“La Justicia no nos acompaña”
05.11.2015
Por Andrés Klipphan
Si la Justicia mete preso a un político por los asesinatos de Darío y Maxi, en la Argentina se terminan las represiones y muertes en las marchas sociales”, dice, con lágrimas en los ojos, Alberto Santillán, padre de Darío. El hombre, enfermero del Hospital Argerich desde hace treinta años, se lamenta por no haber estado a su lado durante su agonía. La policía lo fusiló por la espalda después de que el joven militante del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón regresó, en medio de la represión de las fuerzas de seguridad, para socorrer a su compañero Maximiliano Kosteki, baleado en el pecho. Pasaron trece años y cuatro meses de la denominada “Masacre de Avellaneda”, y recientemente se produjo la reapertura de la causa en la justicia federal por las responsabilidades políticas de quienes habrían dado las órdenes para desalojar el Puente Pueyrredón, lo que motivó una indiscriminada balacera de la Policía Bonaerense contra los manifestantes que solicitaban mejoras laborales y programas alimentarios. Por esos asesinatos en 2006 hubo dos condenados a prisión perpetua, el ex comisario Luis Fanchiotti –encargado del operativo de seguridad– y el cabo Alejandro Acosta.
Ambos, en 2010, fueron trasladados a penales de regímenes abiertos. Siete efectivos más –que ya fueron liberados– recibieron penas mínimas. Sobre las responsabilidades políticas la Justicia nunca se expidió.
Ese 26 de junio de 2002, la Argentina entraba en ebullición después de la caótica salida de Fernando de la Rúa de la presidencia, a fines de 2001.
Santillán, ante Veintitrés, no dudó en señalar a quienes, según su opinión, dieron las órdenes de disparar: Eduardo Duhalde (presidente de la Nación), Felipe Solá (gobernador bonaerense), Aníbal Fernández (secretario general de la Presidencia), Juan José Álvarez (secretario de Seguridad Interior), Alfredo Atanasoff (jefe de Gabinete), Jorge Vanossi (ministro de Justicia de la Nación), Carlos Soria (jefe de la SIDE y fallecido gobernador de Río Negro), José Genoud (ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires), Jorge Matzkin (ministro del Interior de la Nación) y Oscar Rodríguez (ex vicejefe de la SIDE).
–Hasta el escrache a Felipe Solá antes de las pasadas elecciones generales, la causa por las responsabilidades políticas en la Masacre de Avellaneda estaba ausente en la agenda de los medios de comunicación. ¿Usted está de acuerdo en utilizar ese método como forma de lucha?
–El escrache no es violento. Nosotros como familia y el Frente como organización llevamos adelante los escraches como señalamiento de los responsables de las muertes de Darío y Maxi. Lo hacemos porque la Justicia no nos acompaña en todo esto. Nos jode que los medios nos traten de violentos. Gracias a nuestra insistencia y nuestra lucha se desarchivó la causa judicial. Que Duhalde sea hoy un cadáver político lo conseguimos nosotros en base a nuestras movilizaciones.
–¿Es verdad que el juez Ariel Lijo les dijo que nunca leyó el expediente y que quien ordenó el archivo por falta de pruebas fue el fiscal Miguel Osorio?
–Sí, pero ahora con los abogados de la APDH de La Matanza y de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, presentamos una serie de irregularidades, y en base a eso Lijo ordenó desarchivar el expediente. Fue un gran paso hacia adelante.
–¿Qué irregularidades descubrieron?
–Uno de los hechos más importantes fue la desaparición en forma misteriosa de los 31 disquetes que tenía Gendarmería y que mostraban no sólo la represión sino cómo en forma conjunta Gendarmería y la policía provincial marcharon y reprimieron por las calles de Avellaneda. Por protocolo, si no hay una orden, las fuerzas nacionales no lo pueden hacer porque están fuera de jurisdicción. Ese accionar represivo conjunto está muy claro en la declaración judicial de Oscar Laborde (ex intendente de Avellaneda y ahora funcionario de Héctor Timerman en Cancillería) ante la nueva fiscal de la causa, Paloma Ochoa. Laborde aportó los nombres de los responsables políticos de la masacre. De su testimonio queda muy claro que al comisario Luis Fanchiotti no se le soltó un tornillo cuando ordenó disparar a mansalva.
