Resumen Latinoamericano /El Ciudadano /27 de julio 2015,.
“Condena cantada” es como en Paraguay se refieren a un juicio cuyo resultado ha sido decidido de antemano de acuerdo a intereses extrajudiciales. Contra un juicio que viene con condena cantada es que se levantó la iniciativa Somos Observadores de Curuguaty, una campaña ciudadana nacional e internacional de vigilancia al juicio oral de la masacre de Curuguaty, el cual ha sido pospuesto por tercera vez en ya casi dos años. La última fecha dada por el tribunal para su realización será este lunes 27 de julio de 2015 en la ciudad de Asunción.
En este juicio la fiscalía intentará castigar a 13 campesinos y campesinas por la masacre de Curuguaty. En la mañana del 15 de junio de 2012, en la zona de Marinakue, cerca de 350 policías fuertemente armados, en vehículos, a pie y a caballo, con un helicóptero, ingresaron a desalojar a cerca de 60 campesinos –incluyendo mujeres y niños- quienes ocupaban esa tierra exigiendo que fuera recuperada por el Estado para la reforma agraria. En medio del diálogo entre la policía y una delegación campesina se inició un tiroteo que dejó 17 muertos, 11 campesinos y seis policías. La Fiscalía investigó solo la muerte de los seis policías caídos ese día. Los asesinatos de los campesinos no fueron investigados por la fiscalía, pese a las pruebas que indican la ejecución de la mayoría de ellos por la policía. Esa masacre fue el detonante para el juicio parlamentario que destituyó al entonces presidente Fernando Lugo. Este hecho ha sido llamado “golpe parlamentario” por la prensa nacional e internacional.
La no investigación del asesinato de campesinos y muchas otras irregularidades más han venido construyendo, a ojos de la sociedad paraguaya, esta “condena cantada”. Estas “condenas cantadas” son habituales en la vida judicial paraguaya.
Las irregularidades abarcan todo el proceso judicial, desde la recolección de pruebas hasta los procedimientos de acusación y audiencia preliminar. La fiscalía ocultó evidencias, incluyendo balas de calibre de uso policial recolectadas en la “escena del crimen”, no investigó las denuncias de torturas y ejecuciones de campesinos. También fue ilegalmente añadida evidencia falsa –como una escopeta robada en una ciudad lejos del lugar de los hechos, días después de la masacre, cuyo robo fue denunciado, y que fue incorporada a las pruebas por la fiscalía, pruebas que en general fueron presentadas a bulto y sin que la defensa tuviera acceso a ellas, como la ley exige. La jueza de garantías realizó una conferencia de prensa contra los abogados defensores cuando estos le recusaron durante la audiencia preliminar del caso el año 2013. Las irregularidades abarcan todo el proceso judicial, desde la recolección de pruebas hasta los procedimientos de acusación y audiencia preliminar.
En el mes de mayo, una serie de personalidades y ciudadanos de Paraguay –incluyendo artistas, actores, religiosos, feministas e intelectuales- propusieron a la sociedad toda ser “Observadora” del juicio, para asegurar su trasparencia, que sea efectivamente un juicio público, el cumplimiento y respeto del debido procedimiento y de las garantías a la defensa. Somos Observadores sostiene que la presencia de público, de referentes nacionales e internacionales del ámbito del derecho y los derechos humanos y en general de cualquier ciudadano de a pie en el juicio, ayudará a impedir maniobras oscuras e irregulares que hagan posible la “condena cantada”.
Una activista de la campaña, Sandra González, llegó a ella porque pensó “que no se podía dar la injusticia sin que la ciudadanía colocase que estamos pendientes, que somos más que los familiares, más que las organizaciones que acompañan desde el día uno todas las acciones, que somos más que unos abogados y abogadas… que cada ciudadana y ciudadano que crea en la justicia, puede y debe participar, conocer al caso de cerca, seguir el juicio, apelar a la independencia, a la transparencia y a la imparcialidad.”
El cineasta Marcelo Martinessi, director de Televisión América Latina, es una de las figuras públicas que ha declarado que será observador del juicio. Como muchos de los observadores de Curuguaty, Martinessi ha publicado una foto con el logo de la campaña en las redes sociales.
“El caso Curuguaty necesita que tomemos postura” señaló. “Y Somos Observadores es una forma de hacerlo. Lo otro es permanecer indiferentes, callados, es la inercia, el ‘no te metas’ que avaló prácticas nefastas, injustas y criminales, en los momentos más oscuros de nuestra historia”.
“Se ve que están activos ahí y veo que cada vez se suman más observadores” Dijo la estudiante Jeruti Bareiro, quien se enteró de la campaña por las redes sociales y cree que “Si su propósito es presionar y hacerse presente, creo que ya lo logró de hecho, pero no creo que depende solamente de la campaña el lograr justicia para Curuguaty”.
Lanzada públicamente a principios de junio, con ya más de dos mil personas inscritas como observadoras en el sitio web de la campaña y han publicado fotos suyas con el logo de la campaña y la consigna Somos Observadores
Somos Observadores recoge firmas y compromisos de participación observadora en el juicio mediante su página web y en las redes sociales, aunque sus actividades principales son en las calles, plazas y eventos de Asunción y otras ciudades de Paraguay, así como también ha sido presentada en otras ciudades del mundo, como Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Rio de janeiro. Incluso durante la participación de la selección paraguaya de fútbol en la Copa América Chile 2015, se realizó una acción de apoyo a Somos Observadores y en demanda de justicia y libertad para los y las acusadas de Marinakue en la ciudad de La Serena, lugar de concentración de esa selección.
Durante el juicio los observadores seguirán el proceso mediante las redes sociales, las que mantendrán permanentemente actualizadas. También asistirán al juicio para asegurarse de que toda la información sea compartida tanto como sea posible, para que la ciudadanía tome medidas si el juicio no es justo.
