LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS COMPLICES ECONOMICOS DE LA DICTADURA
El turno de las empresas
El jueves, Horacio Verbitsky presentó en Londres la edición en inglés del libro Cuentas pendientes. La complicidad económica con la última dictadura. El miércoles el Senado convirtió en ley la comisión bicameral investigadora sobre esa complicidad y el jueves se presentará en Buenos Aires un megainforme sobre el tema, realizado por el CELS, Flacso y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Una prueba para el nuevo gobierno y su compromiso con no entorpecer estas investigaciones.
Por Horacio Verbitsky
Camilo Sánchez, J. P. Bohoslavsky, Verbitsky, Alicia Castro, Chantal Mouffe y Leigh Payne.
Imagen: Daniel Marín.
Imagen: Daniel Marín.
Las asociaciones patronales que reúnen a las mayores empresas y aquellas que nuclean a sus abogados se opusieron al establecimiento de la Comisión, lo cual muestra la actualidad del tema. Nunca han realizado una revisión crítica de su conducta en aquellos años atroces y hoy litigan contra la Argentina ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial y de la Cámara de Comercio de París. Su argumento es que la Comisión usurpará funciones judiciales, pero esto no es cierto. La justicia no es el único recurso para el tratamiento de estas conductas y su fijación en la memoria colectiva. Las conclusiones de la Comisión se ofrecerán a la sociedad en un archivo de la memoria, de acceso público. Eso es lo que quisieran impedir. Si de sus hallazgos surgieran probables responsabilidades penales, laborales o civiles, deberán ser entregados a la Justicia.
Un megaestudio
Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, sede Argentina), y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y del Programa Verdad y Justicia, emprendieron un ambicioso estudio sobre el tema que abarcó 25 importantes firmas. Fueron elegidas según criterios complementarios: que comprendieran diversas actividades económicas, estuvieran localizadas en distintas regiones del país y que el Ejército les hubiera atribuido una importancia especial, por ser líderes en sus respectivas ramas de actividad o bien proveedoras de bienes y servicios a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El trabajo, de más de mil páginas, fue entregado la semana pasada junto con sus anexos relevantes al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, Jorge Auat. El jueves 3 será presentado en un acto público en el auditorio Emilio Mignone de la Flacso, por Eduardo Basualdo, el autor de esta nota y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.
La evidencia estudiada no muestra que estas empresas hayan desempeñado un papel complementario o subsidiario del accionar militar en la represión contra los trabajadores, ya que ambos actores aparecen con un peso y línea de acción propios, articulando prácticas e intereses. Por eso en vez de complicidad, proponemos el concepto de “responsabilidad”, que refleja en una forma más clara y contundente el papel activo de las empresas en esta alianza represiva contra los trabajadores.
En las 25 empresas, se identificaron casi 900 víctimas del terrorismo de Estado:
- 354 están desaparecidas,
- 65 fueron asesinadas y
- más de 450 sufrieron formas diversas de represión y fueron luego liberadas.
La mayoría eran trabajadorxs y ex trabajadorxs de esas empresas, que participaron de los procesos de conflicto y organización obrera previos al golpe de 1976. Entonces fueron despedidos o debieron renunciar a raíz de la represión y para preservar su seguridad. Después del golpe, volvieron por ellos.
En cinco de los casos existieron entre 70 y más de 100 trabajadorxs víctimas de la represión: Astillero Río Santiago, Dálmine-Siderca, Acindar, Ingenio Ledesma y FIAT. En otros cinco las víctimas fueron entre 30 y 40, al tiempo que en otras catorce empresas existieron entre 10 y 30 trabajadores víctimas. En el diario “La Nueva Provincia” se registraron dos víctimas.
