URUGUAY: CRYSOL INFORMA.

1 de diciembre de 2015

URUGUAY: CRYSOL INFORMA.

Se suman

Más familiares y testigos aportaron documentación en juicio por el Plan Cóndor en Roma.

La diaria – 30 11 15 – Por Nadia Angelucci, desde Roma, Italia.

Fabio María Galiani, abogado de Uruguay en el juicio en Italia relacionado con el Plan Cóndor.

Foto: Santiago Mazzarovich (archivo, octubre de 2015

“Fui detenido el 16 de mayo de 1973 y condenado a diez años de cárcel. Cuando salí fui a buscar a mis compañeros de lucha y me di cuenta de que muchos habían desaparecido. En 1985 la madre de uno de mis compañeros del Partido Comunista Revolucionario (PCR), Nebio Melo, me pidió que investigara la desaparición de su hijo y del compañero Winston César Mazzuchi, que fue secuestrado con él en Buenos Aires.

A partir de ese momento empecé varias búsquedas y me sumé a una organización de ex detenidos políticos, Crysol, de la que también fui responsable”. Lewis Rostán, militante del PCR, fue uno de los declarantes en la audiencia del viernes en Roma, en el juicio por la coordinación represiva del Plan Cóndor. En una declaración abundante en detalles y documentación, relató a la fiscal Tiziana Cugini y a la Tercera Corte d’Assise de Roma datos, historias y conexiones; luego respondió a las partes civiles y a los abogados de la defensa de los imputados, entre los cuales se encontraba Francesco Guzzo, defensor del capitán de navío retirado Jorge Néstor Tróccoli, que como siempre no se presentó en el Aula.

Rostán expuso el resultado de sus investigaciones a partir de la autorización que se le otorgó como investigador de Crysol, en 2005, para acceder a todos los archivos políticos: “Durante toda la dictadura todas las armas, Marina, Ejército, Fuerza Aérea y Policía, trabajaron en coordinación.

Hasta 1977 la fuerza principal de represión era el Ejército, después fue la Marina, que fue responsable de las campañas en contra del PCR y de los GAU [Grupos de Acción Unificadora]”. Luego comenzó la colaboración con la Marina argentina. Rostán hizo referencia al legajo personal de Tróccoli: “En el expediente de Tróccoli hay varios documentos que nos hacen entender su relación con los militares argentinos, en particular con el ESMA [Escuela Superior de Mecánica de la Armada]”.

Rostán también se refirió a la información hallada sobre la desaparición de Héctor Giordano y la responsabilidad del dictador Gregorio Álvarez: “En 2007, con un equipo de ex presos políticos investigamos los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores relacionados con la documentación dirigida a Álvarez y todo lo firmado por él sobre el tema desaparecidos. Obtuvimos una serie importante de documentos que tenían estas características: ninguno era una prueba contundente, pero en conjunto se deducía que Álvarez sabía que había cientos de desaparecidos en Uruguay. Había un documento que por sí solo era muy importante. En julio de 1978 el general Álvarez era comandante en jefe del Ejército y firmó una orden de servicio interno diciendo que él era responsable absoluto de todos los hechos vinculados a los derechos humanos. Ese documento tenía el número 7777/78. En julio de 1978, fecha del secuestro de Giordano, se puede decir que toda la situación estaba en manos de Álvarez”.

El abogado de la República Oriental del Uruguay, Fabio María Galiani, interrogó al testigo buscando puntualizar las acusaciones en contra de Gavazzo -“Gavazzo fue uno de los represores que no se ocultaban. Al contrario, se identificaba, era narcisista y se sentía orgulloso de ser represor”, relató Rostán- y de Tróccoli: “Hay dos órdenes del presidente de la República y del ministro de Defensa, una en 1978 y otra en 1979, para que Tróccoli desarrollara un curso en Puerto Belgrano. Pero en el mismo legajo hay una evaluación de noviembre de 1978 en la que se aprecia su actividad en servicios de información, lo que prueba que actuaba en la ESMA cuando decía que estaba en Puerto Belgrano”.

Francesco Guzzo, en defensa de Tróccoli, preguntó a Rostán si había conocido personalmente al capitán de navío: “No conocí a Tróccoli en aquellos años porque yo estaba detenido. Después no lo conocí porque no fui a buscarlo. No me mueve la venganza, sino conocer el destino de los compañeros desaparecidos”, contestó Rostán.

