LOS DERECHOS GANADOS.

Foto gentileza: AgnDDHH
ESPECIAL ELECCIONES LESA HUMANIDAD: JUICIOS Y DEUDAS 
Los derechos ganados
POR FRANCO MIZRAHI
24.11.2015 

Durante los gobiernos kirchneristas, una deuda de la democracia que se había multiplicado en la década previa comenzó a ser saldada: empezaron a desarrollarse políticas de derechos humanos reparatorias. Doce años después, a la hora de realizar un balance general en la materia, se encuentran grandes logros y también, producto del lento proceder judicial, más de una cuenta pendiente. 

El último informe que elaboró la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad lo refleja en cifras: desde 2006, cuando se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hasta el 30 de septiembre pasado se registraron 622 represores condenados en 514 causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Además, entre los 2.166 imputados investigados se encuentran 883 procesados y 57 prófugos. El trabajo también evidencia las consecuencias del tiempo perdido: 227 genocidas fallecieron impunes. 

La mayoría de los cinco centenares de causas de lesa humanidad están abiertas. El informe de la Procuraduría especificó que 233 expedientes están en etapa de instrucción y 116 ya fueron elevados a juicio. Los casos que tuvieron sentencia ascienden a 147. Y hay 18 debates orales en curso entre los que se destacan el de la Armada en Bahía Blanca, el que aborda el Plan Cóndor en la Argentina y los que tratan los crímenes cometidos en La Perla, la ex ESMA y Campo de Mayo. 

En lo que respecta a los responsables penales de los delitos de lesa humanidad, 1.065 están detenidos. De ellos, 587 están bajo control del Servicio Penitenciario Federal y 441 tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Hay 7 represores que están en hospitales y otros 13 que dependen de fuerzas de seguridad. Sobre 17, la Procuración no posee datos. 

La ausencia de genocidas a cargo de las Fuerzas Armadas no es azarosa. Por dos resoluciones del Ministerio de Defensa (una durante la gestión de Nilda Garré y otra durante la de Agustín Rossi) se prohibió que alguna de las tres armas ejerza su custodia. Aunque se sabe: hecha la ley, hecha la trampa. Por ejemplo, tal como reveló esta revista, el represor Benito Ángel Omaechavarría obtuvo una autorización judicial y pasa sus días en un geriátrico administrado por integrantes del Ejército que se encuentra en la guarnición castrense de Campo de Mayo, el mismo predio en que el procesado cometió sus crímenes contra la humanidad. 

“Proceda” . Esa fue la orden que el 24 de marzo de 2004 el presidente Néstor Kirchner le dio al jefe del Ejército, Roberto Bendini., para que descuelgue los cuadros de los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar. La carga simbólica de aquel hecho se expandió a lo largo de los años siguientes.. El jefe de Estado pronunció un memorable discurso en la ESMA, donde funcionó un centro de detención durante la última dictadura cívico-militar, en el que pidió “perdón” como máximo representante del Estado nacional “por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia tantas atrocidades”. Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo apoyaron casi desde el comienzo la gestión kirchnerista. 

Un año antes, el 21 de agosto de 2003, por impulso del Poder Ejecutivo nacional, el Congreso de la Nación había declarado nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Se hizo a través de la aprobación de la ley 25.779, que se reglamentó el 2 de septiembre siguiente. Se trató de un hito fundamental para la reapertura de los juicios. En junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lo propio y sentó bases jurídicas para que se desarrollen los procesos: declaró inconstitucionales las leyes que garantizaban la impunidad. Durante las gestiones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) no sólo se sometió a proceso judicial y se encarceló a centenares de represores. Se restituyó la identidad de 37 nietos robados por el terrorismo de Estado (y se descubrió que otros seis bebés que eran buscados por sus familias tras la desaparición de sus padres no llegaron a nacer). 

Los nietos. El primer nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo en la era kirchnerista fue Gustavo Godoy Ferreyra, el 4 de diciembre de 2003. Fue el nieto 76. El último, al cierre de esta edición, era el 118, Martín Ogando Montesano, nieto de la abuela Delia Giovanola de Califano, una de las doce fundadoras de la asociación. Martín conoció su verdadera identidad el 5 de noviembre pasado. “Esto se consigue no solo con la voluntad de nuestro pueblo sino cuando hay un apoyo desde el estado de derecho que responde, aporta y realiza con hechos”, afirmó la presidenta de Abuelas, Estela Barnes de Carlotto. Si bien cada restitución tiene el mismo valor, quizás el hallazgo de Guido Montoya Carlotto, nieto de Estela, pase a la historia como el más recordado de estos años. El caso, que se resolvió el 5 de agosto de 2014, conmovió a la sociedad. 

En sintonía con esta búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, el 5 de julio de 2012 se conoció la sentencia de un juicio histórico: el que reconoció la existencia de un plan sistemático de robo de bebés por parte del terrorismo de Estado. El Tribunal Oral Federal Nº 6 condenó a Videla a 50 años de prisión (moriría un año más tarde, el 17 de mayo de 2013, en el penal de Marcos Paz). También condenó a otros ocho represores, entre los que se encontraban Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y los marinos Antonio Vañek y Jorge “Tigre” Acosta. Todavia resta encontrar a más de 300 nietos. 

