29.10.2015
En línea con lo solicitado por el fiscal federal José Nebbia, el juez federal de Bahía Blanca Alejo Ramos Padilla desetimó la denuncia que había realizado el magistrado suspendido ante una fiscalía provincial, por medio de la cual un policía bonaerense se infiltró en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur para investigar una pegatina de afiches. Además, también como lo había pedido Nebbia, Ramos Padilla ordenó la apertura de una pesquisa por violación a la ley de Inteligencia Nacional.
Tal como lo había requerido el fiscal federal de Bahía Blanca José Nebbia, el titular del juzgado federal N°1 de esa ciudad bonaerense, Alejo Ramos Padilla, desestimó la denuncia penal presentada por el juez suspendido de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, por los delitos de daño, perturbación del orden y desobediencia contra tres personas que habrían pegado varios afiches donde se mostraba un fotomontaje de una imagen del camarista luciendo una gorra militar. Además, también a partir de lo pedido por el representante del MPF, Ramos Padilla ordenó que se investigue la violación a la ley de Inteligencia Nacional, por tareas de espionaje a la comunidad de la Universidad Nacional del Sur (UNS), dado que un agente policial se infiltró entre los estudiantes para obtener información sobre la pegatina.
La causa había sido iniciada en el fuero ordinario en noviembre de 2014 -y pasó al fuero federal por incompetencia- por impulso del propio Montezanti. En esa denuncia, el magistrado suspendido había imputado el delito de desobediencia al profesor universitario José Dante Patrignani, a quien se le había ordenado en sede civil ordinaria "cesar en la instalación y difusión de afiches ridiculizantes".
En el marco de esa denuncia interpuesta por Montezanti, el fiscal provincial Rubén Álvarez había ordenado "tareas de investigación" que se tradujeron en un informe brindado en una declaración testimonial por el oficial subinspector de la Policía bonaerense Miguel Vaca. El uniformado "Llevó a cabo múltiples tareas de inteligencia, entre ellas trató de vincularse con grupos socializantes de la Universidad Nacional del Sur, cosa que resultó sumamente dificultosa dado la condición de policía, la cual si bien mantuvo bajo reserva en todo momento, las personas con las cuales se pretendía vincular tienen pensamientos, ideologías y criterios distintos a los del deponente" (sic), señaló el policía, y, entre otras cosas, añadió que "aun así logró relacionarse con un par de jóvenes que participan de estos movimientos con los que tuvo cierto acercamiento, a punto de poder profundizar con la presente labor, pudiendo saber que Dante Patrignani, tiene acercamiento, o bien buena relación con los partidos de izquierda, entre ellos PO, liderado por Altamira; CTA; MCT; PCTU; PTF; con mayor acercamiento al Partido Comunista y Aduns, con cuyos líderes mantiene una estrecha amistad" (sic).
El fiscal Nebbia había desestimado la denuncia de Montezanti por daño, perturbación del orden y desobediencia al no encontrar que la pegatina de afiches encuadrara en aquellos delitos y destacó que "las tareas de inteligencia" en la UNS son "una verdadera locura", porque "lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia como país, y por ello no podemos quedarnos inermes ante esta conducta".
El juez federal, a su vez, resolvió en el mismo sentido que el representante del MPF, señalando que “ninguno de los hechos imputados en este legajo ha reunido las exigencias típicas requeridas por los tipos penales objeto de estudio, no logrando en ninguno de los casos atravesar el umbral de la tipicidad, deviniendo indefectiblemente en la atipicidad de las conductas endilgadas”.
Además, en relación con el pedido de investigación sobre la violación a la ley de inteligencia nacional, Ramos Padilla precisó que “dado que los hechos descriptos son expresamente contrarios a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos los cuales generan responsabilidad para el Estado Argentino, corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Publico Fiscal, por ello, extráigase testimonio de la presente causa, fórmese causa penal y deléguese la instrucción al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación”.
Fuente:Fiscales.gov.ar
Envío:AgnDDHH
Rechazan indefinición del juicio académico a Girotti
29/10/2015
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur devolvió ayer las actuaciones del Tribunal Académico que juzgó a la docente Gloria Girotti, ex secretaria del Juzgado Federal Nº1 durante el terrorismo de Estado imputada por crímenes de lesa humanidad. En su dictamen, el jurado propuso “mantener abierto el juicio académico” y aconsejó “analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.
Girotti asistió al juez muerto impune Guillermo Federico Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 desde donde tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos hábeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.
Para la ex consejera Telma Alonso “el tribunal está confundiendo las cosas (…) no entiendo por qué estuvo dos años dando vueltas con el tema y no resolvió nada. Dice ‘el Consejo debería tomar alguna medida cautelar’. Los que tienen que tomar la resolución son ellos, tiene que absolverla, suspenderla o separarla del cargo. Corresponde que se expida taxativamente sobre qué opina”.
El consejero por la Lista Azul No Docentes Roberto Cimatti fue el miembro informante del proyecto aprobado y repasó el recorrido del expediente abierto casi cuatro años atrás. Ahora el Tribunal deberá dictar sentencia en un plazo de veinte días hábiles.
