Resumen Latinoamericano / 20 Oct 2015.-
Luego del anuncio presentado por parte del Instituto colombiano de Medicina legal, en el que corrobora la identificación de los restos mortales de Luz Mary Portela de Leon, Cristina del Pilar Guarín y Lucy Amparo Ovideo, desaparecidas durante la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida en 1985; sus familiares expresaron el avance como “un paso importante”.
El anuncio de la institución se da a poco tiempo de cumplirse un año de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de Noviembre de 2014, en la que se declara responsable al estado colombiano por las violaciones a los DDHH cometidas durante el episodio, ordenandole investigar y esclarecer el paradero de los desaparecidos.
En rueda de prensa, los familiares instaron al gobierno a esclarecer las causas y responsables de sus muertes.
Así mismo hicieron un llamado a continuar las investigaciones en el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y el militante del M19 William Almonacid.
Los familiares exigieron adelantar investigaciones oportunas que permitan desvituar los falsos testimonios contrarios a las evidencias en video de la salida con vida de Cristina del Pilar Guarin del Palacio de Justicia, en que se han apoyado sus familiares desde su desaparición.
Pesquisas que habian sido ordenadas por la Juez tercera especializada. Por otra parte, en los casos de Luz Mary Portela León y Lucy Amparo Oviedo, los familiares de las víctimas insistieron en que las dos mujeres habrian salido con vida, apoyados en los testimonios de la periodista Julia Navarrete, el hijo de una de las víctimas, y algunas llamadas recibidas desde el interior de la casa del florero.
El anuncio de Medicina legal, representa un paso hacia la búsqueda de la verdad, en un proceso que ha tomado más de 30 años de lucha constante por encontrar justicia y reparación, donde el Estado y las Fuerzas Militares comprometidas en los hechos, no han sido efectivamnete sancionados.
Los familiares, solicitaron veeduría y acompañamiento por parte de organismos internacionales, ante lo que ellos consideran “injerencias indebidas de la inteligencia militar y profundas irregularidades” presentadas en cada uno de los casos.
Foto: Los restos corresponden a Cristina del Pilar Guarín y Luz Mary Portela, encontrados en cementerios privados y de Lucy Amparo Oviedo hallada en el cementerio del Sur.
FOTO COLPRENSA
Terrorismo de estado Militares habrían asesinado a indígena en Puracé (Cauca) Guardia indígena retiene a 30 uniformados
Resumen Latinoamericano / Agencia Prensa Rural / 20 de Octubre 2015.-
Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, informó que el Ejército asesinó a un ex gobernador indígena y que la guardia indígena retuvo a varios militares.
Efectivos de la Brigada 29 del Ejército habrían matado a Alfredo Bolaños, de 70 años, ex gobernador del resguardo Puracé (Cauca).
Los hechos se presentaron a las 8:30 pm del lunes en Piedra del Cóndor, entre los corregimientos de La Mina y Santa Leticia, Puracé.
La comunidad acudió al sitio donde se escucharon disparos y encontró el cuerpo del dirigente, luego de que los militares hicieran presencia en la zona.
Según el Ejército, “siendo aproximadamente las 20:40 horas, tropas del Batallón José Hilario López se desplazaban hacia el corregimiento de Santa Leticia, Puracé, donde se disponían a tomar posición para brindar seguridad a la jornada electoral”.
“De acuerdo a lo informado por el comandante de la patrulla, a su paso por el corregimiento de La Mina se escucharon varios disparos, que presumieron eran en su contra, por lo que los uniformados reaccionaron”.
La guardia indígena retuvo a los 30 militares implicados, entre ellos dos suboficiales. Sin embargo, el coronel Herrera, comandante de la Brigada 29, dijo que no había ningún soldado retenido y que estaban en la comunidad reunidos para realizar la investigación correspondiente.
Hasta la zona se desplazaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el CTI de la Fiscalía, integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca y el asesor de Paz de la Gobernación del Cauca.
Los militares serían trasladados a la Tercera División, mientras que el cadáver fue evacuado a Medicina Legal en Popayán.
Asesinado Ex -gobernador del Cabildo Indígena de Puracé -Cauca
20 octubre, 2015
El Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC informa a la opinión pública nacional e internacional, que el día de ayer 19 de octubre, fue asesinado Alfredo Bolaños ex gobernador del Cabildo Indígena de Puracé.
Los hechos ocurrieron la noche anterior, (lunes 19 de octubre del presente), cuando el reconocido líder indígena Alfredo Bolaños, llegaba a su parcela ubicada en la Piedra del Cóndor vía que de Popayán conduce a Santa Leticia y La Plata Huila en el Resguardo de Puracé (Cauca).
