Resumen Latinoamericano / 23 de Nov. 2015.-
El viernes pasado la reportera Gloria Muñoz Ramírez, directora del medio Desinformémonos fue agredida por desconocidos que ingresaron a su domicilio sin llevarse los objetos de valor.
Activistas y organizaciones sociales repudian, “los ataques del Estado mexicano contra la periodista y compañera Gloria Muñoz”. 22 de noviembre de 2015 Gloria Muñoz Ramírez, aparte de ser directora de Desinformémonos es autora de la columna
Los de Abajo en La Jornada y coeditora del suplemento Ojarasca. La periodista comento, “Dejé bien cerrada la puerta y cuando llegué a las 20:30 horas la encontré abierta, pero no forzada. La ropa estaba sobre la cama, y aunque hubo robo de algunas pertenencias, dejaron objetos de valor que se encontraban a la vista.
Sobre el tapete se distinguían pisadas de botas.” El día anterior Desinformémonos había sufrió otro ataque cibernético, al parecer hackers robaron información del servidor, de todas las computadoras y los celulares que se encontraban en la oficina.
Recordemos que también en septiembre allanaron el domicilio de Flor Goche otra periodista colaboradora de Desinformémonos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en Latinoamérica, ya que “uno de cada tres asesinatos documentados desde el 2010 a la fecha se cometieron en ese país”.
Según la misma entidad desde el año 2000 a noviembre de este año, 107 periodistas han sido asesinados, 20 han desaparecido desde el año 2005 y 488 han denunciado agravios al organismo desde el año 2010.
Reproducimos un documento que realizan personalidades, activistas y organizaciones sociales en repudio del hecho:
Por este medio, externamos nuestro repudio a los ataques que ha recibido la periodista Gloria Muñoz, integrante del patronato de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., directora del taller de periodismo “Aquiles Baeza” y de “Desinformémonos”; así como columnista del diario La Jornada.
Toda nuestra solidaridad y apoyo para quien ha mostrado su coherencia en la lucha por un mundo donde quepan muchos mundos, como el de las trabajadoras sexuales y sobrevivientes de trata de personas, libres para elegir sus respectivos proyectos de vida. No se trata sólo de un ataque a la libertad de expresión, sino de acto de intolerancia del Estado mexicano, hacia una mujer y proyecto editorial que le dan voz a movimientos sociales de todo el país, que buscamos liberarnos de la represión, el despojo, la explotación y el desprecio en el que nos tiene sumidos y sumidas el capital y sus representantes.
Desde este momento, nos declaramos en alerta roja e implementamos desde el conocimiento de estos hechos, propios de la guerra sucia, nuestros protocolos de seguridad, que hacemos extensivos a Gloria y todo el equipo humano que nos “desinforma” con profesionalismo, compromiso y apego a la verdad.
No vamos a permitir que estas tácticas de terror, detengan nuestras acciones ni nos vamos a resignar que esto siga ocurriendo. Darle continuidad a nuestro trabajo con Gloria Muñoz, será una de las respuestas a estos ataques procedentes de los sótanos del poder.
Firmamos en México, D.F., 21 de noviembre de 2015: Elvira Madrid Romero, por Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.; Mérida y Morti por la comisión de enlace de la Red Mexicana de Trabajo Sexual; Rosa Icela Madrid por “El Encanto del Condón”.
FUENTE: ANRed/Foto: La Jornada
México: Discriminación literaria: Poderosa Herramienta. El execrable Caso Wallace
Por Patricia Barba Avila / Resumen Latinoamericano/Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, FEMCAI/ 25 de Nov. 2015.-
Sin duda alguna, una de las herramienbtas más valiosas e indispensables para la madurez intelectual/espiritual de cualquier ser humano, es la capacidad de discriminar entre la calidad y la pobreza literaria y, por supuesto, esto se extiende a otros ámbitos de la vida.
Quiénes de nosotros no hemos escuchado, por ejemplo, generalizaciones como: “cultiva tu intelecto leyendo un libro” o, “apaga le tele y enciende la mente”, entre otras.
Sin embargo, pese a que el no leer en absoluto o el ver la televisión sin moderación son, efectivamente, factores que obstaculizan el desarrollo óptimo de la capacidad intelectual, la tolerancia y la facultad para convivir de manera armoniosa con el entorno, es importante aclarar que sin la habilidad de discriminar entre calidad y pobreza literaria, artística o moral, los seres humanos quedamos impedidos para transformarnos en ciudadanos partícipes de sociedades progresistas, eminente y genuinamente democráticas y, por ende, justas y solidarias.
Creo, sin lugar a dudas que el no ejercitar a plenitud el raciocinio, el poder de la lógica y el sentido común puede conducir a un individuo o a un grupo social a cometer injusticias y solapar actos de crueldad y corrupción y, por ello, es que deseo expresar mis reflexiones en torno a uno de los casos más execrables de fabricación de culpables, crueldad e inmoralidad de que se tenga memoria en la historia de este país: el infamante “Caso Wallace”, elevado a la categoría de “literatura” por un “periodista” y “escritor” (SIC SIC) que sin el menor rigor investigativo y literario, convirtió una maraña de mentiras emergidas de la mente de Isabel Miranda [de Wallace] –o Isabel Miranda Torres o Isabel Torres Romero, o como se llame—en un instrumento incriminatorio de seis personas inocentes, injuriadas y satanizadas, de manera irresponsable, por Martín Moreno, el autor del libro El Caso Wallace.
Estoy convencida de que este “escritor” quien, para estupor propio y de un creciente número de gente, recibió el Premio Nacional de Periodismo, aprovechó la tendencia de amplios sectores de la sociedad mexicana a creer en héroes míticos de historieta como María Isabel o de cine y TV como Superwoman, para poder vender una narrativa tan ficticia como barata a los lectores de su libro, que dicho sea de paso, por su pobreza literaria es más bien un libelo difamatorio que toma como verdad incuestionable los dichos de Isabel Miranda sin mayores indagatorias en los verdaderos antecedentes de Brenda Quevedo Cruz, una de las inculpadas falsamente y a quien se difama de la forma más vil.
Y es muy cierto que para estar en capacidad de juzgar la calidad de una pieza literaria, televisiva o cinematográfica, es, en la mayoría de las ocasiones, indispensable leer o ver de todo incluyendo, por supuesto, lo burdo y lo muy burdo. Por ello, decidí revisar con paciencia y gran esfuerzo por evitar el vómito, el libro/libelo conocido como El Caso Wallace.
Empiezo por la cita con la que Martín Moreno introduce su libro y que corresponde a uno de los escritores más memorables y éticos que conocemos: Ryszard Kapuschinski, quien por cierto, afirmó con toda pertinencia que “las malas personas no pueden ser buenos periodistas”.
La cita a la que me refiero es la siguiente: Aquella gente de abajo, entrelazada por sus extremidades lisiadas, por sus zancos y muñones, estaba apiñada de tal manera que formaba un solo cuerpo moviéndose y arrastrándose, del cual, como tentáculos, salían decenas de brazos, y allí donde no había brazos, aquel cuerpo abría sus bocas y las dirigía hacia arriba esperando a que se les arrojase algo.
No es solamente indignante que Martín Moreno haya elegido uno de los pasajes más desgarradores de la entrañable novela Ébano, en la que Kapuschinski narra su experiencia en el sufrido continente africano, sino que las vivencias que dieron lugar al estrujante texto del también periodista polaco no guardan relación alguna con la farsa monumental en la que se basa El Caso Wallace, además de la distancia de años luz existente entre este respetado personaje y el “escritor” de alquiler Martín Moreno.
Es decir, Kapuschinski constató en persona los hechos que narra en sus escritos y reportajes a diferencia de Moreno, quien se sentó a escuchar y a reproducir al pie de la letra, una fábula inverosímil de boca de una consumada mentirosa, secuestradora y torturadora, tal como ha quedado incuestionablemente demostrado por las investigaciones y reportajes de Guadalupe Lizárraga, así como de Anabel Hernández, colaboradora del prestigiado semanario Proceso, y David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad.
Es evidente que el libelo de marras explota la credulidad de sectores sociales infortunadamente sometidos a la basura telenovelesca de La Rosa de Guadalupe y Lichita –donde, dicho sea de paso, se beatifica y promueve con un descaro digno de El Canal de las Estrellas, el Teletón, su lucrativa aventura comercial donde se utiliza de manera indecente las impactantes imágenes de niños lisiados, accidentados, mal heridos y discapacitados.
