Resumen Latinoamericano / Desinformémonos / 21 de Oct. 2015.-
Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) participaron en más de 3 mil 500 enfrentamientos armados en los cuales ejecutaron a más de 4 mil civiles.
Por cada militar muerto en los enfrentamientos que se registraron entre 2007 y 2014, 19 civiles perdieron la vida. En tanto, por cada miembro de la Marina fallecido entre 2012 y 2014, 21 civiles fueron asesinados.
Este índice de letalidad de aproximadamente 20 civiles asesinados por cada elemento castrense muerto en enfrentamientos, sugiere “que la fuerza letal se está usando más de lo necesario”.
Ayer, durante la audiencia con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Washington, organizaciones civiles de México expusieron este panorama, que da cuenta del “patrón de ejecuciones extrajudiciales” que tiene lugar en territorio mexicano.
Se trata, como precisan en un documento, de ejecuciones a manos de las fuerzas de seguridad que ocurren sin justificación alguna, y en las que los civiles caídos son presentados, con posterioridad, como delincuentes sin investigación adecuada de por medio.
La impunidad –sólo se tiene conocimiento de una sentencia condenatoria por una ejecución extrajudicial en Nuevo León–, el encubrimiento, la falta de prácticas adecuadas de investigación y la militarización de la seguridad pública son, a decir de la sociedad civil, los factores estructurales que fomentan esta práctica.
Durante la audiencia con los expertos de la CIDH, las organizaciones mexicanas enfatizaron en la necesidad de investigar la cadena de mando en los casos de ejecución extrajudicial. Para ello, aludieron a Tlatlaya, en el Estado de México, en donde el Batallón 102 del Ejército tenía instrucción de “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Otros casos que refirieron y que datan de 2014 y 2015 son los de Apatzingán, Tanhuato y Ostula, en Michoacán; el de Calera, en Zacatecas; así como al asesinato de seis personas en Iguala, Guerrero, durante los ataques a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Frente a este panorama, la sociedad civil mexicana planteó a los expertos internaciones el conjunto de acciones que el Estado Mexicano debe emprender de manera prioritaria para erradicar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales: operar un plan programático que finalice con el modelo militarizado de seguridad pública; incorporar la investigación de la cadena de mando y la posible alteración de las escenas del crimen en todos los casos de graves violaciones a derechos humanos; garantizar que después de toda privación de la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad, se realice una averiguación independiente, tomando en cuenta las directrices internacionales; cumplir con las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos; garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas; y respetar la independencia de jueces y fiscales.
Gobierno de México comparece ante la CIDH por caso Ayotzinapa
Por J. Jesús Esquivel / Resumen Latinoamericano /Proceso.com/ 20 de Octubre 2015.-
Por violaciones a los derechos que van desde tortura hasta ejecuciones extrajudiciales y, en especial, por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó a comparecencia al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Este martes 20, en la sede de la CIDH y en el marco de su 156 periodo de sesiones en Washington DC, el gobierno de Peña Nieto tendrá que responder a varias acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
En coincidencia a las cuatro audiencias que realizará la CIDH sobre México, el gobierno de Barack Obama decidió recortarle 15% de los 148 millones de dólares que destinó este año para apoyar a Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico, tras considerar que las fuerzas armadas cometen serias violaciones de derechos humanos.
El caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, es de tal importancia y atención de la CIDH que determinó por su propia prerrogativa hacer una audiencia “de oficio” sobre el caso.
En la sesión se presentará el reporte sobre la desaparición de los 43 estudiantes llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos resultados de la investigación del caso Iguala contrastan totalmente con la pesquisa llevada a cabo por el gobierno mexicano.
En esta audiencia de oficio el GIEI tendrá la oportunidad de cotejar y cuestionar al gobierno de Peña Nieto respecto de sus conclusiones de la “verdad histórica”, y de lo que asegura ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además de la participación del GIEI y de la CIDH, en la audiencia de oficio también estarán padres de algunos de los jóvenes desaparecidos y varios grupos defensores de los derechos humanos, por lo que se adelanta que el gobierno de Peña Nieto será ampliamente sometido a varias interrogantes a las que tendrá que responder.