La hija de Héctor Giordano, Lucía, y las hermanas de Héctor, Marta y Miriam, relataron el operativo del secuestro del que fueron testigos indirectos, y todos los trámites y los años de búsqueda de su ser querido. Sus testimonios situaron la figura de Giordano, un abogado desde siempre comprometido con la causa de los estudiantes y de los trabajadores.

“Nosotros teníamos mucha esperanza de que, cuando se reanudara la democracia, se pudiera entender algo de lo que pasó con él. Sin embargo, en Uruguay pusieron trabas a las investigaciones, la ley de caducidad impidió la investigación. Eso nos llevó a presentar el caso acá, en Italia, con la pretensión de conocer la verdad y de que se haga justicia. En Uruguay aparecieron hace poco los archivos del coronel [Elmar] Castiglioni y esperamos que allí se encuentre alguna noticia”, dijo Marta Giordano. El abogado Galiani anunció que ya pidió copia de esos archivos con el objetivo de estudiarlos en el marco del juicio.

Lucía Giordano, hija de Héctor, perdió a su papá cuando tenía 12 años. Ella vivía en Durazno con su madre y visitaba a menudo a su padre en Buenos Aires, y tiene de él un recuerdo muy vivo: “Era un padre comprometido con mi educación y siempre trataba de inculcarme sus valores de justicia social. Ya de pequeña me llevaba a las reuniones del sindicato, y aun estando muy ocupado trataba de pasar conmigo el mayor tiempo posible”.

Lucía relató la sensación de peligro que respiró en sus últimos viajes a Buenos Aires y la última vez que se reunió con su papá: “Me generó miedo, entre otras cosas, por no poder preguntar ni averiguar lo que pasaba. Esa sensación se sostiene hasta el día de hoy y es uno de los motivos por los que necesito, aun ahora, a la edad que tengo, así como lo necesita la sociedad uruguaya, que se termine esa etapa y sepamos qué pasó”.

Ubal Lanne fue la última persona en ver con vida a Héctor Giordano. Militante del PCR, aunque la Organización de las Naciones Unidas le había otorgado el estado de refugiado, fue secuestrado en Buenos Aires el 3 de junio de 1978 y conducido al centro clandestino de detención La Casona-Base Aérea El Palomar, donde se encontró con Giordano, a quien ya conocía. En algunos momentos pudieron intercambiar informaciones, y Lanne declaró que cuando fue liberado, el 5 de julio, Giordano permanecía en el centro. Confirmó, asimismo, la presencia de militares uruguayos en La Casona de Buenos Aires.

Sin documentos

La audiencia del viernes fue atravesada nuevamente por una polémica entre el abogado Galiani y la Fiscalía, a raíz del análisis del legajo de Tróccoli. Galiani señaló a la Corte que durante las audiencias preliminares él había depositado 20.000 páginas de documentación, incluido el expediente del capitán de navío, y que ese material debería encontrarse en la Fiscalía. “Pero hice un pedido oficial a la oficina del fiscal Capaldo para tener una copia de esa documentación y parece que no se encuentra, debido al hecho de que las dos secretarias se jubilaron… Se trata de diez carpetas de material traducido y legalizado”, continuó Galiani.

La Corte advirtió que la situación debía resolverse o, de lo contrario, se vería obligada a denunciar los hechos al jefe de la Procura de Roma. La fiscal Cugini contestó que toda la documentación que se refiere a los testigos ya escuchados fue entregada y que otro material será entregado junto a los informes de los asesores.

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La hora de las empresas

Página 12 - 29 11 15 - Por Horacio Verbitsky

El jueves, Horacio Verbitsky presentó en Londres la edición en inglés del libro Cuentas pendientes. La complicidad económica con la última dictadura. El miércoles el Senado convirtió en ley la comisión bicameral investigadora sobre esa complicidad y el jueves se presentará en Buenos Aires un megainforme sobre el tema, realizado por el CELS, Flacso y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Una prueba para el nuevo gobierno y su compromiso con no entorpecer estas investigaciones.

Camilo Sánchez, J. P. Bohoslavsky, Verbitsky, Alicia Castro, Chantal Mouffe y Leigh Payne. Imagen: Daniel Marín.

La publicación en inglés del libro sobre la complicidad económica con la última dictadura ocurre a dos años de su primera edición en castellano. Su impacto social fue mayor al previsible, lo cual sugiere que interpretó una difusa necesidad social. Como parte de esa repercusión, el Congreso creó una comisión bicameral investigadora de la complicidad empresarial con la última dictadura.