Tras conocerse esta noticia, hoy martes 20 de octubre, una comisión humanitaria del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, La Asociación de Cabildos Indígenas Genaro Sánchez, la guardia indígena y las Autoridades del Cabildo de Puracé, inspeccionan el lugar de los hechos para verificar los motivos y causantes del vil asesinato de un mayor, de quien no se conoce ningún tipo de problemas.
De acuerdo a informaciones suministradas por autoridades indígenas del Resguardo de Puracé, las comunidades de la zona centro se han declarado en asamblea permanente. Así mismo, se ha constatado que los únicos externos a la comunidad y que han estado cerca del lugar de los hechos, es el personal del ejército nacional adscrito a la vigésima novena brigada.
Ante este hecho, los pueblos indígenas del Cauca, rechazamos y condenamos el asesinato del exgobernador Alfredo Bolaños y hacemos un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y demás organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, para que investiguen este asesinato de manera diligente, determinen quienes son los responsables y los sancione enérgicamente, con el fin de que este hecho no se sume a los cientos de asesinatos indígenas del Cauca que se encuentran en la impunidad.
Nuestras autoridades y comunidades indígenas, continuaremos en la tarea incansable de exigir a los actores del conflicto el respeto por la Autonomía de los pueblos indígenas frente al conflicto armado, la recurrente victimización y el irrespeto por nuestro territorios perpetrado por los grupos armados y fuerza pública, quienes son los directos responsables de las causas y consecuencias por las cuales hoy nos encontramos en inminente peligro de desaparecer física y culturalmente.
CONSEJERÍA MAYOR CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA
Del fusil a los tacones tacones y fusiles
Por Camila Cienfuegos, Delegación de Paz de las FARC-EP / Resumen Latinoamericano/ 14 Octubre 2015
En agosto de 2012,en un campamento en las montañas de Colombia, sentada frente al computador redactando un plan de estudio, escucho el ruido del avión explorador que interrumpe la cotidianidad y la concentración, rápidamente tomo mí fusil y me atrinchero, junto al grupo antiaéreo. Uff! Afortunadamente solo fue un sobre vuelo. Retornó la calma y seguimos estudiando los temas de paz.
La concentración de nuevo se interrumpe por el llamado que me hacen para asistir a una reunión de Dirección de Mandos. Una reunión, que parece rutinaria pero que no olvidaré. Me notifican que saldré a una importante misión; en mi cabeza se tejen muchos interrogantes ausentes de respuestas, pero de lo único que estuve segura es que daría lo mejor de mí. Un principio inamovible en mi vida.
El tan esperado día llegó. Breve y sin mayor protocolo, el Camarada Pablo nos informa a Boris y a mí, que haremos parte de la Delegación de Paz que viajará a La Habana, Cuba. Sin cruzar palabra nos miramos sintiendo de inmediato sobre nuestros hombros el peso de una responsabilidad histórica. Los rostros de anónimos camaradas, con los que nos hemos cruzado en la vida guerrillera y ya no están, mujeres y hombres soñadores de la nueva Colombia, pasan por un segundo en mi mente.
Sin tiempo que perder empezamos a organizar maletas, no fue fácil desprenderme de mis botas de caucho y mi fusil, que han sido mis fieles compañeros por más de dos décadas. Amigos inseparables. Hago entrega de mi equipo de campaña, ya no llevo mi uniforme verde oliva, ahora visto de civil, me despido de mi gran familia Fariana, los mismos con los que he compartido momentos inolvidables de felicidad y otros tantos de tristeza.
Estamos próximos a abordar el avión, me espera un viaje largo. Siento nostalgia, por dejar atrás mi cotidianidad y expectativa por lo que se viene. Los míos, la guerrillerada y su camaradería de a poco van quedando a lo lejos mientras nos despiden agitando sus manos. Veo sus fusiles terciados. Seguirán enfrentaran el fragor de la guerra, expuestos a bombardeos y ametrallamientos que no dan tregua, mientras yo estaré cumpliendo otra tarea, ya no en la selva. En algunas horas estaremos en Cuba, la isla de la libertad. La tierra de Fidel y Raúl, del Che Guevara, Camilo Cienfuegos; la misma tierra que vio nacer a entrañables mujeres como Celia Sánchez Manduley, Vilma Espín, Mariana Grajales y muchas más. Un suelo productor de auténticos revolucionarios. Un pueblo extraordinario.
