Martín Ferreyra
02 de Octubre de 2015
El proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados, generó rechazo en un sector que quiere evitar que el Congreso investigue eventuales delitos de los hombres de negocios.
El rechazo de la Unión Industrial Argentina (UIA) a la comisión legislativa bicameral que investigará las articulaciones entre la dictadura militar y la sociedad civil motivó ayer un largo cruce entre empresarios de distintos sectores y peso específico en la economía. Tras la crítica del principal ente productivo, los hombres de negocios salieron a marcar posición.
El titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, condenó la formación de la Bicameral que ya tiene media sanción de Diputados y apuntó contra los legisladores de la Cámara Baja que impulsaron el proyecto: "No hay duda que tienen un espíritu antiempresario", acusó. En diálogo con Tiempo, De la Vega dirigió la mira contra el diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde, uno de los impulsores del texto, a quien reprochó que "se caracteriza por elaborar proyectos que hacen suponer que en realidad pretenden llamar la atención. Sobre todos sus proyectos laborales."
Sobre la comisión investigadora, el empresario mercantil aseguró que existe "riesgo de que más que investigar se pretenda perseguir" a los empresarios. El titular de la CAC advirtió que "una cosa es investigar y otra cosa perseguir. No hay duda que hay diputados que tienen un espíritu antiempresario que marca la orientación de su proyecto." En esa línea, el referente comercial remató que la formación del cuerpo investigador "huele más a persecución que a otra cosa".
De la Vega remarcó que no está en contra de las investigaciones pero dijo que esas facultades le corresponden al Poder Judicial, una definición que sintonizó con la que dejaron trascender desde las grandes empresas del sector industrial. Una fuente cercana a la mesa chica de la UIA ratificó a este medio el rechazo a la Bicameral ,pero aclaró que "en ningún momento los industriales dijeron que están en contra de las investigaciones".
Tras el revuelo que provocó el pronunciamiento de la entidad industrial, la fuente coincidió con el líder mercantil cuando consideró que de los vínculos entre las empresas y la dictadura militar "se tiene que encargar la justicia como ya pasó" para no "estigmatizar a los grupos económicos, como está sucediendo".
Según el vocero consultado, a los grandes industriales les molesta que la iniciativa de los diputados se concentre en los empresarios y desvíe el objetivo del rol que tuvieron durante el gobierno de facto "otros grupos sociales, como los gremios y la iglesia católica, e incluso los grupos periodísticos", enumeró.
El martes, la UIA publicó un comunicado en el que dio a conocer su rechazo al proyecto de ley para crear la comisión para la "identificación de las posibles complicidades económicas durante la última dictadura militar". En el marco de ese mensaje, la entidad reclamó que "el derecho de defensa y la independencia de quienes deben juzgar los eventuales ilícitos solamente pueden ser garantizados mediante procesos realizados por el Poder Judicial, ya que este es el único Poder con facultades constitucionales para administrar Justicia".
El pronunciamiento de los industriales no tardó en levantar polvareda. Es uno de los primeros mensajes de la entidad empresaria desde la renovación de autoridades el 21 de septiembre, por lo que no fueron pocos los que interpretaron la comunicación del martes como un indicador del perfil político que va a tener la nueva conducción.
Ese comunicado se aprobó en la habitual reunión del grupo de dirigentes que encabeza ahora el presidente Adrián Kaufmann Brea, de Arcor. El vocal José Ignacio de Mendiguren, también diputado por el Frente Renovador, participó de la votación. Como en su rol de legislador aprobó la formación de la Bilateral en el Congreso, ayer se presumía que rechazó el posicionamiento de sus pares de la UIA.
Salvo el caso de De Mendiguren, el resto de los votos de los industriales es una incógnita. De fondo, no obstante, están latentes los casos de grandes empresas que actualmente intentan probar su presunta inocencia en juicios por delitos de lesa humanidad. En esa lista figuran, entre otras, Techint, Acindar, Siderca, Ledesma, Celulosa Argentina, Ford, Mercedes Benz, La Veloz del Norte, como también el titular del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot. Varias de los altos dirigentes de la UIA son también actualmente ejecutivos de esas empresas.
Pero ayer no hubo solamente críticas a la formación del cuerpo investigador. Algunas consideraciones positivas se conocieron también en entidades que comparten con la UIA espacios como el Grupo de los Seis (G6). Es el caso del titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Juan Chediack, quien reivindicó la iniciativa como mecanismo para desentramar casos de corrupción en sociedad con la dictadura.
El empresario lamentó desconocer los detalles de la iniciativa legislativa tanto como la posición de la UIA, pero aun así manifestó que "todo proyecto destinado a investigar hechos de corrupción me parece bien". La articulación entre las privadas y el régimen de facto, agregó, "es un tema que debiéramos dar por superado después de tantos años".
A su tiempo, el ex presidente de la Unión Industrial bonaerense (Uipba), Osvaldo Rial, defendió la política de Derechos Humanos del gobierno al calificarla como "correcta" y aclaró, al revés que la UIA, que una comisión investigadora "no juzga". Con ese argumento, denunció en diálogo con Tiempo que la Unión Industrial "confunde los tantos".
