En los alegatos de la megacausa por delitos de lesa humanidad, solicitaron 25 años de prisión para Hugo Moyano, José Anselmo Appelhans, Rosa Bidinost, Alberto Rivas y Oscar Obaid. La Fiscalía también pidió condenas altas.
Foto UNO/Alfredo Hoffman
Este viernes por la mañana, la Fiscalía federal y los abogados querellantes presentaron sus alegatos con los pedidos de pena para los siete represores imputados en la causa Área Paraná, donde se investigan desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la capital entrerriana. Los familiares de desaparecidos y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención no dudaron en calificar de "histórica" a esta jornada, algo en lo que coincidió el propio juez Leandro Ríos.
Las querellas solicitaron penas de prisión perpetua para los represores Cosme Ignacio Marino Demonte y Jorge Humberto Appiani; y 25 años de cárcel para Hugo Mario Moyano, José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost, Alberto Rivas y Oscar Ramón Obaid. La fiscalía, en tanto, peticionó perpetua para Demonte, 25 años para Appiani, Appelhans y Rivas, 18 para Moyano, 15 para Bidinost y 8 para Obaid.
La presentación de los alegatos se realizó a las 10 en el Juzgado Federal de Paraná. A partir de ahora, el juez Ríos contará con 20 días hábiles para el dictado de la sentencia.
Al momento de entregar el escrito, un centenar de personas se reunió en la planta alta del edificio de la Justicia Federal de calle 25 de Mayo.
Los abogados querellantes ingresaron al despacho del juez en compañía de algunos de sus representados: víctimas y familiares de los crímenes de la dictadura.
También representan a la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En ese encuentro los familiares hicieron saber al magistrado la necesidad de contar cuanto antes con un veredicto, dado que ya han transcurrido más de diez años desde el desarchivo de la causa. Ríos se comprometió a emitir sentencia antes de fin de año y les dijo que para él también esta fue "una jornada histórica".
La megacausa Área Paraná se desarrolló casi completamente por escrito y sin audiencias públicas –con excepción de las testimoniales de 2014– por aplicación del Código de Procedimientos en Materia Penal que data del siglo XIX.
En la causa se investigan delitos contra 52 víctimas: privaciones ilegales de la libertad, tormentos vejaciones y homicidios. Están incluidos los casos de cinco desaparecidos: Victorio Erbetta, Claudio Fink, Carlos Fernández, Pedro Sobko y Juan Alberto Osuna. Los restos de este último fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Entre los siete imputados que llegaron a esta instancia en condiciones de ser juzgados, dos de ellos se destacaron por interponer numerosos recursos dilatorios a lo largo del proceso: Cosme Demonte, acusado de asesinar en la vía pública al militante desaparecido Pedro Sobko, y el abogado y exmilitar Jorge Humberto Appiani, quien estaba encargado de hacer firmar a decenas de presos políticos declaraciones arrancadas bajo tormento en los centros clandestinos de detención.
Los otros cinco imputados son Hugo Mario Moyano, quien controlaba como médico las sesiones de tortura; el director de la Unidad Penal Nº 1 durante la dictadura, José Anselmo Appelhans; la directora de la cárcel de mujeres, Rosa Susana Bidinost, y los exmilitares Alberto Rivas y Oscar Ramón Obaid.
El pedido de las querellas
Los abogados querellantes solicitaron al juez que se condene a José Anselmo Appelhans a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de privaciones ilegales de la libertad y torturas; a Rosa Susana Bidinost a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por ser coautor de tormentos; a Hugo Mario Moyano a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de tormentos agravados; a Alberto Rivas a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de privaciones ilegales de la libertad y por imposición de tormentos agravados; a Jorge Humberto Appiani a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de privaciones ilegales de la libertad, imposición de tormentos agravados y desaparición forzada de personas agravada por haber resultado la muerte de la víctima; a Cosme Ignacio Marino Demonte a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de desaparición forzada de personas, por haber resultado la muerte de la víctima y por delito de homicidio calificado; y a Oscar Ramón Obaid a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
El alegato de la Fiscalía
Los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti –aplaudidos al ingresar al despacho del juez– presentaron un escrito de más de 150 páginas en las cuales describieron el funcionamiento de la represión ilegal en Entre Ríos y la responsabilidad que le cupo a cada uno de los imputados. Aclararon hicieron hincapié en la “magnitud del daño causado” a las víctimas y a sus familiares para “dimensionar adecuadamente la gravedad de los delitos cometidos”. En ese sentido citaron a la actual decana de la Facultad de Humanidades de la Uader, Rosario Badano, quien al declarar sobre sus padecimientos en los centros clandestinos de detención expresó: “Nosotros tenemos escritos en nuestras memorias y nuestros cuerpos lo clandestino de la represión”.
Al solicitar perpetua para el policía federal Demonte, Candioti y Silva resaltaron que intervino personalmente en la detención de los hoy desaparecidos Sobko y Erbetta y en el homicidio del primero. Además sostuvieron que fue “una pieza clave en el andamiaje de la represión ilegal en Paraná”.