–¿Y por qué cree que reprimieron?
–Para dar un mensaje a la ciudadanía que se movilizaba por reclamos justos ante la situación de crisis que se vivía en el país. Ellos creían que si mataban militantes sociales iban a sacar a la gente de las calles, pero no fue así.
–¿Quiénes son los responsables políticos de los asesinatos?
–Los principales asesinos intelectuales fueron Duhalde y Solá. Pero también Aníbal Fernández, Juan José Álvarez, Vanossi, Soria, que era el jefe de la SIDE, y Rodríguez que era su segundo. Y no nos podemos olvidar de Genoud, el ministro de Seguridad de la provincia, y del ministro del Interior, Matzkin. Ellos prepararon todo para la masacre.
–Una condena del tipo que ustedes piden sería inédita en el país.
–Si la Justicia mete preso a un político por la masacre, en la Argentina se terminan las represiones y muertes en las marchas sociales.
–¿Aún tiene confianza en la Justicia?
–Tengo confianza en las movilizaciones. En los escraches. No vamos a parar hasta encontrar justicia.
–¿Cómo cree que va a incidir en la causa el nombre del futuro presidente?
–La Justicia no nos acompañó nunca. Ni con Néstor Kirchner ni con Cristina Fernández. Ni nos va a acompañar con ninguno de ellos dos. Yo no creo en eso del mal menor. Pero no me da lo mismo que el próximo presidente sea Macri o Scioli.
–¿A quién prefiere?
–No quiero que Macri sea presidente. Eso no sería bueno para el país.
–¿Lo va a votar a Scioli entonces?
–No. Yo no voto.
–¿Cómo?
–Desde que asesinaron a “Dari” yo no voto más. No creo en estos políticos que se hacen los democráticos y después ordenan reprimir y asesinar. A mí me generó impotencia, bronca, odio… cuando escuché decir a Duhalde que los asesinatos de Dari y Maxi son como si le hubiesen matado un hijo a él ¡Eso es mentira! ¡Eso es falso! Eso es mojarte la oreja. Y ahora lo repitieron Aníbal Fernández y Felipe Solá. Ellos han sido amparados por la Justicia.
–¿Cómo hizo para seguir adelante estos trece años?
–Yo ya me hubiese muerto si me quedaba llorando en mi casa. Cuando Dari tenía 14 o 15 años y su mamá vivía, él nos pidió permiso para hacer un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja. Después de ver las imágenes, después de que pasó el tiempo, veo cómo Dari lo primero que hace es tomarle el pulso a Maxi. Entonces asocio lo que son las cosas. Ese curso le sirvió para volver y tratar de ayudar a su compañero. Para ver si todavía estaba vivo (llora, se emociona). Yo todos los días convivo en el hospital con la vida y la muerte. A mí me hubiese gustado estar ahí ese día para ayudarlo. Para abrazarlo, para darle una palabra de aliento, para que se vaya más tranquilo de este mundo. Pero no lo hice. No estuve ahí y Dari murió solo.
Solá al descubierto
La reapertura de la causa por las responsabilidades políticas en la Masacre de Avellaneda tuvo novedades en las últimas semanas. La querella sumó las declaraciones de siete testigos. Las más importantes fueron dos: la de quien era intendente de Avellaneda cuando ocurrieron los asesinatos de los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el 26 de junio de 2002, Oscar Laborde. Su testimonio fue muy valioso, apuntó a una coordinación entre las fuerzas provinciales y de la Nación durante la represión. También declaró la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. Ella expuso sobre la insensibilidad del entonces gobernador Felipe Solá ante la tremenda represión de las fuerzas de seguridad contra los piqueteros. “Es un enfrentamiento de pobres contra pobres”, le respondió cuando ella lo llamó preocupada por lo que observaba por TV.