Este mismo tufo mercachiflero es el que advertimos en la manufactura de El Caso Wallace, en el que se describe con lacrimógena verborrea el amor inconmensurable de Isabel por su hijo, algo que riñe claramente con su afán de dar a su vástago por muerto y sacar considerable provecho financiero y político con un secuestro y posterior asesinato que, como se ha demostrado fehacientemente, sólo han existido en su imaginación.
Para muestra, aquí reproduzco algunos pasajes que exhiben la ínfima calidad literaria y periodística de la que adolesce el libro de ficción de Moreno: “Así le llegaron los 16 y con ellos el amor inesperado. Se enamoró de Enrique Wallace, un contador público 13 años mayor que ella, a quien conoció en un hospital por circunstancias del destino…” “…
Contrajeron matrimonio cuando ella aún era menor de edad, lo que desató la furia de Don Fausto…” Martín Moreno hubiese podido proceder como lo hace todo periodista/escritor que se respete e investigar la veracidad del cuento de hadas que le narró Isabel, pero no lo hizo, a diferencia de Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Ángeles Press, quien demuestra con evidencias irrefutables que Isabel Miranda tenía 21 años cuando registró a Hugo Alberto Miranda Torres, hijo biológico Jacinto Miranda, tal como consta en la primer acta de nacimiento de Hugo Alberto.
Esto indicaría que, en el remoto caso de que esta mujer hubiese conocido a Enrique del Socorro Wallace a los 16 años, éste hubiese cometido adulterio, mientras que Isabel habría incurrido en el mismo delito pues el Sr. Wallace estaba casado con Guadalupe Magallanes, quien se divorció de él en 1974 y le ganó la custodia de sus 5 hijos, después de que la dulce y decente Sra. Wallace la visitó para decirle que sostenía relaciones sexuales con su marido.
Por otra parte, el estado civil de Enrique Wallace hubiese imposibilitado el matrimonio legal con Isabel en la fecha en que ella afirma que ocurrió. Otra de las innumerables falsedades contenidas en el libro y de las que se hubiese percatado Martín Moreno si hubiese tenido la pulcritud y la decencia de revisar, por lo menos, el acta de nacimiento de Hugo Alberto, registrado en 1970 en Milpa Alta, D.F., en el acta No. 27 asentada en el libro 1, consiste en los nombres de los padres de Isabel: Alfredo Torres y Mónica Romero, mientras que Isabel le contó a su porrista disfrazado de escritor, que su padres se llamaban Fausto Miranda Romero y Mónica Torres Jaimes (!!??)
Aquí sólo cabe preguntarse a quién le mintió la heroína de barro de El Caso Wallace: a las autoridades del Registro Civil del D.F. o a su pluma alquilada. También cabe preguntarse por qué, si Enrique del Socorro Wallace efectivamente engendró a Hugo Alberto en 1969 y era “un padre amoroso”, no aparece su nombre en el acta emitida en Milpa Alta en 1970 y, en lugar de ello, lo registra hasta 1975, fecha en que nació su hija Claudia, a quien el Sr. Wallace sí engendró con Isabel.
Adicionalmente, en esa segunda acta, emitida por el Registro Civil de Texcoco, ya Hugo Alberto aparece con los apellidos Wallace Miranda y la edad de Isabel es de 24 y la de Enrique de 37 años…más mentiras. Mucho se ha comentado sobre la notable credulidad característica de importantes sectores sociales, derivada del deplorable nivel educativo que priva en el sistema escolar en México, en el que se des-educa y obstruye la capacidad inquisitiva y de análisis, lo que se agrava por la paupérrima calidad de las producciones literarias, de televisión y cine entregadas al público, cuyo resultado es la sorprendente facilidad con la que los lectores de libelos como el de la pluma a sueldo de Martín Moreno, aceptan a pie juntillas una narrativa tan fantasiosa como burda.
Y si sólo se tratara de vender una literatura barata, el daño no sería tan grave. Sin embargo, lo brutal e imperdonable de El Caso Wallace es que se constituyó en la herramienta infame que sirvió para criminalizar a seis personas inocentes a quienes se les ha privado de su libertad, se les ha sometido a brutales torturas y a cuatro de ellos se les ha sentenciado a cadena perpetua mientras dos más, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, siguen en espera del veredicto en sendos procesos judiciales pletóricos de irregularidades y abusos.
Y es aquí donde la credulidad, la ausencia de escepticismo y de sentido común que prevalece en sectores de la sociedad golpeteados en gran medida por las miserias paridas por Televisa y TV Azteca, junto con la falta de pulcritud periodística y literaria de una pluma alquilada como Martín Moreno, se transforman en el terreno fértil para que una mujer enferma de codicia y poder destruya las vidas y futuros de seis inocentes y sus familias con abrumadora impunidad.
Concluyo esta breve reflexión con la siguiente sentencia de Demócrito: Es hermoso evitar que otro cometa injusticia; pero si no, también lo es no ser cómplice de la injusticia.
México. Opinión:Por qué el narcotráfico ve con buenos ojos un Macri Presidente*. Le conviene el narcotráfico
Por Federico Bernal / Resumen Latinoamericano/ Diario Tiempo Argentino/ 19 de Nov. 2015.-
La semana pasada analizábamos el tratado de libre comercio suscripto entre México, EE UU y Canadá en 1994 (TLCAN) y cómo éste arrasó la economía mexicana, multiplicó la pobreza y el desempleo, a la vez que primarizó el aparato productivo e industrial doméstico. Dos décadas más tarde de haberse rendido a las imposiciones del FMI y Washington, la nación latinoamericana destaca por ser una de las más desiguales entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ahora bien, la ausencia del Estado como garante de la seguridad jurídica de las clases populares y de una economía autosuficiente y moderna no viene sola, sino que trae consigo el exponencial y descontrolado incremento del crimen organizado, y en él, el narcotráfico.
La experiencia mexicana, entre muchísimos otros casos perfectamente documentados, demuestra que la lucha contra este flagelo en el marco de una apertura comercial irrestricta y tratado de libre comercio con las naciones industrializadas en poder del terrorismo financiero y especulador occidental resultan absolutamente incompatibles. Mauricio Macri promete “terminar con el narcotráfico”.
Pero su eventual administración conservadora, aperturista y destructora de un capitalismo nacional, de la agricultura familiar y de las economías regionales no hará sino sembrar las mismas condiciones que otrora favorecieron la expansión descontrolada del narcotráfico en México. Narcotráfico y campo devastado
Desde la firma del TLCAN, en 1994, el sector agropecuario mexicano perdió 4,9 millones de empleos, generando 6 millones de emigrantes forzados. Los subsidios a la producción cayeron estrepitosamente, en proporción inversa a su incremento en EE UU. La dependencia externa en alimentos pasó del 15% en 1980 a casi el 45% en 2014. Hoy por hoy, el “mercado agroalimentario mexicano es dominado por 30 trasnacionales y sólo 10% de los agricultores del país son exitosos, mientras el déficit comercial es de 119.112 millones de dólares” (Periódico La Jornada – 20/02/14).
La eliminación de las barreras a las importaciones derivó en alimentos con precios por las nubes, ahondando el ya de por sí deprimido ingreso de los agricultores familiares, en paralelo con una caída abismal del precio del maíz y otros productos agrícolas tradicionales.
Este último factor, sumado a la ausencia progresiva del Estado, así como al empobrecimiento y desempleo generalizado de millones de campesinos fueron el perfecto caldo de cultivo para un narcotráfico desembozado y hegemónico. Narcotráfico y libre comercio
En un trabajo de 2013 -actualizado al 11 de septiembre de 2015- investigadores de la Universidad de Nueva York estudiaron la vinculación entre la devastación agraria padecida por México y la escalada del narcotráfico en este mismo país.
El informe se titula “Del maíz a la bruma: shock agrícola y el crecimiento del sector de las drogas en México”.
Pues bien, en base a un relevamiento sobre 2296 municipios entre 1990-2010, los autores encuentran una relación directa entre la caída de los precios internos del maíz (cerca del 59%, entre 1990 y 2005) como consecuencia de la apertura indiscriminada de las importaciones estadounidenses y el incremento de los cultivos de marihuana y de amapola.
La relación es estadísticamente similar para la presencia de cárteles, así como también para la verificación de asesinatos vinculados al narcotráfico. Dicen los autores en este sentido que disminuciones en los “precios [de los productos agrícolas tradicionales] afectan las decisiones estratégicas de los cárteles, los cuales se trasladan a territorios económicamente deprimidos [municipios] donde los campesinos se encuentran más predispuestos a suministrarles cultivos ilícitos”.
Desmantelamiento del IAPI mexicano Señalan los investigadores que “la aplicación del TLCAN en 1994 inició la liberalización de este sector [agropecuario], ampliando las cuotas de las importaciones y reduciendo los aranceles.