La jornada de audiencias sobre México en la CIDH se inicia por la mañana de este martes con el caso Manuel Santiz Culebra y el de la masacre de Acteal, Chiapas. En la segunda audiencia, la CIDH y grupos defensores de derechos humanos analizarán judicialmente el tema “derechos humanos y políticas de drogas en México”.
En esta sesión se espera que se aborde en detalle el papel del Ejército y la Marina de México en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, tareas en las que se les acusa de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.
La tercera audiencia será la de oficio sobre Ayotzinapa, y por la tarde la última, también de suma importancia para la CIDH, ya que se trata de “denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales”.
Para la última audiencia se adelanta que nuevamente la CIDH cuestionará al gobierno de Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa, en torno a la masacre de Tlatlaya, Tanhuato y varias más acusaciones que se han presentado ante el órgano jurídico interamericano.
Como no ocurría desde hace varios años, y esto como resultado de la lucha militarizada contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón, y a la que le dio continuidad Peña Nieto, a México se le considera uno de los países latinoamericanos en el que más se cometen violaciones a derechos humanos.
El Ejército, la Marina y todas las agencias policiales mexicanos han sido denunciados ante la CIDH por cometer todo tipo de violaciones a los derechos, acusaciones que además no han sido investigadas a fondo por parte del gobierno mexicano.
Foto: Miles conmemoran un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Foto: Alejandro Saldívar
Michoacán militarizada; más de mil soldados desplegados en seis municipios
Resume Latinoamericano / la Jornada 719 de Octubre 2015.-
Este sábado 17 de octubre inició el desplazamiento de 500 policías militares a los municipios de Zitácuaro, Huetamo y Los Reyes como parte del tercer operativo conjunto anunciado desde la toma de posesión de Silvano Aureoles Conejo y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong el pasado primero de octubre.
Ya son seis los municipios de Michoacán que se encuentran militarizados, y bajo coordinación entre el gobierno estatal y federal, debido a “los rebrotes de inseguridad pública”, que se han vivido estos días, informa la agencia michoacana Quadratín.
Los primeros territorios que se encuentran en custodia de los militares son Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Sahuayo, Huetamo y La Piedad.
Son alrededor de mil los elementos castrenses que ya se encuentran desplegados en la geografía estatal, y en los días venideros llegarán otros centenares.
Estos son los primeros convoyes del total de 3 mil elementos de la Policía Militar que reforzarán junto con 2 mil policías federales más, que se suman a los tres mil que ya realizan tareas de Seguridad Pública en al menos una veintena de municipios.
Operativo Michoacán
A Morelia arribaron 120 policías militares y a Uruapan 80, en tanto que los 800 restantes se distribuyeron en Zitácuaro, Huetamo, Sahuayo y La Piedad, desde donde también atenderán a los poblados de las zonas colindantes.
El gobernador Silvano Aureoles Conejo ha sido el máximo responsable de este proceso de militarización de la identidad, acrecentado sus conversaciones con las autoridades federales, militares y navales.
En las próximas semanas se instalará el Mando Unificado una vez que el gobierno estatal firme los acuerdos con más de 100 gobiernos municipales que aún están pendientes.
El pasado 4 de octubre, el gobernador Silvano Aureoles anunció el arribo de más de cinco mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal en las zonas consideradas como focos rojos y fortalecer el blindaje en las zonas limítrofes con los estados de Jalisco, Guerrero, Colima, Guanajuato y estado de México, según informa La Jornada.
La búsqueda de “El Chapo” deja una crisis humanitaria en el Triángulo Dorado:
Por Belizario Reyes/ Resumen Latinoamericano/SinEmbargo/ 18 de octubre 2015.-
De acuerdo con el Alcalde, Samuel Lizárraga, los desplazados de Tamazula están hospedados con familiares y amigos de la región.
Al mismo tiempo que aumenta el despliegue militar para capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en los límites de Sinaloa y Durango, también ha crecido el número de desplazados de Tamazula hacia Cosalá.
De acuerdo con el Alcalde de Cosalá, Samuel Lizárraga Valverde, el DIF local tiene contabilizados, de acuerdo con la ayuda que se solicita, alrededor de 600 personas en situación de refugio por el desplazamiento forzado de sus comunidades desde que inició el éxodo de habitantes de la sierra la semana pasada.