“La suspensión (del juicio) no nos ayuda, porque queremos para los 11 campesinos asesinados, no sólo para los seis policías” dice Diana Rivarola, activista de la campaña “Tengo la esperanza de que se anule este proceso”. Acción noviolenta durante visita del papa Francisco I donde vecinos de un edificio del centro de Asunción usaron sus ventanas para hacer un gigantesco cartel. (WNV/Fotociclo)
Por Pelao Carvallo
PARAGUAY.
Entrevista a testigo presencial del Juicio por la Masacre de Curuguaty
Por Sebastián Polischuck, Resumen Latinoamericano/ 28 de Julio 2015.-
“La única salida que existe para lograr la libertad de los acusados es no cesar en la movilización”
Ayer 27 de julio arranco el juicio por la masacre de Curuguaty que tiene a 14 campesinos imputados por aquel hecho del 15 de junio del 2012 que dejo un saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos. Por el mismo se imputo solo a los campesinos, pero a ningún policía en una causa con graves irregularidades. Por el hecho fueron procesados los campesinos: Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López Peralta, bajo la causa de tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Otros campesinos como Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería fueron acusados por asociación criminal e invasión de inmueble, y Felipe Nery Urbina está acusado de frustración a la persecución penal. Este juicio quedo suspendido momentáneamente por un pedio de los acusados de renunciar a su defensa actual y al parecer se reanudaría mañana.
Paralelamente a este juicio iniciado por la madrugada, se inició otro a Raquel, (una adolescente en momentos en que sucedió la masacre) y que está acusada por la fiscalía por asociación criminal, invasión de inmueble ajeno y homicidio doloso en grado de tentativa, por la misma causa y donde también se cometieron varias irregularidades. Este último se suspendió y se paso para el 2 de noviembre.
Para ampliar más la información sobre estos juicios por la Masacre de Curuguaty, Resumen Latinoamericano conversó en Paraguay con Fabricio Arnella Secretario General de la Juventud Comunista Paraguaya, quién estuvo presente en este juicio acompañando a los campesinos acusados.
-Fabricio ¿Cuáles son las acusaciones que se les imputan a los campesinos?
Recién salimos del Palacio de Justicia (a eso de las 16hs). Sobre la acusación, la mayoría de los procesados tienen tres tipos de penalidades: Invasión de inmueble ajeno, asociación criminal, homicidio doloso en grado de tentativa. Después hay algunos que están acusados, por ejemplo de homicidio doloso en grado de autor, otros en grado de co-autor y otros en grado de cómplice.
Invasión de inmueble ajeno es la teoría de la fiscalía de que las tierras ocupadas por los campesinos pertenecen a la familia del empresario colorado Blas Riquelme. El tipo penal de invasión de inmueble ajeno se configura cuando el titular manifiesta explícitamente la oposición a que una persona ingrese a su propiedad. Para que haya invasión de inmueble, el propietario tiene que expresar claramente su oposición a que alguien ingrese, pero tiene que ser el titular. Pero al ser las tierras de Marina Kue públicas, del Estado paraguayo, es el Estado paraguayo el que en todo caso debió haber manifestado su oposición a que los campesinos ingresen a las tierras de Marina Kue y eso no ocurrió. Por lo tanto no le configura invasión de inmueble ajeno.
Pero la teoría fiscal es que si las tierras son de los Riquelmes. Todos los estudios demuestran que las tierras fueron donadas en el ’67 por la empresa LIPSA a la armada paraguaya de la marina.
En cuanto a la asociación criminal, esta está vinculada a otro delito que en este caso el de la fiscalía es el de invasión de inmueble. Los campesinos según la fiscalía se organizaron una asociación criminal para invadir un inmueble ajeno.
Y con respecto al delito de homicidio doloso en grado de tentativa, la fiscalía acusa en grado de tentativa porque la misma fiscalía dice que no tiene posibilidades de demostrar quién mato a quién. A raíz de esto dice que lo que dice es que hubo tentativa, intensión premeditada dolosa de acabar con la vida de los policías. Por eso ellos organizaron una emboscada, dice la fiscalía. Y las mujeres funcionaron como señuelos para que se tenga confianza de que ahí no iba a haber un enfrentamiento al haber mujeres y niños. Entonces que dice la fiscalía, los campesinos se organizaron para invadir una propiedad privada, organizaron una asociación criminal en ese sentido y para resistir organizaron una emboscada donde había distintos grados de responsabilidad, los autores, los co-autores y las cómplices que serían las mujeres (los señuelos). Esa es en resumen la teoría de la fiscalía. Por eso hay algunas personas que se exponen a una expectativa de pena máxima de entre los 30 y 40 años de prisión y otros de menos años.
-¿Cuáles fueron los roles de las organizaciones de derechos humanos con respecto a estas acusaciones y cuáles las irregularidades de la causa?
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) ha desmontado totalmente la teoría de la emboscada de una manera categórica. Se requisaron tres armas de fabricación casera, escopetas de perdigones de los campesinos, y las balas retiradas de los policías, balas de fusiles automáticos de grueso calibre, así mismo como las balas que se retiraron de los cuerpos de los campesinos. Tanto campesinos como policías fueron heridos con fusiles automáticos, no con las escopetas caseras rotas que fueron incautadas del lugar de los hechos. En un primer momento, la Fiscalía negó que haya habido fusiles automáticos y luego aparecieron videos y filmaciones de testigos que entregaban los casquillos al fiscal de la causa Jalil Rachid. Entonces estas armas fueron sometidas a un peritaje que demostró que solo una de ellas fueron disparadas en los días recientes al peritaje y otra de las armas estaba rota, fue incautada inservible.
