en ejecución de los mandarines.
Sobre la cesantía, el retailer, uno de los sectores más dinámicos de la economía, ha arrojado a la calle a alrededor de 7 mil asalariados/as en un año, según la Asociación de Trabajadores del Comercio. Cifras mayores anota la minería grande, mediana y pequeña, el extractivismo en general, la metal-mecánica y la siderúrgica locales. El aumento del trabajo a cuenta propia se expresa mediante la amplificación de la venta de cualquier cosa en la vía pública y las ferias populares. Los servicios financieros, telefónicos y el subcontratismo encogen tanto sus planillas laborales, como los sueldos, mientras la polifuncionalidad y el pago a través de boletas de honorarios hacen nata.
La mayoría de los hogares ha comenzado a dejar de endeudarse con los bancos comerciales (0.2 puntos porcentuales el trimestre abril-junio respecto del trimestre anterior). La gente privilegia la compra de bienes de primera necesidad que de artículos suntuarios. Los que antes podían salir a comer fuera de casa, ahora empiezan a hacerlo dentro.  La comida chatarra y los fideos con salsa amplían su consumo. Y en el centro de Santiago, no hay bote de basura que no sea meticulosamente registrado por los que no tienen nada.
El poder le llama desaceleración económica a la baja de todos los índices de mejoramiento macroeconómico. De todos modos, cuando se suceden ciclos donde ascienden esos índices, ello sólo redunda en un mayor endeudamiento de los trabajadores/as.
El plan de austeridad fiscal para el pueblo griego tuvo su origen en la deuda creada por Alemania y Francia. El Estado chileno cancela religiosamente la deuda externa. Las formas que adopta el plan de austeridad en Chile tienen que ver con el empobrecimiento sistemático de los derechos sociales, las inequidades en todos los campos, la no ejecución siquiera de las reformas-bonsái prometidas por la administración Bachelet; la reestructuración presupuestaria y el encarecimiento del costo de la vida.
En la madrugada del pasado 24 de julio, uno de los obreros de la Confederación de Trabajadores del Cobre (subcontratismo del sector), Nelson Quichillao López, en medio de la huelga que llevan adelante, fue asesinado a balazos por las Fuerzas Especiales de Carabineros. 
También la represión criminal del Estado se hace parte de las formas que  adquiere el plan de austeridad fiscal en Chile.
Envío:Andrés Figueroa Cornejo




CTC: “En Chile están dispuestos a mancharse las manos con sangre si un trabajador está en huelga”‏ 
Resumen Latinoamericano / 25 de julio de 2015 –

Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, rechazó la versión entregada por Carabineros sobre la muerte de Nelson Quichillao López, manifestando su preocupación porque la postura de la policía “es casi respaldada y justificada por altas autoridades políticas”.

Manuel Ahumada es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. En entrevista con eldesconcierto.cl, el dirigente se refirió a la muerte del trabajador Nelson Quichillao López, de 47 años, a manos de Fuerzas Especiales. El obrero contratista participaba de la cuarta jornada de movilizaciones cuando recibió el impacto de tres balas en su pecho, que terminaron con su vida.

Durante esta mañana denunciaron la muerte de Nelson Quichillao responsabilizando a Carabineros por el hecho. ¿Qué pasos siguen ahora?
Ahora estamos en Fiscalía, con la Policía de Investigaciones, entregando evidencias y testimonios de lo vivido anoche, junto a otros dirigentes sindicales del país, que estuvieron a unos 30 metros de lo sucedido. Estamos entregando cerca de 17 casquetes de balas de 9 milímetros, lo que refleja que las Fuerzas Especiales dispararon y vaciaron sus armas de servicio en contra de los trabajadores movilizados. Todo ese testimonio se está otorgando para que se haga justicia en base a los responsables materiales y también a las responsabilidades políticas.