Esto precipitó una gran disminución en el precio del maíz en México: con excepción de un pico en 1995-1996, los precios se redujeron continuamente a lo largo de la década de 1990”. Cabe destacar que el 99% de las importaciones de maíz por parte de México proviene de EE UU.
Asimismo, explican los autores que las políticas neoliberales aperturistas, sumadas a la caída constante del precio del maíz, han pauperizado al campesinado mexicano, no sólo a través de pérdidas masivas de puestos de trabajo sino en el ingreso real: “los ingresos promedios de trabajadores en los municipios afectados se ubican en 4500 pesos por mes (450 dólares a 2005)”, contra 3150 pesos para agricultores y menos de 2500 pesos para maiceros”.
Pero el TLCAN fue mucho más allá de la eliminación de barreras a las importaciones. Cuentan los autores que entre “los cambios más dramáticos figuran el desmantelamiento de la CONASUPO, una agencia estatal que apoyaba a los pequeños y medianos agricultores a través del financiamiento, compra y almacenamiento de su producción… CONASUPO también participaba directamente en la comercialización de ciertos productos a través de su brazo de ventas al por mayor DICONSA”.
En el libro Ajuste hacia la Paz, publicado por el PNUD, capítulo “Integración económica al TLCAN en México” se analiza con lujo de detalles el proceso privatizador y desnacionalizador del CONASUPO, de notables semejanzas a lo acontecido con las políticas agrarias del peronismo a manos de la Sociedad Rural y las administraciones conservadoras entre 1976 y mayo de 2003.
El CONASUPO, que había iniciado sus funciones a comienzos de los años ’60, fue lo más parecido al IAPI argentino que tuvo México. A mediados de los ochenta se dio por iniciada su privatización, que fue acentuada a partir de 1993 y catapultada con la firma del TLCAN. Primero se liberalizaron las importaciones; luego se removieron las trabas a las exportaciones, se dejaron flotar los precios “techos” equiparándoselos a los internacionales y se eliminaron los subsidios y las regulaciones a la comercialización interna.
A finales de los ’90 todas las distribuidoras, plantas industriales, almacenes y mercados del CONASUPO habían desaparecido o estaban en poder del sector privado local o estadounidense. Neoliberalismo y crimen organizado A modo de conclusión, los investigadores afirman que “las consecuencias de los cambios operados por el TLCAN… contribuyeron al crecimiento del narcotráfico” en México.
Por supuesto que con estos resultados coindicen las agrupaciones, entidades y organizaciones de campesinos y de agricultores familiares mexicanos. “El libre comercio trajo también consecuencias sociales como la pauperización de las familias rurales, emigración, narcotráfico, violencia, el desgarramiento del tejido social y deterioro ambiental, además de un aumento en la obesidad y el sobrepeso por los cambios en la alimentación de la población” (Periódico La Jornada – 2/01/14).
Los cálculos son contundentes: entre 1994 y 2014 abandonaron sus tierras 1,78 millones de campesinos. Al dispararse el desempleo y la migración, el narcotráfico empezó a entrar como una actividad complementaria: “La emigración y la falta de presencia del Estado generan vacíos que son ocupados por la delincuencia organizada.
El narco empezó financiando actividades agropecuarias y después comprando propiedades. Al estar en las zonas de influencia del narcotráfico, los campesinos o tienen que producir forzadamente o se tienen que trasladar”.
Cerrando con el caso argentino y las propuestas del mitrismo en su fase buitrista (léase, macrismo) de apertura indiscriminada de las importaciones, tratado de libre comercio con EE UU, megadevaluación, quita de subsidios y el retorno a un “campo” en poder de la Sociedad Rural, las economías regionales y la invasión de productos agropecuarios de Europa y EEUU generarán las condiciones óptimas para la proliferación de actividades delictivas como el narcotráfico.
Agréguese a ello la nueva ley agrícola impulsada por la administración de Obama que aprueba 95.000 millones de dólares en subsidios anuales a los productores agropecuarios estadounidenses, tal y como acertadamente mencionara el doctor Mario Rapoport en
Tiempo días atrás. De igual forma que contra el crimen y la violencia (del tipo que sea), la lucha contra el narcotráfico jamás prosperará en el marco de un proyecto político neoliberal.
Por el contrario, la pauperización del sector agrario y su entrega al capitalismo financiero en un contexto de provincias y municipios nuevamente empobrecidos y endeudados, constituye el escenario más esperanzador para el crimen organizado en nuestro país (trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, etcétera). México es apenas uno de los innumerables, apabullantes y desgarradores ejemplos.
*Tomado de facebook.
México: El Plan Frontera Sur amplió la red criminal del INM en contra de migrantes, denuncian ONGs
Por Juan Luis García Hernández / Resumen Latinoamericano/ Sinembargo/Noviembre 19, 2015.-
Un informe de nueve Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas una internacional, reveló la grave crisis de derechos humanos a la que son sometidos los migrantes en México.
SinEmbargo se acercó a hablar con varios de los especialistas sobre el tema y lo que denunciaron fue la colusión de las autoridades con el crimen.
Nueve organizaciones, entre nacionales e internacionales, declararon el fracaso del Programa Plan Frontera Sur para proteger los derechos humanos de las personas migrantes que cruzan el país.
Cooptación de las rutas migrantes por parte del crimen y abusos de las autoridades fueron las principales causas de los atropellos a los derechos humanos de quienes migran, de acuerdo con especialistas, quienes aseguraron que a partir de la implementación del Plan en el segundo semestre del años pasado hubo un aumento en delitos de homicidio, secuestros, desapariciones, lesiones, violaciones sexuales y trata de blancas.
Entre octubre del 2014 y junio del 2015 se detuvieron a 168 mil 280 migrantes. María Conrad, de la Iniciativa Kino para la Frontera y la Red Sonora, explicó que, por ejemplo, en Nogales, Sonora, se ha visto como las autoridades participan en los delitos.
“La verdad diría que hay más delitos por parte de las autoridades, el caso es que hemos comenzado a documentar situaciones de secuestro dentro de Nogales. Pareciera ser que hay casos relacionados con las autoridades, pero también está el asunto de que hay autoridades vinculadas con el crimen organizado, en donde las autoridades detienen a menudo a migrantes y después los llevan con el crimen organizado”, dijo.
Asimismo, Alberto Donis, representante del Albergue Hermanos en el Camino que dirige el padre Alejandro Solalinde, dijo a SinEmbargo, que en el Instituto Nacional de Migración persiste desde abril una red de corrupción.
“Nosotros denunciamos la red que opera dentro del INM con el tema de los cubanos, porque para ellos es difícil salir de Cuba, pues a los centroamericanos los deportan y regresan con más facilidad.
Hemos detectado prácticas de extorsión en las estaciones migratorias de Tapachula, de Acayucan, Veracruz, del Distrito Federal y algunas en el norte: llaman a los familiares para que paguen dinero y se disfrazan de supuestos coyotes, y les dicen ‘ya tengo a tu familiar en la frontera, me tienes que pagar una cierta cantidad de dinero’, o le dicen que tiene que pagar si quiere salir”, dijo.
El informe “Un Camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México” detalló que conforme el aumento de las detenciones fue el detonador de una mayor exposición de los migrantes a los peligros del camino, por tener que recorrer zonas, en su afán de llegar a la frontera norte, donde quedan invisibilizados.
Entre julio 2014 y junio 2015, las detenciones de migrantes subieron 73 por ciento, respecto al mismo periodo entre julio 2013 y junio 2014. Y el trabajo señala que las dificultades para acceder a la justicia aún persisten.
El informe apuntó que tan sólo en Oaxaca desde el año 2011 a abril del 2015, se han presentado 383 denuncias, de las cuales sólo cuatro han terminado en sentencia en los tribunales. Fray Tomás González, director del albergue La 72 Refugio para Migrantes, específico que el programa fue un fracaso, si se considera que el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que sería para proteger los derechos de los migrantes.
“Desgraciadamente tenemos que señalar que el programa ha sido una parte, o herramienta, para hacer daño a las personas migrantes. ¿Quién ha sido el brazo ejecutor? El Instituto Nacional de Migración [de siglas INM], que desde nuestra perspectiva se ha policializado y militarizado, eso nos deja un cúmulo de quejas en contra de los agentes del INM. Y no ha sido sólo el instituto sino la policía, el Ejército, la Marina”, dijo el director.
