La abogada Marité Sánchez solicitó además que el secuestro y asesinato de Silvina Parodi y la sustracción, retención y ocultación de su hijo, sean enmarcados bajo la figura de "genocidio".
POR EMILIANO PEÑA CHIAPPERO
"El relato de esta historia está dedicado a todas las compañeras embarazadas que alumbraron los oscuros días la dictadura militar y del Terrorismo de Estado, y dedicado también a sus hijos, para que, alumbrados por el conocimiento de la historia, puedan encontrar el cordón umbilical que los una a su propia Historia".
Las palabras que cerraron el alegato de la abogada María Teresa Sánchez arrancaron aplausos y lágrimas entre las y los asistentes a la audiencia 261 en el juicio que se lleva a cabo en el marco de la megacausa La Perla - La Ribera, por crímenes de lesa humanidad cometidos en esos centros clandestinos de detención y torturas durante la última dictadura cívico-militar.
Con imágenes de Silvina Parodi y su esposo, también secuestrado y desaparecido, proyectadas en la sala de audiencias, la querellante -que representa a Sonia Torres, titular local de Abuelas de Plaza de Mayo- pidió prisión perpetua, inhabilitación perpetúa, accesorias legales y costas para Luciano Benjamín Menéndez, principal acusado en la causa y a los imputados Diedrichs, Vergez, Acosta, Manzanelli, Lardone, Barreiro, Herrera, López, Romero y Morard. Sánchez pidió las condenas por considerarlos coautores (mediatos en el caso de Menéndez y Diedrichs y materiales para el resto) penalmente responsables por los delitos de "privación Ilegitima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado en el caso de Silvina Parodi (hija de Torres) y por la " sustracción, retención y ocultamiento de menor de 10 años,” en el caso del nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
Para el imputado Carlos Alberto Díaz pidió 21 años de prisión, por privación ilegal y tormentos agravados en el caso de Silvina. Durante el tramo final de su alegato, que se extendió durante tres audiencias, Sánchez enmarcó los hechos de la acusación en los delitos de "lesa humanidad y genocidio según lo aprobado por ONU el 9 de diciembre de 1948, un día antes de la declaración universal de DD.HH. e incorporada por nuestro país en 1956, bajo un gobierno militar", sostuvo.
Occidentales y cristianos
Tomando la palabra de los imputados que se expresaron en diversas audiencias del juicio, Sánchez sostuvo que "su estrategia está basada en desacreditar a los testigos y sobrevivientes de los centros clandestinos, tal como lo demuestra la documentación secuestrada en un allanamiento al imputado Manzanelli donde había órdenes escritas que decían que había que poner la responsabilidad en los testigos".
Agregó que al momento de los hechos, los imputados "eran todos funcionaros públicos" y no podían desconocer que desde el año 1948 la Organización de Naciones Unidas (ONU) había calificado a los hechos que son investigados en este juicio como "crímenes de lesa humanidad" y constituyen la figura del Genocidio. "El secuestro de Silvina embarazada, su posterior asesinato y la sustracción, retención y ocultación de su hijo, entran bajo la figura de Genocidio y por los tanto son imprescriptibles, inanmistiables, y son inindultables", puntualizó la abogada. Además, consideró que "la privación ilegal de la libertad y la negativa a suministrar información deben ser asimiladas a la desaparición forzada de personas". Finalmente, Sánchez sostuvo que los imputados, "quienes decían defender con su accionar a la sociedad occidental y cristiana, destruyeron la patria, entregándola a intereses extranjeros, destruyeron las familias y en muchos casos la persiguieron y la torturaron. Destruyeron también el derecho a la identidad, no solo de los niños sustraídos, sino también de la conformación del grupo nacional que se impusieron como blanco. Es decir, con su accionar clandestino, violaron absolutamente todos los valores conquistados por la sociedad occidental y cristiana", finalizó Sánchez.
Cárcel común y efectiva
Luego de pedir las penas y un cuarto intermedio, fue el turno de la querella que representan las abogadas Adriana Gentile y Patricia Chalup, quienes retomaron causas que tenía a su cargo la abogada del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) María Elba Martínez, impulsora de esta megacausa que ya lleva casi tres años de desarrollo. Gentile fue la encargada de pedir condenas por la privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado en contra de María del Carmen Sosa y Ricardo José Zucaria Hit, hechos sucedidos el 9 de enero de 1976. En esta causa, la abogada pidió la condena a prisión perpetua, inhabilitación perpetua, accesorios legales y costas en cárcel común y efectiva para los imputados Menéndez, Vergez, Diedrichs, Herrera, Yanicelli, Yabour, Luna, Lucero, Rocha, López, Romero, Morart, Lardone y Anton.
El Tribunal Oral Federal 1, que preside el juez Jaime Díaz Gavier decidió un cuarto intermedio hasta hoy a las 10 cuando continuarán los alegatos de las querellas.
Fuente:ElArgentinoCdba.
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