30 de diciembre de 2015

TRAGEDIA DE ONCE: LA JUSTICIA CONDENO A 21 DE LOS 28 ACUSADOS POR EL CHOQUE DE ONCE. LOS FUNDAMENTOS, EN MARZO DE 2016.

Veintiuna condenas por la tragedia de Once
EN EL NOMBRE DE LAS VICTIMAS


El tribunal oral sentenció a la mayoría de los 28 acusados por el choque que causó 51 muertos. Las penas principales fueron para el empresario Cirigliano (9 años) y el ex secretario de Transporte Schiavi (8 años). También fueron condenados otros 17 directivos empresarios, Jaime (6 años) y el maquinista (3 años y medio)

LA JUSTICIA CONDENO A 21 DE LOS 28 ACUSADOS POR EL CHOQUE DE ONCE. LOS FUNDAMENTOS, EN MARZO DE 2016
Una tarde de justicia en la sala de Retiro
Tras 22 meses de proceso, el juicio por el accidente en el que murieron 51 personas finalizó con sentencias de entre 9 y 3 años de prisión. Hubo 7 absoluciones. Las penas mayores, para Cirigliano y Schiavi. También fueron condenados Jaime y el maquinista.
Algunos familiares siguieron la audiencia desde una pantalla gigante en la calle, porque el tribunal autorizó la transmisión.Imagen: DyN
Poco después de las 4 de la tarde, la Justicia condenó a 21 de los 28 imputados por el choque del tren “Chapa 16” contra el andén de la estación Once que, el 22 de febrero de 2012, terminó con la vida de 51 personas “más una por nacer” y causó heridas de distinto tipo a 789 personas. Tras los nombres de todas las víctimas fatales, en la sala Amia de los tribunales de Comodoro Py sonaron las condenas, que recayeron sobre el dueño de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) Claudio Cirigliano (9 años de prisión), los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi (8 años) y Ricardo Jaime (5 años, a los que se sumó uno más de otro proceso, por lo que quedó condenado a una “pena única” de 6), para quienes además pesa “inhabilitación especial perpetua”, el maquinista Marcos Córdoba (3 años y seis meses, además de “inhabilitación especial para desempeñarse como conductor de cualquier clase de formación ferroviaria por el término de 7 años”), 13 funcionarios de TBA y 4 de Cometrans. El veredicto (ver aparte) deslindó responsabilidades (autoría o coautoría) en cargos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado, y en todos los casos señaló que la pena es “por haber causado la muerte de cincuenta y una personas, más una por nacer, y lesiones en setecientas ochenta y nueve personas”. Los imputados, devenidos condenados, se encontraban en la sala. Tras escuchar el fallo, los familiares de las víctimas realizaron un pequeño acto frente a los tribunales, que empezó y terminó con la misma frase: “¡Compañeros, justicia por los muertos y heridos de Once!” (ver aparte). Hacia el final de la tarde, el fiscal Fernando Arrigo solicitó al tribunal la inmediata detención de Jaime, Cirigliano y Ricardo Pafumi por considerar que existe “peligro de fuga”.

En la sentencia, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 2 también dieron indicaciones para remitir copias de testimonios y actuaciones a otros juzgados y organismos, de modo que procedan a investigaciones y, en algunos casos, se sirvan de lo tramitado en esta causa para resolver otros procesos en curso. Entre esas más de diez instrucciones, los jueces Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini ordenaron investigar “la posible responsabilidad penal” del ex ministro Julio De Vido, el secretario ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos Jorge Gustavo Simeonoff, el perito de TBA Julio César Pastine, el jefe de Tráfico de TBA Ernesto Ianni y la contadora de TBA Silvia Emilse López. Además, pidieron investigar la “posible comisión de un delito de acción pública en el marco del otorgamiento de la concesión a las empresas Trenes de Buenos Aires S.A. y Cometrans S.A. de los servicios ferroviarios conocidos como ‘Tren Misionero’ o ‘El Gran Capitán’ y el ‘Tren Binacional’ o ‘Tren de los Pueblos Libres’”. También pidieron remitir copia de la sentencia a comisiones de Diputados y el Senado, el Ministerio de Transporte, la Auditoría General de la Nación y el Ministerio de Justicia “para que, dentro de la órbita de competencia, se tome conocimiento de las graves falencias e irregularidades por parte de los componentes del sistema público ferroviario y de las empresas prestatarias que fueron advertidas en el transcurso del debate”. Por otra parte, el fallo ordenó remitir testimonios del proceso a la Dirección General Pericial de la Corte Suprema, para “poner en su conocimiento las consideraciones” referidas a “la aptitud del perito ingeniero oficial Raúl Díaz para ejercer tal función” y que se evalúe su “exclusión” del listado de peritos habilitados por la Justicia.