Finalmente llego al Aeropuerto, José Martí en La Habana, donde me fundo en un abrazo con los camaradas de la Delegación de Paz y de inmediato me asignan mi responsabilidad, trabajar en el equipo de prensa. Ya no tengo ni fusil ni botas, tengo tacones, grabadora y teléfono celular a la mano, además de una libreta para apuntes. Intercambio con periodistas y corresponsales de la prensa nacional e internacional que se instalaron en la mayor de las Antillas para acompañar el día a día de los diálogos. En esta tarea se aprende como en la guerrilla, todos los días.
Ahora no solo redacto planes de estudio sino de trabajo y coordino agendas. Aquí o allá continúo cumpliendo con mi compromiso, dar lo mejor de mí. Sueño con volver y contarles a los míos, la buena nueva, el acuerdo de una paz estable y duradera. ! Qué difícil fue soltar el fusil y subirme en los tacones.
Pablo Beltrán’, la nueva voz del ELN para negociar con Santos
Resumen Latinoamericano / Ag. de Comunicación de los Pueblos /18 de Octubre 2015.-
El Ejército de Liberación Nacional sumó la voz de otro de sus comandantes para referirse a la esperada mesa de negociaciones con el gobierno. ‘Beltrán’ hace parte del Comando Central de esa organización y se especula con que será uno de los principales voceros de la delegación insurgente.
Las palabras de Beltrán fueron dirigidas al seminario Segundo Seminario sobre Delito Político y situación de los Presos Políticos en Colombia; a través de un video, el integrante del Comando Central reafirmó las intenciones de esa organización para instalar una mesa de negociación pública e insistió en que el Gobierno debe tener gestos reales de paz: “dice tener voluntad de paz, se llama a sí mismo el gobierno de la paz pero todas sus medidas punitivas van contra las propuestas de paz, contra los líderes sociales y la protesta social”. Aseguró que las demoras para concretar el proceso tienen que ver con disposiciones del Gobierno.
Beltrán mencionó que la detención del líder indígena Feliciano Valencia es un ejemplo de la persecución: “la Constitución reconoce la justicia indígena pero el Estado echa ese mandato por la borda y amenaza al conjunto de las autoridades indígenas con condenarlos por hechos relacionados con la protesta. Nosotros creemos más en los hechos que a las palabras”, sentenció Beltrán.
El evento contó con la intervención de delegados de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, que manifestaron a través de un video que la jurisdicción especial para la paz, emanada del acuerdo de justicia firmado en La Habana, se concertó volver al reconocimiento pleno del delito político, muestra de ello es la amnistía acordada.
Justicia insurgente y diálogos de paz
Uno de los puntos más polémicos del evento se refirió a la justicia insurgente y los diálogos de paz. Según el profesor y excandidato a la rectoría de la Universidad Nacional, Mario Aguilera, la justicia insurgente se divide en dos ámbitos: el civil y el combatiente. Afirmó que los grupos guerrilleros han desempeñado un rol trascendental en territorios donde no hace presencia el Estado o no es legítimo al ofrecer un “servicio” de justicia rápida para dirimir los conflictos de las comunidades.
Aguilera mencionó que las formas de justicia que aplican dentro de los grupos insurgentes se desarrolla a partir de “códigos éticos y reglamentos internos” aunque en ocasiones los grupos armados carecen de poca formación en ámbitos jurídicos obviando en algunos casos el debido proceso y el derecho a la defensa.
La persecución al movimiento social
Por su parte, el senador Alberto Castilla condenó la peligrosa vinculación que hace el Gobierno entre insurgencias y movimientos sociales, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. “El Gobierno quiere relacionar al movimiento social con la insurgencia para desconocer la responsabilidad que tiene de resolver el conflicto social. Pretende una negociación con la insurgencia que considera resolverá el problema de la guerra y en vez de dar un tratamiento negociado al descontento social, le apuesta al tratamiento de guerra para la protesta. A eso se resume el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, el de Feliciano Valencia y de muchos otros defensores de derechos humanos y del territorio”.
Los diálogos con el ELN
El ELN se caracteriza por su hermetismo y recelo respecto a quiénes se autoriza a hablar en nombre de la Organización. En estos dos años de fase exploratoria, se refirió a la cuestión casi con exclusividad Nicolás Rodríguez Bautista ‘Gabino’, máximo jefe del grupo. En una ocasión fue Antonio García, quien en marzo pasado, en declaraciones publicadas por el periódico Desde Abajo había dado precisiones hasta ese entonces desconocidas del proceso. La aparición ahora de Pablo Beltrán refiriéndose a las demoras en el inicio de los diálogos y responsabilizando por eso al gobierno, alimentan las versiones que señalan que Beltrán sería uno de los principales delegados para la interlocución formal con el Gobierno.