El pedido de juicio académico fue solicitado a mediados de noviembre de 2011 con el respaldo de 59 miembros de la comunidad universitaria y recibió el aval del Departamento de Derecho en marzo del año siguiente. Girotti recurrió la decisión de sus colegas y el Consejo Superior rechazó su planteo permitiendo que en junio de 2012 se sorteen los jurados entre una lista de profesores eméritos o consultos quienes recién se constituyeron en octubre.
En marzo de 2013 la acusada hizo su descargo. Un mes después renunció un integrante del tribunal y fue reemplazado en mayo por otro futuro renunciante. En agosto el jurado quedó nuevamente listo aunque recién reanudó sus reuniones en septiembre para solicitar información a la justicia sobre las causas penales en las que Girotti está imputada. La documentación fue recibida en marzo de 2014 y doce meses después el jurado requirió a la Dirección General de Personal de la UNS sobre la situación laboral de la docente.
Luego de este riguroso trayecto burocrático, el mes pasado estamparon sus firmas en el dictamen final simplemente proponiendo “mantener abierto el juicio académico”.
La resolución que ayer llegó al plenario del Consejo con el acuerdo de lxs consejeros Cimatti, Julieta Gutiérrez y Gonzalo Rodríguez (Unidad), Brenda Russo (MNR Desafíos), Guido Beltrami (Generación UNS) y el decano de Medicina Pedro Silberman, propuso devolver las actuaciones al Tribunal Académico para que dicte sentencia en los próximos veinte días hábiles.
En su argumentación recuerdan que el Reglamento de Juicios Académicos establece que el tribunal “deberá pronunciar sentencia (…) la que debe contener una recensión de lo sustancial de la causa, el planteamiento de las cuestiones surgidas, un análisis razonado y pormenorizado de los elementos de ella considerados conducentes para la solución del caso juzgado, efectuado conforme a las reglas de la sana crítica, y unas conclusiones en las que se indicará claramente si el imputado debe ser absuelto, suspendido o separado”.
El director general de Asuntos Jurídicos dictaminó que “lo resuelto por el Tribunal Académico no es, en términos jurídicos, un fallo” sino la suspensión del procedimiento y que esto no es una opción prevista en las normas.
A su vez, la iniciativa advierte que “no es óbice para tal pronunciamiento la inexistencia de una sentencia definitiva en sede penal, pues lo que juzga el Tribunal Universitario no son necesariamente la comisión de delitos (…) sino el reproche ético de conductas que vulneran el Estatuto de la UNS”. El jurado tuvo en cuenta “el carácter ético” de la instancia aunque eludió su responsabilidad y sugirió que “resultaría aconsejable analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.
La ex consejera y dirigente de ADUNS Telma Alonso recordó durante la sesión que Gloria Girotti, como secretaria del juez Madueño, “firmó la negativa a muchos habeas corpus de gente que estuvo detenida desaparecida y que después se demostró que evidentemente lo estaba y el Juzgado no hizo absolutamente nada para tratar de determinar si realmente era sí o no”.
La docente mencionó el testimonio en indagatoria del represor Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita y la cárcel de Villa Floresta, quien declaró que “muchos de los detenidos estaban con los ojos vendados y algunos engrillados. Cuando el juez le pregunta por qué él no hace la denuncia dijo: ¿Y por qué voy a hacer la denuncia si la dra. Girotti estaba presente, si ella veía lo mismo que yo estaba viendo?”.
“Me da la impresión de que lo que está pidiendo la comunidad universitaria, representada a través de estos miembros que presentan el juicio académico, es que se analice la conducta ética de Gloria Girotti, no la cuestión judicial. (…) Está demostrado que firmó los habeas corpus, que fue secretaria de Madueño -que murió preso por delitos de lesa humanidad-, que fue nombrada por un represor que dice que estaba presente cuando se le tomaba declaración a los detenidos desaparecidos.
“¿Esa persona tuvo un comportamiento ético compatible con su calidad de docente? ¿Puede estar formando a nuestros alumnos de derecho? Esa es la pregunta. No si tiene que estar presa o no”, aseguró Alonso y planteó que incluso el fallo es perjudicial para la acusada: “Gloria Girotti tiene un pedido de juicio académico, hay un tribunal que debe decir si es merecedora de ello, pero no tiene que tener la espada de Damocles en forma indefinida”.
Guillermo Lucanera de la Lista Blanca aseguró que “filosóficamente, teóricamente, estoy de acuerdo con lo que se pide pero tengo mis enormes reservas en relación al resultado de esta resolución. Son las que me van a llevar a abstenerme de votarlo porque no quiero votar en contra”.
“Este es un tema muy sensible para toda la universidad. Hemos designado un jurado que tiene que evaluar y realizar una sentencia hacia la persona en cuestión y la potestad de decidir o no sobre el trascurso de esta sentencia es por parte del tribunal y no del Consejo Superior”, opinó Guido Beltramini, representante del alumnado por Generación UNS.
Finalmente el cuerpo aprobó la devolución de las actuaciones al Tribunal Académico con una abstención y la exclusión de Javier Orozco de Línea PHI quien fue firmante de la solicitud del juicio.
Fuente:JuicioArmadaArgentinaBNPB
Envío:AgnDDHH
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