Viernes 04 de Septiembre
Franco Mizrahi
La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aconsejó al plenario "la apertura del procedimiento de remoción". Impulsan juicio político al titular de la Cámara Federal de Bahía Blanca Impulsan juicio político al titular de la Cámara Federal de Bahía Blanca El Consejo de la Magistratura dio un paso calve ayer para iniciar el juicio político del presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. El mismo día en que el camarista volvió a evadir una citación indagatoria en los tribunales locales donde está acusado por crímenes de lesa humanidad, la comisión de Disciplina y Acusación aconsejó al plenario del consejo "la apertura del procedimiento de remoción" y "la inmediata suspensión en sus funciones". La decisión fue contundente: seis votos contra uno (hubo una abstención y un ausente). El jueves, el plenario deberá resolver la situación del magistrado, consignó Tiempo Argentino.
Los integrantes de la comisión de Disciplina y Acusación analizaron dos de los expedientes que pesan sobre la espalda del camarista (el 53/13 y el 239/12) y su descargo. Montezanti, que es juez y docente en la Universidad Nacional del Sur –fue suspendido momentáneamente en el cargo–, está acusado de haber integrado la Triple A, actuar como agente civil de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura; y por mal desempeño en sus funciones, entre otros cargos. Es uno de los jueces con más denuncias en la Magistratura: tiene siete en trámite.
Ayer votaron por el jury: el secretario de Justicia Julián Álvarez, representante de Ejecutivo nacional, quien impulsó el pedido de juicio político; el presidente de la comisión Jorge Candis, del sector académico y científico; Adriana Donato por los abogados de matrícula federal; los diputados Anabel Fernández Sagasti (FPV) y Héctor Recalde (FPV); y el senador radical, Ángel Rozas. El juez Luis María Cabral se abstuvo. Su par, Leónidas Moldes, fue el único que votó en contra y defendió al acusado. El ausente fue el diputado por el FPV, Ruperto Godoy.
En la misma reunión de comisión se trató el caso del juez federal de Quilmes, Luis Armella, y se citó a declarar al Consejo a los dos camaristas federales de Bahía Blanca que acompañan a Montezanti en el tribunal: Pablo Candisano Mera y Ricardo Planes, ambos denunciados por mal desempeño.
De no mediar modificaciones, se estima que el próximo jueves, en la reunión del plenario del Consejo se confirmaría el juicio político contra Montezanti. Para concretarse, se necesitan los votos de las dos terceras partes de los presentes. Es decir, 9 de los 13 consejeros. El número desciende a medida que se reduce el total de integrantes del plenario. El oficialismo suele reunir siete votos propios.
Una nueva evasión
El presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca debía presentarse ayer a prestar declaración indagatoria ante el juzgado federal Nº1 de aquella localidad, a cargo de Alejo Ramos Padilla, pero no lo hizo. Está acusado de crímenes de lesa humanidad. Es la tercera evasión en una semana. Montezanti, si bien goza de fueros que impiden su arresto puede ser investigado, indagado y procesado.
En una primera instancia, el camarista estaba convocado a prestar declaración indagatoria el jueves 27 de agosto. Entonces, adujo que en la hora de su citación debía estar tomándole juramente a los nuevos abogados de la jurisdicción. Ramos Padilla reprogramó la citación para el lunes pasado pero Montezanti volvió a faltar a la cita: presentó un certificado médico por enfermedad. El juez de primera instancia insistió con llamarlo ayer. El magistrado volvió a ausentarse y pidió que declaren antes de su indagatoria dos nuevos testigos.
Ante este escenario, Ramos Padilla puede fijar una nueva fecha de indagatoria, declarar al acusado en rebeldía y notificar al Consejo de la Magistratura lo que está aconteciendo. En la paleta de posibilidades el juez también puede decidir la prohibición de salida del país del imputado. Fuentes judiciales estimaban que el Ramos Padilla podría tomar en breve alguna de las medidas –o todas juntas–.
Irá a juicio el juez que "controlaba" la limpieza del Riachuelo
La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura emitió ayer un dictamen a favor de iniciar un juicio político al juez federal de Quilmes, Luis Armella. Está acusado de presuntas irregularidades mientras estuvo a cargo de controlar el saneamiento del Riachuelo. Se le sindica favorecer a empresas vinculadas con familiares.
El juez quilmeño, que fue separado de sus funciones en 2012 por la Corte Suprema a raíz de un informe de la Auditoria General de Nación que mostraba irregularidades en la contratación de empresas para las obras de saneamiento, presentó su descargo por escrito. La votación para aprobar el dictamen acusatorio, a diferencia del "caso Montezanti", fue apretada. Terminó empatado 4 - 4 y debió desempatar el presidente de la comisión, Jorge Candis.
A favor alzaron su mano: el secretario de Justicia, Julián Álvarez; los diputados Anabel Fernández Sagasti y Héctor Recalde (FPV); y Candis. El ausente fue el diputado Ruperto Godoy (FPV). Se opusieron: los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes; la abogada Adriana Donato y el senador radical, Ángel Rozas.
El debate fue muy acalorado. Álvarez, que presentó pruebas, planteó: "Si esto no es choreo, ¿qué es choreo?" Y Fernández Sagasti aseguró que existe una protección de parte de la corporación judicial: "Si cualquier otro funcionario estuviera bajo esta sospecha, lo apedrearíamos en la plaza". "Tenemos el deber moral de averiguar cuál fue la actuación de este juez en una causa que es tan sensible para todos los vecinos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y para todo el pueblo argentino", agregó. En defensa del acusado se dijo que no cometió delito.
Fuente:InfoNews
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