Recientemente el presidente del Ecuador, Rafael Correa, confirmó que su país prestó los oficios necesarios para desarrollar varias sesiones de discusión exploratorias entre el ELN y Gobierno, lo que según líderes de izquierda como Lilia Solano representa “una luz de esperanza para lograr la paz en el país”.
Los presos políticos, primera aproximación con el análisis de tres casos.
Por JOSÉ SCHULMAN/ Resumen Latinoamericano /Crónicas colombianas para argentinos escritas para la Red Eco Alternativo/ 17 de Octubre 2015.-
Colombia es el país de América Latina con más presos políticos.Los organismos de derechos humanos hablan de unos nueve mil quinientos, pero el gobierno reconoce que bajo el delito de rebelión, o alguno de los delitos conexos, tiene preso a más de diez mil personas.
Es que la primera condición para pensar Colombia es dejar de lado los clichés conocidos por nosotros sobre las dictaduras argentinas o sudamericanas.
Es que en Colombia sí que hubo y hay insurgencia armada por más de cincuenta años y eso ha generado varios escenarios simultáneos de la lucha de clases que provocan diversos tipos de enfrentamientos y diversos tipos de presos políticos.
Aunque todos ellos lo están por oponerse al régimen de explotación y dominación capitalista que ha hecho de este enorme y rico país uno de los más injustos y violentos del continente.
De lejos, desde la butaca de un avión como diría Silvio, se dice fácil “conflicto armado” pero deberíamos reconocer que no sabemos mucho del tema. En Colombia ha habido por años (ahora hay una tregua unilateral decretada por las FARC/EP) combates grandes y chicos, enfrentamientos cotidianos que deparan víctimas y prisioneros de guerra.
Cuando la guerrilla ha retenido esos prisioneros, ha sido acusada de “secuestradores” que violan los derechos humanos, como si los maquis franceses o los ejércitos aliados que enfrentaron al Ejército alemán de Hitler no retuvieran enormes cantidades de prisioneros de guerra en campos de prisioneros, especialmente diseñados para tal cometido.
De manera sistemática la guerrilla propuso canjear los prisioneros de guerra, como se estila en cualquier conflicto bélico, pero el estado colombiano se opuso siempre y hasta atacó con bombas los campamentos donde los soldados del estado se encontraban retenidos para lucrar con su muerte.
Desde hace tiempo que las FARC/EP no retienen a ningún militar. El último que devolvió, sin recibir ninguna contraparte, fue un General que apareció en territorio guerrillero de bermudas y acompañado de su contadora personal (¿).
Pero el Ejército sí que retiene a los guerrilleros capturados, les abre causa individual como si no existiera conflicto social ni político ni armado alguno y los condena, generalmente por el delito de rebelión agravado por alguna de los delitos conexos como secuestro. Generalmente a la condena original se le suman otras, producto de falsas acusaciones de los “desertores” que por plata o por miedo pueden afirmar que llueve de abajo para arriba o que el espíritu de Marulanda fue el que voló las torres de New York. Lo que se les pida ellos dicen, y eso se considera prueba suficiente para condenar a los guerrilleros, o los acusados de guerrilleros, como veremos más adelante. Por este camino muchos combatientes terminan acumulando condenas de 25 o más años.
Durante muchos años los guerrilleros no contaban con asesoría jurídica suficiente, dado que bajo la dictadura de Uribe, tal acción se tornó casi suicida para los abogados y aún hoy lo que pueden hacer los abogados es muy poco. La causa se sustancia sin aviso al abogado que de repente es convocado a una audiencia pública y oral donde se entera de las acusaciones y de las supuestas pruebas en el acto mismo del juicio, por lo que su intervención es casi formal.
Muchos de ellos caen prisioneros con heridas de guerra o convalecientes de operaciones quirúrgicas realizadas por la medicina guerrillera, y son sometidos a las más infamantes condiciones de negación de servicios de medicina. Lo mismo pasa cuando contraen graves enfermedades como el Sida, diversos tipos de Cáncer o tuberculosis.
