Publicado el 10-09-2015
Referentes de Derechos Humanos advirtieron su inquietud ante el posicionamiento de Alejandro Salvador Cantaro para ser fiscal en el próximo juicio que se haga en La Pampa. También quiere intervenir en el caso de Bahía Blanca. Lo acusan de que "no es confiable", porque -entre otras cosas- piensa que los juicios son “una venganza”.
Un grupo de organismos de Derechos Humanos de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires advirtieron su “preocupación” ante la posibilidad de que se concreten cambios en la política de los fiscales acusadores en los próximos juicios por delitos de lesa humanidad.
Puntualmente, hicieron referencia a Alejandro Salvador Cantaro, cuya movida para ocupar ese cargo genera inquietud a partir de algunos de sus antecedentes y de su pensamiento público respecto de que los juicios son en realidad una suerte de “venganza”.
Un documento enviado a diversas autoridades advrtió sobre esas posturas y repudió dichos de Cantaro.
En La Pampa, es una posibilidad que el año que viene se concrete un segundo juicio por los hechos de la Subzona 14. Los organismos de Derechos Humanos y querellantes señalan las “preocupaciones que nos surgen a partir de haber tomado conocimiento de supuestos cambios en la intervención de fiscales en esos juicios”.
El documento fue enviado al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; a la procuradora general Alejandra Gils Carbó y al fiscal general de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat.
Entre los firmantes se incluyen Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo L.F.), Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo L.F.), HIJOS regional Bahía Blanca, HIJOS regional General Pico, APDH Bahía Blanca, Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Raquel Barabaschi (ex detenida desaparecida, querellante en La Pampa), Raúl Alberto Schnabel (Fundación Argentina por los Derechos Humanos, querellantes), Leonel Curutchague (Fundación Argentina por los Derechos Humanos, querellantes), Luis Barotto (ex detenido de la Sub Zona 14), Graciela Espósito (ex detenida de la Sub Zona 14). Stella Maris Barrios (ex detenida de la Sub Zona 14), MTD de General Pico (La Pampa), CTA "Agustin Tosco" de General Pico, la Cooperativa La Comunitaria de teatro independiente de General Pico de La Pampa y la Asamblea permanente por los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Una “obsesión de poder”
Los organismos señalan que “existen a la fecha, por la inevitable comprobación en el terreno de nuestra parte, la acción de fiscales que han sido fundamentales en la concreción de resultados judiciales en el camino de Memoria, Verdad y Justicia, relacionado directamente con el compromiso ilimitado de los mismos en tal sentido”.
“Podemos mencionar a fin de demostrar lo argumentado, al ex fiscal Hugo Omar Cañon, al ex fiscal Abel Córdoba, y a los actuales fiscales Miguel Palazzani y Jose Nebbia. Todos ellos codo a codo con familiares y sobrevivientes, probando los horrores del Terrorismo de Estado como parte de una política de Estado que es sanadora para todas las víctimas”, añaden.
“Sin embargo -advierten- se menciona al actual fiscal general federal de Bahía Blanca Alejandro Salvador Cantaro, como posible partícipe en los juicios de lesa humanidad en la Provincia de La Pampa. Bahía Blanca y La Pampa están directamente relacionados por diversas líneas en lo que a lesa humanidad se refiere, lo que implica además que quien deba intervenir a semejante nivel e importancia deba contar con un conocimiento muy profundo, y un compromiso tan o más profundo que ese conocimiento”.
“Podríamos valorar aquí aspectos de la profesionalidad, personalidad y compromiso del fiscal general Cantaro, pero podrían parecer prejuiciosos. Por supuesto no es así ya que nuestro conocimiento es próximo, y como usted sabe quienes mejor conocen a dirigentes, funcionarios, y otros, son los que conviven en el mismo espacio comunitario y los ven expuestos cotidianamente en todos sus perfiles cada vez que actúan”, dicen los firmantes.
“El fiscal general Cantaro -recuerdan- llegó al cargo con argumentaciones en contra que no fueron tenidas en cuenta a pesar de su peso específico. Sabemos, porque es su perfil más notable y que trae de su participación en la justicia provincial (Bs.As), que es casi una obsesión de poder para él poder llegar a intervenir en lesa humanidad, lo prueba las molestias que manifestó ante allegados (y ante alguna autoridad aunque esto no lo podemos probar) cuando fuera designado el Dr. Abel Córdoba, y él consideró un error no haber sido tenido en cuenta y no ser consultado como si contara con antecedentes de peso por encima del designado entonces”. “Podríamos agregar a esta altura, aspectos de lo que denominamos ‘limar’ a los actuales fiscales que son de nuestra más absoluta confianza, pero no nos parece conveniente entrar por ahora en ese nivel”, añaden.
Relaciones con LNP
El documento remarca que “lo que sí marca quién es el fiscal general Cantaro, ante la posibilidad de su participación en lesa humanidad que nos genera inseguridad, molestia y desconfianza, es su relación con el medio más reaccionario, faccioso y golpista. Hablamos de La Nueva Provincia, medio propiedad de Vicente Gonzalo Massot, actualmente con una causa en suspenso, sobre lo cual y como detalle no menor nunca dijo pública ni jurídicamente nada”.
Recuerdan que “apenas asumido, La Nueva Provincia que no da puntada sin hilo, le ‘regaló’ alegremente una nota a doble página en la cual desplegó argumentos diversos posicionándose en sus supuestas habilidades, casi como un Elliot Ness de la lucha contra el narcotráfico, tema que el diario golpista agita tendenciosamente casi cotidianamente. Sin embargo en esa misma nota, en un recuadro aparte para marcar bien su posición, se refirió a lo relacionado con lesa humanidad y a los organismos de DDHH actuantes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca impulsora y querellante en los juicios desde 1986 hasta la fecha, y la Agrupación H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca”.
“Allí y a fin de defender su relación de amistad y profesional con Hugo Mario Sierra, imputado por delitos de lesa humanidad por sobrevivientes y ex secretario federal durante la gestión en 1976 del ex juez genocida fallecido impune Guillermo Federico Madueño. En esa nota mencionó que los organismos lo acusaban a Hugo Mario Sierra irresponsablemente, sin tener en cuenta su verdadera relación con los hechos. Esa acusación incluía a los fiscales Nebbia y Palazzani quienes estaban apelando una falta de mérito del mencionado Sierra. La gravedad, como se advierte, es inusitada y nuestra preocupación, justificada”, indican.
“Por supuesto repudiamos públicamente sus dichos, por su falsedad, mentira e implicancia que tenían, y por ser expresados en un diario golpista y genocida, que a través de esa declaración blanqueaba su discurso de que los juicios son una venganza, lo que profundiza aún más nuestro rechazo a su actual intento oportunista y nuestra preocupación y oposición a que llegue a ocupar tan siquiera tangencialmente cualquier aspecto de lesa humanidad, teniendo en cuenta lo que nos ha costado a todos llegar hasta donde llegamos”, insisten.
Remarcan que “no es confiable” y “falta a la verdad”, además de “agredir falazmente a los organismos de DDHH”. Consideran que se trata de “cuestiones para nada menores si un funcionario pretende representar al Estado en los juicios mencionados”.
Fuente:ElDiariodelaPampa
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