En ambas cámaras el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría formada por diversos partidos políticos. En la de diputados la votación fue unánime, salvo la abstención del bloque de PRO, que dentro de pocos días pasará a ser el oficialismo nacional, aunque seguirá siendo minoritario en las dos cámaras. Resta ahora la designación de los cinco miembros por cada cámara (tres por la primera minoría y uno por cada uno de los bloques siguientes) y la selección de un equipo de trabajo que asistirá a los diputados y senadores. La Comisión tendrá seis meses, extensibles a un año para producir su informe final

Las asociaciones patronales que reúnen a las mayores empresas y aquellas que nuclean a sus abogados se opusieron al establecimiento de la Comisión, lo cual muestra la actualidad del tema. Nunca han realizado una revisión crítica de su conducta en aquellos años atroces y hoy litigan contra la Argentina ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial y de la Cámara de Comercio de París. Su argumento es que la Comisión usurpará funciones judiciales, pero esto no es cierto. La justicia no es el único recurso para el tratamiento de estas conductas y su fijación en la memoria colectiva. Las conclusiones de la Comisión se ofrecerán a la sociedad en un archivo de la memoria, de acceso público. Eso es lo que quisieran impedir. Si de sus hallazgos surgieran probables resp

onsabilidades penales, laborales o civiles, deberán ser entregados a la Justicia.

Un megaestudio

Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, sede Argentina), y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y del Programa Verdad y Justicia, emprendieron un ambicioso estudio sobre el tema que abarcó 25 importantes firmas. Fueron elegidas según criterios complementarios: que comprendieran diversas actividades económicas, estuvieran localizadas en distintas regiones del país y que el Ejército les hubiera atribuido una importancia especial, por ser líderes en sus respectivas ramas de actividad o bien proveedoras de bienes y servicios a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El trabajo, de más de mil páginas, fue entregado la semana pasada junto con sus anexos relevantes al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, Jorge Auat. El jueves 3 será presentado en un acto público en el auditorio Emilio Mignone de la Flacso, por Eduardo Basualdo, el autor de esta nota y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

La evidencia estudiada no muestra que estas empresas hayan desempeñado un papel complementario o subsidiario del accionar militar en la represión contra los trabajadores, ya que ambos actores aparecen con un peso y línea de acción propios, articulando prácticas e intereses. Por eso en vez de complicidad, proponemos el concepto de “responsabilidad”, que refleja en una forma más clara y contundente el papel activo de las empresas en esta alianza represiva contra los trabajadores.

En las 25 empresas, se identificaron casi 900 víctimas del terrorismo de Estado:

- 354 están desaparecidas,

- 65 fueron asesinadas y

- más de 450 sufrieron formas diversas de represión y fueron luego liberadas.

La mayoría eran trabajadorxs y ex trabajadorxs de esas empresas, que participaron de los procesos de conflicto y organización obrera previos al golpe de 1976. Entonces fueron despedidos o debieron renunciar a raíz de la represión y para preservar su seguridad. Después del golpe, volvieron por ellos.

En cinco de los casos existieron entre 70 y más de 100 trabajadorxs víctimas de la represión: Astillero Río Santiago, Dálmine-Siderca, Acindar, Ingenio Ledesma y FIAT. En otros cinco las víctimas fueron entre 30 y 40, al tiempo que en otras catorce empresas existieron entre 10 y 30 trabajadores víctimas. En el diario “La Nueva Provincia” se registraron dos víctimas.

Las prácticas detectadas fueron:

- Secuestro de trabajadores en las fábricas y despido o retiro forzado de obreros activistas (88%);

- Entrega a las fuerzas represivas de información privada de los trabajadores y listas de delegados (76%);

- Presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro las fábricas (72%);

- Oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos (68%);

- Agentes de inteligencia infiltrados (60%);

- Operativos militares en los predios fabriles (56%);

- Cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas (52%);

- Habilitación de instalaciones para el asentamiento de fuerzas represivas (48%);

- Aportes económicos a las fuerzas represivas (48%);

- Uso de vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro (40%);

- Control militarizado del ingreso a la planta fabril (40%);

- Amenazas de directivos con el uso de la fuerza represiva (36%);

- Pedidos de detención de parte de directivos (36%);

- Pedidos de intervención militar en conflictos (32%);

- Secuestros de trabajadores en el trayecto entre la empresa y el trabajo (32%);

- Agencias de seguridad en las empresas (32%);

- Centros clandestinos de detención en establecimientos de la empresa (24%);

- Control militarizado de la producción (16%);

- Retención y tortura en espacios de la fábrica (16%);

La visibilidad y en algunos casos la espectacularidad de la presencia militar en los predios fabriles favorecía los efectos multiplicadores del terror.