La última audiencia del juicio, que concluyó tras 22 meses de debate oral, comenzó poco después de las 9.30 de la mañana, en la sala Amia, de los tribunales de Comodoro Py. Los familiares de las víctimas, munidos de carteles con fotos y nombres de sus seres queridos y también carteles que reclamaban justicia, habían comenzado a llegar al lugar poco después de las 7. El primer tramo de la jornada estaba destinado a que dijeran sus últimas palabras ante el tribunal los cuatro acusados que todavía no lo habían hecho, Antonio Sícaro, Sergio Tempone, Antonio Suárez y Miguel Werba. Sin embargo, los imputados desistieron de hacer uso de ese derecho, que antes sólo había sido declinado por Schiavi y los hermanos Claudio y Mario Cirigliano. Ante la negativa, el tribunal ordenó un cuarto intermedio hasta la tarde, cuando se leería la resolutiva del fallo (los fundamentos serán dados a conocer el 30 de marzo al mediodía).

Al comienzo de esa espera, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, señalaba que tenía “mucha expectativa” por la decisión que pudieran tomar los jueces. “Me costó dormir por la ansiedad, pero estoy convencida de que el tribunal tiene una enorme cantidad de pruebas para valorar y dictar sentencias condenatorias, y estoy confiada”, declaró en diálogo con Radio Belgrano. “Lucas, que tenía 20 años y toda la vida por delante, dejó una nena de cuatro años que sabe que su papá fue víctima de la corrupción, que hay responsables de su muerte y me acompaña en cada acto”, agregó. El padre de Lucas, Paolo Menghini, advertía, a su vez, que también contemplaban la posibilidad de que la Justicia no cumpliera con sus expectativas: “Si el fallo no es lo esperado, si dicen algo que no queremos escuchar, seguiremos luchando como hasta hoy”.

Apenas pasadas las 4 de la tarde, en la sala del tribunal, los imputados se encontraban en la sala Amia, junto con sus abogados. También estaban presentes familiares de las víctimas, quienes se ubicaron en un área destinada al público, separada por un vidrio del espacio destinado a la audiencia. Desde allí, mantuvieron en alto los carteles con las fotos, los nombres, las edades de sus seres queridos fallecidos en el choque, como lo habían hecho por la mañana y en jornadas anteriores. En la calle, otro gran grupo de familiares y amigos se preparaba para seguir en una pantalla gigante las alternativas de lo que sucediera en el tribunal, habida cuenta de que –por primera vez– los jueces del TOCF 2 permitieron que se transmitiera en directo, para lo cual también el sitio web del Centro de Información Judicial.

Durante los alegatos en el debate oral, la fiscalía había solicitado penas para los 28 imputados, en una demanda que terminaba unificando los pedidos realizados, a su turno, por las cuatro querellas. Mientras que las querellas 1 (representada por Gregorio Dalbón, Virginia Marta Cassola y Antonio Jesús García) y 2 (representada por Javier Moral) acusaron sólo al motorman Córdoba, para quien pidieron 22 años de prisión, la querella 4 (representada por Patricia Anzoátegui, quien en mayo de este año se separó de la encabezada por Moral, por diferencia de criterios) pidió entre 9 y 10 años de prisión para todos los imputados excepto el maquinista. Por su parte, la querella 3 (integrada por Leonardo Menghini –tío de Lucas Menghini Rey–, Lelia Leiva, Damián Cardillo y María Eugenia Visconti) había pedido condenas para todos los acusados, porque “por su acción o por omisión” todos ellos tuvieron “dominio del hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012”.


Pedido del fiscal
Luego de que se conociera el fallo que condenó a 21 de los 28 acusados a penas de prisión efectiva, el fiscal de la causa por el choque de tren en Once, Fernando Arrigo, consideró que “este juicio y este veredicto son una verdadera bisagra para los juicios por corrupción en la Argentina”, y advirtió que “los condenados van a continuar en libertad hasta que quede firme la sentencia; los tiempos para eso dependerán de Casación y de la Corte Suprema, si es que llega ahí”.