Carlos Andrés Bustos Cortez decidió aprovechar la tregua unilateral de la Farc para salir a dar un paseo en diciembre del 2014. Llevaba consigo una pistola de calibre 22 (o sea que no llevaba su arma guerrillera) y fue atacado por una patrulla militar a balazos. Uno de ellos le atravesó el cuerpo desde la cintura hasta el cuello, destrozando diversos tejidos y afectando diversos órganos. Pero no fue todo. Cuando cayó al suelo los soldados lo patearon de un modo tan brutal que le destrozaron diversos huesos de modo tal que quedó en silla de ruedas. Ni siquiera se puede cambiar ni asear de manera autónoma, y solo la solidaridad de sus compañeros lo ha sostenido vivo, hasta ahora. Está preso en la cárcel de Coiba Picaleña, cerca de Ibague, capital del Tolima, un departamento paradigmático para ambas partes porque en el Tolima está la vereda de Marquetalia donde Manuel Marulanda comenzó la resistencia campesina a principios de los sesenta (una vereda es un poblado campesino que no es pueblo puesto que las viviendas y huertas se encuentran alejadas unas de otras por algunos cientos de metros, en esas zona se cultiva café y por cierto dicen que es uno de los mejores de Colombia) . En la cárcel reciben agua dos veces al día por espacio de unos veinte minutos, en una zona donde generalmente hace unos treinta grados de temperatura o más; no tienen acceso al baño por lo que tienen que defecar y orinar en bolsas plásticas que tiran por detrás de un muro para no convivir con su propia mierda todo el día. Y tampoco tienen atención médica. El estado colombiano creó una especie de Empresa de Servicios Médicos para los internos, pero la empresa quebró por los robos de los funcionarios y hoy prácticamente no brinda servicio alguno. Leyeron bien. Los presos colombianos, no solo los políticos casi no reciben atención médica alguna, aunque los que pueden se pagan una Prepaga médica y entonces luego de un engorroso trámite, son llevados a atención particular. Pero eso no corre para los guerrilleros cuya familia ha quedado muy lejos y la estigmatización hace que pocos se quieran comprometer de manera directa con ellos.
En una reunión con familiares de presos políticos que mantuve en Ibague el día 11 de octubre, su hermano me confió que teme por su vida, a pesar de que mantiene el espíritu y la moral de combate en forma.
En la misma reunión conocí a una mujer campesina, María Rubiela Rubio Gualteros, habitante de una vereda por donde pasaban los guerrilleros, el Ejército y los paramilitares. A todos atendía más o menos del mismo modo siguiendo una estrategia de sobrevivencia campesina muy extendida. Si pedían agua o comida, les daba y trataba de no malquistarse con nadie. Pero un día, uno de sus hijos se fue para la guerrilla de las FARC/EP que en la zona tiene varias generaciones de campesinos en sus filas. Recuerden que estamos cerca de Marquetalia y hasta viejitos que pelearon con las primeras autodefensas campesinas previas a las Farc se encuentran todavía. Y entonces comenzó la persecución. El ejército llegaba a su casa disfrazado con el uniforme de las Farc y con un supuesto prisionero encapuchado pidiéndole ayuda en nombre de un comandante guerrillero de la zona. Ella los zamarreaba diciéndoles que no sean pendejo y que los conocía demasiado para que la engañen. Pero un día cayeron con una orden judicial de detención y la llevaron a ella y su compañero (que no es el padre de su hijo guerrillero) para la cárcel. Ella pasó cuatro años y su compañero todavía está preso. La farsa judicial se consumó con un supuesto desertor que dijo haber escuchado que ella era colaboradora de la guerrilla. Por su parte, toda la vereda se ofreció a testimoniar la verdad, pero los jueces no quisieron escuchar su testimonio y bajo la figura de sospecha (leyeron bien, se condena no por convicción sino por sospecha) la condenaron a ocho años. Cuando el guerrillero se enteró de la detención de su madre comenzó a buscar contacto con la familia y él también cayó preso, condenado como todos bajo el cargo de rebelión. En su caso, los vecinos se hicieron cargo de sus otros dos hijos, y la acompañaron todo el tiempo hasta que salió libre a los cuatro años. Pero el Ejército había entregado su finca y todas sus propiedades a los paramilitares de la zona. Ahora ella es una de las más animosas militantes de la Comisión de Familiares de Presos Políticos del Tolima, su compañero y su hijo siguen presos en las brutales condiciones que soportan todos los de la cárcel de Coiba Picaleña. Establecer la cifra de presos políticos no es fácil en Colombia, este caso de “falso positivo jurídico” es muy repetido. Cientos y miles de campesinos están presos por el único delito de no haber colaborado como el Ejército pretendía con delaciones o falsas acusaciones. En realidad no es cierto que estén presos por no haber hecho nada, están presos porque han mantenido la dignidad campesina de no acusar en vano a sus vecinos. Pero aún hay otro tipo de presos, los acusados de favorecer con su prédica o su pensamiento a la insurgencia.