Laborde, actual funcionario en la Cancillería, dijo que a las 9 de la mañana de ese día se reunió con sus secretarios ya que estaba “preocupado por las tres informaciones que tenía. La afirmación de Carlos Ruckauf (ex gobernador bonaerense y canciller de Eduardo Duhalde) donde reivindicaba el decreto del año ’75 cuando era ministro de Isabel Perón (el que ordenaba el “exterminio de la subversión”). La otra era la declaración del jefe de Gabinete de Ministros, Atanasoff, donde decía que si querían subir al puente iba a haber una guerra. Y tercero, la información del Hospital Fiorito que había recibido la orden de retirar a todos los pacientes, excepto a los de terapia intensiva. Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave”, dijo el ex intendente ante la fiscal.
En la misma audiencia el actual funcionario aseguró que la noche del 24 de junio recibió la visita de la actual diputada del FPV Adriana Puiggrós mientras él estaba reunido con el comisario Fanchiotti y que frente a ella Laborde le dijo al encargado del procedimiento de seguridad en el Puente Pueyrredón: “No quiero un muerto en Avellaneda”.
Laborde le dijo a la fiscal que después de la masacre, y mientras los funcionarios bonaerenses y nacionales aseguraban ante los medios que a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán los habían matado otros piqueteros, “viajé a La Plata a eso de las 16 para decirle al gobernador Solá que a los manifestantes los había matado la policía”.
Laborde también aseguró que al otro día, es decir el 27 de junio, Juan José Álvarez, secretario de Seguridad Interior, lo llamó para pedirle que impidiera que un empleado municipal saliera al aire en un programa periodístico contando cómo había sido herido durante la represión y que entre las fuerzas de seguridad había personal uniformado de Prefectura. “Álvarez estaba preocupado por que eso saliera a la luz porque eso quería decir que ‘los marrones’ –por Prefectura– habían bajado a Avellaneda”.
Durante el revelador testimonio, el ex jefe comunal aseguró que durante su reunión con Solá le preguntó por qué había vaciado el Hospital Fiorito y por qué la Prefectura estaba reprimiendo junto a la Policía Bonaerense. Cómo respuesta, el gobernador le respondió: “No sé nada. Estoy desbordado”.
Laborde también le dijo a Solá que cuando habló con el comisario Fanchiotti, horas antes de la masacre, este le dijo: “Estoy en diálogo con Oscar Rodríguez, el segundo de la SIDE”. Una vez más el gobernador, la máxima autoridad política de la provincia, volvió a responder que “de eso no sé nada”.
Laborde interpretó ante la fiscal que si la Prefectura y la Bonaerense marchaban juntas en la provincia, “era un claro indicio de que estaban coordinados”.
Cortiñas, por su parte, le aseguró a la Justicia que al ver las terribles escenas de violencia en la televisión llamó de urgencia “al doctor Felipe Solá”, y que después de expresarle su preocupación como militante de derechos humanos, “en tono confianzudo el gobernador me dijo: ‘Bueno, mire Nora, este es un enfrentamiento de pobres contra pobres. Quédese tranquila’. Me lo dijo dos veces. Yo le dije que había muertos y él, otra vez, me repitió que me quede tranquila porque era ‘entre ellos’”.
La madre de Plaza de Mayo le dijo a la fiscal que “la frase del gobernador Solá me quedó grabada en mi memoria. Nunca se me borró. Me lastimó e hirió”.
Quizás ahora se entiendan un poco más las razones por las cuales los compañeros, familiares y amigos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, antes de las elecciones, escracharon al candidato a gobernador bonaerense por el espacio UNA, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Fuente:Veintitres
Envío:AgnDDHH
No hay comentarios:
Publicar un comentario