El funcionario del Ministerio Público añadió que “es probable que se presenten apelaciones, porque parte de las querellas y la fiscalía pidieron otras penas, pero habrá que esperar a que se conozcan los fundamentos del fallo y poder analizarlos”, admitió.

Asimismo, el fiscal solicitará ante los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 la inmediata detención de los condenados Ricardo Jaime, Sergio Cirigliano y Ricardo Pafumi por existir “peligro de fuga”.

En el caso de Jaime, ex secretario de Transporte, Arrigo consideró que tiene poderío económico, contactos en el exterior y dos condenas anteriores, por lo que se podría llegar a fugar. Jaime fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En cuanto a Cirigliano y Pafumi, sentenciados a 9 y 5 años, respectivamente, Arrigo argumentó que también tienen poder económico y contactos laborales y de negocios fuera del país que podrían facilitarles una posible fuga.

El Tribunal, en su fallo, detalló que todas las condenas no estaban firmes hasta tanto no finalicen los recursos de apelación, por lo que ninguno de los condenados fue a prisión.


LOS CONDENADOS, UNO POR UNO
Las penas y los cargos

- Claudio Cirigliano, dueño de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA): 9 años de prisión. Considerado coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y autor de estrago culposo agravado.
- Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte: 8 años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Considerado partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.
- Ricardo Raúl Jaime, ex secretario de Transporte: 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Considerado partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta, absuelto por el de estrago culposo. El tribunal unificó esta pena con la dictada en otra causa por “aceptación de dádivas”, por lo que quedó condenado a seis años e inhabilitación.
- Marcos Antonio Córdoba, maquinista del “Chapa 16”: 3 años y 6 meses de prisión e “inhabilitación especial para desempeñarse como conductor de cualquier clase de formación ferroviaria por el término de 7 años”. Considerado autor de estrago culposo agravado.
- Daniel Guido Lodola, gerente de la línea Sarmiento: 3 años de prisión pero de ejecución condicional. Autor del delito de estrago culposo agravado, absuelto por el de administración fraudulenta.
- Jorge Alvarez, funcionario de TBA: 8 años, por coautor del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.
- Sergio Daniel Tempone, gerente de operaciones de TBA: 7 años, como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.
- Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA: 6 años, coautor del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.
- Jorge Alberto De Los Reyes, vicepresidente de TBA: 6 años, coautor del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.
- Carlos Esteban Pont Verges, funcionario de TBA: 6 años, coautor del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.
- Víctor Eduardo Astrella, Laura Aída Ballesteros, Guillermo Alberto D’Abenigno, Francisco Adalberto Pafumi y Antonio Marcelo Ricardo Suárez, funcionarios de TBA: 5 años, coautores del delito de administración fraudulenta y autores de estrago culposo agravado.
- Roque Angel Cirigliano, jefe de Material Rodante y Nuevos Servicios de TBA: 5 años, partícipe secundario del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado. No tiene vínculo familiar con los otros dos imputados del mismo apellido.
- Pedro Roque Raineri, director de TBA: 4 años, autor delito de estrago culposo agravado.
- José Doce Portas, director de la firma Cometrans (empresa dueña de TBA): 4 años, considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.
- Marcelo Alberto Calderón, director de Cometrans: 8 años, coautor del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.
- Oscar Alberto Gariboglio, vicepresidente de Cometrans: 4 años, partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.
- Alejandro Rubén Lopardo, director de Cometrans: 4 años, partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.
Además, todos los condenados deberán comparecer ante el tribunal los primeros 5 días hábiles de cada mes y pesa sobre ellos la prohibición de salir del país.




LOS SIETE ABSUELTOS
Sin culpa ni cargo


El fallo del TOCF 2 resolvió absolver a siete de los 28 imputados, que habían llegado a la última audiencia con pedidos de condena formulados por dos de las cuatro querellas (la 3 y la 4) y por la fiscalía integrada por Fernando Arrigo, Estela León, Stella Maris Scandura y Juan Patricio García. Los beneficiados por absoluciones fueron:
- Luis Alberto Ninoná, ex jefe de Material Rodante de las líneas Sarmiento y Mitre.
- Daniel Fernando Rubio, ex gerente de Administración y Finanzas de TBA.
- Miguel Werba, ex director de Cometrans.
- Carlos Alberto Lluch, abogado y apoderado TBA.
- Mario Francisco Cirigliano, empresario vinculado a la gestión de su hermano Claudio al frente de TBA.
- Pedro Ochoa Romero, ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y ex subsecretario de Regulación Normativa del Transporte.
- Antonio Eduardo Sícaro, ex interventor de la CNRT.




