Por: Veeduría Social, Antioquia-Chocó / Resumen Latinoamericano/ 21 de Enero 2016.-
Enfrentamiento armado provoca desplazamiento forzado y registro de personas desaparecidas en Antioquia
Audio: https://app.box.com/s/jgu7ydqdjrf6hg26rahk7jl8tng4fsau
Habitantes del municipio del Bagre (Antioquia) hacen un urgente llamado al Estado Colombiano ante la crisis humanitaria generada por los combates que se presentan entre insurgencias y paramilitares en la zona
Líderes comunitarios del municipio del Bagre (Antioquia) hacen un urgente llamado al Estado Colombiano ante el desplazamiento y desaparición forzada que se presenta como consecuencia del avance paramilitar en la zona, lo que ha generado combates entre la alianza ELN – FARC-EP, en contra del grupo autodenominado “Autodefensas Gaitanistas”.
Los habitantes del corregimiento de Puerto Claver, sus ocho veredas, sufren las consecuencias del rigor de los enfrentamientos armados que desde hace una semana (08 de Enero de 2016), se vienen presentando en la Zona.
Dichos enfrentamientos han ocasionado:
– El desplazamiento forzado masivo de 8 comunidades que se traduce en 125 familias, 580 personas en su mayoría niños y niñas
– El reporte de dos civiles desaparecidos.
– La paralización del comercio en la zona (entrada y salida de productos) Ya se empieza a sentir la falta de alimentos.
Las ayudas humanitarias que han llegado por parte de la administración, no satisfacen las apremiantes necesidades básicas de la población.
Las comunidades manifiestan que si bien, ya han reportado el caso a la Secretaría de Gobierno, a la Personería Municipal y a las demás autoridades competentes para que se recupere el control de la seguridad en la zona, no se siente aùn trato digno, responsable y acorde a la situaicòn que se vive, por parte de las autoridades competentes.
Asì mismo, los pobladores manifiestan el deseo de Retornar a sus viviendas pero temen por sus vidas en tanto no hay grantías.
Al mismo tiempo, manifiestan temor ante una mayor militarización por parte del Estado como única medida, lo que agravaría aún más su situación.
SOLICITAMOS AL ESTADO COLOMBIANO:
A la Presidencia de la República y a la Gobernación de Antioquia:
Que adopten las medidas inaplazables contempladas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ordenando instrucciones y mecanismos claros que busquen prevenir los riesgos que puedan afectar a la población civil.
Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de los civiles, de líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos y demás personas protegidas por el DIH.
A que se acaten las medidas tendientes a la protección de la población civil que reza el derecho internacional humanitario referente a evitar efectos negativos en la población civil.
A la Defensoría del Pueblo: a que active el Sistema de Aletas Tempranas (SAT) para que acopie, verifique, analice y advierta de la vulneración y riesgo del a población civil como consecuencia de estos hechos en proceso.
Que promueva y aplique políticas y estrategias de prevención y promover la intervención humanitaria a que haya lugar, que active los procedimientos y protocolos para la defensa de los derechos humanos y respeto del Derecho Internacional Humanitario.
Activar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
A la Procuraduría General de la Nación:
Que cumpla las funciones establecidas en la ley para investigar, sancionar y determinar las responsabilidades individuales de los infractores en la clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho internacional Humanitario a que hubiere lugar.
A la Fiscalía General de la Nación:
Que cumpla las funciones establecidas en la ley para investigar las afectaciones a la población civil.
UN LLAMADO URGENTE:
Instamos en este mismo marco de acercamientos y diálogos para la paz, a que se dé inicio al diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN.
Avanzar hacia un cese Bilateral al fuego entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y el ELN.
Un Urgente y prioritario llamado al Gobierno Nacional para que avance de manera eficiente en una política clara que permita hacer frente al fenómeno del paramilitarismo o de grupos armados que hacen uso de estrategias paramilitares en la diferentes zonas del país, en tanto esta presencia y control de territorio viene incrementándose de manera preocupante.
Estas medidas son necesarias para ganar confianzas y avanzar hacia un necesario acuerdo final para construir de manera participativa y autónoma, la anhelada Paz.
Red Universitaria por la Paz
Kavilando
Procesos Constituyentes
Antioquia – Chocó
FARC combaten el paramilitarismo en Antioquia
Por REMAP
A las siete personas asesinadas por paramilitares, se suman otras acciones de estos grupos que incluyen extorsión a pequeños y medianos comerciantes, el desplazamiento forzado de diez veredas, y el secuestro “por más de 20 horas” de los habitantes de la vereda El Coral (El Bagre).
En un comunicado, la Compañía Gerardo Guevara de las FARC manifiesta que en El Bagre, municipio del departamento de Antioquia, la organización guerrillera combate a grupos paramilitares que operan en la subregión del Bajo Cauca.
Asesinatos y desplazamiento forzado son algunos de los hechos que denuncia la insurgencia.
“Le informamos a la comunidad del Guamocó y sus alrededores que en el área general de Puerto Claver en El Bagre nuestra organización viene confrontando decididamente las estructuras criminales y bandas paramilitares que se han ensañado contra las gentes humildes de estas regiones”, afirma el comunicado dado a conocer este jueves en la página web de la organización insurgente.