Aún así la fiscalía sostiene que hubo una emboscada de 64 campesinos muy mal armados, enfermos, con mujeres, niños y ancianos a 324 efectivos, del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), que estaban por el sur y por el norte. En dos bloques que atenazaron a ese grupo de 64 campesinos. Es bastante delirante la teoría de la fiscalía de recurrir al tipo de tentativa de homicidio encubriendo su teoría en la práctica.
Incluso, una de las escopetas incautadas e introducida por la fiscalía como prueba había sido denunciada como robada 17 días después de ocurrida la masacre por un propietario. La fiscalía afirma que esa arma fue incautada el día de la masacre. Ahí hay gravísimos errores, ni hablar de lo que muchísimos organismos nacionales e internacionales y el mismo Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya habían expresado. Su preocupación porque la fiscalía abrió una sola línea de investigación sobre la masacre, que es encontrar a los responsables de la muerte de los policías. Sin embargo poco importa a la Fiscalía quien asesinó a los campesinos, cuando hay múltiples evidencias e indicios, pruebas, cruces, llamadas, llamadas telefónica de alguno de los campesinos muertos en aquel 15 de junio, que llamaban a sus familiares aún vivos, siendo que estaban heridos y escondidos en el medio del bosque y después aparecen muertos -al menos 7 de ellos- con heridas de balas en la cabeza, en la cara, en el cuerpo.
Tratando de sintetizar: las tierras de Marina Kue son tierras del Estado paraguayo. Están controvertidas por la empresa Campos Morumbi, propiedad de los Riquelme, en el poder judicial. La fiscalía sostiene de que ahí hubo una emboscada cuando en realidad no hay ninguna sola evidencia. Es más: hay evidencias de todo lo contrario. La fiscalía escondió también el helicóptero de la policía nacional que sobrevoló la zona de la masacre desde las cinco de la mañana, y tiene un sistema de grabación de imágenes no conectado directamente a un servidor que transmite automáticamente las imágenes de la policía. Luego dice que esa filmación no apareció, se perdió.
-¿En relación al juicios de la adolescente, cuál es tu opinión?
Hay una serie de contradicciones que fueron develadas a lo largo de estos tres años y que estaban por ser expuestas en este proceso judicial que ahora queda postergado, ahora recién salimos del Palacio porque se acaba de confirmar la postergación del juicio para el 2 de noviembre del juicio de la adolescente Raquel. Raquel es una de las personas que tiene los tres tipos penales en su contra, pero en carácter de cómplice es el de homicidio y ella fue procesada por el sistema penal adolescente porque tenía 17 años al momento de haber ocurrido la masacre. Su juicio ya fue suspendido hasta el 2 de noviembre. Mañana se reanuda el juicio oral del resto de los 14 procesados, se estima extraoficialmente que es la misma suerte que vamos a correr en el juicio de los adultos porque así ha operado históricamente el poder judicial. Cuando se suspende uno, se suspende el otro también por economía procesal. Son 150 testigos que tienen que testificar en las dos causas. Entonces una se planteaba hacer a la mañana y otra a la tarde, porque son procesos judiciales separados con el mismo tribunal, el mismo fiscal que es Jalil Rachid pero con defensas distintas. Lo más probable es que mañana (martes) se reanude al juicio a las 8hs en el Palacio para oficializar su postergación hasta el 2 de noviembre, porque hasta el 2 de noviembre tiene un poco que ver con este cambio de la defensa. La defensa que asume hoy la causa es la defensa pública, el defensor público de Curuguaty Joaquín Díaz llevaba la defensa de uno de los procesados que es Felipe Nery Urbina, yhoy al renunciar todo el resto de los campesinos a la representación jurídica de Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, provisoriamente asume este defensor público de Curuguaty.
-¿Y puntualmente como se está llevando la causa a Raquel?
A Raquel no se le realizó la evaluación psicológica que es clave en un proceso penal adolescente para saber si el grado de madurez de la procesada, en este caso la hace imputable porque puede tener una edad cronológica superior a su edad mental y eso es un elemento central en un proceso penal a la adolescente según nuestro código procesal penal. Esa evaluación psicológica no se le practicó en la etapa de investigación, por lo tanto según el código procesal penal el juicio es totalmente nulo y ese error es irreparable. No puede ser reparado en esta etapa penal. Ya ha pasado también demasiado tiempo de lo ocurrido, entonces esa es un poco la estrategia de la defensa de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), en este caso representada por Mirta Moragas y Sonia Von Lepel. Eso se da en el caso de Raquel cuyo juicio ya está suspendido oficialmente hasta el 2 de noviembre. Con respecto al resto de los compañeros, hoy nos encontramos con la sorpresa del pedido de renuncia a su defensa a cargo de Vicente Morales y Guillermo Ferreiro.
-Volviendo al juicio a los campesinos adultos ¿Cómo ves ahora este pedido de renuncia a su defensa que tenían hasta el momento y como piensa seguir?
Quien asume la defensa de los compañeros es ahora un abogado de la ciudad de Curuguaty que es Joaquín Díaz, un muy buen defensor público que ya ha tomado defensa a dos de los campesinos en momentos anteriores y ha tenido buen desempeño, ha defendido casos muy complicados de manera bastante correcta. De igual manera es un funcionario del Estado paraguayo, un funcionario del sistema judicial del cual nosotros no tenemos ni la más mínima confianza, por eso ratificamos que la única garantía que tenemos de que se haga justicia y sean liberados todos los compañeros acusados es que haya movilización popular, que haya organización y presencia permanentes de organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales y que haya lucha callejera que pueda dar vuelta este proceso judicial, Así se han dado vuelta otros procesos judiciales, y hemos conseguido ya en este mismo caso a lo largo de tres huelgas de hambre y mucha movilización popular, la prisión domiciliaria de la mayoría de los campesinos.