CON MATICES, LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE LA TRAGEDIA DE ONCE SE MOSTRARON CONFORMES CON EL FALLO
“Siento que el país hoy es un poco más justo”
Los familiares consideraron que la sentencia fue “un broche de oro” para el trabajo que vienen realizando. “Sentimos que los jueces esta vez actuaron sin mirar apellidos ni rostros”, dijeron. Destacaron el apoyo de organizaciones de otras víctimas.
“No se celebra la muerte de 52 personas inocentes, lo que sí se celebra es tener una sociedad que nos acompaña.”
Luego de la lectura del fallo, en el que el Tribunal Federal condenó a 21 de los acusados por la tragedia de Once, familiares y sobrevivientes se manifestaron conformes frente a los Tribunales de Comodoro Py, donde desde un escenario dirigieron algunas palabras. Allí, Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey –uno de los jóvenes que murieron en la tragedia de febrero de 2012–, agradeció el acompañamiento recibido y consideró que “la Justicia le dio una lección a la corrupción”. En el mismo sentido, María Luján Rey, la madre del joven, agradeció a otras organizaciones que los respaldaron desde que comenzó el proceso judicial y señaló que continuarán su pedido de Justicia en esta y “todas las luchas que sea necesario dar”. Además, los familiares consideraron que la sentencia fue “un broche de oro” para el trabajo que vienen realizando y que a pesar de que “todavía hay mucho para hacer”, este paso los llenó “de alivio y tranquilidad”. Por su parte, el abogado de la familia Menghini consideró que se trató de un fallo positivo y que evaluarán los fundamentos del fallo “para apelar cuestiones relacionadas al monto de cada pena y los sobreseimientos”.

“No se celebra la muerte de 52 personas inocentes, lo que sí se celebra es tener una sociedad que nos acompaña, estar juntos desde el primer día.

Se celebra que le pusimos el cuerpo y que ganamos”, sostuvo Paolo Menghini luego de que se conociera la sentencia que condena a 21 de los acusados a penas de entre de 3 y 9 años. “No nos va a alcanzar la vida para agradecer tanto amor, tanto acompañamiento”, concluyó Menghini, rodeado de muchos otros familiares que se reunieron a escuchar la sentencia. Además aseguró que el grupo de familiares quedó conforme con la decisión del Tribunal. “Quien quiera manchar este proceso es un mentiroso, se dieron todas las garantías de defensa y no vamos a permitir que ningún abogado manche este proceso en el que todos tuvieron su oportunidad de defensa”, agregó Menghini, que consideró que se trató de “un fallo histórico”.

María Luján Rey sostuvo que “vamos a seguir hasta que queden presos. Nunca tuvimos dudas. No nos permitimos el lugar a la duda porque dudar nos hubiera imposibilitado a llegar adonde estamos”. Además, Rey recordó que el trabajo continúa: “Cuando se hagan las apelaciones será el momento de seguir luchando para que las sentencias queden firmes y las condenas sean de cumplimiento efectivo”, apuntó. Por otra parte, la madre de Menghini vinculó el trabajo de los familiares de Once con la de otras organizaciones como las de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y familiares de Cromañón, a quienes agradeció por haberlos acompañado “desde el primer día”. “Seguiremos acompañando cada una de las luchas que sea necesario dar”, añadió Rey, que luego cedió el micrófono a Nicolás Oviedo, sobrino de una de las víctimas. “Cada familia que perdió a un ser querido era una familia incompleta, rota.

En estos años nos fuimos uniendo cada vez más y ahora somos una familia enorme. Eso también hay que celebrarlo, porque salimos adelante usando en positivo algo que era negativo”, sostuvo el adolescente, que acompaña el pedido de Justicia de los familiares desde el comienzo.