Las pymes se sumaron a la polémica. A contramano de la UIA, el titular de la CGE, Ider Peretti, expresó que "nosotros apoyamos que se esclarezcan todos los hechos aberrantes que sucedieron en el país con protagonismo no sólo de los militares sino también con la participación de grupos económicos que se beneficiaron durante esos años".
Por su parte, el titular de la sociedad de garantía recíproca Garantizar, Leonardo Rial, fue al hueso de los industriales cuando recordó que uno de los objetivos del golpe cívico-militar "fue destruir el proceso de industrialización que venía llevando adelante nuestro país hasta principios de la década del '70". En ese orden, el empresario juzgó "inconcebible" que la entidad gremial empresaria rechace la posibilidad de investigar a "los responsables del vaciamiento y la destrucción del desarrollo productivo nacional".
Finalmente, desde la CGERA, el secretario Raul Zylberstein, lamentó que la posición de la UIA bajo el mando de Kaufmann Brea "no debe sorprender a nadie, ya que como representante de corporaciones no puede hacer otra cosa que defenderlas". "Un país –contrapuso Zylberstein– necesita de grandes empresas pero también de las medianas y de las cientos de miles de pequeñas, por eso desde CGERA tenemos una visión más integradora que corporativa."
El proyecto otorga amplias facultades para investigar
El proyecto de ley del diputado oficialista Héctor Recalde crea una Comisión Bicameral cuyo objetivo será identificar las complicidades económicas, es decir, privadas, con la última dictadura cívico-militar.
El proyecto prevé en su artículo tres que la Comisión, cuya cabeza sería designada por el Poder Ejecutivo, elabore un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura y "la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza". En el mismo artículo se dice que la comisión "deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia, así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas". Además, el artículo prevé que la comisión formule denuncias a la justicia si "advirtiera la eventual comisión de delitos".
El artículo cuatro establece que "la comisión deberá publicar el informe dentro de los 180 días contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro igual", lo que equivale a un año de trabajo como plazo máximo para elaborar su informe. Por el artículo cinco, la comisión deberá establecer un cronograma de trabajo "que deberá regirse por los principios de participación, inclusión, transparencia, amplitud probatoria y publicidad". El mismo artículo indica que la comisión deberá recepcionar información y denuncias, citar a organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, acedémicos, cámaras empresarias y partidos políticos.
Por el artículo sexto, "la comisión deberá instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura a reconocer voluntariamente su participación", sin que ello extinga las acciones judiciales. Por último, la comisión estará facultada a requerir informes, datos y documentos a "todos los funcionarios del Poder Ejecutivo", incluidos los miembros de las fuerzas armadas. No será oponible el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional. La comisión podrá recurrir a la justicia para lograr sus objetivos.
Fuente:TiempoArgentino
La UIA, la dictadura civil y el coronel Varela
Viernes 02 de Octubre
Aldo Marinozzi
La UIA, la dictadura civil y el coronel Varela La UIA, la dictadura civil y el coronel Varela El rechazo de la Unión Industrial Argentina (UIA) a una comisión parlamentaria Bicameral que investigue las responsabilidades civiles en la última dictadura ayuda a poner en claro por qué no siempre se ve la “dictadura civil” y hasta en las marchas del 24 de marzo todavía hoy se escucha el “se va a acabar, la dictadura militar”.
Y es justamente ésa la dictadura que sí se terminó mientras que los efectos de la dictadura civil no han sido juzgados. Incluso simbólicamente, como lo demuestra el hecho de que el ex presidente Jorge Videla haya sido enterrado con la identidad cambiada (paradojas de la historia) mientras su ex ministro de Economía y estratega, José Alfredo Martínez de Hoz, tiene lápida a su nombre sin temer el rechazo de los familiares de sus vecinos de tumba.
Dice la UIA que sólo la Justicia puede investigar la participación en los crímenes de Lesa Humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Esto reafirma la mirada de esos crímenes como delitos aislados, que se cometieron uno por uno.
Falta la mirada sistémica, la mirada del todo. La mirada de la política, de lo que el investigador Daniel Feierstein denomina como prácticas genocidas para la reorganización social y nacional.
Un genocidio cometido no sólo por el simple deseo de matar ni por la persecución de las organizaciones armadas en sí, sino para introducir modificaciones políticas, económicas y hasta simbólicas que explicita el propio nombre del Proceso de Reorganización Nacional que la dictadura se dio.
Pero nada de esto es tan original. Basta con ver la escena final de La Patagonia Rebelde. El rostro de Héctor Alterio protagonizando al coronel Varela, el perpetrador de la matanza de peones rurales allá en los comienzos del siglo XX en nombre del famoso ser nacional, cuando recibe el agradecimiento de los estacieros cantado en inglés.
Parece sentir Varela la misma decepción que Videla cuando reprochaba desde la cárcel que los empresarios que ahora, en libertad y en democracia, impulsan la nave de la economía de mercado, le pedían 10 mil desparecidos más.
La dictadura militar sirvió a la dictadura civil, pero una se hizo visible y la otra se invisibilizó. Hubiera sido interesante que la Comisión Bicameral se crease antes y le preguntara a Videla los nombres de los empresarios que pedían 10 mil desaparecidos más.
Fuente:ELArgentino
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