Al pedir 25 años para Rivas –durante la dictadura, oficial instructor del Consejo de Guerra de Paraná– fundamentaron que se comprobó su intervención en 99 hechos: 33 privaciones ilegítimas de la libertad, 33 vejaciones y 33 tormentos.
Del represor Appiani, militar y abogado, resaltaron que “su accionar, acentuadamente despreciativo de los derechos humanos, resulta privado por completo de atenuantes”. Subrayaron su “involucramiento personal” en los crímenes, su presencia activa en los campos de concentración, en las sesiones de tortura y en las “farsas de juicio” de los Consejos de Guerra. Y destacaron que “actuó motivado por un profundo odio hacia las víctimas” y con “actitudes llenas de crueldad individual”.
De Appelhans, por entonces director de la cárcel de Paraná, expresaron que actuó como garante para que las fuerzas represivas actuaran con total impunidad con los detenidos y, además, se involucró personalmente en los delitos; lo mismo que Bidinost, quien dirigía la cárcel de mujeres.
Sobre Moyano, recordaron que como médico violentó sus “deberes funcionales y éticos hasta el grado de comisión de múltiples delitos”. Finalmente, sostuvieron que Obaid fue responsable de una privación ilegal de la libertad, tormentos y severidades."Condena ya"
Al finalizar la presentación, los organismos de derechos humanos dieron a conocer un documento en el cual reclamaron al juez que dicte "condena ya a los genocidas" y ratificaron la necesidad de continuar con los juicios de lesa humanidad. De la misma manera, advirtieron sobre la posibilidad de un retroceso en estas causas en caso de resultar electo el candidato Mauricio Macri en el balotaje del 22 de noviembre.
"Es el momento de decir a los miembros del Poder Judicial, a los vecinos de Paraná, a la ciudadanía en su conjunto, que es tiempo de sostener y profundizar lo conseguido. Debemos seguir buscando al hermano mellizo de Sabrina (Gullino, nieta restituia) y los restos de los compañeros desaparecidos. Debemos seguir investigando la maternidad clandestina del Hospital Militar, la responsabilidad de los miembros de las fuerzas militares y policiales provincial y federal, la participación de los médicos civiles en robo de bebés y sustitución de identidad; el rol de la dirigencia religiosa, de los empresarios, los funcionarios judiciales; la complicidad, encubrimiento, instigación y beneficio de la sociedad civil respecto de los crímenes de lesa humanidad", afirmaron.
Este es el documento completo:
Hoy más que nunca: cárcel a los genocidas Documento de los organismos de derechos humanos de Entre Ríos con motivo de la presentación de los alegatos en la causa Área Paraná.
Los organismos de derechos humanos de Entre Ríos venimos nuevamente a este juzgado a hacer oír nuestro reclamo de justicia. Hoy este reclamo está sustentado en pruebas contundentes, en los desgarradores y valientes testimonios de los familiares de nuestros compañeros desaparecidos Beto Osuna, Carlos Fernández, Pedro Sobko, Victorio Erbetta y Claudio Fink y de los sobrevivientes de los campos de concentración que se reunieron en la megacausa Área Paraná. Esta demanda se expresa en el alegato de los abogados querellantes pidiendo la condena de los genocidas Jorge Humberto Appiani, Cosme Ignacio Marino Demonte, Hugo Mario Moyano, José Anselmo Appelhans, Alberto Rivas, Oscar Ramón Obaid y Rosa Susana Bidinost.
Pero este acto, trascendental para la lucha por los derechos humanos en nuestra región, es también la reedición de un reclamo que se inició hace casi 40 años, cuando los represores entraron a nuestros barrios y nuestras casas y se llevaron para siempre a quienes abrazaban la causa del pueblo. Fue entonces cuando las madres, abuelas, familiares, hijos, compañeros y ciudadanos comprometidos salieron a la calle a reclamar aparición con vida, a buscar en oficinas, comisarías, cuarteles y catedrales donde los amenazaban y les cerraban las puertas en la cara. Fue en ese contexto de represión, persecución y terror cuando se cimentaron las bases del escrito que hoy estamos presentando ante el juez federal Leandro Ríos.
Este acto se reconoce también como herencia de la lucha de los inicios de la democracia, cuando había que denunciar los crímenes de la dictadura mientras sus autores permanecían en actividad, armados y con poder, levantándose contra el gobierno constitucional en movimientos carapintadas. En un contexto atravesado por la teoría de los dos demonios, por la obediencia debida, por el olvido y el silencio, por la pretendida reconciliación, transcurrieron largos años de impunidad. En las calles de Paraná, nos cruzábamos a diario con los genocidas beneficiados con el punto final, con los indultos, con un Estado siempre separado de los reclamos populares y con los ojos tapados del Poder Judicial descomprometido.