Hoy el escenario no es el mismo que en otros tiempos pero es el mismo en el sentido en que seguimos firmes en la lucha por la libertad de los compañeros y para que el juicio sea anulado y que haya una investigación que apunte a dar cuenta de lo que realmente ocurrió. Nosotros entendemos que la posibilidad que tenemos de dar vuelta el caso de Curuguaty es también una posibilidad de visibilizar otros casos de presos y presas políticas en Paraguay.
De visibilizar el problema de las tierras “mal habidas” de manera irregular por las dictaduras y democracias que sucedieron a Stroessner en nuestro país, incluso la posibilidad de visibilizar el terriblemente y cruel sistema penitenciario que tortura y mata de hambre, con enfermedades a miles de personas que están recluidas en los centros penitenciarios
Paraguay:
Campesinos acusados reafirman su desconfianza ante el proceso
Resumen Latinoamericano /E’a / julio 28, 2015 –
Nueva defensa de procesados tiene tiempo hasta el lunes para estudiar los expedientes del caso. El tribunal otorgó menos de una semana de tiempo a la nueva defensa para estudiar el expediente. Luego de renunciar a seguir siendo defendidos por los abogados Guillermo Ferreiro y Vicente Morales –por el sumario que coaccionaba la actuación de sus representantes legales– las expresiones del presidente del Tribunal de Sentencia, Ramón Zelaya, reafirman la duda de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty ante un proceso repleto de irregularidades y que se encamina a una condena dictada antes del inicio mismo del juzgamiento.
El juez Zelaya, ante el pedido de más tiempo del nuevo abogado que representa a los acusados, Víctor Azuaga, otorgó solo un plazo de tres días alegando que la ciudadanía y la prensa piden por el veredicto, poniendo de esa forma en duda su independencia y admitiendo la existencia de presiones en torno al caso para condenar a los campesinos. Néstor Castro, uno de los acusados, explicó que la renuncia a sus anteriores abogados fue debido a que no podían enfrentar un juicio con una defensa atada de manos y bajo la amenaza de sanciones como la suspensión o cancelación de la matrícula.
Asimismo, señaló que la decisión fue motivada porque está en juego la libertad y el bienestar de sus familias. El abogado Azuaga expresó que el tiempo concedido por el tribunal es insuficiente para estudiar un caso tan complejo y anunció que también recusaría al juez Zelaya por haber preopinado en la causa. Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos.
La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.
El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento.
El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.
PARAGUAY:
Vuelven a suspender juicio por matanza de Curuguaty
Resumen Latinoamericano / ABC / 28 de julio de 2015 –
Un abogado particular se presentó como defensor de los once acusados por el caso de la matanza de Curuguaty y se solicitó la suspensión del juicio oral, pedido al que los magistrados se allanaron.
La diligencia se retomará el lunes 3 de agosto. El tribunal, presidido por Ramón Trinidad Zelaya e integrado por Benito González y Samuel Silvero, no se opuso al pedido y luego llamó a un cuarto intermedio para saber por cuántos días se va a suspender el juicio. Al reanudarse la diligancia, se anunció que el proceso se retomará el lunes 3, a las 08:00.
El abogado Víctor Azuaga presentó un escrito en el que se hacía cargo de la defensa técnica de los once acusados que ayer pidieron cambio de defensor. También el letrado solicitó la suspensión del juicio hasta la semana próxima para interiorizarse del expediente y pidió una copia del mismo.
Este pedido del abogado Azuaga fue ratificado por los defensores públicos, quienes quedan como coayudantes del defensor Joaquín Díaz. La fiscala Liliana Alcaraz, en representación del Ministerio Público, no se opuso al pedido de aplazamiento del juicio, pero pidió que se respeten los plazos procesales.
Aparte del abogado Azuaga, también se nombró a los defensores públicos como coayudantes de los imputados; esto es para que el día de mañana en caso que se dé una nueva renuncia masiva los acusados no queden en indefensión.
Comunicado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ante el inicio del juicio de Curuguaty
Resumen Latinoamericano / 27 de julio de 2015 –
Comunicado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ante el inicio de los juicios por la masacre de Curuguaty
Buenos Aires, 26 de julio de 2015
A los compañeros de Articulación Curuguaty Asunción del Paraguay
PRESENTES
Queridos compañeros:
Reciban nuestro saludo solidario con vuestra lucha contra la persecución y montaje judicial que sufren los compañeros campesinos de Marina Cue, a los que se pretende someter a juicio por defender el carácter público de las tierras en disputa y de mantener la tradición secular de luchar por una Reforma Agraria que le de tierra a los campesinos y enfrente el modelo agrario de exclusión y extranjerización de la tierra y la renta agraria. Desde el principio de esta causa hemos estado al lado de los compañeros y hemos podido comprobar más de una vez, el carácter extremadamente fraudulento del montaje judicial que más que acusar a los compañeros perseguidos se ha convertido en una prueba contundente de la operación de inteligencia militar (con ayuda extranjera, de los EE.UU. e Israel, puntualmente) que con punto de apoyo en la provocación de Marina Cue se orientó a desestabilizar y derrocar con otro montaje (en el Congreso de la República) al presidente constitucional Lugo.
La discusión de la causa también ha puesto sobre el tapete el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sobre las “tierras mal habidas” y el carácter continuista de la larga dictadura de Stroessner del golpe blando contra Lugo y del gobierno de Cartes erigido sobre la masacre de Curuguaty y el golpe de estado constitucional. Las tierras de Marina Cue son del pueblo paraguayo, y también corresponde que lo sean todas las que se obtuvieron mediante el fraude y las acciones de terrorismo de Estado, como bien indicaba el informe final de dicha Comisión de la Verdad integrada por un amplio espectro de la sociedad civil y autoridades gubernamentales.