En diálogo con este diario, Leonardo Menghini, tío de Lucas y abogado de la familia, señaló que “en un primera lectura, estamos muy conformes con el fallo, nuestra valoración es positiva”. Menghini consideró valioso que el Tribunal entendiera, igual que lo hacen sus defendidos, “que la tragedia no comenzó el 22 de febrero de 2012, sino antes, ya que el desmantelamiento del sistema ferroviario es de larga data, por eso se condena a funcionarios y empresarios”. En tanto, aclaró que hay cuestiones menores cuyos fundamentos se encargarán de revisar: “Aquello que tiene que ver con los sobreseimientos y con la duración de cada pena, tendremos que ver si lo apelamos. Por supuesto, seguimos exigiendo que se investigue al ex ministro Julio De Vido”.

En la misma línea se manifestó Vanesa Toledo, hija de Graciela Díaz, otra de las víctimas del choque. “Estamos muy conformes con estas condenas”, sostuvo Toledo a Página/12.

“Fue muy importante que la Justicia condene a los culpables sin que le tiemble el pulso. Sentimos que los jueces esta vez actuaron sin mirar apellidos ni rostros”, agregó la hija de Díaz. En tanto, Vanesa recordó que el 30 de marzo próximo los condenados presentarán sus apelaciones, por lo que “el trabajo no termina, todavía hay mucho para hacer y estaremos presentes en cada instancia hasta conseguir condenas firmes y que ellos queden presos”.

En tanto, Elisa Ojeda (tía de Carlos Garbuio, víctima de la tragedia), manifestó que el grupo de familiares estará “al pie del cañón” para seguir de cerca la apelación. “También nos parece importante que se lo investigue a Julio De Vido, que fue señalado por Schiavi como su jefe directo. Si es responsable o no tiene que determinarlo la Justicia, pero para eso se lo debe investigar”, agregó la mujer. Para Ojeda, “es un broche de oro a toda nuestra lucha ver que estas personas sean condenadas, lo consideramos un logro. Además, nos dio una fuerte sensación de sosiego y tranquilidad que veníamos necesitando después de tanta angustia”. “No podemos llamarlo triunfo porque todos perdimos a seres que amábamos, así que ninguno de nosotros ganó. De todas maneras, siento que el país hoy es un poco más justo”, añadió la mujer.



TRES MIRADAS SOBRE UN FALLO DE CARACTERISTICAS INEDITAS
El veredicto y sus implicancias

“Un fallo previsible”
Dos juristas y un sociólogo analizan la sentencia por la tragedia de Once. Las condenas a funcionarios y empresarios.

Testimonios recogidos por Matías Ferrari.
Por María Laura Garrigós de Rebori *
“El fallo era previsible. No se esperaba otra cosa: ni absoluciones ni penas ridículamente altas. Los montos de las penas pueden ser considerados razonables, no parecen excesivas y aunque estuvieron por debajo de lo que pidieron los fiscales, están dentro de lo esperable. Las atribuciones de culpabilidad sobre los hechos, sin embargo, sí parecen compadecerse con lo que pidieron los fiscales. Por el relato histórico de la causa, era también esperable que se repartieran responsabilidades a todos los enjuiciados. No es un tribunal, además, que se caracterice por penas benévolas. He participado de ese tribunal en otras oportunidades y son de aplicar penas duras. Las penas pueden resultar altas para lo que uno está acostumbrado, pero no para lo que pasó. La imputación a Jaime también parece razonable. Hoy en día ser funcionario y no hacerse cargo, sea por omisión o por cohecho, de las funciones propias del cargo, trae consecuencias. De todas formas tampoco es algo tan novedoso: ha llegado un tiempo en que la ciudadanía ejerce un control más riguroso de los funcionarios. Sobre este punto, es conveniente esperar los fundamentos, porque los funcionarios condenados no son responsables directos de ningún hecho: resta saber cómo construyeron el camino a su responsabilidad. Según el fallo, el único autor directo es el maquinista, el resto es aledaño. Respecto de los tiempos, a la causa aún debe recorrer por lo menos un año más, a partir de que la tratará Casación federal; y como puede considerarse que es un caso notorio, también se puede abrir la Corte. El fallo iba a caer en estos días irremediablemente, no me parece atinado situarlo en el contexto del nuevo gobierno. El tribunal no estiró los tiempos, no veo otros intereses. Tengo con ellos una visión distinta del derecho, pero no son malos jueces. Más allá de este caso, se observa un revanchismo hacia funcionarios del gobierno saliente, que seguirán desfilando por Comodoro Py. Ya se vio: cientos de denuncias que nada tienen que ver con delitos reales, sino con motivos políticos, y que pocas veces han tenido éxito.”
* Presidenta de la Cámara de Casación Penal y titular de Justicia Legítima.