Los 90 fueron la etapa de la continuación de aquel proyecto de país injusto, desigual, individualista y pauperizador por el cual la dictadura cívico-militar-eclesial arrasó con una generación de militantes revolucionarios. Por eso también las luchas por los derechos humanos fueron ignoradas por una dirigencia política cómplice de la impunidad. Pero mal que les pese, la memoria crece. El pueblo logró torcer el rumbo de aquel modelo de país y la herida que permanecía abierta desde los años del terror comenzó a sanar. Bajamos los cuadros de los dictadores; recuperamos la ESMA y cada centro clandestino de detención. A través de la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner le dimos a las Madres y las Abuelas el reconocimiento que merecen. Llevamos a los genocidas al banquillo con plenas garantías y en tribunales ordinarios. Buscamos y encontramos a muchos de los nietos apropiados. Buscamos y encontramos los restos de muchos de nuestros compañeros desaparecidos. Conquistamos políticas de Estado en memoria, verdad y justicia. Conseguimos una Patria con Justicia, única garantía para que el Nunca Más cobre real sentido y en nuestro país tengan plena vigencia los derechos humanos.
En Paraná, ese verdadero cambio de época se materializó en la reapertura de las causas. Muchos represores están presos en la cárcel o encerrados en sus casas. Nos reencontramos con nuestra hermana Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Restituimos los restos de Beto Osuna.
La causa Área Paraná reunió pruebas sobre los delitos perpetrados contra 52 víctimas y algunos de los responsables llegan ahora a las puertas de una sentencia.
Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el momento en que decimos, con las pruebas en la mano, que los siete genocidas que quedaron en condiciones de ser juzgados merecen una condena ejemplar e histórica. Hoy es cuando ya no hay más margen para las chicanas dilatorias, los recursos absurdos, las postergaciones incomprensibles, los compromisos judiciales olvidados que hicieron que en el camino 15 imputados murieran o fueran separados del juicio por enfermedad. Once años de trámite en el Juzgado federal de Paraná desde la reapertura de la causa es demasiado tiempo. Cuarenta años de espera de familiares y sobrevivientes y de todo el pueblo comprometido con los valores de la democracia, es demasiado tiempo. No podemos dejar de recordar a las madres que fallecieron sin conocer un veredicto. Por eso hoy no es un día cualquiera: es el día en que decimos, con toda la fuerza de la ley: ¡condena ya a los genocidas! También es el momento de decir a los miembros del Poder Judicial, a los vecinos de Paraná, a la ciudadanía en su conjunto, que es tiempo de sostener y profundizar lo conseguido.
Debemos seguir buscando al hermano mellizo de Sabrina y los restos de los compañeros desaparecidos. Debemos seguir investigando la maternidad clandestina del Hospital Militar, la responsabilidad de los miembros de las fuerzas militares y policiales provincial y federal, la participación de los médicos civiles en robo de bebés y sustitución de identidad; el rol de la dirigencia religiosa, de los empresarios, los funcionarios judiciales; la complicidad, encubrimiento, instigación y beneficio de la sociedad civil respecto de los crímenes de lesa humanidad.
Por eso, los tiempos que vivimos no nos son indiferentes. No pueden serlo. Estamos a días de una elección donde está en juego mucho más que el nombre del próximo presidente. Lo que está en disputa es la continuidad de las políticas de Estado en derechos humanos que nos posibilitaron estar hoy aquí frente a este juzgado o el regreso a los oscuros años de la impunidad. Entre el candidato que propone crear un Ministerio de Derechos Humanos y el que anuncia que terminará con “el curro de los derechos humanos” no hay ningún margen para la duda. La opción es entre el proyecto que representa la posibilidad de seguir avanzando en memoria, verdad y justicia y el que tiene al ex caparintada Juan José Gómez Centurión como futuro ministro de Defensa. Entre quienes consideramos que es un deber del Estado argentino no dejar impunes los crímenes más horrendos de la historia reciente y quienes sostienen que estos juicios son revanchistas. Entre quienes seguimos trabajando por un país más inclusivo, menos injusto, con más derechos para todos y todas y quienes vienen a reinstaurar el modelo de país de la dictadura que hizo eclosión en diciembre de 2001. Entre quienes queremos un país sin impunidad y quienes quieren abrirle las rejas a los genocidas.
Por eso ahora, más que nunca, convocamos a las organizaciones populares y a los ciudadanos comprometidos con los derechos humanos a ratificar que no hay marcha atrás en los juicios a los represores y que seguiremos adelante hasta lograr la condena del último genocida.
¡Cárcel a Appiani, Demonte, Moyano, Appelhans, Rivas, Obaid y Bidinost!
¡Condena ya!
Pedro Sobko, Claudio Fink, Victorio Erbetta, Carlos José María Fernández, Juan Alberto Osuna y los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.
¡Presentes! ¡Ahora y siempre!
Organismos de DDHH de Entre Ríos Paraná, 30 de octubre de 2015
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