SinEmbargo La Red Sonora ha documentado que en esa entidad los abusos de las autoridades y varían. En el casos de migrantes que se trasladaban en bus la mayor parte de abusos fueron cometidos por la Policía Federal, en 36 de 64 casos. Por otra parte, en circunstancias donde las personas migrantes se hayan en vías del tren o terminales de autobuses, son los policías locales, tanto como los federales, los que participan en estos abusos.
En el sur del país, Tomás González especificó que entre la población más vulnerable que migra están los niños, mujeres y transexuales. Sólo en septiembre tenemos documentados 14 casos de violación sexual y dos son de transexuales.
“Yo llegué a pensar que el transexual puede ser más vulnerable que la mujer, las autoridades violan a un transexual migrante, varias veces, que además tiene que venderse incluso con sus propios compañeros. Asimismo, recientemente estuvimos abogando por 25 personas privadas de la libertad.
Con esto queremos decir que estamos en un florecimiento de violación de derechos”, dijo. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglás en inglés) que fue parte de este informe, recalcó que México no ha hecho por estrechar lazos con los Gobiernos centroamericanos y de forma regional atender las problemáticas derivadas de la migración. “Hay uso excesivo de la fuerza.
Creemos que el Gobierno federal ha fracasado en la protección de los migrantes. Esto ha llevado a más delitos y violaciones de los derechos de los migrantes y una falta de acceso a la justicia. Como lo es poner una denuncia, hacer una solicitud de visa por razones humanitarias y asilo. México tiene que dejar de ver el tema de migración como administración de flujos de personas”, destacó Maureen Meyer, coordinadora del programa de México y derechos de migrantes de WOLA.
Hasta ahora el Gobierno ha recibido fuertes apoyos de su vecino del norte para contener a la cantidad de migrantes. El informe cita que en el 2014, Tom Shannon, asesor especial del Secretario de Estado de los Estados Unidos reveló que se estaba trabajando para destinar 86 millones de dólares para control de la frontera sur mexicana a través de la iniciativa Mérida, y este año, el Congreso de Estados Unidos asignó 79 millones de dólares para el mismo propósito.
Como resultado del apoyo norteamericano, el trabajo citó: “Entre octubre de 2014 y mayo de 2015, el INM detuvo a más de personas migrantes centroamericanas que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos; 110 mil 43 del INM versus 85 mil 131 de la Patrulla Fronteriza”, citó. Por su parte, Karina Ramírez Rivera, de la asociación civil Un mundo Una Nación, explicó dijo a SinEmbargo, que hay registros de que en los últimos tres o cuatro meses hay guardias privados de la empresa FerroSur en Tlaxcala amedrentan a los migrantes para que no se suban al tren. Las medidas en contra de migrantes, de acuerdo con Ramírez, vienen desde el 2012, cuando se construyeron muros alrededor de las vías para que los migrantes no puedan subir o bajar del ferrocarril.
VISAS Y ASILOS
Visas por razones humanitarias son limitadas, acusaron ong's. Foto: Cuartoscuro El informe reportó que existen numerosas trabas para que los migrantes tengan acceso a visas por razones humanitarias y de asilo.
“Ha sucedido que les niegan los trámites y deportan a personas que vienen huyendo de la violencia. Tuvimos el caso de un salvadoreño que al ser reenviado fue golpeado por las pandillas y enviado al hospital”, dijo Alberto Xicotencatl, director Casa del Migrante de Saltillo
De 2013 a septiembre del 2015 en México se han realizado mil 383 solicitudes de asilo. De los cuales sólo el 289 fueron reconocidos, lo que representa el 20 por ciento, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
En cuanto a las visas por razones humanitarias son muy pocas las solicitudes a las que el Estado accede a expedir. Entre enero y junio hubo 527 visas expedidas, y 461 fueron para centroamericanos, lo que representa el 87 por ciento.
“Aquí hay un problema. Y es que la ley de migración asevera que se deben otorgar las visas cuando las personas hayan sido víctimas de delitos graves.
Pero hay entidades donde los códigos penales varían entonces ha habido secuestros donde, por ejemplo, no se pagó ningún rescate y no son catalogados como graves y se les niega la visa y les dan un plazo para dejar el país”, dijo Xicotencatl.
Otra carta abierta de la periodista mexicana Patricia Barba Ávila: “Denuncia por amenazas contra mi integridad”
Patricia Barba Ávila es Integrante del FEMCAI (Frente de Medios Alternativos Independientes) y colaboradora habitual de varios medios del continente, entre ellos Resumen Latinoamericano.
Noviembre, 2015
La que suscribe, PATRICIA BARBA ÁVILA, periodista y activista de derechos humanos he tomado la decisión de hacer públicas las amenazas contra mi integridad y mis derechos, a partir de mi periodismo y activismo por los derechos humanos, específicamente en lo relativo al “Caso Wallace”, cuyo seguimiento y difusión realicé mediante mi programa radiofónico Desde la raíz, difundido primero por Radio La Nueva República y, a partir de julio de 2014, a través del Portal del Frente de Medios Alternativos Independientes (FEMCAI: http://femcai.org), el cual fundé con la colaboración de Pastor Delgado y Alberto Ramírez el pasado 1° de julio de 2014.
A solititud de mi colegas Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Ángeles Press y David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), accedí a dar seguimiento y difusión al “Caso Wallace”, llevando a cabo varias entrevistas a David Bertet, a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, así como a la misma Brenda, desde el Penal El Rincón en Nayarit. Igualmente, entrevisté a María Elena Cruz Bustamante y a Luis Carrillo Bustamante, madre y tío, respectivamente, de Tony y Albert Castillo Cruz. Tanto Brenda como Tony y Albert, 3 de los 6 inculpados falsamente por Isabel, se han rehusado con firmeza a auto-inculparse pese a las torturas sufridas a manos de agentes de la SEIDO por órdenes de Isabel, quien ha presenciado varias sesiones de tortura. Asimismo, entrevisté a Luis Miguel Ipiña Doña, un activista dedicado a apoyar a víctimas de encarcelamiento ilegal, entre ellas Brenda Quevedo, una de las víctimas de la maraña de mentiras conocida como “Caso Wallace” y que debido a esto, fue encarcelado bajo acusaciones falsas (todo esto se puede constatar en el audio de mi programa de fecha 7 de septiembre, 2015). En el audio del 5 de octubre del año en curso, también se puede escuchar con claridad lo dicho por David Bertet, en otra entrevista que le realicé. Todos estos seguimientos fueron ampliamente difundidos tanto por el FEMCAI como por la Red Contacto Sur a cargo del colega uruguayo Rubén César Suárez, entre otros colegas mexicanos, como Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press) y latinoamericanos como Carlos Aznarez (Resumen Latinoamericano) y Gustavo Daniel Pescetta (SOS Radio).
En agosto de este año, recibí una llamada anónima advirtiéndome que mejor dejara “de hacer olas”. Posteriormente, otro sujeto me llamó a principios de septiembre con una amenaza similar. Lo único que hice fue mencionar a mis colegas más allegados, dichas amenazas, pero sin darles gran difusión. Sin embargo, el día 17 de septiembre, alrededor de las 6 a.m., a las afueras de mi domicilio en Av. Del Pacífico 1411, Playas de Tijuana, B.C., un sujeto de baja estatura, tez blanca, pelo negro y lentes oscuros, me abordó por la espalda, colocando su mano en mi hombro, y al voltear a verlo me dijo: “Un mensaje de parte de la jefa: deja de hacer olas o te vas a visitar a tus amiguitos”. Ese mismo día, me salí de mi casa y de Tijuana, desde donde transmitía mi programa y escribía mis artículos publicados en Los Angeles Press, Fórum en línea y Resumen Latinoamericano, entre otros.
Me rehusé a difundir estas amenazas por tres razones de peso: 1) porque considero que excepto en muy pocas ocasiones, el denunciar sirve de poco o nada; 2) porque podría generar desesperanza en las personas a las que estamos tratando de ayudar; 3) porque me queda claro que lo que la “jefa” desea es intimidar y frenar el activismo que está afectando su imagen, y me parecía mejor no jugar su juego e ignorar sus amenazas. Sin embargo, las recomendaciones de muchos colegas y amigos, me convencieron de acudir a esta instancia a oficializar la presente denuncia, por mi propia seguridad.
Quiero dejar sentado que hago responsable a Isabel Miranda [de Wallace] y su grupo, de lo que me llegase a ocurrir (amenazas, atentados, “accidentes” que pongan en serio peligro mi seguridad y mi vida).