El nivel máximo de militarización de los establecimientos fue la instalación de centros clandestinos de detención y tortura dentro de los propios espacios laborales. Esta práctica no se restringió a una determinada empresa, actividad económica, ni región, sino que se plasmó en una diversidad de ellas.

Las cinco empresas en cuyos predios se verificaron lugares de reclusión, en los que las víctimas fueron ilegalmente detenidas y sujetas a maltratos y torturas son una siderúrgica en Santa Fe (Acindar), una automotriz y un astillero en el Gran Buenos Aires (Ford y Astillero Río Santiago), un ingenio azucarero en Tucumán (La Fronterita), y una empresa de transporte en Salta (La Veloz del Norte).

En cuatro casos, los propios directivos empresarios intervinieron en el secuestro, cautiverio y/o tortura de los trabajadores.

La utilización planificada y sistemática del terror tuvo como objetivo no sólo acallar la disidencia y la militancia política radicalizada, sino también disciplinar a la clase trabajadora que, a lo largo de las décadas, había acumulado poder político y social e impuesto límites a los beneficios, la autoridad y el poder de importantes sectores de la elite empresarial.

Durante la dictadura cerraron más de 20 mil establecimientos fabriles; el producto bruto del sector cayó cerca de un 20%; el peso relativo de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía cayó del 28 al 22%. La industria dejó de ser el núcleo dinamizador central de las relaciones económicas y sociales. Estas transformaciones económicas alteraron el poder estratégico de los grandes sindicatos industriales. Como consecuencia, la participación de los asalariados en el ingreso nacional pasó del 48% en 1974 al 22% en la crisis hiperinflacionaria de 1982.

Ya en 1984 el subsecretario de Derechos Humanos del presidente Raúl Alfonsín, Eduardo Rabossi, había reclamado al juez de primera instancia de San Nicolás, Luis Hilario Milesi, que investigara la responsabilidad empresarial en los crímenes cometidos en Campana y Zárate, a raíz de los numerosos casos de secuestro y desaparición de trabajadores de la empresa Dálmine-Siderca, del grupo Techint. Su fundador fue Agostino Rocca, el principal colaborador siderúrgico de Mussolini, que al finalizar la guerra mundial se trasladó a la Argentina con capitales italianos y alemanes. Rabossi denunció “la connivencia existente entre los directivos de aquella fábrica y las fuerzas represoras actuantes en la zona de Campana”.

Pero debieron pasar tres décadas para que, en septiembre de 2015, comenzara el primer juicio oral y público de la historia del país contra un empresario acusado por su participación en crímenes de lesa humanidad: Marcos Levín, dueño durante la dictadura de la empresa de micros salteña La Veloz del Norte. En tanto, se espera el demorado inicio del juicio contra directivos de la empresa Ford en cuyo predio fabril funcionó un centro clandestino de detención.

A la hora de investigar las responsabilidades empresariales la Justicia muestra una notoria reticencia. Los casos del Ingenio Ledesma y de Minera El Aguilar han tenido procesamientos fundados en la suficiente prueba recolectada pero están demorados por la morosidad judicial. En el caso de Las Marías (yerba Taragüí) se excusaron más de doce magistrados correntinos y se sobreseyó a Adolfo Navajas Artaza, su dueño. Las causas por Mercedes Benz, Acindar y La Nueva Provincia, el diario de las familias Julio y Massot, se encuentran demoradas, a pesar de los varios años de investigación judicial y la suficiente prueba existente como para avanzar a otras instancias. Otras investigaciones, entre ellas la de Molinos Río de la Plata, entonces perteneciente al grupo Bunge y Born, recién comienzan.

Tanto en el país como en el ámbito internacional es muy difícil poner el foco en sujetos sociales situados en la cima del poder económico y social con fuertes conexiones con el poder político, que en la Argentina se han reforzado a partir de las elecciones presidenciales del domingo pasado. Pero identificar estas tramas de responsabilidad es imprescindible para penalizar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, dar reparación a las víctimas y sus familias y comprender el proceso histórico que dio lugar a una de las épocas más oscuras de nuestra historia, iluminando las relaciones entre ese pasado y nuestro presente, para construir un futuro más justo e impedir cualquier regresión.

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