También afirman los insurgentes que a menos de un mes de iniciado el año, “han sido asesinados los labriegos Jair Suárez de 20 años y Francisco Moreno de 84, que se unen a 5 campesinos más ultimados y desaparecidos en el mes de diciembre”.
A las siete personas asesinadas por paramilitares, se suman otras acciones de estos grupos que incluyen extorsión a pequeños y medianos comerciantes, el secuestro “por más de 20 horas” de los habitantes de la vereda El Coral (El Bagre), y hostigamientos que provocaron el desplazamiento forzado de los pobladores de 10 veredas hacia Puerto Claver y El Bagre, según lo establece el comunicado.
Estos hechos se dan en contraste con las afirmaciones del Gobierno y Fuerza Pública que persisten en denominar al paramilitarismo como “bandas criminales (bacrim)”, calificativo que en distintos medios es replicado ocultando la gravedad de la situación, y que ponen en riesgo el proceso de paz adelantado en La Habana entre el Gobierno y las FARC desde hace más de tres años.
“El Gobierno y sus voceros en la Mesa de Diálogo deben entender que no podrá darse la transformación de una organización armada en movimiento político abierto para debatir en las plazas públicas, ideas y visiones de país, sin armas, si no se desmonta el paramilitarismo de Estado disfrazado de Banda Criminal”, concluyen los insurgentes. Guerrilleros del Bloque Magdalena Medio de las FARC después de haber derrotado los paramilitares en cinco fortificaciones cerca el municipio de Yondó.
Comunicado de las FARC:
“Con guerra sucia y paramilitarismo jamás alcanzaremos la paz” Le informamos a la comunidad del Guamocó y sus alrededores que en el área general de Puerto Claver en el Bagre nuestra organización viene confrontando decididamente las estructuras criminales y bandas paramilitares que se han ensañado contra las gentes humildes de estas regiones. En lo que va corrido del año han sido asesinados los labriegos Jair Suárez de 20 años y Francisco Moreno de 84, que se unen a 5 campesinos más ultimados y desaparecidos en el mes de diciembre
En la vereda
El Coral secuestraron y amenazaron sus habitantes por más de 20 horas. Han sido hostigados los pobladores de las veredas La Llana, Pueblo Santo, Moquí, Pisingo, Primavera, Santa Rosa, Caño Ñeque, La Arenosa, Ralito y La Aduana quienes han sido desplazados a Puerto Claver y El Bagre.
Por ningún lado se escucha la voz de la Iglesia denunciando estos hechos, ni los grandes medios de comunicación, ni la Cruz Roja o defensores de derechos humanos.
Poco ha hecho la Fuerza Pública para evitar estos atropellos siendo de conocimiento público el despliegue paramilitar que hacen desde sus campamentos ubicados en Cuturú.
El tejido extorsivo del paramilitarismo se extiende sobre la población bajo el infame principio de que “todos deben aportar algo”.
Existen casas de pique con estructuras armadas que cobran impuestos comprometiendo las economías de pequeños y medianos comerciantes, tenderos, droguerías, bombas y estaciones de gasolina, ferreterías y almacenes de repuestos, mineros, comerciantes de víveres, campesinos cultivadores de la hoja de coca y todo tipo de actividad que el paramilitarismo local considere fuente de ingreso para el sostenimiento de sus estructuras criminales, incluidas las amenazas a defensores de derechos humanos, reclamantes de tierra y líderes populares.
El Gobierno y sus voceros en la Mesa de Diálogo deben entender que no podrá darse la transformación de una organización armada en movimiento político abierto para debatir en las plazas públicas, ideas y visiones de país, sin armas, si no se desmonta el paramilitarismo de Estado disfrazado de Banda Criminal.
Con todos los ejemplos históricos que conoce Colombia de traición y matanzas a la oposición política no se puede tolerar más victimizaciones por parte del Estado. El paramilitarismo ha sido el mecanismo más eficaz que han empleado en su lucha contrainsurgente.
Es el momento de esclarecer e iniciar el desmantelamiento total del fenómeno paramilitar. Y que las comunidades organizadamente se levanten, denuncien y exijan el retiro de sus territorios de quienes tanto daño y terror les han causado; solo así, será posible sembrar las semillas de paz y justicia que nos merecemos.
Movilizarnos ya en torno a la terminación definitiva del conflicto y el exterminio de las causas que lo originaron.
La guerra o la paz son asuntos que nos conciernen a todos los colombianos y estamos obligados a pronunciarnos.
Con guerra sucia y paramilitarismo, jamás alcanzaremos la paz.
Compañía Gerardo Guevara Bloque Magdalena Medio FARC – EP
Montañas del Nordeste Antioqueño
Enero 20 de 2016
Liberan 16 guerrilleros FARC indultados en proceso de paz
Resumen Latinoamericano/ 21-01-16 / .-
El gobierno de Colombia liberó a 16 de los 30 guerrilleros de las FARC indultados en el marco del proceso de paz que ambas partes sostienen en La Habana para acabar con medio siglo de conflicto armado, informaron este jueves las autoridades.