Material de archivo sobre el llamado “Caso Wallace”
LAS MENTIRAS DEL CASO WALLACE
Queremos hacer del conocimiento público lo siguiente:
Que en nombre de las víctimas directas e indirectas en el caso Wallace, sean las personas falsamente acusadas por el supuesto secuestro de Hugo Alberto o sus familiares, consideraremos como responsables a Isabel Miranda de Wallace, a sus hermanos Roberto y-o Heriberto, y a sus cómplices que trabajan como funcionarios en las dependencias de la PGR y de la SIEDO, por si acaso les pasara algo a Brenda Quevedo Cruz, a Jacobo Tagle Dobin, a Cesar Freyre Morales, a Juana Hilda Lomeli, a Tony y Alberto Castillo, a Jael Malagon Uscanga, asi como a los familiares de ellos, a sus amigos, sus defensores y abogados, asi como a periodistas.
En particular, estaremos muy atentos ante cualquier acción con la que se quiera atentar a la vida y a la integridad física de los familiares de Brenda Quevedo Cruz. No toleraremos ningún tipo de represalia o de amenaza en contra de nadie.
El caso Wallace, más turbio que nunca
Proceso
El descubrimiento de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace Miranda, tan oficial como la primera, da un vuelco al caso que se sigue por el presuntos secuestro y homicidio de esta persona, cuyo cadáver sigue sin encontrarse. Ahora resulta que el desaparecido, quien de haber sido realmente asesinado habría hecho una llamada telefónica de ultratumba, tiene dos nombres, dos fechas de nacimiento, dos CURP diferentes y dos lugares donde vio la luz.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una llamada telefónica de alguien que supuestamente estaba muerto. Una madre que afirma que su hijo ha sido asesinado. Un cadáver que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la víctima el sexo femenino. Y testimonios autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura…
Esos habían sido, sobre todo, los factores implicados en el expediente judicial abierto por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda hasta que, nueve años después de que éste desapareció, en los últimos días el caso ha dado un vuelco debido a nueva información que pone en duda incluso su muerte.
En el momento en que se fecha el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, el 11 de julio de 2005, tenía otra acta de nacimiento. De acuerdo con ese documento oficial, cuya copia certificada fue obtenida por Proceso, su nombre es Hugo Alberto Miranda Torres y nació el 12 de octubre de 1969 en el Distrito Federal. En 1975 la misma persona obtuvo otra acta de nacimiento con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Según los registros oficiales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación (Segob), la primera acta de Hugo Alberto es auténtica y fue presentada por el interesado para obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP) el 24 de febrero de 2010, es decir, casi cinco años después de su supuesto homicidio.
El acta recién descubierta fue ingresada por la acusada Brenda Quevedo Cruz ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Primer Circuito el 14 de mayo pasado, día en que se cerraba el plazo para entregar pruebas en su defensa dentro la causa penal 35/2006-II.
Desde el principio el caso Wallace ha sido un enigma, no despejado ni con las confesiones de quienes se supone participaron en su secuestro y asesinato.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1961, ya en circulación)
Da nuevo giro caso Wallace
Una llamada telefónica de alguien que supuestamente estaba muerto. Una madre que afirma que su hijo ha sido asesinado. Un cadáver que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la víctima el sexo femenino. Y testimonios autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura… Esos habían sido, sobre todo, los factores implicados en el expediente judicial abierto por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda hasta que, nueve años después de que éste desapareció, en los últimos días el caso ha dado un vuelco debido a nueva información que pone en duda incluso su muerte. Portada Revista Proceso
En el momento en que se fecha el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, el 11 de julio de 2005, tenía otra acta de nacimiento. De acuerdo con ese documento oficial, cuya copia certificada fue obtenida por Proceso, su nombre es Hugo Alberto Miranda Torres y nació el 12 de octubre de 1969 en el Distrito Federal. En 1975 la misma persona obtuvo otra acta de nacimiento con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Según los registros oficiales de la Consejería Jurídica del Gobierno del DF y de la Segob, la primera acta de Hugo Alberto es auténtica y fue presentada por el interesado para obtener la CURP el 24 de febrero de 2010, es decir, casi cinco años después de su supuesto homicidio. El acta recién descubierta fue ingresada por la acusada Brenda Quevedo Cruz ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Primer Circuito el 14 de mayo pasado, día en que se cerraba el plazo para entregar pruebas en su defensa dentro la causa penal 35/2006-II.
Desde el principio el caso Wallace ha sido un enigma, no despejado ni con las confesiones de quienes se supone participaron en su secuestro y asesinato.
La llamada
El 12 de julio de 2005 María Isabel Miranda Torres, luego de no tener noticia de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, descubrió en unas cuantas horas, al encontrar su camioneta Cherokee en una calle de la colonia Extremadura Insurgentes en la Ciudad de México, que la noche anterior su hijo había sido secuestrado, asesinado y descuartizado con una sierra eléctrica en el diminuto baño de un departamento ubicado en Perugino número 6, a unas cuadras de donde estaba el vehículo, e inmediatamente supo el nombre de uno de los responsables, según ha dicho ella misma. En su declaración ministerial, quien también se autodenomina María Isabel Miranda de Wallace expuso que su versión proviene de un transeúnte que nunca ha sido identificado por su nombre ni citado a declarar, así como de un niño que vivía en el edificio de Perugino, quien habría asegurado a ella y a su hermano Roberto Miranda que la noche del 11 de julio escuchó disparos y vio cómo bajaban por la escalera un cuerpo ensangrentado.
La señora Miranda de Wallace refiere que después de descubrirlo todo recibió una fotografía donde su hijo aparecía desnudo y le pedían un rescate. Ella dio los nombres de los supuestos responsables, se adjudica la captura de cuatro de ellos y desde 2005 sostiene que su hijo está muerto. Pero conforme a los testimonios que constan en la causa penal 32/2006-II, el único niño del edificio, Erik Figueroa, declaró que ni siquiera durmió ahí el 11 de julio, sino en casa de su abuela, y que el único diálogo que tuvo con unas personas el 12 de julio fue cuando le preguntaron por una mujer que él no conocía.
A petición de la señora Miranda de Wallace, el mismo 12 de julio la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal hizo una primera inspección en el lugar, pero no encontró allí ninguna prueba ni indicios sobre los hechos. El 13 de julio la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se presentó en el mismo departamento, pero tampoco halló ni un solo rastro. En el reducido baño donde presuntamente habría sido descuartizado Hugo Alberto con una sierra eléctrica no había rastros de sangre. La regadera tenía un tendedero donde colgaba la ropa de Juana Hilda González, quien vivía en el inmueble. Concluida la revisión, el departamento no fue protegido ni asegurado como escena de un crimen, y la administradora lo rentó a una persona llamada Rodrigo de Alba Martínez, quien nunca lo ocupó.
En las primeras declaraciones, a las que se confiere una mayor confiabilidad, los habitantes del edificio afirmaron que no escucharon la noche del 11 de julio ningún ruido ni vieron movimientos extraños. Asimismo en el expediente de la averiguación previa abierta por la PGR hay constancia de que una tarjeta de crédito de Hugo Alberto Wallace Miranda fue usada el 20 de julio de 2005, con cargos que superaron los 12 mil pesos, incluyendo una comida en el restaurante Los Arcos por más de 3 mil pesos y compras en Liverpool de Perisur; pero ni la PGR ni la madre de la presunta víctima pidieron los videos que pudieron registrar quién usó la tarjeta. Tampoco se siguió esa línea de investigación. El 22 de julio de 2005 José Enrique Wallace Díaz, esposo de María Isabel Miranda, declaró a las autoridades -según consta en el expediente- que no tenían noticias de Hugo Alberto y que nadie había pedido un rescate. “Quiero decir que probablemente lo que ocurrió a mi hijo fue una desaparición, ya que no puedo decir que se trate de un secuestro”.
La última declaración rendida por él hasta ahora ocurrió el 23 de septiembre de ese mismo año, cuando pidió a las autoridades no investigar más. Desde entonces Wallace Díaz no se ha vuelto a presentar a declarar en el caso pese a los múltiples citatorios del juzgado y a los edictos publicados. El 1 de noviembre de 2005, de acuerdo con el expediente de la causa penal, del celular de Hugo Alberto, que no había sido cancelado, entró una llamada al teléfono 55-54-56-30-24 y un hombre dejó este mensaje: “Qué onda. Mira, ando hasta la madre, güey; ya sé que te fallé, pero me vale verga. ¿Qué? Aquí, puto… Qué onda, güey. Mírame, aquí pisteando, güey. ¿Sabes qué, güey, sabes quién me jugó…?” Cuatro personas relacionadas con Hugo Alberto aseguraron a la PGR que la voz era de él: Vanessa Bárcenas Díaz, su ex novia; Carlos Colorado Martínez, Rodolfo Munguía e Isabel Neri Lujano. Pero la PGR nunca siguió esa línea de investigación.