Miguel Ángel Beltrán Villegas es docente universitario, investiga el conflicto social y armado en Colombia y por eso fue acusado de propaganda subversiva y encerrado por dos años y deportado
El fiscal no tuvo empacho en decir que Miguel Ángel no usaba armas pero pensaba. Y que había que encerrarlo.
Miguel Ángel se asiló en Argentina y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue una de las organizaciones que lo ayudó. Por su nivel académico consiguió un puesto en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Sociales de la UBA y llegó a dirigir su revista Cuadernos de Marte Finalmente la “Justicia” Colombiana falló declarando su inocencia entre otras cosas, porque las pruebas eran inconsistencias ya que “habían perdido la cadena de custodia”.
Sin embargo mientras vivía en Argentina, en 2013 le fue aplicada una “sanción disciplinar” por la Procuraduría General de la Nación en cabeza de Alejandro Ordóñez (el mismo personaje que implementó la destitución y sanción a Piedad Córdoba) basada en el contenido de sus investigaciones y la “apología al terrorismo” que hacía a través de ellas.
La sanción apuntaba a su destitución como docente de la universidad nacional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de 10 años que finalmente fue efectuada por el Rector de la UNAL.
No obstante, en diciembre de 2014 mientras preparaba la apelación sobre el mencionado caso y a escasos días de su presentación, el caso por el que estuvo detenido durante 2 años (entre 2009 y 2011), fue reabierto con orden de captura y condena a 100 meses de prisión,
Hoy está en un sector de la Cárcel Modelo que es de máxima seguridad, el ENRON; donde no puede leer ni escribir ni recibir visitas que no sean las familiares
De todo esto trató el Foro Nacional por los Presos Políticos Colombianos que en su instalación contó con la intervención de la ex Senadora Piedad Córdoba, del senador Iván Ruiz y del profesor Zuviría, intelectual marxista de talla, miembro de la Comisión de Verdad Histórica de la Mesa de Diálogos de La Habana. Pero el Foro exige una nota especial que nos permita algún tipo de sistematización de la problemática, central en el proceso de acuerdos hacia la paz.
Las Distorsiones del Conflicto Colombiano
Por: Matt Peppe / Resumen Latinoamericano / 17 de Oct. 2015.-
Hace semana y media la noticia desde la Habana fue que las FARC (fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) y el gobierno colombiano habían definido que el acuerdo final de la paz sería firmado en un plazo de seis meses. La noticia fue aclamada como un paso importante en la solución de un conflicto que lleva más de medio siglo y como una oportunidad para lograr la paz del país. No obstante, los medios masivos de comunicación que siempre recitan la retórica del gobierno, omiten reconocer las causas principales de la violencia y la inevitabilidad de que esta continuará en el futuro.
A lo largo de décadas, la política del gobierno colombiano ha sido una estrategia de seguridad nacional de contrainsurgencia, desarrollada a finales de los años 50 bajo el auspicio del ejército de los Estados Unidos. El objetivo del gobierno de Estados Unidos era mantener un sistema político amigable para los negocios mediante la implementación de políticas económicas que favorezcan a las corporaciones multinacionales y al capital extranjero. Cualquier resistencia a tales políticas era considerada subversiva, y las personas que simpatizaban con tal resistencia eran estigmatizados como enemigos internos que debían ser eliminados o neutralizados por medios militares.
La retórica de la doctrina de seguridad nacional sostiene que si se elimina la amenaza insurgente la paz será restaurada. La presunción implícita en esa doctrina es que los rebeldes de las FARC han sido siempre el bando que se atraviesa en el camino de la paz.Según esta interpretación, cuando las FARC iniciaron sus operaciones militares el Estado tenía que responder en beneficio de la nación en su totalidad organizando una respuesta contraguerrillera.
Pero esta narrativa es históricamente equivocada. El conflicto colombiano no es una pelea del conjunto de la sociedad contra un grupo de guerrilleros, sino una batalla de un grupo minoritario de élites que controlan el aparato estatal contra la mayoría de la población.