“Es un primer gesto unilateral del Gobierno luego de evaluar el cumplimiento del cese unilateral por parte de las FARC, la consecuente disminución de la violencia y los avances del proceso”, dijo la estatal Oficina del Alto Comisionado de la Paz en un comunicado.
El costo de la vida, será “de muerte”, para muchos en este año
Víctor Chaves Rodríguez / Resumen Latinoamericano / Ag. Prensa Rural/ 20 de Enero 2016.-
La gente tiene que salir a la calle para expresar su repudio a las medidas abusivas tomadas por Juan Manuel Santos en contra del pueblo colombiano y tendrá que permanecer movilizada hasta que se le preste le atención debida.
Cómo evitar ser pesimista frente al panorama social y económico que se pinta para los colombianos y muy especialmente para los nariñenses en este año que ya comenzó en firme.
Los indicadores, que primero fueron cálculos y proyecciones y ahora pintan la más cruda realidad, nos llevan necesariamente ante un cuadro cargado de factores negativos.
Pero es indudablemente el costo de la vida el indicador que recogerá con mayor crudeza el impacto de las políticas neoliberales del presidente Juan Manuel Santos, de los efectos de la crisis global por la caída de los precios del petróleo y del denominado Fenómeno del Niño, como los principales motores, más no los únicos, de esta crisis.
A estas alturas, nadie se cree el cuento de que la política privatizadora de Santos y el incremento de las más notables tasas impositivas, como el IVA, por ejemplo, eran parte de un Plan B, para compensar los ingresos por la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales.
El Presidente siempre contempló la venta de Isagen y de otras empresas oficiales, de las que aún son rentables, pero cada vez más pocas, siempre con la idea de repartir la plata que se consiga entre los grandes contratistas del Estado que siguen siendo las familias de siempre, es decir, entre ellos mismos.
Las comisiones que se pagan a las firmas bursátiles, aseguradoras y a los bancos intermediarios son cuantiosas cuando se realizan este tipo de operaciones y es ahí en donde vuelve a aparecer los parientes y amigos de quienes están en el poder, enriqueciéndose mucho más con los bienes del Estado, y propiciando aún más incertidumbre entre el pueblo colombiano, que además tiene que soportar nuevas tasas impositivas, que se extenderán además a otros productos de la canasta familiar.
Como si fuera poco, la ola especulativa que se ha desatado a partir de la certeza de que el denominado Fenómeno del Niño, no era un cuento sino una cruda y cruel realidad, que además de ratificar de varias maneras la irresponsabilidad del hombre con el planeta que habita, también lo castiga con la escasez, los precios altos y la regular o mala calidad de los productos que se consumen.
La producción nacional agropecuaria está al borde de la ruina total. Tanto en los departamentos del centro del país, como acá en la frontera, pequeños y grandes agricultores, incluyendo a los cafeteros vienen anunciando la pérdida de sus cosechas, pues el fenómeno climático también propició incrementos desproporcionados en los insumos, como fertilizantes y demás, al punto de volverse impagables para muchos.
Como lo hemos reiterado en varias notas editoriales del Periódico Virtual Websur.net, no es cierto que el país esté blindado de las crisis globales como suele afirmar cualquiera de los miembros del séquito económico del Presidente, o él mismo, solo con el afán de mantener esa cortina de humo frente a las realidades que pasan por los ojos de los colombianos y que nos hace pensar que de verdad somos el país más feliz, como lo anuncian cada cierto tiempo los medios masivos de comunicación.
Para el caso de Nariño y Putumayo, como región fronteriza, las cosas lucen aún mucho más complejas.
El impacto del dólar revaluado es mucho más fuerte por el movimiento comercial binacional. Hasta el momento la gente oriunda de esta parte del país no ha podido canalizar de manera positiva toda la demanda que generan los vecinos ecuatorianos y por el contrario esta bonanza se ha traducido en un nuevo factor inflacionario, dejando por el cielo los precios de los artículos de consumo cotidiano.
Así las cosas, es un hecho que la región y el país han sido víctimas de factores de diverso origen, algunos insalvables, pero no de otros, que son el producto de las arbitrariedades de nuestros mandatarios, sopesadas en bajas condiciones éticas y morales, pues finalmente lo que están haciendo es meternos las manos en los bolsillos, sacarnos lo poco que nos queda para entregárselo a los que mencionamos al comienzo de la columna.
Y una nueva reiteración: es bajo estas circunstancias que se requiere asumir posiciones colectivas, que promuevan por ejemplo la movilización popular contra el despotismo de nuestros mandatarios y también para que estos asuman con eficiencia la atención a las víctimas del Fenómeno del Niño y se tomen medidas para frenar, aunque sea un poco, las acciones contra los recursos naturales.
La gente tiene que salir a la calle para expresar su repudio a las medidas abusivas tomadas por Juan Manuel Santos en contra del pueblo colombiano y tendrá que permanecer movilizada hasta que se le preste le atención debida.
Esa es la invitación editorial del Periódico Virtualwebsur.net.