Problemas con la justicia
Hugo Alberto tenía antecedentes penales, y aunque públicamente su madre ha intentado desvirtuar ese hecho, el Gobierno de México tuvo que reconocerlo dentro del expediente de extradición de Brenda Quevedo Cruz 1:08-MC-00085, radicado en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, Estados Unidos. Allí la AFI informó en el oficio DGRP/DAMJ/7988/2008 que en sus sistemas localizaron un antecedente de orden de reaprehensión contra Hugo Alberto librada por el juez decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales del DF dentro de la causa penal 196/2001, “en virtud de que en sentencia definitiva se declaró que era penalmente responsable en la comisión del delito de contrabando, condenándolo a tres meses de prisión”, señala el documento. En junio de 2004 la orden de aprehensión fue cancelada porque el juez sustituyó la pena de cárcel por una multa de 14 mil 665 pesos. El 15 de noviembre de 2005 Vanesa Bárcenas Díaz, exnovia de Hugo Alberto, declaró que éste le había manifestado que tenía problemas legales. “Me dijo que en una ocasión lo buscaron para detenerlo supuestamente por dedicarse al narcotráfico, pero él adujo que en realidad era por la ropa que le enviaban, no sabía de dónde, y porque las personas que se la mandaban algo habían hecho. Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del País”, señaló Vanesa.
Las dos actas
Con cada una de las actas de Hugo Alberto Wallace Miranda, una fechada en 1970 y otra en 1975, obtuvo constancias de la CURP, expedidas por la Segob. El acta de nacimiento número 1, cuya autenticidad fue corroborada en archivos del Gobierno del DF, se expidió el 15 de enero de 1970 en la delegación Milpa Alta, Juzgado 8 (libro 1, número de acta 27), bajo el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969 en el “Sanatorio Tuxpan” del DF. Como su padre quedó registrado Jacinto Miranda y como su madre Isabel Torres, de 31 y 21 años de edad, respectivamente. Como abuelos paternos figuran Luis Miranda y Consuelo Jáimez, y como abuelos maternos, Alfredo Torres y Mónica Romero. El acta de nacimiento número 2, que ha sido presentada por la madre de Hugo Alberto en el caso de su supuesto secuestro y homicidio, fue expedida el 19 de noviembre de 1975 en Texcoco, Estado de México (libro 12, acta 2371), y allí quedó asentado el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien según el documento nació el 12 de octubre de 1969 en Coatlinchan, Texcoco, Estado de México.
En calidad de padres fueron identificados José Enrique Wallace Díaz y María Isabel Miranda Torres, de 37 y 24 años, respectivamente. Los abuelos paternos serían Arturo Wallace Ramírez y María Luisa Díaz Solórzano, y los maternos, Fausto Miranda Romero y Mónica Torres de Miranda. Del análisis del contenido de las actas de nacimiento 1 y 2 se desprende que entre ambas hay cambios en los nombres o apellidos del registrado, de su padre, de su madre y sus abuelos. Igualmente, usando el acta 1, Hugo Alberto tramitó la inscripción de la CURP el 24 de febrero de 2010, casi cinco años después de su presunta muerte. En la cédula obtenida directamente en la Segob hay dos leyendas inscritas: la primera: “Existe una posible inconsistencia en esta CURP, verifíquela y en caso de ser necesario acuda a un módulo”. Y la segunda: “CURP certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil”. Con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda y su acta de nacimiento se había tramitado la inscripción de otra CURP el 13 de septiembre de 1999. Por si fuera poco, Hugo Alberto nació en tres lugares diferentes, de acuerdo con sus dos actas de nacimiento y una declaración de su madre: el “Sanatorio Tuxpan”, del DF (acta 1); “Coatlinchan, Texcoco” (acta 2), y hospital Dalinde, de la colonia Roma de la Ciudad de México (entrevista con Isabel Miranda publicada en el portal Animal Político el 8 de diciembre de 2010). Además, en declaraciones a los medios Isabel Miranda ha dicho que el nombre de su madre es Mónica Torres Jáimez, pero resulta que el apellido Jáimez es el que, en el acta de nacimiento 1, corresponde a la abuela paterna de Hugo Alberto.
La “prueba” de ADN
El acta de nacimiento descubierta no sólo pone en cuestión la muerte de Hugo Alberto, sino también la prueba de ADN que la PGR dio por buena para afirmar que el secuestro y el homicidio ocurrieron y que ha servido para dictar condenas que van de 78 a 131 años de prisión a César Freyre, Juana Hilda González y los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, a quienes, junto con Jacobo Tagle y Quevedo Cruz, se responsabiliza de haber cometido ambos delitos. Hasta ahora, pese a las supuestas confesiones de Freyre, González y Tagle –quienes aseguran que las mismas fueron obtenidas mediante tortura–, no se han podido localizar los restos de Hugo.
La única prueba pericial obtenida en los nueve años del presunto homicidio apareció seis meses después del suceso en el departamento de Perugino 6, y luego de que durante meses el inmueble no fue custodiado. En la nueva revisión hecha por la SIEDO se encontró una gota de sangre en el baño y una licencia de conducir vencida de Hugo Alberto, aunque él tenía otra con vigencia indefinida que hasta la fecha no ha aparecido. La gota de sangre fue comparada con muestras de ADN de Isabel Miranda y de Enrique Wallace, quien aparece como padre de Hugo Alberto en el acta de nacimiento 2.
La muestra coincidió, pero pese a que los peritos de la PGR primero dijeron que tenía cromosomas XX, es decir, de mujer, en una audiencia realizada en julio de 2006 en el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales del DF la perito planteó que había sido un error de dedo y que se trataba de cromosomas XY, es decir, de hombre. Dado que la pareja Wallace-Miranda tiene una hija, la defensa de los inculpados pidió una nueva prueba, pero la muestra de la única gota de sangre encontrada ya no existía. La PGR dio por cierto el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda con esa prueba de ADN, pero si el padre biológico no se apellida Wallace sino Miranda, como indica el acta de nacimiento 1 de Hugo Alberto, la historia sería muy distinta. Una vez ingresada el acta de nacimiento descubierta, el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales deberá desahogar la prueba conforme a derecho y encontrar la verdad y transparencia en el turbio caso. Fuentes consultadas por Proceso informaron que, luego de que Quevedo presentó el acta como prueba, se intentó tener acceso directo al libro del Registro Civil de la Ciudad de México donde se encuentra, pero se dijo que el libro fue llevado a un juzgado. Dicha acta se considera fundamental, y tanto en el Registro Civil como en la Segob hay documentos que la respaldan, de modo que, se ha advertido, no podría perderse.
Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre
Los Angeles Press Por Guadalupe Lizárraga
Primera parte
LOS ÁNGELES, California.- A nueve años del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hay cada vez más evidencias de rastros de vida, de acuerdo a las investigaciones de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Montreal. El caso Wallace, como se ha difundido en México desde el 11 de julio de 2005, ha mantenido a seis personas encarceladas por años, auto-incriminadas bajo tortura. La madre de la presunta víctima, Isabel Miranda de Wallace, quien ha logrado notoriedad política y poder económico a raíz de este caso, ha sido también acusada de delitos como perjurio, corrupción a funcionarios públicos para obtener y manipular pruebas, amenazas de muerte a inculpados y familiares y amigos de éstos, y pesa sobre ella la acusación de ser la responsable de haber mandado torturar a los seis inculpados dentro de los penales.
El presidente de la asociación, David Bertet, dio a Los Ángeles Press copia de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres como evidencias de que Hugo Alberto Wallace Miranda está vivo y mantiene una doble identidad, igual que su madre. Se trata de documentos oficiales expedidos en años posteriores a la fecha del supuesto homicidio, así como un puntilloso análisis comparativo, de 29 páginas, sobre las declaraciones auto incriminatorias bajo tortura, con las cuales sentenciaron a los inculpados.
El documento además presenta las inconsistencias lógicas en las evidencias que ha presentado Isabel Miranda de Wallace a lo largo del proceso judicial, hasta obtener un acta de defunción, pese a no haber cuerpo de la supuesta víctima, en la que las causas de la muerte se dedujeron de una autopsia ficticia firmada por la médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, con cédula 1878723.
La expedición del acta de defunción fue ordenada del expediente 879/13 con el número 130223472, por la juez Décima primera del Juzgado de lo familiar, Silvia Araceli García Lara, mientras que la juez 18 del Registro Civil del Distrito Federal, Marsella Lizeth de la Torre Martínez, dio fe y selló el documento dándole legalidad a la copia fotostática reproducida del original. El 12 de mayo de 2014 se expidió también un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, en el Distrito Federal, y registrado el 15 de enero de 1970.