“Como en muchos otros países latinoamericanos, las semillas de la desigualdad social actual y la lucha por la concentración de la tierra y recursos de Colombia la podemos encontrar en el control ejercido por una minoría minúscula, igual que en el despojo progresivo de la mayoría de la gente, lo cual tiene sus raíces en el colonialismo del siglo XVI,” explica Jazmín Hristov en su libro Sangre y Capital: La Paramilitarización de Colombia. [1]
Una vez las FARC se constituyeron en el ala armada del Partido Comunista en Colombia, la doctrina contrainsurgente – desarrollada por el ejército de EEUU y codificada en manuales que fueron distribuidos desde los años 60 – instruyó a sus contrapartes colombianas a que consideraran cualquier forma de lucha por la justicia social o reforma democrática como forma de insurrección comunista. Además de los rebeldes armados, miembros del clero, académicos, líderes sindicalistas, defensores de derechos humanos, y otros miembros de la sociedad civil han sido convertidos en blancos insurgentes potenciales.
Para extender su alcance en la sociedad colombiana, el gobierno autorizó legalmente el paramilitarismo en 1965 con el Plan Lazomediante la conformación de “fuerzas de defensa civiles” armadas e integradas al sistema militar colombiano [2]. Estas fuerzas sirven al objetivo del gobierno de preservar el status quo realizando su trabajo sucio a través de escuadrones de la muerte, asesinatos, tortura, intimidación y desapariciones, al tiempo que proporcionan el encubrimiento y un aparente distanciamiento del Estado en sí mismo.
El conflicto colombiano no puede ser entendido correctamente sin el reconocimiento de la naturaleza verdadera de los actores implicados y los intereses que estos representan. “El paramilitarismo nunca ha sido, mucho menos ahora, un tercer actor aislado (el estado y las guerrillas son los otros dos), tal como es presentado en los discursos oficiales de seguridad nacional,” escribe Hristov. [3]
Escribiendo en el New York Times luego de que el acuerdo sobre justicia fuera anunciado, Ernesto Londoño dice que la “lucha de tres vías entre las facciones de la guerrilla, las fuerzas del gobierno y las bandas paramilitares de la derecha que a menudo actuaban como testaferros del estado habían asesinado a más de 220.000 personas y desplazado alrededor de 5.7 millones.”
Dan Kovalik, profesor de derechos humanos internacionales en la escuela de leyes de la Universidad de Pittsburgh, controvierte la noción de que los paramilitares simplemente operan de vez en cuando como testaferros: “Es imposible hablar de los paramilitares como actor separado del Estado colombiano, porque es el estado colombiano el que ayudó a crear los paramilitares; y los grupos defensores de derechos humanos han concluido año tras año que el Estado les ha suministrado las armas, ayuda logística y ha realizado incluso operaciones conjuntas. Incluso las cortes federales cuando han sido confrontadas con estas preguntas, bajo la Alien Tort Claims Act, han concluido que los paramilitares están tan integrados con el Estado que sus acciones criminales constituyen una acción del Estado.”
Además de la inexactitud al describir el conflicto, la declaración de Londoño utiliza estadísticas de la violencia acumulada sin distinguir quién es el actor responsable de las muertes y desplazamientos. Más adelante en su columna, Londoño culpa implícitamente a las FARC de la mayoría de la violencia: “docenas de víctimas viajaron a La Habana para hablar sobre los abusos que sufrieron a manos de los líderes de la guerrilla. Algunas implicaron a las fuerzas del gobierno en actos brutales… Los tribunales especiales de guerra que el gobierno intenta crear para juzgar crímenes serán asimilados a cortes de canguro por quienes han estado a favor de una derrota militar de las FARC.”
Si uno acepta la retórica de la seguridad nacional según la cual la mayoría de la violencia perpetrada por el gobierno equivale solo a un daño colateral como resultado de la reacción a la agresión insurgente, entonces las guerrillas serían responsables de la mayoría de muertes y lesiones. Pero éste es apenas un caso.
Kovalik anota que los “grupos defensores de derechos humanos han concluido consistentemente que el Estado colombiano y sus aliados paramilitares cometen la mayor parte de las violaciones de derechos humanos en el país – en los peores años, por lo menos el 80% de los abusos han sido atribuidos a estas fuerzas.”
La intervención del gobierno de EEUU y el Plan Colombia
Londoño también elogia la política de EEUU señalándola como la generadora del ímpetu para alcanzar la paz: “La intervención por la fuerza de Washington en la guerra, la cual comenzó hacia finales de los 90s, permitió que el gobierno colombiano debilitara a las FARC y en últimas sentara las bases para las actuales negociaciones de paz.”
La política contrainsurgente de Washington es vista no sólo como un instrumento para la paz, sino como el factor principal que permitirá su logro. Es increíble como el revisionismo histórico retrata al instigador y patrocinador de la violencia masiva que ha perdurado por décadas como un intermediario honesto para terminar esta violencia.