Nos pronunciamos de manera contundente por la anulación de la farsa judicial que se ha montado en estos años y exigimos la inmediata libertad de Rubén Villalba encerrado como castigo por su coherencia y compromiso social y en clara acción amenazante contra los que luchan por la libertad y la democracia verdadera en América Latina y el Paraguay.
El derecho a la tierra es constitutivo de los derechos humanos en nuestra región y en este siglo. Mantener la tierra en manos de los terratenientes, las grandes empresas trasnacionales y los grupos económicos extranjeros no solo impide al pueblo paraguayo gozar de la riqueza que el trabajo agrario crea sino que es fuente permanente de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las cuales, la causa Curuguaty es uno de los ejemplos más simbólicos de la subordinación del estado paraguayo al interés especulativo de los grupos económicos y del grotesco accionar de una parte del Poder Judicial, representado en este caso por el fiscal y los jueces intervinientes, que no han dejado tropelía jurídica por cometer ni derecho al debido proceso sin violar
Por todo ello, nos unimos al clamor contra el montaje judicial, por el desprocesamiento de los compañeros de Marina Cue y por la libertad de Rubén Villalba. El mismo razonamiento extendemos a los Seis Campesinos que fueron detenidos en la Argentina y a todos los presos políticos paraguayos porque el modo que se trató el caso Marina Cue es prueba suficiente de la falta de garantías para cualquier luchador social que cae en manos del Estado Paraguayo.
Por la dirección nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Graciela Rosenblum, Iris Avellaneda y José Schulman
PARAGUAY.
Comunicado de la CLOC-LVC por el juicio de Curuguaty: acompañará con una comitiva de observadores CLOC-LVC
Resumen Latinoamericano / Rebelión / 27 de julio de 2015 –
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – La Vía Campesina (CLOC-LVC), expresa toda su solidaridad con el pueblo paraguayo en general, y con el campesinado en particular, por el terrible caso de la Masacre de Marinakue-Curuguaty, ocurrida en junio de 2012, donde perdieran la vida 17 personas: 11 campesinos y 6 policías, siendo solo responsabilizados e imputados más de 50 campesinos.
Por tal razón, una comitiva de observadores y observadoras de Brasil, Colombia, Chile y Argentina de la CLOC-LVC estará acompañando los días de juicio oral, que iniciará el 27 de julio y abarcará hasta el 28 de agosto del presente, para garantizar un procedimiento penal y fiscal enmarcado en la ley y denunciar públicamente cualquier irregularidad que tenga cabida en ese proceso.
Este caso derivó en un juicio político que se fraguó como una farsa, ya que en realidad sirvió para legitimar, mediante un proceso viciado de irregularidades, un golpe de Estado Parlamentario que destituyó al presidente electo democráticamente por la ciudadanía, Fernando Lugo.
Manifestamos nuestra adhesión internacionalista hacia la búsqueda de justicia emprendida por las familias de las víctimas y las personas sobrevivientes, hombres y mujeres, jóvenes, niños, niñas, quienes han sufrido un duro golpe en su lucha por el acceso a la tierra, es decir, en la lucha por una necesaria Reforma Agraria en el Paraguay, donde sabemos, por fuentes oficiales, que tierras destinadas a las familias campesinas han sido entregadas a empresarios y militares leales al dictador Alfredo Stroessner –conocidas como “tierras malhabidas”–; al mismo tiempo se ha negado a las familias campesinas sus derechos como verdaderos sujetos de la Reforma Agraria incluso en los gobiernos de la transición democrática, y la respuesta a las reivindicaciones sociales ha terminado siendo el desalojo, la muerte, la violencia, la criminalización, la cárcel, el amedrentamiento.
Las organizaciones que conformamos la CLOC-Vía Campesina, apoyamos y exigimos las siguientes reivindicaciones:
–La recuperación de las tierras de Marinakue, reconocidas por el Estado como su propiedad y usurpadas e ilegalmente explotadas por la firma Campos Morombí cuyos dueños provienen de la oligarquía simpatizante de la dictadura militar.
–La nulidad del juicio y, por ende, la libertad de los y las presas políticas del caso, inmediatamente;
–La indemnización a todas las familias de las víctimas de la masacre;
–Justicia y esclarecimiento de la masacre de los 17 campesinos sin tierra y del asesinato del testigo clave, Vidal Vega, además del castigo a los verdaderos responsables.
Así también, acompañamos la decisión de la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de retomar las tierras de Marinakue y resistir en el lugar desde hace casi un mes, en procura de que el Estado paraguayo se pronuncie sobre la titularidad de las mismas.
Nuestras organizaciones están y seguirán en alerta ante los sucesos en torno a este caso, que se constituye en Paraguay en el emblema más claro de la lucha por la tierra y el territorio y la resistencia contra el agronegocio que, en su afán de lucro, desaloja, contamina y mata sin reparos.
Marinakue, pueblo mba’e!
¡Por justicia, tierra y libertad!
Madre de Plaza de Mayo pide transparencia en juicio de Curuguaty
Resumen Latinoamericano / ÚltimaHora / 27 de julio de 2015 –
Nora Morales de Cortiñas, una de las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo, de Argentina, pide un juicio transparente y que los acusados por el caso Curuguaty no sean condenados.
Entre los observadores internacionales se encuentra Morales, quien vino desde Argentina para acompañar a los presos, sus familias y organismos de Derechos Humanos que siguen de cerca el caso.
La militante argentina, ya instalada en la sala del Poder Judicial, pide que el juicio se desarrolle con transparencia: “Con toda la ética que corresponde, con la esperanza de que esta gente no sea condenada por causas que no cometieron”, expresó en comunicación con la 780 AM.