Otro de los hechos paradigmáticos en materia de derechos humanos que se dio en esta etapa histórica fue la visibilización de la complicidad civil (empresaria, eclesiástica y judicial) con que contó la última dictadura militar. La causa Papel Prensa, en la que se investiga la connivencia por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón para hacerse de la fábrica de papel para periódicos, ganó notoriedad pública. Y quedaron en evidencia los nexos de curas (Christian Von Wernich fue el caso paradigmático) y jueces (Otilio Romano y Luis Francisco Miret fueron otros dos casos emblemáticos) con el genocidio. No obstante, en este aspecto, los juicios comenzaron a encontrar obstáculos cada vez más importantes. 

Deudas de la democracia. El 39º aniversario del golpe de Estado, que fue el último de la era kirchnerista, estuvo precedido por una serie de fallos judiciales que beneficiaron a importantes empresarios acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y alarmaron al movimiento de derechos humanos. 

El 6 de marzo pasado, el director del diario bahiense La Nueva Provincia (LNP), Vicente Massot, denunciado por crímenes de lesa humanidad, fue beneficiado por el abogado devenido en juez ad hoc Claudio Pontet, quien le dictó la falta de mérito. Massot estaba sindicado como “coautor” de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Loyola, quienes tenían una fuerte injerencia sindical en el periódico, y de realizar aportes esenciales para encubrir y favorecer la represión genocida desde La Nueva Provincia. Una semana más tarde, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictó la “falta de mérito” del titular del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y del entonces gerente administrativo de la empresa, Alberto Lemos, en las dos causas en las que estaban procesados por violaciones a los derechos humanos. Estaban vinculados a tres secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976 y a otros 20 que se ejecutaron durante “La Noche del Apagón”, cuatro meses después. Un día antes, el juez federal en lo criminal Nº 10, Julián Ercolini, había rechazado tomarle declaración indagatoria al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto; a la dueña del multimedios, Ernestina Herrera de Noble, y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros, por su actuación en el despojo de la empresa Papel Prensa que sufrió su anterior propietario, la familia Graiver. La negativa se reiteró nuevamente en los meses siguientes. 

El último caso de un “efecto dominó” en la víspera del 24 de marzo pasado fue el del ex periodista de la Editorial Atlántida Agustín Bottinelli: una semana antes del aniversario del golpe, la Sala II de la Cámara Federal porteña benefició con la “falta de mérito” al ex jefe de redacción de la revista Para Ti. Estaba procesado por el delito de coacción como consecuencia de su desempeño en la publicación, en 1979, de un reportaje apócrifo a Thelma Jara de Cabezas, quien estaba secuestrada de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 

Esta secuencia judicial se amalgama con una lentitud preocupante en el avance de las causas de lesa humanidad. “Falta una planificación central. El Estado a través del Poder Judicial debió prever y planificar los juicios cuando se conoció su magnitud. Ese es el gran tema pendiente. Es necesaria una legislación especial para estos juicios porque son especiales”, aseguró el abogado Pablo Llonto a esta revista. 

Un informe que elaboró un colectivo de 150 abogados y abogadas querellantes en este tipo de expedientes y que fue presentado al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, describe la problemática: dificultades para conformar muchos de los tribunales orales y cámaras federales de todo el país; la reiteración de juicios a personas ya condenadas; la falta de personal en los juzgados, y la fragmentación de las causas en la instrucción. 

Expectativa jurásica. En este contexto, el 10 de noviembre pasado, la asamblea anual de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, que es presidida por Alberto Solanet, ex presidente de la Corporación de Abogados Católicos y hermano del secretario de Hacienda de la dictadura. Se pidió que la Corte Suprema de Justicia revierta la jurisprudencia sobre delitos de lesa humanidad. 

Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de Videla, fue uno de los que tomó la palabra durante el evento. Se lamentó de que en 2003 “se abandonó la bandera de la concordia de Alfonsín y Menem”. También dijeron presente Ricardo Saint Jean, hijo del general que prometió masacrar desde guerrilleros hasta indiferentes y tímidos, y Lucrecia Astiz, hermana del marino condenado por su actuación en la ESMA, entre otros. 

Nunca menos. “En diálogo con esta revista, el abogado de derechos humanos Leonel Curutchague consideró que “los juicios de lesa humanidad son irreversibles”. “Si la Argentina quiere retroceder va a entrar en conflicto con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo único que le quedaría a un gobierno que quisiera garantizar la impunidad es renunciar al Pacto de San José de Costa Rica y a la Organización de Estados Americanos”, añadió el letrado. El movimiento de derechos humanos estableció en estos años una consigna que sintetiza la década transcurrida: “Nunca Menos”. Un eco para marcar el pulso del porvenir.
Fuente:Veintitres
Envío:AgnDDHH