El padre biológico aparece en el documento como Jacinto Miranda Jaimez, un militar actualmente retirado con residencia en Baja California y quien no reconoció el secuestro de su hijo, sino sólo su “desaparición”. La madre, Isabel Torres Romero, seis años después del nacimiento de su hijo Hugo Alberto, y en nuevas nupcias, volvió a registrarlo con el apellido de su segundo cónyuge: Wallace. Sin embargo, Isabel decidió quedarse con el apellido de su primer esposo: Miranda. Y así, la segunda identidad de su hijo se configuró con los apellidos Wallace Miranda, y la de ella, Miranda de Wallace.
Una tercera modificación de su nombre en documentos oficiales es el de María Isabel Miranda Torres, los mismos apellidos de su hijo con los que lo registró su padre biológico. Otro documento que llamó la atención de los activistas franco-canadienses, fue la inscripción de Hugo Alberto Miranda Torres en la Cédula Única del Registro de Población (CURP) el 24 de febrero de 2010.
Un documento que sólo el interesado puede obtener en ese país y el cual se obtuvo con el acta de nacimiento como documento probatorio. David Bertet señaló que se han observado los pasos de Isabel Miranda de Wallace desde que la asociación participó en la defensa de Florence Cassez, y ahora representa la defensa de los derechos humanos de algunos inculpados en el caso Wallace, en el que destaca el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva ocho años presa y ha sido torturada dos veces en los penales “Santiaguito” en Almoloya de Juárez,
Estado de México, y en Islas Marías, Nayarit, al que fue trasladada de manera ilegal, ya que en este penal sólo envían a sentenciados de alta peligrosidad, y a Quevedo Cruz aún no se le da sentencia. “Por un caso de supuesto secuestro que de hecho nunca sucedió”, dijo Bertet a Los Ángeles Press.
“Isabel Miranda de Wallace escogió a algunos amigos de Hugo para culparlos por la supuesta desaparición de su hijo. Jacobo Tagle era amigo de Hugo, y César Freyre por lo menos lo conocía”, afirma el activista desde Canadá, sede de la organización no gubernamental investigadora de casos de presos inocentes en México.
El documento del análisis sobre el caso Wallace fue enviado por la organización a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la causa penal 35/2006-II contra Brenda Quevedo Cruz, después de que la defensa presentara las evidencias ante el Juzgado Décimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales, el 14 de mayo, fecha en que se cerraba el plazo para presentar pruebas en su defensa. En este documento se muestran las inconsistencias en las seis supuestas evidencias presentadas por Isabel Miranda de Wallace, quien “pretende establecer legalmente como un hecho incuestionable la muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda”.
Y se analizan minuciosamente las declaraciones con las que se incriminan bajo tortura a los inculpados Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales. La imagen siguiente contiene la lista de las evidencias que da Isabel Miranda de Wallace para sostener el “incuestionabilidad” del homicidio de su hijo. Respecto a los puntos “a” y “b” señaladas por Miranda de Wallace como evidencias, la organización canadiense demostró que el cabello y la licencia de conducir vencida, ambos elementos pertenecientes a Hugo Alberto Wallace Miranda, fueron encontrados en el departamento de Juana Hilda Lomelí (lugar del supuesto homicidio) siete meses después de la fecha en que presuntamente se asesinaría a Wallace con golpes mortales y al que se le desmembraría su cuerpo con una sierra eléctrica, según las propias declaraciones de la madre.
El cateo del departamento se hizo a principios de febrero de 2006, pero el departamento ya había sido alquilado por otra persona que respondió al nombre de Rodrigo Oswaldo de Alba, desde el primero de octubre de 2005.
También se demostró que el departamento donde tuvo lugar el supuesto homicidio, ubicado en Avenida Perugino Número 6, no estuvo vigilado durante las dos semanas siguientes. Esto fue entre el 12 y el 26 de julio de 2005, fecha en que ingresaron los agentes federales investigadores, quienes además dejaron la puerta abierta sin ninguna restricción ni advertencia, pese a que allí habría tenido lugar la escena del crimen.
Este hecho fue corroborado según la declaración en la secuela procesal de la administradora del edificio, Jaqueline Isabel Galván López, el 25 de mayo de 2006, quien constató que después de siete meses de los supuestos hechos el agente del Ministerio Público, Braulio Robles Zúñiga, –persona de confianza de Isabel Miranda, de acuerdo a su propia declaración– tomó la decisión de poner un sello en la puerta del departamento.
Isabel Miranda precisó detalles del supuesto crimen en ese inmueble, como el que su hijo había sido cercenado por una sierra eléctrica, comprada de madrugada en el Wal Mart de Toreo, y presentó como evidencia la hipótesis pericial en criminalística de campo que sostenía que “sí habría sido posible la mecánica del cercenamiento del cuerpo en el baño del inmueble”, inciso “d” en la imagen.
Una fuente confidencial quien fue entrevistada por Los Ángeles Press, destacó, sin embargo, la rotunda negativa de Isabel Miranda para abrir la tubería del baño y constatar pericialmente la existencia de restos de sangre y grasa correspondientes a su hijo, tal como ella lo había sostenido.
El entrevistado recapituló la teoría de la señora Wallace: “Supuestamente César Freyre era el jefe de la banda, y contrató a los hermanos Castillo para cortar el cadáver con la sierra eléctrica. Ya llegaron los hermanos Castillo y cortaron el cadáver, entonces ¿dónde quedó toda la sangre, los huesos, la grasa, si en el baño de Perugino no encontraron más que unas gotas de sangre?”, enfatizó.
“El siguiente punto –continúa el entrevistado– es que si cortaron el cadáver los hermanos Castillo, ¿cómo es que le dejan el cadáver cortado a César Freyre (supuesto jefe de la banda) para que él lo empaque, lo suba al carro y él mismo se lo lleve? Si los Castillo son un par de carniceros, el jefe espera que ellos lo empaquen y lo suban al carro. Sería absurdo que ellos no hubieran hecho el trabajo completo si fueron contratados para eso”.
El lugar de los hechos, rentado después del supuesto crimen
En el análisis de la organización canadiense, por su parte, también se destacó que los nuevos inquilinos del departamento en cuestión, Rodrigo Oswaldo de Alba Martínez y su esposa, desaparecieron repentinamente después de que los agentes de la SIEDO realizaron el cateo en febrero de 2006.
Para ello, De Alba hizo una llamada telefónica a la administradora del edificio para informarle que dejaría el inmueble, pero que no podía entregar en persona las llaves del lugar, según la declaración de la administradora, tomada tres meses después del cateo. Al respecto, el presidente de la organización, David Bertet, enfatizó en el análisis “que resulta, por lo menos, no solamente extraño sino también violatorio de la cadena de custodia que se haya permitido la renta del inmueble por espacio de cuatro meses a otra persona después de que el departamento estuvo abierto por espacio de dos semanas”.
Otros puntos relevantes observados en el análisis de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, es lo inverosímil que resulta haber encontrado un solo cabello presuntamente perteneciente a Hugo Alberto Wallace, “considerando que él habría luchado y recibido golpes durante el secuestro”, se señala en el documento.
También cita la declaración de la administradora del edificio quien afirmó además que la alfombra del departamento donde supuestamente sucedió el crimen, no se cambió hasta siete meses después.
Dos notas de rescate idénticas
Hay otra serie de contradicciones en el caso Wallace que son evidentes para las autoridades, según la fuente confidencial, y que sin embargo no se ha actuado al respecto. El entrevistado comentó que las declaraciones del secuestro en la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal (PGJDF) contradicen las declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Y menciona que hay dos notas de rescate idénticas, una en el expediente de la PGJDF y otra en el expediente de la PGR. Ello lo constató el Ministerio Público de la PGJDF, Víctor Palemón, quien al revisar el expediente de la PGR, encontró la misma nota original que había entregado Isabel Miranda de Wallace a la institución como supuesta evidencia.
“El Ministerio Público se preguntó: ¿cómo es posible que haya dos notas de rescate idénticas, una en cada institución?”, apunta. La fuente también señaló que la fotografía donde aparece Hugo Alberto Wallace, desnudo del torso, maniatado y vendado de los ojos, que circuló en las instituciones como evidencia de que ya estaba muerto, fue estudiada por un médico forense de la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal.