“Para tener un mayor orden en la atención de los desplazados, relacionamos nombre del jefe de familia y la comunidad de la que provenía de Durango, eso nos arrojó un aproximado de 250 jefes o jefas de familia, algunos vienen con sus hijos, dos o tres hijos, lo cual nos viene a dar un aproximado de 600 gentes”, subrayó el funcionario municipal. El jueves, confirmó, llegaron tres familias más y se les atiende a través del DIF.
“… la gente aunque esté hospedada en Cosalá con familiares, con amigos, con conocidos de esta región, esta gente sigue estando en Cosalá y nosotros tenemos la obligación de seguirles dando ayuda humanitaria”. El Ayuntamiento de Tamazula y el Gobierno del Estado de Sinaloa se sumaron a los apoyos, en virtud de que la ayuda que otorgaba la Comuna cosalteca era insuficiente, dijo Lizárraga Valverde.
Organismos como Article 19 y la Comisión de la Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa han definido la situación que se vive en Cosalá como “crisis humanitaria” que debe atenderse con urgencia.
El Senador Francisco López Brito propuso además, la conformación de campamentos temporales para los refugiados con médicos y maestros para los niños. En medio de este escenario, el Gobierno federal confirmó el viernes que el líder del Cártel de Sinaloa fue herido en el rostro y en una pierna, cuando logró huir del cerco que le tendió la Marina en ese corredor del Triángulo Dorado.
ANHELAN VOLVER A CASA
Aristeo desea regresar a su casa en el poblado El Verano, donde ha vivido más de 60 años, de donde salió tras el operativo de la Marina que buscaba a Guzmán Loera.
“Ojalá que se calme todo eso (lo del operativo), uno no tiene la culpa de nada, … sí deseo regresar, ¿cómo no?, porque mire, el gobierno lo saca a uno y cómo no le dice te voy a poner una casa aquí en Cosalá, deberían comprarle a uno un cuartito, ahí llega uno de arrimado, de apoyarlo a uno, de alojarlo a uno”.
Otros vecinos de Los Duraznitos también manifestaron que esperarán que haya condiciones de seguridad para que puedan regresar a sus hogares.
Lo mismo ocurre con otras familias de El Verano, pero las autoridades les han dicho que si regresan actualmente es bajo su propio riesgo, pues sigue el despliegue de elementos de la Semar en el área de Tamazula, Durango.
EN BUSCA DE “EL CHAPO”
El Gobernador de Somaloa, Mario López Valdez declaró esta semana que el cerco militar que implementa la Marina en la sierra de Durango tiene como objetivo prioritario la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa.
En entrevista en el Puerto de Mazatlán, el mandatario estatal fue parco al responder la pregunta:
-¿Ya se sabe por quién va la Marina?, le preguntaron.
-Ustedes ya lo saben, respondió.
-¿Es “El Chapo”?
-Sí.
De acuerdo a versiones y testimonios de los pobladores desplazados a las que tuvo acceso SinEmbargo, la zona entre los estados de Durango y Sinaloa es un verdadero campo de batalla, donde a cada momento se escuchan detonaciones de armas de alto calibre y sobre vuelos de aviones y helicópteros.
Los enfrentamientos entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) en contra de sicarios han dejado a los habitantes del municipio duranguense en el fuego cruzado. No son aisladas las denuncias por abusos en contra de estas corporaciones.
En junio pasado se acusó a marinos de asesinar a dos jóvenes y de herir a un menor en un ataque aéreo. No obstante, la dependencia a cargo del Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz negó cualquier exceso de sus elementos. En otro caso, este fin de semana una de las habitantes de Tamazula narró al diario Noroeste que su vivienda fue objeto de disparos, según ella, desde el aire.
“Desde el helicóptero dispararon. Mi hija se asustó tanto. Corrí a agarrarla para escondernos”, comentó al medio. En respuesta a ésta y otras acusaciones, la Marina emitió un comunicado en el que negó haber cometido abusos o ataques contra los pobladores de la zona serrana de Tamazula, y aseguró que lo que realizan en la zona son recorridos de disuasión en estricto apego a la Ley.
“Con relación a la información difundida en diversos medios de comunicación sobre supuestos abusos cometidos por personal de la Armada de México en municipios del estado de Durango, la Secretaría de Marina informa que… actualmente mantiene presencia, entre otros, en el municipio de Tamazula, Durango, donde realiza recorridos de disuasión en estricto apego a la legislación vigente y en absoluto respeto a los derechos humanos de las personas”, dijo la dependencia.
