CHACO: LA PATA JUDICIAL DE LA DICTADURA A UN PASO DEL JUICIO ORAL.

La pata judicial de la dictadura en el Chaco, a un paso del juicio oral 
Sábado, 14 de Noviembre de 2015
La Cámara Federal de Resistencia revocó el procesamiento por “asociación ilícita” contra el exjuez federal Córdoba, el exfiscal Mazzoni y el exjefe de Guardia de la U7, Pablo Casco.

Sin embargo, despejó el camino para juzgar a ambos exfuncionarios por supuesta complicidad con crímenes de lesa humanidad cometidos en el Chaco durante la última dictadura.

La Cámara Federal de Resistencia resolvió revocar el procesamiento por “asociación ilícita” contra el exjuez federal de Resistencia Luis Angel Córdoba, el exfiscal Roberto Mazzoni y el exjefe de Guardia de la Prisión Federal de Resistencia (U7), Pablo César Casco.

Sin embargo, quedó despejado el camino para juzgar a los dos primeros por supuesta complicidad con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la provincia del Chaco y al exagente penitenciario por tormentos agravados contra dos exdetenidos políticos en la cárcel federal de la capital provincial durante el mismo período.

La resolución fue dictada el pasado 4 de noviembre y lleva la firma de los camaristas José Luis Aguilar, Ana Victoria Order y Simón Getzel, miembros de Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Más allá de revocar la imputación por el delito de “asociación ilícita” realizada por el juez federal Carlos Skidelsky, los camaristas dejaron abierta la posibilidad de avanzar con el que sería el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia del Chaco.

Ahora, la causa deberá volver al Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia que hace más de un año ya había elevado a juicio oral la causa contra los exfuncionarios judiciales y contra el exjefe de Guardia de la Unidad Penal 7 de Resistencia, Pablo César Casco.

De acuerdo a antecedentes en otras jurisdicciones, en base a planteos realizados por querellas, por el Ministerio Público Fiscal y por acordadas de la Cámara Nacional de Casación y la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia podría tener que analizar la posibilidad de unificar esta causa con la causa Caballero Residual o Caballero II, que aguarda su inminente elevación a juicio oral y público en la cuál once represores se encuentran acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la exBrigada de Investigaciones de Resistencia.

Las imputaciones Córdoba será juzgado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad”; “incumplimiento de la obligación de promover la represión penal” y “encubrimiento”, en nueve hechos en cada caso, concursados realmente entre sí.

Por su parte, Mazzoni fue procesado por las mismas imputaciones, en cinco hechos en cada caso, concursados en forma real entre sí. Córdoba fue quien, como magistrado, aceptó la versión “oficial” según la cual los fusilados de Margarita Belén, entre los cuáles había detenidos a su disposición, habían muerto en un “enfrentamiento” cuando intentaron escapar de un celular que los “trasladaba” a la cárcel de Formosa.

El juez y su secretario, Carlos Flores Leyes, que murió impune en 2010, no objetaron que el supuesto traslado se hubiera realizado un domingo, ni que el motivo alegado hubiera sido llevar a un grupo de presos políticos a una cárcel que no estaba preparada para recibirlos.

Según la acusación que promovió en su momento Mirta Clara, viuda de Néstor Sala, víctima de la masacre, tampoco certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares. En tanto, el expenitenciario federal Pablo César Casco será juzgado por el delito de tormentos agravados contra dos exdetenidos políticos dentro de la Prisión Regional Norte (Unidad 7), donde se registraron “torturas sin límite”.

Casco comandaba la denominada “Guardia dura o la Guardia de Casco”. Deja vú A fines de octubre de este año, organismos de derechos humanos del Chaco difundieron un documento expresando su preocupación ante la dilaciones producidas en la causa en la que se investiga la complicidad judicial con la última dictadura cívico – militar en la provincia.

En el escrito planteaban la urgencia de confirmar el procesamiento de Córdoba y Mazzoni por el delito de “asociación ilícita” y despejar el camino para que los exfuncionarios judiciales sean sentados en el banquillo de los acusados.

También, subrayaban que ambos fueron detenidos e indagados hace casi tres años y medio y que el pedido de elevación a juicio del juez Carlos Skidelsky databa de más de un año atrás por cuatro delitos que probarían que avalaron el accionar del Terrorismo de Estado contra detenidos políticos en el excentro clandestino de la Brigada de Investigaciones y en la Prisión Federal de Resistencia (U7).

Asimismo, remarcaban que, junto al expenitenciario Casco, habían sido procesados por “asociación ilícita” a mediados de junio de 2015.
Fuente:ChacoDiaPorDia