Las prácticas detectadas fueron:
- Secuestro de trabajadores en las fábricas y despido o retiro forzado de obreros activistas (88%);
- Entrega a las fuerzas represivas de información privada de los trabajadores y listas de delegados (76%);
- Presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro las fábricas (72%);
- Oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos (68%);
- Agentes de inteligencia infiltrados (60%);
- Operativos militares en los predios fabriles (56%);
- Cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas (52%);
- Habilitación de instalaciones para el asentamiento de fuerzas represivas (48%);
- Aportes económicos a las fuerzas represivas (48%);
- Uso de vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro (40%);
- Control militarizado del ingreso a la planta fabril (40%);
- Amenazas de directivos con el uso de la fuerza represiva (36%);
- Pedidos de detención de parte de directivos (36%);
- Pedidos de intervención militar en conflictos (32%);
- Secuestros de trabajadores en el trayecto entre la empresa y el trabajo (32%);
- Agencias de seguridad en las empresas (32%);
- Centros clandestinos de detención en establecimientos de la empresa (24%);
- Control militarizado de la producción (16%);
- Retención y tortura en espacios de la fábrica (16%);
La visibilidad y en algunos casos la espectacularidad de la presencia militar en los predios fabriles favorecía los efectos multiplicadores del terror.
El nivel máximo de militarización de los establecimientos fue la instalación de centros clandestinos de detención y tortura dentro de los propios espacios laborales. Esta práctica no se restringió a una determinada empresa, actividad económica, ni región, sino que se plasmó en una diversidad de ellas. Las cinco empresas en cuyos predios se verificaron lugares de reclusión, en los que las víctimas fueron ilegalmente detenidas y sujetas a maltratos y torturas son una siderúrgica en Santa Fe (Acindar), una automotriz y un astillero en el Gran Buenos Aires (Ford y Astillero Río Santiago), un ingenio azucarero en Tucumán (La Fronterita), y una empresa de transporte en Salta (La Veloz del Norte).
En cuatro casos, los propios directivos empresarios intervinieron en el secuestro, cautiverio y/o tortura de los trabajadores.
La utilización planificada y sistemática del terror tuvo como objetivo no sólo acallar la disidencia y la militancia política radicalizada, sino también disciplinar a la clase trabajadora que, a lo largo de las décadas, había acumulado poder político y social e impuesto límites a los beneficios, la autoridad y el poder de importantes sectores de la elite empresarial.
Durante la dictadura cerraron más de 20 mil establecimientos fabriles; el producto bruto del sector cayó cerca de un 20%; el peso relativo de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía cayó del 28 al 22%. La industria dejó de ser el núcleo dinamizador central de las relaciones económicas y sociales. Estas transformaciones económicas alteraron el poder estratégico de los grandes sindicatos industriales. Como consecuencia, la participación de los asalariados en el ingreso nacional pasó del 48% en 1974 al 22% en la crisis hiperinflacionaria de 1982.
Ya en 1984 el subsecretario de Derechos Humanos del presidente Raúl Alfonsín, Eduardo Rabossi, había reclamado al juez de primera instancia de San Nicolás, Luis Hilario Milesi, que investigara la responsabilidad empresarial en los crímenes cometidos en Campana y Zárate, a raíz de los numerosos casos de secuestro y desaparición de trabajadores de la empresa Dálmine-Siderca, del grupo Techint. Su fundador fue Agostino Rocca, el principal colaborador siderúrgico de Mussolini, que al finalizar la guerra mundial se trasladó a la Argentina con capitales italianos y alemanes. Rabossi denunció “la connivencia existente entre los directivos de aquella fábrica y las fuerzas represoras actuantes en la zona de Campana”.
Pero debieron pasar tres décadas para que, en septiembre de 2015, comenzara el primer juicio oral y público de la historia del país contra un empresario acusado por su participación en crímenes de lesa humanidad: Marcos Levín, dueño durante la dictadura de la empresa de micros salteña La Veloz del Norte. En tanto, se espera el demorado inicio del juicio contra directivos de la empresa Ford en cuyo predio fabril funcionó un centro clandestino de detención.