Noroeste informó el domingo pasado que la única respuesta que dan los marinos es que buscan “a un hombre que se hace acompañar de varios individuos”.
Fuentes cercanas al caso dijeron a NBC News que agentes antidrogas estadounidenses interceptaron señales de teléfonos celulares que confirmaban la presencia de “El Chapo” Guzmán en un rancho localizado en las montañas de esta zona.
Sin embargo, cuando los infantes de Marina mexicanos allanaron el rancho en la Sierra Madre la semana pasada, lo único que encontraron fueron los teléfonos celulares y la ropa que creían podrían haber pertenecido al jefe del narcotráfico, según las fuentes.
Migrantes oaxaqueños exigen cambios en los campos
Por David Bacon / Resumen Latinoamericano/ 19 de Octubre 2015.-
Cuando miles de trabajadores agrícolas indígenas se fueron a huelga en el Valle de San Quintín en Baja California el 16 de marzo, sus voces no sólo las escucharon en las calles de los poblados rurales a lo largo de esta península en el norte de México. Dos años antes, migrantes de Oaxaca golpearon a uno de los más grandes cultivadores de moras en el Pacífico Noroeste —Sakuma Farms—, y organizaron un sindicato de jornaleros agrícolas: Familias Unidas por la Justicia (Families United for Justice).
Los migrantes oaxaqueños indígenas han estado viniendo a California por lo menos desde hace treinta años, y los ecos de San Quintín fueron escuchados en poblados como Greenfield, donde la frustración de los obreros ha estado levantando presión debido a la explotación económica en los campos y a la discriminación en la comunidad local.
“Somos gente trabajadora” declara Fidel Sánchez, líder de la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales para la Justicia Social. Somos los que pagamos con el trabajo de nuestras manos para que haya un gobierno en este estado y en este país”. La frase no es un exceso de retórica. Justo en las dos primeras semanas de la huelga, en lo álgido de la temporada de la fresa en abril, Francisco Vega de Lamadrid, gobernador conservador de Baja California, calculó enormes pérdidas que suman más de 40 millones de dólares.
Aunque las demandas de la huelga tenían un rango que iba de un salario diario de 200 pesos (13 dólares) a mejores condiciones en los campos de labor, Sánchez lo explica en términos más básicos: “Queremos trabajar como hombres, como padres de nuestras familias. Nuestras esposas son las que más sufren con estos sueldos de hambre, porque tienen que estirar 700 u 800 pesos para que alcancen a cubrir el costo de la comida, de la ropa de nuestros niños, de sus cuadernos, libros y lápices para la escuela, de la asistencia médica si se enferman, del gas y el agua para que puedan lavarse”.
La agricultura corporativa comenzó en San Quintín en la década de 1970, como ocurrió en muchas áreas del norte de México, para abastecer el mercado estadunidense con tomates y fresas de invierno. Baja California tenía entonces muy pocos habitantes, así que los contratistas trajeron jornaleros del sur de México, especialmente familias mixtecas y triquis de Oaxaca. Hoy se calcula que viven ahí unos 70 mil trabajadores agrícolas migrantes, en campos de labor notorios por sus terribles condiciones. Muchas de las condiciones imperantes son violatorias de la ley mexicana.
Una vez que los trabajadores indígenas fueron traídos a la frontera, comenzaron a cruzarse a los campos en Estados Unidos. Hoy, el grueso de la fuerza de trabajo de los campos de fresas californianos proviene de la misma corriente migratoria que pizca varios tipos de moras en el estado de Washington, donde los jornaleros se fueron a huelga hace dos años.
Dos de los 500 huelguistas de Sakuma Farms era las adolescente Marcelina Hilario de San Martín Itunyoso y Teófila Raymundo de Santa Cruz Yucayani. Ambas comenzaron a trabajar en los campos con sus padres y hoy, como mucha gente joven de familia migrante indígena, hablan inglés y castellano —los lenguajes de la escuela y la cultura que los rodea. Pero Teófila Raymundo también habla su lengua nativa triqui y está aprendiendo mixteco, mientras Marcelina habla mixteco, estudia francés y está pensando si toma alemán.
