Pasaron más de nueve años desde el incendio del taller clandestino instalado en la calle Luis Viale 1269, y poco más de tres meses desde el incendio en Páez al 2700 en el que murieron Rodrigo y Rolando Mur Menchaca, dos niños de 7 y 10 años. Desde entonces, el gobierno nacional a través de la AFIP y desde el Ministerio de Trabajo se han ocupado de hacer allanamientos en propiedades devenidas en talleres clandestinos. Una tarea que el Gobierno de la Ciudad se excusa de hacer argumentando que “en los talleres clandestinos se enojan cuando se los clausura”, como señaló el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, desconociendo (?) la responsabilidad que le cabe. Así todo, los incendios siguieron.
El inspector de Trabajo del gobierno porteño, Edgardo Castro, denunció que el macrismo inició un “doble juego” contra talleres textiles de la comunidad boliviana “que no están en el circuito de la mafia que el macrismo protege”, mientras que envían punteros políticos del PRO a asesorar a los talleristas para que pidan que cesen las clausuras para evitar que la gente se quede sin empleo”.
La mafia de los talleristas a los que refiere el ing. Castro está solidariamente ligada a los fabricantes, que no pueden esquivar su responsabilidad.
Ezequiel Conde, presidente de la cooperativa que desde el año pasado produce la marca SOHO “sin trabajo esclavo”, luego de incansables denuncias presentadas contra los dueños que cargaban con deudas millonarias y una veintena de pedidos de quiebra, señala, en diálogo con Miradas al Sur, que “en los medios aparece este tema cuando hay muertos o como en el caso del taller de Madariaga, donde se prendió fuego una nena y ahora le van a mutilar los deditos por el incendio”, en referencia al incendio ocurrido el 23 de julio en una vivienda de la calle Madariaga 6409/11, en el barrio porteño de Lugano, donde funcionaba un taller textil y tuvo como víctimas a un bebé de 11 meses con quemaduras del 40% de sus cuerpo con riesgo de ser amputado y a una nena de 3 años.
Denuncias
La organización La Alameda ha denunciado y demostrado la existencia de al menos 155 talleres clandestinos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Del costo final de la prenda, se paga al tallerista apenas entre un 2% y un 3%. Y se produce en talleres clandestinos tanto la producción de La Salada o de venta callejera como la de las grandes marcas. “La misma CAME reconoció que el 80% de la industria textil se realiza en estos tipos de talleres. La parte del león se la llevan siempre los que figuran como fabricantes”, señala Conde.
A un costo muy alto, sin embargo, se ha logrado la visibilización de un problema complejo que parecía no importar a nadie.
“En los casos en que la Justicia metió presos a talleristas por trata, nunca se ocuparon las víctimas, aunque existe un protocolo claro”, reclama y revela que cuando se cierra un taller, el tallerista lo mete inmediatamente en otro, “porque son justamente redes de talleristas y no pequeños talleres aislados de familias que pusieron una maquinita y en realidad estaban tratando de sobrevivir, como dicen”. Conde habla directamente de mafia organizada.
“Cuando Macri dice que si clausura se enojan –subraya Conde–, hay que tener presente que lo está diciendo una persona cuyo entorno más íntimo basa su producción en talleres clandestinos, denunciado, filmado y comprobado por la Subsecretaría de Trabajo. Desde ahí, cualquier cosa que diga deberá ser tomada con pinzas porque parte del enriquecimiento de la señora Juliana Awada es de la sangre de los costureros de talleres clandestinos.”
Todo este sistema que genera millones de pesos se alimenta principalmente de la indefensión del inmigrante, que queda atrapado en su concepción. Ninguna otra persona aceptaría hacerlo en esas condiciones, esa cantidad de horas y por esa paga.
Juan Vásquez tiene hoy 34 años, llegó a Buenos Aires a los 9, con su mamá y su hermano de 7 años. Su padre había llegado un año antes para preparar el terreno donde recibir a su familia, que se endeudaría poniendo como garantía un pequeño espacio que tenían en Bolivia para pagar pasajes y otros costos y esperando poder levantar pronto esa deuda.
Pero al llegar, el padre había podido preparar muy poco. Y ellos cuatro más un tío de Juan tuvieron que dormir en una cucheta plantada en medio de un pasillo del taller donde trabajaba su padre. No pudieron devolver el dinero y perdieron lo que tenían también allá.
Todo fue muy difícil. Pasaron meses hasta que pasaron a otro taller donde les daban una habitación. “Un costurero se pasa trabajando de 14 a 16 horas diarias.”
El sistema es un crimen
El glamour y su lado negro. Juliana Awada fue denunciada por La Alameda por trabajo esclavo. Según CAME, el 80% de la actividad del sector textil en Argentina se realiza con trabajo informal, a través de talleres ilegales y mano de obra no regularizada.