Por Sergio De Piero *
“Una nueva lógica”
“El fallo, aun esperando que existan apelaciones y ver qué se resuelve en otras instancias, tiene características muy importantes, no sé si darle la entidad de históricas, pero son muy relevantes si miramos hacia atrás. Esas características están dadas por las condenas a varios miembros de la empresa con capacidad decisoria en el funcionamiento de la misma y a dos ex funcionarios, con capacidad de control y regulación. En ese sentido, aquí ha sucedido algo que frente a otras tragedias (LAPA, Austral, Fábrica Militar de Río Cuarto, AMIA, Embajada de Israel, etc.) el Poder Judicial no había actuado y es probable que el Poder Ejecutivo no haya facilitado, e incluso entorpecido la acción del primero. Aquí sucedió otra cosa. Se explica por un proceso de años en donde el Poder Judicial ha debido dar algún tipo de respuesta, y a su vez un Poder Ejecutivo que no entorpeció la investigación. Decir ‘la corrupción mata’ es una presentación muy simplificada de una trayectoria extensa de tragedias sucedidas en nuestro país, y es también el modo de señalar a ‘la política’ como la responsable sin ver las tramas que explican lo sucedido. La conducción política del Estado tiene un rol central, y dos condenas van en esa dirección, pero cuando en estos días volvemos a leer que ‘el ferrocarril le genera mucho gasto al Estado’ es también parte de la trama que destruye la construcción de un transporte seguro y de calidad. La idea es que las condenas cumplen esa doble función: castigar a quien delinque y ejemplificar al resto para desalentarlo a llevar adelante prácticas similares. Pero esto es solo una pequeña parte de lo que implica evitar nuevas tragedias de este tipo; que el gobierno anterior, y es de esperar que el actual la continúe, haya reformulado su política ferroviaria, es el marco necesario para evitar de modo estructural (y no poniendo por delante el derecho penal como disciplinador) que este tipo de tragedias vuelvan a suceder. Llegamos a una instancia en donde la sociedad dejó de aceptar que los accidentes son una ‘desgracia inevitable’. Hace 30, 40 años, era muy poco probable pensar así. Nació una nueva lógica de la responsabilidad que aún estamos procesando. Cromañón expresó algo de esto; este fallo avanza sobre esta perspectiva.”
* Politólogo, investigador de Flacso Argentina.



Por Lisandro Teszkiewicz *
“Sienta un precedente”
“La sensación, sin los fundamentos y con las condenas, es que el fallo responde más a la presión social y mediática que a la causa en sí. El tribunal no tenía espacio social, político ni mediático para resolver alguna absolución. Hasta tanto no se den a conocer los fundamentos será difícil establecer si el fallo se sustenta en responsabilidades concretas o si responde a un clamor que exige que paguen ciertos funcionarios. El fallo condensa la idea que se construyó mediáticamente (con parte de verdad) acerca de las falencias del sistema ferroviario, que inevitablemente iban a terminar en tragedia. Pero que, en principio, se desentiende de las causas concretas de este accidente concreto. Si se mira en lo fino, han sido condenados dos secretarios de transporte de dos períodos diferentes, por determinación de organización. Lo cual claramente sienta un precedente: los funcionarios políticos con responsabilidad sobre ciertas áreas tienen incluso una responsabilidad mediata sobre deficiencias en los controles y en la gestión, lo cual es muy interesante. En abstracto, es positivo; en la práctica es una herramienta peligrosa en manos de los jueces. El monto de las penas es un tema complejo, pero si se tiene en cuenta que la pena máxima para los genocidas es de 25 años, siempre la graduación tiene que ir para abajo. En principio las penas son duras, no hay muchos antecedentes en que se condene funcionarios con nueve años de prisión efectiva. No es habitual este grado de dureza. Sobre todo cuando a ninguno de ellos se los acusó de haber sido los autores materiales, sino de haber tenido responsabilidad indirecta. Es esperable que el fallo esté inscripto en un clamor que exigía condenas ejemplificadoras. Si se compara por ejemplo con la tragedia de LAPA, las penas resultan esta vez mucho más duras. En el juicio por Lapa, las penas fueron muy blandas con las responsabilidades indirectas, que pesaron sobre empresarios, lo que también es una muestra de cómo el poder judicial tiene distinta vara respecto de distintos sectores sociales. A los imputados en las empresas privadas se les da penas fuertes, pero con los funcionarios políticos con los que el poder judicial ha tenido enfrentamientos durante estos doce años se le han dado las penas mas ejemplificadoras que se recuerden. Y tampoco es casualidad que hayan absuelto al presidente Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales. Claramente el poder judicial ha tomado partido y lo está demostrando con sus fallos”.
* Consejero directivo de la Facultad de Derecho y miembro de Abogados por la Justicia Social.
Fuente:Pagina12


