El abogado de un represor renunció a ejercer la defensa
Paraná, 21 oct
Guillermo Retamar presentó un escrito con su renuncia a ejercer la defensa del ex policía federal Cosme Demonte, acusado por dos casos de secuestro y un homicidio durante la última dictadura • El juez considera que se trata de una maniobra para evitar el dictado de la sentencia, no le aceptó la renuncia y le advirtió que podría imponerle sanciones
El abogado Guillermo Retamar presentó su renuncia a ejercer la defensa del ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, en la causa que lo tiene como imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
El letrado presentó primero un confuso escrito manifestando su voluntad de renunciar a la defensa del represor luego de que el juez Leandro Ríos fijara fecha para la exposición por escrito de los alegatos en la causa que lleva casi doce años de trámite desde la caída de las leyes de obediencia debida y punto final; y luego explicitó su decisión de abandonar la defensa de Demonte por considerar que se trata de un proceso “injusto” en el que “se han violado todas las garantías”.
El magistrado tomó nota, pero no le dio curso a la renuncia porque están corriendo los plazos para la presentación de los memoriales con los alegatos y le advirtió al letrado que continúa su obligación de representar a Demonte.
En concreto, el juez entiende que hay una deliberada decisión de evitar el dictado de la sentencia y le dijo a Retamar que si persiste en su “inconducta” podría aplicarle sanciones disciplinarias, para las cuales está facultado; y hasta comunicar de su actitud al Colegio de Abogados de Entre Ríos y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que regula la matrícula federal de los abogados y los habilita para el ejercicio profesional ante el máximo tribunal y ante la Justicia Federal en todo el país.
De esta forma, el juez ratificó que las partes tienen tiempo hasta las 10 de la mañana del viernes 30 de octubre para presentar los alegatos en la denominada megacausa Área Paraná, donde investigan secuestros y torturas contra 52 víctimas y los homicidios y desapariciones forzadas de 5 personas durante la dictadura. Demonte está acusado por el secuestro de los desaparecidos Victorio Coco Erbetta y Pedro Miguel Sobko, y por el homicidio de este último, y se encuentra detenido en la cárcel de Paraná.
Malicia procesal
Esta especie de rebeldía no es la primera en que incurre el abogado Retamar. En su momento no presentó su defensa ante la acusación de los fiscales y querellantes, pero entonces el juez decidió seguir adelante con el proceso.
Antes, en 2012, la Cámara Federal de Apelaciones había puesto en marcha los mecanismos para sancionar por “malicia procesal” a Retamar por instrumentar medidas tendientes a dilatar el dictado de la sentencia, a raíz de una denuncia de los querellantes.
Tras la clausura de la instrucción y el apartamiento de Gustavo Zonis, en 2009, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná designó a Fermín Ceroleni como juez de sentencia, pero fue recusado y luego ocurrió lo mismo con otros ocho magistrados: Aníbal Ríos, Beatriz Aranguren, Pablo Seró, Ladislao Uzín Olleros, Roberto Lerena, Leandro Ríos, Rubén Efraín Cabrera y Jorge Delorenzi.
Los argumentos eran ridículos. En el caso de Cabrera, por ejemplo, llegó a ser acusado de tener “resentimiento”, “encono” y “animadversión” hacia los imputados y fue recusado por su condición de apoderado del PJ, ya que el partido de gobierno ha expresado “un interés explícito y manifiesto en obtener condenas” en las causas por delitos de lesa humanidad. No menos absurdo era el pedido para apartar a Leandro Ríos por ser hijo de Aníbal, que intervino antes en el expediente.
En otro momento fue el propio Demonte quien le revocó el poder de representarlo a Retamar. Entonces el juez le asignó al defensor oficial, Demonte lo recusó y volvió a designar a Retamar. La pretensión era siempre la misma: demorar el expediente.
Hace algunas semanas, cuando el juez Ríos dio por concluido el período de producción de pruebas, Demonte insistió en su estrategia dilatoria y se opuso a pasar a la etapa de alegatos, con planteos de nulidad absoluta y recusaciones varias, que no prosperaron.
La presentación de los alegatos permite avizorar una sentencia. El Código de Procedimientos en Materia Penal, bajo el cual se tramita la causa, prevé que a partir del 30 de octubre “quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos, ni producirse más pruebas”. Luego el juez mantendrá una entrevista con los imputados (“audiencia de visu”, que se llama) y “tendrá un plazo de veinte días para estudiar el proceso y dictar sentencia”, que podría prorrogarse por “un plazo prudencial complementario”, en este caso, dado lo “voluminoso o complejo” del expediente.
A esta instancia llegan siete represores: los ex militares Appiani, José Anselmo Appelhans, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; el ex policía federal Demonte; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano. En el camino quedaron otros catorce represores, fallecidos o que fueron separados por razones de salud.
• Doce años
Las chicanas procesales de los represores han provocado que el proceso se extienda por casi doce años desde que en diciembre de 2003 se pidiera su desarchivo.
Primero hubo una larga discusión jurídica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó a favor de los represores al disponer que el proceso se tramite por el antiguo Código de Procedimientos en Material Penal de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos– que prevé que las actuaciones sean escritas. Saldada esa discusión, entre 2009 y 2011 fueron detenidos, indagados y procesados diez ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles. En abril de 2011 se clausuró la instrucción y a partir de julio los fiscales y querellantes formularon sus acusaciones. Pero luego volvió a empantanarse, esta vez por una sucesión de chicanas dilatorias que impusieron las defensas, principalmente Appiani, y después siguió un festival de recusaciones de jueces.
Finalmente, entre octubre y noviembre del año pasado se realizaron audiencias públicas en las que declararon 45 testigos, en su mayoría sobrevivientes de la dictadura y familiares de víctimas de la represión ilegal, publicó EL DIARIO.
Fuente:AFDigital
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