4 PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA Y ASEGURAR LA PAZ EN COLOMBIA
La crisis de los precios del petróleo, el aumento de los precios del dólar que controlan el peso de la deuda externa, el aumento de los impuestos indirectos como el IVA y la aplicación de los tratados de libre comercio, son algunas de las claves de la crisis. Ante ello, desde sectores de organizaciones sociales hacen 4 propuestas.
Establecer un control de cambio al mercado del dólar, frenar la política del libre comercio representada en los TLC’s, remodelar la base arancelaria y aumentar el gravamen de impuestos directos a las industrias extractivas serían las claves para enfrentar la crisis económica. ¿Cómo funcionarían?
LA CRISIS DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO
Desde hace varios gobierno Colombia se montó en la llamada “bonanza petrolera” señala Enrique Daza, integrante de la organización Justicia Tributaria. Según el analista varios gobiernos se dedicaron a dilapidar esos recursos y no se hizo nada para garantizar que los dineros que entraban se convirtieran en inversión productiva.
Esta crisis de los precios del petróleo podrían seguir disminuyendo por la entrada al mercado de cerca de 1 millón de barriles diarios. Así las cosas los dineros en Colombia no van a aumentar por cuenta de la exportación del petróleo y por el contrario, las proyecciones del gobierno para estos años esperaban que los precios internacionales del crudo no disminuyeran por debajo de 80 dólares el barril.
Daza señala que la apertura económica y los TLC no tuvieron nada que ver con el petróleo y tampoco se apostó por la diversificación de la capacidad exportadora del país. “estamos pagando las consecuencias” de las malas políticas económicas de los 4 últimos gobiernos.
PRECIOS DEL DÓLAR SEGUIRÁN EN AUMENTO
El precio del dólar es una consecuencia directa de la disminución de los precios del petróleo, pero también de la política económica de los Estados Unidos.
Según Daza el precio de la divisa es manejado políticamente por el emisor que es el administrador de la reserva de ese país “tiene una manipulación directa del dólar y nosotros estamos en manos de ellos”.
Por otra parte crece de una manera desmedida el peso de la deuda externa. Colombia tiene su deuda en dólares y los rectores de los mercados internacionales como el FMI y el BM continúan exigiendo el pago de los intereses de la deuda de manera puntual y además emiten medidas económicas para que la austeridad de los gobierno hacia sus ciudadanos permita dicha puntualidad.
LAS MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA RECESIÓN SON MEDIDAS RECESIVAS
Los remedios que el gobierno está aplicando fomentan más recesión, por ejemplo, una reforma tributaria que aumenta el valor del IVA y su base gravable, afecta la capacidad de consumo de las clases medias y bajas lo cual disminuye el espectro y las capacidades del mercado interno. Esta situación directamente ligada al aumento de salario mínimo agudizará los factores de crisis.
LAS PROPUESTAS
Según Daza, si hubiera voluntad política lo que se debería hacer sería establecer un control de cambio del dólar para que no dependiera de las fluctuaciones del mercado porque no es un mercado libre, sino atado a las manipulaciones de EEUU.
Con respecto a la reforma tributaria, Daza afirma que deberían incrementarse los impuestos directos, es decir que se debería hacer una revisión de los beneficios tributarios que, a su juicio, son inmensos.
Otro de los grupos es de los empresarios que mantienen sus dineros en paraísos fiscales, Daza señala que mucha de la inversión extranjera en Colombia proviene de Panamá y muchas veces no son de ese país sino de empresarios nacionales que se hacen acreedores a los beneficios tributarios.
Así las cosas la revisión de los aranceles significaría un aumento inmenso de los activos del país. Frenar los Tratados de Libre Comercio y renegociar los existentes aumentaría las capacidades productivas del campo colombiano y obligarían a un rediseño de la política agraria para que no esté sujeta a las exigencias coyunturales del mercado sino que tenga una aplicación a largo plazo.
Santos viaja a Washington para celebrar los 15 años de guerra según “Plan Colombia”
Dick Emanuelsson, ANNCOL / Resumen Latinoamericano, 21 de enero 2016.-
El presidente Juan Manuel Santos viaja a Washington a principio de febrero por invitación de Obama para “celebrar 15 años de Plan Colombia”. En entrevista con ANNCOL el comandante de las FARC Jesús Santrich, resume tal Plan como un Plan de Guerra. – El Plan Colombia significó el escalamiento masivo de la guerra en Colombia.
¿Es esto algo que celebrar? se pregunta el comandante guerrillero.
-Hace casi 15 años, más preciso el 16 de marzo 2000, tres altos funcionarios de USAID de la embajada estadounidense en Bogotá daban una exposición sobre el Plan Colombia. No voy a negar que me impresionaron en su intento de convencer a su público de la Universidad Javeriana en Bogotá. Me decía el viejo amigo y colega del semanario Voz, Álvaro Angarita;
“Los gringos no se atreven de hacer la misma exposición en la Universidad Nacional (pública) por su trayectoria popular y combativa. Por eso la hacen en la Universidad Javeriana que es considerada como una universidad para los próximos gobernantes y del Poder Fáctico en Colombia”.