“Trabajo con mi papá desde los doce años”, recuerda Teófila. “He visto cómo lo tratan mal, pero él regresa porque necesita el empleo. Una vez que se acabó la huelga aquí, vinimos desde California hasta acá para la siguiente temporada, y no quisieron contratarnos. Tuvimos que irnos a otro lugar a vivir y trabajar ese año. Así fue como conocí a Marcelina”. Ambas acusan a la compañía de negarse a darles mejores empleos (como el llevar el registro de las moras que recogen los jornaleros —puestos que sólo se le asignan a las trabajadoras blancas jóvenes. “No podemos estar de acuerdo si vemos que la gente nos trata mal”, añade Marcelina. “Pienso que tienes que decir algo”.
Rosario Ventura fue otra de las huelguistas de Sakuma Farms. Vive en California, y viene a Washington con su marido Isidro para la temporada de pizca. Ventura es de un poblado triqui, mientras que su esposo Isidro es de la Mixteca de Oaxaca. Se conocieron y se casaron mientras trabajaban en Sakuma Farms, algo que nunca habría ocurrido si se hubieran quedado en México.
Pero Rosario no vino a Estados Unidos en busca de romance. Durante los años de sequía en San Martín Itunyoso, “no hay nada de dónde conseguir comida, nada. Algunas veces nos moríamos de hambre porque no teníamos dinero”.
Sin embargo, su padre lloró cuando ella anunció que se iba, y dijo que nunca iba a regresar. De algún modo él tuvo razón. “Si te vas no vas a regresar —es para siempre. Eso es lo que él dijo”, recuerda Rosario. “No le llamo ni lo busco porque si lo hago, lo voy a poner triste. Preguntará, cuándo vas a regresar. Qué le puedo decir. Cuesta muy caro cruzar la frontera. Es fácil abandonar Estados Unidos, pero es difícil cruzar de regreso. Cuando me vine en 2001, me costó 2 mil dólares.
Miguel López, un hombre triqui que ahora vive en Greenfield, en Salinas Valley en California, vino por las mismas razones, y la pasó mucho peor cuando arribó hace veinte años. Sin dinero no podía rentar ni siquiera un apartamento. “Vivía bajo un árbol con otros cinco, cerca de un rancho”, recuerda. “Llueve mucho en Oregon y por eso estábamos bajo un árbol.”
Eventualmente halló un empleo, y después de algunos años trajo a su familia. Sin embargo esto fue una bendición entreverada, porque él y su esposa tenían que trabajar tan duro. “Mis hijos ni siquiera me conocían porque tan pronto como llegaba a la casa me iba yo a dormir. Era difícil atenderlos adecuadamente”, explica. Y no lo recibían bien en Greenfield. “La gente indígena enfrenta la discriminación en la escuela y en general por todo el pueblo. Mucha gente habla mal de los triquis o de los que son indígenas”.
Bernardo Ramírez, antiguo coordinador binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, fue a Sakuma Farms a ayudar en la huelga, y regresó muy enojado por la discriminación”. “Los capataces insultan a los trabajadores y les dicen burros”, acusa. “Cuando comparas gente con animales, eso es racismo. Somos seres humanos”. Pero agrega con cautela: la discriminación implica más que el lenguaje. “Los bajos sueldos son una forma del racismo también, porque minimizan el trabajo de los migrantes”.
Las grandes corporaciones agroindustriales que comercializan las fresas, los arándanos y las zarzamoras que se venden en Estados Unidos, no aceptan esas acusaciones. Sakuma Farms dice que le garantiza a sus empleados 10 dólares la hora con un bono por destajo, y que los trabajadores tienen que cumplir con la cuota de producción. Pero estas compañías deberían comenzar a prestar atención a estas voces. No sólo provienen de sus propios trabajadores, de aquellas y aquellos que producen sus ganancias, sino que además expresan una rabia y una frustración que van creciendo por la continuada pobreza imperante entre los migrantes indígenas de Oaxaca. Tal vez los patrones deberían aprender triqui y mixteco, para escuchar lo que realmente se dice.
Foto:Jornaleros escuchan a los líderes de la huelga en Vicente Guerero, Baja California. Foto: David Bacon
Envío:ResumenLatinoamericano
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