Esta industria se basa en la contratación de inmigrantes porque es gente que ha quedado indefensa al cortar lazos con el entorno más cercano –revela Juan–. Cuando llegás te dicen: acá vas a comer, acá a dormir, acá a trabajar, la paga es así, la comida es así. A lo que se suma que generalmente el migrante no tiene vuelta atrás, además sos la esperanza y expectativa de tu familia que esperan que crezcas y les mandes plata. Asumís esas condiciones y las naturalizás. Después, empieza la proyección. Sabés cómo se maneja y querés pasar a ser tallerista”. Juan trabajó durante años en un taller clandestino haciendo prendas para Cheeky, Montagne, Kosiuko, Le coq y Chocolate, entre otras, revela que en Montagne ponían etiquetas de “Made in Australia”. Pero Juan ha montado un medio, El visor boliviano (http://www.elvisorboliviano.com) e integra el colectivo Simbiosis, un espacio que comenzó siendo un lugar donde hacer catarsis y se va convirtiendo en territorio de resistencia, de contención y de toma de conciencia. “En una de las reuniones hicimos un juego de roles para que el grupo tomara conciencia de cómo se maneja el negocio”.
En ese juego le pedían a un costurero que se posicionara como tallerista y explicara cómo repartiría los 3 pesos que le daría un fabricante por cada remera simple de un total de mil encargadas para una semana si contara con 10 costureros. La respuesta fue que daría: un peso por prenda a cada costurero, un peso para costos como telas y alquileres y el otro sería su ganancia. Así, Juan le hizo comprender al costurero que al finalizar la semana, por ese trabajo realizado, cada costurero recibiría $100; el tallerista $2000 y el fabricante, vendiendo cada remera a $100 y descontando el costo pagado al taller clandestino, levantaría $97.000.
LA SALADA. El legislador Gustavo Vera indicó que 50 mil talleres clandestinos abstecen a la feria. Los tours de compra llegan tanto de países limítrofes como de Misiones o Jujuy. Existen denuncias de que en estos micros se trafican costureros y droga.
En ese sentido, Conde señala que “se tiene que agarrar de arriba para abajo para que se pueda avanzar en la problemática”. No cree que las cooperativas sean la solución, “porque lo que se debe hacer es un blanqueo de los costureros para que puedan tener un salario como corresponde a cualquier trabajador con todos los puntos del convenio”. Y apunta a que se instrumente la conformación de polos textiles donde poder instalar pequeñas fábricas “totalmente administradas por el Estado que tiene que administrarlas para que no se transformen en nuevos talleres regidos por la ley del más fuerte”. Para Conde, el Estado debe acompañar garantizando que funcionen los principios cooperativos. No cree que sea una tarea fácil pero es conciente de que hallar una solución exige un compromiso de toda la comunidad, y principalmente de las autoridades. “Nosotros nos encontramos con una serie de cosas que no manejábamos y tuvimos que capacitarnos para ponernos al frente; imaginate lo que debe encarar la víctima inmersa en un contexto de trabajo esclavo”.
Inspecciones | La AFIP, más efectiva que Trabajo
Afines de abril, dos chicos fallecieron por asfixia, a causa de un incendio, en un taller textil clandestino en el barrio de Flores. El jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se excusó afirmando: “Salvo que el fiscal nos pida que hagamos algo, no podemos hacer nada. Sólo nos hizo una pregunta y fue si este lugar tenía habilitación. Le dijimos que no y listo”.
Edgardo Castro, inspector de la Ciudad, dejó en evidencia las pobres explicaciones de Larreta: “Su Secretaría de Trabajo tiene el monopolio del poder de policía del trabajo en el ámbito porteño y se canaliza a través o no de la Justicia”.
Desde 2006, la Secretaría de Trabajo puede ingresar en casas particulares donde sospechan que puede haber trata, de acuerdo con la Ley de Trabajo a domicilio Nº 12.713.
La Ley dice: “El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume la totalidad de las facultades en lo que a registro, fiscalización y control laboral se refiere”.
La Ciudad se ocupa de las habilitaciones y es el primer contralor. El ministerio del Interior se encarga de la inmigración ilegal y la AFIP, junto a la Aduana, de la evasión impositiva y derechos de marca. También existe desde 2013 la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Para el abogado de La Alameda, Carlos Beizhun, “los talleres clandestinos siguen proliferando y el Gobierno de la Ciudad ha sido complaciente”.
Desde la AFIP se han realizado varios allanamientos y denuncias penales. Por lo general, en forma conjunta con Migraciones y Gendarmería Nacional. La Agencia recibe denuncias anónimas por personal no declarado e interviene ante las irregularidades impositivas. Al parecer, la administración de recaudación es más eficiente que quienes deben velar por el trabajador.
Fuente:MiradasalSur
No hay comentarios:
Publicar un comentario