“¡No somos pelotudos”!
-El hilo central de la exposición de los tres norteamericanos era “social”, Plan Colombia era en primer lugar un Plan Social, sostenían, dando varios ejemplos cómo Colombia podría cambiar sustancialmente.
Rechazaban las acusaciones de sus críticos en el sentido que Plan Colombia era para la guerra y nada más. Terminando las exposiciones y con rostros felices, creyendo que ante este foro de estudiantes con padres adinerados habían logrado convencer los futuros gobernantes de Colombia, entonces un estudiante tomó la palabra diciendo lo siguiente: Los tres gringos se alejaron rápidamente el evento.
Los norteamericanos decían que del presupuesto de 7,5 mil millones de dólares, que costaba Plan Colombia, 63 por ciento, es decir dos terceras partes irían a “obras sociales”. Ong´s de diferentes índoles nacieron como hongos en Colombia, viendo un mercado lucrativo en el mencionado plan.
Durante los 15 años, más que un general y coronel quedaron detrás las rejas, sentenciados por haber robado millones de dólares. Pero no fue el estado norteamericano que pagó la factura sino el pueblo colombiano.
El complejo militar industrial estadounidense envió una flotilla de 100 helicópteros de diferentes modelos. “Pirañas”, buques de guerra que operan en los diferentes ríos del mapa nacional para disparar indiscriminadamente selva adentro, tratando de matar guerrilleros y animales fueron también entregados.
Las fuerzas de la inteligencia militar o los organismos de seguridad del estado como el DAS, Departamento de Seguridad fueron reforzados de punto de vista tecnológico.
Pero los equipos fueron entregados en varios casos, como el caso del DAS-G3, un grupo ilegal que comenzó a “chuzar” a periodistas y oposición política, o listas entregadas de personas que posteriormente fueron asesinadas por el paramilitarismo.
Ahora Santos no quiere ir solo a EEUU, quiere llevarse los ex presidentes Andrés Pastrana, el entonces presidente que jugaba doble en ese año 2000. Por un lado negoció públicamente con las FARC para llegar a una firma por la paz. Y por el otro lado armó junto con Pentágono un Plan de Guerra, llamado Plan Colombia.
Pero los guerrilleros ya tienen décadas de experiencia sobre las maniobras de los diferentes gobiernos de turno y no se dejaron a presionar o engañar. Se rompió “el Proceso de Caguán” en febrero del 2002 y comenzó la segunda fase de Plan Colombia; Plan Patriota, cuyo padrino fue Uribe.
La fórmula de este señor era Guerra Total. Pero tampoco logró el sueño de derrotar la insurgencia colombiana, pese a sus dos periodos como mandatario.
Santos juega también doble, lo que se confirma todos los días en Colombia de hoy, y la aceptación de Santos a ir a Washington para celebrar los 15 años de Plan Colombia es una muestra de eso.
Obama representa un estado en guerra permanente. Diez por ciento de todos los homicidios que ocurren en EE.UU. son cometidos por veteranos de guerra. Dos por ciento de todos los suicidios en el país de Obama son realizados por los veteranos de guerra.
-ANNCOL habló con Jesús Santrich, comandante e integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP e integrante de la Delegación de Paz de la guerrilla en La Habana, sobre la noticia que Santos viaja a EE.UU. para celebrar los 15 años de Plan Colombia.
¿Cuál es su conclusión y saldo social, político militar de los 15 años de Plan Colombia que estrenó durante el proceso de paz en Caguán (1999-febrerero 2002)?
– El Plan Colombia significó el escalamiento masivo de la guerra en Colombia y representó la masificación de las Fuerzas Militares.
Además es la demostración del carácter transnacional del conflicto y del servilismo del Estado colombiano, que se tradujo en la pérdida de hecho de la soberanía nacional. Más allá del plano bélico, el Plan Colombia implicó la profundización de la crisis humanitaria de nuestro país, que durante estos 15 años ha sufrido más y más falsos positivos, desapariciones y montajes judiciales.
En términos concretos a lo que asistimos fue a que el dinero de los impuestos que paga la ciudadanía estadounidense se invirtió en una estrategia que representó sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
¿Es esto algo que celebrar?
-“Se hará una revisión de la agenda bilateral con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry”, según el diario El Tiempo.
¿Qué función tendrán las siete bases militares estadounidenses en Colombia si se firman un proceso de paz entre el estado y las FARC?
– Es bastante improbable que la Agenda de Washington se salga de los parámetros del intervencionismo; y ello es así porque esa no solamente es la esencia de la geopolítica estadounidense, sino que también existe una mentalidad de sumisión y entreguismo de parte del gobierno colombiano. Con esa realidad hay que tratar de avanzar.
– De cualquier forma, la postura de las FARC-EP es que un eventual cierre del conflicto debe traducirse en la salida del país de toda la intervención militar extranjera. En una hipotética Colombia en post-acuerdo que construye la paz y dedica sus mejores esfuerzos a la reconciliación nacional y al desarrollo económico con justicia social, no tiene cabida persistir en la militarización ni en el militarismo como concepción de Estado.