“Tenemos a Marina Cué en el corazón”, dijo la abuela que luchó para recuperar a su hijo desaparecido durante la dictadura argentina.
En un primer momento no dejaron que ingrese a la sala por portar el pañuelo distintivo de las Abuelas de Plaza de Mayo; accedió a desprenderse del accesorio blanco y también tuvo que dejar la foto de su hijo que tenía colgada por el cuello.
El juicio debía empezar a las 7.00 de este lunes, los acusados ya se encuentran en el lugar.
Observadores internacionales están presentes para el juicio
Al igual que Morales de Cortiñas, como observadores internacionales están Leonardo Wexell Severo, asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CUT-Brasil; María Celina Giraudy, abogada argentina, representante de la organización internacional Cejil; Rodrigo de Medeiros Silva, abogado brasileño del MST Vía Campesina; Damián Segura, comunicador argentino, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI); Óscar Torres, abogado chileno, representando a los movimientos sociales de ese país, y Alirio García, dirigente campesino de Colombia.
A estos observadores está previsto que se una en las próximas semanas el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, destacado defensor de los derechos humanos en Argentina.
El objetivo es observar la situación del caso Curuguaty y del respeto a los derechos humanos y procesales del proceso judicial que se sigue por la masacre de Marina Cué, ocurrida el 15 de junio de 2012. Este proceso judicial fue objeto de preocupación internacional por las repetidas denuncias de violaciones al debido proceso y a las garantías procesales a la defensa y a los imputados y acusados.
Últimamente la preocupación viene dada por la persecución administrativa con carácter punitivo y coaccionante a la defensa técnica del caso Curuguaty, mediante un sumario iniciado a partir de acusaciones de la jueza de garantías Janine Ríos y del fiscal de la causa, Jalil Rachid.
Organizaciones paraguayas de derechos humanos solicitaron que se realice en un salón de mayor capacidad puesto que la sala 2 sólo tiene capacidad para 60 personas.
PARAGUAY:
Inicia juicio del caso Curuguaty
Resumen Latinoamericano / Agencias / 27 de julio de 2015 –
La defensa de los acusados se encuentra bajo la presión de un sumario que se resolverá de acuerdo a cómo termine el juicio.
Hoy, lunes 27 de julio, a las 8:00 horas, en el Palacio de Justicia de Asunción inició el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012 y en la que fallecieron once labriegos y seis policías. El desalojo, cuyo resultado derivó en la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, fue llevado a cabo con una orden de allanamiento en unas tierras que habían sido donadas al Estado paraguayo, pero que se encuentran hasta ahora ilegalmente explotadas por la empresa Campos Morombí, propiedad del fallecido político colorado Blas N. Riquelme.
Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.
Entretanto, fueron sobreseídos Juan Alberto Caballero, Marcelo Trinidad y Miguel Ángel Correa, quienes fueron detenidos cuando fueron al hospital regional para averiguar si había algún familiar entre las víctimas de la masacre.
Ningún policía investigado
El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.
Rachid funda su acusación en que las tierras son propiedad de Campos Morombí y que a sabiendas de ello los campesinos conformaron una asociación criminal jerárquicamente organizada para matar policías y apropiarse del inmueble. Esto a pesar de que la titularidad de las tierras se encuentra aún en litigio entre el Estado y la firma privada.
Espada de Damocles
A más de ello, los abogados defensores Vicente Morales y Guillermo Ferreiro están sometidos a un sumario por supuestos incidentes dilatorios que, según los interventores, impidieron la culminación de la audiencia preliminar y la derivación del caso a juicio oral. Sin embargo, la audiencia concluyó en octubre de 2013 y el juicio oral fue suspendido en tres ocasiones, las dos últimas por decisión del propio tribunal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, decidió mantener abierto el sumario y resolver de acuerdo a cómo termine el juicio, ejerciendo de ese modo una presión sobre la defensa bajo la amenaza de sanciones como la suspensión o incluso la cancelación de la matrícula, con lo cual ya no podrán seguir ejerciendo la profesión.
Los abogados denuncian que un sumario abierto por presuntas actuaciones en la audiencia preliminar no se puede extender a una instancia superior y que antes del inicio del juicio se debió haber resuelto, ya sea en forma de una condena o una absolución. En este sentido señalan que mediante la no resolución del sumario dejan pendiendo sobre la defensa una espada de Damocles para disuadirlos de presentar objeciones a la labor del Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia en una causa que ya tiene una condena dictada de antemano.
Las irregularidades verificadas durante el proceso como el ocultamiento de pruebas y la adición irregular de otros elementos (la filmación del helicóptero, la multiplicación de las cajas, la escopeta denunciada como robada una semana después de la masacre, etc.) han obligado al tribunal a posponer la realización del juicio bajo pretextos poco fiables como la supuesta falta de combustible para notificar a los testigos –casi todos ellos policías– o la no disponibilidad de salas en el Palacio de Justicia para la realización de la audiencia oral y pública.
Juicio por la Masacre de Curuguaty
En estos momentos, según la página de facebook de los Observadores del juicio y RTV, hoy 27 de julio durante el juicio
La Fiscalía se ratifica en 30 años para los acusados.
Por otra parte todos los acusados cercar de las 11am pidieron cambiar de abogados y que los represente la defensoría pública, el juicio queda suspendido por un día para que los nuevos abogados puedan interiorizarse.
A su vez la Policia impidió a Nora Cortiñas (quién asiste al juicio junto a otros militantes reconocidos de derechos humanos) portar el pañuelo símbolo de las madres de Plaza de Mayo y le exigieron no llevar la foto de su hijo desaparecido que tenia colgado alrededor del cuello. Nora Cortiñas es observadora internacional del juicio
Expertos en derechos humanos como la argentina Nora Cortiñas, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, junto a abogados y dirigentes campesinos e indígenas de Chile, Brasil y Colombia viajan hoy a Asunción para seguir el juicio por la masacre de 17 personas en 2012 en Curuguaty, que inicia este lunes.