La versión que Carabineros dio a conocer en una declaración pública apunta a que los uniformados dispararon para evitar un supuesto ataque de los trabajadores con maquinaria pesada. ¿Qué opinas de ese testimonio? 
Eso no es así y eso es parte de los testimonios que se están entregando de parte de los mismos trabajadores que estuvieron ahí. También están entregando las evidencias al respecto, pero llama la atención que el parte que Carabineros entregó es casi respaldado y justificado por altas autoridades políticas y eso es inaceptable.

El ministro Burgos señaló que la policía intentaba despejar la carretera pública. 
De alguna manera aquí el ministro justifica incluso la muerte de trabajadores. Ese es el país en el que estamos viviendo y nosotros no nos vamos a dejar amedrentar por aquellos, somos los encargados de empujar esto, de empujar los cambios. El movimiento por el cual nos asesinaron un trabajador lo vamos a mantener, no vamos a permitir que esta muerte sea en vano. Y mantenemos la convicción de instalar una mesa de diálogo de conversación, porque mira qué fácil se podría haber resuelto esto desde un principio, no hubiésemos tenido la necesidad de llegar a un conflicto, pero esas mesas de diálogo tienen que mantener ciertas condiciones. Los trabajadores no nos vamos a ir a sentar con una empresa que hoy está siendo encabezada por un personaje que tiene sus manos y su consciencia manchada con sangre. Aquí se requiere la intervención de altas autoridades, pero también esperamos que ellos tampoco tengan sus manos manchadas. Esto condiciona sin duda la posición de los trabajadores.

¿Cómo analizan el uso de armas de fuego, por parte de Carabineros, en una protesta de trabajadores? 
El tema va mucho más allá: Carabineros no tiene nada que hacer en un conflicto laboral, para eso existen otros mecanismos. En Chile parece ser un pecado capital, están dispuestos a mancharse las manos con sangre si un trabajador ejerce su derecho a paro y huelga. Los conflictos laborales se resuelven de acuerdo a la fuerza que tiene el empresariado y la que tenemos los trabajadores.

La muerte de Nelson recuerda a muchos lo ocurrido con Rodrigo Cisterna, el trabajador forestal que fue asesinado por la policía durante el primer gobierno de Bachelet…
Así es y de alguna manera se van repitiendo ciertos hechos. Lamentablemente ha sido así la historia del movimiento obrero, ha sido permanentemente derramada sangre. Hoy, cuando los trabajadores y el pueblo de Chile están exigiendo construir una sociedad distinta, siguen sucediendo estas cosas. Es brutal, pero no nos van a doblegar. Hemos sobrevivido a la dictadura, a la represión y a la masacre.

¿Cómo enfrentan, en plena movilización, un golpe tan duro para el movimiento obrero y sus familias?
Sin duda es muy duro. Recordemos que han intentado instalar campañas y estrategias comunicacionales brutales, que son igual de violentas. Se menosprecia a los trabajadores contratistas de la minería, la principal fuerza laboral de ésta, de más de dos tercios. O sea, de 100 trabajadores, 71 son contratistas y somos lo más precarizados. Hay unos a los que contratan por un menos de un mes, pese a que somos los trabajadores que hoy generamos el más alto valor para las riquezas de nuestro país, que se distribuye entre altos ejecutivos de la minería. Hemos logrado instalar un instrumento colectivo que genera mejores condiciones para los trabajadores y que resuelve cosas importantes del mismo quehacer de esta empresa de todos los chilenos.

¿Cuál es la situación de los otros trabajadores que resultaron heridos tras el actuar de Carabineros? 
Hay otro compañero herido que fue trasladado a Copiapó para un escáner, porque tiene un perdigón en una de sus pómulos, que le generó fracturas y está aún alojado, además de perdigones en otros lados del cuerpo. Aparte hay otros trabajadores con caderas rotas, porque les dispararon lacrimógenas a quemarropa, también heridas por perdigones y balines de acero.
Envío:ResumenLatinoamericano

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