A la hora de investigar las responsabilidades empresariales la Justicia muestra una notoria reticencia. Los casos del Ingenio Ledesma y de Minera El Aguilar han tenido procesamientos fundados en la suficiente prueba recolectada pero están demorados por la morosidad judicial. En el caso de Las Marías (yerba Taragüí) se excusaron más de doce magistrados correntinos y se sobreseyó a Adolfo Navajas Artaza, su dueño. Las causas por Mercedes Benz, Acindar y La Nueva Provincia, el diario de las familias Julio y Massot, se encuentran demoradas, a pesar de los varios años de investigación judicial y la suficiente prueba existente como para avanzar a otras instancias. Otras investigaciones, entre ellas la de Molinos Río de la Plata, entonces perteneciente al grupo Bunge y Born, recién comienzan.
Tanto en el país como en el ámbito internacional es muy difícil poner el foco en sujetos sociales situados en la cima del poder económico y social con fuertes conexiones con el poder político, que en la Argentina se han reforzado a partir de las elecciones presidenciales del domingo pasado. Pero identificar estas tramas de responsabilidad es imprescindible para penalizar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, dar reparación a las víctimas y sus familias y comprender el proceso histórico que dio lugar a una de las épocas más oscuras de nuestra historia, iluminando las relaciones entre ese pasado y nuestro presente, para construir un futuro más justo e impedir cualquier regresión.
Argentina y el mundo
Por Horacio Verbitsky
La presentación del libro en un panel internacional ayuda a mensurar la repercusión de los casos argentinos en otros lugares del mundo. Hace ya diez años la Corte Suprema de Justicia declaró la imprescriptibilidad penal de los crímenes de lesa humanidad. En agosto de este año entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial unificado que extiende a los procesos civiles esa posibilidad de iniciar acciones con independencia del tiempo transcurrido. De este modo la Argentina ratifica su rol pionero en este campo que la academia aún denomina de Justicia Transicional. Así como en 1984 tuvo la primera Comisión de la Verdad del Mundo y en 1985 la primera condena en tribunales civiles a los jefes de una dictadura militar, ahora puede mostrar al mundo el primer Código Civil que considera imprescriptibles esos crímenes repudiados por las normas imperativas del derecho de gentes.
La embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro, introdujo el panel sobre la complicidad económica, con una frase de la Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, citada en varios capítulos del libro. Es aquella en que el escritor y militante revolucionario dice que “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. El coeditor del libro, Juan Pablo Bohoslavsky, quien es el experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre deuda externa y Derechos Humanos, señaló las consecuencias negativas sobre las instituciones democráticas y la vigencia de los Derechos Humanos, de las restricciones económicas derivadas de la deuda externa. Camilo Sánchez, de la organización colombiana De Justicia señaló que los desarrollos jurisprudenciales argentinos y las investigaciones como la del libro son orientaciones valiosas para quienes procuran avances de la justicia transicional en Colombia y mencionó dos casos por responsabilidad empresarial que pudieron abrirse en su país: la Unión de Cultivadores de Palma en el Uraba (Urapalma) y Fondo Ganadero. La académica estadounidense Leigh Payne, quien dirige el Centro Latinoamericano de la Facultad Saint Anthony en la Universidad de Oxford dirige un proyecto de investigación del que también participan el CELS y la organización del Noroeste Argentino Andhes, cuyo director ejecutivo adjunto, Gabriel Pereira es un graduado de Oxford que trabaja desde hace seis años con Payne en este tema. Sobre 117 países de Africa, América latina, Asia y Europa analizados por la base de datos de Payne, sólo en 17 también se investigó al poder económico. De los 65 casos de todo el mundo sobre la responsabilidad empresarial, 20 corresponden a la Argentina, seguida recién por Irak, con ocho casos, pero que se tratan en tribunales estadounidenses. La investigación comprende los distintos mecanismos utilizados: comisiones por la verdad, juicios penales y civiles, tanto domésticos como transnacionales. Según sus conclusiones, “la Argentina utilizó la mayor cantidad de mecanismos (4) para examinar el mayor número de casos (20)”. Agregó que una lección del caso argentino “es que los casos civiles tienen mayor probabilidad de avanzar que los penales y que los obstáculos a la Justicia por la complicidad empresarial son grandes, pese al propicio ambiente político y judicial”. Una asistencia extraordinaria de 120 personas, formada por diplomáticos, académicos, estudiantes, activistas de Derechos Humanos y periodistas, obligó a extender el encuentro por tres horas, con las preguntas dirigidas a los panelistas. Bohoslavsky se negó a responder un interrogante, cuya contestación parecía obvia, acerca de la importancia que la experiencia argentino podría tener sobre la negociación de la deuda externa griega. Explicó que como experto independiente está preparando una visita a ese país, invitado por su gobierno, y que no tiene autorización para formular ninguna declaración antes de realizar la misión y llegar a un informe fundado.