La presencia militar extranjera debe concluir, lo cual implica que debe cesar el intervencionismo, pues hasta el momento Colombia es un país intervenido.
¿Cómo ven las Farc las preocupantes declaraciones del jefe del Comando Sur contra Venezuela en este contexto?
– Es claro que para el Comando Sur la irrupción de gobiernos progresistas en Nuestra América es una realidad inadmisible y por eso los toma como su objetivo político-militar inmediato. Su estrategia es desestabilizar y cobrarles a nuestros pueblos el atreverse a desafiar su hegemonía en la región.
Pero la respuesta a esta real amenaza debe venir de la movilización creciente del pueblo por la defensa de su soberanía y de las conquistas alcanzadas.
Para el caso de Venezuela, debemos decir que se trata de un país donde la conciencia política de su gente, sobre todo de los más humildes, ha crecido, se ha fortalecido en medio del injerencismo permanente de Estados Unidos; ese es un país con un pueblo indoblegable que sabrá dar la pelea en los términos que se la coloquen, con la certeza de que no se dejarán quitar las conquistas logradas con el proceso bolivariano.
La herencia de Chávez es sólida no sólo como fuerza moral para Venezuela sino para el conjunto de los revolucionarios del continente.
-Por otro lado Santos dio orden a sus negociadores en La Habana de “acelerar las conversaciones”. ¿Qué opinan de esto?
– El 23 de septiembre pasado nuestro Comandante Timoleón Jiménez nos mandató a hacer el mayor esfuerzo por lograr un pronto fin del conflicto. De nuestro parte es un compromiso militante y lo estamos cumpliendo.
Pero la Mesa tiene dos lados y el compromiso del gobierno se queda en las palabras. Mire, el 22 de noviembre el presidente anunció el inmediato indulto de 30 guerrilleros prisioneros en las cárceles colombianas, la concentración de todos los prisioneros de guerra en patios especiales y la implementación de brigadas de salud para la población carcelaria.
Al día de hoy, no ha cumplido con nada de esto. Ese sería uno de los esfuerzo por acelerar. De nuestra parte, como dijo recientemente el comandante Joaquín Gómez, el acelerador lo tenemos puesto desde el primer día de las conversaciones.
– Pero esta celeridad la asumimos considerando que ella no puede conducirnos a analizar con ligerezas los temas de la Agenda.
Las discusiones pendientes no son cualquier cosa. Máxime cuando hablamos de temas militares de hondo calado que se están discutiendo en la Subcomisión Técnica, así como del esclarecimiento y combate efectivo del paramilitarismo, que es quizá la mayor amenaza para un eventual paso a la política abierta por parte de nuestra organización. Sin fatalismos y con todo el deseo de trabajar por la paz, hay que advertir que solucionar estas cuestiones en solo 70 días va a ser muy difícil.
Fuente : Anncol
Acuerdo de Paz. Acuerdan mecanismo para monitorear cese el fuego en Colombia
Resumen Latinoamericano / Prensa Latina/ 19 de Enero 2016.-
Informaron la decisión de convocar a una misión política de la ONU integrada por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de ese país acordaron hoy crear un mecanismo, con participación internacional, para monitorear el cese el fuego y la dejación de las armas.
A través de un comunicado conjunto difundido aquí, las delegaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y de la mayor guerrilla de Colombia, informaron la decisión de convocar a una misión política de la ONU integrada por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Solicitaron que esa Misión inicie los preparativos de despliegue necesarios, en estrecha coordinación y colaboración con el gobierno de Colombia y las FARC-EP, y ofrecieron garantías plenas para la seguridad de los observadores.
Según lo convenido, el componente internacional iniciará sus labores una vez se acuerde el fin de la guerra y será el encargado de presidir y coordinar el mecanismo en todas sus instancias, dirimir controversias, realizar recomendaciones y presentar informes.
Esos equipos negociadores reiteraron el compromiso de trabajar por un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que incluye el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de las armas.
Se comprometieron, asimismo, con la puesta en marcha de mecanismos eficaces de monitoreo y verificación, con acompañamiento internacional, para garantizar el pleno cumplimiento de los consensos logrados.
Desde la instalación de la mesa de conversaciones de La Habana, en 2012, las partes acercaron posturas en torno a las vías para garantizar el desarrollo agrario integral, participación política de las FARC-EP, combate a las drogas ilícitas, y reparación de las víctimas.
Comunicado Conjunto # 65
“Hemos decidido crear un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas”
La Habana, 19 de enero de 2016
El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito Del Pueblo, FARC-EP: Reiteran su compromiso con las negociaciones para lograr un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final), incluido un acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas.
Así mismo, reiteran su compromiso con la implementación de todos los acuerdos contenidos en el Acuerdo Final y la puesta en marcha de mecanismos eficaces de monitoreo y verificación, con acompañamiento internacional, que garanticen el pleno cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Hemos decidido crear un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, que genere confianza y de garantías para su cumplimiento, conformado por el Gobierno de Colombia, por las FARC-EP y por un componente internacional, quien preside y coordina el mecanismo en todas sus instancias, dirime controversias, realiza recomendaciones y presenta informes, y que iniciará sus labores una vez se haya llegado a ese acuerdo.