En realidad, la intervención de Washington comenzó 40 años antes del tiempo al que se refiere Londoño, y esa intervención fue la que agudizo la guerra que ha azotado al país desde entonces. Cualquier evaluación objetiva de la política exterior de EEUU en Colombia ha encontrado que ésta ha sido un absoluto fracaso. Bajo la dirección, financiamiento y entrenamiento de los EEUU, el Estado colombiano ha mostrado uno de los peores historiales en respeto de los derechos humanos en el hemisferio. Muchas organizaciones de derechos humanos dan testimonio de esto, y han exigido el fin de la ayuda militar de EEUU a Colombia.
“Año tras año la política de EEUU ha ignorado las evidencias y peticiones de las Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales colombianas e internacionales y del pueblo de Colombia. El plan Colombia ha sido un fracaso en todos los aspectos y los derechos humanos en Colombia no mejorarán hasta que haya un cambio fundamental en la política exterior de EEUU,” declara la oficina de Amnistía Internacional en los EEUU.
Un informe de la ONG de derechos humanos Human Rights Watch dice: “toda la ayuda para la seguridad internacional debe ser condicionada a acciones explícitas del gobierno colombiano encaminadas a cortar conexiones, en todos los niveles, entre el ejército y los paramilitares. Los abusos atribuidos directamente a los miembros del ejército colombiano han disminuido durante estos últimos años, pero en el mismo período el número y magnitud de los abusos atribuidos a los grupos paramilitares que operan con el consentimiento de los militares o con su abierto apoyo, se han elevado súbitamente.”
El profesor e historiador de Bogotá Renán Vega Cantor, en un estudio sobre la presencia de EEUU en Colombia, escribe que: “El terrorismo de Estado que se perpetúa en Colombia desde finales de la década de 1940 se alimenta tanto del sostén militar y financiero de los Estados Unidos, como de los intereses de las clases dominantes criollas, para preservar su poder y su riqueza y negarse a realizar elementales reformas económicas y sociales de tipo redistributivo.”
Lo que el New York Times y los medios masivos omiten en su análisis es que el sistema sociopolítico colombiano neoliberal actual necesita la continuación de la violencia para acomodar el capital.
“La guerrilla no fue la causa del conflicto colombiano sino por el contrario, uno de sus síntomas, y simultáneamente se convirtió en un factor contribuyente en el sentido de que su misma existencia sirve de pretexto y justificación para la violencia y la militarización por parte del Estado; lo cual desafortunadamente ha hecho que la presencia de la guerrilla sea utilizada por el establecimiento para legitimar la violencia sobre las fuerzas sociales que desafían el poder de las clases dominantes,” escribe Hristov en su ultimo libro, Paramilitarismo y Neoliberalismo: Sistemas Violentos de la Acumulación de Capital en Colombia y Más Allá. [4]
Hristov dice que si el gobierno quiere satisfacer las demandas de las FARC, tiene que invertir en programas sociales a expensas del aparato militar y políticas de seguridad actual. Pero como estos sistemas le sirven a esa estructura económica neoliberal que transfiere la tierra y los recursos de las masas populares a una minúscula minoría elitista, es ingenuo pensar que esos cambios ocurran.
“Incluso en una era post-FARC el Estado tendría siempre pretextos, recurrirá a las BACRIM [bandas criminales que tienen raíces en los grupos paramilitares presuntamente desarmados] o a la existencia de otros grupos guerrilleros, para mantener el desbordado nivel de militarización,” escribe Hristov. [5]
La representación del conflicto colombiano en el New York Times y otros medios masivos es una réplica de la propaganda estatal, haciendo eco a la doctrina de seguridad nacional, propaganda que oculta la violencia inherente al sistema económico colombiano que ha ocasionado la perpetuación del militarismo y la represión en el país.
Si bien cualquier acuerdo de paz que ofrezca la perspectiva de reducir el derramamiento de sangre es bien recibida, el hecho de que el Estado colombiano continúe sometido al consenso de Washington y a su modelo socioeconómico neoliberal, significa que el país se dirige inevitablemente hacia la continuación de la violencia, el despojo, y el sufrimiento de la inmensa mayoría de la población.
Solo cuando el gobierno colombiano y los medios masivos de comunicación occidentales reconozcan que la intervención de Washington exacerba la violencia en lugar de minimizarla, tal vez entonces Colombia pueda empezar a liberarse a sí misma y a buscar una paz duradera y con justicia social para todos sus habitantes.
Envío:ResumenLatinoamericano
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