Por José Maggi
De acuerdo a un informe del Servicio de la Defensa Penal, entre diciembre de 2014 y abril de 2015 "se registraron 187 casos de torturas por parte de fuerzas de seguridad en la provincia". La mayoría de las víctimas de abusos policiales son jóvenes de entre 19 y 29 años. Nueve de cada diez casos de maltratos ocurren en calles y comisarías.
INFORME DEL REGISTRO PROVINCIAL DE TORTURAS, ABUSO POLICIAL Y MALAS PRACTICAS
Maltratos en calles y comisarías
Los varones que más abusos sufren tienen entre 19 y 29 años.
"Son los más vulnerables, los que tienen menor capacidad simbólica para denunciar",señaló la directora del organismo público, al explicar que el relevamiento es "un primer acercamiento" y que no necesariamente son denuncias judicializadas.
Por José Maggi
De acuerdo a un informe del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, entre diciembre de 2014 y abril de 2015, "se registraron 187 casos de torturas por parte de fuerzas de seguridad en la provincia". Así lo afirmó Lorena Negro, flamante titular del Registro Provincial de Torturas, Malos Tratos, Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Abuso Policial y Malas Prácticas. Los varones que más abusos sufren tienen entre 19 y 29 años, son argentinos y sólo terminaron la primaria. Un 93 por ciento de los maltratos se dan en las calles y en las comisarías. El 58 por ciento ocurrió en un solo lugar, el 40 en más de uno. En general la policía detiene y maltrata a la madrugada y a la mañana (más de la mitad de los casos son en esos horarios). Rosario es la ciudad con más casos de abusos: 108. En Santa Fe fueron 34 abusos de los cuales 29 fueron en la vía pública.
Según el Registro Provincial, 169 son varones, diez son mujeres y ocho no quedaron registrados en las planillas. En este sentido la funcionaria detalló que del total de los casos, 108 pertenecen a Rosario. Además, el 43 por ciento refiere a víctimas de entre 19 y 29 años, y un 12 por ciento a chicos menores de edad. En la mayoría de los casos, sólo tienen estudios primarios.
La responsable del Registro Provincial de Torturas, contó que el relevamiento es "un primer acercamiento" y que no necesariamente son denuncias judicializadas, ya que basta "con sólo acercarse e informar que fueron maltratados". En este sentido, el informe advierte que el 38 por ciento de los casos no son judicializados por temor a represalias. "Son los más vulnerables, los que tienen menor capacidad simbólica para denunciar. Y de hecho al relevar nosotros estos datos en comisarías y centros de detención tuvimos que indagar bastante, porque son personas que tal vez tienen muy naturalizado el maltrato tanto físico como psicológico".
De acuerdo al Registro según el tipo de agresión en ciertos casos se combinan los tres tipos diferentes de agresiones: físicas, psicológicas y afectaciones. La mayor cantidad de registros se refieren a agresiones físicas con un total de 251 agresiones. Entre ellas las más reiteradas son los golpes y golpizas. Las agresiones psicológicas tienden a concentrarse mayormente en las amenazas constantes y otros maltratos a los familiares. Con respecto a las afectaciones cabe destacar que el armado de causas es el más registrado seguido de la falta de atención médica, odontológica u otorgamiento de medicamentos.
Otro dato revelador es que del total de 187 casos, sólo 68 casos identifican el autor. Cabe destacar que sólo el 14 por ciento de los autores de los hechos de tortura poseían placa identificatoria. Sólo un 16 por ciento de las víctimas pudieron identificar el autor de otro modo. En el 48 por ciento de las planillas relevadas no se registra este dato.
El personal de comisaría presenta la mayor cantidad de menciones, seguido por el Comando Radioeléctrico. Si se considera el total de personal policial se puede afirmar que poseen casi la totalidad de las menciones.
Los datos del Registro Provincial de Tortura coinciden con el estigma con el que trabajan los agentes de la fuerza. "Prefiero que un policía pare a un joven, lo identifique y continúe su tránsito y no que por no tener este tipo de práctica ese joven finalmente termine cometiendo un delito", dijo Ariel Sánchez, regente de la zona sur del Instituto de Seguridad Pública, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.
En una entrevista con Rosario/12, publicada el domingo último, el policía confesó lo que muchos adolescentes y jóvenes viven cada día: que los agentes detienen por "portación de rostro" y que cometen el "error de estigmatizar". "Yo no soy antropólogo, pero sí ocurre que cuando uno tiene una gimnasia de trabajar mucho tiempo en la calle, a veces se da cuenta de que hay ciertas características físicas que se repiten", explicó. Todo lo que hacen responde, según Sánchez, a los deseos de los ciudadanos. "Si la propia comunidad pide seguridad, lo mejor es trabajar desde lo preventivo. De alguna forma ese trabajo tiene que hacerse. En este tipo de requisas, muchísimas veces se han prevenido delitos graves", contó el regente a este diario.
De acuerdo a un informe del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, entre diciembre de 2014 y abril de 2015, "se registraron 187 casos de torturas por parte de fuerzas de seguridad en la provincia".
Así lo afirmó Lorena Negro, flamante titular de
La diputada del Partido SI, Alicia Gutiérrez, presentó un proyecto de Ley que propone la creación de fiscalías especializadas en la atención de hechos que involucren el uso abusivo de la fuerza por parte de los agentes policiales de la provincia. El objetivo del mismo es contar con oficinas integradas por expertos de diversas disciplinas que se ocupen tanto de verificar los operativos destinados a conjurar la acción delictiva como de sancionar las infracciones que se detecten por parte del personal de seguridad.
"Frente al avance del delito y el aumento de la violencia que se percibe en lo cotidiano es necesario fijar las reglas que deben prevalecer en un sistema democrático a la hora de castigar la conducta criminal. De esta manera, se busca establecer las pauta que jueces y fiscales deberán tener en cuenta para evaluar si la actuación policial estuvo conforme a derecho", explicó.
El fiscal responsable de dichas fiscalías, designado por la Asamblea Legislativa a propuesta del gobernador, se ocupará de coordinar el equipo de trabajo multidisciplinario encargado de la investigación y represión del delito, como así también de la protección y custodia de los denunciantes. Para esto contará con un cuerpo de policías especializados. "Incluso se busca someter a escrutinio popular el desempeño de los funcionarios públicos a cargo de estas estructuras", agregó.
Se entiende por "uso abusivo de la fuerza" a las acciones realizadas por los agentes que no sean necesarias para asegurar la seguridad o el orden, evitar la fuga del delincuente o proteger la vida propia o de terceros y que, en definitiva, violen los principios básicos establecidos por Naciones Unidas respecto al empleo de la fuerza y las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
Fuente:Rosario12
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