29-12-2015
Juicio oral 
En la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py
Tragedia de Once: condenan a Schiavi, Jaime y Cirigliano

También recibieron penas otros 18 acusados, incluido el motorman Marcos Córdoba que recibió una pena de tres años y seis meses. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dio a conocer la sentencia del juicio por el accidente ferroviario en el que murieron 52 personas y 789 resultaron heridas. Los ex funcionarios recibieron una pena de 8 y 6 años respectivamente, mientras que el ex titular de TBA fue condenado a 9 años de prisión.


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dio a conocer su veredicto en el juicio oral y público por la tragedia ferroviaria de Once que, en febrero de 2012, terminó con la vida de 52 personas y dejó heridas a 789. Los jueces los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio – jueza suplente– condenaron, entre otros, a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime a 8 y 6 años de prisión respectivamente. Además conderaron a Sergio Claudio Cirigliano, titular de TBA a 9 años de prisión por administración fraudulenta y estrago culposo. Su hermano, Mario Francisco, fue absuelto. El motorman de la formación siniestrada, Marcos Córdoba, fue condenado a tres años y seis meses de prisión. Los fundamentos serán ventilados el próximo 30 de marzo de 2016.

Veintiún meses de debate, más de 120 audiencias, 28 imputados, cuatro querellas, tres  jueces y una en calidad de sustituta, un fiscal junto a un equipo que trabajó a destajo y familiares de las víctimas y sobrevivientes que acompañaron desde el primer día son datos que pueden describir lo ocurrido hasta ahora en el juicio. Los jueces leyeron en poco más de media hora los más de cincuenta puntos de la parte resolutiva del fallo –cuyos fundamentos se conocerán el año que viene- y destacaron las “graves falencias del sistema ferroviario”.

Los familiares de las víctimas estaban tanto afuera del tribunal, en medio del calor, como en la sala de audiencia AMIA y escucharon atentamente la voz del juez Rodríguez Uriburu, encargado de leer la parte resolutiva de un debate que comenzó en marzo de 2014. Entre el público también estaba el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.
El motorman Marcos Córdoba.
Desde temprano, la expectativa se reflejó en la gran cantidad de medios acreditados para cubrir los momentos finales del proceso. El inicio se retrasó unos minutos de la hora pautada pero finalmente los jueces se sentaron en sus lugares y le dieron a los imputados que no lo habían hecho,  la posibilidad de decir sus últimas palabras. La madre de una de las víctimas, María Lujan Rey, contaba mediante su twitter las horas que faltaban para escuchar el veredicto.

Sin embargo, Antonio Sícaro, Antonio Suárez, Miguel Werba y Sergio Tempone les dijeron a los magistrados que no tenían nada para decir, aunque agradecieron la oportunidad.  Tras su intervención, los jueces convocaron a las partes y decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el momento en que den a conocer el veredicto

Las condenas
Veintiocho son los imputados pero no todos recibieron penas y algunos de ellos fueron absueltos. Para los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi la suerte fue dispar. Jaime en una condena que unifica otras dos causas que tiene fue condenado en “pena única” a 6 años de prisión.  “Quiero dejar absolutamente en claro que no tuve absolutamente ninguna responsabilidad en el hecho trágico del 22 de febrero de 2012”, había dicho Jaime, fue condenado. En el caso de Schiavi la condena trepó a 8 años de prisión. Ambos por el delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta aunque en el caso de Schiavi se le agregó el estrago culposo agravado.