Respecto a la dejación de las armas el mismo componente internacional la verificará en los términos y con las debidas garantías que se establecerán en los protocolos del acuerdo. Hemos acordado que ese componente internacional será una misión política de la ONU integrada por observadores de países miembros de la CELAC.
Con ese propósito, hemos decidido solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la creación desde ya de esa misión política con observadores no armados por un período de 12 meses, prorrogables a petición del Gobierno Nacional y las FARC-EP, y así como a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, su disponibilidad para contribuir en dicha misión que será conformada por Naciones Unidas.
Así mismo, solicitan que la Misión inicie los preparativos necesarios, en estrecha coordinación y colaboración con el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, para su despliegue. Los observadores internacionales gozarán de plenas garantías de seguridad. Agradecemos a las Naciones Unidas y a la CELAC la disposición para apoyar a Colombia en la búsqueda de la paz.
“Camilo se unió a la guerrilla, para evitar que lo asesinaran”
Por Nicolás Rodríguez Bautista, primer comandante del ELN / Resumen Latinoamericano/ 19 de enero 2016.-
Camilo Torres Restrepo, el sacerdote, sociólogo y dirigente popular, desapareció de la escena pública nacional a finales de 1965, luego de plantearle a la oligarquía colombiana, que era ella quien definía si entregaría el poder al pueblo por la vía pacífica o por la violenta.
En sus últimos discursos, mientras recorría el país, le dijo al público que lo aclamaba, que era necesario que el pueblo alistara víveres y medicinas y se preparara para una guerra larga; dentro de ese mismo contexto pronunció su memorable llamado: “la lucha es larga, comencemos ya”.
Para ese momento, Camilo tuvo claro que ante la inminencia de su asesinato, no podía dilatar más su clandestinización, porque como él lo expresó después, “no le voy a permitir a la oligarquía, repetir conmigo lo que hizo con Gaitán”.
Camilo subió a las montañas de Colombia para alzarse en armas, con el afán y el propósito de convertirse en un buen guerrillero, para ir luego a los Llanos a insurreccionar el oriente del país, y ese fue uno de los planteamientos que hizo al Estado Mayor del naciente Ejército de Liberación Nacional.
Estaba convencido que existían sectores de las Fuerzas Armadas colombianas, que lo respaldarían en el proceso de lucha armada revolucionaria.
Por todo ello su afán de ir al combate, previa capacitación básica, se mezclaba con el afán de decirle a Colombia, que “había decidido unirse al ELN, porque en él había encontrado los mismos ideales del Frente Unido”.
Es verdad que Camilo era un hombre humilde, un sacerdote y un sociólogo humanista; pero de la misma manera él era un ser apasionado en la política y de férreas convicciones y principios. Ir al combate, era parte esencial de su ser de guerrillero, de su ser revolucionario y así entendió el papel de los dirigentes de entonces.
Por ello les dijo a los militantes del Frente Unido, que “el pueblo espera que los jefes con su ejemplo den la voz de combate”.
Camilo produjo la Proclama a los colombianos, en momentos que iniciaba un operativo militar en contra nuestra y la naciente fuerza guerrillera se alistaba para el combate.
No hay dudas en cuanto a la desbalanceada correlación de fuerzas de ese momento; del lado del gobierno había un Ejército que enfrentaba a sangre y fuego la rebeldía popular, fogueado en el combate contra las guerrillas liberales seguidoras de Gaitán; y del otro lado estábamos dos fuerzas guerrilleras nacientes, las FARC y el ELN.
En las filas del ELN nadie tenía más de dos experiencias de combate y las dos terceras partes de quienes fueron al combate de Patio Cemento, nunca antes habían participado en un combate; entre ellos Manuel Vásquez Castaño, Camilo Torres, Hermidas Ruiz, Julio Cesar Cortez, Manuel Bernardo Osorio y otros; aun así todos ellos estaban henchidos de ánimo para aprender a combatir y anhelaban ese momento, como parte esencial del aprendizaje guerrillero.
Han pasado 50 años desde aquellos momentos históricos y la presencia de Camilo nos sigue iluminando, con su ejemplo y sus certeros análisis respecto de la urgencia de la lucha popular y revolucionaria, ante la conducta mezquina de la oligarquía para entender, que sólo la justicia y la equidad social, la soberanía y la auto determinación pueden ser la base para un futuro de paz y fraternidad para Colombia; lo que se aparta de la retórica y la demagogia oligárquica, como prácticas politiqueras que se siguen afianzando y refinando en Colombia.
En tal sentido la Proclama de Camilo a los colombianos, 50 años después de haber sido lanzada al público, el 7 de enero de 1965, sigue teniendo vigencia, por su claro ejemplo y testimonio.
“A medida que se desescala el conflicto armado, mayor es la represión estatal y paramilitar al movimiento social”
Resumen Latinoamericano/Colombia Informa, 20 de enero de 2016 –
A un año del asesinato del líder social Carlos Pedraza, decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos se dieron cita ayer martes 19 de enero frente a la Fiscalía General de la Nación para denunciar la impunidad en que se halla el caso.