En el juicio, pospuesto en varias ocasiones y que se prevé finalice el próximo 28 de agosto, serán 13 los campesinos juzgados, acusados de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, en tanto que 10 de ellos afrontan cargos de intento de homicidio a 6 policías, sin embargo, no hay nadie imputado por la muerte de 11 campesinos restantes.
Sorpresa en el caso Curuguaty:
Acusados renuncian a su defensa sorpresa-el-caso-curuguaty-acusados-renuncian-su-defensa
Los acusados del Caso Curuguaty alegan que no confían en la defensa de Vicente Morales y Guillermo Ferreiro. Renunciaron a sus abogados y eligieron al defensor público.
Primeramente se levantó Néstor Castro y dijo que no tiene abogado, le siguió Lucía Agüero, alegando que no hay confianza en los abogados Morales y Ferreiro, seguidamente eligieron al defensor público Joaquín Díaz. Se sumaron los demás acusados a 40 minutos del inicio del juicio.
El defensor público Joaquín Díaz, quien ya representaba a Felipe Balmori, se mostró sorprendido ante la decisión de los labriegos y pidió la suspensión del juicio oral y público.
“Esta decisión llegó en forma inesperada, solicito la suspensión para contactarme con la defensora pública y que asigne a otros defensores públicos. Si era uno o dos no había problema, pero ya son varios”, expresó.
Díaz representaba a un solo acusado, Felipe Nery Urbina. Dijo que a pedido de los procesados asumirá la defensa de algunos y buscará a otros abogados que puedan acompañar a los demás. Considera conveniente que el juicio se suspenda por una semana.
Se tomó un receso de 5 minutos para analizar la suspensión del juicio, que inició a las 9.00 de este lunes, con una hora de retraso, primeramente llegó Rubén Villalba, luego los acusados que vinieron desde el interior del país.
Los acusados son Rubén Villalba, Felipe Benítez Blamori, Luis Olmedo Paredes, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Paredes, Dolores López, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez y Felipe Nery Urbina. También está procesada una menor de edad.
Juan Alfredo Caballero, Miguel Ángel Correa Franco y Marcelo Trinidad Paredes fueron sobreseídos con la defensa de Joaquín Díaz.
Las causas van desde asociación criminal e invasión de inmueble hasta homicidio doloso. Los procesados por esta última causa se exponen a condenas de hasta 25 años de cárcel.
Paraguay:
La adolescente del caso Curuguaty: “Pedimos a los observadores que no la dejen sola”
Raquel tenía 17 años cuando sucedió aquella masacre el 15 de junio del 2012. Ella es la única persona acusada que va a ser juzgada por el proceso penal adolescente que tiene reglas especiales, diferente a la de los adultos. “Pedimos a los observadores que no la dejen sola”, dicen las abogadas que llevan su defensa. El juicio a Raquel está previsto para el 27 de julio al 28 de agosto de 2015, en Asunción. De acuerdo a la notificación del Tribunal de Sentencia, su juicio se realizará en forma separada y en un horario diferente al de los/as procesados/as adultos/as, es decir, en horas de la tarde. El fiscal es el mismo fiscal: Jalil Rachid. Sonia Von Lepel y Mirta Moragas, abogadas de la Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) asumirán la defensa de Raquel en el juicio y ellas nos explican a fondo la situación de esta joven que además es madre de un niño que la necesita:
-¿En qué instancia se encuentra este proceso?
-Ella será llevada a un juicio oral y público sin haber sido informada de manera detallada de la acusación que pesa en su contra, vulnerando de esta manera su derecho a conocer de qué se debe defender. No existe en la imputación ni en la acusación fiscal, un relato circunstanciado de los hechos realizados por Raquel. No se puede conocer qué, cómo, cuándo, dónde, porqué y para qué realizó los hechos que la Fiscalía dice que efectuó. La acusación solamente la nombra en algunos párrafos y en conjunto con los demás procesados/as.
-¿Y los testigos?
-En el juicio serán presentados los testimonios de 124 personas, la mayoría de ellos/as funcionarios/as del Estado, Policías intervinientes en el operativo, agentes fiscales, funcionarios/as del Ministerio Público y otros funcionarios/as estatales. Cabe resaltar que la Fiscalía ofrece el testimonio de la fiscal interviniente en el allanamiento y desalojo, abogada Ninfa Aguilar, como una de las testigos claves en el hecho.
-Es decir, la fiscal Ninfa Aguilar, quien imputó a otras personas como Miguel Correa y Marcelo Trinidad y mandó a la cárcel por meses para luego la Fiscalía decir que esas personas no estuvieron en el lugar de los hechos en este mismo caso, ¿ahora será testigo clave de la fiscalía?
-Además se ofrecen 240 pruebas documentales, entre actas de procedimiento, informes y actas de defunción. Aquí cabe resaltar que entre las pruebas documentales se encuentran los informes psicológicos realizados a todos los procesados hombres, sin embargo a lo largo de todo el expediente judicial no se encuentran los informes psicológicos-victimológicos practicados a ninguna de las mujeres procesadas, es decir, a ninguna de ellas se les realizó la evaluación psicológica-victimológica, diligencia fundamental en el caso de la adolescente y cuya omisión debe llevar a la nulidad del proceso con relación a ella ya que no puede establecerse su reprochabilidad sin conocer su madurez psicosocial.