“Si esta persona estuviera muerta, el cuello tuviera rigidez, y el cuello está suelto. Podrá estar drogado, podrá estar desmayado, pero está vivo”, dijo el forense al informante. Isabel Miranda miente a la Corte Isabel Miranda de Wallace cometió perjurio contra la Corte de Chicago, cuando fue llamada como denunciante en el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien enfrentaba el juicio de deportación mientras se refugiaba en Estados Unidos.
Miranda de Wallace mintió bajo juramento sobre los antecedentes penales de su hijo. Quevedo fue entregada al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Chicago el 10 de marzo de 2008, en cumplimiento de una orden de arresto emitida el 5 de marzo de 2008, en respuesta a la denuncia de detención preventiva con miras a la extradición.
Durante el juicio, se pidieron actas de no antecedentes penales, tanto de Quevedo como de Hugo Alberto Wallace Miranda. La madre de Wallace afirmó a la corte que su hijo no tenía antecedentes penales y presentó un acta expedida por el Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, su hijo había sido procesado en 2001 por contrabando, aunque hay testimonios ante juzgados y medios de comunicación en México que traficaba con drogas y que la ficha signaléctica que evidencia sus antecedentes delictivos fue alterada con la palabra “contrabando”.
Testimonio de la novia de Hugo
Vanesa Bárcenas Díaz, quien fue novia de Hugo Alberto Wallace, dio su testimonio el 15 de noviembre del 2005, ante el Ministerio Público. En éste explicó cómo inició la relación de noviazgo con Wallace, su embarazo no concluido, la casa donde vivía Wallace, (en contradicción con lo dicho por Isabel Miranda, quien había declarado que su hijo vivía con ella en el momento de los hechos), y las confesiones que le hizo Hugo de que lo buscaban por narcotráfico.
“Quiero dejar asentado, que cuando era novia de Hugo Alberto, éste me comentó que en alguna ocasión había sufrido un intento de secuestro, sin darme más detalles. Sólo me recomendó que me cuidara porque a través de mí lo podrían dañar, inclusive fue por ese motivo que se compró la camioneta Cheroki blindada.
También me comentó que en alguna ocasión lo buscaban para detenerlo por narcotráfico, aduciendo que era debido a una ropa que le enviaban, sin saber de dónde, y que las personas que le mandaban la ropa algo habían hecho, y Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico, y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del país. No me dio más detalles de esto, ni yo se los pregunté, pero me dijo que ya se había retirado de todo eso y que lo había hecho por mí.”
Bárcenas Díaz también reconoció la voz de Hugo Alberto en un mensaje grabado en un celular en noviembre de 2005, cuatro meses después de su supuesto asesinato. “Durante la presente diligencia escuché el contenido de un casete, en el que se oye la voz de una persona del sexo masculino que dice
«Qué onda, mira ando hasta la madre guey, ya sé que te fallé, pero me vale verga, qué…, aquí puto, qué onda guey, mírame aquí pisteando guey, me vale verga, sabes qué guey, sabes quién me jugó…», palabras que son como si esta persona estuviera hablando con otra, porque inclusive se escucha que espera a que le contesten, pero la voz del interlocutor no se escucha; por lo que después de escuchar, en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de la persona como la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras.
Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él; además Hugo Alberto Wallace Miranda acostumbraba hablar por dos teléfonos a la vez; acostumbra a traer consigo dos teléfonos celulares…”.
La tortura a nombre de Isabel Miranda de Wallace
“El gobierno de Peña Nieto y la PGR ya saben de las torturas a los inculpados por parte de Wallace, y de todos modos no pasa nada porque el secretario de Gobernación tiene coba”, dijo a Los Ángeles Press la fuente confidencial.
También Brenda Quevedo Cruz fue explícita y firme en señalar que sus torturadores iban de parte de Isabel Miranda, entre éstos, reconoció por su voz y silueta a Oswaldo Jiménez Juárez, Ministerio Público investigador.
También Jacobo Tagle lo identificó como su torturador por su voz y lo señaló ante el juez en una de las audiencias.
La Asociación Canadiense sobre el Derecho y la Verdad, por su parte, ha logrado identificar una serie de contradicciones y discrepancias entre las versiones de los inculpados con las que se incriminan a sí mismos. Incluso, la supuesta confesión de Jacobo Tagle Dobín en video tiene una gran cantidad de cortes de edición que pone en entredicho la veracidad del material.
En el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien fue torturada dos veces y violada, porque no ha aceptado incriminarse, se muestra como evidencia el Protocolo de Estambul presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
El documento de once páginas fue elaborado con la declaración de una médica cirujana con especialidad en Psiquiatría, y certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, AC, de quien nos reservamos su nombre por seguridad.
Respecto a las evaluaciones psiquiátricas a Quevedo Cruz, la profesional señaló que Brenda “estuvo expuesta a un evento traumático en donde experimentó eventos que implicaban amenazas de muerte, o un amenaza hacia la integridad física de ella o de otros”.
La agraviada refirió que sintió que iba a morir cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza y le echaron agua en la cara. Así mismo, sintió que su familia estaba en grave peligro. Manifestó que su respuesta fue de terror, así como de desolación y desamparo absolutos.
A lo largo de la declaración, se aborda cada uno de los síntomas de desequilibrio emocional a razón de la tortura a Brenda Quevedo y de cómo asocia su entorno con el dolor físico y emocional ante los estímulos de su memoria. Al final del documento analítico sobre el caso Wallace, la organización canadiense recomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraer el caso de Brenda Quevedo Cruz “por la necesidad absoluta de delimitar el rol y el alcance de figuras públicas como Isabel Miranda de Wallace”, a quien se le identificó como acusadora pública, “lo que representa un peligro mayor para el sistema de impartición de justicia en México”.
Isabel Miranda de Wallace: La mentira del hijo muerto
Por: Jose Manuel de la Huerta / 4 junio, 2014
Isabel Miranda de Wallace: amiga de los poderosos (04 de junio, 2014)
- Quién niega un hijo, desciende al nivel moral de las bestias; pero ¿Quién dice muerto a su propio hijo?…
El 3 de Junio de 2014, circula en varios medios de comunicación que el Hijo de Isabel Miranda de Wallace tal vez no fue secuestrado ni mucho menos asesinado. Los medios mencionan que la periodista Anabel Hernández, en una nota publicada en el número 1961 de la Revista Proceso, titulada:
“El caso Wallace, más turbio que nunca”, menciona lo que fue un plan macabro de la señora Miranda de Wallace y que consistió principalmente en fingir el secuestro y asesinato de su propio hijo Hugo Alberto.
¿Con qué fin Isabel Miranda de Wallace podría haber planeado algo tan atroz? Sencillo, ahora se ostenta como presidenta de la asociación “Alto al Secuestro”, cargo que sin duda le da muy buenos dividendos económicos, además de otorgarle un cierto poder político; recordemos que fue candidata a Jefa de Gobierno del Distrito Federal, apoyada por el Partido Acción Nacional.
Todo apunta a que la señora planeó todo precisamente, para saltar a las esferas políticas, cosa que logró muy bien. Entre las cosas que menciona la periodista Anabel Hernández al respecto del caso Wallace, figuran: la existencia de dos actas de nacimiento de Hugo Alberto, ambas con distintos apellidos, ya que en una se apellida “Miranda de Wallace” y en la otra “Wallace Miranda”, y existe un CURP para cada una de las actas; el registro de una llamada telefónica hecha en 2005 desde el teléfono de Hugo Alberto; y movimientos bancarios en tarjetas de crédito de Hugo Alberto.
A todo lo anterior se suma, que a pesar de haber detenido a los presuntos culpables de secuestro, el cuerpo de Hugo Alberto nunca apareció; por lo que también se presume que “fabricó” culpables y promovió tal vez la tortura, con tal de mantener su mentira.
Todo lo anterior no se podría comprender sin cierta complicidad política del gobierno de Felipe Calderón, gobierno que utilizó muy bien la mentira de Miranda de Wallace para justificar, en parte, su lucha contra el “crimen organizado”; y los medios de comunicación, que hicieron de Isabel Miranda de Wallace una figura pública de mucha influencia, a pesar de ser una persona con antecedentes sospechosos, ya que incluso en 1998, estuvo en el Reclusorio Norte por tentativa de homicidio.
Ahora al parecer, la “mentira del hijo muerto” sale a la luz y deja serios cuestionamientos en la sociedad; en una sociedad que insiste en fabricarse héroes sin cerciorarse de la calidad moral de los mismos, y otorgando toda la credibilidad al instante, cómo si se tratara de un amor a primera vista… …
Quién dice muerto a un hijo, por meros fines egoístas no puede ser ni bestia… ¿Qué será Isabel Miranda de Wallace?…
Envío:ResumenLatinoamericano
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