Entre los convocantes estuvo la Campaña Somos Dignidad, que toma éste y otros casos de persecución al movimiento social como emblemas para amplificar la denuncia e impulsar la solidaridad.
“Desde la Campaña Somos Dignidad consideramos que cualquier caso en el que se vulnere el derecho legítimo a denunciar, a pensar diferente, a organizarse y a protestar, es un atentado contra la democracia y un obstáculo a la paz”, expresa Nicolás Jiménez, defensor de derechos humanos, integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -FCSPP- y uno de los dinamizadores de la campaña, que incluye además a abogados y familiares de jóvenes criminalizados por la justicia.
-C. I.: El asesinato de Carlos Pedraza fue del primer hecho grave contra el movimiento social en 2015. A un año, ¿qué se esclareció respecto a los autores y al móvil de ese crimen?
-Nicolás Jiménez: Hasta el momento no se han esclarecido los hechos. Ha sido un proceso muy difícil, con muchos obstáculos, irregularidades y ambigüedades generadas por los organismos estatales, que no han mostrado mucha voluntad de avanzar en el esclarecimiento.
Gracias al apoyo de diferentes organizaciones de derechos humanos, el caso logró trasladarse a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, pero desafortunadamente los avances han sido muy pocos. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, sentimos que ha sido un año de impunidad y esperamos que pronto haya justicia.
-C. I.: Algunos analistas afirman que en la medida en que se desescale el conflicto armado, se incrementará la persecución del Estado y de los paramilitares a los sectores sociales movilizados. ¿Desde la Campaña Somos Dignidad, comparten ese análisis?
-N. J.: Sí, lo compartimos completamente. No solo ahora sino desde hace décadas, la guerra más agresiva en Colombia ha sido la que el Estado colombiano ha desarrollado contra los sectores populares en materia social, ambiental, política y económica. Los sectores sociales son los que más han sufrido con el conflicto que estamos viviendo y el gobierno colombiano aún no muestra voluntad política para abrir una mesa de diálogo con ellos.
Por el contrario, impone políticas cada vez más represivas que tienden a criminalizar las acciones colectivas que estos sectores emprenden para reclamar sus derechos. Como no existe una relación directa entre el desescalamiento del conflicto, que el Gobierno entiende meramente como la dejación de las armas por parte de la insurgencia, y el avance en materia social y política, los conflictos sociales seguirán agudizándose.
Un ejemplo es la reciente venta de Isagen por parte del “presidente de la paz”. Si bien los procesos de paz que se están llevando acabo son importantes para la superación del conflicto, no son suficientes.
La persecución por parte del Estado y el paramilitarismo sigue vigente, y a medida que avanza el desescalamiento del conflicto armado mayor es su impacto en la sociedad. Según cifras de Somos Defensores, en el 2015 se duplicaron las agresiones a defensores de derechos humanos y líderes sociales.
-C. I.: ¿Qué otros casos, además del de Pedraza, consideran especialmente graves, durante el año que pasó?
-N. J.: Casos como el de los 13 jóvenes criminalizados en el marco de una protesta, la detención del líder indígena Feliciano Valencia y del profesor Miguel Ángel Beltrán, de los seis jóvenes y un menor de edad detenidos en Lebrija, de los campesinos líderes sociales Matilde y Otoniel capturados en diciembre en el Cesar y de muchos otros hombres y mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones sociales y políticas, que sueñan con un país donde se pueda vivir dignamente y se respeten los derechos humanos, la soberanía y la autodeterminación, deben ser visibilizados.
El mayor afectado han sido los sectores sociales y los familiares y amigos de aquellos que han sufrido directamente algún tipo de agresión política creemos que el silencio no es la solución y por eso consideramos que este año el movimiento social tiene que estar más unido que nunca contra la persecución y por defensa de nuestro legítimo derecho a participar y a decidir el futuro de nuestro país.
El año pasado fue un año difícil, este trae muchos retos en materia de derechos humanos y justicia social.
-C. I.: ¿Cuáles creen que serán las principales preocupaciones de los organismos de derechos humanos de cara al periodo del pos-acuerdo tras las negociaciones del gobierno con las guerrillas?
-N. J.: Que se hagan efectivos los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esto debe conllevar un proceso en el que la sociedad participe directamente pero además que se realice un proceso de desmonte de las estructuras paramilitares que siembran el terror a lo largo y ancho del país, principalmente contra campesinos, indígenas, sindicalistas y demás sectores del movimiento social.
En el país no hay garantías de participación política ni de respeto a los derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos tienen propuestas de protección que han sido ignoradas por el Gobierno a pesar de que exista la Unidad Nacional de Protección.
Pero la protección no es sólo correctiva sino que debe ser preventiva y para esto se deben producir cambios estructurales que a futuro desmonten las estructuras que llevan a cabo este tipo de acciones en detrimento de los sectores sociales.
Envío:ResumenLatinoamericano
No hay comentarios:
Publicar un comentario