Con posterioridad a la audiencia preliminar, donde Raquel fue asistida por defensoras públicas, y en la cual se resolvió que su caso sea elevado a juicio, la CODEHUPY asumió la defensa técnica de ella, específicamente en setiembre de 2013. En el mes de noviembre del mismo año la CODEHUPY solicitó al Presidente del Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá, la aplicación de medidas menos gravosas para Raquel, ya que la misma se encontraba bajo un régimen de internación provisoria en la casa de su padre, en Curuguaty. La misma no podía salir de la casa y solo tenía permiso para realizar visitas familiares al padre de su pequeño hijo, cada 15 días.
El pedido realizado por la CODEHUPY se fundó principalmente en la situación de salud de su pequeño hijo, quien fue diagnosticado con un cuadro severo de asma, debido a los gases que aspiró en los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012. El niño precisaba de un tratamiento médico adecuado y sistemático que solamente podía realizarlo en Asunción. En atención a los costos que implica para la joven trasladarse hasta Asunción para las consultas médicas, se solicitó además el cambio de domicilio a la ciudad de Asunción. El Tribunal le concedió medidas alternativas y el cambio de domicilio.
-¿La defensa técnica pidió nulidad?
-El 10 de abril de 2014, la CODEHUPY presentó incidentes de nulidad y prejudicialidad ante el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá. En cuanto al incidente de nulidad presentado, en el mismo se señala que en el marco del proceso judicial entablado contra la adolescente, se omitió la realización de diligencias fundamentales que constituyen garantías procesales en el marco del sistema judicial adolescente según lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y la Niña. El estudio psicosocial, diligencia omitida, está destinado a determinar la madurez psicosocial de la o el adolescente al momento del hecho que le es imputado. El examen psicosocial representa en el derecho penal adolescente, un requisito de obligatoria realización, que determina la posibilidad de comprobar si la adolescente -en este caso- poseía la madurez psicosocial suficiente para conocer la ilegalidad del hecho que se le imputa y para tomar una decisión conforme a ese conocimiento.
Al haberse violado las reglas especiales del procedimiento penal adolescente, debido a la no realización del estudio psicosocial (o evaluación psicológica) en el momento que debía llevarse a cabo, corresponde que el Tribunal de Sentencia declare la nulidad de todo lo actuado, ya que a esta altura del proceso es imposible conocer si la adolescente poseía en aquel momento la madurez psicosocial para conocer los hechos que le son imputados. Así, en caso de duda, por principio legal debe determinarse la falta de responsabilidad de la misma respecto a los hechos que se le imputan, y por tanto Raquel debe ser sobreseída.
-¿Qué pasa con lo que llaman la prejudicialidad?
-En cuanto al incidente de prejudicialidad, el mismo guarda relación con uno de los hechos punibles por los que está acusada Raquel, que es invasión de inmueble ajeno. En tal sentido, y considerando que hasta el momento existen procesos judiciales abiertos en relación a la titularidad de las tierras donde sucedieron los hechos del 15 de junio de 2012, corresponde en primer lugar que culminen dichos procesos y luego de ello definir si la misma podrá ser juzgada por dicho hecho punible. De resolverse en tales procesos que las tierras pertenecen al Estado paraguayo, entonces Raquel no deberá ser juzgada por invasión de inmueble ajeno.
En el mes de abril de 2014, la CODEHUPY presentó al Tribunal de Sentencia urgimientos para que resuelva ambos incidentes. Tales urgimientos no fueron respondidos por dicha instancia.
-¿El juicio coincide con el juicio del Caso Curuguaty pero la que le juzga es otra sala?
-Ella tiene el mismo tribunal que los adultos, que está conformado por Abg. Benito Ramón González, Abg. Ramón Trinidad Zelaya (presidente) y Abg. Carlos Alberto Martínez Ávalos. El juicio de Raquel está convocado para horas de la tarde, cuando el de los adultos está convocado para la mañana.
-¿Cómo pueden hacer las personas que quieran seguir el desarrollo de ese juicio?
El juicio es oral y público, cualquier persona puede asistir, de acuerdo a la disponibilidad de sala. Lo que podría ocurrir es que el Tribunal establezca algún orden para el ingreso a la sala, porque suelen tener capacidad muy limitada.
-¿Qué es lo que pide la defensa?
-Pedimos que se apliquen estrictamente los principios del proceso penal adolescente, que se resuelva favorablemente el incidente de nulidad y que Raquel sea sobreseída. -¿Qué sucederá con Raquel en caso de que se la condene tal como pide la fiscalía? (Podrías comentar de qué se le acusa? Raquel está acusada por la Fiscalía por asociación criminal, invasión de inmueble ajeno (en ambos casos en carácter de autora) y homicidio doloso en grado de tentativa (en carácter de cómplice). La pena máxima que puede recibir es de 8 años (si bien actualmente es mayor de edad, es juzgada como adolescente, debido a que tenía 17 años al momento de los hechos ocurridos). El fiscal del caso es Jalil Rachid.
En un Estado de derecho, ella no podría siquiera ser juzgada, porque las violaciones a las reglas básicas del proceso penal adolescente hacen que todo lo actuado sea nulo, por lo que ella debería salir sobreseída por los errores cometidos por el juzgado de garantías y por la fiscalía. Si no se diera esto, como defensa apelaríamos e iríamos a todas las instancias correspondientes.
Hay que recordar que ella tiene un niño de 3 años, que también es tan víctima del proceso como ella. Con Raquel la fiscalía se ha ensañado en forma particular por su vinculación con Rubén Villalba y eso es intolerable, porque además de ella, su pequeño hijo también está sufriendo.
- ¿Qué es lo que las abogadas defensoras solicitan a la ciudadanía respecto de este caso?
Les pedimos que sean observadores atentos del proceso, que acompañen el juicio de Raquel, que no la dejen sola.
Direccionario
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Envío:ResumenLatinoamericano
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