Contrapunto
Por Horacio Verbitsky
Durante la presentación en Londres, la politóloga belga Chantal Mouffe, coautora con Ernesto Laclau de Hegemonía y estrategia socialista, sostuvo que los trabajos de las dos decenas de expertos incluidos en Cuentas pendientes contienen teorías que pueden ser muy interesantes pero que no modifican la realidad. A su juicio fue la decisión política de los presidentes Néstor Kirchner y CFK lo que permitió el avance de los juicios. También manifestó su escepticismo por su continuidad a partir de la asunción del presidente Maurizio Macrì y citó como señal de lo que está por venir el editorial del diario La Nación “Basta de Venganza”.
Me permití disentir con ella. El antagonismo entre teorías y voluntad política no describe el complejo proceso argentino e ignora el papel desempeñado por el movimiento en defensa de los derechos humanos, sin cuyo aporte decisivo nada de lo que hoy ocurre hubiera sido posible. Es imprescindible recordar que cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno, el 25 de mayo de 2003, cerca de un centenar de altos jefes de la dictadura ya estaban detenidos y sometidos a proceso, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera. Sin desconocer ni minimizar la importancia de su decisión política y la de Cristina, no habrían podido asumir la agenda de Memoria, Verdad y Justicia si no hubiera existido ese fuerte movimiento social, único en Latinoamérica, y con profundo enraizamiento en la sociedad. De otro modo no se explicaría por qué la presidente Dilma Rousseff, que fue presa política y torturada por la dictadura de Brasil, no pudo afianzar un proceso similar en su país.
Respecto del editorial de La Nación, la fulminante respuesta de sus trabajadores gráficos y de prensa que, primero en las redes sociales y luego durante una asamblea realizada en la redacción del mismo diario, expresaron su repudio al texto patronal y su compromiso con la memoria y la justicia. Otro aspecto alentador puede encontrarse en el propio texto del editorial, cuando La Nación sostiene que a quienes vivieron la década de 1970 no es necesario explicarles por qué se produjo la represión militar, pero que los más jóvenes tienen lo que el diario considera una visión distorsionada de los hechos. Tal vez no por casualidad, la franja de votantes que tiene de 16 a 30 años es la única en que Macrì no pudo imponerse. En el Bicentenario de la primera Junta de Gobierno, en 2010, el CELS promovió una declaración que el Congreso votó por unanimidad, en la que se considera a los juicios por crímenes de lesa humanidad como una política de Estado que deberá continuar bajo cualquier gobierno. Ante una consulta concreta al entonces líder opositor, el ingeniero Macrì asumió ese compromiso, que reiteró el lunes pasado en su primera conferencia de prensa como presidente electo. Incluso la Corte Suprema de Justicia viene reiterando desde hace años que esos juicios forman parte del contrato social de los argentinos del siglo XXI y que no habrá ningún retroceso, gobierne quien gobierne.
Mouffe respondió que coincidía con esta visión, que se había expresado mal, que no ignora la importancia de los movimientos sociales y que esa reacción social que mencioné expresa la hegemonía a la que intentó referirse en su intervención inicial. Pero también precisó que detrás del editorial de La Nación hay sectores económicos más poderosos que los trabajadores que repudiaron esa posición.
Fuente:Pagina12
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