En tanto que el motorman de la formación siniestrada, Marcos Córdoba; fue condenado a tres años y seis meses de prisión e inhabilitado por siete años para conducir profesionalmente. A Córdoba se le ebndilgó también el estrago culposo agravado, “hice todo lo posible por frenar el tren. Yo no tengo la culpa de que no haya frenado”, había dicho días atrás en un intento por disculparse con los familiares. Hoy cuando terminó de leerse la sentencia gritaron bien fuerte tres veces Justicia. Afuera de Comodoro Py también hubo festejos.
El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, con los familiares de las víctimas detrás del blíndex.
En el caso de los titulares de Trenes de Buenos Aires (TBA), Mario y Sergio Cirigliano, ex concesionaria del ferrocarril Sarmiento, Sergio fue condenado por defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con estrago culposo agravado pero su hermano fue absuelto.

Otras condenas del tribunal fueron las de Marcelo Calderón (ocho años), Carlos Michele Ferrari (seis años, Sergio Tempone (siete años), Jorge Álvarez (ocho años), Guillermo D'abenigno (cinco años), Jorge de los Reyes (sesi años), Alejandro Lopardo (cuatro años), Carlos Pont Vergés (seis años), Víctor Astrella (cinco años), Oscar Gariboglio (cuatro años), Francisco Pafumi (cinco años), Pedro Rainieri (cuatro años), Roque Cirigliano (cinco años), José Doce Portas (cuatro años), Laura Ballestero (cinco años), Antonio Suárez (cinco años), Miguel Werba (absuelto), Daniel Lodola (tres años).

La lista de absueltos, por su parte, incluye a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero (absuelto) y Antonio Sícaro (absuelto) y a Carlos Lluch (absuelto), Daniel Rubio (absuelto) y Luis Ninoná (abuselto).  La lista de acusados que llegaron a juicio era de 29 pero, en mayo de este año, falleció el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo Antonio Luna. La lista de acusados que llegaron a juicio era de 29 pero, en mayo de este año, falleció el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo Antonio Luna.

Durante la etapa de alegatos, las dos primeras querellas pidieron sólo la condena de Córdoba. Las otras dos, en cambio, pidieron la absolución del motorman y condenas de 15 años para Jaime y Schiavi y 18 años para el ex titular de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Cirigliano. También solicitaron penas de entre 10 y 16 años para el resto de los imputados a excepción de Córdoba.
Otro de los imputados: el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.
Investigación, calor y fondos en la mira
El calor marcó la historia de la tragedia de Once y su juicio. Bajo un sol abrasador y un calor infernal se produjo el choque cuando habían pasado 32 minutos de las ocho de la mañana de ese miércoles 22. Rescatistas, médicos, policías, paramédicos y bomberos trabajaron toda la jornada para salvar las vidas de los pasajeros de ese tren del ferrocarril Sarmiento que venía del oeste bonaerense. También bajo un calor intenso comenzó el debate en marzo de 2014, en el que una multitud de familiares y sobrevivientes llegó hasta los tribunales federales de Comodoro Py. Y bajo un  fuerte calor se conoció hoy el veredicto.

En las sucesivas audiencias del juicio, que se realizaron los lunes y martes de cada semana, se escucharon los testimonios de sobrevivientes, rescatistas, médicos, policías, bomberos y peritos técnicos y contables. También prestaron declaración indagatoria varios de los imputados, en tanto que otros se negaron a hacerlo y, en esos casos, se leyó lo que habían declarado en la etapa de instrucción.
Los titulares de TBA, Mario y Sergio Claudio Cirigliano.
Lo que pasó en las audiencias también le sirvió al tribunal para extraer testimonio y pedir la investigación de por ejemplo el ex ministro de Planificación Julio De Vido, Jorge Simeonoff, Julio César Pastine, Ernesto Ianni y Silvia Emilse Lopez, para que se investiguen irregularidades en concesiones. Además se extrajeron testimonios de otros testigos, se pidió se revise la actuación del perito Raul Diaz y se enviaronb copias de la sentencia a distintos juzgados Federales donde se investiga, por ejemplo, el coche de una formación en Flores, las irregularidades de subsidios a TBA y hasta el juzgado civil encargado que lleva adelante la causa por los pedidos indemnizatorios.
Fuente:Infojus

No hay comentarios: